Belisario Betancur

Un antioqueño de Amagá

Nació en Amagá, pueblo minero al suroeste de Antioquia, en 1923, en un hogar que él mismo describiría como menesteroso. Ese origen, que en otros habría sido apenas un dato biográfico, en Betancur se convirtió en clave de lectura: la carrera política construida desde la nada, sin apellidos que la respaldaran, fue considerada admirable precisamente por la distancia recorrida entre la casa pobre de Amagá y el Palacio de Nariño. La montaña antioqueña, con su ética del esfuerzo y su tradición conservadora, marcó su horizonte inicial y también su lengua: cuando llegara al poder, hablaría con giros de la provincia y citaría poesía sin impostación, porque la poesía le venía del mismo lugar del que le venía todo lo demás.

Su vocación política y periodística despertó siendo estudiante de derecho en Medellín, en los años que rodearon al 9 de abril de 1948. En la ciudad convulsa del Bogotazo replicado en provincia, trabajó en La Defensa, órgano del conservatismo antioqueño, y colaboró con El Colombiano, la revista Semana y El Siglo, el periódico laureanista por antonomasia. Emergió a la vida pública como laureanista vertical, discípulo militante de Laureano Gómez, la figura más rígida y doctrinaria del conservatismo colombiano. De esa escuela sacó la disciplina y una cierta gravedad en el trato de los asuntos públicos; con el tiempo se iría distanciando del laureanismo más ortodoxo hasta construir un perfil propio, más humanista y menos sectario, capaz de dialogar con la izquierda y con las guerrillas sin renegar de su origen.

Tres campañas, una presidencia

Betancur se presentó a la presidencia tres veces. La primera, en 1970, dentro de un conservatismo fragmentado. La segunda, en 1978, cuando perdió frente a Julio César Turbay Ayala. La tercera fue la vencedora: 1982. Entre derrota y derrota reaparecía con una persistencia notable —al día siguiente estaba de nuevo en la brega, rozagante, sin que las adversidades le hicieran mella—. Esa terquedad, más que las maquinarias, explica que un candidato conservador terminara ganando en un país cuya mayoría electoral era liberal.

La victoria de 1982 se produjo por la conjunción de varios factores. El Partido Liberal llegó dividido a las urnas: la facción oficialista respaldó a Alfonso López Michelsen, expresidente y patriarca del liberalismo, mientras otra facción se le desprendió por el flanco. A esa fractura se sumó el desgaste del gobierno de Turbay Ayala, asociado con las denuncias de violaciones a los derechos humanos bajo el Estatuto de Seguridad —el decreto de Estado de Sitio de septiembre de 1978 que otorgó amplias facultades a las Fuerzas Armadas para el control del orden público— y con escándalos financieros como el del Grupo Gran Colombiano, conocido en la época como el czarpazo, que ahondó el desprestigio del oficialismo liberal. La economía se deterioraba a ojos vistas: la tasa de crecimiento había caído del 8,9% en 1978 al 2% en 1982.

Sobre ese terreno maltrecho, Betancur no se presentó como candidato del conservatismo puro. Construyó un vehículo suprapartidista al que llamó Movimiento Nacional, con el apoyo de la ANAPO —el populismo rojiblanco fundado por Gustavo Rojas Pinilla— y de otras fuerzas minoritarias. La apuesta era clara: escapar del bipartidismo agotado y presentarse como candidato de una coalición nueva, capaz de hablarle a electores que no se reconocían en las maquinarias tradicionales. En el corazón de la campaña estuvo la paz. López Michelsen sostenía que la paz es liberal, reclamando para su partido el monopolio del tema; Betancur replicó con una frase que se volvería su divisa: la paz no es ni liberal ni conservadora, sino nacional. Fue una consigna afortunada y también un anticipo del método: reencuadrar los debates para que dejaran de ser propiedad de los partidos.

