Idea transversal

Baldíos

Los baldíos son las tierras que pertenecen al Estado colombiano por no haber salido nunca legalmente de su dominio; desde las tierras realengas coloniales hasta el siglo XXI, han sido el dispositivo central mediante el cual el Estado ha administrado su frontera, premiado a sus élites, aplazado la reforma agraria y empujado al campesinado hacia nuevas fronteras.

4.257 palabras52 documentos93 fragmentos citados

Trayectoria de una idea

1590
Composiciones coloniales y origen del latifundio
1821
Ley del 13 de octubre: primer marco republicano de baldíos
1865
Conversión masiva de bonos de deuda en tierras
1874
Ley 61 de 1874: adjudicación a cultivadores y auge cafetero
1882
Ley 48 de 1882: imprescriptibilidad de los baldíos
1926
Fallo de la Corte Suprema: única prueba válida es el título original
1936
Ley 200 de 1936: función social de la propiedad y amenaza de reversión
1961
Ley 135 y creación del INCORA
1973
Acuerdo de Chicoral y Ley 4: contrarreforma agraria

La lectura

El baldío es, en la historia colombiana, mucho más que una categoría jurídica: es el espejo en que se refleja la incapacidad estructural del Estado para distribuir la tierra con equidad. Heredado de las tierras realengas coloniales sin modificar su lógica de fondo, el régimen de baldíos sirvió durante el siglo XIX para transferir enormes extensiones a comerciantes y militares de alto rango mediante bonos de deuda depreciados, mientras los soldados rasos y los colonos pobres recibían migajas o nada. Los intentos reformistas del siglo XX —la Ley 200 de 1936 y la Ley 135 de 1961— lograron correcciones parciales en la estructura de adjudicación, pero fueron neutralizados por contrarreformas como el Acuerdo de Chicoral de 1972, que reinstauró la presunción de propiedad privada sobre los fundos poseídos. La consecuencia más duradera de esta política fue geográfica: ante la imposibilidad de redistribuir la tierra ya valorizada del centro, el Estado abrió sucesivamente nuevas fronteras —el piedemonte llanero, el Caquetá, el Guaviare— convirtiendo al colono en pionero involuntario de una expansión que lo dejaba, una y otra vez, sin título y sin amparo institucional. Ese drama acumulado, en el que la pobreza del colono fue la contracara del progreso nacional, alimentó décadas de conflicto armado y sigue siendo el nudo sin resolver de la cuestión agraria colombiana.

En el vocabulario jurídico colombiano, un baldío es una tierra que pertenece al Estado por no haber salido nunca legalmente de su dominio. La categoría parece técnica, casi contable, pero encierra el mecanismo con el que el país ha administrado su frontera durante cinco siglos: cómo se reparte lo público, quién lo recibe, en qué condiciones se legaliza y qué historias previas se borran para declarar que una tierra no tenía dueño. Desde las tierras realengas de la Corona hasta las sentencias de restitución del siglo XXI, el baldío ha sido el dispositivo central mediante el cual el Estado colombiano premió a sus élites, aplazó la reforma agraria, empujó a los campesinos hacia selvas y piedemontes, y desconoció la ocupación ancestral de comunidades indígenas y negras. Entender los baldíos es entender por qué la tierra sigue siendo, en Colombia, la deuda que no cierra.

De tierras realengas a herencia republicana

El principio matriz llegó con la conquista y sobrevivió a la Independencia sin fisuras: toda la tierra pertenece originalmente al Estado —primero al rey, después a la república—, y los particulares solo pueden adquirirla mediante títulos derivados de ese dominio. Durante la Colonia, las tierras que no habían sido concedidas a españoles ni pertenecían a resguardos indígenas se llamaban realengas, y podían adquirirse por tres vías: la merced real como recompensa a servicios prestados, la composición —el pago de una suma para regularizar ocupaciones sin título— y la compra al Estado a precios bajos.

Entre 1590 y 1620 la Corona sistematizó la política de composiciones, rematando tierras al mejor postor. Aquel procedimiento fundó el régimen de las haciendas como sistema social, económico y político: grandes extensiones legalmente tituladas, capacidad de exclusión frente al campesinado, articulación con la mano de obra indígena. El acceso favorecía a quienes tenían capacidad económica para cumplir los requisitos formales; las composiciones al mejor postor filtraban por bolsillo. En los bordes de los pueblos de indios, la aplicación del sistema producía tensiones concretas: tierras contiguas a comunidades con población menguada podían ser denunciadas como realengas y sometidas a remate. La imprecisión de los linderos coloniales —problema técnico que las agrimensuras precarias apenas resolvían— dejó un legado de pleitos de deslinde que reaparecerían en el siglo XIX cada vez que un colindante indígena intentara defender su título.

Al fundarse la república, el nuevo Estado heredó ese patrimonio realengo y lo rebautizó baldío. La palabra cambió; el principio, no. Dos rasgos coloniales cruzaron intactos la línea de 1810: la exigencia de habitación y labranza como fundamento del derecho a la tierra, y la extensión ilimitada de la apropiación, que solo tardíamente se reguló con tamaños máximos. El baldío republicano fue, desde el primer día, una promesa constitutiva y una máquina de repartir sin controlar cuánto se repartía.

El siglo XIX: la Ley de 1821 y la conversión de deuda en tierra

La Ley del 13 de octubre de 1821 derogó las normas españolas sobre adjudicaciones y estableció que las tierras baldías podían adquirirse por venta, prescripción y ocupación. Creó además una oficina de agrimensura nacional y oficinas provinciales para registrar propiedades rurales, y dio a los propietarios cuatro años para inscribir sus tierras: vencido el plazo, ningún juez ni escribano podía autorizar contratos de compraventa sin certificado del agrimensor. La república nacía con la intención declarada de mapear su territorio.

La intención duró lo que duró el papel. El Estado del siglo XIX descubrió muy pronto que los baldíos servían para algo más urgente que la agrimensura: pagar lo que no tenía con qué pagar. Guerras civiles, empréstitos extranjeros, sueldos militares atrasados, obras de infraestructura sin presupuesto: todo se saldó, con creciente frecuencia, entregando bonos territoriales de deuda pública canjeables por tierras. Y allí operó el mecanismo que definiría el siglo. Los bonos, emitidos a valor nominal, se cotizaban en el mercado a fracciones ínfimas. Hacia 1870, los bonos territoriales se transaban a treinta centavos por hectárea; en remates públicos con papel de deuda el precio bajaba a unos quince centavos, y aun sumando costos de mensura el promedio no superaba los cincuenta centavos por hectárea en extensiones mayores de quinientas. Con diez mil pesos —lo que costaba una buena casa en el centro de Bogotá— se podía armar un latifundio de veinte mil hectáreas.

Quienes tenían capital para comprar bonos depreciados los reconvertían en tierras por su valor nominal, multiplicando su patrimonio en la operación. Los soldados rasos, en cambio, recibían sus bonificaciones respaldadas en el mismo tipo de papel y las vendían por un cinco por ciento o menos de su valor nominal, a veces en especie, empujados por la necesidad. El resultado fue una transferencia neta de tierra desde el ejército raso y el erario hacia una franja estrecha de comerciantes y terratenientes urbanos. Entre 1865 y 1899, diez comerciantes bogotanos —siete de ellos entre los cuarenta mayores propietarios de finca raíz de la capital— adquirieron alrededor de doscientas mil hectáreas de baldíos en Pandi, los Llanos de San Martín y el Tolima Grande.

Las cifras agregadas confirman el patrón. Entre 1827 y 1900 se adjudicaron en Colombia 1.132 títulos de baldíos por 1.872.707 hectáreas. Las concesiones de más de cinco mil hectáreas fueron apenas setenta y cinco títulos —cerca del 7% del total—, pero concentraron alrededor del 54% del área adjudicada. Y aunque entre 1870 y 1900 la proporción relativa de las grandes concesiones descendió, la concentración estructural se mantuvo. La república no había repartido la frontera: la había vendido barato a quien podía comprar barato.

Colonización antioqueña, cafetera y la ficción del pequeño propietario

Contra esa lógica corrió, en paralelo, otra historia: la de la colonización antioqueña. Entre 1823 y 1931 se traspasaron en Antioquia y el Viejo Caldas 1.235.000 hectáreas de baldíos. La imagen consagrada por la memoria nacional es la del hacha del colono, la familia nuclear abriendo monte, la aldea que crece hasta municipio y produce el café que engancha al país a la economía mundial. Las cifras matizan esa estampa: solo el 17% del área traspasada fue a colonias de poblamiento organizado, y el 65% se concedió antes de la era del café. La colonización antioqueña no fue, en su masa, un reparto campesino: fue un proceso en el que empresarios-colonizadores, terratenientes ausentistas que parcelaban tierra valorizada y colonos pobres compitieron sobre el mismo suelo, con desenlace desigual.

