Virgilio Barco Vargas

El ingeniero que se hizo político

Barco pertenece a una estirpe santandereana en la que la actividad política se hereda como se hereda un apellido. Nortesantandereano de origen, terminó el bachillerato en su ciudad natal y en 1933, durante la administración liberal de Enrique Olaya Herrera, se trasladó a Bogotá a iniciar estudios superiores. Se graduó como ingeniero en la Universidad Nacional de Colombia y luego partió a Estados Unidos, donde obtuvo el doctorado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Durante su estancia norteamericana amplió su formación hacia la economía, dictó clases y colaboró en publicaciones especializadas: al regresar a Colombia, traía un perfil poco común en la política del país, en el que el rigor de la ingeniería y el vocabulario del desarrollo económico convivían con las lealtades del liberalismo regional.

La política le venía por herencia; el liberalismo lo eligió él. Su primera investidura fue modesta y territorial: concejal del municipio de Durania, en Norte de Santander. De allí escaló hacia la administración departamental como secretario de Obras Públicas y Hacienda, y en 1947 aparecía ya como secretario del Ministerio de Comunicaciones y edil del Concejo de Cúcuta. En 1950 contrajo matrimonio con Carolina Isakson, de ascendencia escandinava, con quien formaría una familia que acompañaría discretamente su carrera pública. Esa combinación —ingeniero formado en Cambridge, liberal santandereano de escalafón, hombre de administración antes que de tribuna— definiría su estilo de gobierno: la desconfianza hacia el gesto, la preferencia por el diseño institucional, la sospecha frente a la retórica.

Antes de la presidencia, Barco había recorrido casi todos los escalones del Estado colombiano: ministerios técnicos, embajadas —incluyendo la de Washington y la del Reino Unido en Londres—, la representación en organismos internacionales de financiamiento, la alcaldía de Bogotá. Cuando el Partido Liberal lo postuló como candidato para las elecciones de 1986, no llegaba como una promesa, sino como el resultado acumulado de cuatro décadas de servicio público.

El mandato del 58 por ciento

Los comicios de mayo de 1986 fueron un plebiscito. Barco, con el respaldo del expresidente Alfonso López Michelsen y la incorporación del Nuevo Liberalismo, obtuvo el 58,3 por ciento de los votos frente al 35,8 por ciento de Álvaro Gómez Hurtado, el candidato conservador. El liberalismo consiguió además mayorías sólidas en ambas cámaras. La izquierda, representada por Jaime Pardo Leal de la Unión Patriótica, alcanzó 328.752 votos —el 4,5 por ciento—, un resultado sin antecedentes en la historia electoral de la izquierda colombiana y una señal, entonces subestimada, de que un cuarto actor pugnaba por entrar al sistema.

La contundencia de la votación tenía una implicación política que Barco decidió llevar hasta sus últimas consecuencias. Rompió con la práctica de gabinetes compartidos entre liberales y conservadores que se había convertido en costumbre desde el Frente Nacional, y anunció un esquema explícito de gobierno y oposición. El conservatismo, invitado a ser oposición leal, se replegó con incomodidad. La decisión, que hoy parece obvia en cualquier democracia, era en 1986 una ruptura con la lógica de reparto que había regido la política colombiana durante casi tres décadas. Barco entendía que sin un ejecutivo con identidad partidista y capacidad de decisión no era posible enfrentar la crisis que se avecinaba, y que el consenso permanente entre los dos partidos tradicionales había vaciado a la política de contenido programático.

El 7 de agosto de 1986, al posesionarse, anunció un Plan de Rehabilitación Nacional dirigido a los municipios más pobres del país. La premisa era la de un economista: si la pobreza y la desigualdad alimentaban la guerrilla, atacar las causas materiales del descontento vaciaría a las organizaciones armadas de su razón de ser. El PNR, que ampliaba un programa iniciado bajo el gobierno anterior, se extendió a 272 municipios y alcanzó a unos cuatro millones y medio de colombianos con proyectos de infraestructura, servicios y desarrollo local, articulados a través de mecanismos de planeación participativa. Era el intento más ambicioso hasta ese momento de llevar la presencia del Estado a las periferias históricamente abandonadas.

