Jaime Pardo Leal

El abogado que llegó a la política por el sindicato

De la vida privada de Pardo Leal antes de su irrupción pública queda menos rastro que del político. Nació en 1941 y se formó como abogado, oficio que ejerció en paralelo a la creación de varias organizaciones sindicales. Esa doble condición —jurista y organizador de trabajadores— explica su trayectoria posterior: no llegó a la política como intelectual del Partido Comunista ni como cuadro guerrillero desmovilizado, sino desde el derecho laboral y la representación gremial, un lugar clásico de reclutamiento para la izquierda legal en la Colombia del Frente Nacional y su ocaso.

Ese origen sindical lo situó en una zona particular del espectro: la de quienes creían, con convicción práctica, que la disputa electoral y la organización obrera valían por sí mismas, no como coartada de otra cosa. Cuando la Unión Patriótica lo escogió como candidato presidencial en 1986, no eligió a un guerrillero de civil ni a un cuadro histórico del Partido Comunista Colombiano: eligió a un abogado sindicalista con perfil propio, capaz de hablarle a un electorado más amplio que el estrictamente comunista. La decisión no fue casual ni menor.

El derecho laboral fue, en su ejercicio profesional, algo más que una especialidad técnica: era la plataforma desde la cual comprender el país. Los pleitos por prestaciones, los procesos de negociación colectiva, la defensa de sindicalistas perseguidos en las jurisdicciones locales, la interlocución con dirigentes campesinos ampliaron su conocimiento del mapa social colombiano de una manera que difícilmente habría alcanzado desde la academia o desde la militancia partidaria pura. Cuando accedió a la primera línea de la UP, esa formación previa le daba una calle recorrida en materia de conflicto obrero-patronal, un tema que en la Colombia de mediados de los ochenta seguía siendo el eje de la violencia laboral silenciosa que precedió y acompañó a la violencia política más visible.

Había, además, una manera de pararse ante el auditorio que sus contemporáneos recordarían. Pardo Leal no era un orador de plaza en el sentido tradicional del caudillo liberal ni un tribuno doctrinario del comunismo internacional. Hablaba con la cadencia del abogado que argumenta ante un tribunal, apoyándose en hechos, cifras, casos concretos, sentencias, artículos del código. Esa manera sobria de intervenir, más forense que emocional, contrastaba con el estilo de los oradores que dominaban entonces la política colombiana y le daba, paradójicamente, una eficacia distinta: quienes lo escuchaban podían discrepar, pero difícilmente podían desestimarlo como propagandista.

La Unión Patriótica y los Acuerdos de La Uribe

Para entender la candidatura de Pardo Leal hay que reconstruir el marco en que se produjo. En 1984, la Comisión de Paz del gobierno de Belisario Betancur y las FARC firmaron en La Uribe, Meta, unos acuerdos que abrían por primera vez en décadas la posibilidad de una transición política de la guerrilla más antigua del continente. De ese pacto nació, al año siguiente, la Unión Patriótica: un movimiento amplio pensado como plataforma legal para militantes y simpatizantes de la izquierda, organizado conjuntamente por las FARC-EP y el Partido Comunista Colombiano.

La UP fue lanzada formalmente en 1985. El 11 de mayo de ese año se presentó su plataforma programática, un documento de veinte puntos titulado Plataforma de lucha de la Unión Patriótica, concebido como un frente en el que cabían, según su propia enunciación, liberales, conservadores, socialistas, obreros, campesinos, intelectuales, artistas y estudiantes. Entre el 14 y el 16 de noviembre de 1985, el primer Congreso Nacional del movimiento tuvo lugar en el teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá, un escenario cargado de simbolismo. El programa combinaba reformas al sistema político —apertura de espacios a movimientos de oposición al bipartidismo— con reformas económicas y sociales.