La llegada sucesiva de oleadas produjo, además, diferenciación interna. Los primeros colonizadores trabajaban sus propiedades con mano de obra familiar y algunos agregados; los que llegaron después encontraron agotadas las mejores tierras, aceptaron lotes menores y menos productivos, o se emplearon como jornaleros. La aldea igualitaria del mito era, en su segunda generación, una aldea estratificada.

La Ley 61 de 1874 —citada también como Ley 51 en algunas fuentes— buscó reglamentar la adjudicación de baldíos a quienes demostraran ser cultivadores, y quedó asociada al auge cafetero y a la expansión antioqueña. Su efecto neto favoreció a los latifundistas capaces de acreditar cultivo formal y dejó sin título a los pequeños ocupantes, que seguían siendo colonos de hecho sobre tierra jurídicamente ajena. La Ley 48 de 1882 estableció, en la lectura clásica que se consolidó hacia mediados del siglo XX, la imprescriptibilidad de las tierras baldías contra el Estado, cerrando la puerta a que el simple transcurso del tiempo convirtiera al ocupante en propietario. La interpretación ha sido disputada por la jurisprudencia posterior, pero fijó durante décadas una convicción operativa: contra el Estado no se prescribe, y contra el Estado —cuando el título original no aparece— tampoco se defiende el colono.

El fallo de 1926, la Ley 200 y el pulso de la República Liberal

En 1926 la Corte Suprema de Justicia dictó un fallo que revolvió el país agrario: la única prueba válida de propiedad privada sobre la tierra era el título original de enajenación estatal. No bastaba mostrar escrituras encadenadas ni décadas de posesión pacífica; había que remontarse al acto por el cual el Estado había dejado de ser dueño. Buena parte de las grandes haciendas del centro del país no podía cumplir ese requisito. La consecuencia práctica fue inmediata: campesinos arrendatarios y aparceros, que hasta entonces habían pagado renta y prestado obligaciones, se declararon colonos sobre baldíos, se negaron a seguir pagando y ocuparon las tierras que trabajaban. Los movimientos de invasión de finales de los años veinte y comienzos de los treinta —en el Sumapaz, Tequendama, la hoya del Magdalena, el Tolima— nacen de esa grieta jurídica.

La respuesta llegó con la República Liberal. Bajo el primer gobierno de Alfonso López Pumarejo se sancionó la Ley 200 de 1936, que estableció mecanismos para evitar la acumulación ociosa de baldíos y previó que las tierras ociosas —consideradas propiedad presunta de los terratenientes— debían explotarse en un plazo de diez años bajo pena de reversión al Estado. La ley intentó, en el papel, doblegar la lógica del acaparamiento improductivo, y funcionó al menos parcialmente como señal política. Las adjudicaciones del período liberal 1930-1946 corrigieron el sesgo histórico hacia grandes extensiones: las pequeñas —menores a veinte hectáreas— y las medianas —hasta mil— pasaron a representar respectivamente el 13% y el 55% del área total adjudicada. En cifras absolutas del período 1932-1946, Antioquia lideró la superficie con 140.605 hectáreas —el 21,5% nacional—, seguida por Valle del Cauca, Tolima, Caquetá y Cesar; el Valle concentró además el mayor número de títulos, mientras Antioquia, pese a liderar en superficie, apenas aportaba una fracción marginal de los expedientes. La geografía del reparto se había diversificado, aunque la desproporción entre títulos otorgados y hectáreas efectivamente repartidas seguía delatando la vieja lógica.

El pulso duró poco. La reforma quedó neutralizada en la práctica, y los años cuarenta vieron un reflujo conservador que la Ley 100 de 1944 consolidó. El plazo de los diez años, la amenaza de reversión, la presión estatal sobre el latifundio: todo aquello se disolvió antes de tocar hueso. La República Liberal había señalado el problema; no lo había resuelto.

Lleras Restrepo, el INCORA y el Acuerdo de Chicoral

La segunda gran embestida vino en los sesenta. La Ley 135 de 1961, impulsada bajo la administración de Alberto Lleras Camargo y sostenida como bandera por Carlos Lleras Restrepo, creó el 29 de diciembre de ese año el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria —INCORA—, dirigido inicialmente por Enrique Peñalosa. La ley reunió en una sola institución la administración de baldíos, la extinción de dominio sobre tierras incultas, la compra y expropiación de predios y la titulación colectiva. Fue, con razón, la base de toda la política agraria colombiana durante los siguientes veinticinco años.

En sus primeros años el INCORA tituló volúmenes significativos. Entre 1961 y 1973 adjudicó cerca de medio millón de hectáreas en la región Centro —Tolima, Huila, Cundinamarca, Boyacá y Bogotá—, con el Tolima concentrando casi la mitad y el Huila más de una cuarta parte, mientras Boyacá apenas rozaba el 7%. En la intendencia de Arauca tituló 85.830 hectáreas. En el Caquetá el ritmo se aceleró aún más: entre 1962 y 1988 se realizaron más de veinte mil adjudicaciones, dos tercios del total registrado en ese departamento entre 1903 y 2012. Y la estructura de esas adjudicaciones cambió: entre 1962 y 1995, las pequeñas y medianas propiedades representaron cerca de tres cuartas partes de los adjudicatarios y controlaron más del 84% del área total, mientras las grandes propiedades —más de doscientas hectáreas— constituyeron apenas el 1,2% de los adjudicatarios con el 12,2% del área.

La cifra es engañosa si no se lee bien. Lo que el INCORA hizo, sobre todo, no fue redistribuir tierras del centro cafetero, ganadero o azucarero —donde estaba concentrado el poder terrateniente—, sino titular baldíos en la frontera. La reforma agraria efectiva se corrió de los valles hacia los piedemontes. En el Caquetá, en Arauca, en el Meta se hicieron pequeños propietarios; en la sabana de Bogotá y el Valle del Cauca, casi nada se movió.

Aun así, el pulso redistributivo asustó lo suficiente. En 1972, bajo el gobierno de Misael Pastrana Borrero, dirigentes gremiales, terratenientes y jefes políticos de los dos partidos se reunieron en el corregimiento de Chicoral, en el Tolima, y sellaron el pacto que marcaría el fin del ciclo reformista. La Ley 4 de 1973, resultado del Acuerdo de Chicoral, redefinió el concepto de baldío estableciendo la presunción de que los fundos poseídos por particulares no son baldíos sino propiedad privada, redujo drásticamente los requisitos para calificar una tierra como explotada y dificultó las expropiaciones. La contrarreforma no derogó formalmente la Ley 135; le extrajo el músculo. A partir de allí, la política agraria colombiana volvió a ser lo que había sido siempre: adjudicación de baldíos en la frontera y no redistribución de tierra ya valorizada. Entre 1902 y 1953 se había adjudicado apenas el 6% del área total titulada en el período 1902-2012; el 94% restante se adjudicó entre 1954 y 2012, y el grueso de ese esfuerzo fue frontera, no reforma.

La frontera como válvula: colonización, Violencia y guerrilla

La lógica es geográfica antes que ideológica. Cuando la presión social sobre la tierra crecía en el centro del país, el Estado no redistribuía: abría frontera. Y la frontera, en Colombia, se llamó sucesivamente Antioquia, el Viejo Caldas, el Sumapaz, el Magdalena Medio, el piedemonte llanero, el Caquetá, el Guaviare, el Yarí, la Serranía de la Macarena.

Dos factores impulsaron esa marcha: la violencia y la carencia territorial. La Violencia de los años cincuenta intensificó el proceso y empujó a decenas de miles de familias hacia la Orinoquía y la Amazonía desde el piedemonte andino. Desde 1958, bajo el Frente Nacional, la colonización dirigida por el Estado —con la Caja Agraria como brazo ejecutor— seleccionó zonas de baldíos en Caquetá y Meta que en muchos casos ya estaban ocupadas por colonos espontáneos de oleadas anteriores. Aquellos primeros ocupantes, sin título, fueron desplazados o empujados más lejos: hacia el Yarí, el Guayabero, la Macarena. El patrón se repitió con obstinación. Una vanguardia campesina abría monte; una segunda oleada, mejor conectada con notarios, agrimensores y funcionarios, adquiría o usurpaba las mejoras; los primeros seguían adelante. El drama, escribió alguna vez Alfredo Molano, nunca ha de terminar para ellos.

En esa geografía se instalaron también las guerrillas. La frontera agraria se convirtió, desde los años cincuenta, en escenario por antonomasia de guerrillas y contraguerrillas. Los focos originarios —Sumapaz, sur del Tolima, Magdalena Medio, Llanos— coincidieron con zonas de colonización reciente o de conflictos crónicos de tenencia. Las FARC surgieron en 1964 en una región de colonos; el ELN, el mismo año en el Magdalena Medio. Donde el Estado había repartido baldíos sin resolver los conflictos con anteriores ocupantes, donde había titulado grandes concesiones sobre tierras trabajadas por campesinos sin papeles, donde la promesa republicana de habitación y labranza se saldó con el desalojo, allí prendió la guerra.

