Aída Avella

La maestra sindical

Avella pertenece a la generación de mujeres que entraron a la política colombiana por la puerta del magisterio. A los veintiocho años se afilió a la Federación Colombiana de Educadores, FECODE, cuando la presidía Abel Rodríguez. Era el ingreso a un mundo específico: el del sindicalismo docente convertido, desde los años cincuenta, en uno de los espacios más densos de militancia de izquierda del país. Los maestros de escuela habían protagonizado en la segunda mitad de esa década una rebelión silenciosa: dejaron de ser los "apóstoles" mal pagados que reclamaban vocación y pasaron a comportarse como asalariados que exigían derechos. FECODE fue el resultado organizativo de ese cambio de identidad, y para los años setenta era ya un espacio donde se formaban cuadros que después irían a los partidos.

El clima ideológico en el que Avella se formó era el del sindicalismo colombiano radicalizado. Los sindicatos de esa época estaban vinculados a partidos de izquierda radical, con un discurso muy fuerte y posturas que se entendían a sí mismas como irreconciliables: validaban la lucha armada, caracterizaban al adversario en términos antagónicos y no distinguían con precisión entre la acción política legal y la clandestina. Era, a la vez, un mundo bajo asedio. En 1985, la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba puso a circular el manual Conozcamos a nuestro enemigo, que describía a los sindicatos como estructuras de dependencia directa de la subversión. Esa estigmatización —que convertía la afiliación sindical en indicio de guerra— fue la arquitectura previa que hizo posible el exterminio posterior. Cuando el paramilitarismo y el narcotráfico llegaron a matar dirigentes sindicales, izquierdistas y militantes de la UP, no inauguraron una hostilidad: ejecutaron una ya escrita.

Avella cruzó ese umbral. Del aula pasó a la organización gremial, y del sindicato al proyecto político más ambicioso que la izquierda colombiana había intentado hasta entonces.

El proyecto UP

En mayo de 1985, en el marco de los Acuerdos de La Uribe firmados el año anterior entre las FARC-EP y el gobierno de Belisario Betancur, nació la Unión Patriótica. No era una filial armada convertida en fachada: era una apuesta explícita por trasladar el conflicto a las urnas, y su plataforma programática —los veinte puntos dados a conocer el 11 de mayo de 1985— concebía al movimiento como un frente amplio en el que cabían liberales, conservadores, socialistas, obreros, campesinos, intelectuales y artistas. La UP se presentaba como movimiento democrático de oposición a los partidos tradicionales y proponía reformas al sistema político junto con transformaciones económicas y sociales.

La composición era más plural de lo que la memoria oficial reconoció después. Además de las FARC-EP y el Partido Comunista Colombiano, se sumaron sectores independientes del liberalismo y el conservatismo, movimientos como Convergencia Liberal, Nuevo Liberalismo Independiente, el Movimiento Camilo Torres, el Movimiento Causa Común, organizaciones campesinas, sindicales, estudiantiles y personas sin adhesiones partidistas. El primer Congreso Nacional se reunió en el teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá entre el 14 y el 16 de noviembre de 1985.

Los resultados de 1986 sorprendieron al sistema político. La UP obtuvo representación parlamentaria significativa —las cifras varían según el criterio de conteo entre candidaturas propias y en coalición, pero rondan los catorce congresistas, con presencia también en once asambleas departamentales y alrededor de 335 concejales en 187 concejos municipales. En las presidenciales del mismo año, el movimiento consiguió 328.752 votos en el país, con 30.515 solo en Antioquia. Era una votación modesta en términos absolutos, pero muy superior a la de su antecesor, el Frente Democrático, y devastadora para el bipartidismo porque revelaba algo que no debía revelarse: que en las regiones donde la UP concentró su esfuerzo —Urabá, Magdalena Medio, Meta, Caquetá, Nordeste antioqueño— existía una base social real dispuesta a votar por la izquierda si se le ofrecía un vehículo.

