Funpazcor y el despojo legalizado mediante filantropía armada

Funpazcor

La Fundación para la Paz de Córdoba —Funpazcor— fue el instrumento con que Fidel Castaño Gil convirtió el despojo paramilitar en propiedad legítima. Constituida en 1991 en el sur de Córdoba, en el momento exacto en que el país escribía una nueva Constitución y sellaba pactos de reincorporación con guerrillas como el EPL, la fundación operó bajo el lenguaje de la reforma agraria: recibió donaciones de tierras del propio Castaño y de sus prestanombres, y las redistribuyó en parcelas a campesinos pobres, desplazados y excombatientes desmovilizados. Bajo esa arquitectura filantrópica se cocinaba otra cosa. Las fincas donadas habían sido acumuladas mediante desplazamiento forzado y compras a la sombra del terror; los predios entraban al registro público como "área nueva", borrando su historia de tradición; y los beneficiarios de las parcelas convivían con testaferros de la propia Casa Castaño. Una década después, cuando el modelo productivo colapsó y la organización paramilitar se reactivó bajo la denominación de las ACCU y luego las AUC, las mismas tierras fueron "recuperadas" por vías ilegales, dejando un rastro de amenazas, asesinatos de reclamantes y expedientes judiciales que llegan hasta hoy. Funpazcor no fue una desviación filantrópica del proyecto paramilitar: fue una de sus piezas jurídicas centrales, y prefiguró un patrón que en la década siguiente se replicaría, con las Convivir y con la complicidad activa del INCORA/INCODER, en Urabá, Magdalena, los Llanos y el Caribe.

Antes de la fundación: Los Tangueros, la Constituyente y la desmovilización del EPL

Para entender qué era Funpazcor hay que retroceder al menos hasta 1983, cuando Fidel Castaño compró a un hacendado llamado Ballestas un conjunto de fincas en el sur de Córdoba —Las Tangas, El Porvenir, Campo Alegre, Damasco, Estambul, Tislo— que en la década siguiente serían la infraestructura territorial de su ejército privado. Sobre esas haciendas se levantó Los Tangueros, la estructura paramilitar de primera generación que operó en el sur de Córdoba y en el Urabá antioqueño con el respaldo de hacendados y ganaderos locales resentidos con la guerrilla, y en articulación con el negocio de la coca del Cartel de Medellín. Las masacres contra campesinos y trabajadores agrícolas sospechosos de simpatizar con el EPL fueron su firma. El desplazamiento forzado que dejaron esas incursiones siguió las mismas rutas que las compras masivas de tierras por narcotraficantes y paramilitares: sur de Córdoba, Urabá, Magdalena Medio.

A finales de los años ochenta, la región ya estaba amarrada a una economía del despojo. En diciembre de 1988, la hacienda El Martillo, entre Canaletes y Puerto Escondido, pasó a manos de Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha, y desde allí operaba una flota que llevaba droga a Panamá y regresaba con armas —ese mismo mes ingresaron por Puerto Escondido seiscientos fusiles R-15. La organización de los Castaño se movía en ese ecosistema, con apoyo de capos del narcotráfico.

El giro llegó en 1990. El 30 de julio, Fidel Castaño emitió un comunicado de prensa aceptando avanzar en el desmantelamiento del paramilitarismo. La condición la había puesto el EPL, que negociaba entonces su reincorporación a la vida civil en el marco de la Asamblea Nacional Constituyente. Ese año Castaño se sometió a la justicia junto a trescientos de sus hombres y entregó varias haciendas, con el argumento público de contribuir a la reconciliación. La desmovilización de Los Tangueros parecía, junto a la del EPL, el inicio del fin de la violencia política en la región.

No lo fue. Años después, el Tribunal Superior de Medellín, en su Sala de Justicia y Paz, estableció lo que ya entonces empezaba a intuirse: la desmovilización de Los Tangueros careció de compromiso real. Fue una estrategia diseñada por Fidel Castaño para mantener la base social de su organización, sostener el discurso legitimador que había construido —el hacendado justiciero que defendía la región del comunismo— y, sobre todo, encubrir sus finanzas y legalizar el patrimonio adquirido mediante el despojo. La voluntariedad del proceso y la falta de control estatal le dieron a Castaño el margen para direccionar la desmovilización a favor de su propia organización. Funpazcor fue la pieza jurídica que faltaba para cerrar esa operación.