La categoría jurídica como despojo: indígenas y afrodescendientes

El baldío no fue solo un mecanismo de acumulación clasista: fue también, y de manera decisiva, una ficción jurídica que borró la ocupación ancestral. Al declarar baldía una tierra, el Estado afirmaba que allí no había habido nadie antes en términos legales, aunque llevara siglos habitada.

La Ley 55 de 1905 permitió al Estado despojar legalmente a comunidades indígenas de sus tierras adjudicando como baldíos a terceros los territorios que aquellas ocupaban. En Nariño, durante el siglo XX, resguardos indígenas fueron extinguidos porque no se encontraban títulos coloniales en las notarías —muchas veces perdidos, quemados o nunca inscritos—; las tierras eran entonces declaradas baldías y los indígenas tratados como simples ocupantes o colonos sobre suelo del Estado. La resistencia paez del alto Cauca combinó protestas violentas, dilaciones legales, resistencia pasiva y negociación; las Cámaras Provinciales de Neiva, Riohacha, Cartagena y el Chocó solicitaron la suspensión de las leyes de desamortización invocando la inaccesibilidad geográfica y la ausencia de títulos. En los tres casos, la disputa giraba sobre el mismo eje: qué prueba de propiedad admitía el Estado y qué historias reconocía como fundadoras de derecho.

Para las comunidades negras del Pacífico, el mecanismo fue todavía más brutal por prolongado. Desde la Ley 55 de 1905 y hasta la expedición de la Ley 70 en 1993, la categoría baldío fue el marco con que el Estado configuró su relación con el Pacífico. La Ley 2 de 1959, sobre economía forestal, declaró baldíos de la nación siete regiones del país y permitió sustraer bosques para explotación forestal desconociendo la ocupación ancestral de comunidades indígenas y negras. En una zona donde los ríos, los montes y los manglares habían sido habitados por poblaciones afrodescendientes desde el siglo XVII, el Estado dictaminó jurídicamente que no había habido nadie.

La Constitución Política de 1991 quebró, al menos parcialmente, ese dispositivo. Su artículo transitorio 55 ordenó al Congreso expedir en un plazo de dos años una ley que reconociera a las comunidades negras que ocupaban tierras baldías en zonas rurales ribereñas de los ríos de la cuenca del Pacífico el derecho a la propiedad colectiva sobre esas áreas. La Ley 70 de 1993 cumplió el mandato: reconoció la propiedad colectiva, estableció mecanismos para proteger la identidad étnica, exigió la constitución de consejos comunitarios como autoridad administrativa —reglamentado por el Decreto 1745 de 1995— y definió los territorios colectivos como inalienables, inembargables e imprescriptibles. El proceso organizativo piloto que lideró la creación de la ley fue la Asociación Campesina Integral del Atrato, ACIA, y a partir de allí surgieron múltiples organizaciones étnico-territoriales en todo el litoral.

El reconocimiento jurídico, sin embargo, no clausuró la operación del viejo dispositivo. Más de dos décadas después, la Ley 70 no ha sido reglamentada en su totalidad. La visión colonial de los territorios étnicos como espacios disponibles para explotación continuó operando en las políticas estatales, en concesiones mineras, en proyectos de infraestructura, en las tensiones sobre consulta previa. La ficción del baldío sobrevivió a su prohibición formal.

Paramilitarismo, narcotráfico y el segundo despojo

En las últimas dos décadas del siglo XX y las primeras del XXI, el baldío se convirtió en pieza de un despojo distinto: el que combinó violencia armada, testaferrato y complicidad institucional para transferir tierras de campesinos, indígenas y afrodescendientes hacia proyectos agroindustriales y extractivos.

En los Llanos, tierras despojadas por paramilitares fueron legalizadas con apoyo de testaferros, abogados y funcionarios corruptos del INCODER, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural que había reemplazado al INCORA para ejecutar la política agropecuaria y facilitar el acceso a factores productivos. Jueces, registradores y notarios completaron la cadena. Una vez blanqueadas, esas tierras se valorizaron con la explotación petrolera y la agroindustria de biocombustibles: palma aceitera, caña. En el Urabá chocoano, plantaciones ilegales de palma sembradas inicialmente por paramilitares recibieron respaldo financiero gubernamental a través de Finagro, el Fondo Agropecuario de Garantías y el incentivo a la capitalización rural, y se beneficiaron de fallos favorables del INCODER; en 2005 el instituto reconoció derechos a 1.125 familias en un proceso que, sin embargo, no revirtió la ocupación empresarial. En Córdoba, Sucre y los Montes de María se documentaron al menos cuatro modalidades de despojo: apropiación directa por actores armados y testaferros, despojo de aguas y playones, despojo de predios de reforma agraria y despojo indígena vinculado a megaproyectos. Las empresas bananeras del Urabá antioqueño —Bananeras de Urabá S.A., Banacol, Unibán— fueron investigadas judicialmente por presunta financiación voluntaria de grupos paramilitares, con acumulación indebida de baldíos despojados a parceleros.

El fenómeno articuló élites de distintos niveles, y también capital transnacional. En el Vichada, la multinacional Cargill operó a través de su fondo de inversión Black River fragmentándose en cuarenta sociedades por acciones simplificadas para eludir los topes legales de acumulación de baldíos, y compró así cuarenta y tres parcelas por un total de 61.000 hectáreas: el mismo dispositivo colonial de la composición al mejor postor, ahora vestido de estructura societaria y con destino de agroindustria a escala. Las estimaciones sobre hectáreas despojadas en el conjunto del país oscilan entre los seis y los ocho millones y medio según la fuente, con un consenso institucional en torno a 6,65 millones, de los cuales el Gobierno nacional se comprometió a restituir cerca de 2,5 millones —el 38% del total—.

La caracterización de esos territorios como frontera agraria sirvió como legitimación discursiva: reinterpretar linderos, invocar el atraso, presentar la palma o la ganadería como progreso. La vieja ficción del baldío reapareció con nuevo lenguaje.

La Ley 1448 y los límites de la restitución

La respuesta institucional llegó en 2011. La Ley 1448, sancionada en junio de ese año por el presidente Juan Manuel Santos en presencia del secretario general de la ONU Ban Ki-moon, reconoció formalmente la existencia del conflicto armado interno, el desplazamiento masivo y el despojo de tierras. Creó la Unidad Administrativa de Gestión de la Restitución de Tierras Despojadas, adscrita al Ministerio de Agricultura entonces a cargo de Juan Camilo Restrepo Salazar, y estableció un procedimiento en dos fases: un registro administrativo de reclamaciones y una fase judicial ante jueces especializados de restitución.

La ley definió el despojo con amplitud: la acción por medio de la cual, aprovechándose de la situación de violencia, se priva arbitrariamente a una persona de su propiedad, posesión u ocupación, ya sea de hecho, mediante negocio jurídico, acto administrativo, sentencia o comisión de delitos asociados. La definición nombró al fin lo que la institucionalidad había registrado durante décadas solo como desplazamiento. La pedagogía sobre esa distinción comenzó el 1 de enero de 2012.

Los resultados fueron modestos frente al universo del daño. A junio de 2014 se habían restituido 29.185 hectáreas correspondientes a 1.277 solicitudes, fracción mínima de las reclamaciones presentadas. Con corte al 28 de febrero de 2021, de 7.098 sentencias de restitución proferidas, los grupos paramilitares figuraban como principal victimario con el 53% de los casos, las guerrillas con el 19% y otro 20% correspondía a enfrentamientos entre actores. En la región de los Llanos Orientales —Meta, Guaviare, Casanare, Cundinamarca y Boyacá— las solicitudes ascendieron a 11.990 hasta marzo de 2020.

Tres rasgos condicionaron el proceso. Primero, la restitución operó mediante microfocalización coordinada con el Ministerio de Defensa: solo se estudiaban las reclamaciones en zonas con condiciones de seguridad, lo que en la práctica dejó fuera vastas regiones donde el conflicto seguía activo. Segundo, la implementación se dio durante el conflicto armado, no después de un acuerdo de paz —a diferencia de la experiencia sudafricana—, y grupos posdesmovilización de las AUC atacaron sistemáticamente a los reclamantes, con especial saña en Antioquia y Córdoba pero con impacto en todo el país. Tercero, la Ley 1448 tiene carácter civil, no penal: los responsables del despojo gozan, en general, de impunidad, dado que el proceso restituye pero no persigue penalmente el despojo de forma autónoma.

El legado

La Agencia Nacional de Tierras, ANT, heredó buena parte de las funciones de titulación y hoy administra el catálogo de baldíos adjudicados, insumo que la Comisión de la Verdad utilizó para rastrear la geografía del conflicto. Cinco siglos después de que la Corona lanzara sus primeras composiciones, el país sigue titulando, restituyendo, disputando y perdiendo baldíos.