Ese fue precisamente el problema. La UP alteraba las relaciones clientelistas de los partidos tradicionales al vincular directamente a militantes de base de veredas y barrios con la estructura partidaria, y conectaba con necesidades comunitarias que el bipartidismo no atendía. Su éxito electoral, más que su vínculo con las FARC, activó el mecanismo de exterminio.

El genocidio

Entre 1984 y 2002 fueron asesinados o desaparecidos al menos 4.153 militantes, dirigentes, candidatos y simpatizantes de la Unión Patriótica. La cifra, ya de por sí atroz, se queda corta si se cuentan las víctimas de violencia no letal —desplazamientos, amenazas, exilios— y los daños colaterales sobre comunidades enteras. El proceso fue caracterizado judicialmente como genocidio político en diciembre de 2012, cuando los jueces reconocieron esa calificación dentro del proceso de Justicia y Paz contra Éver Veloza, alias HH, exjefe paramilitar del Bloque Bananero de las AUC.

El exterminio fue planificado. Operó a nivel nacional bajo el nombre de "Baile Rojo" y a nivel regional mediante el "Plan Esmeralda", diseñado en 1988 para perseguir y dar muerte a miembros de la UP en los Llanos Orientales y Caquetá, según denunció en su momento el congresista Henry Millán —él mismo asesinado poco después. Los ejecutores fueron narcotraficantes y paramilitares, con complicidad y coordinación de agentes del Estado, incluidos elementos del Ejército y la Policía. Las investigaciones establecieron, por ejemplo, que Jaime Pardo Leal, dirigente central de la UP, fue asesinado por sicarios al servicio de Gonzalo Rodríguez Gacha con logística del batallón de la Escuela de Caballería, comandado por el teniente coronel Alfonso Plazas Vega.

Los golpes se concentraron en la cúpula. José Antequera, joven dirigente del Partido Comunista y de la UP, fue asesinado el 3 de marzo de 1989 en el aeropuerto de Bogotá. El 22 de marzo de 1990, en el mismo lugar, cayó Bernardo Jaramillo Ossa, entonces presidente del partido. Ese año, en apenas meses, el país vio caer a tres candidatos presidenciales: Jaramillo, Carlos Pizarro Leongómez y —desde agosto de 1989— Luis Carlos Galán Sarmiento. En 1993 la matanza continuó: en marzo cayó Oliverio Molina, presidente del sindicato bananero Sintrainagro; después, José Miller Chacón, secretario nacional de organización del Partido Comunista.

El terror produjo lo que se propuso producir. La UP fue perdiendo votaciones, no porque la ciudadanía la abandonara, sino porque sus votantes y candidatos eran asesinados. La masacre de Segovia, el 11 de noviembre de 1988, ilustró el patrón con crudeza: el móvil fue castigar a los pobladores por haber apoyado y elegido como alcaldesa a una representante upecista. La votación se cobraba con la vida.

Fue en ese paisaje —el de un partido cuyos dirigentes eran cazados uno por uno— donde Aída Avella asumió la presidencia de la Unión Patriótica.

Presidenta en tierra arrasada

Ser presidenta de la UP a mediados de los años noventa era ocupar una vacante creada por asesinatos consecutivos. La organización que Avella heredó no era el frente amplio de 1985 ni la fuerza parlamentaria de 1986: era la sobreviviente de una década de exterminio, con sus fundadores muertos, sus bases desplazadas y su representación electoral reducida al mínimo. La persecución no había cesado con la caída de los dirigentes visibles; se extendió a las personas desmovilizadas y reintegradas a la sociedad desde finales de los ochenta y comienzos de los noventa, y desbordó al partido para afectar a movimientos sindicales y sectores enteros de la sociedad civil.

El 15 de mayo de 1996, El Tiempo documentaba la situación de Avella y del ex senador Hernán Motta, también integrante de la UP. Las amenazas contra ambos habían escalado hasta hacer imposible la vida pública en Colombia. En 1997, Avella salió al exilio hacia Suiza. Motta se refugió en el mismo país ese año. No fueron casos aislados: el patrón del exilio de dirigentes upecistas se extendió a otros destinos —Ecuador entre ellos, donde la familia de Julio Cañón, dirigente del Meta, fue hostigada y su hijo secuestrado junto con otros seis exiliados políticos.

