Dependencia financiera

La dependencia financiera colombiana

Institución de larga duración de la economía política colombiana, consistente en la subordinación estructural de las finanzas públicas al crédito externo —singularmente al capital británico— como sustituto de una capacidad fiscal interna que la República no logró construir tras la Independencia. Su matriz se decide entre 1780 y 1831, en el tránsito entre la fiscalidad borbónica y la organización hacendística de la Gran Colombia y sus Estados sucesores, y proyecta sus efectos —a través de bonos convertidos en tierra, de defaults renegociados y de presiones diplomáticas— hasta bien entrado el siglo XX.

En los seis años que van de 1819 a 1825, una república recién nacida contrajo en Londres deudas por más de seis millones de pesos, hipotecó sus rentas de tabaco y aduanas a acreedores que no había visto nunca, y descubrió —cuando dejó de pagar en 1826— que sus bonos valían en la Bolsa británica menos de la cuarta parte de su valor nominal. Ese episodio, ejecutado por Francisco Antonio Zea, Luis López Méndez, Manuel José Hurtado y Juan García del Río bajo el impulso político de Simón Bolívar, arrastraba como herencia mal digerida la arquitectura tributaria del virreinato borbónico y fijó el patrón de las décadas siguientes.

Los apartados que siguen recogen los antecedentes en la fiscalidad borbónica y la rebelión comunera, la lógica interna de los contratos de armamento y empréstito entre 1819 y 1824, el colapso de 1826, la disolución de la Gran Colombia y la nacionalización tripartita de la deuda, y la proyección territorial de esos bonos sobre la política de baldíos que rehizo el mapa agrario del país.

La herencia fiscal: estancos, alcabalas y el trauma comunero

Para entender por qué la República tuvo que endeudarse afuera, hay que empezar por lo que heredó adentro. Durante la última década del dominio español, los ingresos de la Corona en la Nueva Granada promediaron 2,4 millones de pesos anuales, de los cuales unos 770.000 —cerca de un tercio— provenían de los estancos de tabaco y aguardiente. El aparato tributario borbónico había logrado algo que ningún gobierno republicano lograría en el medio siglo siguiente: extraer una fracción sustancial del producto de la colonia. La carga tributaria sobre el PIB neogranadino pasó de un 2,9% antes de las reformas borbónicas a un 10,4% en algún punto entre 1761 y 1800, cifra excepcionalmente alta para patrones premodernos.

El precio político de esa eficacia fue el estallido de 1781. El visitador Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres, llegado a Santafé en 1778, restableció el impuesto de la armada de Barlovento, extendió la alcabala a nuevos productos y reorganizó el estanco del tabaco estableciendo cuatro zonas de cultivo autorizadas, con la consiguiente exclusión de pueblos y regiones que hasta entonces cultivaban libremente. La compresión simultánea de los precios que la Corona pagaba al labrador y el alza de los precios de venta al consumidor generó, en la provincia de Socorro, la Revolución de los Comuneros: agricultores y artesanos destruyeron los depósitos de los monopolios de licor y tabaco, formaron comités que asumieron el gobierno local, y el movimiento se extendió por buena parte del virreinato. La audiencia, en nombre del virrey, fingió conceder la mayoría de las demandas.

El episodio dejó una lección soterrada que las élites patriotas asimilarían pronto: los estancos y las alcabalas eran fiscalmente eficaces pero políticamente explosivos. Cuando Antonio Nariño, en vísperas de la Independencia, elaboró un plan reformista, propuso justamente suprimir los estancos de tabaco y aguardiente y eliminar las alcabalas internas, sustituyéndolos por un impuesto directo de capitación igual para toda la población. La propuesta reconocía que la fiscalidad colonial era percibida como obstáculo estructural al desarrollo económico y, sobre todo, como carga insoportable para los grupos que habrían de sostener una nueva legitimidad política.

Ese diagnóstico no fue seguido por una construcción alternativa. Las contribuciones indirectas coloniales —alcabalas mayor y menor, diezmo, quinto minero— pasaron sin transformación estructural de la Colonia a la República. En 1800, los impuestos coloniales representaban aproximadamente una décima parte del PIB, y una porción no despreciable de esos recursos se destinaba a la defensa de Cartagena y al sostenimiento de la burocracia virreinal. La República, al independizarse, heredó las mismas instituciones fiscales pero perdió las remesas del situado, la coordinación imperial y la legitimidad para cobrar unos impuestos contra los cuales había hecho, en parte, la revolución.