La adjudicación de terrenos baldíos ha sido, con diferencia, la política estatal de distribución de la tierra más continua desde la conformación de la República: casi la única con verdadera persistencia institucional a lo largo de dos siglos, pese a las innumerables modificaciones legislativas. Y sin embargo esa continuidad, lejos de resolver el problema agrario, lo prolongó. El Estado colombiano estimuló y consintió desde la Independencia una estructura bimodal de la propiedad —latifundio y minifundio— que institucionalizó la desigualdad rural, y usó el baldío como su instrumento principal: convertible en pago a acreedores, en premio a militares, en concesión a colonizadores empresariales, en subsidio implícito a comerciantes con acceso a bonos devaluados y, ocasionalmente, en título para el colono que abría monte con hacha y familia.

El dispositivo no fue unívocamente elitista. Hubo coyunturas —la República Liberal, el primer INCORA, algunas ventanas del período 1962-1995— en las que la titulación llegó a pequeños y medianos propietarios en volúmenes significativos, sobre todo en la frontera. Hubo movilización campesina que forzó ajustes. Hubo, en 1991 y 1993, un reconocimiento sin precedentes de la propiedad colectiva étnica. Pero cada avance redistributivo encontró su contramarcha. 1944 revirtió a 1936. Chicoral revirtió a 1961. La persistencia de la operación paramilitar revirtió, sobre el terreno, buena parte de lo titulado en los ochenta y noventa. El aplazamiento indefinido de la reforma agraria no fue un residuo de inercia burocrática: fue una elección política reiterada frente a presiones redistributivas concretas, y el baldío —esa palabra que aparenta neutralidad técnica— fue el medio con el que ese aplazamiento se ejecutó.

La geografía contemporánea guarda memoria de cada uno de esos actos. Donde estuvieron las grandes concesiones del siglo XIX, están hoy las haciendas ganaderas de la Orinoquía y el Magdalena Medio. Donde se abrió frontera con colonos sin título en los años cincuenta y sesenta, están las zonas de cultivo de uso ilícito, las disputas armadas del Guaviare y el Caquetá, los mapas de sustitución fallida. Donde el Estado declaró tierra de nadie a comunidades ancestrales, están hoy los pleitos de consulta previa, los megaproyectos suspendidos por tutela y los consejos comunitarios del Pacífico defendiendo títulos colectivos de reciente reconocimiento. Y donde el paramilitarismo blanqueó predios con la complicidad del INCODER, están las sentencias de restitución que avanzan a cuentagotas mientras los reclamantes son asesinados. Baldío es el nombre técnico con el que la república nombró, durante dos siglos, lo que no quiso repartir; y también el nombre bajo el cual cada generación de colombianos ha peleado, sin ganar del todo, la disputa por lo que la tierra debía significar.

En el archivo

146 apariciones públicas, ordenadas por período y año.

01Conquista1499–15991

1591Cédula de composición de tierras de El Pardo (1591)Hecho

02Colonia1600–17803

03Pre-independencia1780–18092

04Independencia1810–18314

05Nueva Granada1831–18629

06Estados Unidos de Colombia1863–18856

07Regeneración1886–19299

08República Liberal1930–194613

09La Violencia1946–19578

10Frente Nacional1958–197415

11Crisis y narcotráfico1974–19903

12Constitución de 19911991–20024

13Seguridad Democrática2002–20164

14Posconflicto2016–presente3

15Transversal—61

Relaciones

Vínculos editoriales de la ficha y conexiones observadas dentro del archivo.

Relaciones editoriales

01Alfonso López Pumarejo: impulsó la Ley 200 de 1936, que estableció la función social de la propiedad y la amenaza de reversión sobre baldíos ociosos
02Carlos Lleras Restrepo: sostuvo como bandera la Ley 135 de 1961 y la creación del INCORA como base de la política agraria sobre baldíos
03Reforma agraria: los baldíos fueron el instrumento principal —y frecuentemente el sustituto— de toda política redistributiva de tierras en Colombia
04Colonización: la apertura de baldíos en la frontera funcionó históricamente como válvula de escape ante la presión social sobre la tierra en el centro del país
05Latifundio: la política de baldíos del siglo XIX, mediante bonos de deuda pública y composiciones, consolidó una estructura bimodal de la propiedad que institucionalizó la desigualdad rural
06Frontera agraria: los baldíos definieron y desplazaron sucesivamente la frontera agraria hacia Antioquia, el Viejo Caldas, el Sumapaz, el Magdalena Medio, el Caquetá, el Meta y los Llanos Orientales
07Resguardo: las tierras contiguas a comunidades indígenas con población menguada podían ser denunciadas como realengas o baldíos y sometidas a remate, generando conflictos de deslinde desde la Colonia

Personas

Alfonso López Pumarejo44 piezas compartidas

Lugares

Ideas

Documentos y fragmentos citados

52 documentos · 93 fragmentos

01El café en Colombia, 1850-1970: una historia económica, social y políticaMarco Palacios · 2009 · p. 226, 270, 2803 citas

[1]
de ese argumento es que subestima la resistencia cotidiana, invisible, de las sociedades rurales y se enclava en una visión racionalista, urbana y esen- cialmente política de la historia: las "medidas" que vienen de arriba y de rudo golpe cambian, desordenan y transforman estructuras vernáculas. La tercera pata de la…
p. 226

[27]
privada de las tierras públicas- salieron del patrimonio estatal por lo menos tres millones de hectáreas ubicadas en las regiones que estos movimientos colonizadores ganaban a la civilización, entonces el tema merece el esfuerzo de desbrozar de entre la enmarañada legislación y las estadísticas confusas y de poco…
p. 270

[29]
También pueden encontrarse cifras en los diferentes Anuarios de estadística en relación con adjudicaciones. No conozco ninguna cuantificación más técnica aunque al leer una introducción a un amplio trabajo sobre la agricultura del siglo XIX TIERRA Y SOCIEDAD: LA COLONIZACIÓN ANTIOQUEÑA 279 Simplificadamente, los…
p. 280

02Colonización y protesta campesina en Colombia (1850-1950)Catherine LeGrand · 2016 · p. 63, 67, 893 citas

[2]
Colonial Colombia (Austin, 1982)*, y Jane M. Rausch, A Tropical Plains Frontier: The Llanos ofColombia 1531-1831 (Albuquerque, 1984). Para un vistazo general de los escritos colombianos sobre el período colonial, véase Bernardo Tovar Zambrano, La colonia en la historiografta colombiana (Bogotá, 1984). COLONIZACIÓN Y…
p. 67

[31]
Consecuentemente, estos eran los rasgos propios de la Colombia de esa época: fronteras altamente esparcidas, una economía exportadora que se desa- rrollaba en las vertientes de las montañas y en las tierras bajas, y una política de tierras que estimulaba tanto la inversión capitalista como la colonización campesina en…
p. 89

[41]
distintas en años recientes y en nuevas regiones fronterizas. Contribuyó, por ejemplo, a La Violencia, esa guerra civil anárquica que costó 200 000 vidas en los años cincuenta, y dio pábulo a los movimientos guerrilleros que actúan hoy en las zonas fronterizas de Colombia. La interpretación del desarrollo de la…
p. 63

03Tierras. Balance de la contribución del CNMH al esclarecimiento históricoAlejandro Reyes Posada · 2018 · p. 17, 21, 313 citas

[3]
CNMH, 2016, página 47), pues ya se apreciaba entre 1590 y 1620, como resul- tado de la política de composiciones de tierras al mejor postor, que la Corona española empleó para titular las tierras llamadas realengas, o del rey de España, y que originó el régimen de las haciendas, concebidas como un sistema social,…
p. 17

[30]
propiedad y reforma agraria biando la tendencia hacia una mayor equidad en la distribución de la tierra (CNMH, 2016, página 154). El rezago secular en la tarea de adjudicar los baldíos se puede ver al comparar las adjudicaciones de la primera mitad del siglo, pues entre 1902 y 1953 solo se adjudicó el 6 por ciento del…
p. 31

[93]
títulos de las fincas superiores a 500 hectáreas eran sentencias judiciales de pertenencia obtenidas ante los jueces civiles en los años que siguieron a la Ley 200 de 1936 (Reyes Posada, 1976). Las adjudicaciones de baldíos durante el periodo liberal de 1930-1946 tendieron a corregir el sesgo a favor de las grandes…
p. 21

04La tierra en ColombiaEstanislao Zuleta, Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) · 1973 · p. 161 cita

[4]
se admite que el ocupante ad quiera su título de •propiedad mediante el pago de una suma a la Corona. Se autorizó la venta de tierra a bajo precio, por parte del Estado, con la finalidad de recavar fondos y atraer nue vos colonos a las tierras sin ocupar. Asimismo se autorizó otorgar tierras a los indios en forma de…
p. 16

05El indio en la lucha por la tierra: historia de los resguardos del macizo central colombianoJuan Friede · 2017 · p. 71, 1482 citas

