Jesús María Valle Jaramillo

Trayectoria profesional y contexto del movimiento de derechos humanos

La trayectoria pública de Valle Jaramillo se explica menos por los rasgos privados de un jurista que por el lugar preciso que ocupó en el mapa institucional de la defensa de derechos humanos en Medellín a finales del siglo XX. Ejercía como catedrático universitario y presidía el Comité de Derechos Humanos de Medellín. La ciudad era escenario de un movimiento por los derechos humanos que venía articulándose desde los años setenta con desigualdad y fragilidad, especialmente en las regiones alejadas de Bogotá.

Ese movimiento no era monolítico. En Medellín confluían el Instituto Popular de Capacitación, la Escuela Nacional Sindical y el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos. En el ámbito nacional aparecían el CINEP y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. El Comité de Defensa de los Derechos Humanos que había presidido Héctor Abad Gómez —asesinado en 1987— había cobrado protagonismo denunciando el creciente número de asesinatos y desapariciones forzadas. Valle se inscribía en esa genealogía: no era el fundador de un aparato, era la voz que continuaba una labor que ya había costado vidas.

Su condición de catedrático le daba un anclaje adicional. Hacia finales de los años noventa, la Universidad de Antioquia se había constituido en un espacio desde el cual estudiantes, profesores y empleados promovían acciones en defensa de los derechos humanos. El activismo universitario y el jurídico se solapaban. Valle circulaba entre las dos esferas. Y lo hacía en un país donde, en los últimos años del período, la labor de los defensores había mutado de la protección de terceros a la búsqueda desesperada de la propia protección. El movimiento había pasado a defenderse a sí mismo. Valle no alcanzó a hacerlo.

Condiciones del sistema judicial colombiano

Durante el gobierno de Virgilio Barco Vargas (1986-1990), apenas el 20% de los crímenes llegaba al conocimiento de las autoridades y de ese fragmento solo un 4% terminaba en sentencia. Entre 1979 y 1991 fueron asesinadas 290 personas en ejercicio de funciones judiciales. Una encuesta de 1987 registró que uno de cada cuatro jueces del país había recibido amenazas directas o contra su familia por razón de su cargo.

El 18 de enero de 1989, en el paraje de La Rochela, en Santander, una comisión de funcionarios judiciales que investigaba, entre otros hechos, la desaparición forzada de diecinueve comerciantes, fue exterminada por un comando paramilitar. Ese antecedente pesaba: en Colombia, investigar el paramilitarismo no era un ejercicio técnico sino un riesgo vital. Valle Jaramillo trabajaba dentro de un sistema donde la denuncia jurídica cualificada —la que aporta pruebas, nombres, fechas— era simultáneamente el instrumento más eficaz y el objetivo más buscado.

Los defensores no solo enfrentaban a los sicarios. Cargaban también con una operación de deslegitimación sostenida en el tiempo: fueron señalados —incluso por altas autoridades del Estado y por servicios de inteligencia— como integrantes o auxiliares de la subversión. Esa etiqueta, repetida desde tribunas oficiales, funcionaba como una autorización moral difusa para su eliminación. En el Alto Nordeste Antioqueño, entre 1982 y 1997, de las 347 víctimas fatales del conflicto armado, 103 eran gestores de movilización social y política: cinco defensores de derechos humanos, 49 líderes comunitarios, 24 sindicalistas. La estadística sitúa el trabajo de Valle en su contexto real. No era una vocación abstracta: era un oficio con tasa de mortalidad conocida.

A esa presión externa se sumaba la fragilidad de los mecanismos internos de protección. Los defensores dependían de esquemas de seguridad discontinuos, de la solidaridad de sus propias organizaciones y del amparo simbólico que podían ofrecer la Universidad y los foros públicos. Valle, que denunciaba desde una oficina abierta al público en pleno centro de Medellín, era en la práctica un blanco expuesto. Su método de trabajo —la consulta jurídica, la reunión con víctimas, la elaboración de denuncias documentadas— exigía una accesibilidad que ninguna medida de seguridad razonable podía compatibilizar con la clandestinidad prudente que la amenaza recomendaba.

Las Convivir y la política de seguridad en Antioquia

El asunto que terminó definiendo la vida y la muerte de Valle Jaramillo tenía forma jurídica. El 11 de febrero de 1994, durante la presidencia de César Gaviria, se expidió el Decreto 356, que estableció el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada y permitió la creación de servicios especiales de vigilancia privada. La denominación Convivir y la autorización específica para las asociaciones comunitarias armadas llegaron algo más tarde, con la Resolución 368 del 27 de abril de 1995, expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada bajo la administración de Ernesto Samper.