La guerra sin caja: contratos de armas y préstamos personales, 1819-1821

Cuando Bolívar reanudó la ofensiva desde el Orinoco a finales de 1818, el ejército libertador contaba con unos 7.000 hombres. A comienzos de 1821, tras Boyacá, Carabobo y la ocupación de la costa venezolana, esa cifra había pasado a por lo menos 23.000 efectivos. El presupuesto oficial del Ejército colombiano, que se contaba en varios millares de pesos en 1818, se estiraba hasta los millones hacia 1823. Ninguna reforma fiscal interna, ninguna alcabala rediseñada, podía sostener semejante crecimiento en un territorio arrasado por diez años de guerra.

Los mecanismos internos existían pero eran, por definición, insostenibles. Hacia 1820 el financiamiento de los ejércitos en el interior descansaba sobre contribuciones forzosas, préstamos forzosos y juntas de secuestros que confiscaban bienes de los realistas. Eran expedientes de guerra, no política fiscal; erosionaban la base económica que se pretendía liberar y sembraban, entre las élites locales, un temor duradero al Estado republicano. En paralelo, la única salida de escala se buscaba en el extranjero, y singularmente en Londres, capital financiera de una potencia con capital excedente en busca de colocación exterior.

Luis López Méndez, agente de la República en la capital británica desde los años del gobierno de Cartagena, y José María del Real fueron los ejecutores de la primera oleada de compromisos. Contrataron cuatro armadas —expediciones de suministro militar completas, con armas, uniformes, municiones y a veces reclutas— por un total de 469.354 libras esterlinas, componente principal de lo que después se llamaría la deuda consolidada. A esa cifra se sumaron pagarés a comerciantes, un empréstito personal contraído por Francisco Antonio Zea por 66.666 libras, y el llamado empréstito Hancorne, hasta totalizar 547.783 libras esterlinas reconocidas a acreedores ingleses antes de que se firmara el primer empréstito público formal.

El 27 de febrero de 1821, López Méndez firmó además con James Mackintosh un contrato por 150.000 pesos para aprovisionamiento militar, monto que no fue incluido en el cálculo original de la deuda consolidada y que, décadas después, se convertiría en el principal escollo diplomático entre Bogotá y Londres. El circuito de las armas se completaba fuera del sistema inglés propiamente dicho: la firma holandesa Mees & Co., de Róterdam, suministraba armas que se embarcaban vía Estados Unidos o directamente hacia Angostura, en ocasiones con conocimientos de embarque falsificados para eludir controles. Mees & Co. llegó a negociar un empréstito estatal colombiano de entre seis y ocho millones de florines para emitir en Holanda, pero terminó retirándose ante la magnitud del proyecto.

Todos estos compromisos compartían un rasgo: eran deudas de aprovisionamiento contraídas por agentes que negociaban al margen del control legislativo, sobre garantías vagas y en condiciones desfavorables. Cuando el Congreso de Cúcuta se instaló en 1821 y la Gran Colombia comenzó a existir como entidad jurídica, se encontró con una arquitectura de obligaciones ya construida, imposible de repudiar sin renunciar simultáneamente al material bélico que sostenía la guerra en Venezuela, Quito y el Perú.

Londres, 1822 y 1824: los empréstitos formales

La lógica que llevó a Colombia a Londres no era, sin embargo, unilateral. Inglaterra era hacia 1820 el país capitalista más avanzado del planeta y disponía de un excedente de capital inactivo que buscaba colocación fuera de sus fronteras. La oleada de empréstitos ingleses hacia América Latina a partir de la tercera década del siglo XIX no fue un favor concedido a las nuevas repúblicas: fue un movimiento del capital británico en busca de rendimiento, vinculado además a la expansión del mercado de manufacturas inglesas en territorios cuyas antiguas restricciones mercantilistas se habían derrumbado.

