Investigación Acción Participativa

La Investigación Acción Participativa —IAP para el gremio, para los campesinos de la Costa y los cabildos del Cauca, para las oficinas de cooperación internacional que la citan hoy sin sospechar su filo original— es un método de producción de conocimiento nacido en Colombia hacia 1970 que propone algo aparentemente sencillo y en el fondo insurgente: que el investigador no observe a la comunidad desde afuera, sino que se inserte en ella, adopte su perspectiva y construya con ella una ciencia propia capaz de contrarrestar el colonialismo intelectual. No es una técnica de encuesta ni un manual de trabajo social. Es una apuesta epistemológica y política concebida por Orlando Fals Borda y un grupo de intelectuales que rompieron con la sociología académica para trabajar codo a codo con la ANUC en Córdoba, con los baluartes campesinos de la Costa Atlántica, con los indígenas del CRIC. Su vida colombiana atraviesa medio siglo y una violencia intensa: entre 1982 y 1998, mientras el narcotráfico y el paramilitarismo desmontaban a sus interlocutores comunitarios más lúcidos, la IAP se transformó, se institucionalizó, entró a la Constitución de 1991 vestida de democracia participativa y salió del período convertida en algo distinto —difundida por el mundo, canonizada en las universidades, pero despojada, en buena parte, de las aristas que Fals Borda había reconocido como fundacionales.

La semblanza

La IAP no es una escuela sociológica más ni un tecnicismo metodológico. Es una manera de estar en el mundo académico —o, mejor, de rehusarse a estar en él bajo sus términos convencionales— que combina tres exigencias simultáneas: producir conocimiento riguroso, transformar la realidad estudiada y hacerlo desde adentro, como miembro voluntario de la comunidad y no como director externo.

En su formulación falsbordiana, la IAP sustituyó la observación participante clásica de la etnografía por lo que llamó observación militante: una inserción del investigador que no oculta su compromiso, sino que lo asume como condición del conocimiento. Fals Borda atribuyó el desarrollo del enfoque a autores marxistas —Lenin, Mao, el general vietnamita Vo Nguyen Giap—, lo que revela desde el nacimiento el tono de la operación: no una sociología aplicada a los pobres, sino una teoría del conocimiento pensada desde una posición de combate intelectual contra el orden dominante.

Su núcleo epistemológico es la relación horizontal entre el conocimiento científico y el conocimiento popular. La IAP sostiene que ambos deben converger hacia una ciencia propia —título de uno de los libros más citados de Fals Borda, publicado en Bogotá en 1983—, capaz de contrarrestar el colonialismo intelectual que subordina la academia latinoamericana a marcos teóricos europeos y norteamericanos. Pensar con y no sobre las prácticas y discursos populares: en esa preposición mínima se juega todo el desplazamiento. El investigador abandona su rol de académico externo, reorienta sus marcos de referencia hacia los sentimientos y la vida de la comunidad, y renuncia a ser el único agente que define objetivos y métodos del trabajo.

Su importancia histórica en Colombia es doble. Fue el vehículo intelectual con el que una generación de sociólogos, sacerdotes, economistas y activistas acompañó las movilizaciones campesinas e indígenas de los años setenta, y fue también, tres décadas después, uno de los referentes menos nombrados pero más presentes en el vocabulario participativo de la Constitución de 1991. Entre esas dos orillas transcurrió su vida colombiana, y entre ellas se produjo su mutación más profunda.

Los orígenes

La IAP no surgió por generación espontánea. Su prehistoria está en el Departamento de Sociología de la Universidad Nacional, donde Fals Borda y el sacerdote Camilo Torres Restrepo colaboraron en los primeros años sesenta en el diseño del currículo y en los grupos de trabajo que definieron la orientación de la disciplina en Colombia. El 5 de agosto de 1960, en una sesión de cuatro horas del comité consultivo del departamento, se conformó un grupo de trabajo con Fals Borda, Torres, el economista Aníbal Quijano y Andrew Pearce, que aprobó un currículo de sociología de tres años. Aquella sesión importa porque allí se cocinó, entre café y borradores, la mezcla que años después alimentaría la IAP: la sociología como saber comprometido, la voluntad de mirar América Latina con categorías propias, la sospecha frente a los modelos importados.