El ministro de Defensa Fernando Botero impulsó el proyecto por vía de resolución —un instrumento de rango inferior al decreto—, tras un debate interno en el gabinete que el presidente cerró autorizando la iniciativa. Que la figura naciera de una resolución de la Superintendencia revelaba desde el principio la fragilidad institucional del arreglo. Se autorizaba a particulares a organizar servicios de vigilancia armada con una regulación laxa y sin mecanismos adecuados de control. La Corte Constitucional, al revisar el marco de las Convivir, terminaría restringiendo el porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares por parte de sus asociados. Para entonces el daño ya estaba hecho.

Álvaro Uribe Vélez asumió la gobernación de Antioquia en 1995 y convirtió a las Convivir en pieza central de su política de seguridad departamental. Bajo su administración se autorizó la creación de 67 Convivir en el departamento, y Antioquia, junto con Santander, se transformó en el epicentro nacional del proyecto. Para 1997 se habían fundado más de cuatrocientas Convivir en el país, con cerca de diez mil hombres armados. En 1996, ante los primeros cuestionamientos, Uribe negó públicamente que las Convivir fueran pantalla del paramilitarismo: eran, dijo, "organizaciones de gente bien" para cooperar con la fuerza pública.

Valle Jaramillo pensaba lo contrario y lo decía sin eufemismos. En una de sus intervenciones más citadas afirmó que "paramilitares y las Convivir se confunden en los uniformes, en las sedes, en los vehículos que utilizan". Denunció, con una imagen que resultó premonitoria, que a través de esas asociaciones se estaba "exportando violencia a todo el país", incluidos departamentos que hasta entonces él describía como pacíficos —la costa Caribe, Chocó—. La denuncia no era retórica: apuntaba a una arquitectura concreta.

Décadas después, esa misma arquitectura sería descrita en términos casi idénticos por Salvatore Mancuso ante la Comisión de la Verdad. La Convivir, dijo Mancuso, era "una autodefensa legal, amparada por el Estado, con fusiles del Estado, que servía de bisagra, de engranaje entre la institucionalidad y la autodefensa ilegal". La palabra clave era bisagra: un mecanismo articulador que permitía a la estructura ilegal moverse dentro del marco estatal sin romper las apariencias jurídicas.

Raúl Hasbún, otro comandante paramilitar, reconocería ante Justicia y Paz haber organizado doce cooperativas Convivir en Urabá, y señalaría que fue por esa vía como consiguieron financiación de empresas multinacionales para las AUC. En el Cesar, la operación se replicó con el mismo molde: Mancuso explicó personalmente a políticos y empresarios cómo crear y operar Convivir; de allí surgieron Convivir Guaymaral Ltda., asociada a Jorge Gnecco Cerchar, y Convivir Salguero Ltda., de Hugues Rodríguez. El patrón se repetía en cada departamento donde el proyecto echó raíces: una fachada legal, un padrino político, una estructura armada que ya existía y que ahora recibía licencia para moverse a plena luz.

La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá acabaría sentenciando que las Convivir "fueron una fuente o cantera de los grupos paramilitares y un mecanismo para encubrir su actividad", con participación de amplios sectores del Estado y de la sociedad civil. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señalaría la responsabilidad del Estado colombiano por las violaciones cometidas al amparo de esa figura, precisando que su creación sin mecanismos adecuados de control había contribuido a que fueran utilizadas como escudo para actividades violentas. En sentencias posteriores se estableció que las Convivir surgidas especialmente entre 1995 y 1998, con el auspicio de gobiernos departamentales, fuerza pública y organismos de inteligencia, se habían convertido en pieza fundamental de la estrategia de expansión paramilitar.

Todo lo que la justicia reconocería años después, Valle Jaramillo lo estaba diciendo en 1997. Y no lo estaba diciendo en abstracto. Su caracterización del entramado Convivir-paramilitarismo se apoyaba en hechos concretos ocurridos en territorios concretos del norte y el occidente de Antioquia. Esos hechos tenían nombres de corregimientos, fechas exactas y víctimas identificables. Uno de ellos, en particular, marcaría el punto de no retorno entre la denuncia general y la imputación específica: Ituango.