Suiza le ofreció a Avella lo que Colombia le negaba: sobrevivir. Ginebra se volvió base de operaciones. Desde allí siguió representando al movimiento en foros internacionales, denunciando la persecución y sosteniendo la vocería de un partido que en Colombia se apagaba jurídicamente.

Porque a la persecución física se sumó la muerte administrativa. La Unión Patriótica perdió su personería jurídica por no cumplir los requisitos de votación establecidos en la Ley 130 de 1994 —no había alcanzado umbrales suficientes en Senado, Cámara y demás elecciones populares. La lógica formal era impecable; la lógica política, obscena. El partido no había perdido votos porque el electorado le retirara respaldo, sino porque a sus candidatos los habían matado y a sus votantes los habían amenazado, asesinado o desplazado. Las autoridades electorales aplicaron el umbral sin tener en cuenta que el desplome venía del exterminio. La UP fue borrada dos veces: primero por bala, después por ley.

El exilio como continuidad

Durante los años del exilio, Avella hizo algo que en la política colombiana no siempre es visible: mantener viva la representación pública de un partido que en el papel no existía. La distinción importa. La UP, formalmente, casi había desaparecido; en la práctica, un núcleo mínimo de dirigentes conservaba la vocería, la memoria y los archivos del proyecto. Avella fue, en ese periodo, la figura que sostuvo la continuidad simbólica del movimiento desde fuera, mientras en Colombia otros —Iván Cepeda, hijo del senador Manuel Cepeda Vargas asesinado en 1994; los familiares de las víctimas; los pocos militantes que aún se atrevían a serlo— hacían lo propio desde dentro.

Mientras tanto, la izquierda colombiana empezaba a recomponerse por vías distintas al viejo cascarón. A finales de los noventa, con la UP en extinción práctica, sus miembros participaron en el Frente Social y Político, coalición de izquierda que logró resultados modestos pero simbólicamente importantes: Wilson Borja llegó a la Cámara, Gustavo Petro ocupó una curul con la mayor votación de la coalición y Daniel García-Peña ingresó como su suplente. La lógica coalicional se impuso sobre la partidaria. Cada elección subía el precio de las cabezas de sus elegidos —después de ese periodo, Petro debió abandonar temporalmente Bogotá por las amenazas contra su vida—, pero la izquierda encontraba, a los tumbos, formas de volver a existir electoralmente.

El Polo Democrático fue la consolidación de esa recomposición. En su congreso constitutivo, Carlos Gaviria fue proclamado presidente del partido, y Orlando Fals Borda —la voz mayor de la sociología comprometida— expresó su esperanza de que Gaviria fuera también el candidato presidencial una vez cumplidos los procedimientos internos, describiéndolo como la figura más destacada de la izquierda colombiana del momento. El Polo se convirtió en el paraguas de una izquierda plural, heterogénea, que incluía a exguerrilleros desmovilizados (Petro venía del M-19), a académicos, a sindicalistas, a militantes de la UP. La organización política volvía a ser posible; la memoria de la UP se integraba a un proyecto mayor sin desaparecer en él.

El retorno

En 2013, la trayectoria de Avella cambió de eje. El 4 de julio de ese año, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Sección Quinta, con ponencia de la consejera Susana Buitrago Valencia, emitió sentencia mediante la cual restituyó a la Unión Patriótica su personería jurídica. La decisión sostenía lo que la política había negado durante veinte años: que el desplome electoral de la UP no expresó una pérdida de respaldo ciudadano, sino el efecto del terror sobre militantes, candidatos y simpatizantes. La pérdida de la personería, en consecuencia, era la sanción administrativa de una violencia previa; devolverla era reconocer que el partido había sido silenciado ilegítimamente.