El vértice de la paz

Tomó posesión el 7 de agosto de 1982 y desde ese mismo discurso convirtió la paz en el vértice de su gobierno. El 19 de noviembre de 1982, el Congreso aprobó la Ley 35, una amnistía amplia por delitos políticos para los alzados en armas. Fue una ley de trazo grueso, orientada a quienes depusieran las armas, y sus efectos fueron inmediatos: excarceló a guerrilleros de las FARC, del M-19, del ELN, del EPL, del PLA, de la ORP y del ADO. A mediados del cuatrienio, el propio Betancur calculaba en unos dos mil los amnistiados políticos excombatientes beneficiados por la ley.

Sobre esa base, el gobierno tejió los acuerdos. En 1984, las FARC firmaron un cese al fuego en La Uribe, Meta —el reducto histórico del secretariado comandado por Manuel Marulanda Vélez y Jacobo Arenas—, y ese mismo año el M-19, el EPL y otros grupos firmaron sus propios tratados. Los diálogos habían sido precedidos por reuniones con dirigentes del M-19 en México y España, donde el presidente ya electo había trazado con ellos los primeros planes. La Comisión de Paz, presidida primero por el expresidente Carlos Lleras Restrepo —heredada del gobierno Turbay— y luego, tras su renuncia por salud, por el exministro Otto Morales Benítez, fue el instrumento institucional del proceso. En paralelo, Betancur obtuvo una Ley de Indulto (Ley 45 de 1985) y estableció en 1983 el Plan Nacional de Rehabilitación (PNR), destinado a atender lo que la retórica oficial llamaba las condiciones objetivas del conflicto: pobreza, aislamiento, ausencia de Estado en las zonas de origen guerrillero.

De esos acuerdos brotó, en mayo de 1985, la Unión Patriótica, movimiento político legal impulsado por las FARC como brazo civil de la desmovilización que apenas asomaba. La UP nació con vocación de representación pluralista y con una promesa implícita: la política sin armas era posible en Colombia. Los años siguientes se encargarían de mostrar el precio.

El proceso, visto en retrospectiva, se desenvolvió sin antecedentes negociadores claros ni una arquitectura previa. El gobierno fue creando de manera sucesiva instancias flexibles —comisiones de verificación del cese al fuego, comisiones de diálogo— a medida que el proceso avanzaba, en una conducción improvisada y fragmentada que compensaba con voluntad lo que le faltaba en método. Y hubo, sobre todo, un problema estructural que ninguna comisión podía resolver: mientras el presidente negociaba, sectores radicales de las Fuerzas Armadas, con una autonomía clandestina manifiesta, promovían la privatización de la lucha contrainsurgente y potenciaban al paramilitarismo naciente. La paz se firmaba en La Uribe y en Corinto; los paramilitares crecían en Puerto Boyacá y en el Magdalena Medio. Betancur presidía un Estado que no controlaba a su propio brazo armado.

Noviembre de 1985

La palabra noviembre pesa en la biografía de Betancur como pesa en pocas biografías presidenciales del siglo XX colombiano. En ese mes, con seis días de diferencia, dos catástrofes le arrancaron al gobierno el aire y a Colombia una parte de sí misma.

El 6 y 7 de noviembre, un comando del M-19 al mando de Luis Otero y Andrés Almarales se tomó el Palacio de Justicia, en el costado norte de la Plaza de Bolívar de Bogotá, con el propósito —según algunas de las versiones que circularon después— de someter al presidente Betancur a un juicio político ante la Corte Suprema por el presunto incumplimiento de los acuerdos de paz. Un testimonio interno del propio movimiento la describió más bien como una operación destinada a forzar el reinicio de las negociaciones. Las dos lecturas coexisten, y ninguna alcanza a explicar del todo el cálculo político de una toma que terminaría siendo, según reconoció después el propio M-19, un error militar y, para casi todos los observadores, un suicidio político.

