Idea transversal

Despojo

4.052 palabras67 documentos88 fragmentos citados

Trayectoria de una idea

1537
Inicio del colapso demográfico indígena bajo la encomienda y la mita
1595
Establecimiento de los resguardos y comienzo de su erosión
1729
Extinción formal de la encomienda y continuidad de la explotación
1861
Desamortización de bienes de manos muertas y remate de baldíos
1931
Leyes 111 de 1931 y 200 de 1936: disolución de resguardos y consolidación terrateniente
1948
La Violencia bipartidista como mayor mecanismo de transferencia agraria del siglo XX
1961
Ley 135 de 1961: reforma agraria sin redistribución
1994
Ley 160 de 1994 y auge del despojo paramilitar
2011
Ley 1448 de 2011: primera definición legal del despojo y política de restitución

La lectura

El despojo en Colombia no es un fenómeno coyuntural sino una estructura de larga duración que ha organizado el régimen de propiedad del país desde la conquista española hasta el presente. Cada ciclo —encomienda, disolución de resguardos, remate de baldíos, Violencia bipartidista, contrarreforma agraria, ofensiva paramilitar— ha mutado de forma jurídica conservando la misma función: transferir tierra, trabajo y recursos de quienes los poseen con derechos precarios hacia quienes tienen capacidad de coerción física, política o burocrática. La paradoja central del despojo colombiano es que ha operado frecuentemente a través del derecho y no contra él: leyes que prometían protección —la Ley 200 de 1936, la Ley 135 de 1961— terminaron consolidando la concentración que decían combatir. En 2016, Colombia ocupaba el primer lugar en desigualdad de distribución de la tierra en América Latina, con el 1% de las explotaciones de mayor tamaño controlando más del 80% del suelo, cifra que condensa cinco siglos de operaciones acumuladas. La Ley 1448 de 2011 intentó abrir un ciclo de restitución, pero la historia del despojo advierte que ninguna política de devolución ha logrado, hasta ahora, revertir de manera sostenida lo que la violencia y la ley construyeron juntas.

Despojo en la historia de Colombia

El despojo es la operación histórica mediante la cual, en Colombia, la tierra, el trabajo y los recursos han sido transferidos de manos débiles a manos fuertes por una combinación cambiante de violencia y ley. No es un episodio ni una anomalía: es una gramática de larga duración que atraviesa cinco siglos, muta de forma jurídica —encomienda, mita, remate de baldíos, disolución de resguardos, ventas bajo coacción, escrituras falsas, caducidad administrativa— y conserva la misma función. En cada ciclo aparece un lenguaje distinto para nombrar lo mismo: alguien pierde lo que tenía sin haberlo cedido libremente, y alguien lo obtiene sin haberlo comprado en condiciones de igualdad. La Ley 1448 de 2011 llegó a definirlo, tarde, como "la acción por medio de la cual, aprovechándose de la situación de violencia, se priva arbitrariamente a una persona de su propiedad, posesión u ocupación". La definición legal capturó apenas un tramo del fenómeno: el visible desde 1985. El resto está escrito en cédulas reales, títulos de baldíos, actas de disolución de resguardos, escrituras cuestionables y folios de matrícula clonados.

Una gramática de larga duración

Colombia no es un país donde el despojo haya sido excepcional. Es un país cuyo régimen de propiedad se construyó, en buena medida, despojando. La encomienda del siglo XVI, la mita colonial, el remate de baldíos del XIX, la disolución de resguardos entre 1595 y mediados del XIX, la Violencia bipartidista, la contrarreforma agraria de los años sesenta y setenta y la ofensiva paramilitar de las últimas dos décadas del XX comparten una misma arquitectura: una población rural con derechos precarios —de hecho o de derecho— sobre la tierra que trabaja; un actor con capacidad de coerción física, política o burocrática; un marco jurídico que oscila entre facilitar la transferencia y no impedirla; y un Estado que, cuando no es el agente activo del despojo, mira hacia otro lado o llega tarde con reformas que no revierten lo ya consumado.

Los efectos son medibles. En 2016, según Oxfam, Colombia ocupaba el primer lugar en desigualdad de distribución de la tierra en América Latina: el 1% de las explotaciones de mayor tamaño controlaba más del 80% de la tierra. Entre 2000 y 2015, el coeficiente de Gini rural aumentó en veintiuno de los treinta y un departamentos del país. La Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado registró que, de los 6,6 millones de hectáreas perdidas o abandonadas entre 1980 y 2010, el 79,3% corresponde al periodo 1998-2008. Detrás de esas cifras hay una operación que no empezó en 1998 ni en 1980: empezó en 1537, cuando la provincia de Tunja tenía cerca de 215.000 indígenas, y no se había cerrado en 1757, cuando quedaban 25.000.

La primera desposesión: encomienda, mita y resguardo

La conquista española inauguró el ciclo. La encomienda, consolidada hacia mediados del siglo XVI, entregaba a un español un grupo indígena —generalmente un clan o tribu— obligado a pagar tributo en trabajo, bienes agrícolas o mercancías. La mita, régimen paralelo de trabajo forzado, movilizaba a los indígenas hacia minas, transporte, obras públicas y agricultura, con salarios pagados colectivamente al cacique para cubrir el tributo del pueblo. En los resguardos de la Nueva Granada, una cuarta parte de los indios útiles era alquilada a estancieros, mineros y comerciantes.

El efecto demográfico fue devastador. Juan Friede calculó que la población indígena de Tunja se redujo en un 90% entre 1537 y 1757. Los Quimbaya, cien mil según los primeros cronistas, quedaron reducidos a cuarenta individuos en cuarenta años. Enfermedades europeas, maltrato sistemático, disrupción de los modos de vida y movilización forzada hacia las minas de oro convergieron en un colapso que dejó vacías regiones enteras. Muy pocos mitayos volvían al resguardo al terminar el turno; los que regresaban lo hacían enfermos o incapacitados, y los que quedaban debían trabajar por salario fuera del resguardo para completar el tributo colectivo. En esa mecánica —comunidad diezmada, tributo intacto, salida forzada hacia el trabajo asalariado— está el germen del proletariado rural latinoamericano.

La ciudad colonial del primer siglo fue, en rigor, una ciudad encomendera: sus mercados de víveres eran abastecidos por indios de encomiendas, y sus obras públicas y privadas se levantaban con mita urbana. La institución empezó su decadencia formal con los decretos de 1701 y 1720, que ordenaban su reversión a la Corona a la muerte del titular; la última encomienda conocida fue devuelta en 1729. Pero el desmonte legal no significó alivio. La Corona asumió directamente la administración de tierras y mano de obra indígena a través de corregidores que, mal pagados, intensificaron la explotación: el remedio resultó peor que la enfermedad. La distancia entre el marco imperial —que teóricamente reconocía a los indígenas como vasallos con tierras comunales— y la práctica de sometimiento cotidiano marcó un patrón que se repetiría: la ley proteccionista funcionando en el papel, la desposesión operando en el terreno.

Baldíos, resguardos y el siglo XIX

La República heredó el problema y le añadió capas nuevas. Los resguardos, establecidos principalmente entre 1595 y 1642, habían resistido dos siglos y medio de presiones. En el XVIII sufrieron una operación de reducción sistemática: se concentraban varios en uno solo, en tierras de menor calidad y alejadas de los centros poblados, mientras sus habitantes eran empujados hacia haciendas y ciudades. La segunda desposesión masiva —la que terminó de descomponer las tierras comunales indígenas— culminó hacia mediados del siglo XIX, empujada por la presión latifundista, la voracidad de mestizos y colonos, y un Estado con criterio fiscalista.

La legislación republicana sobre baldíos oscilaba entre dos vocaciones incompatibles: fomentar la colonización distribuyendo tierra a cultivadores, o financiar al Estado vendiendo títulos sobre grandes extensiones incultas. Esa ambigüedad estructural marcó todo el XIX. La suma de hectáreas apropiadas por particulares mediante los distintos sistemas de adjudicación de baldíos superó, muchas veces, la cantidad de tierra que pasó de las corporaciones religiosas a manos privadas durante la desamortización de bienes de manos muertas entre 1861 y 1877. La colonización real —la del hachero que abría monte— quedó casi siempre subordinada al titulador que, con influencias en Bogotá, obtenía adjudicaciones descomunales que luego eran ocupadas por colonos convertidos, sin saberlo, en arrendatarios.

Ese mecanismo produjo los grandes conflictos agrarios de finales del XIX y comienzos del XX, y de él salió también la masa de campesinos desposeídos que alimentó los sistemas de peonaje, aparcería y arriendo bajo los cuales se organizó la producción hasta bien entrado el siglo XX. Catherine LeGrand y Hermes Tovar Pinzón han documentado con precisión cómo la conflictividad agraria colombiana no es residual sino constitutiva: la propiedad rural se estableció encima de reclamos no resueltos.

