Mercenarios extranjeros y consolidación paramilitar (1987–1989)

Mercenarios extranjeros y consolidación paramilitar en Colombia (1987–1989)

Entre 1987 y 1989, el paramilitarismo colombiano dejó de ser un fenómeno de autodefensas rurales dispersas para convertirse en una red de ejércitos privados con capacidad de ejecutar masacres coordinadas, magnicidios políticos y ataques dirigidos contra la justicia. La transformación no fue orgánica ni gradual: obedeció a una decisión deliberada del cartel de Medellín —encabezada por Gonzalo Rodríguez Gacha y respaldada por los hermanos Castaño— de importar saber militar extranjero. Un excoronel del Ejército israelí, Yair Klein, y un grupo de mercenarios británicos al mando de David Tomkins dictaron entre enero y marzo de 1988, y en meses posteriores, los cursos que profesionalizaron a las autodefensas del Magdalena Medio. El resultado se midió en cadáveres: la masacre de Segovia en noviembre de 1988, las masacres de la zona bananera de Urabá a lo largo de ese mismo año, el asesinato de doce miembros de una comisión judicial en La Rochela el 18 de enero de 1989. La violencia pasó del asesinato selectivo a la masacre planificada por comandos con formación militar convencional, y el Estado colombiano —que había reglamentado y promovido la formación de juntas de autodefensa desde 1979 y las venía integrando en patrullajes conjuntos desde 1982— reconoció por primera vez, solo entonces, el amangualamiento entre sus agentes, los narcotraficantes y los grupos armados que había alimentado.

El entrenamiento mercenario no cayó sobre tierra virgen. A partir de 1982, el Ejército colombiano intensificó en el Magdalena Medio una táctica contrainsurgente que convirtió a los grupos paramilitares en la vanguardia de sus escuadras: los civiles armados iban adelante, buscaban contacto con la guerrilla y desarticulaban sus bases sociales y políticas, mientras las unidades regulares operaban detrás. Oficiales y exoficiales participaron en la capacitación militar de esos civiles, y la formación de juntas de autodefensa contaba con respaldo institucional formal, reglamentado desde 1979. La red incluía a las brigadas XIV y V, a la inteligencia de la Armada en Barrancabermeja y a la Policía de Puerto Boyacá; sentencias posteriores del Sistema Interamericano y de la justicia nacional documentarían la profundidad de esa penetración.

El brazo civil de ese proyecto fue la Asociación Campesina de Ganaderos y Agricultores del Magdalena Medio, ACDEGAM, con sede en Puerto Boyacá. A través de ella se canalizaron los recursos para acondicionar centros de entrenamiento, pagar sueldos, comprar armas y municiones. ACDEGAM articuló los intereses de las élites económicas regionales —ganaderos, agroindustriales— con los del narcotráfico y con los de los sectores militares que operaban en la zona. Fue la fachada legal de una coalición cuyo poder de fuego venía creciendo desde comienzos de los ochenta y que, hacia 1987, buscaba dar un salto de escala. Ese año, el ministro de Gobierno César Gaviria denunció ante la Cámara de Representantes, el 30 de septiembre, la existencia de al menos 140 grupos paramilitares operando en distintas regiones del país.

Yair Klein era excoronel de las Fuerzas de Defensa Israelíes y titular de una empresa de seguridad privada llamada Punta de Lanza —Hod Hajanit en hebreo, Spearhead en su nomenclatura internacional—. Su acceso a clientes colombianos no fue directo. Llegó a través de Izhack Soshani Meraiot, representante en Colombia desde 1980 de las Industrias Israelíes de Equipos Aéreos, uno de los canales por los que la industria militar de Israel operaba en el país. Soshani presentó a Klein a potenciales clientes locales, y la operación se cerró con financiamiento del narcotráfico: Rodríguez Gacha y el cartel de Medellín aportaron el grueso de los recursos.