El primer empréstito colombiano se contrató en 1822. Su función inmediata fue consolidar y refinanciar las 547.783 libras que la República ya debía a acreedores ingleses por armadas, pagarés y compromisos personales de Zea. Buena parte del papel emitido en Londres no llegó jamás a Colombia en forma de plata: sirvió para pagar deudas previas contraídas con comerciantes y contratistas británicos, dejando a la República con una obligación nueva —esta vez pública, formal y respaldada por rentas específicas— para saldar deudas viejas de la guerra. El fenómeno se repetiría con el empréstito de 1824, negociado por Manuel José Hurtado y Juan García del Río con la casa B. A. Goldschmidt, y del cual, como en el caso peruano contratado casi en paralelo, una parte sustancial se destinó a obligaciones militares y a compras de manufacturas inglesas, sin dejar excedente significativo para inversión productiva.

La secuencia diplomática que enmarcó esas operaciones también importa. Desde 1820, Colombia gestionaba activamente el reconocimiento de su independencia ante el Foreign Office, nombrando sucesivamente a Zea y a José Rafael Revenga como agentes en Londres. La deuda no fue una consecuencia lateral del reconocimiento: fue una de sus condiciones prácticas. Emitir bonos en Londres implicaba someterse al escrutinio del mercado financiero británico, aceptar sus tasas, sus intermediarios y sus garantías —normalmente las rentas de aduanas y estancos—, y por esa vía integrar a la República en un circuito económico que reforzaba, más que atenuaba, su sujeción al comercio con Inglaterra.

Los negociadores colombianos operaron en desventaja de información y experiencia. Los debentures se colocaron con descuentos importantes sobre su valor nominal, las comisiones de los banqueros londinenses fueron cuantiosas, y los términos de amortización comprometieron rentas futuras que la República no había estabilizado aún. Y, sin embargo, no había alternativa realista: la escala del gasto militar, la debilidad del fisco interno y la urgencia de sostener las campañas del sur convertían el crédito de Londres en la única fuente disponible de recursos líquidos.

La caja rota de Cúcuta: reformas tímidas y empréstitos forzosos

Mientras Zea y sus sucesores negociaban en Londres, el Congreso de Cúcuta y luego la administración de Francisco de Paula Santander intentaban, con éxito muy limitado, construir una hacienda pública republicana. La ecuación era imposible: mantener contribuciones indirectas heredadas del régimen colonial —alcabalas, diezmo, quinto minero— que la retórica revolucionaria había deslegitimado, y a la vez sostener un ejército y una burocracia mayores que los del virreinato.

Las reformas fueron parciales. En 1821 se redujo la alcabala sobre bienes raíces y se eliminó su cobro en el comercio de productos nacionales. El Congreso intentó establecer un impuesto sobre la renta —una novedad conceptual para el momento—, pero la ausencia de estadísticas confiables sobre contribuyentes y las deficiencias del cuerpo de recaudadores arruinaron el experimento, que fue abandonado en 1826. José María del Castillo y Rada, ministro de Hacienda en varios momentos críticos, se movía dentro de un marco que la Convención misma le imponía: la República era formalmente liberal en su derecho político, pero preservaba la estructura económica colonial —incluida la esclavitud— sobre la que se sostenía la recaudación efectiva.

La renta de aduanas —los gravámenes sobre importaciones, especialmente por Cartagena y Santa Marta— se convirtió en la principal fuente de ingreso del Estado, y ese anclaje terminó por hacer aún más costosa cualquier ruptura con el comercio británico. Los empréstitos internos, cuando el Ejecutivo los intentaba, eran frecuentemente forzados o cuasi-forzados: no operaciones financieras voluntarias sino contribuciones exigidas a comerciantes, hacendados y corporaciones eclesiásticas bajo amenaza de sanción. El tipo de interés del dinero subió a niveles antes desconocidos, reflejo tanto de la inestabilidad política como de la desorganización del mercado financiero interno.

La cuestión monetaria agravaba el cuadro. Colombia había heredado un sistema monetario metálico e inelástico, y las experiencias con moneda fiduciaria durante la guerra —incluidos los vales pagaderos en sal autorizados en 1821— habían sido desastrosas o intrascendentes. El recuerdo del papel moneda emitido en Cartagena durante el primer sitio, y el descrédito que aquella emisión había dejado, se transmitieron a la Gran Colombia como una fobia institucional: no se emitiría papel, pero tampoco se dispondría de suficiente metálico para lubricar la economía. La asociación de capitales, en ese ambiente, se orientó hacia la minería y el comercio —donde los rendimientos podían realizarse rápido—, no hacia la industria ni la agricultura.

