X Conferencia del M-19 y consulta interna de desmovilización

La X Conferencia del M-19

En octubre de 1989, en un campamento del municipio caucano de Toribío, doscientos veintisiete delegados del Movimiento 19 de Abril votaron la disolución militar de su propia organización y su conversión en partido político legal. La reunión, conocida internamente como la X Conferencia Nacional, no fue un trámite: fue el dispositivo mediante el cual una guerrilla que llevaba diecisiete años en armas produjo, por vía deliberativa y con acta de por medio, la decisión que cinco meses después firmaría Carlos Pizarro Leongómez en Santo Domingo. En la historia de las guerrillas latinoamericanas del siglo XX, ninguna organización armada había sometido antes su propia extinción como aparato militar a una consulta orgánica de esa escala. La Conferencia legitimó hacia adentro el pacto con Virgilio Barco y proyectó hacia afuera una imagen —un movimiento que se desarmaba por convicción y por voto, no por derrota— que resultaría decisiva para el capital político inicial de la Alianza Democrática M-19 y para el diseño mismo de los procesos de paz que vendrían después.

El mundo del que brota la Conferencia

Cuando Virgilio Barco Vargas tomó posesión el 7 de agosto de 1986, el M-19 arrastraba una acumulación de derrotas y desgastes que había erosionado su hipótesis fundacional. La toma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985 había liquidado a una parte central de su dirigencia; Iván Marino Ospina y Álvaro Fayad habían caído en operativos militares en 1985 y 1986 respectivamente; el proyecto de expansión hacia el suroccidente encontraba resistencia y aislamiento. La organización que Carlos Pizarro Leongómez recibió como comandante general era menor, más concentrada geográficamente en el Cauca y más consciente de los límites de la vía armada de lo que su propia retórica dejaba entrever.

Barco llegó al gobierno con una doctrina de paz distinta a la de su antecesor. Belisario Betancur había ensayado treguas amplias, ceses al fuego pactados y una interlocución política con las guerrillas sin exigencias inmediatas de desarme; el saldo había sido, entre otras cosas, el exterminio de la Unión Patriótica —creada como resultado de aquellos acuerdos y que desde septiembre de 1986 vería asesinar a más de mil de sus militantes— y la ruptura del proceso con el M-19 tras Palacio. El nuevo gobierno concentró las actividades de paz en la Presidencia y fijó un marco distinto: las conversaciones se llevarían en zonas designadas, exigirían el reconocimiento mutuo de la legitimidad del Gobierno y de los insurgentes como interlocutores válidos, contemplarían la desmovilización completa como horizonte y comprometerían al Estado a impulsar una reforma política de fondo. Como complemento, Barco anunció al posesionarse un Plan Nacional de Rehabilitación dirigido a los municipios más pobres, bajo la premisa —discutible pero explícita— de que reducir la pobreza y la desigualdad erosionaría la razón de ser de la guerrilla.

Para gestionar este andamiaje, Barco nombró en 1986 a Rafael Pardo Rueda como consejero presidencial. Pardo, economista con estudios de economía del desarrollo en los Países Bajos y profesor de la Universidad de los Andes, carecía de capital político previo, y esa condición tecnocrática le daba paradójicamente margen de maniobra: no representaba un ala del liberalismo ni una clientela regional, sino la voluntad presidencial. Bajo su coordinación se articuló un equipo que combinó la Consejería para la Paz con funcionarios del PNR desplegados como delegados ad hoc en los campamentos, enlaces entre la Presidencia, el Ejército y la guerrilla. Fue una arquitectura poco visible pero decisiva: separaba lo político —la discusión de propuestas— de lo operativo —los esquemas de seguridad, la logística de las zonas de concentración, la traducción en campo de lo que se pactaba en las mesas.