En el sur, la resistencia fue tenaz. Los paeces y otros pueblos del alto Cauca, en las provincias de Popayán y Pasto, combinaron protestas violentas, dilaciones legales, resistencia pasiva y negociación para conservar sus tierras comunitarias. De ese frente emergió una figura decisiva: Manuel Quintín Lame, líder del sur del Tolima, encarcelado cerca de setenta veces por defender la no disolución del resguardo de Ortega y Chaparral, disuelto bajo presión de los latifundistas regionales. Quintín Lame se convirtió en precursor del movimiento indigenista colombiano y prefiguró el vocabulario de resistencia que retomarían, décadas después, el CRIC y la ONIC.

La legislación siguió afilando el filo. La Ley 111 de 1931 permitió el repartimiento de resguardos por vía judicial, administrativa o policiva, sin necesidad de comisiones especiales. La Ley 200 de 1936, promulgada bajo la República Liberal, resolvió a favor de los grandes propietarios un problema jurídico crucial —el de los títulos coloniales imposibles de reconstruir— al reemplazar la exigencia de títulos remontables a la Corona por el criterio de destinación económica. Bastaba con demostrar que la tierra estaba en explotación productiva. El propietario que temía la extinción de dominio tenía diez años para acreditar explotación capitalista.

El efecto no previsto —o previsto y bienvenido— fue una expansión de la ganadería extensiva como forma más económica de "explotar" grandes predios, con la consecuente expulsión de arrendatarios, aparceros y colonos que habían sido, hasta ese momento, la fuerza de trabajo de la hacienda. La ley que en su enunciado prometía un giro social terminó consolidando la vía de desarrollo capitalista más concentradora. La descomposición campesina, lejos de resolverse, se aceleró.

La Violencia como maquinaria de despojo

Entre 1946 y 1958, el enfrentamiento entre liberales y conservadores dejó en Colombia entre 57.737 y 200.000 muertos, según qué metodología se use. Pero La Violencia bipartidista no fue solo una guerra política: fue el mayor mecanismo de transferencia agraria del siglo XX colombiano. El total estimado de parcelas perdidas asciende a 393.648, concentradas en Valle del Cauca, Tolima, Cundinamarca, Caldas y Santander —el corazón cafetero del país— mediante abandono forzado o ventas bajo coacción a precios irrisorios.

Los números del Tolima son un microscopio sobre el fenómeno. En ese departamento, el 42,82% de las propiedades —40.176 predios pertenecientes a 32.400 propietarios— fueron abandonadas transitoria o permanentemente, con el 46% de ese abandono concentrado entre 1955 y 1956. Y 321.621 personas, el 42,6% de la población departamental, sufrieron el exilio permanente o transitorio. Los investigadores de la Gobernación del Tolima advirtieron sobre una estrategia deliberada: producir el éxodo con terror y luego impedir el retorno.

Las tácticas eran físicas y jurídicas al mismo tiempo. Se quemaban viviendas e instalaciones cafeteras o cañeras, se destruían cultivos, se robaba ganado, herramientas y cosechas, se asesinaba a propietarios para presionar a las viudas a vender a cualquier precio. Aparecieron figuras como el "cambalache" —intercambio de propiedades sin dinero, forzado bajo amenaza— y la usurpación de fincas mediante administración fraudulenta mientras sus dueños estaban en el exilio. En un plano más difuso operó lo que puede llamarse el efecto habilitador de la impunidad: La Violencia activó dinámicas de despojo preexistentes al garantizar, de manera radical y sistemática, protección a los partidarios del partido en el poder y tratamiento violento a los conflictos sociales.

El resultado demográfico fue el mayor desplazamiento forzado que Colombia había vivido: más de dos millones de personas tomaron dos rutas. Una hacia las ciudades: Bogotá pasó de cerca de 500.000 habitantes a comienzos de los cuarenta a 1.300.000 en 1960. Otra hacia la frontera agrícola: el piedemonte oriental, el Magdalena Medio, la altillanura. Del segundo flujo surgirían, décadas después, las regiones de conflicto: allí donde el Estado nunca llegó a garantizar los derechos de los nuevos colonos, la violencia regresaría en otras formas.

Reformas sin reforma: 1936-1994

Colombia intentó, con intermitencia, hacer una reforma agraria. Fracasó cada vez. El diagnóstico de Absalón Machado es preciso: entre 1960 y 1970, el grado de concentración de la propiedad aumentó a pesar de la Ley 135 de 1961, la ley bandera del Frente Nacional bajo Carlos Lleras Restrepo. La reforma existió como enunciado y no como redistribución. Los esfuerzos del gobierno Lleras, apoyados en la ANUC y en un aparato institucional dedicado, no lograron consolidarse como política sostenida: al llegar los años setenta, el Pacto de Chicoral de 1972 sepultó el impulso redistributivo y desplazó el eje hacia la modernización capitalista de la hacienda.

El Estado prefirió, en cada encrucijada, la salida menos costosa políticamente: canalizar la presión campesina hacia colonizaciones de frontera —piedemonte oriental, Magdalena Medio, altillanura— en lugar de tocar la tierra fértil del interior. La colonización, presentada como política agraria, funcionó en la práctica como válvula de escape que dejó intacto el latifundio de las zonas ya integradas al mercado. Los colonos abrieron selva sin títulos claros, sin infraestructura, sin escuelas ni hospitales, y pocos años después una nueva oleada de acumulación —narcotraficantes en los ochenta, ganaderos y palmicultores en los noventa— llegaría a recoger lo sembrado con hachas ajenas.

La Ley 160 de 1994, último intento significativo del siglo, se propuso garantizar acceso progresivo a la tierra y seguridad alimentaria a los sectores menos favorecidos del campo. Terminó como sus antecesoras: promulgada, subfinanciada, desbordada por la realidad. Al interior de las élites siguió predominando el sector que promovía la concentración; el otro, minoritario y disperso, no logró articular una coalición reformadora sostenible. Y afuera, en las regiones, ya operaba desde hacía años una fuerza que haría irrelevante la letra de cualquier ley: el paramilitarismo.

La empresa criminal del despojo paramilitar

Lo que empezó a mediados de los ochenta como grupos de autodefensa en Urabá, sur de Córdoba, Magdalena Medio y las zonas esmeralderas de Boyacá se convirtió, en los quince años siguientes, en la mayor operación de transferencia agraria de la historia reciente de Colombia. La primera generación de paramilitares —financiada por narcotraficantes que compraban tierras y por ganaderos que financiaban seguridad— aprendió rápido que la violencia no era solo un instrumento antisubversivo: era un mecanismo de acumulación.

Desde la segunda mitad de los años noventa, bajo el paraguas de las Autodefensas Unidas de Colombia y con Carlos Castaño Gil y Salvatore Mancuso como figuras públicas, la dinámica se expandió al resto del Caribe —Montes de María, corredor minero del Cesar, zonas bananeras del Magdalena—, al norte del Valle del Cauca, al norte del Meta, al Tolima, al Putumayo, al Caquetá y al sur del Pacífico. La expansión geográfica coincidió con una expansión metodológica: al terror físico se sumó una operación jurídica sofisticada. Escrituras falsas, clonación de folios de matrícula inmobiliaria, títulos falsificados, actos administrativos fraudulentos. La violencia expulsaba; la burocracia legalizaba. El Centro Nacional de Memoria Histórica caracterizó esta operación como una "empresa criminal de despojo", articulada mediante pactos entre comandantes paramilitares, brigadas militares y estructuras legales como las Convivir.

Los casos documentados dibujan el mapa. En los Montes de María, la directora seccional de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Carmen de Bolívar fue destituida y la oficina intervenida ante denuncias de ventas irregulares. Funcionarios recurrieron al argumento de "abandono sin justa causa" para justificar el despojo jurídico de campesinos desplazados. En Las Tulapas, Urabá, el Fondo Ganadero de Córdoba —presidido entre 1997 y 2007 por Benito Antonio Osorio Villadiego— compró en 1997 predios que las ACCU habían expropiado mediante amenazas, obligando a los campesinos a vender a precios muy bajos, hecho consignado en la sentencia de casación SP2866-2018/48031 de la Corte Suprema de Justicia. En Magdalena, funcionarios del INCORA/INCODER —entre ellos el gerente regional José Fernando Mercado Polo— declararon la caducidad administrativa de predios de campesinos desplazados alegando abandono, con 36 casos investigados por la Fiscalía solo en Chivolo. En Chibolo, en 1997, grupos del Bloque Norte bajo el Frente John Jairo López amenazaron y expulsaron a campesinos de predios como La Pola y Boquilla.

La combinación era eficaz porque cada eslabón tenía interés propio. Narcotraficantes lavaban dinero en tierras. Ganaderos consolidaban dominios. Militares neutralizaban zonas rojas. Funcionarios cobraban. Políticos regionales garantizaban impunidad. Comandantes paramilitares construían feudos económicos y políticos. En Montes de María se produjeron 42 masacres paramilitares entre 1996 y 2003. En los municipios con presencia de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio y de las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá, el coeficiente de Gini de concentración de la tierra promediaba 0,69 y 0,64 respectivamente, con picos como Santa Helena del Opón (0,85), Guaduas y Sonsón (0,81).