De ese suelo académico salió también la primera obra colombiana que hizo temblar la línea entre investigación y compromiso: La violencia en Colombia, publicada como Monografía No. 12 de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional, coescrita por Fals Borda con el sacerdote Germán Guzmán y el abogado Eduardo Umaña Luna. El libro convirtió el fenómeno de la violencia colombiana —el bipartidismo desangrado de los años cincuenta— en objeto de análisis sociológico serio y en denuncia pública. Fue el ensayo general de una sociología que ya no aceptaba el papel neutral que la disciplina se había asignado a sí misma.

El salto propiamente iapista, sin embargo, ocurrió afuera del claustro. Fals Borda situó el nacimiento de la IAP hacia 1970, simultáneamente en la Costa colombiana y en regiones campesinas de India y Brasil. La palabra clave es afuera. Una de las razones fundacionales del método —él mismo la formuló así, con una autocrítica que casi es coquetería— fue protestar contra la rutina universitaria colonizada por la cultura del Occidente euroamericano, que impedía descubrir y valorar las propias realidades latinoamericanas. Trabajar fuera de los claustros no fue accidente ni exilio: fue estrategia deliberada de independencia frente a una academia que Fals Borda consideraba estructuralmente incapaz de producir el tipo de conocimiento que Colombia necesitaba.

Detrás de esta decisión había también una identidad ideológica que Fals Borda asumió y refrendó públicamente. Gerardo Molina, dirigente político e intelectual, lo catalogó como socialista humanista en su libro clásico sobre las ideas socialistas en Colombia, y el propio Fals Borda reconoció esa etiqueta como marco de sus preocupaciones —la preferencia por la democracia, la participación, la dignidad de los saberes populares— y como razón de su participación en la articulación temprana del método. La dedicatoria que en 2008 escribió al reeditar La subversión en Colombia, en memoria de Camilo Torres Restrepo, "fundador del Socialismo Raizal e impulsor de los primeros esfuerzos para alcanzarlo en Colombia", muestra cuán tenaz fue esa autoubicación política a lo largo de cuatro décadas. El giro no era retórico: al llamarse socialista humanista, Fals Borda estaba marcando distancia de dos vecinos incómodos, el marxismo de manual y el reformismo tecnocrático, y reclamando un lugar propio en el que la revolución cultural precede y sostiene a la política. La IAP fue, entre otras cosas, la traducción metodológica de esa ubicación: un modo de hacer ciencia que exigía tomar partido sin someterse a partido.

La trayectoria

Los años setenta: la IAP en la Costa

El primer laboratorio fue la Costa Atlántica. En 1973 apareció Capitalismo, hacienda y poblamiento en la Costa Atlántica, obra que Fals Borda concibió como el primer intento documental y pedagógico dirigido al campesinado costeño, y que sería semillero de los cuatro tomos posteriores de la Historia doble de la Costa. El libro nació entretejido con un movimiento social específico: la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC, creada el 7 de julio de 1970 al final del gobierno de Carlos Lleras Restrepo, y que llegó a contar con entre 800.000 y 845.000 usuarios inscritos según distintas estimaciones.

La IAP funcionó en la Costa como método y como praxis simultáneas. Los llamados baluartes de autogestión campesina —también denominados empresas comunitarias populares— fueron el dispositivo organizativo donde el método aterrizó. La ANUC de Córdoba publicó en 1973 los estatutos modelo para formarlos, y en 1974 preparó un folleto explicativo. La Fundación del Caribe, vinculada al mismo entorno intelectual, elaboró ese año reflexiones sobre la situación de los experimentos autogestionarios. Ahí, entre Montería, Sincelejo y San Andrés de Sotavento, la IAP se probó a sí misma: los investigadores no llegaban con cuestionarios, sino con la disposición de aprender la historia local, devolverla convertida en material formativo y acompañar procesos concretos de recuperación de tierras y organización comunitaria. El acompañamiento tenía una consecuencia poco reconocida: el investigador quedaba expuesto a los mismos riesgos que el campesino que lo hospedaba. Esa exposición compartida, más que cualquier tratado epistemológico, era la garantía material de que la horizontalidad no fuera un adorno del discurso.

