Boyacá

El altiplano antes de España

Cuando las huestes de Jiménez de Quesada remontaron el Magdalena en 1537, encontraron en las tierras altas y mesetas de los actuales Boyacá y Cundinamarca la sociedad indígena más densa y organizada de todo el territorio que sería Colombia. Los muiscas —hablantes de una lengua chibcha— habían levantado comunidades agrícolas populosas y una economía compleja articulada por mercados que se celebraban cada cuatro días en los principales centros del altiplano.

La cúspide política estaba dividida entre dos señores: el Zipa, con asiento en Bacatá, y el Zaque, con asiento en Hunza. Su soberanía era nominal más que efectiva: bajo ellos operaban caciques locales con poder propio, y algunas evidencias sugieren un dualismo o sistema de mitades al interior de los cacicazgos. Eduardo Londoño ha propuesto, para Tunja y Ramiriquí, la existencia de dinastías paralelas. Esta arquitectura política fragmentada, más que la fábula de una guerra civil entre Zipa y Zaque que los cronistas tardíos inventaron para explicar la conquista, es lo que conviene retener: Boyacá empieza siendo un espacio de coexistencia entre poderes rivales, no un reino unificado.

La economía muisca del Zaque descansaba sobre dos monopolios geográficos. Las minas de esmeraldas de Somondoco —hoy en el suroriente boyacense— estaban bajo su control, y de allí obtenía el Zipa las gemas de las que carecían sus dominios. Sal, esmeraldas, coca y telas de algodón eran los grandes productos de intercambio, que salían por rutas de larga distancia hacia el valle del Magdalena y regresaban convertidos en oro, plumas, aves y yopo. El oro que consumía el Zipa provenía de Neiva y otros puntos del Magdalena; la coca y el algodón, que el frío del altiplano impedía cultivar, llegaban también del comercio con pueblos de tierra caliente. La opulencia muisca era, así, una opulencia comercial: dependía menos de recursos locales que de una red de intercambios que atravesaba media Cordillera Oriental.

Sobre esa población se estratificaban ya diferencias internas. Estudios decimonónicos sobre restos craneales en cementerios del altiplano y variaciones dialectales sugirieron que la ocupación chibcha se había superpuesto a pueblos anteriores subyugados; una hipótesis moldeada por las categorías raciales del siglo XIX, pero que en todo caso desmiente la imagen de un altiplano culturalmente homogéneo. Boyacá, desde antes de España, era ya palimpsesto.

Hunza se vuelve Tunja

La fundación de Tunja el 6 de agosto de 1539 por Gonzalo Suárez Rendón, capitán de la hueste de Quesada, fue un acto deliberadamente palimpséstico: la ciudad española se levantó sobre el sitio exacto que había ocupado la capital de los zaques. La operación no era solo simbólica. La densa población indígena del altiplano era, precisamente, el recurso que hacía atractiva la conquista, y trazar la ciudad sobre Hunza permitía capturar de un golpe la infraestructura territorial y la mano de obra muisca.

El sistema que hizo posible la Tunja colonial fue la encomienda. Hacia 1550-1560 existían aproximadamente 108 encomiendas entre Tunja y Santafé, pero de los 265 conquistadores de las expediciones de 1537-1543 solo 90 conservaron o ganaron una: los demás quedaron como simples vecinos. La ciudad se organizó como una jerarquía estricta de encomenderos rodeada por una masa de españoles pobres, ambos viviendo del trabajo de los indios tributarios. La mita urbana sostuvo la construcción y el mantenimiento de iglesias, conventos y casas señoriales; los indios de las encomiendas rurales abastecían el mercado de víveres.

La planificación del territorio corrió por cuenta de la Audiencia. El licenciado Luis Henríquez, oidor, visitó personalmente o por medio del escribano Rodrigo Zapata los sitios donde debían levantarse los pueblos de indios en Cundinamarca y Boyacá, y expidió instrucciones a los encomenderos: dónde poner la plaza, dónde la iglesia, cómo trazar las calles y —detalle brutal— cómo quemar los antiguos asentamientos para forzar el traslado. Los pueblos boyacenses que hoy parecen inmemoriales nacieron así, por orden del oidor, sobre las cenizas literales del mundo muisca.