El detonante inesperado fue el secuestro de Álvaro Gómez Hurtado. Entre mayo y julio de 1988, el M-19 mantuvo cautivo al dirigente conservador, hijo de Laureano Gómez y una de las figuras más simbólicas de la derecha colombiana. La operación, concebida como golpe de fuerza, terminó abriendo un canal. Su liberación puso al Gobierno y al M-19 en el camino de una mesa; las Conversaciones de Usaquén, promovidas por la guerrilla en 1988 y a las que el Gobierno no asistió oficialmente, prepararon el terreno para la iniciativa de paz que Barco lanzó en septiembre de ese año. Esa iniciativa, sin embargo, no tomó vuelo de inmediato: pasaría casi un año antes de que un hecho externo —el asesinato de Luis Carlos Galán— la volviera políticamente urgente.

El año largo entre Usaquén y Toribío

Las conversaciones formales con el M-19 se iniciaron en enero de 1989. El 7 de febrero, la Dirección Nacional del movimiento se reunió para discutir los pasos con el Gobierno y ratificó la cohesión en torno a Pizarro. Los días 3 y 4 de marzo, Rafael Pardo y sus asesores se encontraron en el hotel Camino Real de Ciudad de México con Antonio Navarro Wolff, Gerardo Ardila, Rafael Vergara y Rubén Carvajalino. La reunión debió interrumpirse al conocerse el asesinato de José Antequera, dirigente de la Unión Patriótica, en el aeropuerto El Dorado de Bogotá; el atentado había herido gravemente al precandidato liberal Ernesto Samper Pizano, que saludaba a Antequera en ese momento. La escena resume el clima: cada avance en la mesa se producía sobre un fondo de asesinatos que amenazaban con hacer inviable la propia mesa.

De ese proceso salieron declaraciones conjuntas sucesivas. La primera la firmaron Pardo y Pizarro en el sur del Tolima. Vinieron otras dos. La Cuarta Declaración Conjunta acordó que los miembros del M-19 se ubicarían en áreas desmilitarizadas con presencia gubernamental, y el 17 de marzo de 1989 Barco se dirigió al país en alocución televisada para explicar su alcance. En los meses siguientes se instalaron las Mesas de Análisis y Concertación, un espacio donde la guerrilla presentaba sus propuestas de reforma —Pacto Social por la Paz y la Democracia, Plan de Emergencia para la Reconstrucción Nacional, reformas electorales— y el Gobierno respondía, matizaba o resistía.

El proyecto político que el M-19 llevó a esas mesas no era socialista en sentido estricto. Se trataba de una plataforma que apostaba por profundizar la democracia, la justicia social y un capitalismo democrático apoyado en la pequeña y mediana empresa, la industria no monopólica y una reforma agraria. Sus demandas electorales concretas —circunscripción nacional para el Senado, voto obligatorio, segunda vuelta presidencial, acuerdos de partidos para proyectos de ley— apuntaban a romper la arquitectura bipartidista heredada del Frente Nacional. Antonio Navarro describiría esas ambiciones no como agitación revolucionaria sino como "transferencia de una parte del poder" y "participación", incluyendo la apertura de las juntas directivas de instituciones financieras a fuerzas nuevas. Era el lenguaje de una guerrilla que ya se estaba pensando como partido.

Sobre este trabajo se abatieron dos golpes. El 18 de agosto de 1989, en Soacha, sicarios vinculados al narcoterrorismo asesinaron a Luis Carlos Galán durante una manifestación de campaña. Uno de los fusiles Galil utilizados provenía del arsenal traído clandestinamente desde Israel para las autodefensas del Magdalena Medio. El crimen se sumaba a una cadena que incluía los asesinatos previos de Jaime Pardo Leal, candidato presidencial de la UP, y del procurador Carlos Mauro Hoyos. Paralelamente, militantes del propio M-19 caían durante el proceso: en febrero, los educadores Isidro Caballero y María del Carmen Santana fueron capturados y desaparecidos por una patrulla militar en San Alberto (Cesar); en marzo murieron dos miembros en el Huila; en julio, cinco integrantes de la compañía Zoraida Téllez fueron muertos en Santander, entre ellos un menor de dos años. Las promesas de investigación no tuvieron mayor recorrido.