La operación tenía una sombra adicional. Pablo Escobar había ofrecido financiar la toma —dos millones de dólares que Iván Marino Ospina, entonces uno de los dirigentes del M-19, aceptó— con la condición de que se quemaran los expedientes de extradición y se asesinara a los magistrados favorables al tratado con Estados Unidos. Álvaro Fayad y el propio Marino rechazaron esa exigencia; el dinero, sin embargo, había entrado. La toma quedaría marcada, para la historia, por esa penumbra: un asalto guerrillero cuya financiación se entrelazó con el narcotráfico en un momento en que Colombia empezaba a padecer sus primeras grandes crisis por la extradición.

La respuesta militar fue inmediata y devastadora. La Comisión de la Verdad, décadas después, encontraría indicios de que el operativo de retoma estaba prediseñado: el retiro previo y repentino de la seguridad del edificio y la organización instantánea de la reacción armada sugerían que la fuerza pública había estado esperando el momento. Antonio Navarro Wolff, dirigente sobreviviente del M-19, sostendría que el gobierno de Betancur no estuvo dispuesto a buscar una solución distinta a la rendición o el enfrentamiento armado; que el M-19 envió un comunicado a la Presidencia al día siguiente de iniciada la toma, y que el operativo continuó sin que el gobierno diera señales de negociación.

El saldo fue apocalíptico. Murieron once magistrados de la Corte Suprema de Justicia —entre ellos el presidente de la corporación, Alfonso Reyes Echandía, cuya voz suplicando por el cese al fuego alcanzó a escucharse por la radio antes de ser silenciada—, magistrados auxiliares, empleados judiciales, visitantes, militares y guerrilleros. El número total de víctimas se aproximó a cien, con un margen indeterminado de personas sin identificar y de desaparecidos. Algunos rehenes que salieron con vida del edificio fueron custodiados por miembros de la fuerza pública y aparecieron después muertos, o simplemente no aparecieron; otros fueron torturados en instalaciones militares. La toma y la retoma dejaron, junto con los muertos, la certeza de que el Estado había desaparecido a ciudadanos y magistrados en el corazón mismo de la capital.

Seis días después, el 13 de noviembre de 1985, el volcán Nevado del Ruiz entró en erupción y sus lahares —los flujos de lodo, ceniza y agua que descienden por los cauces cuando el hielo de la cima se derrite— destruyeron Armero, en el Tolima, y otras localidades. Perecieron alrededor de 25.000 personas. Fue, y sigue siendo, el peor desastre natural de la historia de Colombia y la segunda catástrofe volcánica más mortífera del siglo XX en el mundo. Y fue, sobre todo, una catástrofe anunciada: había advertencias previas sobre la actividad del volcán, pero la población no fue alertada a tiempo. Las autoridades temían causar pánico innecesario; los técnicos no lograban predecir con precisión el momento exacto de la erupción; el resultado fue que un pueblo entero se acostó a dormir bajo un cielo que ya estaba lloviendo ceniza.

Los dos hechos, encadenados en menos de una semana, condensaron en imágenes indelebles la fragilidad del Estado que Betancur presidía. Uno de los aparatos estatales latinoamericanos más débiles en presupuesto, capacidad fiscal, integración territorial e infraestructura se veía desbordado simultáneamente por la guerra en su plaza mayor y por una tragedia natural en el corazón del país cafetero. No era casual que una de las primeras decisiones del gobierno, en 1982, hubiera sido renunciar a la organización de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA, cuya sede le había sido otorgada en 1974: Colombia no podía. Noviembre de 1985 mostró de manera brutal todo lo que ese no podía significaba.

La huella diplomática y cultural

Antes de que noviembre lo devorara, y en paralelo a las negociaciones internas, el gobierno de Betancur había construido una política exterior de perfil inédito para Colombia. En diciembre de 1982, apenas cuatro meses después de su posesión, los premios Nobel Alfonso García Robles, Alva Myrdal y Gabriel García Márquez, junto con el primer ministro sueco Olof Palme, le dirigieron a él y a otros líderes centroamericanos una carta expresando la esperanza de que se abrieran negociaciones para preservar la paz en la región. García Márquez, que había apoyado al candidato vencido en 1982, puso poco después sus relaciones y buenos oficios a disposición del presidente. Betancur aprovechó ese capital simbólico para insertar a Colombia en una red hemisférica de solidaridad diplomática.