Las masacres de Ituango y la denuncia contra la Gobernación

La denuncia de Valle no se quedó en la caracterización general del fenómeno. Se ancló en un territorio y en una serie de hechos precisos: Ituango, un municipio del norte de Antioquia, y las masacres perpetradas allí por los paramilitares con complicidad de agentes del Estado.

La primera fue en el corregimiento de La Granja, en junio de 1996. La segunda, más devastadora, ocurrió el 22 de octubre de 1997 en el corregimiento de El Aro, cuatro días antes de las elecciones locales y regionales. Aproximadamente doscientos paramilitares entraron a El Aro, torturaron y asesinaron a quince personas, quemaron viviendas y desplazaron a al menos 1.400 habitantes. La incursión fue calificada de extrema barbarie por las mutilaciones y torturas infligidas a las víctimas. El corregimiento nunca se repuso.

El Aro y La Granja no eran hechos aislados: se inscribían en la expansión paramilitar sobre Ituango, Dabeiba, Peque y Urrao, que produjo entre 1996 y 1997 una cadena de masacres en el occidente antioqueño. Pero Ituango tenía un rasgo específico que Valle señaló: la operación no fue meramente tolerada por las autoridades sino apoyada logísticamente. Años más tarde, Salvatore Mancuso reconocería su responsabilidad en ambas masacres y declararía que en la operación de El Aro participó un helicóptero de la Gobernación de Antioquia. Mancuso también haría menciones a Pedro Juan Moreno Villa, entonces Secretario de Gobierno del departamento, en términos que la justicia recogería con cautela.

En 1997, cuando Valle denunció públicamente la responsabilidad de la Gobernación en los hechos de Ituango, estaba señalando por su nombre al aparato institucional que administraba a Antioquia. No era una denuncia general contra "el Estado": era una imputación contra funcionarios identificables, en un momento en que esos funcionarios todavía ejercían el poder. La reacción incluyó demandas por injuria y calumnia, campañas de deslegitimación pública y —según se establecería después— la decisión de eliminarlo.

El 1 de julio de 2006, ocho años después del asesinato de Valle, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia en el "Caso de las Masacres de Ituango vs. Colombia". El tribunal estableció que la integridad psíquica y la vida en relación de las víctimas habían resultado afectadas por torturas psicológicas, terror, pérdida de hogares y pertenencias, miedo y falta de apoyo de las autoridades. Al fijar las indemnizaciones, la Corte tomó en cuenta los acuerdos conciliatorios ya alcanzados en la jurisdicción contencioso-administrativa colombiana y las ayudas prestadas a los desplazados, centrando la reparación por daño inmaterial en los perjuicios no cubiertos por esos acuerdos. La responsabilidad estatal en el favorecimiento del paramilitarismo mediante el apoyo de sectores de la fuerza pública quedó probada en las sentencias interamericanas sobre las masacres de los 19 comerciantes, La Rochela, Ituango y Mapiripán.

Lo que Valle denunció en 1997 sería lo que un tribunal internacional reconocería en 2006. Entre esas dos fechas transcurrieron ocho años.

Una campaña contra los defensores de derechos humanos

El asesinato de Valle Jaramillo el 27 de febrero de 1998 no ocurrió en el vacío. Nueve meses antes, el 19 de mayo de 1997, los investigadores del CINEP Elsa Alvarado y Mario Calderón habían sido asesinados en su apartamento de Bogotá. En 1998 caería también, en un patrón similar, el abogado Eduardo Umaña Mendoza, defensor de víctimas del genocidio de la Unión Patriótica, de sindicalistas de la USO y de Telecom, y documentador de desapariciones forzadas, incluida la del abogado Alirio de Jesús Pedraza. La serie continuaría a lo largo de 1998 y 1999.

Estos crímenes fueron caracterizados como una campaña sistemática contra los principales defensores de derechos humanos del país. Una carta atribuida a jefes de la banda La Terraza —organización sicarial de Medellín vinculada al Bloque Metro y a las estructuras al mando de Carlos Castaño Gil— indicaría que la serie de asesinatos había sido ordenada por jefes militares colombianos, en un entramado en que Castaño aparecía de forma prominente. Los sicarios habrían actuado bajo órdenes que descendían de mandos militares vinculados al comandante paramilitar.