La arquitectura de la fundación: donaciones, hectáreas y "área nueva"

La constitución formal de Funpazcor y su fase inicial de acumulación patrimonial ocurrieron entre marzo y junio de 1991, en cuestión de tres meses. El 26 de marzo de ese año, un hombre llamado Restrepo —dueño formal de la finca Cedro Cocido— donó 320 hectáreas de ese predio a la fundación. La operación tenía una segunda cara que solo se hizo visible después: meses más tarde, Restrepo vendió el resto de Cedro Cocido a Carlos Alfonso Goez Oquendo por 35 millones de pesos, y cuando Funpazcor distribuyó las tierras entre los campesinos beneficiarios, el mismo Goez Oquendo apareció como adjudicatario de una parcela de veinte hectáreas. La coincidencia —comprador de un predio grande convertido de pronto en campesino sin tierra— fue el primer indicio público de que el circuito de la fundación incluía prestanombres.

En el mismo trimestre, los Castaño o sus prestanombres transfirieron a Funpazcor parcelas en Las Tangas y El Porvenir, en Campo Alegre, Damasco, Estambul y Tislo. La fundación recibió como donación filantrópica exactamente el mismo paquete de fincas que Fidel Castaño había comprado a Ballestas en 1983 y sobre el cual se había asentado la infraestructura militar de Los Tangueros. Las tierras que habían sido base de operaciones del paramilitarismo pasaban ahora, sin cambiar de dueño real, a ser insumo de una reforma agraria privada.

La ingeniería del despojo se jugaba en las oficinas de instrumentos públicos. Los predios transferidos a Funpazcor fueron declarados por los Castaño como "área nueva". La figura del "área nueva" borra artificialmente la tradición jurídica de un predio: lo inscribe como si su historia registral comenzara en ese momento, sin antecedentes, sin cadena de compradores anteriores, sin las escrituras que podrían delatar cómo llegó a manos del donante. Esa potestad correspondía legalmente solo al dueño formal registrado, y los Castaño —o quienes figuraban por ellos— la utilizaron sistemáticamente. En un solo trámite quedaban resueltos dos problemas: se limpiaba la historia de despojo que traían las fincas y se les daba una apariencia de propiedad originaria, a partir de la cual la nueva titularidad —la de Funpazcor y luego la de los parceleros— se veía como legítima.

La cláusula que acompañaba las adjudicaciones cerraba el dispositivo. Funpazcor incorporaba en los contratos con los campesinos una prohibición de compraventa: las parcelas no podían enajenarse mientras las familias siguieran vinculadas al proyecto. En apariencia, era una protección contra la especulación y el desalojo. En la práctica, congelaba la disposición real de la tierra en manos de la fundación, garantizando que ningún parcelero pudiera vender su lote a un tercero ajeno al esquema, y preservando el control efectivo del paquete territorial en la órbita de los Castaño.

Los beneficiarios: campesinos, desmovilizados y prestanombres en la misma lista

Entre 1990 y 1991, Funpazcor distribuyó tierras a desplazados y a reinsertados del EPL. Ese fue el hecho que le dio a la fundación su prestigio público y que hizo verosímil la imagen del hacendado convertido en actor de paz. No todos los beneficiarios eran ficticios: hubo campesinos reales que recibieron parcelas, familias que se asentaron y trabajaron la tierra durante años, excombatientes que apostaron por la reincorporación en el mismo territorio donde habían combatido. Y ahí residía la eficacia del dispositivo: Funpazcor entregó parcelas de verdad, y esa entrega —bajo el lenguaje de la reforma agraria y con la retórica de la reconciliación— fue precisamente lo que la blindó frente al escrutinio público.