La frase de Carlos Castaño, dicha sin rodeos, resume la articulación del proceso: "Nosotros vamos adelante con los fusiles y el gobierno va detrás con las retroexcavadoras". Las comunidades indígenas y afrodescendientes, asentadas sobre territorios ricos en oro, madera, palma y minerales, fueron víctimas preferenciales. En el sur del Chocó, para 2015 se habían otorgado 164 títulos mineros, de los cuales el 30% pertenecía a AngloGold Ashanti, en zonas donde el Bloque Pacífico de las AUC había desarrollado antes procesos sistemáticos de despojo. En el Putumayo, cuando el comandante alias Maní —Manuel Álvarez Tonguino— murió en prisión, afloraron deudas y propiedades acumuladas ilegalmente que revelaron un patrón: los predios despojados circulaban entre jefes paramilitares como activos internos de la organización.

Existe correspondencia geográfica parcial entre la expansión de cultivos de palma en 2001-2013 y los municipios que registraron desplazamiento forzado entre 2001 y 2004, especialmente en Urabá, Magdalena Medio y Meta. La coincidencia no prueba causalidad unívoca, pero dibuja una lógica: donde la violencia vació el territorio, llegaron los cultivos que necesitaban ese vacío para expandirse. El paramilitarismo, en la formulación de Darío Fajardo, fue la versión "cocalera-minera-ganadera" de técnicas de despojo antes desplegadas por el sistema político "cafetero-ganadero". No una ruptura con la historia colombiana, sino su continuidad brutal.

Un matiz para no idealizar la lectura estructural: los paramilitares no mataron solo a quienes consideraban de izquierda. Mataron también a rivales políticos de sus aliados. La violencia de Salvatore Mancuso en Córdoba estuvo motivada, en parte, por disputas con el líder liberal más importante de la región. El despojo paramilitar fue funcional a intereses de acumulación, pero también fue producto de la competencia política interna entre facciones regionales. Ambas dimensiones —la económica y la política— se retroalimentaron.

Lo que se pierde cuando se pierde la tierra

El despojo no es solo pérdida de hectáreas. Según la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, una proporción muy alta de los grupos familiares desplazados encuestados tenía tierras, y la gran mayoría se vio obligada a abandonarlas. El 78% tenía animales; el 92% de esas familias fue despojada de ellos o los abandonó al huir. En casos documentados como el de El Castillo (Meta), las familias dejaron casas, tierras, herramientas, cultivos, animales domésticos, ganado, aves de corral y mascotas. Muchas viviendas fueron incendiadas: el patrimonio construido en años de trabajo se disolvió en horas.

Las pérdidas totales, en el escenario de la Ley 1448, ascendieron a 154,7 billones de pesos hasta 2013 —daño emergente y lucro cesante, en las categorías reconocidas por la jurisprudencia colombiana y la Corte Interamericana. El presupuesto de reparación subió, en el mismo período, de 20.000 millones a poco más de tres billones de pesos: insuficiente por dos órdenes de magnitud para impactar seriamente las pérdidas sufridas. Y a esos daños se sumaron gastos derivados de la violación misma —servicios médicos, abogados, reconstrucción, créditos, procesos judiciales— que agravaron el patrimonio neto de las víctimas. El desplazamiento intraurbano, como el de la Comuna 13 de Medellín, añadió una capa adicional: pérdidas materiales, simbólicas y psíquicas que se acumularon sobre desposesiones previas.

Al fondo de todo, una constatación que Alfredo Molano formuló con precisión de cronista y que la historiografía ha ratificado: el éxodo forzado fue funcional a intereses rentistas de actores armados y no armados, legales e ilegales. Transformó vastos territorios rurales y convirtió el modelo mismo de desarrollo en un factor revictimizador antes que reparador. El país que se reorganizó demográficamente sobre las ruinas del despojo es el país que hoy tiene el 1% de los predios controlando más del 80% de la tierra.

Restituir lo despojado: la Ley 1448 y sus límites

El 10 de junio de 2011, bajo el gobierno de Juan Manuel Santos, se promulgó la Ley 1448 —la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras—. Fue un giro. Por primera vez desde el inicio del conflicto armado contemporáneo, un gobierno colombiano reconoció explícitamente la existencia de ese conflicto, la de un proceso masivo de desplazamiento, despojo y abandono de tierras, y la necesidad de reparar. Fue, también, una ruptura simbólica con el gobierno anterior de Álvaro Uribe Vélez, que había negado sistemáticamente el conflicto y bajo el cual se consolidó la fase más aguda del despojo paramilitar.

La ley definió el despojo como acción arbitraria aprovechada de la violencia, admitiendo sus modalidades de hecho —violencia directa— y de derecho —negocios jurídicos, actos administrativos, sentencias, delitos asociados. Y creó un procedimiento civil de restitución, distinto y anterior al penal, con jueces especializados y un régimen probatorio favorable a la víctima.

Los resultados, con corte al 28 de febrero de 2021, mostraban una implementación desigual. Se habían proferido 7.098 sentencias de restitución. El principal victimario identificado fueron los grupos paramilitares, con 3.761 casos (53%), seguidos por las guerrillas con 1.348 (19%). Pero en regiones como Urabá, sur de Córdoba y Darién chocoano, el número de solicitudes registradas superaba con creces las sentencias proferidas y los predios efectivamente restituidos. La política tenía "infinidad de enemigos desembozados y encubiertos": presiones sobre jueces, asesinatos de líderes reclamantes, dilaciones procesales, contrarreformas legislativas, resistencia de compradores de buena fe reales o aparentes.

Un rasgo distintivo del caso colombiano es que la restitución comenzó a implementarse durante el conflicto armado activo, antes de un acuerdo de paz definitivo —el Acuerdo de La Habana con las FARC-EP se firmó en 2016, cinco años después de la ley. Sudáfrica y otras experiencias comparadas restituyeron tras la paz. Colombia intentó hacerlo en medio de la guerra, con las estructuras que despojaron aún activas, mutadas en bandas criminales, grupos posdesmovilización, disidencias. En la serranía de San Jacinto, el rearme paramilitar continuó controlando rentas del narcotráfico y amenazando procesos organizativos étnicos, mientras el despojo se institucionalizaba y los procesos de titulación no avanzaban.

Coordenadas de una crítica

El despojo colombiano ha tenido intérpretes desde muy pronto. Bartolomé de las Casas denunció, en el siglo XVI, la brutalidad de la encomienda con una radicalidad que la historiografía moderna solo pudo confirmar. Antonio Nariño y la generación de la Independencia heredaron una promesa de igualdad que la República aplazó indefinidamente en el campo. Rafael Uribe Uribe, a comienzos del XX, esbozó un socialismo agrario liberal que no logró convertirse en programa. Jorge Eliécer Gaitán construyó, en los años cuarenta, la última gran coalición popular capaz de amenazar el orden agrario colombiano; su asesinato el 9 de abril de 1948 desencadenó el ciclo más violento del despojo bipartidista.

En la segunda mitad del siglo XX, la investigación agraria colombiana se consolidó como una tradición robusta. Alfredo Molano documentó los procesos de colonización, violencia y desplazamiento con oído de cronista y rigor de investigador. Absalón Machado construyó la contabilidad estructural del fracaso reformista. Darío Fajardo enlazó el análisis agrario con la formación del Estado. Catherine LeGrand y Hermes Tovar Pinzón mostraron, desde la historia, cómo la conflictividad por baldíos y por tierras públicas estuvo en el corazón del proceso de formación de la propiedad rural colombiana. Sobre esas bases se construyó el consenso analítico que la Ley 1448 recogió tarde pero recogió.

Un patrón que se reproduce sin necesidad de plan

Si algo enseña la larga historia del despojo en Colombia es que no requiere conspiración para reproducirse. Requiere, más bien, la persistencia de tres condiciones: derechos de propiedad precarios en cabeza de campesinos, indígenas y afrodescendientes; impunidad efectiva para quienes despliegan violencia contra ellos; e instituciones estatales que, en el mejor de los casos, llegan tarde a arbitrar, y en el peor, participan activamente del proceso. Cuando esas tres condiciones convergen —y han convergido con distintas máscaras desde la encomienda—, el despojo aparece como la operación más rentable y menos costosa disponible para los actores con capacidad de coerción.

Ese diagnóstico no implica homogeneidad. Los encomenderos del XVI, los rematadores de baldíos del XIX, los pistoleros del Tolima en los cincuenta y los comandantes paramilitares de los dos mil no formaron una misma clase ni respondieron a un mismo proyecto. Cada ciclo tuvo sus agentes, sus lógicas, sus resistencias. Pero todos aprendieron una gramática común: la de convertir violencia en propiedad y propiedad en poder. Y todos operaron sobre un Estado que, oscilando entre el papel de facilitador, testigo cómplice y reformador fallido, nunca logró garantizar de manera duradera los derechos de los desposeídos.