La arquitectura de la paz parcelada

La política de paz de Barco recibió el nombre oficial de Política de Reconciliación, Normalización y Rehabilitación. Detrás del rótulo administrativo se escondía un giro doctrinal profundo. El gobierno de Belisario Betancur había ensayado, entre 1982 y 1986, una fórmula opuesta: diálogo amplio, treguas sin desarme, discusión de reformas estructurales con las guerrillas sentadas a la mesa. Aquella experiencia terminó consumida por el fuego —el holocausto del Palacio de Justicia en noviembre de 1985 fue su epitafio— y por la constatación de que las FARC habían utilizado la tregua para expandirse territorialmente al mismo tiempo que se creaba la Unión Patriótica.

Barco invirtió los términos. Concentró en el ejecutivo la conducción del proceso, exigió que las conversaciones se realizaran en zonas designadas y estableció una condición innegociable: desmovilización completa a cambio de reintegración a la vida civil. Las reformas estructurales —agraria, urbana, política— dejaban de ser objeto de la negociación y pasaban a canales paralelos, decididos por los mecanismos ordinarios de la democracia. La guerrilla podía obtener garantías para su tránsito a la política legal, pero no derecho de veto sobre el diseño del país. Los interlocutores privilegiados de la reforma dejaban de ser los alzados en armas y pasaban a ser las comunidades afectadas por el conflicto.

Para poner en marcha el aparato, Barco nombró en 1986 al economista Rafael Pardo Rueda, entonces sin capital político propio, como consejero presidencial encargado de operar el Plan Nacional de Rehabilitación y, con el tiempo, de conducir las negociaciones. La elección de un tecnócrata joven, sin bandera partidista ni ambición electoral inmediata, era coherente con la lógica del gobierno: la paz como asunto de Estado gestionado por profesionales, no como escenario para el protagonismo de caudillos.

El modelo reposaba sobre cuatro elementos: reconocimiento de la legitimidad del gobierno, reconocimiento de los insurgentes como interlocutores válidos, intención expresa de que la negociación terminara en desmovilización, y compromiso gubernamental de emprender una reforma política de fondo por vías institucionales. La heterogeneidad de la guerrilla colombiana —que impedía cualquier mesa unificada— jugó a favor del esquema: la paz podía negociarse por parcelas, grupo por grupo, sin que un veto lo bloqueara todo.

El M-19 y el Acuerdo de Corinto

El primer y decisivo ensayo del modelo fue el M-19. La organización de Jaime Bateman, protagonista del robo de la espada de Bolívar, de la toma de la embajada dominicana y del holocausto del Palacio de Justicia, llegó al gobierno Barco disminuida militarmente y en busca de un lugar en la vida política legal. El 29 de mayo de 1988, en Bogotá, el M-19 secuestró al dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado, precisamente al hombre que Barco había derrotado dos años antes. La operación tenía un propósito paradójicamente político: forzar un diálogo nacional multipartidista sobre la paz.

Gómez permaneció secuestrado hasta julio y su liberación abrió camino a las llamadas Conversaciones de Usaquén, impulsadas por el M-19. En septiembre de 1988, el gobierno respondió con una formulación oficial de su ruta: la Iniciativa para la Paz, que estructuraba el proceso en tres fases sucesivas —distensión, transición e incorporación—. La secuencia era decisiva: no había reforma sin desarme, no había desarme sin garantías, no había garantías sin reforma. Cada peldaño condicionaba al siguiente.