Pero en la misma lista estaban los prestanombres. El caso de Goez Oquendo es el mejor documentado, no el único. La operación tenía sentido económico porque mezclaba beneficiarios reales con testaferros que garantizaban que una fracción sustantiva de las parcelas siguiera bajo control efectivo de la organización. El campesino que recibía un lote pequeño en un rincón marginal de la finca funcionaba como legitimador social; el prestanombre que aparecía con veinte o más hectáreas en los mejores paños funcionaba como reserva patrimonial. Ambos figuraban en los mismos registros y compartían el mismo lenguaje de "beneficiarios de Funpazcor". Esa mezcla fue el hallazgo jurídico del dispositivo: hizo prácticamente imposible, durante años, distinguir a los unos de los otros sin una investigación patrimonial detallada que el Estado no estaba en condiciones de hacer.

Al donar tierras a los desmovilizados del EPL, los Castaño lograron algo que ninguna otra estructura paramilitar de la época consiguió con la misma eficacia: neutralizaron a los excombatientes en su propio territorio, los volvieron dependientes económicamente de una estructura vinculada al paramilitarismo y disolvieron la posibilidad de que la reinserción diera lugar a nuevas formas de organización campesina o política en el sur de Córdoba. La reforma agraria filantrópica funcionó, en ese sentido, como una prolongación de la contrainsurgencia por otros medios.

Sor Teresa Gómez y la red de operadores civiles

El rostro civil de Funpazcor —y el que garantizó la continuidad del dispositivo cuando los Castaño ya no pudieron dirigirlo directamente— fue el de Sor Teresa Gómez Álvarez, también conocida como Teresita Gómez. Nacida en Amalfi, Antioquia, el 27 de junio de 1956, había sido criada con los hermanos Castaño Gil y era viuda de Ramiro Gil, medio hermano de Fidel, Carlos y Vicente. Hermana de crianza y cuñada a la vez, quedó instalada desde muy temprano en el núcleo íntimo de la Casa Castaño, y desde los inicios de la organización armada fue una mujer de confianza. La cercanía era estructural: Carlos Castaño la incluyó como uno de los cuatro garantes del testamento que escribió dos años antes de ser asesinado en 2004. Fue, además, suegra de "Monoleche", uno de los operadores armados de la organización en su segunda generación.

Su papel en Funpazcor consolidó a la fundación como pieza mixta: aparato paramilitar hacia adentro, oficina de fachada hacia afuera. Con la muerte de Fidel Castaño —cuya fecha y circunstancias exactas nunca fueron del todo esclarecidas, y que la organización ubicó a comienzos de los años noventa— y luego con la desaparición y asesinato de Carlos en 2004, cuyo cadáver fue hallado en 2006 en la hacienda Las Tangas, precisamente la finca de origen de todo el patrimonio de Funpazcor, la fundación entró en una segunda vida bajo su gestión. Fue ella quien articuló con los nuevos comandantes la operación conocida como la "recuperación" de las tierras: revertir, por vías ilegales, las adjudicaciones que se habían hecho a los campesinos y reinsertados en 1990 y 1991, y volver a concentrar los predios en manos de la organización o de sus prestanombres. El mismo dispositivo que había servido para legalizar el despojo servía ahora, doce o quince años después, para desandarlo hacia el destino original.

Alrededor de Sor Teresa se tejió una red de operadores civiles: abogados que gestionaban las escrituras, contadores que llevaban las cuentas de la fundación, notarios que registraban las transacciones. Ese entramado civil fue el que permitió que Funpazcor sobreviviera al vaivén militar de la organización: los comandantes cambiaban, morían, se desmovilizaban en Santafé de Ralito, pero la fundación seguía ahí, con su patrimonio jurídicamente blindado y su lenguaje de paz intacto.

La fase de las ACCU y la instrumentalización de las figuras legales

Mientras Funpazcor operaba bajo su fachada filantrópica, la organización armada que le daba origen no se había desmontado: la desmovilización de 1990 había sido parcial y estratégica. Desde 1994, la Casa Castaño inició un proceso de confederación de estructuras paramilitares bajo la denominación Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá —las ACCU—, con epicentro en el sur de Córdoba y el Urabá antioqueño, expandiéndose luego al norte y Bajo Cauca antioqueño y hacia el Darién. Para 1996, el Bloque Sinú de Salvatore Mancuso ya había estrechado vínculos con los hermanos Castaño. El Nudo del Paramillo, corredor estratégico entre Antioquia, Córdoba, Chocó y Bolívar, se consolidó como territorio clave para la estabilización del proyecto paramilitar y para las economías ilegales que lo financiaban: cocaína bajando hacia el Golfo de Urabá, armas subiendo desde el Darién, ganadería extensiva sobre tierras despojadas.