[5]
y a un lado de dicho pueblo, las cua- les denuncio por baldías y pertenecientes a Su Magestad (que Dios guarde)». El denunciante pide que se rematen las tierras denunciadas y que se le dé la posesión de ellas. El 4 de julio de este mismo año declara el visitador, que «habiendo venido a las tierras de este pueblo a…
p. 148

[6]
muy deficientes. Los conquistadores, como verdaderos aventureros, no tenían ningún apego a la tie- rra y se desprendían de ella a la primera oportunidad. Lo 72 Jínd Ficere corrobora la circunstancia de que ya en 1715, a la llega- da del visitador don Pedro Fernández de Navia, no había ni una sola propiedad en manos de…
p. 71

06Industria y protección en Colombia, 1810-1930Luis Ospina Vásquez · 2017 · p. 54, 3722 citas

[7]
McBride « The Land Systems of México », American Geographical Society Research Series, n.º 12. (New York, 1912). 55 Iíndicers t aeócouurpí oí Cólóvxrs 1810-1930 más común parece que valiera algo más de 423 hectáreas 20; y no se trataba de tierras alejadas de los poblados, como son hoy las baldías, sino antes…
p. 54

[13]
a que se le adjudiquen, sin necesidad de constituirse otro título; pero la ley citada sólo autorizaba al Poder Ejecutivo «para que pueda declarar pertenecientes hasta diez fane- gadas de tierras baldías al granadino que las haya cultivado». Sólo en 1874 (Ley 61) se llega al reconocimiento, confirmado por la Ley 48 de…
p. 372

07Introducción a la historia económica de ColombiaÁlvaro Tirado Mejía · 2019 · p. 252, 257, 2953 citas

[8]
unas cincuenta familias conservadoras que arrebataron esa misión directiva a otras tantas familias liberales y que, en espera de los designios de la Providencia, representan al país ante él mismo y ante el extranjero y constituyen la fachada de Colombia.²⁷⁷ De entonces para acá las cosas han variado... las familias…
p. 295

[24]
Zipaquirá. Pero si los generales podían hacer valer sus demandas ante el Congreso y recibían en ocasiones más de lo solicitado, los soldados tenían que resignarse a vender su magra bonificación, respaldada en “bonos de la deuda pública”, por un porcentaje reducido de su valor nominal. “No fueron pocas las denuncias…
p. 252

[52]
declaraban que el resguardo de indígenas dejaba de existir por carecer de titulación necesaria, es decir, por ser imposible encontrarla en las notarías; por lo mismo, las tierras se consideraban como baldías y los indígenas como simples ocupantes o colonos a quienes se les podía reconocer lo que tuviesen cultivado y…
p. 257

08Estado crítico de la propiedad colectivaDelgado Castaño, P. · 2018 · p. 5, 134 citas

[9]
y urgen al Gobierno central un cambio en la política de tierras. A lo anterior se han sumado las decisiones jurisprudenciales que sobre la prescriptibilidad o no de los terrenos baldíos se han venido suscitando a partir de la interpretación de la Ley 160 de 1994. Para algunos autores (Salazar, 1948, p. 238) dicha…
p. 13

[10]
y urgen al Gobierno central un cambio en la política de tierras. A lo anterior se han sumado las decisiones jurisprudenciales que sobre la prescriptibilidad o no de los terrenos baldíos se han venido suscitando a partir de la interpretación de la Ley 160 de 1994. Para algunos autores (Salazar, 1948, p. 238) dicha…
p. 13

[53]
provincias sureñas de Popayán y Pasto, de alta concentración poblacional indígena, donde el aislamiento brindado por las formidables barreras cordilleranas, elevados cañones y caudalosos ríos, permitió que los resguardos tuvieran una tregua. Los principales pueblos indígenas del alto Cauca estrecharon lazos de unión…
p. 5

[54]
provincias sureñas de Popayán y Pasto, de alta concentración poblacional indígena, donde el aislamiento brindado por las formidables barreras cordilleranas, elevados cañones y caudalosos ríos, permitió que los resguardos tuvieran una tregua. Los principales pueblos indígenas del alto Cauca estrecharon lazos de unión…
p. 5

09La colonización antioqueña: una empresa de caminosEduardo Santa · 2016 · p. 87, 1112 citas

[11]
hay algo bien importante en esta Ley de 1821 que venimos comentando, desde el punto de vista de sus proyecciones de interés público en la economía nacional. En efecto, se dispuso que debía crearse en la capital de la república una oficina de agrimensura de carácter nacional —general, dice la norma—, y una particular…
p. 87

[12]
democrá- tico. La primera de esas leyes —señalada con el número 1834 — fue aprobada por el Congreso de la República el 28 de abril de 1848, y sancionada al día siguiente por el ge- neral Tomás Cipriano de Mosquera, como presidente de la República. Dice con brevedad perentoria: «El Senado y la Cámara de Representantes…
p. 111

10Enciclopedia de ColombiaCamilo Calderón Schrader · 2002 · p. 2542 citas

[14]
de la intervención del Es- tado como regulador de las condiciones sociales. En 1820 se tomaron medidas tendientes al re- parto de las tierras, especialmente la retribución a los soldados de la guerra de Independencia; hasta 1870 el comercio de tierras se vio afectado por la especulación de tierras baldías. La ley 51…
p. 254

[15]
de la intervención del Es- tado como regulador de las condiciones sociales. En 1820 se tomaron medidas tendientes al re- parto de las tierras, especialmente la retribución a los soldados de la guerra de Independencia; hasta 1870 el comercio de tierras se vio afectado por la especulación de tierras baldías. La ley 51…
p. 254

11El café en ColombiaMarco Palacios · 2002 · p. 273, 276, 2873 citas

[16]
otra desventaja para el historiador del período y es, naturalmente, un reflejo más de la inestabilidad política, incapacidad burocrática y fragi- lidad institucional. Esto repercute en la interpretación. No es casual que la desamortización, un asunto ligado estrechamente a la trayectoria del general Mosquera y a las…
p. 273

[26]
colombianos. Para dar un ejemplo: diez co- merciantes bogotanos, de los cuales siete figuran en la lista de los 40 propietarios de finca raíz más ricos de la capital, adquirieron entre 1865 y 1899 unas 200.000 mil hectáreas de baldíos en Pandi, los llanos de San Martín y el Tolima Grande. Baste recordar que, según…
p. 276

[34]
ascenso económico y social y en busca de este objetivo aplicaron una combinación de prácticas capitalistas mercantiles con instrumentos políticos de tipo clien- telista. b) Después vienen los terratenientes ausentistas que, tan pronto la migración se expande, crean sociedades comerciales para parcelar y vender lotes…
p. 287

12Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. El campesinado y la guerraComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 501 cita

[17]
jueces agrarios y estableció mecanismos para evitar la acumulación ociosa de baldíos, lo que a la larga les permitió a muchos campesinos hacerse con la propiedad de la tierra que ocupaban. Así se inició una tradición en el modelo de garantía del derecho a la tierra del campesinado que privilegió la entrega de baldíos…
p. 50

13Patía, de la tierra de nadie a las grandes haciendasCarlos Daniel Quiñonez Rodríguez, Carlos Enrique Osorio Garcés · 2024 · p. 1821 cita

[18]
y el Gobierno nacional frenó los intentos de la redistribución de baldíos en el territorio colombiano (Villaveces y Sánchez 2015). Por tal motivo, los propietarios de los grandes latifundios emprendieron un proceso sistemático de demandas, el cual tuvo como resultado la expedición de la Ley 4 de 1973, finiquitada en…
p. 182

14Tierras y conflictos rurales: Historia, políticas agrarias y protagonistasRocío Londoño (coord.), Carolina Castro, Álvaro Delgado, Jaime Landinez · 2016 · p. 32, 48, 763 citas

[19]
del terreno con casa de habitación y labranza. Desde la conformación de la República hasta nuestros días, la adjudicación de terrenos baldíos (a personas naturales y jurídicas, a poblaciones y comunidades –religiosas y étnicas– y a entidades de derecho público), ha sido prácticamente la única política es- tatal de…
p. 32

[28]
uno por cien- to al 7 por ciento. 49 Asignación de tierras y evolución de la propiedad agraria en Colombia En resumen: el reconocimiento de los derechos de propiedad a los cultivadores de tierras baldías se expresó en el crecimiento de las adjudicaciones de menos de 500 hectáreas y el decreci- miento relativo de las…
p. 48

[91]
(15,3 por ciento); Tolima (6,8 por ciento); Caquetá (5,4 por ciento); Cesar (5,4 por ciento); Chocó (5,1 por ciento); y Córdoba (5 por ciento). El mayor porcentaje de títulos se distribuyó así: Valle del Cauca (23,2 por ciento); Caldas (11 por ciento); Tolima (8 por ciento); Cundinamarca (6,4 por ciento) y Caquetá…
p. 76