La Historia doble de la Costa —cuyos cuatro tomos aparecerían entre finales de los setenta y mediados de los ochenta— es la obra en que Fals Borda llevó al extremo su propuesta metodológica. Tiene dos canales narrativos paralelos: uno con el relato accesible al lector no especializado, otro con los datos, notas y aparato erudito. Fals Borda defendió allí el uso declarado de la imaginación y de la ideología como práctica científica legítima. Imaginó al pueblo Zenú de Jegua cuando llegaron los Heredia; llamó Mascachochas al general Tomás Cipriano de Mosquera y fabuló una brigada aérea de mariapalitos venenosas mordiéndolo en una ceremonia masónica en Cartagena. No eran licencias literarias: eran demostración práctica de que la imaginación controlada, cuando se la reconoce y se la sitúa, puede formar parte del método científico sin traicionarlo.

1982-1998: la mutación bajo el fuego

Aquí la historia se vuelve más difícil de contar sin traicionar sus tensiones. La IAP entró a los años ochenta como método consolidado, con una red de practicantes en varias regiones, con vínculos internacionales fuertes —Anisur Rahman, Paulo Freire, las redes de educación popular— y con una influencia creciente en universidades y ONG. Salió de los años noventa siendo otra cosa: más difundida, más institucionalizada, más visible en el vocabulario oficial, pero también decapitada en muchos de sus territorios originarios.

La violencia paramilitar y guerrillera de esas dos décadas fue el gran fenómeno que reconfiguró la IAP sin que sus practicantes tuvieran los recursos para procesarlo teóricamente en tiempo real. En los Montes de María, en el resguardo de San Andrés de Sotavento —el mismo territorio que había sido laboratorio del método en los setenta—, los campesinos e indígenas que habían recuperado tierras a comienzos de esa década las vendieron a finales de los ochenta a los mismos terratenientes contra quienes habían luchado. La reversión no fue casual ni pacífica: fue el resultado del cerco combinado de guerrillas, paramilitares y presión terrateniente. El movimiento campesino de los setenta había sido visto simultáneamente como amenaza revolucionaria por élites propietarias y como base a controlar por guerrillas, y esa doble presión terminó desmontando físicamente los logros organizativos. Los investigadores que habían acompañado el ciclo ascendente se encontraron, una década después, escribiendo elegías de procesos que ellos mismos habían ayudado a levantar. El género literario cambió sin que el método tuviera tiempo de reformularse: de la cartilla formativa se pasó al informe de derechos humanos, y de la sistematización de experiencias a la denuncia de asesinatos.

El exterminio de la Unión Patriótica —reconocido como genocidio político por jueces del proceso de Justicia y Paz en diciembre de 2012, y por el presidente Juan Manuel Santos en septiembre de 2016— tuvo un efecto epistémico sobre la IAP que rara vez se nombra en esos términos. La UP no era solo un partido: era también, en muchas regiones, el conjunto de dirigentes comunitarios, sindicales y campesinos que constituían los interlocutores naturales del método participativo. Su asesinato sistemático instaló en el imaginario colectivo la percepción de que los movimientos y partidos alternativos ya no eran viables, y produjo un miedo estructural que inhibió la participación política y la formación de nuevos cuadros. La IAP quedó sin buena parte de sus sujetos colectivos. El investigador militante podía seguir queriendo insertarse en la comunidad, pero la comunidad organizada —esa que había firmado los estatutos de los baluartes, que había recuperado hectáreas, que había levantado cabildos— estaba siendo asesinada.

A este vaciamiento se sumó otro proceso, en apariencia opuesto pero convergente en sus efectos: la institucionalización. La Constitución de 1991 consagró desde su artículo primero que Colombia es una democracia participativa y pluralista, y estableció como uno de los fines primordiales del Estado facilitar la participación de todos los ciudadanos en las decisiones que los afectan. Introdujo mecanismos de participación directa —la tutela, las acciones populares, la iniciativa popular legislativa—, consolidó el proceso de descentralización iniciado en 1986 con la elección popular de alcaldes, y creó dos escaños adicionales en el Senado para representantes indígenas junto a los cien miembros de la circunscripción nacional.