En esa fase, Funpazcor cambió de función sin cambiar de fachada. Lo que en 1991 había sido un dispositivo de legalización del despojo se convirtió, en la segunda mitad de la década, en una estructura de cobertura para operaciones más amplias. La fundación y las tierras "recuperadas" habrían servido como fachada para la adquisición ilegal de tierras adicionales, el tráfico de armas y el lavado de activos provenientes del narcotráfico. La misma personería jurídica que había recibido donaciones de campesinos servía ahora para justificar movimientos patrimoniales cuya lógica ya no era la reforma agraria sino la acumulación financiera del bloque paramilitar en expansión. Detrás del membrete filantrópico circulaban ahora escrituras, transferencias interbancarias, contratos de arrendamiento y compraventas que rebasaban con creces el sur de Córdoba.

El patrón se repetiría enseguida con las Convivir. A partir de mediados de los noventa, la Casa Castaño y las ACCU tomaron la figura legal de las cooperativas de vigilancia rural y la usaron con la misma lógica que habían inaugurado con Funpazcor: una carcasa jurídica reconocida por el Estado, una junta directiva civil, un objeto social defendible en público, y detrás la misma estructura armada haciendo el mismo trabajo. La fundación filantrópica y la cooperativa de seguridad privada eran variaciones del mismo hallazgo: cómo darle personería jurídica a un aparato paramilitar sin cargar el costo reputacional del acto armado directo.

El colapso del modelo productivo: 1995-1998

El costado agrario de Funpazcor —el que le daba al dispositivo su verosimilitud pública— empezó a fallar hacia mediados de la década. En 1995, las directivas de la fundación tomaron una decisión que revela hasta qué punto el proyecto productivo había fracasado: cambiaron el sistema de financiamiento y decidieron arrendar las parcelas a quienes estuvieran interesados en la producción agrícola, con el compromiso de repartir las ganancias entre el arrendatario y la fundación. La medida reconocía tácitamente que los parceleros no estaban en condiciones de sostener por sí mismos la explotación de sus lotes, y que la promesa original de convertir a los desplazados y reinsertados en pequeños propietarios autónomos había resultado, en la práctica, inviable.

El esquema de arrendamiento tuvo escasa participación. Los interesados en arrendar en aquella zona no abundaban —el sur de Córdoba a mediados de los noventa era un territorio en plena reactivación paramilitar, con las ACCU consolidándose, y no era exactamente un mercado agrícola normal—, y los parceleros originales no vieron mejorar su situación económica. Tres años después, en 1998, Funpazcor tomó la segunda decisión estructural: levantó la cláusula contractual que prohibía la compraventa de las parcelas a las familias que aún permanecían vinculadas al proyecto.

El levantamiento de la cláusula fue el momento en que el dispositivo mostró su rostro. Con la prohibición de venta suspendida, los parceleros podían por primera vez enajenar sus lotes, pero lo hacían en un contexto en que la presión paramilitar sobre el territorio se había recrudecido, en que la fundación misma —bajo la mano de Sor Teresa Gómez y los nuevos comandantes— estaba interesada en concentrar de nuevo los predios, y en que los precios que se ofrecían no reflejaban valor de mercado sino coacción. Entre 1998 y los primeros años del siglo XXI, lo que en 1991 se había entregado bajo la retórica de la reforma agraria filantrópica volvió a la órbita de la organización mediante compras forzadas, amenazas y desplazamientos silenciosos. El circuito regresaba a su punto de partida.

Yolanda Izquierdo y el costo humano de reclamar

Cuando el proceso de Justicia y Paz abrió, años después de la desmovilización de las AUC en Santafé de Ralito, una rendija jurídica para que las víctimas del despojo reclamaran sus tierras, muchos de los antiguos parceleros de Funpazcor —los que habían sido presionados a vender entre 1998 y 2002 y los que habían perdido sus lotes— intentaron organizarse. La respuesta fue el asesinato.