La opulencia inicial fue engañosa. Los encomenderos de Tunja labraron casas costosas cuyas portadas decoraron con escudos de armas, y la ciudad se consolidó como núcleo culto, con conventos que atrajeron artistas y donaciones. Pero ciento cincuenta años después de fundada, Tunja no reunía más de 500 vecinos españoles. El motivo era el colapso demográfico indígena que asoló todo el altiplano y toda la Nueva Granada, y que obligó en el siglo XVII a agregar pueblos para no perder los últimos brazos tributarios. La ciudad llevaba en sí el germen de su decadencia: montada sobre mano de obra indígena, monopolios y sueldos coloniales, se marchitaba con ella. En el siglo XVIII, mientras Santafé crecía como sede virreinal, Tunja se replegaba en su meseta.

La provincia de la independencia

El siglo XIX rescató a Tunja de esa marginalidad melancólica y la convirtió, casi contra su propia inercia, en escenario fundacional de la República. El proceso empezó con el juntismo. El 20 de julio de 1810 estalló en Santafé, y apenas cinco días después, el 25 de julio, se conformó en Tunja una Junta de Gobierno. La provincia se sumaba al movimiento con una prontitud que anunciaba su temperamento político: sería federalista.

El 27 de noviembre de 1811, las provincias de Antioquia, Cartagena, Pamplona, Neiva y Tunja se constituyeron en las Provincias Unidas de Nueva Granada, con una constitución federal frente al centralismo que Antonio Nariño defendía desde Cundinamarca. El conflicto entre ambos proyectos —el eje político de la llamada Patria Boba— tuvo a Tunja como capital efectiva de la causa federal, bajo el liderazgo intelectual de Camilo Torres. Hubo choques militares: el general Antonio Baraya, que operaba bajo Nariño, desertó en marzo de 1812 y se pasó al Congreso; fuerzas de Nariño y de Tunja se enfrentaron en el terreno sin que las negociaciones posteriores sellaran acuerdo alguno. La Provincia de Tunja no era simplemente periferia de la disputa: era uno de sus dos polos.

La reconquista española de 1815-1816 borró temporalmente esa geografía política, pero la campaña libertadora de 1819 la restauró. A finales de mayo de ese año, en Mantecal, Bolívar reunió un consejo de oficiales y expuso el plan que juzgaban temerario incluso los propios patriotas: cruzar los Llanos en la temporada de lluvias, escalar los Andes por el páramo de Pisba y caer sobre la retaguardia realista en el altiplano. La marcha remontó Guasdualito, el Arauca y Tame, donde las fuerzas de Bolívar y Santander confluyeron con la vanguardia de José Antonio Anzoátegui y las lanzas llaneras de Juan José Rondón.

Las batallas decisivas se libraron todas en la Provincia de Tunja. El 1 de julio, el 23 de julio —victoria en el Pantano de Vargas, donde la carga de Rondón salvó la jornada— y, finalmente, el 7 de agosto de 1819, la batalla de Boyacá. En un puente sobre el río Teatinos, a pocos kilómetros de Tunja, el ejército del coronel José María Barreiro fue destrozado en poco más de dos horas. El propio Barreiro fue apresado por un joven boyacense de quince años, Pedro Pascasio Martínez, que rechazó los sobornos del prisionero y lo entregó al mando patriota. La gran mayoría de jefes, oficiales y tropas realistas quedaron capturados. Al día siguiente el virrey y las autoridades españolas huyeron de Santafé, y Bolívar entró a la capital sin resistencia.

La consecuencia inmediata fue política: liberada Nueva Granada, se abría el camino para la creación de la República de Colombia —la Gran Colombia—, proclamada meses después en el Congreso de Angostura. La consecuencia simbólica fue duradera: Boyacá quedó inscrita en la fundación misma del Estado. Su territorio, que había sido puente entre los Llanos y la capital, se convirtió en el lugar donde se ganó la independencia, y el 7 de agosto, en la fecha civil por excelencia de la nación. La provincia rezagada por el colapso indígena era ahora cuna republicana.

Detrás de la épica había, sin embargo, un dato menos glorioso: la campaña había podido sostenerse porque el terror español de la reconquista había afectado a todos los grupos sociales, y campesinos y sectores populares del altiplano se sumaron progresivamente a una causa que empezaba a parecerles idea compartida de salvación. La independencia boyacense fue tanto obra de la élite criolla como del campesinado que se dejó reclutar por el ejército libertador. Ese doble origen —heroico y popular— será el suelo sobre el cual la República construirá, con el correr del siglo, la imagen del ruanero como pueblo raíz.