Valle Jaramillo cae, entonces, en dos planos superpuestos. En el plano general, integra la lista de defensores eliminados en una operación de exterminio del movimiento de derechos humanos, diseñada para descabezar a quienes documentaban los crímenes de Estado y paraestatales. En el plano particular, su asesinato tiene un rasgo distintivo: la peligrosidad específica de sus denuncias sobre Ituango y sobre la conexión Convivir-Gobernación no era equivalente a la de otros defensores. Valle había documentado en detalle, con nombres y con casos concretos, precisamente aquello que estructuraba el poder paramilitar en Antioquia. Reducir su muerte a estadística general del período borra la especificidad de lo que denunciaba; explicarla solo como represalia individual la desprende del patrón en que se inscribe. Ambas lecturas hacen falta, y el material judicial acumulado desde 1998 sostiene las dos.

El proceso judicial y la impunidad de los autores intelectuales

El 27 de febrero de 1998, junto a Valle, se encontraban en la oficina su hermana Nelly Valle Jaramillo y el abogado Carlos Fernando Jaramillo Correa. Ambos sobrevivieron a la incursión sicarial y se convirtieron en testigos y víctimas del hecho. La investigación penal identificó y condenó a autores materiales. Entre los procesados aparecieron nombres asociados a las estructuras paramilitares de Medellín, incluidos operadores vinculados a la órbita de Carlos Castaño. La cadena hacia los autores intelectuales, sin embargo, no se completó.

El patrón fue el que se venía repitiendo en el país. En el proceso por la masacre de Mapiripán —hechos del 15 al 20 de julio de 1997—, el general Jaime Humberto Uscátegui fue llamado a juicio y detenido en Bogotá en marzo de 2004, acusado de omisión y complicidad; un coronel había sido condenado previamente en primera instancia. Pero los autores materiales e intelectuales del genocidio permanecían mayoritariamente en libertad, configurando una impunidad casi total sobre los responsables plenos. En el caso de la masacre del 22 de abril de 1996 en el nordeste antioqueño, el Tribunal Nacional señaló en sentencia del 30 de junio de 1999 que la Fiscalía no había realizado una investigación exhaustiva para establecer si el capitán Rodrigo Cañas Forero tenía vínculos con organismos paramilitares, y había optado por la línea del homicidio individual en lugar de explorar las conexiones con estructuras más amplias.

Esa misma lógica —investigar el hecho puntual, no la estructura— operó sobre el caso Valle Jaramillo. Se documentó quién apretó el gatillo. Se recorrió con menos éxito la cadena que llevaba hacia quienes tenían motivos e intereses concretos en silenciar sus denuncias. La Corte Interamericana de Derechos Humanos terminaría jugando un papel decisivo en la búsqueda de la verdad sobre los crímenes cometidos con complicidad de autoridades militares colombianas, aunque, incluso tras sus sentencias, persistiría la impunidad sobre los autores materiales e intelectuales de los hechos más graves.

El resultado paradójico fue que las denuncias específicas de Valle sobre Ituango terminaron judicialmente validadas en escenarios que él nunca alcanzó a ver: la sentencia interamericana de 2006, las sentencias de Justicia y Paz sobre la naturaleza de las Convivir, los testimonios de Mancuso y Hasbún ante la Comisión de la Verdad. Todo lo que él había afirmado antes de febrero de 1998 fue reconocido como cierto por la justicia. Pero los responsables intelectuales de su muerte no fueron sancionados con la misma nitidez con que fue sancionado, judicialmente, el sistema que él denunciaba.

Red de interlocutores y actores señalados

La figura de Valle Jaramillo no se entiende sin trazar el mapa institucional y personal en el que operaba. En un extremo, sus interlocutores: el Comité de Derechos Humanos de Medellín, la Universidad de Antioquia, el IPC, la Escuela Nacional Sindical, el CINEP en Bogotá, el Comité Permanente por los Derechos Humanos, el Proyecto Colombia Nunca Más —surgido en 1995 como articulación nacional de organizaciones sindicales, campesinas, comunitarias, eclesiales y culturales orientada a recuperar la memoria de las víctimas de violencia política—.

En el otro extremo, los actores que su denuncia señalaba: la Gobernación de Antioquia bajo Álvaro Uribe Vélez y su Secretario de Gobierno Pedro Juan Moreno Villa; las Convivir autorizadas por decenas en el departamento; las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá bajo el mando de los hermanos Castaño; los comandantes paramilitares que operaban en el occidente antioqueño y que serían identificados por sus propios testimonios posteriores, entre ellos Salvatore Mancuso y Raúl Hasbún; los ejecutores sicariales como Alonso de Jesús Baquero y otros operadores vinculados a la estructura de Carlos Castaño y a la banda La Terraza. En el medio, un conjunto difuso pero decisivo de sectores empresariales, políticos y militares que habían auspiciado, financiado o tolerado el proyecto Convivir-paramilitar.