El vocabulario constitucional era, en muchos aspectos, tributario del léxico que Fals Borda y sus compañeros habían venido puliendo desde los setenta. La perspectiva de la Asamblea Nacional Constituyente animó a grupos insurgentes como el Quintín Lame, el PRT y el EPL a acelerar negociaciones y desmovilizarse en 1990-1991 para participar en su formulación. La participación ciudadana por fuera de los cauces constitucionales establecidos contribuyó también al proceso. La IAP no se firmó en Constitución, pero su gramática —participación, saberes populares, reconocimiento pluriétnico, ciudadanía activa— quedó inscrita en la carta.

Y sin embargo, la propia inscripción constitucional planteó lo que Fals Borda formuló como pregunta abierta: si la creciente institucionalización de la IAP en universidades y en el Estado del Tercer Mundo representaba un avance o un retroceso. Su respuesta, cuidadosa, fue que en ese proceso se perdían un poco sus aristas de nacimiento —su carácter de rebelión intelectual, su condición de trabajo fuera de los claustros, su propósito de ciencia propia anticolonial—, aunque la difusión era quizás inevitable cuando una idea demostraba su valor. La eficacia posterior lo confirmaría. La revocatoria del mandato, esa figura pensada para que la ciudadanía pudiera desmontar a un alcalde que traicionara su programa, se intentó ciento treinta y dos veces entre 1991 y 2012, en ciento diez municipios y dos departamentos, sin conseguir jamás su propósito. La iniciativa normativa territorial, ese cauce por el que un grupo de ciudadanos podía proponer y sacar adelante una norma, solo se abrió camino en una de las siete ocasiones en que se intentó. Los mecanismos existían: los ciudadanos los usaban, las oficinas los tramitaban, los abogados los explicaban en manuales. Pero la insurgencia epistémica que los había concebido —la desconfianza radical frente a la representación política, la apuesta por saberes populares capaces de disputar el sentido común dominante— no había pasado con ellos al texto legal. Lo que quedaba en la ley era la carcasa procedimental de una idea a la que se le había extraído su carga combustible.

Su red

La IAP no fue nunca obra de un hombre, aunque Fals Borda haya sido su figura visible. Su red intelectual y organizativa atravesó geografías, oficios y generaciones, y conviene recorrerla despacio, no como listado sino como el mapa de un pensamiento que necesitaba de muchas manos para no colapsar en la biografía de su fundador.

En la academia colombiana, el núcleo inicial fue el que se reunió en el Departamento de Sociología de la Universidad Nacional a comienzos de los sesenta. Además de Fals Borda y Camilo Torres Restrepo, Aníbal Quijano estuvo entre los que discutieron el currículo fundacional, y llevaría luego a Perú una versión propia del programa, injertada en su teoría de la colonialidad del poder. Andrew Pearce aportó una perspectiva británica en clave latinoamericanista. De ese círculo salieron, en distintas direcciones, algunas de las apuestas más originales de la sociología del continente.

Cuando la academia se volvió estrecha, Fals Borda y sus compañeros fabricaron su propia infraestructura. La Rosca de Investigación y Acción Social —colectivo en el que trabajó con Víctor Daniel Bonilla, Gonzalo Castillo Cárdenas y Augusto Libreros— fue el espacio donde el método se probó fuera de la universidad, con los baluartes campesinos, con procesos indígenas y con obreros. La Rosca funcionó como la infraestructura extraacadémica que la IAP requería por definición: un lugar desde donde acompañar, sistematizar y devolver conocimiento sin depender de los ritmos ni de los criterios universitarios. Que un grupo de intelectuales tuviera que inventar su propio nombre —una palabra que en el habla popular colombiana significa a la vez círculo cerrado y grupo de amigos que se protegen— para poder trabajar, revela cuánto de la IAP fue también una operación de supervivencia gremial.