Contra esa gramática también hay una historia. La de los paeces que resistieron dos siglos y medio la disolución de sus resguardos. La de Manuel Quintín Lame preso setenta veces por la misma causa. La de la ANUC en los sesenta. La de los reclamantes de tierras asesinados entre 2011 y 2021 por atreverse a firmar una solicitud ante el juez especializado. La restitución de tierras, con todas sus limitaciones, es el reconocimiento institucional más pleno que Colombia ha producido de esa contra-historia. Que haya llegado tarde, que avance lento, que enfrente enemigos declarados y ocultos, no la hace menos significativa. La hace exactamente lo que es: la primera vez que el Estado colombiano acepta, por escrito y con procedimiento, que despojó —o dejó despojar— durante cinco siglos. Lo que venga después dirá si esa aceptación se convierte en reparación real o si el país inaugura, con nuevos actores y nuevos lenguajes, un ciclo más de la misma gramática.

En el archivo

178 apariciones públicas, ordenadas por período y año.

01Prehispánicoantes de 14991

1537QuemuenchatochaFicha

02Conquista1499–15991

1591Cédula de composición de tierras de El Pardo (1591)Hecho

03Colonia1600–17803

04Independencia1810–18311

1821Disolución liberal de los resguardos indígenas y despojo comunal (1821-1828)Hecho

05Nueva Granada1831–18623

06Estados Unidos de Colombia1863–18853

07Regeneración1886–19299

08República Liberal1930–19465

09La Violencia1946–195715

10Frente Nacional1958–19747

11Crisis y narcotráfico1974–19905

12Constitución de 19911991–200225

13Seguridad Democrática2002–201618

14Posconflicto2016–presente10

15Transversal—71

Relaciones

Vínculos editoriales de la ficha y conexiones observadas dentro del archivo.

Relaciones editoriales

01Encomienda — institución colonial que inauguró el primer ciclo de despojo sistemático del trabajo y la tierra indígena en Colombia
02Resguardo — forma de propiedad comunal indígena que fue objeto de erosión continua desde el siglo XVII hasta mediados del siglo XIX
03Baldíos — tierras públicas cuya adjudicación concentrada en el siglo XIX constituyó un mecanismo central de despojo republicano
04Reforma agraria — promesa política recurrente en el siglo XX que no logró revertir la concentración de la tierra generada por ciclos previos de despojo
05Paramilitarismo — fuerza armada que ejecutó la mayor operación de transferencia agraria de la historia reciente colombiana en regiones como Urabá, Montes de María y Magdalena Medio
06Desplazamiento forzado — consecuencia directa y mecanismo del despojo, que afectó a más de dos millones de personas durante La Violencia y a millones más durante el conflicto armado reciente
07Acumulación por desposesión — marco conceptual que articula los distintos ciclos históricos del despojo colombiano como una lógica estructural de transferencia de riqueza
08Catherine LeGrand — historiadora que documentó cómo la conflictividad agraria colombiana es constitutiva y no residual, con la propiedad rural establecida encima de reclamos no resueltos
09Absalón Machado — economista agrario que demostró que la concentración de la tierra aumentó entre 1960 y 1970 a pesar de la Ley 135 de 1961
10Manuel Quintín Lame — líder indígena del sur del Tolima encarcelado cerca de setenta veces por defender la no disolución del resguardo de Ortega y Chaparral, precursor del movimiento indigenista colombiano

Personas

Carlos Castaño51 piezas compartidas

Lugares

Ideas

Documentos y fragmentos citados

67 documentos · 88 fragmentos

01Historia de Colombia. El Establecimiento de la Dominación EspañolaJorge Orlando Melo · 1977 · p. 1211 cita

[1]
el proceso de la conquista siguiera un ritmo diferente y sea por lo tanto difícil de escoger una fecha como indicativa de una transformación básica en la nueva sociedad, puede acogerse la fecha tradicional de 1550 como punto final de esa época, momento de transición entre la sociedad de conquista, basada en el saqueo…
p. 121

02La gente de GuambíaRonald A. Schwarz · 2018 · p. 73, 772 citas

[2]
en mucho y creyeron ser gran cosa, y dende á otros cuatro ó cinco días hobo otros 300 que se les hizo la misma fiesta (Andagoya 1829: 440-442). EBSCOhost: eBook Collection (EBSCOhost) printed on 4/29/2025 8:26:42 PM UTC via UNIVERSIDAD DE LOS ANDES. All use subject to https://www.ebsco.com/terms-of-use. 74 L a g e n t…
p. 73

[13]
H i s t o r i a: d e s d e l a C o n q u i s t a h a s t a 1 9 7 1 emitidos en 1701 y 1720 determinaron que las encomiendas debían revertir a la Corona a la muerte de su titular (Haring 1947: 67). Bajo esta regulación la encomienda en el territorio guambiano en poder de Manuel de Belalcázar regresó a poder de la…
p. 77

03Enciclopedia de Colombia - Volumen 3Camilo Calderón Schrader (coordinador), Carmen Astrid Romero Baquero, Néstor Iván Osuna Patiño, José Eduardo Rueda Enciso, Blas Jaramillo Martínez, José Alejandro Rodríguez Ruiz, Henry Luque Muñoz · 2002 · p. 131 cita

[3]
y los resguardos, para organizar la producción agrícola de autoabaste- cimiento, así como la mita, para la extracción del oro y otros metales preciosos. La encomienda La encomienda fue una institución que se caracterizó por el poder otorgado por la Corona a un hidal- go, quien ejercía el control, cuida- do y…
p. 13

04Enciclopedia de ColombiaCamilo Calderón Schrader · 2002 · p. 1902 citas

[4]
de Córdoba, al referirse a Cuba, ex- clamaba: «los cristianos han destruido y desterra- do de estas pobres gentes la natural generación». Cifras de la catástrofe Los datos que permiten evaluar la caída de pobla- ción indígena son escasos y fragmentarios, pero no menos impresionantes: Juan Friede calcula que la…
p. 190

[5]
de Córdoba, al referirse a Cuba, ex- clamaba: «los cristianos han destruido y desterra- do de estas pobres gentes la natural generación». Cifras de la catástrofe Los datos que permiten evaluar la caída de pobla- ción indígena son escasos y fragmentarios, pero no menos impresionantes: Juan Friede calcula que la…
p. 190

05La tierra en ColombiaEstanislao Zuleta, Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) · 1973 · p. 211 cita

[6]
nera, la encomienda es la piedra de toque para ex plicar él origen del neofeudalismo americano en el cual el señor prácticamente no tiene deberes y sí to dos los derechos y el indio carece de derechos y es tá abrumado con todos los deberes; entre el español encomendero y el indio encomendado, no existió mutua…
p. 21

06Introducción a la historia económica de ColombiaÁlvaro Tirado Mejía · 2019 · p. 87, 4452 citas

[7]
otros muchos preferían continuar como asalariados, a la terminación de la mita. En suma, muy pocos regresaban y de ellos gran número volvían enfermos e incapacitados. Como el tributo de la encomienda era constante sobre el grupo, al disminuir por causa de la mita el número de sus componentes, el indígena se veía…
p. 87

[23]
situación de los últimos en la medida en que la Corte Suprema de Justicia por sentencia de 1926, reiterada en 1934, había establecido que en caso de litigio, quien pretendiera ser propietario de un predio debía exhibir títulos que se remontaran a concesión de la Corona o de la República, y muchísimos terratenientes…
p. 445

07Industria y protección en Colombia, 1810-1930Luis Ospina Vásquez · 2017 · p. 441 cita

[8]
sentido cultural—, o para fines de utilidad general: mitas para el transporte de leña, para obras públicas; y —lo que en un tiempo fue particularmente opresivo— para el transporte de perso- nas y mercancías a hombros, para la boga en el Magdalena 5, y para el trabajo de las minas de plata de propiedad fiscal de Las…
p. 44

08Economía y Nación: una breve historia de ColombiaSalomón Kalmanovitz · 1994 · p. 31, 3374 citas

[9]
importaciones de esclavos y, aun así, su nivel de pro- ducción se mantendría estancado o se reduciría. La Corona bus- caba concentrar los indígenas en sitios adecuados, revivir la agricultura indígena y asignar una parte de la mano de obra dis- ponible a la agricultura, la minería, los obrajes y el transporte. En los…
p. 31

[10]
importaciones de esclavos y, aun así, su nivel de pro- ducción se mantendría estancado o se reduciría. La Corona bus- caba concentrar los indígenas en sitios adecuados, revivir la agricultura indígena y asignar una parte de la mano de obra dis- ponible a la agricultura, la minería, los obrajes y el transporte. En los…
p. 31

[40]
y cómo se indemnizaba a los propietarios por la pér- dida de sus rentas. Nunca se pretendió eliminar a los terratenien- tes como clase, lo cual desentraña a cabalidad el alcance de la reforma vislumbrada por la "Revolución en Marcha". Se dirimía, además, la vía para el desarrollo del capitalismo en el campo; con base…
p. 337

[41]
y cómo se indemnizaba a los propietarios por la pér- dida de sus rentas. Nunca se pretendió eliminar a los terratenien- tes como clase, lo cual desentraña a cabalidad el alcance de la reforma vislumbrada por la "Revolución en Marcha". Se dirimía, además, la vía para el desarrollo del capitalismo en el campo; con base…
p. 337