Las negociaciones avanzaron durante 1989 hacia un compromiso central: el M-19 aceptaba desmovilizarse a cambio de la aprobación de una reforma constitucional que abriera espacios de participación política. En noviembre de 1989 se firmó el Pacto Político por la Paz. Semanas después, la reforma fue hundida en el Congreso, en un episodio que un funcionario cercano describiría más tarde con crudeza: congresistas de las mayorías liberales y conservadoras, algunos vinculados a la mafia, votaron para enterrar el acuerdo. El ministro de Gobierno Carlos Lemos Simmonds, que había pilotado la negociación, renunció. En diciembre, el M-19 convocó una Asamblea Constituyente que emergiera directamente del pueblo, saltando por encima de un Congreso que había demostrado ser incapaz de reformarse a sí mismo.

Aun así, el proceso siguió su curso. El 9 de marzo de 1990, en Santo Domingo (Cauca), se firmó el Acuerdo de Corinto y se desmovilizaron aproximadamente 900 guerrilleros del M-19. La organización se transformó en Alianza Democrática M-19, entregó las armas y se preparó para competir en las elecciones. Un mes después, en abril de 1990, su candidato presidencial Carlos Pizarro Leongómez era asesinado a bordo de un avión por un sicario del paramilitarismo. Antonio Navarro tomó las banderas y llegaría a copresidir la Asamblea Constituyente, ministro, congresista, alcalde y gobernador: la reinserción del M-19, medida en trayectorias, fue exitosa.

El precedente estaba sentado. Los diálogos preliminares con el Ejército Popular de Liberación, el Movimiento Armado Quintín Lame y el Partido Revolucionario de los Trabajadores se iniciaron en los últimos meses del gobierno Barco y culminarían bajo Gaviria, entre 1990 y 1991. La perspectiva de participar en la Asamblea Constituyente actuó como incentivo político decisivo: el modelo de paz parcelada demostraba que funcionaba cuando el Estado ofrecía representación política real a cambio del desarme.

El genocidio de la Unión Patriótica

La Unión Patriótica había nacido en 1984 como resultado de los Acuerdos de La Uribe entre el gobierno Betancur y las FARC, y se le dio vida jurídica y política formal el 28 de enero de 1985. Era, en el diseño, el brazo político legal de la insurgencia; en la práctica, un frente amplio en el que confluyeron el Partido Comunista, sectores liberales disidentes, sindicalistas y organizaciones campesinas. Los propios dirigentes de las FARC y del Partido Comunista la presentaron públicamente como proyección política de una guerrilla que no entregaba sus armas, y esa ambigüedad estratégica la marcó para siempre: paramilitares, sectores de las Fuerzas Armadas y élites regionales la señalaron como enemigo interno legítimo.

La violencia contra la UP no comenzó bajo Barco: cuando el partido celebró su primer congreso en noviembre de 1985, ya habían sido asesinados al menos 70 militantes. Para septiembre de 1986 —el mes en que Barco cumplía su primer mes de gobierno— las víctimas rondaban las 300. Ese mismo mes fueron asesinados los congresistas Pedro Nel Jiménez y Leonardo Posada Mendoza, en lo que marcó el inicio público del exterminio bajo el nuevo gobierno.

La UP, sin embargo, seguía creciendo electoralmente. Llegó a elegir 14 congresistas, 18 diputados en 11 asambleas departamentales, 335 concejales en 187 concejos, y en las elecciones de 1988 —las primeras elecciones populares de alcaldes de la historia colombiana— obtuvo cerca del 10 por ciento de las alcaldías del país, alrededor de 100 de 1.000 municipios. El gobierno Barco nombró 23 alcaldes de la UP en los municipios donde el partido había tenido mayor votación. Ese avance, en un país acostumbrado al bipartidismo, chocaba frontalmente con estructuras paramilitares que ya operaban desde Puerto Boyacá y el Magdalena Medio hacia otras regiones.

La violencia se organizó por regiones y por planes. Los paramilitares, con apoyo documentado de mandos militares locales, desplegaron una campaña sistemática de exterminio en Urabá, el Magdalena Medio, los Llanos Orientales, el nordeste antioqueño y Caquetá. Se ejecutaron operaciones bajo nombres como el Plan Baile Rojo y el Plan Esmeralda —este último centrado en Llanos Orientales y Caquetá—, con el propósito expreso de aniquilar la red política de la UP. La coordinación desde Puerto Boyacá hacia otras regiones ha quedado documentada por la memoria histórica del país.