En el mundo indígena la relación fue tensa y productiva. El Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, mantuvo con la ANUC vínculos difíciles en torno a la representación y orientación del movimiento indígena. La escisión entre el CRIC y AISO —Autoridades Indígenas del Suroccidente—, en medio de debates sobre si la acción política indígena debía estar liderada por autoridades propias en un proceso de recuperación de formas de gobierno tradicionales, ocurrió con participación activa de intelectuales que se movían en el horizonte de la IAP. Los resultados fueron tangibles. En su primera década, el CRIC recuperó treinta mil hectáreas de antiguos resguardos, reconstituyó cabildos en varios municipios del Cauca y montó una economía comunitaria menuda pero real: cerca de cincuenta tiendas comunales y veinticinco empresas colectivas, tejidas en un territorio donde el mercado había funcionado durante décadas como un mecanismo de despojo cotidiano. La cifra importa menos por la contabilidad que por lo que dice sobre la escala: no eran laboratorios pilotos ni experiencias demostrativas, sino la reconstrucción paciente de una infraestructura económica indígena desde abajo. La formación política —talleres, seminarios sobre legislación indígena, cartillas, metodologías de trabajo comunitario— fue valorada por los propios protagonistas como eje que después se proyectó a otros campos organizativos. La metodología de alfabetización liberadora, vinculada a la pedagogía del oprimido de Paulo Freire, se aplicó en talleres donde palabras clave como camino articulaban el aprendizaje con la acción colectiva concreta.

En el mundo eclesial-institucional, la pieza clave fue el CINEP, Centro de Investigación y Educación Popular. Surgió de los CIAS —Centros de Investigación y Acción Social— que los jesuitas organizaron en América Latina, y que en Colombia adoptaron el nombre CINEP. En 1976 su sede en Bogotá fue allanada y los sacerdotes Luis Alberto Restrepo y Jorge Arango fueron detenidos, acusados de pertenecer al ELN: el episodio marca hasta qué punto los años setenta habían radicalizado la línea divisoria entre trabajo social católico y sospecha estatal. El CINEP fue instrumental en la creación en 1982 de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos, ASFADDES —la primera organización colombiana de familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos, que se independizó en 1984—, y desarrolló vínculos con las Madres de la Plaza de Mayo a través de las redes eclesiales del Cono Sur. Desde 1987 mantiene, además, un banco de datos que registra y sistematiza eventos del conflicto armado colombiano a partir de fuentes de prensa nacional y regional, base del proyecto Noche y Niebla y una de las referencias centrales para el análisis del conflicto.

En el mundo internacional, la IAP se cruzó con la pedagogía del oprimido de Paulo Freire, con la teoría de la dependencia y con la teología de la liberación. Anisur Rahman fue interlocutor clave desde Bangladesh, y su presencia recuerda que la IAP nunca fue solamente colombiana: nació de una constelación tercermundista en la que Asia, África y América Latina buscaban simultáneamente métodos de conocimiento no tutelados por el Norte. Esas cuatro corrientes —IAP, Freire, dependencia, liberación— contribuyeron a una transformación en la relación entre sujetos investigadores e investigados, cuestionando el esquema en que el investigador era el único involucrado en la definición de objetivos y métodos.

Los lugares son parte de la red y merecen figurar con nombre propio. Montería y San Andrés de Sotavento, en Córdoba, fueron la geografía inaugural, donde la palabra baluarte dejó de ser militar para volverse campesina. Los Montes de María, entre Sucre y Bolívar, fueron el escenario de las recuperaciones campesinas y, más tarde, de su reversión brutal. El Cauca aportó sus cabildos reconstituidos y su pedagogía indígena. Cartagena fue el escenario donde Fals Borda situó la fábula masónica de Mosquera y donde imaginó a los Zenú recibiendo a los conquistadores. Saboyá y Chiquinquirá, en Boyacá, fueron regiones donde educadores populares como Lola Cendales adaptaron el método a otros contextos rurales. Y las oficinas urbanas —Bogotá sobre todo— fueron el taller donde el CINEP, la Rosca y las editoriales alternativas convirtieron años de trabajo de campo en libros, cartillas y bancos de datos.