La sentencia tuvo un efecto material inmediato: la UP volvió al sistema electoral. Y tuvo un efecto simbólico enorme: validó retroactivamente la legitimidad democrática del proyecto exterminado. Avella regresó a Colombia. En las elecciones de 2014 fue candidata presidencial por la Unión Patriótica —la primera vez que el partido presentaba candidatura propia a la primera magistratura desde el asesinato de Bernardo Jaramillo—, en fórmula posterior con Clara López Obregón del Polo Democrático Alternativo. La candidatura no aspiraba a ganar; aspiraba a existir. Y existir era, en el caso de la UP, la única forma de derrotar el olvido.

En 2016 llegó el reconocimiento estatal explícito. En septiembre de ese año, en un acto en la Casa de Nariño, el presidente Juan Manuel Santos reconoció públicamente la responsabilidad del Estado colombiano en el exterminio de la UP. Sus palabras —"el exterminio y desaparición de la Unión Patriótica jamás debió haber ocurrido"— admitieron que el Estado no tomó medidas suficientes para impedir y prevenir los asesinatos y demás violaciones contra sus miembros. Era una responsabilidad por omisión, más que por autoría directa, y su alcance ha sido discutido por víctimas y organizaciones, pero constituyó el primer reconocimiento oficial de que la democracia colombiana había fallado catastróficamente ante uno de sus propios partidos.

Para Avella, que veinte años antes había tenido que huir del país que ahora reconocía —tibia y tardíamente— haberla dejado morir, el acto significaba la culminación de una batalla peleada sola durante décadas.

La red

La trayectoria de Avella se entiende mejor por la constelación de personas y proyectos con los que se cruzó. Los muertos primero: Jaime Pardo Leal, el jurista y dirigente asesinado por orden de Rodríguez Gacha; Bernardo Jaramillo Ossa, que unos meses antes de morir había cuestionado la vieja táctica de la combinación de todas las formas de lucha y el papel del Partido Comunista como vanguardia —un distanciamiento ideológico que sugería una UP más autónoma, cuya trayectoria fue cegada por bala; José Antequera, muerto joven en el aeropuerto de Bogotá; Manuel Cepeda Vargas, senador asesinado en 1994, cuyo hijo Iván Cepeda sería después una de las voces más constantes en la defensa de las víctimas y en el reclamo por la verdad.

Los sobrevivientes, después: Clara López Obregón, con quien compartió fórmula presidencial; Gustavo Petro, cuyo ascenso —desde la coalición del Frente Social y Político hasta convertirse en el candidato más votado en la primera vuelta del 29 de mayo de 2022, con 8.541.617 votos (40,34%) por el Pacto Histórico— trazó la ruta que la izquierda colombiana no había podido recorrer desde 1990; Piedad Córdoba, otra voz recurrente de la izquierda parlamentaria; Iván Cepeda, hijo del asesinado, senador y guardián de la memoria upecista. Avella no gobernó, no fue presidenta, no ocupó los cargos más visibles del ciclo progresista; pero sin ella, el hilo entre la UP exterminada y el Pacto Histórico victorioso se habría cortado.

También hay una red menos visible: la de los verdugos. Carlos Castaño Gil, jefe de las AUC hasta comienzos de los dos mil, encarnó la maquinaria paramilitar que ejecutó buena parte del exterminio; Éver Veloza, alias HH, del Bloque Bananero, fue el primer jefe paramilitar en cuyo proceso judicial se reconoció el carácter genocida del exterminio de la UP. Los perpetradores directos, los cómplices institucionales, los omisos del alto gobierno: son la cara oscura de la misma red que hizo posible tanto el crimen como, décadas después, su reconocimiento parcial.

Los lugares también cuentan. Bogotá, ciudad de la militancia inicial, del sindicalismo docente y de los asesinatos que la volvieron intransitable para los dirigentes de izquierda. Suiza —Ginebra en particular— como refugio y plataforma internacional. El Palacio de Nariño, donde en 2016 se pronunciaron las palabras que veinte años antes habrían salvado vidas. Y las regiones que sostuvieron la UP y pagaron el precio más alto: Urabá, Meta, Magdalena Medio, Caquetá, Nordeste antioqueño, Arauca, el Ariari-Guayabero, el Tolima. En cada una de esas geografías hay un capítulo del exterminio que la trayectoria de Avella condensa sin agotarlo.