El default de 1826 y la incomprensión del valor de mercado

En 1826, Colombia suspendió el servicio de su deuda externa. Perú, que había contratado préstamos en Londres en 1822 y 1825, ya había suspendido los pagos de intereses en este último año. El default colombiano no fue una decisión política deliberada sino la constatación de una imposibilidad material: las rentas comprometidas no bastaban, la guerra continuaba —el Perú y Bolivia todavía consumían recursos— y los ingresos de aduanas resultaban insuficientes para atender simultáneamente el gasto corriente y el servicio de la deuda.

El efecto en Londres fue inmediato: el valor real de los debentures colombianos se redujo desde 1827 a menos de la cuarta parte de su valor nominal. Ese descuento tenía una consecuencia crucial que las élites bogotanas tardaron décadas en comprender: la deuda podía recomprarse, en el mercado abierto, por una fracción de lo adeudado formalmente. Los hacendistas granadinos —incluidos los críticos de la administración Santander y de los negociadores de los empréstitos— siguieron calculando la deuda con valores nominales, sin captar el fenómeno del valor fluctuante de los debentures en la Bolsa londinense. La incomprensión duró largo tiempo: sólo durante la administración de Mariano Ospina Rodríguez, ya a mediados del siglo XIX, con el consejo de un banquero holandés, la Nueva Granada tomó plena conciencia de lo que ese diferencial significaba en la práctica.

Esa ignorancia técnica no fue inocua. Durante veinte años, el país se comportó frente a sus acreedores como si debiera el valor nominal completo, cuando el mercado —es decir, los propios tenedores de los bonos— ya había asumido que buena parte de esa deuda no se pagaría. La consecuencia fue una diplomacia financiera defensiva, marcada por la vergüenza y por la sensación de estar acorralado por obligaciones inescapables, cuando en realidad existía margen para operaciones de recompra a precios muy favorables. Ese margen sólo empezó a explotarse tarde y de manera limitada.

La disolución y la partición: 1831-1836

En 1830, la Gran Colombia se desintegró en tres Estados sucesores: Nueva Granada, Venezuela y Ecuador. La deuda contraída en nombre de la República común pasó, súbitamente, a ser un problema de partición. La Convención que organizó el Estado de Nueva Granada declaró su compromiso de buena fe con los acreedores nacionales y extranjeros de la república central, aunque la distribución proporcional entre los tres nuevos Estados quedó como asunto pendiente de arreglo mediante convenios recíprocos.

Sobre la base del censo colombiano de 1825, se propuso una división de la deuda en 50 unidades para Nueva Granada, 28,5 para Venezuela y 21,5 para Ecuador. La cifra era, en rigor, favorable a Bogotá: una distribución exacta por número de habitantes habría arrojado 51,60 para Nueva Granada, 27,72 para Venezuela y 20,68 para Ecuador. Nueva Granada aceptó cargar con una fracción ligeramente menor de la que le correspondía estrictamente por población, pero eso no significó que el arreglo se ejecutara con rapidez. Las negociaciones entre los tres Estados sucesores se prolongaron durante años sin alcanzar solución definitiva.

Entretanto, el Congreso de Nueva Granada, por ley del 27 de mayo de 1836, aprobó aplicar algunos fondos al crédito público interior y exterior, y autorizó al Ejecutivo a negociar con los tenedores de la deuda extranjera el pago gradual de los réditos de una tercera parte de cada obligación, sin perjuicio de reconocer la cuota definitiva de Nueva Granada cuando se arreglara la deuda colombiana en su totalidad. Fue una medida de contención más que de solución: reconocía la existencia del problema, ofrecía un servicio parcial, y aplazaba la determinación de la carga final hasta un futuro que, para efectos prácticos, se estiraba indefinidamente.

La palanca diplomática: el caso Mackintosh

La deuda contraída con particulares británicos tuvo, en el mediano plazo, una vida diplomática autónoma. El préstamo de 150.000 pesos que Luis López Méndez había firmado con James Mackintosh el 27 de febrero de 1821 —no incluido en la consolidación original— se convirtió, tres décadas después, en uno de los principales obstáculos en las relaciones entre Bogotá y Londres. El agravante era estructural: Nueva Granada dependía en gran medida de Gran Bretaña en su comercio exterior, y el gobierno británico podía usar la deuda impaga a un súbdito suyo como palanca de presión sobre asuntos comerciales, portuarios y consulares.