La geografía de la denuncia de Valle no era caprichosa. Ituango, La Granja, El Aro, San José de Apartadó en Urabá, los corredores del Bajo Cauca: los territorios que él nombraba eran los que estaban siendo disputados en la expansión paramilitar del período 1995-1998, cuando las Convivir crecieron y coincidieron con el avance de las autodefensas sobre municipios enteros del departamento. Antioquia era, en su análisis, el laboratorio desde el cual el modelo se estaba exportando al resto del país; el Caribe y Chocó, según sus advertencias, serían los siguientes.

El tiempo le dio la razón geográfica. Hacia 1997, las Convivir y las masacres se extendieron a los departamentos del Caribe auspiciadas por las ACCU. Mancuso, encargado de esa expansión y en su rol de comisario político, recorrió sectores políticos, empresariales y militares del norte de Colombia para crear el Bloque Norte de las AUC, utilizando las Convivir como estructura legal de articulación. La imagen que Valle había usado —"exportar violencia"— resultó ser una descripción operativa exacta del proceso.

Memoria, jurisprudencia y política

La muerte de Valle Jaramillo dejó una huella que se manifiesta simultáneamente en tres registros —memorial, jurisprudencial y político— que no siempre encajan entre sí.

En el registro memorial, su figura fue apropiada en Medellín y en la Universidad de Antioquia por los movimientos de derechos humanos como emblema de la persecución sistemática a los defensores en Colombia. Su nombre se incorporó al canon local de los caídos: Héctor Abad Gómez en 1987, Luis Fernando Vélez en 1987, Leonardo Betancur en 1987, Jesús María Valle en 1998, siguiendo una cadena que la propia Universidad de Antioquia y las organizaciones sociales de la ciudad han cargado como parte de su identidad institucional. Este es el Valle simbólico: el catedrático asesinado por decir la verdad, la imagen fija que circula en actos conmemorativos y publicaciones militantes. La imagen protege al personaje pero también lo aplana. La precisión jurídica que había caracterizado sus denuncias —fincas, comandantes, resoluciones, fechas— tiende a disolverse en el aura del mártir, y con ella se pierde lo más áspero de su legado: no que hubiera muerto por decir la verdad, sino que hubiera muerto por decirla con nombres propios.

En el registro jurisprudencial, el caso Valle Jaramillo llegó al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la Corte IDH dictaría sentencia sobre él, sumándose al conjunto de decisiones que —junto con Mapiripán, Ituango, La Rochela y los 19 comerciantes— construyeron el reconocimiento internacional de la responsabilidad del Estado colombiano en el favorecimiento del paramilitarismo. En este plano, Valle no es una figura póstuma sino un caso vivo: los estándares interamericanos sobre protección a defensores de derechos humanos se apoyan en parte en el reconocimiento judicial de lo que le ocurrió a él.

El registro político es el que sigue abierto en canal. Las denuncias de Valle sobre las Convivir y sobre la Gobernación de Antioquia entre 1995 y 1998 quedaron registradas en actas, declaraciones, entrevistas y procesos judiciales que reaparecieron décadas después en la biografía política de Álvaro Uribe Vélez. Cuando el gobernador de Antioquia se convirtió en presidente de la República en 2002 y en figura central de la política colombiana durante los siguientes veinte años, las denuncias de Valle volvieron al debate público como archivo de un pasado no cerrado. La disputa sobre qué fueron exactamente las Convivir, qué relación tuvieron con la expansión paramilitar y qué responsabilidad concreta les cabe a los gobernantes que las promovieron es todavía hoy un litigio abierto en la política y en los tribunales colombianos. Valle Jaramillo, muerto en 1998, aparece de manera recurrente como referencia obligada en ese litigio.

Los testimonios de Mancuso, Hasbún y otros comandantes en Justicia y Paz, sumados a las sentencias del Tribunal Superior de Bogotá y de la Corte Interamericana, componen hoy un cuerpo probatorio que valida buena parte de lo que Valle sostuvo en vida. Su asesinato no fue solo la eliminación de un defensor sino la eliminación de un método: la denuncia jurídica cualificada, con nombres y expedientes, que rompía la coartada de las generalidades. Otros defensores hablaban de "el paramilitarismo" como fenómeno; Valle hablaba de fincas específicas, de comandantes específicos, de funcionarios específicos, de Convivir específicas. Esa concreción era su fuerza, y fue lo que le costó la vida.