09Historia económica de Colombia, 1845-1930William Paul McGreevey · 2015 · p. 281 cita

[11]
colombianos. En cierta medida, las tres clases de problemas definen un conjunto de igual número de periodos de la historia económica del país e indican la organización general de la obra. A. Supervivencias coloniales El área que se conoce hoy como Colombia fue ocupada por los españoles en la tercera década del siglo…
p. 28

10Colombia: A Country StudyRex A. Hudson (editor) · 2010 · p. 1041 cita

[12]
for less than a quarter of New Granada's total of roughly 1.4 million inhabitants. This change naturally reflected both the expansion of other demographic groups and the drastic fall in Amerindian num- bers as a result of European diseases, mistreatment, and the wide- spread disruption of traditional lifestyles. In…
p. 104

11Historia de la vida cotidiana en ColombiaBeatriz Castro Carvajal (editora) · 2016 · p. 1551 cita

[14]
de tomar posesión del territorio por parte de los españoles. Se fundaron ciudades-puerto, ciudades-centros adminis- trativos, ciudades mineras, ciudades de frontera y ciudades de abrigo y sustento en los largos valles. El tipo de ciudad que dominó el primer siglo colonial fue la ciudad enco- mendera, no sólo porque…
p. 155

12Historia doble de la Costa. Tomo 1: Mompox y LobaOrlando Fals Borda · 2002 · p. 751 cita

[15]
pueblos de indios o en sus cercanías. En la isla de Mompox y fuera de ella, las autoridades concedieron así 39 encomiendas, a otros tantos encomenderos. Fue el comienzo formal de lo que se ha llamado el " r é g i m e n señorial" implantado en tierras ameri- canas. [C] Según los documentos, Loba era tan poblada…
p. 75

13Ensayos para la historia de la política de tierras en Colombia. De la colonia a la creación del Frente NacionalAbsalón Machado Cartagena · 2009 · p. 21, 482 citas

[16]
y se remataron tierras. El despojo se inició cuando se concentraron varios resguardos en uno solo, generalmente distantes de los centros poblados y en tierras de menor calidad (Liévano Aguirre, 2002)3. Con la descomposición de los resguardos se fue formando el trabajo a sa lariado al que se incorpora el indio y una…
p. 21

[17]
indígenas acudían a vender su fuerza de trabajo para cubrir los tributos con el salario obtenido; la economía monetaria empezó a introducirse en estos núcleos de economía natural y las ventas de tierra por la Corona a partir del siglo XVIII y el robo descarado de ellas por los terratenientes vecinos fueron reduciendo…
p. 48

14Colonización y protesta campesina en Colombia (1850-1950)Catherine LeGrand · 2016 · p. 371 cita

[18]
averiguarlo. Porque es claro, por lo que cuenta el libro, que este hecho marcó de manera indeleble la vida y los conflictos sociales del campo colombiano. El segundo bloque es que, frente a tal situación, los políticos y tomadores de decisiones vieron a los baldíos desde dos perspectivas. Por un lado, como un recurso…
p. 37

15Estado crítico de la propiedad colectivaDelgado Castaño, P. · 2018 · p. 52 citas

[19]
provincias sureñas de Popayán y Pasto, de alta concentración poblacional indígena, donde el aislamiento brindado por las formidables barreras cordilleranas, elevados cañones y caudalosos ríos, permitió que los resguardos tuvieran una tregua. Los principales pueblos indígenas del alto Cauca estrecharon lazos de unión…
p. 5

[20]
provincias sureñas de Popayán y Pasto, de alta concentración poblacional indígena, donde el aislamiento brindado por las formidables barreras cordilleranas, elevados cañones y caudalosos ríos, permitió que los resguardos tuvieran una tregua. Los principales pueblos indígenas del alto Cauca estrecharon lazos de unión…
p. 5

16Tierras y conflictos rurales: Historia, políticas agrarias y protagonistasRocío Londoño (coord.), Carolina Castro, Álvaro Delgado, Jaime Landinez · 2016 · p. 319, 3882 citas

[21]
una atmósfera de agitación en la gente rural, un desasosiego que con frecuencia ha llevado a luchas sangrientas (Fals Borda, 1957, página 51). Que la apropiación (indebida, ilegal e ilegítima) de tierras públicas ha sido una práctica antigua y bastante generalizada en Colombia, puede constatarse en el antiguo Fondo…
p. 319

[51]
apartado las caracterís- ticas que diversos estudios han desarrollado sobre la relación para- militar y la disputa por la tierra. Aunque otras regiones del país no estuvieron exentas de este fenómeno, para esta época concentrare- mos las características en esta región y en este tipo de actor 122. Aunque el abandono y…
p. 388

17El café en Colombia, 1850-1970: una historia económica, social y políticaMarco Palacios · 2009 · p. 2701 cita

[22]
privada de las tierras públicas- salieron del patrimonio estatal por lo menos tres millones de hectáreas ubicadas en las regiones que estos movimientos colonizadores ganaban a la civilización, entonces el tema merece el esfuerzo de desbrozar de entre la enmarañada legislación y las estadísticas confusas y de poco…
p. 270

18El indio en la lucha por la tierra: historia de los resguardos del macizo central colombianoJuan Friede · 2017 · p. 1991 cita

[24]
perito, costeadas por la Nación. Por falta de fondos para pagar tales comisiones se expide la Ley 111 de 1931, por medio de la cual se permite que el 200 Jínd Ficere repartimiento se haga por la vía de procedimiento ordi- nario judicial, administrativo o policivo, sin necesidad de intervención de las comisiones. (Se…
p. 199

19Historia de Colombia. Colombia Contemporánea IArturo Alape, Antonio Caballero, Gonzalo Hernández de Alba, Mauricio Archila, Germán Arciniegas, Enrique Sánchez y otros (obra colectiva) · 1988 · p. 1071 cita

[25]
la usurpacién de las tierras de los resguardos, lo que le valié ser perseguido im- placablemente por sus enemigos. Eso le llevé a di- tigirse al Tolima, donde se puso al frente de los re- clamos por la recuperacién del gran resguardo in- digena de Ortega y Chaparra, que habia sido di- suelto por la presién de los…
p. 107

20La invención de El Dorado. Museos arqueológicos, imágenes cartográficas y redes de conocimiento en Colombia (1935-1955)Daniel García Roldán · 2022 · p. 1801 cita

[26]
de la división de los resguardos (disfrazado con una retórica legalista), obedecía al hecho de que estas tie - rras habían adquirido una nueva valorización gracias a la construcción de una carretera que las pondría en contacto con los mercados del Cauca, Valle del Cauca y Huila. La partida presupuestal aprobada por el…
p. 180

21No matarás. Relato histórico del conflicto armado interno en ColombiaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 72, 3792 citas

[27]
el libro La Violencia en Colombia 149 se establece que entre 1948 y 1958 murieron 134.820 personas, entre civiles y armados, a causa de este conflicto (la mayoría en el Tolima, Valle, Antioquia y Caldas) y eleva la cifra a 200.000 a partir de una estimación de personas heridas que luego murieron, o que fueron…
p. 72

[86]
por parte de Salvatore Mancuso estuvo motivada por una disputa política no con la insurgencia, sino con el líder liberal más importante de la región. Los paramilitares no mataron solo a quienes consideraban de izquierda, sino a los rivales de sus aliados políticos. Las masacres fueron el modus operandi en la región.…
p. 379

22¡Basta satisfecho! Colombia: Memorias de guerra y dignidadCentro Nacional de Memoria Histórica (GMH) · 2013 · p. 701 cita

[28]
de la Gobernación del Tolima, La Violencia en el Tolima (Ibagué: Gobernación del Tolima, 1959). humano” que dejó La Violencia. En primer lugar, estimaron “16.219 muertos entre 1949 y 1957, sin incluir los muertos habidos con fuer- zas regulares del Ejército, ni en masacres colectivas, que generalmente eran abandonados…
p. 70

23Autodefensas de Cundinamarca. Olvido estatal y violencia paramilitar en las provincias de Rionegro y Bajo MagdalenaCamilo Ernesto Villamizar Hernández, Rodrigo Arturo Triana Sarmiento, León Felipe Rodríguez Hernández, César Nicolás Peña Aragón · 2020 · p. 351 cita

[29]
las FARC, sí articuló formas organiza- tivas agrarias, legales e ilegales, constituidas en los años precedentes. En este sentido, la base construida por el movimiento comunista en los núcleos agra- rios cafeteros de Cundinamarca posibilitó la conformación de las estructuras guerrilleras en la década de 1960. 1.…
p. 35

24Los trabajadores en la historia latinoamericana. Estudios comparativos de Chile, Argentina, Venezuela y ColombiaCharles Bergquist · 1988 · p. 4361 cita

[30]
menor de muertes en comparación con los otros grandes productores de café, después de 1958 suposición entre los departamentos que padecían la Violencia esri:xu~ho-;m4saltll. (Ve~'elCuad.ro S.G).Durante este pe riodo la Violencia se limitO étlsi exclusivamente a los departamentos pro ductores de café, los más…
p. 436

25Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. El campesinado y la guerraComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 64, 1382 citas

[31]
forma fraudulenta a precios irrisorios. El total de parcelas perdidas es de 393.648 123. La pérdida de parcelas se concentra en la zona donde más muertes ocurrieron, y donde también, en décadas anteriores, se habían presentado conflictos entre hacendados y colonos campesinos, en particular en el Valle del Cauca,…
p. 64

[49]
el mapa 9 se pueden apreciar, por ejemplo, los municipios que presentan expansión de cultivos de palma en el periodo 2001-2013, en relación con los que registran fenómenos de desplazamiento forzado entre 2001 y 2004. Se evidencia allí una correspondencia en algunas regiones del Urabá, el Magdalena Medio o el Meta. La…
p. 138

26Violence in Colombia: The Contemporary Crisis in Historical PerspectiveCharles Bergquist, Ricardo Peñaranda, Gonzalo Sánchez (eds.) · 1992 · p. 1901 cita

[32]
thousands of Colombians. Its images are unerasable and in good measure have given the Violence its distinctive seal. The extreme modality of this process was, of course, murder. Extreme not only for the number of victims but also because of the indescribable torture that surrounded these murders and marked for life…
p. 190

27La violencia en Colombia: Estudio de un Proceso SocialGermán Guzmán Campos, Orlando Fals Borda, Eduardo Umaña Luna · 1962 · p. 2771 cita

[33]
invasiones organizadas de fincas o latifundios, co- mo en el Tolima y el sur del Valle del Cauca (Las Hermosas, La Profunda, Pole, etc.), procediendo a usufructuar tales tierras y a veces a repartirlas entre sus seguidores, estableciendo normas de producción y mercados colectivos. Tales hechos son apenas síntomas del…
p. 277

28Trujillo: Una tragedia que no cesaGrupo de Memoria Histórica; Álvaro Camacho Guizado (relator); Gonzalo Sánchez G. (coordinador) · 2008 · p. 1321 cita

[34]
se logra establecer diversas modalidades de despojo. La descripción que a continua- ción se realiza no obedece necesariamente al orden cronológico en el que las diversas modalidades se han presentado; se trata más bien de un ordenamiento conceptual construido a partir de dos grandes ejes articuladores: el primero de…
p. 132

29El orangután con sacoleva: cien años de democracia y represión en Colombia (1910-2010)Francisco Gutiérrez Sanín · 2014 · p. 293, 2972 citas

[35]
Violencia no se pueda vincular directamente al comportamicn to o los “intereses”—independientemente de lo que se entienda por esa expresión— de ciertas clases sociales, sí está críticamente ligada al diseño institucional de los derechos de propiedad sobre la tierra, es decir, a la “expansión de Legrand” y a la…
p. 293

[61]
mano los paramilitares (como cuidanderos de las propiedades rurales di los narcotraficantes), pero también de agencias de seguridad del Estado. Y, en el proceso, no solo despojaron a campesinos sino también a otros terratenientes. Una vez más, nos encontramos con agentes que por una combinación de acceso a medios…
p. 297

30Análisis histórico del narcotráfico en ColombiaMaría Clemencia Ramírez, César Torres del Río, Andrés López Restrepo, Amada Carolina Pérez Benavides, Ángela Margoth Bacca Mejía · 2014 · p. 2491 cita

[36]
puertas de crédito para la producción agraria, viéndose obligadas a acelerar los flujos migratorios campo-ciudad y a intensificar la ocupación de nuevos territorios. Machado indica que el grado de concentración de la propiedad aumentó entre 1960 y 1970 a pesar de la prolija legislación agraria promulgada alrededor de…
p. 249

31Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Ensayo introductorioComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 46, 712 citas

[37]
Departamentos en los que la ANUC tenía una fuerza muy importante. En aplicación de la Ley 135 de 1961 el Incora dirigió durante los años sesenta la colonización del piedemonte oriental de la cordillera Oriental, el Magdalena Medio, la altillanura entre el oriente del Meta y Vichada, el sur de Córdoba y en varias…
p. 46

[45]
pieza clave en las estrategias –sobre todo las que ejercieron la violencia física– utilizadas para despojar y promover el abandono de tierras y bienes en el país. Las historias territoriales compi- ladas en este tomo dan cuenta de la utilización de diferentes modalidades de violencia para arrebatarle la tierra y los…
p. 71

32Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. AmazoníaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 621 cita

[38]
colonización cultural y territorial, que implicaron formas de violencia tanto físicas como simbólicas. 128 Becerra, «Las relaciones entre misioneros», 17. presentación 63 De la crisis de la economía campesina a la economía de la cocaína (1972—1980) 64 fiflćflThffan nexosfl. nThnflon P ara la década del 70, la promesa…
p. 62

33Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. OrinoquíaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 621 cita

[39]
cercano al poder, y quien fuera uno de los más grandes tenedores de tierra del conti- nente, llegó a poseer para principios de la década del sesenta entre 35.000 y 72.000 hectáreas en el Caquetá, incluyendo varias decenas de miles en los llanos del Yarí 139. Un campesino relata: «Coparon prácticamente todo el…
p. 62

34Manual de Historia de Colombia, Tomo IIIJaime Jaramillo Uribe (director científico), Jesús Antonio Bejarano, Darío Mesa, Miguel Urrutia Montoya, Germán Téllez Castañeda, Germán Rubiano, Rafael Gutiérrez Girardot · 1980 · p. 641 cita

[42]
í a distributiva. Juzgada por estos prop ó sitos, la ley 200 efectivamente fue eficaz, casi.totalment é en cuanto al segundo de los prop ó sitos y un poco menos en cuanto al primero. El primer efecto fue propi ciar, a costa de las tierras agr í colas, la expansi ó n de la ganader í a como forma de “ ocupaci ó n econ ó…
p. 64

35Tierra y carbón en la vorágine del Gran Magdalena. Los casos de las parcelaciones de El Toco, El Platanal y Santa FeYamile Salinas Abdala, María Paula Hoyos, Ana María Cristancho · 2018 · p. 371 cita

[43]
a procesos de desalojos adelan- tados por alcaldes y policías 55, y a grupos armados conformados por vigilantes que desplazaron campesinos de las fincas. Tal es el caso de Rodríguez Fuentes que con apoyo de autoridades evitó la toma de su finca Nueva Dicha, antes de la incursión paramilitar en Agustín Codazzi (URT,…
p. 37

36"Patrones" y campesinos: tierra, poder y violencia en el Valle del Cauca (1960 – 2012)Absalón Machado Cartagena, John Jairo Rincón García · 2014 · p. 3961 cita

[44]
tierras porque no había quien se las comparara y si se quedaban los mataban, porque es que ese exterminio fue terrible (…) 246. Al igual que en tiempos recientes, las amenazas directas e indi- rectas de los propietarios y poseedores se combinó con el asesinato, la quema de viviendas y de infraestructura. En otras…
p. 396

37Más allá del desplazamiento: políticas, derechos y superación del desplazamiento forzado en ColombiaCésar Rodríguez Garavito (coord.), Juan Carlos Guataquí, Ana María Ibáñez Londoño, María Mercedes Maldonado Copello, Luis Eduardo Pérez Murcia, Esteban Restrepo Saldarriaga, Héctor Riveros Serrato, Diana Rodríguez Franco, Yamile Salinas Abdala · 2010 · p. 511 cita

[46]
como las conductas contrarias al libre consentimiento, los actores del despojo logran su “legalización” vía el otorgamiento de escrituras falsas y otras maniobras jurídicas fraudulentas, tales como la simulación, la clona- ción de folios y la expedición de títulos falsificados. En síntesis, todos esos factores guardan…
p. 51

38La tierra en disputa. Memorias de despojo y resistencia campesina en la costa Caribe (1960-2010)Absalón Machado, Donny Meertens · 2010 · p. 451 cita

[47]
como un proceso específico en aras de distinguir analítica y conceptual- mente las etapas o pasos que lo constituyen, hace parte de proce- sos de mayor envergadura, en tanto está profundamente atado a las motivaciones y fines de los autores materiales e intelectuales que lo originan, así como a lógicas locales,…
p. 45

39Justicia. Balance de la contribución del CNMH al esclarecimiento históricoFrancisco Barbosa Delgado · 2018 · p. 461 cita

[48]
instrumento de construcción de memoria histórica que facilita la comprensión del conflicto arma- do y la materialización del derecho a la restitución de las víctimas del despojo y del abandono forzados. El principal aporte de este documento consiste en la carac- terización que hace sobre lo que denomina “Empresa…
p. 46

40Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. CaribeComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 1041 cita

[50]
de Córdoba y Urabá (ACCU). Las masacres reaparecieron con una matanza en San Pelayo, subregión del bajo Sinú, el 19 mayo de 1997. Para entonces, las Convivir y las masacres se habían extendido a otros departamentos del Caribe, auspiciadas por las ACCU. El encargado de esta tarea fue Salvatore Mancuso Gómez. En su…
p. 104