Su huella

Al cerrar los años noventa, la IAP era una entidad escindida. En el plano internacional se había convertido en referencia canónica: universidades europeas y norteamericanas la enseñaban, agencias de cooperación la incorporaban a sus manuales, tesis doctorales la analizaban. Fals Borda mismo publicó en Bogotá dos libros que sistematizan el método: Ciencia propia y colonialismo intelectual (1983) y Por la praxis: el problema de cómo investigar la realidad para transformarla (1985). La IAP, junto con Freire, se convirtió en una de las contribuciones latinoamericanas más citadas al pensamiento social del siglo XX.

En el plano colombiano, la huella es más ambigua. Por un lado, el vocabulario de la Constitución de 1991 —participación, saberes, ciudadanía activa, reconocimiento pluriétnico— es en parte deudor del programa iapista, y los mecanismos participativos consagrados en 1991 son la forma institucional de una intuición que Fals Borda había venido puliendo desde los setenta. Por otro lado, la práctica insurgente que la IAP encarnó en sus primeros años —la observación militante, el trabajo fuera de los claustros, la construcción de ciencia propia contra el colonialismo intelectual— se diluyó en su propia difusión. La ONGización de los años noventa —el paso de colectivos militantes a organizaciones profesionalizadas con financiación internacional, ciclos de proyectos y lenguaje de indicadores— fue la forma concreta que tomó esa dilución. La IAP sobrevivió como método; su vocación subversiva quedó rezagada.

La lectura más severa acusaría a la institucionalización de haber traicionado el proyecto. La más benigna recordaría que trabajar fuera de los claustros y a la vez necesitar instituciones para sobrevivir fue una tensión constitutiva del método desde su origen: el CINEP, La Rosca y las universidades fueron simultáneamente refugio y vector de domesticación, y la ONGización posterior fue la resolución previsible de esa ambigüedad. Ambas lecturas son parciales. La historia real es que la IAP fue víctima principalmente de su propio éxito estructural: al demostrar en la Costa y en el Cauca su capacidad para articular movimientos capaces de recuperar tierras y refundar cabildos, se convirtió en blanco de élites y guerrillas que compitieron por controlar o eliminar los procesos que había ayudado a articular. La violencia paramilitar y el exterminio de la UP no fueron accidentes exteriores; fueron respuestas funcionales al poder organizativo que la IAP había contribuido a generar. El interlocutor comunitario más radical del método fue precisamente el que las armas persiguieron con mayor sistematicidad.

Lo que queda, al final del período de crisis y narcotráfico, no es ni el fracaso ni la continuidad. Es una práctica escindida: un legado metodológico difundido globalmente y una praxis política local sistemáticamente decapitada. Alfredo Molano, que había trabajado en la misma vena narrativa y militante desde los setenta, siguió publicando desde el exilio y desde el trabajo de campo persistente los relatos que la IAP había vuelto pensables como género —el testimonio campesino como fuente histórica de primer orden—, aun cuando el país que los producía se hacía cada vez más difícil de habitar. Lola Cendales, en la educación popular boyacense, mantuvo viva la línea pedagógica. El CRIC siguió recuperando territorio.

Fals Borda, hasta su muerte en 2008, sostuvo que trabajar de manera independiente y fuera de los claustros universitarios, pese a las dificultades, seguía pareciéndole positivo como estrategia frente al colonialismo académico. En esa constatación —tercamente afirmativa, aunque cargada de la conciencia de todo lo que se había perdido en el camino— está el balance más justo que la propia IAP pudo hacer de sí misma. No un método victorioso, no un método derrotado: un método vivo, escindido, con sus aristas de nacimiento un poco limadas por la difusión y un poco quebradas por el fuego, pero todavía capaz, cuando encuentra comunidades organizadas dispuestas a exigirlo, de hacer lo que se propuso hacia 1970 en las mesas cortas de un baluarte en Córdoba: producir conocimiento que sirva para transformar la vida de quienes lo producen.