La contradicción del arreglo estaba, sin embargo, inscrita desde el origen. Mientras la UP se organizaba como movimiento civil, las FARC continuaban su expansión militar: entre el inicio y el final del gobierno Betancur, los frentes guerrilleros pasaron de 27 a 48. La decisión no era improvisada; venía de la VII Conferencia de las FARC de 1982, previa al proceso de paz. Pero el efecto público fue devastador para la legitimidad del nuevo partido: la UP nacía como brazo legal de una guerrilla que, simultáneamente, se fortalecía en armas. Esa doble vía —política y militar— sería el argumento que sus enemigos utilizarían para justificar, o dejar hacer, el exterminio.

Del reemplazo de Jacobo Arenas a la papeleta

La primera decisión de la UP para las elecciones presidenciales de mayo de 1986 fue postular a Jacobo Arenas, segundo comandante de las FARC e ideólogo del acuerdo de La Uribe. La señal era inequívoca: la guerrilla proponía su propia cara para la contienda electoral. La designación no prosperó. En su lugar, el movimiento escogió a Jaime Pardo Leal. Para el 5 de febrero de 1986, cuando El Espectador publicó la nota titulada "Pardo Leal, el candidato de la UP", su nombre ya circulaba públicamente como fórmula presidencial.

El cambio fue significativo: ya no fue un cuadro guerrillero quien encarnó la candidatura, sino un abogado sindicalista con perfil civil. La sustitución respondía a un cálculo evidente. Arenas era el rostro visible de la insurgencia y su postulación habría reducido la UP a una vitrina de las FARC; Pardo Leal, en cambio, permitía ensanchar el arco de votantes potenciales.

Como candidato, Pardo Leal cumplió el papel más difícil que puede caberle a un dirigente en un movimiento de composición mixta: hacer de puente entre las dos tendencias internas de la UP. De un lado, los llamados socialdemócratas, representados por Alberto Rojas Puyo, que apostaban con seriedad por el proceso democrático como camino en sí mismo. Del otro, los ortodoxos, representados por figuras como Jacobo Arenas, que defendían la doctrina de la "combinación de todas las formas de lucha" y entendían la actividad legal como una vía complementaria de la armada. Pardo Leal equilibró en campaña la retórica que satisfacía a ambos flancos, un juego de precisión que preservaba la unidad interna al precio de exponerse: cada gesto hacia los ortodoxos alimentaba la sospecha —cuidadosamente cultivada por adversarios y grandes medios— de que la UP era mera fachada armada.

La campaña de 1986 se libró, además, en un país exhausto. El país seguía sacudido por la toma y retoma del Palacio de Justicia de noviembre de 1985 y por la tragedia de Armero, y las elecciones se cruzaron con la irrupción del narcotráfico como poder paralelo. En ese ambiente, Pardo Leal recorrió plazas y municipios pequeños con un discurso que combinaba la denuncia de la corrupción bipartidista, la reivindicación de las reformas agrarias postergadas y el llamado a defender los acuerdos de La Uribe frente a lo que ya empezaba a intuirse: una campaña de exterminio contra los militantes del nuevo partido.

328.752 votos: la mayor votación de la izquierda comunista

Las elecciones presidenciales de mayo de 1986 las ganó Virgilio Barco con holgura. Pero el resultado que marcaría la historia fue el de la UP: 328.752 votos para Pardo Leal, algo menos del 5% del total nacional. La cifra, modesta en apariencia, era la más alta obtenida hasta entonces por una candidatura de orientación comunista en Colombia. Frente a los 82.858 votos que el Frente Democrático había logrado antes en Antioquia, la UP obtuvo en ese mismo departamento 30.515 sufragios presidenciales: menos en términos absolutos, pero dentro de una implantación nacional mucho más profunda.

El dato presidencial, con ser el más simbólico, no fue el más importante. La irrupción de la UP se midió mejor en el Congreso, en las asambleas departamentales y, sobre todo, en los concejos municipales. En las elecciones legislativas concurrentes, el movimiento alcanzó una representación parlamentaria sin precedentes para la izquierda legal colombiana, con nueve senadores y quince representantes a la Cámara, sumando los electos a nombre propio y los obtenidos mediante coalición para el período 1986-1988. La cifra de veintinueve diputados departamentales, repartidos entre los que la UP eligió sola y los que obtuvo en alianzas, confirmaba que el arraigo desbordaba las fronteras del comunismo tradicional. En los concejos municipales, la implantación fue todavía más elocuente: el movimiento consiguió mayoría en treinta corporaciones y accedió, en el régimen anterior a la elección popular de alcaldes, a veinticuatro alcaldías designadas desde esos concejos.