41Paramilitarism and Neoliberalism: Violent Systems of Capital Accumulation in Colombia and BeyondJasmin Hristov · 2014 · p. 1181 cita

[52]
Embezzlement of government funds. – Land ownership – Plantations with palm oil and other cash-crops – Casinos, lotteries – Gas Stations – Shopping centres – Prostitution establishments. 98 Paramilitarism and Neoliberalism of the use, enjoyment, access to and possession of things. Thus, forced abandonment is the result…
p. 118

42Desmovilización y reintegración paramilitar. Panorama posacuerdos con las AUCÁlvaro Villarraga Sarmiento · 2015 · p. 507, 5264 citas

[53]
- praron predios de forma irregular (Eltiempo.com, 2010 noviem - bre 21, “La toma ‘para’ al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, INCODER”). Un Grupo Élite de la Superintendencia de Notariado y Registro se tomó la Oficina de Registro de Instru - mentos Públicos de Carmen de Bolívar, una vez destituida su di -…
p. 526

[54]
- praron predios de forma irregular (Eltiempo.com, 2010 noviem - bre 21, “La toma ‘para’ al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, INCODER”). Un Grupo Élite de la Superintendencia de Notariado y Registro se tomó la Oficina de Registro de Instru - mentos Públicos de Carmen de Bolívar, una vez destituida su di -…
p. 526

[58]
fueran concentrando en el des - pojo no quiere decir en ningún sentido que hayan dejado de ser antisubversivos o políticos, (…) Es precisamente como despojadores que los paramilitares empiezan a adquirir voz y participación directa, no mediada, en el sistema político. (…) la violencia exterminadora que se vivió en el…
p. 507

[59]
fueran concentrando en el des - pojo no quiere decir en ningún sentido que hayan dejado de ser antisubversivos o políticos, (…) Es precisamente como despojadores que los paramilitares empiezan a adquirir voz y participación directa, no mediada, en el sistema político. (…) la violencia exterminadora que se vivió en el…
p. 507

43Hasta la guerra tiene límites. Violaciones de los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario y responsabilidades colectivasComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 438, 4432 citas

[55]
de María. Entrevista 212-VI-00035. Víctima, hombre. 1353 Entrevista 261-VI-00055. Mujer, víctima. 1354 Informe 1306-CI-01879, Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro) et al., «Guerra contra el campesinado (1958-2019)»; Informe 1308-CI-01891, Comisión Colombiana de Juristas, «Silencios e…
p. 443

[77]
guerra tiene límites 438 reconocimiento nacional ni internacional. Cuando está vinculado con el conflicto armado, el despojo es consecuencia del desplazamiento forzado, pues el desplaza- miento puede ser tanto el inicio como el resultado de un proceso de despojo violento de propiedades y bienes rurales. El despojo de…
p. 438

44Estrategias de guerra y trasfondos del paramilitarismo en el Urabá antioqueño, sur de Córdoba, bajo Atrato y Darién. Tomo IILaura Milena Ballén Velásquez, Ronald Edward Villamil Carvajal, Luisa Fernanda Hernández Mercado · p. 145, 4032 citas

[56]
encabezado por Benito Antonio Osorio Villadiego 15, presidente del Fondo Ganadero de Córdoba entre 1997 y 2007. El caso de Las Tulapas, sector ubicado entre los municipios de San Pedro de Urabá, Necoclí, y zona rural de Turbo, fue emblemático en la alianza ganadero-pa- ramilitar. La secuencia histórica del despojo y…
p. 145

[80]
una Colombia en paz con opor- tunidades y garantías para todos. Por el Gobierno Nacional: LUIS CARLOS RESTREPO Alto Comisionado para la Paz Por las Autodefensas Unidas de Colombia AUC: HERNAN HERNÁNDEZ RAMIRO VANOY LUIS CIFUENTES FRANCISCO TABARES ADOLFO PAZ JORGE PIRATA VICENTE CASTAÑO CARLOS CASTAÑO SALVATORE…
p. 403

45Mujeres que hacen historia. Tierra, cuerpo y política en el Caribe colombianoGrupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación · 2011 · p. 1571 cita

[57]
readjudicciones son Chivolo (47 casos), Ariguaní (32), Pivijay (24), Sitio Nuevo (12), Tenerife (8), Ciénaga, Santa Marta, Aracataca, Fundación y Plato con 2 casos cada uno y El Banco con 1 caso. La fiscalía abrió inves- tigaciones contra los funcionarios el INCORA/INCODER por 36 casos en las veredas Bejuco Prieto y…
p. 157

46La tierra se quedó sin su canto. Trayectoria e impactos del Bloque Norte en los departamentos de Atlántico, Cesar, La Guajira y Magdalena. Tomo IICentro Nacional de Memoria Histórica · 2022 · p. 20, 292 citas

[60]
sobre tenencia de la tierra, entre 2002 y 2009 hubo un incremento del 2,5 por ciento, especialmente en 2005, en el 57 por ciento del territorio nacional (Ibañez y Muñoz, 2009, s.p.). Temporalmente estos datos coinciden con la consolidación de estructuras como el Bloque Norte, así como la fase de negociación y…
p. 20

[63]
registros de densidad de predios abandonados y/o despojados de la Unidad de Restitución de Tierras. En el mapa se muestra que el municipio de Valledupar es el que presenta mayor densidad de los cuatro departamentos en los que hubo incidencia del Bloque Norte. Asimismo, la densidad es alta en los municipios del norte y…
p. 29

47Petróleo, coca, despojo territorial y organización social en PutumayoEdinso Culma Vargas, Juliana Guerra Rudas, Rocío Londoño Botero · 2015 · p. 2451 cita

[62]
que efectivamente le habían quitado un poco de cosas a la gen- te. Porque la gente no lo decía, por miedo, por temor, se que- daba allí muy silenciosamente, no se manifestaban. (...) [Los predios despojados] se los fueron pasando entre jefes. Hace un año, más o menos, murió uno de los jefes; alias Maní, Manuel Álvarez…
p. 245

48Memoria de la infamia. Desaparición forzada en el Magdalena MedioCentro Nacional de Memoria Histórica, Liz Yasmit Arévalo Naranjo, Andrés Prieto Ruiz · 2017 · p. 4821 cita

[64]
casos donde los colonos no tenían títulos de propiedad sobre sus mejoras. Según A. Reyes (2009, página 228), de las personas desplazadas que acudieron a la iglesia y manifestaron haber perdido tierras entre los años 1997-2007, la mayoría pertenecía a las subregiones del Magdalena Medio (en Yondó por ejemplo, debieron…
p. 482

49Paramilitarismo. Balance de la contribución del CNMH al esclarecimiento históricoTeófilo Vásquez Delgado, Víctor Barrera · 2018 · p. 1321 cita

[65]
ONG, que muestran los auto- res, es evidente la mayor participación de las guerrillas en comparación con los gru- pos paramilitares y su actual etapa de los GAPD (CNMH, 2015j, páginas 320 y 324). 132 Paramilitarismo Balance de la contribución del CNMH al esclarecimiento histórico mes del CNRR-GMH y del CNMH reseñados.…
p. 132

50La dimensión moral del conflicto armado en Colombia. Una lectura a partir de Theodor W. AdornoTulia Almanza Loaiza · 2022 · p. 2641 cita

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ilegítimas o éticamente censurables. Algunos empresarios también están aprovechando el contexto de violencia para especular con el precio de la tierra o 482 CNMH, Buenaventura: Un puerto sin comunidad, 235. 265 C AP Í TU LO 3. Auschwitz como impulso para pensar el caso colombiano acceder a los territorios adecuados…
p. 264

51Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Antioquia, sur de Córdoba y Bajo Atrato chocoanoComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 1281 cita

[67]
por ejemplo, los paramilitares, o los grupos de narcotraficantes no pueden ejercer un control total sobre esos corredores cuando hay comunidades indígenas allí. Tercero, son comunidades que se asientan en territorios muy ricos en recursos naturales, no como coincidencia, sino como resultado de su manejo del territorio…
p. 128

52La guerra vino de afuera. El Bloque Pacífico en el sur del Chocó: una herida que aún no cierraCentro Nacional de Memoria Histórica, Laura Bibiana Escobar García, Laura Catalina Tovar Bohórquez, Esteban de Jesús Caviedes Alfonso · 2022 · p. 2111 cita

[68]
multinacionales como AngloGold Ashanti, que crearon grandes proyectos mineros mediante el acaparamiento de numerosos permisos de explotación en tierras pertenecientes a las comunidades étnicas (Tribunal Superior de Medellín, 2017). Para 2015, se habían otorgado 164 tí- tulos mineros, de los cuales el 30% pertenecía a…
p. 211

53Resistir no es aguantar. Violencias y daños contra los pueblos étnicos de ColombiaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 671 cita

[69]
bélicas, atentados y ataques a población, tuvo un auge entre los años 2001, 2006 y 2012 59. La presión sobre las economías legales por parte de las guerrillas, con diferentes violaciones a los derechos humanos, motivó el ingreso de nuevas estructuras paramilitares. En un principio, bajo la modalidad de las llamadas…
p. 67