Hacienda, resguardo y minifundio

Debajo de la historia política, la estructura agraria del altiplano cundiboyacense seguía siendo la que había dejado la Colonia. La concentración de mano de obra muisca y la benignidad del clima para los europeos habían convertido a la franja entre Bogotá y Tunja, desde el siglo XVI, en tierra de encomiendas, latifundios y haciendas de órdenes religiosas y de descendientes de españoles. La independencia no modificó ese cuadro: sustituyó al Rey por la República, pero mantuvo intactas las jerarquías de propiedad.

El siglo XIX vio consolidarse en Cundinamarca y Boyacá haciendas agrícolas y ganaderas que emplearon considerable población indígena y mestiza bajo relaciones principalmente serviles: concertaje, arrendamiento con obligación de trabajo, aparcería. Junto a ellas, dos procesos alimentaron el nacimiento de un campesinado parcelario. En zonas como Choachí, el Valle de Tenza, Saucio, Tenjo, Duitama y Sogamoso, vecinos pobres ocuparon sectores de los resguardos —cuya disolución avanzó a lo largo del siglo— y, en algunos casos, arrendatarios o concertados de haciendas descompuestas accedieron a la tierra por fragmentación de los antiguos dominios. Emergió así el minifundio boyacense: parcelas diminutas en ladera, insuficientes para sostener una familia sin trabajo asalariado complementario, cultivadas con papa, trigo y maíz.

La productividad era baja. En las haciendas ganaderas se introdujeron nuevas variedades de trigo y de papa, pero la trilla se seguía haciendo, hasta bien entrado el siglo XIX, echando bestias sobre montones de trigo segado. Después de 1870 aparecieron algunas trilladoras mecánicas, y en la última década del siglo la Sabana de Bogotá contaba con una trilladora de vapor y unas veinte movidas por mulas: la industrialización agrícola del altiplano avanzaba a paso de mula, literalmente.

A finales del siglo XIX, la presión demográfica en las zonas minifundistas de Boyacá se hizo insostenible. La migración se abrió como válvula de escape, sobre todo hacia las zonas de colonización cafetera del occidente cundinamarqués, Tolima y Antioquia. El sistema de arrendamiento con que las haciendas cafeteras pagaban a su fuerza de trabajo, tomado de las pequeñas plantaciones de caña del occidente de Cundinamarca, era similar en muchos aspectos al vigente en las tierras altas cundiboyacenses; se lo consideraba adecuado a las características peculiares del campesino boyacense, y esa adecuación —parcial, provisional, más ideológica que técnica— facilitó el trasplante de brazos boyacenses al naciente eje cafetero. La misma sociedad criolla que exportaba trabajadores exportaba también los prejuicios coloniales sobre ellos: el geógrafo Francisco Javier Vergara y Velasco, en su geografía de 1901, reiteró los argumentos tradicionales sobre la naturaleza del campesino boyacense, argumentos herederos directos de la jerarquía de castas.

Ya en el siglo XX, y sobre todo tras 1950, el eje cundiboyacense se consolidaría como corredor de complejos agroindustriales, industriales y mineros: Bogotá, la Sabana Centro con Tocancipá, Chía, Cajicá, Nemocón, Tabio, Cota y Zipaquirá, hasta el distrito industrial de Duitama y el complejo turístico de Paipa. Pero esa modernización convivió con la persistencia del minifundio precario en las provincias altas, donde la estructura agraria heredada de la Colonia siguió determinando la vida de miles de familias.

El bastión conservador

Si la fisonomía agraria de Boyacá era la del minifundio en la ladera y el latifundio en el valle, su fisonomía política, desde mediados del siglo XIX y hasta bien entrado el XX, fue la del conservadurismo. La adhesión no fue uniforme ni universal —hubo liberalismo boyacense, y fuerte—, pero sí lo bastante estable como para hacer del departamento uno de los pilares de la Regeneración y de la Hegemonía Conservadora.

El caso paradigmático es el de la vereda Chulavita, en el municipio boyacense de Boavita, cuyo nombre pasaría a la historia nacional. Desde 1837, según la tradición, esa vereda volcó su adhesión incondicional al Partido Conservador, y su nombre terminaría, un siglo después, designando —bajo la forma "chulavita" o "chulativa"— a las fuerzas de policía conservadoras de la primera ola de la Violencia. La etimología es discutida, pero la carga simbólica no: Chulavita era, para el imaginario nacional, la abreviatura de un conservadurismo campesino, católico, terco y armado, que la geografía y la historia identificaban con Boyacá.