La huella

Avella pertenece a esa categoría particular de figuras colombianas cuya importancia histórica no se mide por lo que consiguieron ganar, sino por lo que consiguieron no perder. La UP que ella presidió en los noventa era la sombra de la UP que soñaron sus fundadores en 1985. La votación con la que llegó a las presidenciales en 2014 fue marginal. Los cargos que ocupó —senadora electa por la lista de la Decencia entre 2018 y 2022, presidenta continuada de la UP— no la ubican en la primera línea del poder ejecutivo ni parlamentario. Pero la pregunta relevante no es cuánto poder acumuló, sino qué habría pasado si nadie hubiera hecho lo que ella hizo.

Sin la persistencia de Avella y de un puñado de sobrevivientes —Iván Cepeda entre ellos—, la UP habría sido borrada tres veces: por asesinato, por decreto administrativo y por olvido. La sentencia de 2013 no se produjo por generación espontánea: fue el resultado de años de litigio, denuncia internacional, presencia sistemática en los foros donde se discutía la memoria del conflicto. El reconocimiento estatal de 2016 tampoco cayó del cielo: llegó porque hubo quien lo reclamara sin descanso durante veinte años.

La lectura más honesta de su trayectoria admite, sin embargo, una tensión. La continuidad que Avella encarna es real, pero es una continuidad forzosamente mediada. El proyecto UP no sobrevivió por acumulación orgánica: sobrevivió porque el exilio protegió a sus voceras, porque las coaliciones sucesivas —Frente Social y Político, Polo Democrático, Pacto Histórico— le ofrecieron paraguas más amplios donde cobijarse, porque la justicia contencioso-administrativa devolvió una personería que la violencia había arrebatado, y porque el Estado admitió, tarde, una responsabilidad que no ejerció a tiempo. Sin esos apoyos externos, la resiliencia individual habría sido insuficiente. Con ellos, Avella pudo ser puente entre generaciones: la del sindicalismo docente de los setenta, la de la UP fundacional de los ochenta, la de las coaliciones progresistas del siglo XXI.

Hay una lectura contigua, y menos épica, que también merece formularse: nada garantizaba este desenlace. El exilio en Suiza pudo ser definitivo, como lo fue para tantos otros. El Polo Democrático pudo no consolidarse. El Consejo de Estado pudo fallar en sentido contrario. El ciclo Petro pudo no ocurrir, o Petro pudo ser asesinado antes de llegar a la presidencia, como sus predecesores. Cada eslabón que unió a la Avella de 1985 con la Avella del Pacto Histórico fue contingente, dependió de decisiones individuales en contextos de alta incertidumbre, y ninguna lógica estructural aseguraba su cierre. La narrativa del "puente generacional" es cierta en retrospectiva; en tiempo real fue una apuesta permanente contra la desaparición.

Ese es, quizás, el sentido más denso de su figura en la historia de Colombia. Avella representa la posibilidad —no la garantía— de que un proyecto político suprimido por la violencia pueda regresar a la arena democrática sin renunciar a su identidad. La UP que existe hoy no es la misma que se fundó en 1985; no podría serlo, porque las 4.153 personas asesinadas o desaparecidas dejaron un vacío que ninguna restitución jurídica llena. Pero existe, y su existencia —el hecho mismo de que un partido genocidado pueda tener senadores, candidata presidencial, personería jurídica y voz en el debate público— es una prueba viviente de que el exterminio no fue completo. Que no lo haya sido se debe, en medida considerable, a que hubo quien se negó, durante décadas, a dejar que lo fuera.

En un país donde la memoria del conflicto se disputa constantemente y donde el reconocimiento del daño llega siempre tarde, Avella ocupa un lugar preciso: el de quien sobrevivió para contar, para denunciar y para volver. La historia de Colombia no la reserva a los ganadores; también deja lugar para quienes, sin ganar nunca del todo, impidieron perderlo todo. Ese lugar —modesto en apariencia, decisivo en el largo plazo— es el suyo.