54Una nación desplazada: Informe nacional del desplazamiento forzado en ColombiaCentro Nacional de Memoria Histórica (CNMH); Myriam Hernández Sabogal, Catalina Riveros Gómez, Mónica Johanna Rueda, Yamile Salinas Abdala, Juan Manuel Zarama Santacruz · 2015 · p. 2601 cita

[70]
PUTUMAYO BOLÍVAR LA GUAJIRA MAGDALENA SUCRE CUNDINAMARCA VALLE DEL CAUCA CALDAS NORTE DE SANTANDER SAN ANDRÉS RISARALDA ATLÁNTICO PROVIDENCIA QUINDÍO BOGOTÁ D.C. Procesado por: Centro Nacional de Memoria Histórica -CNMH Georreferenciación: Julio E. Cortés. Ago-2015 Personas desplazadas Títulos otorgados # 0 28 - 72 #…
p. 260

55Tierras. Balance de la contribución del CNMH al esclarecimiento históricoAlejandro Reyes Posada · 2018 · p. 1081 cita

[71]
desti- naron a esos fines, que subieron de $ 20.000 millones a un poco más de tres billones en 2013 (CNMH, 2015b, página 476). Aun así, el presupuesto resulta insuficiente para impactar seriamente las pérdidas sufridas por la población desplazada, que ascendieron a 154.7 billones de pesos hasta el año 2013, en el…
p. 108

56Pueblos arrasados: Memorias del desplazamiento forzado en El Castillo (Meta)Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH); Catalina Riveros Gómez, Francisco Hernando Vanegas Toro, Julián Augusto Vivas García, Pablo Andrés Convers Hilarión (relatores) · 2015 · p. 1651 cita

[72]
ellos se vio obligado a abandonarlas, 78 por ciento de familias tenía animales y 92 por ciento de ellas fue despojada de ellos o los abandonó en el momento de la salida. (Comisión de seguimiento a la política pública sobre desplazamiento forzado, 2009) 165 Huellas del desplazamiento: daños, afectaciones, impactos y…
p. 165

57Pueblos arrasados. Memorias del desplazamiento forzado en El Castillo (Meta)Myriam Hernández Sabogal, Catalina Riveros Gómez, Francisco Hernando Vanegas Toro, Julián Augusto Vivas García, Pablo Andrés Convers Hilarión · 2015 · p. 1651 cita

[73]
económicas y culturales al dejar dichas relaciones sin el espacio físico que las soportaba. 63 Las categorías relacionadas con el daño material es necesario ponerlas en diálogo con los conceptos de ‘daño emergente’ y ‘lucro cesante’, las cuales son utilizadas en la jurisprudencia de las altas Cortes colombianas y en…
p. 165

58Memorias de una masacre olvidada. Los mineros de El Topacio, San Rafael (Antioquia), 1988Ana María Jaramillo, Juan Alberto Gómez · 2016 · p. 1991 cita

[74]
miliares y causó daños materiales y patrimoniales en las víctimas, por los ingresos que dejaron de percibir al dejar de realizar su la - bor y por aquellos gastos que luego debieron asumir para recons - truir económicamente sus vidas. Por ejemplo, algunas víctimas sufragaron, como consecuencia de la violación de sus…
p. 199

59Desplazamiento forzado en la Comuna 13: La huella invisible de la guerraLuz Amparo Sánchez, Marta Inés Villa, Pilar Riaño · 2011 · p. 1651 cita

[75]
un tiroteo, luego explosiones, vimos que la gente corría, que ardían unos ranchos, mataron a un muchacho que era vecino de nosotros pero no sé el nombre, a una vecina le volaron la casa con una explosión, ella tiene siete hijos, varias casas se fueron a un cráter ya que se formó un hueco con una explosión, la gente…
p. 165

60Sufrir la guerra y rehacer la vida. Impactos, afrontamientos y resistenciasSaúl Franco Agudelo · 2022 · p. 991 cita

[76]
desigualdad no ha dejado de aumentar 223. En 2016, s egún esta organización, Colombia se situaba en primer lugar en el ranking de desigualdad en la distribución de la tierra en Latinoamérica, seguido por Perú, Chile y Paraguay. En el país, el 1 % de las explotaciones de mayor tamaño controlaba más del 80 % de la…
p. 99

61Memorias de una guerra por los Llanos. Tomo II. El Frente Capital y el declive del Bloque Centauros de las AUCDaniel Ricardo Martínez Bernal (coordinador), Lorena Camacho Muete, Esteban Caviedes Alfonso, Laura Bibiana Escobar García, José María Gutiérrez Sierra, Daniela Moreno Arriola, Daniel Augusto Serrano Corredor, Juan Manuel Villarraga Beltrán · 2021 · p. 3891 cita

[78]
y comunidades indígenas. 9 de diciembre de 2011. D.O. 48278. Decreto 717 de 1996. Por el cual se dictan unas medidas tendientes a la pre- servación del orden público. 18 de abril de 1996. D.O. 42769. 390 MEMORIAS DE UNA GUERRA POR LOS LLANOS Decreto 871 de 1996. Por el cual se delimita una zona especial de orden pú-…
p. 389

62Hallazgos y recomendaciones de la Comisión de la Verdad de ColombiaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 5181 cita

[79]
Convivir. 1033 Ver el tomo Hasta la guerra tiene límites. Violaciones de los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario y responsabilidades colectivas, del Informe Final de la Comisión de la Verdad. 1034 Ibíd, 368. hacia la paz territorial 519 Forjando Futuros, de 7.098 sentencias de…
p. 518

63Cuatro crisis que marcaron a Colombia: Memorias del fraude bancario de 1982, el apagón de 1992, la debacle financiera de 1999 y las negociaciones con el ELN en 2018Juan Camilo Restrepo · 2022 · p. 1501 cita

[81]
La política de restitución de tierras, que a mi entender es la pieza de mejor implementación en cuanto toca con las políticas agrarias que ha tenido el país hasta el momento, busca fundamentalmente facilitar la recuperación de las tierras de quienes han sido despojados a sangre y fuego en las últimas décadas o por la…
p. 150

64Los retos de la Colombia contemporánea. Miradas disciplinares diversas en las ciencias socialesMauricio Nieto Olarte (edición académica y compilación), Luis Javier Orjuela, Alix Catalina Rojas, Carlos Felipe Cantor, Juan Carlos Rodríguez, Andrés Guhl, Sandra Borda G., Mateo Morales, Ángela Iranzo Dosdad, Alejandro Castillejo Cuéllar, Juan Ricardo Aparicio, Alhena Caicedo, Pablo Jaramillo, Carlos A. Manrique, Laura Quintana · 2017 · p. 1382 citas

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transición de la guerra a la paz implican negociaciones siempre com - plejas y conflictuales sobre la naturaleza de las demarcaciones físicas 122 Los retos de la Colombia contemporánea y sociales. Los procesos de paz que no son sensibles a las políticas de demarcación corren el riesgo de volver a encender el conflicto…
p. 138

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transición de la guerra a la paz implican negociaciones siempre com - plejas y conflictuales sobre la naturaleza de las demarcaciones físicas 122 Los retos de la Colombia contemporánea y sociales. Los procesos de paz que no son sensibles a las políticas de demarcación corren el riesgo de volver a encender el conflicto…
p. 138

65La política de reforma agraria y tierras en Colombia. Esbozo de una memoria institucionalAbsalón Machado Cartagena · 2013 · p. 1241 cita

[84]
zonas selváticas de ínfima productividad. […] el segundo gran componente de una política de ordenamiento de la población en el territorio es la urbanización planificada y ordenada de los desplazados por la violencia” [Reyes, 2009, 369-370]. La Ley de Víctimas fue expedida en noviembre de 2011 y contiene la…
p. 124

66Mujeres y guerra. Víctimas y resistentes en el Caribe colombianoGrupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación · 2011 · p. 311 cita

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aspectos, el ca- pítulo ofrece los antecedentes de formación de los paramilitares y brinda elementos para comprender la manera como a partir de 1997 aplicaron un plan que buscaba constituirlos en un actor polí- tico de orden nacional y convertirlos en autoridades indisputadas en regiones de su interés. 1. La…
p. 31

67Doble discurso, múltiples crímenes. Análisis temático de las ACMM y las ACPBCentro Nacional de Memoria Histórica, Camilo Ernesto Villamizar Hernández (coordinador) · 2021 · p. 4662 citas

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la propiedad, el promedio de los municipios donde hubo presencia de las ACMM reporta un total de 0,69 y para los municipios de presencia de las ACPB se registra un promedio de 0,64. Esto, si bien está por debajo del pro- medio nacional (0,86) no deja de ser una cifra alta, teniendo en cuenta que en el caso de las ACMM…
p. 466

[88]
la propiedad, el promedio de los municipios donde hubo presencia de las ACMM reporta un total de 0,69 y para los municipios de presencia de las ACPB se registra un promedio de 0,64. Esto, si bien está por debajo del pro- medio nacional (0,86) no deja de ser una cifra alta, teniendo en cuenta que en el caso de las ACMM…
p. 466