En las primeras décadas del siglo XX, el departamento fue plataforma política de figuras nacionales. Rafael Reyes, oriundo del Cocuy boyacense, ocupó la presidencia y durante el llamado Quinquenio (hasta 1909) impuso una reorganización autoritaria del Estado; durante su gobierno se mejoraron carreteras en Cundinamarca y Boyacá, señal temprana de la integración vial que solo el siglo XX completaría. La Hegemonía Conservadora que dominó Colombia entre 1886 y 1930 se sostuvo sobre la Constitución de 1886 y su centralismo político-administrativo, y Boyacá aportó a esa hegemonía tanto votos como cuadros. El regionalismo y el caudillismo, sin los cuales no puede comprenderse la dinámica de los partidos colombianos del siglo XIX, siguieron articulando la política departamental al menos durante las primeras décadas del XX, y las redes de poder local de base hacendil continuaron siendo el sustrato efectivo de la lealtad partidista.

Las cifras de las asambleas departamentales de 1929-1931 y 1931-1933 —60.859 votos conservadores contra 42.512 liberales en el primer período; 63.291 contra 51.480 en el segundo— confirman el predominio, ya en tiempos de la República Liberal que en Boyacá tardaría más en implantarse. El departamento no era monolítico: la competencia era real y las minorías liberales, sustanciales. Pero la balanza se inclinaba, y esa inclinación tendría consecuencias trágicas.

La Violencia baja del páramo

El 9 de abril de 1948, tras el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán en Bogotá, Colombia se encendió. En Boyacá, la reacción no fue de duelo sino de movilización armada del bando contrario. El gobernador conservador —don Chepe Villareal— convocó a los conservadores mayores de dieciocho años para defender el gobierno, la patria y la Iglesia, y los organizó en comisiones con misiones diferenciadas, entre ellas la de marchar sobre Bogotá.

En Boavita, la escena fue todavía más nítida. Bajo la orientación del cura párroco —el padre Goyo— y de un sargento de apellido Sánchez, se formaron grupos de hombres con encargos precisos: detener a los liberales del Cocuy, defender el pueblo y alistarse para el descenso hacia la capital. El detalle importa: la contramovilización conservadora del 9 de abril en Boyacá no fue improvisada ni respondía únicamente a órdenes bogotanas. Tenía raíces municipales, párrocos que actuaban como oficiales de un ejército paralelo y una capacidad de organización local que solo décadas de sedimentación política pueden explicar. Boyacá no fue instrumento pasivo del centralismo conservador; fue uno de sus laboratorios.

La violencia, sin embargo, no había empezado el 9 de abril. Desde el cambio de gobierno en 1946, el presidente Mariano Ospina Pérez había nombrado gobernador conservador de Boyacá a Valderrama, quien emprendió una revancha partidista mediante técnicas directas, simples y brutales: llenó la policía departamental con simpatizantes conservadores, destituyó empleados públicos liberales, intimidó a portadores de cédulas del partido rival, permitió el despojo de tierras y encubrió asesinatos. Los latifundistas boyacenses aprovecharon la violencia para recuperar tierras perdidas tras las reformas agrarias liberales de los años treinta o para crear nuevos latifundios. La Violencia no era un fenómeno abstracto: era, en el altiplano, una reconcentración de la propiedad rural por métodos criminales.

La irradiación regional del conflicto boyacense fue profunda. Los liberales expulsados o amenazados buscaron refugio en tierras bajas, y durante los años cincuenta la violencia partidista se extendió a los Llanos Orientales, donde la población campesina se organizó en guerrillas móviles. Las guerrillas llaneras aprendieron pronto a nombrar al enemigo: llamaban a las fuerzas oficiales "chulavitas", "chulavos", "chunchullo", "Guates", "Paisanitos", "Chatos", "Patones" e "indios" —una taxonomía despectiva que identificaba la represión estatal con el contingente boyacense conservador. El 22 de julio de 1952, la emboscada de El Turpial dejó 96 miembros de las Fuerzas Armadas en el campo: una demostración de que la guerrilla llanera ya no era protesta sino ejército.

En el altiplano, la mecánica de la violencia era distinta pero no menos letal: menos batallas y más asesinatos selectivos, incendios de fincas, desplazamientos y despojos que reconfiguraron la propiedad rural en las provincias. Cuando Gustavo Rojas Pinilla llegó al poder en 1953, buena parte de Boyacá estaba sometida a una guerra civil larvada de baja intensidad cuyos protagonistas eran vecinos.