La vía por la que se pactó era conocida. Colombia fabricaba bajo licencia el fusil Galil, de diseño israelí. Las industrias militares del país exportador proveían aeronaves, sistemas de información sobre el terreno, detectores de movimiento, silueta térmica, marcación de blancos, material antidisturbios y equipos electrónicos para operar en terrenos hostiles. Sobre ese trasfondo comercial y diplomático se movió la red de Klein, que contaba además con un contacto previo en el país: Eli Tisona, socio en proyectos anteriores en Jamaica y residente en Cali. Antes de aterrizar en Colombia, Klein había propuesto montar una escuela de entrenamiento militar privado en Antigua y Barbuda.

El cartel de Medellín no se limitó a los israelíes. En 1987 contrató también a un grupo de mercenarios británicos encabezado por David Tomkins, con experiencia en explosivos y operaciones secretas. El puente hacia esa red europea lo ofrecieron los hermanos Fidel y Carlos Castaño Gil. La operación tenía dos frentes: entrenar cuadros permanentes para las autodefensas del Magdalena Medio y preparar acciones puntuales de alta complejidad contra objetivos estratégicos, entre ellos un ataque contra la dirigencia de las FARC en Casa Verde, en La Uribe, Meta.

Los dos primeros cursos dictados por Klein en el Magdalena Medio tuvieron lugar entre enero y marzo de 1988. Los instruidos —cerca de cincuenta hombres— eran cuadros de las autodefensas de Puerto Boyacá vinculados al entorno de ACDEGAM y a la estructura que Henry Pérez comandaba en la región bajo el paraguas financiero de Rodríguez Gacha. El programa combinaba contrainteligencia con infiltración en zonas urbanas y en la guerrilla. A eso se sumaban técnicas de supervivencia en selva, y luego las tácticas de combate irregular propiamente dichas: la cadena de tiradores, la línea en U. Formaciones concebidas para grupos móviles, capaces de operar en terrenos boscosos, cubrir sectores amplios con pocos hombres y romper contacto sin dejar rastro.

Las escuelas funcionaban de forma móvil y con nombres cambiantes, para evadir tanto a la fuerza pública que no colaboraba como a la guerrilla. Operaban en zonas de Guaduas, Chaguaní y San Juan de Rioseco, en Cundinamarca, además de los enclaves clásicos del Magdalena Medio. El modelo se replicaba mediante instructores locales formados por Klein: en el campamento de San Juan Bosco de la Verde, los primeros entrenados —Libardo, Campo Elías, Genaro, Heliberto Riaño— quedaron a cargo de instruir al resto del grupo. Cada egresado era, en potencia, un multiplicador que regresaba a su región de origen a fundar una célula.

Tras los cursos de Klein llegó el grupo británico de Tomkins. Su especialidad —explosivos, operaciones encubiertas— se orientó a preparar un asalto contra la comandancia de las FARC en Casa Verde. La operación no se ejecutó: las exigencias logísticas de penetrar un territorio agreste y firmemente controlado por la guerrilla superaron las capacidades del comando. Pero la sola planificación —el hecho de que un cartel del narcotráfico contratara mercenarios británicos para intentar decapitar a la insurgencia más grande del continente— revela la ambición del proyecto y el grado de autonomía militar que las estructuras narco-paramilitares aspiraban a alcanzar.

El financiamiento no fue un capricho. Rodríguez Gacha mantenía conflictos con las FARC por los acuerdos sobre los laboratorios de cocaína instalados en los Llanos del Yarí, en el corredor entre Caquetá, Meta y Guaviare. La guerrilla cobraba tributo por el paso y la protección; Rodríguez Gacha, que en 1987 había instalado en la vereda La Azulita, municipio de Puerto Asís, Putumayo, una base paramilitar contigua a una base de procesamiento de coca, buscaba independizarse de esa relación forzada. La proyección militar de las autodefensas del Magdalena Medio hacia el sur y el oriente respondía a esa lógica: proteger laboratorios propios, controlar corredores de exportación, disputarle a la insurgencia el monopolio armado del territorio productivo.