El gobierno Barco intentó reaccionar. Denunció públicamente el paramilitarismo, buscó desmontar su cobertura legal mediante la derogación de la Ley 48 de 1968 —que había servido de amparo jurídico para la organización de grupos civiles armados— y realizó esfuerzos para proteger a dirigentes de la izquierda política. Fue tarde e insuficiente. El paramilitarismo estaba ya profundamente implantado, articulado con narcotraficantes, terratenientes y sectores de las Fuerzas Armadas. La ley se derogó, pero las estructuras siguieron operando.

Sobre la responsabilidad personal de Barco en el exterminio de la UP existe una controversia periodística: el periodista Alberto Donadío ha sostenido tener fuentes que lo comprometerían, versión que otros —como Humberto de la Calle, que lo conoció de cerca— consideran conjetural y contradictoria con el comportamiento democrático del presidente y sus gestos concretos de protección a la izquierda. El juicio más ecuánime es que el gobierno Barco fue impotente antes que cómplice, pero esa impotencia, en un Estado que se reclamaba de derecho, tuvo un costo que las FARC leyeron cuidadosamente: el exterminio de la UP alimentó su desconfianza estructural hacia cualquier tránsito futuro a la política legal y pesaría durante décadas sobre la posibilidad de una salida negociada al conflicto armado.

La guerra contra los carteles

El otro frente, el que ocupó los titulares de todos los diarios del mundo, fue la guerra contra el narcotráfico. En diciembre de 1986, la Corte Suprema de Justicia declaró inexequible la Ley 27 de 1980, que ratificaba el tratado de extradición con Estados Unidos, con el argumento técnico de que el instrumento no había sido firmado por el presidente sino por el ministro de Gobierno encargado. Barco reaccionó de inmediato y sancionó la Ley 68 de diciembre de 1986 para mantener vigente el mecanismo. La extradición se convertiría, en el diseño narcotraficante, en la línea roja de la guerra.

Los carteles, con Pablo Escobar y el Cartel de Medellín a la cabeza, respondieron con un terrorismo sistemático. En diciembre de 1986 había sido asesinado el periodista Guillermo Cano, director de El Espectador. En enero de 1988 cayó el procurador general Carlos Mauro Hoyos. El sistema judicial fue el blanco preferido: entre 1979 y 1991 fueron asesinadas 290 personas en cumplimiento de funciones judiciales, y en 1987 el 25,4 por ciento de los jueces del país reportaban haber recibido amenazas directas o contra sus familias. Los narcotraficantes construyeron el argumento público —falso, como diría más tarde el propio Rafael Pardo— de que la violencia era consecuencia de la aplicación del tratado, cuando en realidad la extradición no se aplicaba desde 1986.

El 18 de agosto de 1989, en la plaza de Soacha durante un acto de campaña, Luis Carlos Galán Sarmiento —candidato presidencial liberal, favorito indiscutible para las elecciones de 1990 y el político más comprometido con la extradición— fue asesinado. Los sicarios estaban encabezados por Jaime Eduardo Rueda Rocha, entrenado en las escuelas paramilitares del Magdalena Medio; uno de los fusiles utilizados fue un Galil perteneciente al lote de armas traído clandestinamente desde Israel para Acdegam. La conexión entre narcotráfico, paramilitarismo y el asesinato del liderazgo democrático quedaba trazada en un solo crimen.

Barco declaró la guerra abierta al narcotráfico. Restableció la extradición por vía administrativa mediante decretos de Estado de Sitio, autorizó extradiciones concretas y golpeó la infraestructura del Cartel de Medellín. En septiembre de 1989, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, pronunció un discurso en el que sostuvo que la guerra contra las drogas era una guerra mundial y convocó a la comunidad internacional a decidir de qué lado estaba. La Asamblea se puso de pie y lo aplaudió durante varios minutos: por primera vez, Colombia planteaba el problema del narcotráfico como una corresponsabilidad global, no como una carga unilateral de los países productores.