Las guerras verdes y los años del carbón

La segunda mitad del siglo XX añadió al palimpsesto boyacense una nueva capa: la economía extractiva de gran escala y la violencia armada asociada a ella. En Paz del Río, cerca de Sogamoso, se instaló el gran centro siderúrgico que abastecía la demanda nacional de hierro y acero, y su existencia —junto con la disponibilidad de energía eléctrica— impulsó el desarrollo industrial de Sogamoso y Duitama. El corredor industrial boyacense empezó a modernizar la fisonomía del norte del departamento, incluso mientras las provincias occidentales entraban en un ciclo distinto y más oscuro.

Ese ciclo fue el de las esmeraldas. Las minas de Muzo, Coscuez y Chivor —herederas directas del viejo control zaque sobre Somondoco— pasaron durante buena parte del siglo XX bajo un monopolio estatal ejercido por el Banco de la República. Desde los años sesenta, los llamados patrones esmeralderos trabajaron sistemáticamente para socavar ese régimen: mediante redes políticas, sobornos a funcionarios, guaqueo clandestino y presión armada, buscaban legalizar sus fortunas y ser reconocidos como empresarios mineros legales. Con el tiempo, la administración de las minas por el Banco terminó por colapsar, y el negocio pasó a manos de los patrones.

La transición fue sangrienta. La primera "guerra verde" estalló a finales de los años sesenta y comienzos de los setenta, en el occidente de Boyacá, con repercusiones en Chiquinquirá y Bogotá. La tercera se extendió durante los años ochenta y sumó al conflicto esmeraldero el factor externo del narcotráfico: Gonzalo Rodríguez Gacha, del cartel de Medellín, intentó tomar por asalto el cinturón esmeraldífero. Su muerte, el 16 de diciembre de 1989, desalentó la violencia; tras ella, Víctor Carranza —el más poderoso de los patrones— buscó un acuerdo de paz con los bandos contrarios mediante intermediación de la Iglesia católica, que puso fin a esa tercera guerra.

La paz duró poco y fue una paz armada. En la década siguiente, el occidente boyacense se convirtió en escenario de la incursión paramilitar. El Bloque Elmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia, bajo el mando de Fredy Rendón Herrera —alias El Alemán—, fue llevado desde el Urabá hasta Boyacá por el narcotraficante Yesid Nieto, con contactos en el Guaviare. El Frente Héroes de Boyacá, adscrito al mismo bloque, asesinó a más de un centenar de personas y disputó el control del cinturón esmeraldífero, incluida la zona de Maripí, con otros bloques paramilitares del Magdalena Medio y de Cundinamarca. Antes había ocurrido, en el Magdalena Medio, la consolidación desde 1981 del grupo Muerte a Secuestradores —MAS, cuyos hombres fueron apodados "Masetos"— y el fortalecimiento de las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá y del Magdalena Medio, estructuras seminales del paramilitarismo colombiano cuya órbita tocó de lleno el occidente boyacense.

Las FARC, creadas en 1964, entraron también en la ecuación. Desde finales de los años sesenta, el Frente IV hizo presencia en el Magdalena Medio y, a partir de la provincia del Sumapaz y con apoyo del movimiento agrario en Yacopí, la guerrilla se expandió hacia el occidente cundinamarqués e incursionó en Boyacá. El departamento nunca fue frente principal del conflicto armado nacional, pero sus zonas de frontera —el Magdalena Medio, el piedemonte llanero, el occidente esmeraldero— quedaron inscritas en la geografía general de la guerra. Todavía en 2014 se identificaría en Boyacá una alianza presunta entre comerciantes y Los Urabeños destinada a controlar las subregiones de Occidente y Centro —incluida Tunja—, con nexos entre el negocio esmeraldero, el lavado de dinero del narcotráfico y las rutas de drogas.

Los recursos minerales de Colombia —esmeraldas, carbón, hierro, metales preciosos— fueron señalados por Luis López de Mesa como factores importantes, en algunos momentos, para la viabilidad fiscal del Estado y para proveer ingresos mínimos a algunos colombianos. El caso boyacense demuestra, con la crudeza del occidente y de Muzo, que ese aporte fiscal tuvo un costo humano proporcional.