15Ensayos para la historia de la política de tierras en Colombia. De la colonia a la creación del Frente NacionalAbsalón Machado Cartagena · 2009 · p. 55, 582 citas

[20]
el manejo del problema de tierras y baldíos se con figuró una estructura institucional en la que compartían responsabilidades varias instancias del Ejecutivo, generando una descoordinación y confusión, que en algunos casos condujo a serios conflictos entre empresas beneficiarías de concesiones de tierras baldías. 5 6…
p. 58

[21]
tranjeras, • Am pliación de linderos y apropiaciones usando la fuerza y artimañas lega les, • Falsificación de títulos y uso de instrum entos jurídicos (papel sellado), • Apropiación ilegal de tierras alrededor de ciénagas y lagunas para el pasto reo de ganado, • Violencia contra com unidades indígenas,…
p. 55

16Economía y Nación: una breve historia de ColombiaSalomón Kalmanovitz · 1994 · p. 1022 citas

[22]
Restrepo, op. cit., t.I.,p.323. 26 Morner, op. cit., p. 95. 27 Bushnell, op. cit., p. 203. 28 La cifra es de Restrepo, op. cit., p. 627. 106 ECONOMÍA Y NACIÓN cuya colonización avanzaba rápidamente hacia el límite del valle del río Cauca, adonde llegaría alrededor de 1880, y, al surocci- dente, las provincias de…
p. 102

[23]
Restrepo, op. cit., t.I.,p.323. 26 Morner, op. cit., p. 95. 27 Bushnell, op. cit., p. 203. 28 La cifra es de Restrepo, op. cit., p. 627. 106 ECONOMÍA Y NACIÓN cuya colonización avanzaba rápidamente hacia el límite del valle del río Cauca, adonde llegaría alrededor de 1880, y, al surocci- dente, las provincias de…
p. 102

17Coffee in Colombia, 1850-1970: An Economic, Social and Political HistoryMarco Palacios · 1980 · p. 1871 cita

[25]
208,000 hectares in Sumapaz, the Llanos de San Martin, and Colombia (Huila), as set out in table 26. By comparison, this makes up a greater area than was granted to the antioqueho colonias', according to Parsons these received 195,750 hectares. 21 According to Emiliano Restrepo, himself a holder of large concessions…
p. 187

18Nueva Historia de Colombia, Vol. III: Relaciones Internacionales, Movimientos SocialesÁlvaro Tirado Mejía, Jesús Antonio Bejarano, Fernando Cepeda Ulloa, Rodrigo Pardo García-Peña, Germán Zea Hernández, Luis Vitale, Malcolm Deas, Catherine LeGrand, Mauricio Archila Neira, Rocío Londoño Botero, Pierre Gilhodes, Myriam Jimeno Santoyo · p. 349, 3722 citas

[32]
y de sus intereses particulares. Comenzaban a articularse las bases de un mercado nacional a la par con el proceso de uni- ficación política y cultural. Este pro- ceso, sin embargo, ha ocupado el siglo entero sin agotarse y ha sido desigual, espontáneo, discontinuo y con carac- terísticas diferenciales. Distintas…
p. 372

[42]
oriente del To- lima, fue visto como el preludio a una grave agitación agraria. A pesar de la oposición laureanista dirigida en la Cámara por Hugo Es- cobar Sierra, el proyecto fue aprobado el 23 de noviembre y sancionado por el presidente el 13 de diciembre como ley 135 de 1961, base de toda la polí- tica agraria de…
p. 349

19Historia económica de ColombiaJosé Antonio Ocampo Gaviria (compilador), Germán Colmenares, Jaime Jaramillo Uribe, Hermes Tovar Pinzón, Jorge Orlando Melo González, Jesús Antonio Bejarano Ávila, Joaquín Bernal Ramírez, Mauricio Avella Gómez, María Errázuriz Cox, Carmen Astrid Romero Baquero · 2017 · p. 2271 cita

[33]
parte de las tierras recibidas, para valorizar las restantes. De este modo, otorgaron facilidades para la conformación de los núcleos iniciales de pobladores, donando usualmente las tierras para la cabecera y vendiendo a bajo precio pequeños lotes agrícolas. En uno y otro caso se generó un sistema de colonización en…
p. 227

20Historia de Colombia. La Nueva Granada y los Estados Unidos de Colombia IIJavier Ocampo López, Marco Palacios, Germán Arciniegas, Gonzalo Hernández de Alba y otros (obra colectiva) · p. 761 cita

[35]
las pautas so- cioeconémicas y politicas conocidas en la fase de poblamiento que termina en las fundaciones de Neira y Manizales. Aqui intervinieron tres factores que combinaban aspectos econdémicos sociales y politicos: a) La dotacién de recursos para las faenas del desmonte y el poblamiento inicial, consistentes en…
p. 76

21Violence in Colombia: The Contemporary Crisis in Historical PerspectiveCharles Bergquist, Ricardo Peñaranda, Gonzalo Sánchez (eds.) · 1992 · p. 1001 cita

[36]
factor was yet another reform in the legal system. Reflecting the state's tendency to take an interventionist role in the economy, the Colombian Supreme Court resolved for the first time to specify the legal criteria by which to distinguish private property from public land. When the Court ruled in 1926 that the only…
p. 100

22Sistemas de guerra: La economía política del conflicto en ColombiaNazih Richani · 2003 · p. 211 cita

[37]
de esta fase de la lucha fue una estructura de clases basa- da en la extensión de la tierra poseída que, a comienzos del siglo se configuraba así: rninifundio en las tierras altas; un sistema mixto de pro- ducción en las laderas, y latifundios en las llanuras 6. Estos patrones de producción todavía caracterizan el…
p. 21

23Entre la legitimidad y la violencia: Colombia, 1875-1994Marco Palacios · 2003 · p. 2311 cita

[38]
misma guerrilla: ganar la confianza de los campesinos, conocer palmo a palmo el t erreno (desde la to- pografía hasta la configuración social de los vecindarios), aligerar el equipo, disminuir el tamaño de las unidade s y hacer la guerra psicológica. De 1960 a 1963 fu eron liquidadas 57 cuadrillas y 20 231 232 Marco…
p. 231

24Colombia amargaGermán Castro Caycedo · 2015 · p. 291 cita

[39]
año, algo más de 250 mil hectáreas de bosques. El resto de la historia no se ha escrito aún, pero ya comenzó con el empobrecimiento de unas tierras en las cuales, a medida que caen los árboles, comienza a avanzar la gangrena del desierto. Entonces los colonos, desterrados de los mejores suelos —sobre el lomo de las…
p. 29

25Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. OrinoquíaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 571 cita

[40]
El llanto del arpa», 25. 125 Molano, Fragmentos de la historia del conflicto armado, 38. 126 Medina Gallego, FARC-EP y ELN. 127 Entrevista 150-PR-03306. Compareciente. Bloque Sur FARC, Columna Teófilo Forero. 58 fiflćflThffifffj fjfl. flffflfj Tercera oleada: colonización dirigida o institucional Un tercer tipo de…
p. 57

26Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Región CentroComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 921 cita

[43]
de manera preponderante a élites agrarias. En Cundinamarca y Boyacá, por su parte, fueron preponderantes los cultivos de papa 267. En los dos casos, la dis- tribución implicó el fortalecimiento de sectores de la producción agrícola que serían determinantes en las décadas siguientes para la economía de estos…
p. 92

27Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Frontera nororientalComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 511 cita

[44]
El proceso de colonización fue asumido por el Incora 66. Entre 1961 y 1973 se adjudicaron en la intendencia de Arauca 85.830 hectáreas 67, con el propósito de incor- porarlas a la producción agropecuaria nacional 68. Aparte de brindar asistencia técnica y créditos a los pequeños productores campesinos, la ley incluía…
p. 51

28La tierra no basta. Colonización, baldíos, conflicto y organizaciones sociales en el CaquetáCentro Nacional de Memoria Histórica, Erika Andrea Ramírez Jiménez · 2017 · p. 106, 1502 citas

[45]
74,5 % del total de adjudicatarios y controlaron el 84,1 % del total del área entregada, mientras las adjudicaciones de gran propiedad repre- sentaron el 1,2 % del total de adjudicatarios y controlaron el 12,2 % del total del área adjudicada. Gráfica 11. Porcentaje de adjudicaciones y superficie por tamaños: 1962-1995…
p. 150

[92]
de menos de 100 hectáreas obtuvieron el 69,51 % del área adjudicada. Cabe decir que estos períodos estuvieron marcados por crisis agrarias y conflictos en el espacio interandino y en las nuevas fronteras de colonización. En la siguiente gráfica podemos ver la superficie adjudicada por períodos entre 1903 y 2012. 39…
p. 106

29La tierra en disputa. Memorias de despojo y resistencia campesina en la costa Caribe (1960-2010)Absalón Machado, Donny Meertens · 2010 · p. 462, 4932 citas