El mapa de esa presencia dibuja el perfil territorial del movimiento con más claridad que las cifras agregadas. En Antioquia, además de un diputado, la UP eligió cincuenta y nueve concejales en veintiocho municipios; en el Alto Nordeste antioqueño, en las poblaciones mineras de Segovia y Remedios, se hizo con seis de las diez curules disponibles en los concejos locales, un dominio abrumador. En la franja centro del país, que unía Cundinamarca, Huila, Tolima y la región del Sumapaz, obtuvo alcaldías en municipios como Cabrera —que sostendría hasta 1998—, Palestina, Villavieja y Coyaima. En el sur de Bolívar ganó la primera alcaldía de San Pablo y entró con concejales a Barranco de Loba. Cada uno de esos triunfos locales, leído por separado, podía parecer marginal; sumados, componían un archipiélago político nuevo.

El patrón regional es revelador: la UP se afianzó donde había frontera agraria activa, minería, colonización o presencia campesina densa. Ese arraigo territorial, más que la votación presidencial, fue el que puso en alerta a las élites locales y a los grupos armados que operaban en esas mismas zonas. Un partido de izquierda con votos dispersos podía ser tolerado; un partido con alcaldías y mayorías municipales en Segovia, en Urabá, en el Sumapaz, en el sur de Bolívar, era otra cosa. Se había vuelto un problema de poder local.

El puente entre dos aguas

Entre 1986 y 1987, Pardo Leal ejerció la presidencia de la UP como una figura pública de primer orden. Su papel en ese lapso combinó tres registros. Primero, la representación institucional del movimiento en un país donde la izquierda legal apenas terminaba de ganar existencia visible. Segundo, la gestión interna del delicado equilibrio entre las dos alas del movimiento, que no había desaparecido con las elecciones sino que se agudizaba conforme el proceso de paz se descomponía. Tercero, la denuncia pública de lo que ya estaba ocurriendo: una campaña sistemática de exterminio contra militantes de la UP en la que, según sus propias palabras, participaban militares y narcotraficantes.

Esa última función lo puso en la mira. Pardo Leal no era un dirigente de perfil bajo que hiciera política a la sombra: era un abogado que denunciaba con nombres y responsabilidades. Entre las primeras víctimas del movimiento estuvo Leonardo Posada Pedraza, suplente a la Cámara, asesinado en Barrancabermeja. En junio de 1987 se hizo explícito el fin de la tregua con las FARC —que en la práctica llevaba tiempo sin funcionar—, y el clima político se enrareció aún más. Cada muerto de la UP era, para Pardo Leal, prueba de que el proceso democrático estaba siendo saboteado por una alianza en la que convergían intereses del narcotráfico, sectores de la Fuerza Pública y estructuras paramilitares en formación.

Esa alianza no era una hipótesis: se venía formando en el Magdalena Medio, en el Nordeste antioqueño, en la Orinoquía. Los narcotraficantes aportaban infraestructura y dinero; sectores del Ejército aportaban inteligencia, tolerancia operativa o participación directa. La doctrina que justificaba esa convergencia estaba escrita: en 1985, el manual Conozcamos a nuestro enemigo circuló en la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba señalando a los sindicatos como fachadas de la subversión, como estructuras de dependencia directa de la guerrilla. Un abogado sindicalista dirigente de la UP encajaba en esa definición sin margen para el matiz.