Yolanda Izquierdo, líder de reclamantes de tierras en Córdoba que había asumido la vocería de campesinos víctimas del despojo asociado a la Casa Castaño y a Funpazcor, fue asesinada en 2007 en Montería. Su crimen fija el precio que las comunidades pagaron por atreverse a nombrar el dispositivo. No fue un caso aislado: reclamantes víctimas de estructuras vinculadas al paramilitarismo cordobés —incluidos casos asociados a Jairo Correa, otra figura del despojo regional— solicitaron protección tras recibir amenazas, y varios no lograron nunca recuperar sus predios. Antes, en 1998, había caído en Medellín el abogado y defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, quien había denunciado con detalle la connivencia entre paramilitares, hacendados y funcionarios del Estado en el corredor Córdoba-Urabá que era el epicentro de Funpazcor.

La cadena de asesinatos y amenazas mostró que el dispositivo Funpazcor no se sostenía únicamente por su ingeniería jurídica. Detrás del "área nueva" en el registro, de las cláusulas contractuales y de la personería jurídica de la fundación, había una capacidad de violencia diferida que se activaba cada vez que alguien intentaba desandar el circuito. La sofisticación notarial funcionaba porque, en última instancia, contaba con la posibilidad del disparo selectivo.

Un patrón que se replicó: INCORA, INCODER y las notarías del despojo

Funpazcor fue el prototipo, no la excepción. En la década siguiente, el mecanismo de legalización del despojo se replicó en otras regiones del país, con variantes que compartían el mismo principio: usar el aparato institucional agrario y registral para dar apariencia de legalidad a la usurpación paramilitar.

En el Magdalena, entre febrero y marzo de 2003, el INCORA revocó la adjudicación de 134 predios argumentando abandono o incumplimiento de créditos: a un promedio de dos por día, una cifra que resulta obscena si se contrasta con los apenas 80 predios revocados en los siete años anteriores. Un exintegrante del Bloque Norte declaró después que funcionarios del INCODER en Sabanas de San Ángel aceptaban sobornos de paramilitares, y que fue el propio Estado, a través de la entidad agraria, el que abrió la puerta al despojo. En el proyecto parcelario del Gran Magdalena la trama tuvo firmas concretas: Eduardo Carlos Gutiérrez Noguera, Omar Elías Obando, Carlos Eduardo Reyes Jiménez y Jesualdo Arzuaga Rubio, funcionarios agrarios que aceptaron renuncias al subsidio, ventas de mejoras e ingreso de nuevas familias a predios vacantes con pleno conocimiento del contexto de violencia, y expidieron adjudicaciones que blanquearon jurídicamente el despojo.

En los Llanos la variante fue más coral. Procesos judiciales establecieron que las tierras arrebatadas a campesinos por paramilitares se legalizaron con el concurso simultáneo de testaferros, abogados, funcionarios corruptos del INCODER, jueces, registradores y notarios: un dispositivo distribuido en el que cada eslabón añadía una capa de legalidad al eslabón anterior. Todavía en 2010 el ERPAC ejercía control territorial en la zona, lo que hacía materialmente inviable cualquier restitución mientras las armas siguieran donde estaban. En el Chocó, la Dirección de Registro de la Superintendencia de Notariado y Registro estableció que inscripciones realizadas en la Oficina de Registro de Quibdó eran irregulares e ilegales, con resoluciones de adjudicación inscritas extemporáneamente en noviembre de 2003 contra la prohibición legal; concluyó que el registro estaba anunciando al público la existencia de un derecho de propiedad que en realidad no existía —es decir, dándole apariencia oficial a un dueño inventado— y ordenó su revocatoria.

En todos esos casos, la lógica era la que Funpazcor había ensayado por primera vez en 1991: aprovechar la institucionalidad agraria y notarial —fundaciones, cooperativas, adjudicaciones del INCORA, inscripciones registrales— para darle a la usurpación una carcasa de legalidad que la restitución posterior tendría que romper una por una, escritura por escritura, expediente por expediente.