Al interior del Magdalena Medio, Rodríguez Gacha operaba como pagador y aprobador de los asesinatos que Henry Pérez y sus hombres ejecutaban. El control era financiero y operativo: quien pagaba las nóminas decidía los objetivos. Por eso el entrenamiento mercenario no fue un servicio contratado por ACDEGAM ni por los ganaderos —aunque estos se beneficiaron—; fue una inversión del cartel en la profesionalización de un instrumento que ya controlaba. Los cerca de cincuenta hombres entrenados por Klein a comienzos de 1988 estaban, en buena medida, dentro del perímetro de mando de Rodríguez Gacha y Escobar.

La coalición era más amplia que el cartel. Víctor Carranza, esmeraldero de Boyacá, y el propio Rodríguez Gacha introdujeron el paramilitarismo en los Llanos Orientales, ambos con nexos notorios con Puerto Boyacá y ACDEGAM. Fidel Castaño articuló el sur de Córdoba y Urabá, y trasladó a la zona ganadera y bananera del noroccidente el modelo probado en el Magdalena Medio. La expansión no obedeció a un mando único: se propagó como método —entrenamiento móvil, financiación cruzada entre narcotráfico y ganadería, complicidad con el Ejército local— porque estaba demostrando que funcionaba.

El entrenamiento tuvo efectos visibles en cuestión de semanas. Algunos alumnos del segundo curso de Klein habían participado, semanas antes, en masacres de campesinos en el Urabá antioqueño durante tres días consecutivos. El propio director del DAS, Miguel Maza Márquez, declaró ante el Congreso que guardaespaldas de los Pérez y de Rodríguez Gacha habían sido desplazados previamente a Urabá para cometer masacres —él las llamó genocidios—. Entre febrero y al menos marzo de 1988, paramilitares vinculados a Puerto Boyacá cometieron masacres en la zona bananera; Henry Pérez asesoró y coordinó con Fidel Castaño la ejecución de esas acciones.

El desplazamiento tenía una lógica económica además de militar. Henry Pérez y su padre habían comprado tierras en Urabá hacia 1987, en un movimiento paralelo al del propio cartel de Medellín, que adquiría fincas en el sur de Córdoba y en el noroccidente antioqueño. Las masacres cumplían una doble función: desarticular la organización política vinculada a la Unión Patriótica y a los sindicatos bananeros, y liberar tierra para los nuevos propietarios. Uno de los grupos paramilitares que operaron en el norte de Antioquia y el sur de Córdoba, conocido como Los Mazudos, recibió entrenamiento en el Magdalena Medio: la vía Puerto Boyacá–Urabá quedó trazada como corredor de exportación del modelo.

El 11 de noviembre de 1988, la masacre de Segovia, en el nordeste antioqueño, mostró la escala a la que había llegado el aparato. En la zona urbana del municipio y en el corregimiento La Cruzada, en Remedios, decenas de personas fueron asesinadas —el listado nominal documenta al menos 46 víctimas entre las dos localidades, con Olga Lucía Agudelo de Barrientos acribillada en la puerta de su casa como la entrada 46 del registro—. Fueron grupos paramilitares del Magdalena Medio actuando con miembros de la fuerza pública. La composición de las redes perpetradoras era coyuntural y con alta rotación, pero un elemento se mantenía constante: la participación militar, ya como cómplice, ya como ejecutora.

Mientras Urabá y el nordeste antioqueño se convertían en escenarios de masacres, las autodefensas del Magdalena Medio proyectaban su presencia hacia los Llanos del Yarí, Putumayo y Nariño. El eje era la protección de laboratorios de cocaína de Rodríguez Gacha. La base de La Azulita en Puerto Asís, instalada desde 1987, funcionaba como campamento militar y planta de procesamiento a la vez. Los Llanos Orientales quedaron bajo la influencia conjunta de Rodríguez Gacha y Víctor Carranza, con las estructuras armadas replicando el organigrama de Puerto Boyacá.

La replicación funcionaba porque el modelo era transferible. Los paramilitares entrenados en el Magdalena Medio regresaban a sus regiones convertidos en instructores. Las tácticas de Klein se propagaron sin que él tuviera que estar presente en cada nuevo enclave. Las escuelas móviles del sur de Cundinamarca alimentaban destacamentos que luego partían hacia Córdoba, hacia los Llanos, hacia el Putumayo. En la segunda semana de enero de 1989, en la finca El Recreo, se celebró una reunión con presencia de Rodríguez Gacha, descrita por un testigo como una cumbre; días después ocurriría la masacre de La Rochela.