En 1857, la administración de Mariano Ospina Rodríguez obtuvo autorización del Congreso para transigir la deuda Mackintosh —capital e intereses— sin necesidad de aprobación legislativa posterior, y designó a Juan de Francisco como Ministro Plenipotenciario en Londres para concluir las negociaciones. Francisco presentó sus credenciales ante la Reina Victoria el 25 de junio de 1857. La resolución del caso, después de más de treinta años de reclamaciones, mostraba hasta qué punto una deuda de aprovisionamiento militar contraída en los meses previos a Carabobo podía condicionar la política exterior colombiana en pleno periodo de reformas liberales.

El caso Mackintosh no fue excepcional: fue paradigmático. Ilustraba con claridad cómo la subordinación financiera nacida en los años de la Independencia se convertía, cuando la República no podía o no quería pagar, en tutela diplomática pura y simple, con el país acreedor imponiendo la agenda desde la posición de fuerza que le daba su primacía comercial.

La proyección territorial: bonos convertidos en baldíos

La consecuencia más duradera y sorprendente de los empréstitos de la Independencia no fue, en último término, financiera sino territorial. La Ley del 13 de octubre de 1821, primera norma republicana sobre enajenación de tierras baldías, abrió la puerta a un mecanismo que se refinaría durante décadas: la deuda pública —externa e interna— podía redimirse mediante la entrega de baldíos a los acreedores del Estado.

La Ley del 30 de marzo de 1843, adicionada en 1847, dispuso explícitamente que los baldíos se venderían por dinero o por vales de deuda exterior o interior, fijando los equivalentes a los que se recibirían los distintos papeles. Una ley previa, del 12 de mayo de 1842, se asocia además con la apropiación de hasta dos millones de fanegadas de baldíos para el pago de intereses vencidos o la amortización parcial del capital de la deuda exterior. El mecanismo era simple y ruinoso para el Estado: incapaz de pagar en moneda, la República entregaba tierra pública a quien tuviera bonos; los bonos habían sido comprados en Londres a fracciones de su valor nominal, pero seguían aceptándose en las oficinas de baldíos por su valor de emisión.

Según Emiliano Restrepo, los bonos territoriales se cotizaban a 30 centavos por hectárea; los vales de la Independencia, en Londres, a alrededor de un chelín —unos 12 peniques— por hectárea; las tierras obtenidas en remates con títulos de deuda pública se conseguían a 15 centavos por hectárea, con un promedio de 50 centavos para extensiones mayores de 500 hectáreas incluidos costos de agrimensura. Con 10.000 pesos, precio de una buena casa en el centro de Bogotá en 1870, era posible alindar un latifundio de 20.000 hectáreas usando bonos de deuda pública. En 1873, los bonos territoriales se vendían en el mercado a entre 25 y 35 centavos por hectárea, precio que se mantendría prácticamente igual medio siglo después.

Los beneficiarios no fueron, en su mayoría, los soldados que habían combatido por la Independencia ni los tenedores originarios de los bonos. Los generales de la Independencia vendieron sus títulos individualmente o a través del Montepío Militar, y los llamados bonos ingleses terminaron en manos de comerciantes colombianos con capital para especular. Entre 1865 y 1899, diez comerciantes bogotanos —siete de ellos entre los cuarenta propietarios de finca raíz más ricos de la capital— adquirieron aproximadamente 200.000 hectáreas de baldíos en Pandi (Sumapaz), los Llanos de San Martín y el Tolima Grande (Huila). Firmas financieras especializadas como Camacho Roldán Hermanos, Santiago Pereira Gamba y Koppel & Schloss actuaban como intermediarias para adquirir concesiones a comisión. La superficie acumulada por esos diez comerciantes superó por sí sola la otorgada a todas las colonias antioqueñas de poblamiento, que según los cálculos de James Parsons recibieron alrededor de 195.750 hectáreas —unas 305.000 fanegadas— en el mismo período.

La deuda de Londres, contraída para financiar la libertad de una república, terminó financiando la concentración de la propiedad agraria en manos de una élite mercantil bogotana. El circuito completo revela una economía política de largo aliento: los patriotas hipotecaron en 1822 y 1824 el crédito de la nación; el default de 1826 hundió el valor de mercado de esos bonos; comerciantes con capital líquido los compraron a descuento en Londres o en Bogotá; luego los presentaron en las oficinas fiscales por su valor nominal, canjeándolos por baldíos que rebasaban con mucho lo que su desembolso real habría justificado; y esos baldíos se convirtieron en las grandes haciendas de la segunda mitad del siglo XIX. La sujeción financiera externa se transmutó, por vía fiscal, en concentración interna de la tierra.