Y sin embargo, el asesinato de Galán tuvo un efecto paradójico. La iniciativa de paz de septiembre de 1988, casi inerte durante un año, cobró vuelo político. La violencia narcoterrorista volvió urgente cerrar un frente. En septiembre de 1989, Barco denunció ante la Asamblea General de la ONU que la guerra del narcotráfico era mundial y exigió acción colectiva; recibió una ovación de pie. Puertas adentro, el Gobierno aceleró el marco legal. La ley 77 del 22 de diciembre de 1989 definiría la situación jurídica de cada integrante del M-19 que se acogiera al proceso: permitía dictar auto de cesación de procedimiento a quienes no aparecieran responsables de delitos atroces o de lesa humanidad. Ese instrumento —construido en paralelo a las negociaciones— sería la llave técnica que haría posible el paso a la vida civil.

Pero la decisión no era del Gobierno. Era del M-19. Y el M-19 aún no la había tomado.

Toribío, octubre de 1989: la Conferencia

La X Conferencia Nacional se reunió en octubre de 1989 en un campamento del M-19 en la cordillera central caucana, jurisdicción del municipio de Toribío, en la misma zona donde el movimiento había consolidado sus últimos años de presencia armada. Doscientos veintisiete delegados —comandantes de frente, mandos medios, representantes de la militancia urbana y de las estructuras políticas del movimiento— fueron convocados con un mandato explícito: decidir, mediante voto, si el M-19 dejaba las armas y se convertía en partido político legal.

La deliberación duró varios días. No fue una ratificación protocolar de una decisión ya tomada por la comandancia, sino un debate sostenido en un momento en que la posibilidad de retorno a la guerra seguía técnicamente abierta, con los ataques recientes contra militantes del propio movimiento como argumento para quienes desconfiaban del proceso, y con la memoria fresca del exterminio de la UP como advertencia de lo que podía significar entregar las armas en un país como el que se estaba pactando.

Pizarro, que ejercía como comandante general y había sido el articulador político del proceso desde adentro, defendió la salida negociada. La sostuvieron figuras como Antonio Navarro Wolff, Vera Grabe, Otty Patiño, Rosemberg Pabón —el Comandante Uno de la toma de la embajada dominicana de 1980—, Afranio Parra y Everth Bustamante. La lectura que estos dirigentes hicieron ante los delegados no fue la de una rendición: fue la de una apuesta ideológica. El M-19, sostuvieron, no estaba militarmente derrotado; apostaba a la paz por convicción, al considerar que las transformaciones sociales que perseguía podían lograrse por la vía democrática si el proceso lograba arrancarle al régimen bipartidista una reforma política real y una apertura del sistema.

El voto de los 227 delegados aprobó la dejación de armas y la conversión en partido. La cifra importa por dos razones. Primera, porque documentaba la decisión: no era una declaración de la comandancia, era un acuerdo orgánico con nombres, con delegaciones regionales, con un procedimiento verificable. Segunda, porque el número mismo —227— señalaba que la organización había convocado a una base amplia, no a un cónclave restringido de mandos, y que había aceptado el riesgo de que la decisión pudiera perderse en el voto.

Ninguna guerrilla latinoamericana del siglo XX había hecho antes algo comparable. Los procesos centroamericanos que vendrían después —FMLN en El Salvador, URNG en Guatemala— seguirían lógicas de mesa negociadora con validación de comandancia, no de consulta ampliada a delegados. En Colombia misma, el EPL, el Movimiento Armado Quintín Lame, el PRT y más tarde la Corriente de Renovación Socialista se desmovilizarían entre 1990, 1991 y 1993 mediante decisiones de sus direcciones políticas, sin réplicas equivalentes de un dispositivo deliberativo de la escala de Toribío. Ese carácter singular convertiría a la X Conferencia en un objeto único: una guerrilla que, antes de firmar con el Estado, se dio a sí misma la forma de un partido votando su propia disolución militar.