El 18 de enero de 1989, en el corregimiento La Rochela, en Simacota, Santander, una comisión judicial de quince personas —entre ellas dos jueces de instrucción criminal— fue interceptada por al menos cuarenta hombres del grupo paramilitar Los Masetos, actuando con la cooperación y aquiescencia de agentes estatales. Doce miembros de la comisión fueron ejecutados. Investigaban, entre otros hechos, la desaparición forzada de diecinueve comerciantes ocurrida en la región del Magdalena Medio, un caso en el que estaban involucrados altos oficiales del Ejército.

La masacre de La Rochela concentró en un solo hecho todos los elementos del sistema: paramilitares entrenados en el mismo circuito que Klein había profesionalizado, complicidad militar directa, financiamiento narco y una víctima escogida por su función —investigar los crímenes de la coalición—. El Estado colombiano, con motivo de este hecho, aceptó por primera vez la existencia de un amangualamiento entre sus agentes, narcotraficantes y paramilitares. Fue un reconocimiento tardío.

El asesinato de funcionarios judiciales venía escalando desde años atrás, y las cifras dibujan la curva de un poder que aprendió a matar jueces sin costo. Entre 1979 y 1982, la tasa anual promedio era de 2 muertes; entre 1985 y 1988 subió a 10,5. Asonal contabilizó 110 asesinatos antes de 1985 y 240 entre 1987 y 1991; en total, 290 personas en cumplimiento de funciones judiciales fueron asesinadas entre 1979 y 1991. La amenaza permeó la profesión entera: en una encuesta de 1987, uno de cada cuatro jueces —el 25,4 por ciento— declaró haber sido objeto de intimidaciones directas contra sí mismo o su familia. Y la impunidad que enmarcaba ese acoso era institucional: los propios estimativos del gobierno Barco reconocían que apenas el 20 por ciento de los crímenes llegaba a conocimiento de las autoridades, y de esos, solo el 4 por ciento terminaba en sentencia. Matar a un juez era, estadísticamente, una operación segura.

Tras La Rochela, el gobierno de Virgilio Barco tomó medidas. Ordenó al DAS que investigara la estructura criminal de los grupos paramilitares en la región y, mediante los decretos 813 y 814 de 1989, derogó la Ley 48 de 1968 —el marco legal que había amparado la formación de grupos de autodefensa— y penalizó la promoción, financiación, apoyo y conformación de grupos paramilitares. El aparato judicial de excepción ya estaba en marcha desde el año anterior: en 1988 Barco había creado la Jurisdicción de Orden Público, con tribunal propio, que absorbió los delitos del Estatuto Antiterrorista —Decreto 474 de 1988— y los delitos políticos —Decreto 2490 de 1988—, y trasladó a esa sede los procesos contra civiles antes juzgados por tribunales militares. Era una justicia eficientista y antigarantista: términos procesales reducidos, requisitos menos rigurosos para llamar a juicio, régimen de libertad más drástico para el procesado.

El otro frente —el de la responsabilidad de los militares implicados— quedó abierto, y su clausura tuvo forma institucional. Todos los procesos contra oficiales acusados de pertenecer al MAS fueron trasladados a la Jurisdicción Penal Militar por decisión del Tribunal Disciplinario, que consideró que los delitos cometidos por militares en servicio activo se cometían en relación con el servicio. La consecuencia práctica fue la sustracción del control civil sobre la responsabilidad castrense en el diseño paramilitar. El general Farouk Yanine Díaz, señalado públicamente por su vinculación con el paramilitarismo del Magdalena Medio, fue inspector general en 1989, jefe del Estado Mayor Conjunto entre 1991 y 1992, y luego delegado ante la Junta Interamericana de Defensa en Washington. El ascenso siguió al señalamiento, y esa secuencia —denuncia pública, cierre judicial, promoción burocrática— codificó la impunidad como estructura, no como accidente.