Un colapso silencioso: exportaciones, capitales y tasas de interés

El otro precio de la sujeción externa se pagó en desempeño económico. Entre 1802 y 1850 las exportaciones per cápita colombianas cayeron un 42%, y sólo hacia 1850 se superó el nivel bruto de exportaciones alcanzado al final de la época colonial; las exportaciones por habitante no se recuperarían hasta cerca de 1870. Medio siglo de estancamiento absoluto y relativo separa a la Colombia independiente de sus antiguos niveles virreinales, y ese lapso coincide, punto por punto, con el periodo en que la deuda de la Independencia condicionó las finanzas públicas.

La inestabilidad política, las guerras civiles recurrentes y la debilidad institucional fomentaron la fuga de capitales y expusieron los negocios a riesgos permanentes de expropiación y préstamos forzosos. Las tasas de interés alcanzaron niveles antes desconocidos, no por movimientos genuinos de oferta y demanda de crédito sino por el riesgo político incorporado en cualquier operación. Los pocos experimentos financieros modernos fracasaron sucesivamente, cada uno arrastrando consigo la confianza de un sector de rentistas o exportadores: la Casa de Cambios Landínez quebró en 1841 arruinando a buena parte de los rentistas santafereños, y el Banco de Londres, México y Suramérica, establecido en 1846, fue liquidado en 1869, arrastrado por la crisis del tabaco.

Se configuró así una economía política peculiar: formalmente liberal en su marco jurídico, realmente conservadora en su estructura de producción; abierta al comercio exterior por la vía de las aduanas —principal renta del Estado— pero cerrada al desarrollo industrial por falta de capital, de banca y de reglas estables; y crónicamente endeudada con acreedores externos cuyos intereses, aunque menguados por el default y el descuento de mercado, seguían pesando sobre las decisiones de política interna.

Balance

La subordinación financiera colombiana no fue ni un designio impuesto desde Londres ni una simple ligereza de sus negociadores. Fue el producto de una doble determinación. De un lado, la incapacidad fiscal estructural heredada del régimen colonial —una hacienda apoyada en estancos deslegitimados por la retórica revolucionaria, en alcabalas resistidas desde 1781, en un aparato administrativo desarticulado por diez años de guerra— hizo del crédito externo la única fuente de escala suficiente para financiar ejércitos de más de veinte mil hombres y una burocracia continental. Del otro, la lógica expansiva del capital británico excedente encontró en las repúblicas latinoamericanas nacientes un mercado cautivo para colocar sus recursos y acompañar la expansión de sus manufacturas.

Dentro de ese margen, las decisiones importaron. Zea gestionó con más entusiasmo que técnica; López Méndez firmó contratos que su propio gobierno tardaría años en asumir formalmente; Hurtado y García del Río aceptaron en 1824 condiciones que suponían descuentos y comisiones onerosos. Castillo y Rada, desde el Ministerio de Hacienda, no logró articular una alternativa fiscal a la altura del compromiso externo. Santander, apegado a la preservación del orden económico colonial bajo formas políticas republicanas, dejó pasar la ventana en que quizá una reforma tributaria más audaz habría podido reducir el peso del crédito extranjero. Ninguno diseñó la trampa, pero todos operaron dentro de ella.

La huella se prolongó mucho más allá de sus vidas. El default de 1826 pesó sobre el crédito colombiano hasta las renegociaciones de mediados de siglo; la deuda Mackintosh dominó las relaciones con Londres hasta 1857; los bonos de la Independencia se convirtieron, entre 1843 y 1899, en la palanca principal para el reparto de baldíos y, con ellos, para la reconfiguración de la gran propiedad agraria. La sensación de fragilidad financiera del Estado —de vivir sujeto a acreedores externos, de pagar en tierra lo que no se podía pagar en oro— se instaló como componente estable de la cultura política nacional. Las armas que ganaron Boyacá y Carabobo, los uniformes que vistieron a los soldados en Pichincha y Ayacucho, se pagaron con bonos que, un siglo más tarde, todavía condicionaban la política de tierras y las relaciones diplomáticas del país.

Véase también