De la Conferencia a Santo Domingo

Con el mandato de Toribío, la negociación entró en fase de cierre. La ley 77 del 22 de diciembre de 1989 aterrizó el marco jurídico. En paralelo, el Gobierno tramitaba en el Congreso una ley que recogía varios aspectos de los acuerdos, incluida la creación de una jurisdicción especial de paz para facilitar la representación del nuevo movimiento político en cuerpos colegiados. El proyecto más ambicioso —convertir el acuerdo en ley y convocar un referendo para reformar electoralmente la Constitución de 1886— tropezaría con las mayorías parlamentarias liberales y conservadoras y terminaría hundido, provocando la renuncia del ministro de Gobierno Carlos Lemos Simmonds, que había participado en el proceso. Ese fracaso legislativo, en apariencia una derrota, abriría poco después el camino a la Asamblea Constituyente de 1991.

El campamento de Santo Domingo, en el Cauca, se convirtió en el escenario final. Allí se concentraron los combatientes en las semanas previas a la ceremonia. Y allí, el 9 de marzo de 1990, aproximadamente novecientos guerrilleros del M-19 hicieron dejación formal de sus armas ante representantes del Gobierno y observadores internacionales, entre ellos figuras vinculadas a la Internacional Socialista como Heinrich Buchbinder, miembro de su Comisión Militar. Carlos Pizarro depositó su pistola calibre 45 envuelta en la bandera de Colombia y pronunció la fórmula que quedaría fijada como cierre simbólico: "El M-19, en las manos de su Comandante General, hace dejación de la última arma en manos del Movimiento 19 de Abril, por la paz y la dignidad de Colombia". Carlos Erazo y otros mandos intervinieron también en el acto.

La ceremonia era la consecuencia visible de una decisión tomada cinco meses antes en Toribío. Sin la Conferencia, la firma habría sido un pacto de comandancia; con la Conferencia, era la ejecución de un mandato orgánico. La diferencia, formal en apariencia, pesaría en todo lo que vino después.

Las causas: por qué la Conferencia fue posible y por qué fue necesaria

En el plano estructural, el M-19 arrastraba una crisis estratégica prolongada: la pérdida de dirigentes históricos, el desgaste militar, el aislamiento tras Palacio de Justicia y la constatación de que su hipótesis insurreccional no encontraba condiciones sociales para prosperar. Esa crisis no equivalía a una derrota —los propios dirigentes sostendrían siempre que no se sentían militarmente vencidos— pero sí a un impasse que exigía definiciones.

En el plano coyuntural, la política de Barco creó por primera vez un marco creíble de negociación: reconocimiento mutuo, zonas de concentración, jurisdicción especial, compromiso de reforma política. La arquitectura institucional del proceso —Consejería para la Paz, equipos del PNR como enlace en campo, ley 77 como salida jurídica individual— redujo la incertidumbre técnica de la desmovilización y ofreció garantías operativas que en 1984 no existían. El asesinato de Galán funcionó como acelerador: la crisis nacional demandaba resultados y el M-19 se convirtió en la interlocución posible cuando el narcoterrorismo dominaba la agenda.

Hay una tercera capa, más específica, que explica por qué la decisión tomó la forma de una consulta a 227 delegados y no la de un comunicado de comandancia. El M-19, desde su fundación, había cultivado una autoimagen distinta a la de otras guerrillas colombianas: menos leninista, más nacional-popular, con vocación de movilización pública y con un discurso permanentemente enfocado en la democracia. Esa marca de origen hacía que la coherencia entre lo que se proclamaba —profundización democrática, apertura del sistema, participación— y la forma de tomar la decisión más importante de la organización no fuera un detalle secundario. Un M-19 que se desarmara por orden de su comandancia habría contradicho su propio discurso; un M-19 que se desarmara por voto de sus delegados lo confirmaba.

La Conferencia fue, en ese sentido, tanto una necesidad interna —para que la decisión fuera aceptada por una militancia dispersa geográficamente y con memoria de rupturas y disidencias— como un acto de fabricación de legitimidad hacia afuera. El país iba a leer la desmovilización a la luz del procedimiento que la había producido; el procedimiento formaba parte del contenido político del acuerdo.