De ahí nació el Grupo de Contadora, iniciativa que reunió a Colombia, México, Panamá y Venezuela en la isla panameña que le dio nombre, con el propósito de mediar en los conflictos centroamericanos —Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Honduras— en plena Guerra Fría, en un momento en que la política estadounidense tendía a militarizar cada crisis del istmo. Las iniciativas de Contadora fijaron metas ambiciosas en democratización, desmilitarización, protección de derechos humanos y desarrollo económico. Sus efectos concretos son discutibles, pero su descendencia institucional no lo es: contribuyeron a la reforma de 1984 de la Carta de la Organización de Estados Americanos, firmada en Cartagena de Indias, que reafirmó la obligación de los Estados americanos de ser democracias representativas, y sentaron las bases del posterior Grupo de Río, que llegaría a considerarse el mecanismo político consultivo más importante de las Américas. Colombia respaldó también los Acuerdos de Esquipulas II y los procesos de paz en El Salvador y Guatemala. La política exterior dejó de ser un apéndice y se volvió una dimensión central del proyecto pacificador.

En el frente interno, Betancur libró otra batalla menos visible pero igualmente reveladora: la del lenguaje. Rompió con la retórica alambicada del oficialismo colombiano de manera análoga —vale la comparación— a como el nadaísmo había roto con la solemnidad de la literatura nacional. Su estilo comunicativo era desembozado, sin arrogancia, dirigido a la persona común, mezclando poesía auténtica con giros que no desentonaban en el habla cotidiana. Sustituyó las reuniones palaciegas y los sacolevas por una imagen campechana: en algún momento se puso al volante de un Renault 4, el carro popular por excelencia, gesto pequeño y elocuente. Buscó estimular el orgullo por las regiones y despertar un fervor nacionalista que no fuera puramente estatal ni militar. Fue un hombre de rupturas, y la primera de todas fue esa: la del estilo. El intento democratizador era sincero, aunque chocara con el peso fósil de la tradición y con la resistencia del país formal a cualquier reforma que le tocara los privilegios.

Red y compañías

En el retrato de Betancur aparecen los rostros que definieron la política colombiana de su tiempo. Su ascenso ocurrió bajo la sombra intelectual de Laureano Gómez y Mariano Ospina Pérez, patriarcas del conservatismo que él primero heredó y luego desbordó. En 1982 se midió con Alfonso López Michelsen, el gran patricio del liberalismo que quiso monopolizar el discurso de la paz; en 1986 le entregaría el poder a Virgilio Barco, del liberalismo. Álvaro Gómez Hurtado, hijo de Laureano y candidato conservador al que había derrotado internamente, encarnó el ala más beligerante del partido durante buena parte del cuatrienio. Luis Carlos Galán, liberal disidente que aparecería como voz de la renovación política, sería asesinado tres años después de terminado el gobierno Betancur, en 1989, en la escalada de violencia que el proyecto de paz frustrado no logró contener.

Del lado de las guerrillas, Betancur trató directa o indirectamente con Manuel Marulanda Vélez y Jacobo Arenas, del secretariado de las FARC atrincherado en Casa Verde, en La Uribe; con Iván Marino Ospina, Álvaro Fayad y Andrés Almarales, del M-19, que firmaron acuerdos con su gobierno y algunos de los cuales murieron en la toma del Palacio de Justicia o en operativos posteriores. En el Palacio murió también Alfonso Reyes Echandía, presidente de la Corte Suprema, y en los años siguientes serían asesinados el ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla —muerto en 1984 por sicarios del narcotráfico en pleno gobierno de Betancur— y el exministro Enrique Low Murtra, en un ciclo de violencia contra la dirigencia judicial que la política de paz no alcanzó a frenar.