El ruanero como emblema

Al mismo tiempo que Boyacá sufría estas capas sucesivas de despojo y violencia, el imaginario nacional construía sobre ella una figura opuesta: la del campesino ruanero como reserva moral de la República. La imagen tiene fuentes múltiples. Está la memoria del 7 de agosto de 1819 y de Pedro Pascasio Martínez, el niño boyacense insobornable que capturó a Barreiro y rechazó su oro. Está la longevidad del conservadurismo católico y la asociación entre Boyacá y la Iglesia como pilares del orden. Está la persistencia de una economía campesina de minifundio que, vista desde Bogotá, aparecía como reserva de virtudes agrarias en un país que se urbanizaba.

Los prejuicios coloniales raciales que describían al campesino boyacense a partir de la jerarquía de castas persistieron hasta el siglo XX, y se filtraron incluso en dispositivos culturales de la modernidad. En las comedias televisivas colombianas anteriores a 1983, el personaje boyacense —"un boyacense de toda la papa"— fue uno de los estereotipos regionales que estructuraban el humor geográfico, y solo a partir de series como Dejémonos de vainas se intentaría, con éxito parcial, superar ese modelo. En los concursos nacionales de belleza, la Señorita Boyacá era descrita con rasgos exclusivamente blancos —piel, cabello y ojos—, en un contraste elocuente con la iconografía de los campesinos que evocaban los reportajes conmemorativos de la Batalla de Boyacá. La región era, a la vez, cuna épica y objeto de humor; sus mujeres, blancas en la representación oficial; sus hombres, morenos y toscos en la caricatura popular. El ruanero era, según el uso, héroe o payaso.

La dieta contaba también su parte. Los hábitos alimentarios del campesino boyacense presentaban una escasa presencia de carne bovina, con raciones apenas ocasionales de bistec y carne salada, y ese patrón no habría cambiado sustancialmente hasta la actualidad. La continuidad de la vida material desmentía la retórica de la modernidad.

Frente a esos estereotipos, el propio departamento producía su respuesta cultural. El pintor Jesús María Zamora (1871-1949), boyacense, cultivó desde alrededor de 1900 el género paisajístico que constituyó uno de los indicios de la modernidad artística colombiana; su mirada al altiplano ofrecía una versión de Boyacá distinta a la de la caricatura capitalina. En el siglo XXI, el ciclista Nairo Quintana, nacido en Cómbita, actualizaría el emblema del campesino resistente al llevar la ruana simbólica hasta los podios del Tour de Francia y el Giro de Italia, convirtiendo la altura del páramo en ventaja competitiva y en orgullo nacional.

La huella

Boyacá dejó a Colombia mucho más que un campo de batalla y un festivo cívico. Le dejó la infraestructura simbólica de su fundación republicana: el 7 de agosto como fecha civil por excelencia, el nombre mismo del departamento inscrito en el orden constitucional, el Puente de Boyacá como lugar de memoria oficial. Le dejó también una geografía política que atravesó siglo y medio: el eje conservador que sostuvo la Regeneración, la Hegemonía y buena parte de la resistencia a la República Liberal, con presidentes como Rafael Reyes que salieron de sus provincias, y con Enrique Olaya Herrera —también boyacense, aunque de raíz liberal— inaugurando en 1930 el ciclo opuesto.

Le dejó, además, una economía que integra la República: el hierro de Paz del Río, el acero de Sogamoso, las esmeraldas del occidente, el corredor industrial Duitama-Sogamoso-Paipa, el minifundio de papa y trigo que sigue abasteciendo la Sabana. Le dejó ciudades cuya memoria arquitectónica —Tunja colonial, Villa de Leyva, Monguí, Ráquira— fija en piedra el paso de las capas históricas.

Y le dejó una lección incómoda sobre la construcción de identidades regionales. El ruanero heroico, moral, católico y trabajador que el centralismo bogotano y las propias élites boyacenses fabricaron a lo largo de los siglos XIX y XX es una figura que ha servido, simultáneamente, para dignificar a un pueblo y para ocultar la continuidad del despojo que ese pueblo ha padecido. Bajo la épica del 7 de agosto se extienden la mita urbana de la Tunja colonial, el resguardo disuelto, el minifundio insuficiente, la revancha partidista de 1946, el destierro de los liberales, la reconcentración latifundista de La Violencia, las guerras verdes y la incursión paramilitar. El palimpsesto boyacense se lee en las dos direcciones: hacia arriba, es cuna de la nación; hacia abajo, es archivo de sus modos recurrentes de extracción y violencia. Ninguna de las dos lecturas anula a la otra; ambas son, precisamente, lo que hace de Boyacá una entidad central —y no periférica— en la historia de Colombia.