El desgaste personal de aquellos meses fue considerable. Pardo Leal viajaba a los municipios donde acababa de ser asesinado un concejal, encabezaba entierros, firmaba comunicados, atendía audiencias en Bogotá, negociaba con los sectores del Partido Comunista y con los emisarios que llegaban desde la Casa Verde de La Uribe. Simultáneamente, mantenía un ejercicio profesional cada vez más restringido y una vida familiar sostenida a duras penas entre amenazas cotidianas y escoltas insuficientes. La rutina de un dirigente amenazado, en la Colombia de 1987, era la de un hombre que sabía que su nombre aparecía en listas y aun así seguía subiéndose al carro.

Ese carro, en sentido literal, era muchas veces el suyo propio, sin blindaje suficiente y con escoltas prestados por un Estado que al mismo tiempo albergaba, en otras oficinas y en otros batallones, a quienes preparaban su muerte. La paradoja no era retórica: los servicios de protección oficial y los servicios de inteligencia que compilaban rutinas y trayectos convivían dentro de las mismas instituciones. Denunciar esa contradicción en público era, en aquel momento, el único gesto político disponible, y Pardo Leal lo hizo hasta el final.

El domingo 11 de octubre de 1987

El asesinato ocurrió una tarde de domingo. Pardo Leal regresaba con su familia de una finca a las afueras de Bogotá, un viaje de fin de semana como tantos. Los ejecutores materiales fueron los hermanos William y Olivera Acuña Infante, sicarios formados en la escuela paramilitar de Las Galaxias, una de las estructuras de entrenamiento vinculadas a Rodríguez Gacha. La orden la dio el propio Rodríguez Gacha, el narcotraficante del Magdalena Medio que en esa etapa disputaba con Pablo Escobar la primacía dentro del cartel de Medellín y que había apostado con particular intensidad por la guerra sucia contra la izquierda.

El aspecto más grave fue el que las investigaciones revelaron después: la logística del crimen contó con los servicios de inteligencia del batallón de la Escuela de Caballería del Ejército colombiano, comandado por el teniente coronel Alfonso Plazas Vega. Los datos de movimiento, las rutinas, la ruta de regreso: la información que hizo posible el asesinato provino de una estructura militar oficial. La convergencia narcoparamilitar-militar dejó de ser una denuncia abstracta de Pardo Leal para volverse la maquinaria concreta que lo mató.

Pablo Escobar, según el testimonio posterior de su esposa, negó tener responsabilidad en el asesinato antes de esconderse, aunque anticipó que sería señalado como responsable. En menos de doce horas, el Ejército allanó el edificio Mónaco, su residencia. La escenografía institucional funcionó: quien tenía en sus manos la extradición pendiente hacia Estados Unidos —Rodríguez Gacha, autor intelectual real— quedó por fuera del foco inmediato de la reacción oficial, mientras el foco público se dirigió hacia el capo más visible del cartel.

La red que sostuvo y la red que mató

Alrededor de Pardo Leal se movió una red política densa, tanto la que lo acompañó como la que operó para eliminarlo. En la primera estaban Bernardo Jaramillo Ossa —quien lo sucedería como presidente de la UP y sería a su vez asesinado en marzo de 1990— y Manuel Cepeda Vargas, dirigente comunista posteriormente asesinado. Detrás, la vieja guardia del Partido Comunista encabezada por Gilberto Vieira, los cuadros de las FARC que sostenían la vía política y los enlaces con la Casa Verde de La Uribe, donde residían Manuel Marulanda Vélez y Jacobo Arenas. Alberto Rojas Puyo, desde el ala socialdemócrata, era el interlocutor cotidiano de los equilibrios internos.

La red adversa —la que ordenó, planeó, ejecutó y encubrió el crimen— tenía sus propios nombres. Rodríguez Gacha en el vértice, la escuela paramilitar de Las Galaxias como fábrica de sicarios, los hermanos Acuña Infante como brazo ejecutor, el batallón de la Escuela de Caballería como proveedor de inteligencia. Detrás, la doctrina militar que asimilaba movimiento social y subversión, y sectores políticos y económicos regionales para los que las alcaldías de la UP en Segovia o en Cabrera representaban una amenaza a un orden que consideraban natural. Ni el gobierno de Belisario Betancur —que abrió el proceso— ni el de Virgilio Barco —que lo heredó ya en descomposición— desarrollaron mecanismos de protección efectivos para los dirigentes amenazados.