Puertas adentro, la corrupción avanzaba más rápido que la persecución. A principios de 1989, el DAS y la Policía tenían información de inteligencia que documentaba relaciones del Cartel de Medellín con altos mandos militares, altos funcionarios del gobierno y políticos. César Gaviria, entonces ministro de Gobierno, y el director del DAS Miguel Maza Márquez, que había sobrevivido a atentados espectaculares, operaban en un entramado en el que la fuerza legítima del Estado se cruzaba con estructuras delincuenciales infiltradas por el dinero del narcotráfico. El monopolio estatal de la violencia, en muchas regiones, había dejado de existir.

La semilla de la Constituyente

Barco entendió temprano que la Constitución de 1886, remendada por el Plebiscito de 1957 y agotada por el Frente Nacional, era un obstáculo estructural para procesar la crisis. En enero de 1988 —el mismo año en que se realizaron las primeras elecciones populares de alcaldes, otro hito descentralizador— propuso una consulta popular para derogar el artículo 13 del Plebiscito de 1957, disposición que impedía una reforma a fondo de la Constitución. La propuesta no prosperó, pero abría el debate.

El fracaso, a finales de 1989, de la reforma constitucional pactada con el M-19 selló el diagnóstico: por la vía parlamentaria ordinaria no era posible reformar la Carta. El propio Congreso, capturado en parte por intereses vinculados al narcotráfico y a las maquinarias clientelistas, se había convertido en obstáculo. La ciudadanía respondió con la iniciativa conocida como la Séptima Papeleta, un voto informal impulsado por el movimiento estudiantil en las elecciones de marzo de 1990, que pedía convocar una Asamblea Constituyente.

La convocatoria formal se realizaría en dos tiempos y a través de dos decretos de Estado de Sitio, uno expedido bajo Barco y otro bajo Gaviria, ambos ratificados por la Corte Suprema de Justicia. Barco puso la primera piedra jurídica; Gaviria la culminó. La paradoja histórica no es menor: la violencia narcoterrorista y el fracaso del Congreso —los dos fenómenos que el gobierno Barco no logró contener— fueron, en el mismo movimiento, los factores que hicieron inevitable la ruptura constitucional que su gobierno había venido diseñando por otras vías.

Las elecciones de 1990 fueron una carnicería política: tres candidatos presidenciales asesinados —Galán en agosto de 1989, Bernardo Jaramillo Ossa de la UP en marzo de 1990 y Carlos Pizarro Leongómez de la AD M-19 en abril del mismo año—. En ese contexto, César Gaviria Trujillo, joven ministro de Barco que había recogido las banderas de Galán, fue elegido presidente. En diciembre de 1990 se realizaron las elecciones para la Asamblea Constituyente. La coalición liderada por el M-19 desmovilizado, con el respaldo del EPL, el Quintín Lame y el PRT, obtuvo cerca de un tercio de los escaños: la solidaridad popular con el M-19 tras el asesinato de Pizarro se tradujo en un resultado que reordenó el mapa político colombiano.

La Asamblea Nacional Constituyente sesionó durante el primer semestre de 1991 y la nueva Constitución fue sancionada el 4 de julio de ese año. Introdujo la elección directa de gobernadores, creó la Corte Constitucional y la Defensoría del Pueblo, incorporó mecanismos jurídicos para la protección de los derechos fundamentales, profundizó la descentralización administrativa y estableció controles políticos sobre el Ejecutivo. Fue una Carta más pluralista y democrática que la de 1886, y su alumbramiento no habría sido posible sin las piezas que Barco había ido colocando en el tablero entre 1986 y 1990.