Ramón Isaza, jefe paramilitar del Magdalena Medio, declararía años más tarde que en las operaciones contra Pablo Escobar el propio Ejército disparó contra sus hombres para proteger la huida del capo, y que militares amigos les avisaban de operativos antinarcóticos para que no cayeran. La lealtad militar respondía a intereses variables: contrainsurgencia cuando el objetivo era la guerrilla, protección al narco cuando el interés coincidía, persecución cuando la política de Estado —presionada por Washington— cambiaba de dirección. Esa geometría variable explica por qué las mismas unidades que patrullaban con paramilitares podían, meses después, participar en operaciones que los tenían por blanco: no había contradicción, había cálculo.

Esa ambivalencia se acentuó a medida que el cartel de Medellín escalaba la confrontación con el Estado. Los magnicidios que marcarían el fin del período —el asesinato del candidato liberal Luis Carlos Galán el 18 de agosto de 1989, precedido por el del dirigente de la Unión Patriótica Jaime Pardo Leal el 11 de octubre de 1987— se ejecutaron con la misma matriz operativa que el entrenamiento mercenario había ayudado a consolidar: sicariato profesionalizado, coordinación logística, complicidades institucionales. La violencia contra la izquierda —Bernardo Jaramillo Ossa, Carlos Pizarro, seguirían al año siguiente— y contra la clase política reformista dejó de ser fenómeno regional para volverse amenaza sistémica. Lo que se había ensayado en veredas del Magdalena Medio operaba ahora en las aceras de las capitales.

Klein abandonó Colombia. Su nombre saldría a la luz internacional cuando, en 1989, un video de él instruyendo a los paramilitares en el Magdalena Medio circuló públicamente, lo que precipitó una investigación en Israel y una condena tardía. Tomkins y su grupo se disolvieron sin haber ejecutado la operación contra Casa Verde. Rodríguez Gacha moriría en operativo policial en diciembre de 1989. Pero el aparato que habían ayudado a construir sobrevivió a sus arquitectos. Los cuadros formados en Puerto Boyacá se convirtieron en la generación fundadora del paramilitarismo de los años noventa: los hermanos Castaño transformarían la experiencia del sur de Córdoba en las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, y de ahí, en 1997, en las Autodefensas Unidas de Colombia. El curso corto de 1988 se prolongó, por vía de sus egresados, en una guerra que duraría dos décadas más.

El salto de 1987 a 1989 no inventó el paramilitarismo colombiano. La contrainsurgencia con civiles armados venía de las décadas anteriores; el respaldo institucional formal a las juntas de autodefensa databa de 1979; los patrullajes conjuntos con el Ejército, de 1982. Lo que ocurrió en esos tres años fue una fusión inédita: el capital criminal del cartel de Medellín se casó con el saber táctico importado de Israel y del Reino Unido, y esa unión se montó sobre la arquitectura contrainsurgente estatal que la legitimaba, la protegía y la multiplicaba. El producto era describible en términos operacionales: cuadrillas móviles de cincuenta hombres, entrenadas en tácticas de infantería ligera, capaces de proyectarse desde el Magdalena Medio hacia Urabá, Córdoba, los Llanos y el Putumayo, y de escalar del atentado individual al exterminio en aldea y al ajuste de cuentas contra la magistratura.

Klein y Tomkins fueron ejecutores contratados; el salto cualitativo del período fue que el aparato paramilitar dejó de ser un instrumento manipulable por el Ejército para volverse un actor autónomo, con financiación propia, mando propio, agenda propia. La coalición de ACDEGAM, el cartel de Medellín y los sectores militares creyó estar construyendo un brazo armado dócil. Construyó un poder paralelo. El costo se pagaría en las masacres de los años noventa, en el desplazamiento forzado de millones de personas, en la parapolítica del siglo XXI y en los expedientes que todavía se acumulan sobre lo que empezó en aquellos tres años entre Puerto Boyacá, Tel Aviv y las selvas del Yarí.