La huella: cifras, impunidad y reconocimiento tardío

El asesinato de Pardo Leal no fue un episodio aislado sino la coronación temprana de un patrón. Entre 1984 y 2000, la campaña de exterminio contra la Unión Patriótica dejó por lo menos 4.153 personas asesinadas o desaparecidas —sin contar víctimas de violencia no letal—, según el registro del Centro Nacional de Memoria Histórica, cuya cronología ampliada del proceso llega hasta 2002. El 41% de las víctimas de las que se conoce ocupación eran campesinos, trabajadores o administradores de finca; los territorios más afectados fueron Urabá, Tolima, Meta, Caquetá y Magdalena Medio, es decir, precisamente aquellos donde la UP había demostrado implantación electoral.

La respuesta del Estado colombiano durante los años siguientes fue mínima. Los expedientes abiertos por la Procuraduría y por los jueces instructores sobre los crímenes contra la UP no avanzaron significativamente en la recolección de pruebas: los victimarios quedaron en la impunidad. Se instaló, además, una práctica sistemática de difamación póstuma de las víctimas, cuyo detalle personal era menospreciado por los grandes medios para justificar o relativizar los crímenes. Ante el recrudecimiento de la guerra sucia, el gobierno Barco cerró la puerta a un plebiscito reformador que había estado sobre la mesa y respondió con el Estatuto Antiterrorista impulsado por el ministro José Manuel Arias Carrizosa: un retorno a la salida represiva. La derogación de la Ley 48 de 1968 —el fundamento legal de los grupos de autodefensa que habían mutado en paramilitares— llegó tarde: dichas estructuras ya estaban implantadas en múltiples regiones del país.

La justicia colombiana tardaría un cuarto de siglo en nombrar lo ocurrido. En diciembre de 2012, dentro del proceso de Justicia y Paz contra Éver Veloza, alias HH, exjefe del Bloque Bananero de las AUC, los jueces reconocieron por primera vez que el exterminio de la UP constituye un genocidio político. En septiembre de 2016, en un acto en la Casa de Nariño, el presidente Juan Manuel Santos reconoció públicamente la responsabilidad del Estado en el exterminio, admitiendo que jamás debió haber ocurrido y que las autoridades no tomaron medidas suficientes para impedirlo. Entre el crimen del 11 de octubre de 1987 y ese reconocimiento oficial habían pasado veintinueve años.

Un experimento truncado

La figura de Pardo Leal condensa una tensión que Colombia no ha terminado de resolver. Su asesinato no fue el colapso accidental de un experimento democrático mal calibrado, sino su destrucción deliberada. Los 328.752 votos, las veinticuatro alcaldías, los nueve senadores y los quince representantes fueron leídos —por Rodríguez Gacha, por sectores del Ejército, por las élites regionales de las zonas donde la UP hizo pie— no como el fruto legítimo de una apertura política sino como un avance contrainsurgente que había que revertir por las armas. El triunfo en las urnas, en vez de blindar a los electos, los convirtió en objetivo.

Su muerte, la de Jaramillo Ossa en 1990, la de Manuel Cepeda Vargas en 1994, más los miles de anónimos, cerraron un ciclo. La izquierda colombiana no volvería a intentar durante décadas una vía puramente electoral de tal ambición ni con tal implantación territorial. La lección que las armas impusieron —hacer política de izquierda en Colombia costaba la vida— condicionó durante una generación entera lo que era pensable en el juego democrático del país.

Pardo Leal fue enterrado en el Cementerio Central de Bogotá. La reparación simbólica ha llegado —el reconocimiento judicial de 2012, el discurso presidencial de 2016—, pero la reparación política, aquella que consistiría en que Colombia pudiera saber qué habría sido de sí misma si Pardo Leal no hubiese sido asesinado, no es asunto de sentencias ni de discursos. Pertenece al territorio de las preguntas que la historia deja abiertas cuando el plomo llega antes que el voto.