Su vida privada estuvo marcada por Rosa Helena Álvarez, su esposa, y por la tragedia posterior de Diana Turbay —hija de su rival Julio César Turbay Ayala, periodista y directora de la revista Hoy por Hoy, secuestrada por Los Extraditables de Pablo Escobar y muerta en 1991 durante un operativo de rescate—, episodio que ilustra hasta qué punto las líneas familiares y políticas de esa élite terminaron atravesadas por la violencia del narcotráfico. Los lugares de su biografía dibujan un mapa: Amagá y Medellín en la formación; Bogotá y el Palacio de Nariño en el poder; el Palacio de Justicia y Armero en la tragedia; La Uribe, Casa Verde y la Isla de Contadora, en Panamá, en la diplomacia; Madrid en los diálogos preliminares con el M-19; Ibagué, en el Tolima, en el gesto final de contrición.

La posteridad

Terminado su mandato en agosto de 1986, Betancur regresó a la vida civil sin ocupar cargos de primera línea. Su relación con el episodio del Palacio de Justicia se convirtió, con los años, en el eje de la disputa por su legado. Juan Manuel Santos —entonces columnista, luego presidente— defendió públicamente su gestión durante la retoma desde los editoriales de El Tiempo; dirigentes liberales como Virgilio Barco y César Gaviria la criticaron con dureza. Betancur, entretanto, guardó un silencio largo y llamativo. La Comisión de la Verdad lo describiría como un silencio perpetuo, y no le faltaba razón: durante décadas rehuyó pronunciarse en detalle sobre lo ocurrido en el edificio.

En el terreno judicial internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por la violación a la libertad personal, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas vinculadas al caso. El expediente había llegado a la Corte precisamente por la falta de avances judiciales dentro del país. En 2015, treinta años después, el presidente Juan Manuel Santos pidió perdón públicamente en nombre del Estado colombiano en un acto relacionado con el caso. A finales de ese mismo año, en Ibagué, el propio Belisario Betancur pidió perdón públicamente por primera vez. Fue un gesto tardío, incompleto para muchos —no zanjó las preguntas sobre las decisiones específicas tomadas durante las horas de la retoma—, pero rompió el silencio.

Murió en Bogotá en 2018, a los 95 años. La memoria política que dejó es tensa, y sigue siéndolo. Fue el presidente que introdujo, con más ambición que ningún antecesor reciente, la idea de que la guerra colombiana podía terminarse por la vía negociada, y que consiguió amnistías, indultos y acuerdos que anticiparon —con todos sus defectos— la arquitectura de los procesos posteriores. Fue el gobernante bajo cuyo mandato surgió la Unión Patriótica, cuyo posterior exterminio se convertiría en una de las heridas abiertas de la democracia colombiana. Fue el estadista que insertó a Colombia en una red hemisférica de diplomacia por la paz, y el poeta antioqueño que le habló al país en una lengua distinta a la del oficio.

Y fue también el presidente en cuyo mandato el Palacio de Justicia ardió, Armero fue sepultada, el paramilitarismo se consolidó bajo la autonomía clandestina de sectores de las Fuerzas Armadas, y la reconciliación quedó pospuesta por otra generación. El fracaso del proceso de paz de Betancur no fue producto de su falta de voluntad ni de su falta de visión: fue el resultado de un Estado demasiado débil para imponerse a sus propios militares, de unos actores armados —el M-19 en primer lugar— que no renunciaron a la violencia como instrumento político, y también, en la hora decisiva, de las decisiones contingentes de un presidente que optó por la rendición o el enfrentamiento cuando quizá hubo margen para otra cosa. Esa mezcla de convicción, contexto adverso y responsabilidad personal es la que hace de su gobierno un caso tan discutido y, al mismo tiempo, tan seminal.

Colombia siguió teniendo, después de él, presidentes de la paz. Ninguno olvidó, sin embargo, la lección de noviembre de 1985: que la paz, cuando no viene acompañada del control efectivo del Estado sobre su propio brazo armado y sobre los actores que dicen buscarla, corre el riesgo de convertirse en el escenario de las tragedias más completas. Belisario Betancur pagó ese precio primero. Su figura, con sus luces largas y sus sombras densas, sigue siendo la referencia contra la cual se miden todas las apuestas posteriores por terminar la guerra en Colombia.