[46]
en sus sistemas de planeación como en su forma de geren- cia y una excesiva carga administrativa, entonces se decide reformar al sec- tor […] (Mujer/adulta/exfuncionaria Ministerio de Agricultura/ Bogotá/febrero 2010). La nueva institución, «tendrá por objeto fundamental ejecutar la política agropecuaria y de…
p. 462

[70]
de respuestas a las preguntas ¿dónde? ¿cómo? y ¿quiénes?, se han documentado, en los departamentos de Córdoba y Sucre y en los Montes de María, cinco problemáticas de despojo, las cuales, a pesar de presentarse en toda la región, se pueden considerar características para determinadas zonas: 1) Despojo ar- mado y…
p. 493

30La política de reforma agraria y tierras en Colombia. Esbozo de una memoria institucionalAbsalón Machado Cartagena · 2013 · p. 22, 124, 1293 citas

[47]
para la sociedad. Gráfico 1. Relaciones en la política agraria POLÍTICA DE TIERRAS R E F O R M A A G R A R I A D E S A R R O L L O R U R A L C O N T E X T O N A C I O N A L E I N T E R N A C I O N A L 23 Capítulo 2. Las políticas sin una historia elaborada N o existe una elaboración histórica completa y sistemática…
p. 22

[77]
zonas selváticas de ínfima productividad. […] el segundo gran componente de una política de ordenamiento de la población en el territorio es la urbanización planificada y ordenada de los desplazados por la violencia” [Reyes, 2009, 369-370]. La Ley de Víctimas fue expedida en noviembre de 2011 y contiene la…
p. 124

[80]
o de formalización de predios abandonados en nombre de los titulares de la acción, en los casos previstos en esta ley. 6. Pagar en nombre del Estado las sumas ordenadas en las senten- cias de los procesos de restitución a favor de los terceros de buena fe exenta de culpa. 7. Pagar a los despojados y desplazados las…
p. 129

31Buenaventura: un puerto sin comunidadConstanza Millán Echeverría, Ludivia Serrato Martínez, Oscar Pérez, Clara Castro, Danelly Estupiñán, Adriel Ruiz · 2015 · p. 401 cita

[48]
sobre el mismo y la convivencia interétnica con la población indígena. La génesis del nuevo modelo de apropiación territorial de la re- gión se constituyó entonces a partir de un proceso de organización social que, desde el contexto de liberación, implicó configurar po- blamientos, apropiaciones territoriales,…
p. 40

32Hallazgos y recomendaciones de la Comisión de la Verdad de ColombiaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 518, 5512 citas

[49]
551 catalogado de estafador y de colaborador de los grupos armados solo por el hecho de comerciar sus productos en determinados lugares. En Colombia, la concepción de los territorios indígenas y negros ha estado vinculada mayoritariamente a tres elementos que se pueden rastrear en la narrativa de dominación colonial:…
p. 551

[88]
Convivir. 1033 Ver el tomo Hasta la guerra tiene límites. Violaciones de los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario y responsabilidades colectivas, del Informe Final de la Comisión de la Verdad. 1034 Ibíd, 368. hacia la paz territorial 519 Forjando Futuros, de 7.098 sentencias de…
p. 518

33Resistir no es aguantar. Violencias y daños contra los pueblos étnicos de ColombiaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 153, 3652 citas

[50]
de la Verdad analice y resuelva» 802. El despojo en el Pacífico: «Desafiamos la idea de los foráneos de creerse dueños y amos de nuestros territorios» 803 En los años setenta las comunidades negras del Pacífico norte iniciaron un proceso organizativo para el reconocimiento de la ocupación ancestral de sus territorios.…
p. 365

[51]
histórico, logró la constitución y el reconocimiento de resguardos de origen colonial y republicano, principalmente en las regiones Caribe y Andina. Si bien los pueblos indígenas contaban con estos títulos, casi en su totalidad fueron ocupados por hacendados y colonos. Esto también sucedió en territorios que no…
p. 153

34La guerra vino de afuera. El Bloque Pacífico en el sur del Chocó: una herida que aún no cierraCentro Nacional de Memoria Histórica, Laura Bibiana Escobar García, Laura Catalina Tovar Bohórquez, Esteban de Jesús Caviedes Alfonso · 2022 · p. 571 cita

[55]
de organizaciones sociales a través de los consejos comunitarios, para la protección y utilización sustentable de los recursos naturales (Grueso, 2000). Estos consejos comunitarios son las instancias de organización de los pobladores dentro de un área delimitada del terri- torio que han ocupado de acuerdo a sus…
p. 57

35Raza y derechos humanos en Colombia: Informe sobre discriminación racial y derechos de la población afrocolombianaCésar Rodríguez Garavito, Tatiana Alfonso Sierra, Isabel Cavelier Adarve · 2009 · p. 116, 208, 3173 citas

[56]
sancione los actos de discriminación racial y que cumpla con los estándares internacionales en la materia. Por otro lado, la legislación que se dirige a la población afrocolombiana intenta de- sarrollar y garantizar los derechos culturales de dicha población y atacar algunos as- pectos puntuales en los que las…
p. 317

[59]
reconoce el derecho de las comunidades afrocolombianas que han ocupado “tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico”, así como de aque- llas que “tengan prácticas tradicionales de producción en otras zonas del país” y ocupen zonas baldías, rurales baldías, rurales y ribereñas,…
p. 208

[63]
55 de la Constitución Política de 1991 y, posterior- mente, fue desarrollado en la Ley 70 de 1993. Esta última fue reglamentada por el Decreto 1745 de 1995, en lo relativo a los requisitos y procedimientos para la titulación colectiva de los territorios ancestrales en la cuenca del Pacífico y en otras regiones del…
p. 116

36Histories of Perplexity: Colombia, 1970s–2010sLina Britto, A. Ricardo López-Pedreros · 2024 · p. 1841 cita

[57]
emerged from adaptation and proliferation of communities along the rivers of the Colom - bian Pacific became an important political statement, and a mechanism to broaden the limiting character of Transitory Article 55, which defined the beneficiaries of the law in geographical terms. In the Article, “Black…
p. 184

37The Colombia Reader: History, Culture, PoliticsAnn Farnsworth-Alvear, Marco Palacios, Ana María Gómez López · 2017 · p. 841 cita

[58]
fully part of Colombians’ sense of their nation after 1991, when activists in the constitutional convention pushed for an article that then, in 1993, became Law 70, the “Law of the Black Communities,” extracted below. Law 70 established the possibility of collective land title for rural Afro-Colombian communities and…
p. 84

38Bojayá: La guerra sin límitesGrupo de Memoria Histórica, Martha Nubia Bello Albarracín, Pilar Riaño Alcalá, Gonzalo Sánchez G. · 2010 · p. 1541 cita

[60]
2009. Sobre el despojo de tierras, ver: Machado, Absalón, et al. 2009. El Despojo de Tierras y Territorios: aproximación conceptual. Bogotá D.C.: Línea de Investigación Tierra y Conflicto, Área de Memoria Histórica, Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación - CNRR -. Instituto de Estudios Políticos y Relaciones…
p. 154

39Movimientos sociales, Estado y democracia en ColombiaMauricio Archila, Mauricio Pardo (Editores) · 2001 · p. 2571 cita

[61]
se habían apartado del intento de crear una coordinación nacional del movimiento ne- gro, reticentes a ceder autonomía a grupos de activistas de sede urbana pero carentes de representatividad en el seno de las or- ganizaciones de base. En torno al movimiento negro en Colombia i 337 ] La Ley 70 contiene 8 capítulos y…
p. 257

40Etnización de la negridad: La invención de las 'comunidades negras' como grupo étnico en ColombiaEduardo Restrepo · 2013 · p. 90, 1232 citas

[62]
Obapo y la Ocaba. Entonces hacíamos la propuesta y la llevaba a discutir a otros departamentos. Entonces lo que hacían los otros departamentos era anexar algunos conceptos y validar la propuesta que nosotros llevábamos. Porque tampoco allá habían procesos organizativos […] A raíz del 91, del 93, inician a nacer…
p. 90

[66]
haber logrado durante esta etapa unos grandes niveles de cohesión e integración nacional de las Comunidades Negras y de las organizaciones de estas así como se avanzó en la construcción del discurso étnico territorial, enmarcado en la difusión, protección y defensa de los derechos de las comunidades negras como grupo…
p. 123

41Estado crítico de la propiedad en ColombiaDelgado Castaño, P. · 2018 · p. 192 citas

[64]
de la Corte Constitucional, que determinan que más que una consulta, en materia de planes de desarrollo de inversión y de explotación de recursos naturales, debe obtenerse el consentimiento libre, informado y previo de las comunidades indígenas según sus usos, costumbres y tradiciones. A las comunidades indígenas,…
p. 19