El legado: restitución, sentencias y las cuentas pendientes

La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y el proceso de Justicia y Paz abrieron, desde 2011, una vía formal para desandar el despojo. Los resultados hablan del tamaño del problema. De 7.098 sentencias de restitución proferidas con corte al 28 de febrero de 2021, el 53% —3.761 casos— atribuye la responsabilidad a grupos paramilitares, muy por encima de las guerrillas con el 19% o de los enfrentamientos entre actores armados con el 20%. En Urabá, sur de Córdoba y Darién Chocoano, al corte de marzo de 2019, existía una brecha significativa entre las solicitudes presentadas y las sentencias efectivamente proferidas.

El caso Funpazcor entró en ese circuito con lentitud desigual. La Subunidad Élite de Persecución de Bienes para la Restitución de la Unidad Nacional para la Justicia y la Paz documentó casos relacionados con las regiones de Urabá y la Sierra Nevada, y la Casa Castaño y su fundación aparecen en la genealogía del despojo paramilitar en el sur de Córdoba, con al menos una finca —Katanga— señalada expresamente como parte de la operación de despojo de Funpazcor en la zona de San Pedro de Urabá, Tierralta y Montería. La devolución material de los predios a los parceleros originales o a sus herederos, sin embargo, avanzó con dificultad, y en muchos casos las tierras que el propio Incoder adjudicó en años posteriores terminaron en manos de personas vinculadas al paramilitarismo, prolongando el despojo bajo apariencia de legalidad institucional.

La textura de esa lentitud se lee mejor a ras de tierra. En El Japón, en La Dorada, un testimonio recogido por investigadores resumió la situación con una frase seca: "esa finca no la han querido mover", mientras predios cercanos como Brisas y La Agustina sí avanzaban en trámite. En estos dos últimos, un testaferro llegó a iniciar el proceso de restitución antes de que se identificara a la familia propietaria originaria: el mismo mecanismo de suplantación que Funpazcor había estrenado en 1991 se coló, veinte años después, dentro del propio aparato encargado de repararlo. Las reclamantes mujeres, por su parte, enfrentaron amenazas directas incluso al momento de inscribirse formalmente en el registro, y la falta de representación jurídica volvió sus procesos lentos y peligrosos a la vez.

Treinta años después

La operación registral de 1991 no se agota en el expediente judicial. Funpazcor fue el primer dispositivo colombiano que articuló deliberadamente el lenguaje de la reforma agraria con el aparato registral notarial para blindar el despojo paramilitar. La declaración de "área nueva", la cláusula de inenajenabilidad, la mezcla de beneficiarios reales con prestanombres, la fundación como personería jurídica de cobertura: cada uno de esos elementos por separado existía antes, pero su combinación integrada, en un solo trimestre y bajo la marca de un actor armado, fue el modelo que las estructuras paramilitares posteriores replicarían con las Convivir y con la cooptación del INCORA/INCODER.

Al ocupar en 1991 —el año exacto de la nueva Constitución, con su promesa de una función social de la propiedad y su reactivación del debate sobre reforma agraria— el lenguaje mismo de la redistribución de tierras, los Castaño ocuparon el terreno donde el Estado habría tenido que activar una reforma real en el sur de Córdoba y Urabá. Cuando quince años después la Ley de Víctimas quiso volver sobre esos territorios, se encontró con que las tierras ya tenían escrituras, adjudicaciones, resoluciones y expedientes que había que romper uno por uno.

Detrás de la ingeniería jurídica hay nombres. Los campesinos que recibieron parcelas de Funpazcor en 1991, los reinsertados del EPL que apostaron por una reincorporación en las tierras de quien había sido su enemigo, los reclamantes que en los años dos mil intentaron recuperar lo que se les había arrebatado por segunda vez: sobre ellos se ensayó el dispositivo, y en ellos se midió su costo, en desplazamientos, en amenazas y en asesinatos como los de Yolanda Izquierdo y Jesús María Valle Jaramillo. Los expedientes de restitución de Tierralta, Valencia, Montería y San Pedro de Urabá siguen abiertos. Mientras no se resuelvan, aquella operación notarial de tres meses en 1991 sigue produciendo efectos jurídicos.