Las consecuencias inmediatas

La primera consecuencia se llamó Alianza Democrática M-19. Tras el 9 de marzo, el movimiento se transformó en un partido político legal. Pizarro lanzó su candidatura presidencial. En abril de 1990, un sicario del paramilitarismo lo asesinó a bordo de un avión, y el movimiento —que apenas había comenzado su vida civil— sufrió el golpe más duro imaginable en el momento más frágil. No retomó las armas. Antonio Navarro Wolff asumió el liderazgo político y encabezó la lista de la AD M-19 para la Asamblea Nacional Constituyente que se elegiría a finales de 1990.

El resultado electoral fue extraordinario: aproximadamente 992.000 votos, cerca del 26,9% del total, una fracción de la votación que la formación asociaba tanto al efecto de solidaridad tras el asesinato de Pizarro como al capital simbólico acumulado en el proceso mismo. Navarro fue uno de los tres copresidentes de la Constituyente, junto a Álvaro Gómez Hurtado —el mismo que había estado secuestrado por el M-19 dos años antes— y a Horacio Serpa. La conjunción no fue coincidencia: era el mapa de una transición nacional donde el ex-secuestrado y el ex-secuestrador copresidían la asamblea que redactaba la nueva Constitución.

La segunda consecuencia fue la extensión del modelo. El EPL, el Movimiento Armado Quintín Lame y el PRT manifestaron en mayo de 1990 su voluntad de desmovilizarse; el 25 de mayo, el EPL y el Quintín Lame firmaron un primer comunicado conjunto todavía bajo la administración Barco. La perspectiva de participar en la Constituyente aceleró decisivamente esas negociaciones durante 1990. En octubre de 1990, el XII Pleno del EPL aprobó respaldar la lista de unidad nacional encabezada por Navarro. En febrero de 1991, el EPL se desmovilizó con más de 2.500 combatientes y se transformó en la estructura política Esperanza, Paz y Libertad; una facción disidente, conducida inicialmente por Francisco Caraballo hasta 1994, se mantendría en armas. El Quintín Lame y el PRT completaron su desmovilización en 1991. En 1993 se sumaría la Corriente de Renovación Socialista, disidencia del ELN.

Ninguno de estos procesos incorporó un dispositivo deliberativo comparable al de Toribío. Las decisiones se tomaron en direcciones políticas restringidas, aceleradas por el incentivo constituyente y sostenidas en la validación cruzada que ofrecía el precedente del M-19. Conviene sostener el matiz: la singularidad de la X Conferencia se explica menos por una supuesta superioridad organizativa del M-19 y más por el hecho de que el contexto que le dio sentido —una desmovilización sin garantía previa de participación constituyente, obligada a producir su propia legitimidad— no volvió a presentarse. El EPL, el Quintín Lame, el PRT y la CRS negociaron con el atajo ya abierto por Toribío y por la Asamblea Constituyente; podían apoyarse en un piso que el M-19 tuvo que construir votando.

La tercera consecuencia fue constitucional. La Asamblea de 1991 recogió varias de las banderas que el M-19 había llevado a las mesas de Barco. La circunscripción nacional para el Senado, demanda central del movimiento, quedó consagrada en la nueva Constitución y resistió después intentos de reemplazarla por circunscripción departamental. Otras propuestas de la agenda pactada con Barco —reformas electorales, mecanismos de participación— se adoptaron por vías legales o constituyentes, con un efecto democratizador que trascendió al M-19 mismo. La política de paz de Barco, en sus líneas generales, se mantuvo durante el gobierno de César Gaviria, que además nombró un civil como ministro de Defensa, reforzando la subordinación de las Fuerzas Militares al Gobierno.

En términos comparativos, el proceso quedó fijado como referente. Pablo Catatumbo, comandante de las FARC, invocaría años después los logros del M-19 —amnistía, participación en la Constituyente, circunscripción especial, ministerios, acceso a medios— como parámetro para cuestionar las condiciones ofrecidas a su organización en sus propias negociaciones. La memoria del proceso operó como piso mínimo de lo que una guerrilla podía razonablemente esperar de una salida negociada.