Red de un gobierno

La política de Barco fue, en gran medida, la política de sus hombres. Rafael Pardo Rueda, el economista sin capital político que llegó como consejero presidencial y terminaría siendo ministro de Defensa bajo Gaviria, fue el operador central de la paz. Germán Montoya, secretario general de la Presidencia, concentró el poder administrativo del ejecutivo en un grado que le valió el mote de vicepresidente sin cargo. César Gaviria pasó de ministro de Hacienda a ministro de Gobierno y de allí, tras el asesinato de Galán, a jefe de campaña y sucesor. Carlos Lemos Simmonds, Julio César Turbay, Alfonso López Michelsen, la vieja guardia del liberalismo, orbitaron alrededor del gobierno con las cautelas y desconfianzas propias de una familia política numerosa.

Su interlocutor conservador fue Álvaro Gómez Hurtado, el hombre a quien había derrotado en las urnas y a quien el M-19 secuestró para forzar el diálogo. Andrés Pastrana Arango, alcalde de Bogotá elegido en la primera elección popular de alcaldes en 1988, fue también secuestrado por el Cartel de Medellín en enero de ese año y liberado en operativo de la Policía. En el extranjero, Barco cultivó la relación con Washington en el contexto de la guerra antidrogas y con la comunidad internacional en un momento en que la imagen de Colombia se derrumbaba por la violencia. Su estilo diplomático, marcado por décadas de embajadas y organismos multilaterales, le dio al país una voz técnica en escenarios donde antes solo había habido queja.

Huella

Virgilio Barco murió en Bogotá el 20 de mayo de 1997, aquejado por la enfermedad de Alzheimer que le había robado la lucidez en sus últimos años. La ironía biográfica es cruel: el ingeniero, el hombre del cálculo y la memoria precisa, se apagó perdiendo el hilo de lo que había construido.

Su legado es doble y contradictorio. Por un lado, el diseño institucional: el esquema de gobierno-oposición que restauró la política programática después del cogobierno bipartidista, el modelo de paz parcelada que se convirtió en paradigma de las negociaciones colombianas posteriores, el Plan Nacional de Rehabilitación como intento pionero de llevar el Estado a la periferia, la ruta jurídica que hizo posible la Constituyente de 1991. En este plano, Barco es el arquitecto silencioso de la transición democrática colombiana del último cuarto del siglo XX.

Por otro lado, la sombra: el exterminio de la Unión Patriótica ocurrió en su cuatrienio y el gobierno no logró impedirlo, aunque lo denunció y actuó tarde. La penetración del narcotráfico en las instituciones alcanzó bajo su mandato una profundidad que ya no sería reversible. La violencia paramilitar, alimentada por una alianza entre narcotraficantes, mandos militares y terratenientes, se consolidó regionalmente en años en que un desmontaje enérgico pudo haber sido posible. Tres candidatos presidenciales fueron asesinados en los últimos doce meses de su gobierno. El monopolio estatal de la violencia se resquebrajó de forma sistémica.

Ambas caras conviven en el mismo hombre y en el mismo período. El diseño racional de un tecnócrata liberal se cruzó con una violencia que ese diseño no logró contener y que, paradójicamente, forzó las rupturas —la Constituyente, la desmovilización de las guerrillas, la crisis del bipartidismo— que ese mismo diseño había venido preparando por vías menos dramáticas. La Colombia del siglo XXI, en buena medida, se cuece en los cuatro años de un presidente que hablaba poco y escuchaba menos, y que dejó al país transformado sin haberlo dicho nunca en voz alta.

En la iconografía de los expresidentes colombianos, Barco ocupa un lugar peculiar: no tiene el brillo trágico de Galán, ni la elocuencia de Alberto Lleras, ni el carisma de López Michelsen, ni la audacia mediática de Betancur. Fue el ingeniero. El hombre que llegó al MIT en los años cuarenta y regresó a un país que apenas comprendía lo que él ofrecía. Su lugar en la historia depende menos de las frases que pronunció que de las instituciones que diseñó y de las que se dejaron diseñar por la fuerza de los hechos. Ese lugar, cuando se lo mira con la distancia necesaria, es más grande de lo que su discreción sugería.