[65]
de la Corte Constitucional, que determinan que más que una consulta, en materia de planes de desarrollo de inversión y de explotación de recursos naturales, debe obtenerse el consentimiento libre, informado y previo de las comunidades indígenas según sus usos, costumbres y tradiciones. A las comunidades indígenas,…
p. 19

42Sufrir la guerra y rehacer la vida. Impactos, afrontamientos y resistenciasSaúl Franco Agudelo · 2022 · p. 1251 cita

[67]
negras contemplados en la L ey 70 de 19 93, una ley que, a pesar de tener más de 20 años, aún no ha sido reglamentada en su totalidad. Este desconocimiento tuvo consecuencias en las dinámicas culturales de estas comunidades 315, que fueron violentadas al negarles la capacidad de gestionar y ordena r su vida con…
p. 125

43Hasta la guerra tiene límites. Violaciones de los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario y responsabilidades colectivasComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 438, 449, 4633 citas

[68]
los vínculos entre paramilitares y representantes de varias empresas para perpetrar violaciones de derechos humanos. Al respecto, la justicia ha dictado órdenes de investigación de las compañías Bananeras de Urabá S. A., Banacol y Unibán por su presunta financiación voluntaria de grupos paramilitares en el Urabá…
p. 463

[82]
guerra tiene límites 438 reconocimiento nacional ni internacional. Cuando está vinculado con el conflicto armado, el despojo es consecuencia del desplazamiento forzado, pues el desplaza- miento puede ser tanto el inicio como el resultado de un proceso de despojo violento de propiedades y bienes rurales. El despojo de…
p. 438

[90]
Tierra». 1394 Catálogo de Fuentes de Archivo Externas, Informe 35-OI-5fc85891b5a905584b9fbfa5, Comisión de la Verdad, «El conflicto que despojó vidas y territorios». hasta la guerra tiene límites 450 Penal. La institucionalidad, ante las denuncias de hechos victimizantes, registra prin- cipalmente el desplazamiento…
p. 449

44Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Ensayo introductorioComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 711 cita

[69]
pieza clave en las estrategias –sobre todo las que ejercieron la violencia física– utilizadas para despojar y promover el abandono de tierras y bienes en el país. Las historias territoriales compi- ladas en este tomo dan cuenta de la utilización de diferentes modalidades de violencia para arrebatarle la tierra y los…
p. 71

45Desmovilización y reintegración paramilitar. Panorama posacuerdos con las AUCÁlvaro Villarraga Sarmiento · 2015 · p. 499, 517, 5346 citas

[71]
7.5.6 Los Llanos, tierra usurpada a campesinos desplazados Como lo establecieron los procesos judiciales, las tierras de los campesinos y campesinas desplazadas y despojadas por los paramilitares en los Llanos, fueron legalizadas con apoyo de testaferros, abogados, funcionarios corruptos del INCODER, jueces,…
p. 534

[72]
7.5.6 Los Llanos, tierra usurpada a campesinos desplazados Como lo establecieron los procesos judiciales, las tierras de los campesinos y campesinas desplazadas y despojadas por los paramilitares en los Llanos, fueron legalizadas con apoyo de testaferros, abogados, funcionarios corruptos del INCODER, jueces,…
p. 534

[75]
loco - motoras –entre ellas las del agro, la minería y la infraestruc - tura– que demandan grandes extensiones de tierra para su desarrollo. Por esta razón, los baldíos –titulados o no– y las zonas de reserva forestal han adquirido especial relevancia, como también las serias modificaciones a la Unidad Agrícola…
p. 499

[76]
loco - motoras –entre ellas las del agro, la minería y la infraestruc - tura– que demandan grandes extensiones de tierra para su desarrollo. Por esta razón, los baldíos –titulados o no– y las zonas de reserva forestal han adquirido especial relevancia, como también las serias modificaciones a la Unidad Agrícola…
p. 499

[86]
(Centro Internacional de 518 DESMOVILIZACIÓN Y REINTEGRACIÓN PARAMILITAR Panorama posacuerdos con las AUC Toledo para la Paz – CITpax, 2013-a). Sus resultados evidencian al igual que con otra serie de circunstancias el mayor peso de las consecuencias del fenómeno paramilitar y de sus ulteriores efec - tos, con…
p. 517

[87]
(Centro Internacional de 518 DESMOVILIZACIÓN Y REINTEGRACIÓN PARAMILITAR Panorama posacuerdos con las AUC Toledo para la Paz – CITpax, 2013-a). Sus resultados evidencian al igual que con otra serie de circunstancias el mayor peso de las consecuencias del fenómeno paramilitar y de sus ulteriores efec - tos, con…
p. 517

46La miseria en ColombiaJames A. Robinson · 2016 · p. 451 cita

[73]
este sistema. Cargill, la corporación multinacional con base en Estados Unidos, mediante el fondo de inversión Black River, creó 40 SAS y compró 43 parcelas de tierra en Vichada, que representan 61.000 hectáreas. El Estado extractivo de la periferia colombiana une los intereses de las élites de alta sociedad con los…
p. 45

47Gobernar en medio de la violencia. Estado y paramilitarismo en ColombiaJacobo Grajales · 2017 · p. 1301 cita

[74]
haya habido amenazas, simplemente no había una formación catastral. Después viene el proyecto de palma y cogen la escritura de la fi nca y reinterpretan los linderos (León, 2005). Este discurso fue retomado por los actores involucrados en el acaparamiento de las tierras. La caracterización de la región como una…
p. 130

48Guerreros y campesinos. Despojo y restitución de tierras en ColombiaAlejandro Reyes Posada · 2016 · p. 26, 3302 citas

[78]
el ELN y las bandas criminales, aunque no derrotarlas. La elección de Juan Manuel Santos Calderón, ministro de Defensa del gobierno de Álvaro Uribe, en 2010, significó una inflexión en la manera de concebir la respuesta al conflicto armado, pues comenzó por reconocer la existencia de este. A finales de 2010, Santos…
p. 26

[81]
las reclamaciones en el Registro de tierras despojadas, y la tarea judicial, que termina con el fallo de los jueces de restitución de tierras. La ley 1448 previó que el estudio de las reclamaciones procediera gradualmente, según fuera la densidad de despojos, las condiciones de seguridad para el proceso y las…
p. 330

49Cuatro crisis que marcaron a Colombia: Memorias del fraude bancario de 1982, el apagón de 1992, la debacle financiera de 1999 y las negociaciones con el ELN en 2018Juan Camilo Restrepo · 2022 · p. 1501 cita

[79]
La política de restitución de tierras, que a mi entender es la pieza de mejor implementación en cuanto toca con las políticas agrarias que ha tenido el país hasta el momento, busca fundamentalmente facilitar la recuperación de las tierras de quienes han sido despojados a sangre y fuego en las últimas décadas o por la…
p. 150

50Una nación desplazada: Informe nacional del desplazamiento forzado en ColombiaCentro Nacional de Memoria Histórica (CNMH); Myriam Hernández Sabogal, Catalina Riveros Gómez, Mónica Johanna Rueda, Yamile Salinas Abdala, Juan Manuel Zarama Santacruz · 2015 · p. 3711 cita

[83]
que permiten el testaferrato y la compra de “cosa ajena” declaradas constitucionales por la Corte Constitucional (Corte, C-597 de 1998; C-174 de 2001; y C-071 de 2004). A partir de las leyes de víctimas, de manera residual y temporal se subsanaron algunos de esos obstáculos, particularmente con la instauración de las…
p. 371

51"Patrones" y campesinos: tierra, poder y violencia en el Valle del Cauca (1960 – 2012)Absalón Machado Cartagena, John Jairo Rincón García · 2014 · p. 408, 4182 citas

[84]
procesos muy delicados que están rela- cionados con restituciones de zonas de injerencia de narcotra fi - cantes, de bandas criminales y de las Farc (…) El tema es muy complejo tanto para nosotros como a las víctimas. En otros depar- tamentos han sido asesinados líderes de restitución, aquí gracias a Dios no ha pasado…
p. 418

[85]
mi casa y quedé sin nada 264. ¿Y la restitución? El gobierno del presidente Juan Manuel Santos ha tratado de revertir el proceso de despojo y concentración de la tierra, no sólo 263 Entrevista_ 006 _ 33 _abril_ 05 _ 08 _Despojo de Tierras_Procesos Organizativos 264 Entrevista_ 007 _+- 55 _abril_ 6 _ 08 _Proceso Social…
p. 408

52Memorias de una guerra por los Llanos. Tomo I. De la violencia a las resistencias ante el Bloque Centauros de las AUCCentro Nacional de Memoria Histórica · 2021 · p. 3921 cita

[89]
abordar este tema se tomaron como fuente las Sentencias de Restitución de Tierras en los departamentos de Meta, Guaviare, Casanare, Boyacá y Cundinamarca, de donde se desprende la siguiente tabla, actualizada hasta marzo de 2020, que muestra la solicitud de 11.990 sentencias de despojo y restitución de tierras…
p. 392