Las consecuencias de largo plazo

El capital político inicial de la AD M-19 se desgastó con rapidez, y la curva es elocuente: de los 992.000 votos de 1991 la formación cayó a 140.000 votos (2,7%) en el Senado de 1994 y a 60.000 (0,6%) en las elecciones locales de 1997. En seis años, el partido que había copresidido la Constituyente quedó reducido a una fracción marginal del electorado. Los factores son múltiples y se refuerzan entre sí: la fragmentación interna del movimiento, la dificultad de traducir un capital carismático en estructura partidaria estable, la absorción de sus cuadros por otras formaciones políticas, la violencia sostenida contra exmilitantes en regiones como el Magdalena Medio, el Caquetá y el Cauca. Antonio Navarro tuvo una trayectoria política larga —ministro, congresista, alcalde, gobernador— que fue simultáneamente signo de éxito individual y síntoma de que la AD M-19 como partido no logró consolidarse: los líderes sobrevivieron políticamente, la organización no.

Ese contraste ilumina retrospectivamente el sentido de la X Conferencia. La legitimidad producida en Toribío operó con fuerza en el momento fundacional —hizo posible la firma, sostuvo al movimiento tras el asesinato de Pizarro, alimentó la votación de 1991— pero no bastó para producir por sí sola una estructura política duradera. El ritual deliberativo generó solidez simbólica inicial; la sostenibilidad electoral y organizativa dependía de otras variables que la Conferencia no podía asegurar.

La violencia contra exmilitantes matizó también el relato del éxito. Exintegrantes de la AD M-19 en regiones específicas sufrieron atentados, amenazas y desplazamientos a medida que el conflicto se intensificaba en la segunda mitad de los noventa, en zonas con creciente presencia paramilitar. La desmovilización no fue la garantía de vida que el discurso oficial había prometido, aunque tampoco reprodujo la magnitud del exterminio de la UP.

Y, sin embargo, el M-19 no volvió a las armas. Ni el asesinato de Pizarro, ni la muerte de exmilitantes en las regiones, ni el declive electoral empujaron a la estructura desmovilizada a reactivarse militarmente. La decisión de Toribío tuvo, en ese sentido, una densidad que la protegió: no era la decisión de un comandante que podía revocarse, era el mandato de una conferencia orgánica que había ordenado la conversión en partido. Reactivarse militarmente habría requerido otra conferencia, y esa conferencia ya no era convocable.

Por qué la X Conferencia sigue importando

En la historia reciente de Colombia, la X Conferencia del M-19 quedó como el momento en que una guerrilla se dio a sí misma la forma de un partido antes de firmar la paz. Esa inversión del orden habitual —primero la deliberación democrática interna, después el acuerdo con el Estado— produjo un tipo específico de legitimidad que ninguna desmovilización posterior replicó, porque ninguna necesitó hacerlo con la misma intensidad: el propio precedente del M-19 abrió el camino y la Constituyente ofreció desde 1990 un incentivo institucional que hacía innecesario construir legitimidad desde cero.

Los acuerdos de 1991, los de 1993 y los que vendrían décadas después con las FARC operaron con lógicas distintas: mesas negociadoras, refrendaciones populares externas, plebiscitos, validaciones de comandancia. Ninguno tuvo que hacer lo que hizo el M-19 en octubre de 1989, y esa asimetría es precisamente la que fija el lugar histórico de Toribío. Lo que allí se decidió no fue solo la dejación de armas: fue el procedimiento mediante el cual una organización armada podía convertirse en actor legal sin renunciar a su propio relato. La firma de Santo Domingo puso el sello; el contenido político venía dictado desde el campamento caucano, y venía dictado en la forma de un voto.

Queda por eso, en la memoria de los procesos de paz colombianos, como un caso al que nadie volvió y al que probablemente nadie vuelva: no porque el modelo haya fracasado, sino porque el problema que resolvió —producir legitimidad orgánica en ausencia de garantías institucionales previas— dejó de existir en cuanto Toribío mismo lo resolvió.