Desmovilización del M-19 y conversión política (1989–1990)

La desmovilización del M-19

Entre marzo de 1989 y marzo de 1990, el Movimiento 19 de Abril —la guerrilla urbana que había protagonizado los actos armados más espectaculares de la Colombia contemporánea, del robo de la espada de Bolívar en 1974 a la toma del Palacio de Justicia en 1985— negoció con el gobierno de Virgilio Barco Vargas su renuncia a las armas, se desmovilizó el 9 de marzo de 1990 en el corregimiento de Santo Domingo, municipio de Cauca, y se convirtió en partido político legal. La operación, que dejó fuera de combate a unos novecientos guerrilleros bajo el paraguas jurídico de la Ley 77 de 1989, se articuló casi de inmediato con la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente que produjo la Constitución de 1991. Fue el primer eslabón de lo que se llamaría la paz parcelada del gobierno Barco —un modelo de desmovilización por grupo, con indulto, mesa bilateral y reintegración política— y funcionó como bisagra: sirvió para desatascar una reforma constitucional que el Congreso venía bloqueando desde 1978 y, a la vez, para incorporar a exguerrilleros en el diseño del nuevo orden institucional. El precio, que el proceso reveló muy pronto, fue el asesinato de sus dos candidatos presidenciales sucesivos, Luis Carlos Galán y Carlos Pizarro Leongómez, y la exposición prolongada de sus cuadros a una violencia que la firma no extinguió.

Del Palacio de Justicia al secuestro de Álvaro Gómez

La desmovilización del M-19 no se entiende sin la catástrofe que la antecedió. El 6 de noviembre de 1985, un comando del movimiento tomó por asalto el Palacio de Justicia en la Plaza de Bolívar de Bogotá. La retoma militar dejó cerca de un centenar de muertos, entre ellos once de los veinticuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y consumió el edificio en un incendio que se llevó también los expedientes de la extradición. Para el M-19 fue un suicidio político: quebró la simpatía urbana que había cultivado durante la década, obligó a sus cuadros a replegarse hacia el suroccidente —Caquetá, Huila, Cauca— y clausuró de hecho el proceso de paz ensayado con el gobierno de Belisario Betancur. La guerrilla nunca lo reconoció como más que un error militar; Betancur guardó silencio sobre el tema hasta su muerte, en 2018.

Cuando Virgilio Barco tomó posesión el 7 de agosto de 1986, no anunció una nueva política de paz. Presentó, en cambio, un Plan Nacional de Rehabilitación orientado a atacar la pobreza como caldo de cultivo del conflicto, y designó como Consejero Presidencial a Rafael Pardo Rueda, un economista con estudios en los Países Bajos, profesor de la Universidad de los Andes, sin capital político propio: un tecnócrata más que un operador. Durante casi dos años el M-19 estuvo militarmente hostigado y políticamente aislado.

El giro se produjo por una vía imprevista. Entre mayo y julio de 1988, el M-19 secuestró en Bogotá al dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado, hijo del caudillo Laureano Gómez. La operación —cálculo desbordado por sus consecuencias o maniobra deliberada para forzar la mesa— empujó al gobierno Barco al camino de la negociación. Antes, el 2 de abril de 1988, la guerrilla había declarado un cese unilateral del fuego. Después vinieron las Conversaciones de Usaquén, promovidas por el propio M-19 sin asistencia oficial, y en septiembre de ese año el gobierno formuló su Iniciativa de Paz. El instrumento estaba diseñado, pero permanecería aletargado durante casi un año más, a la espera del sacudón que lo pondría en marcha.

El diseño de Rafael Pardo: la paz parcelada

El modelo que Pardo articuló entre 1988 y 1989 rompía con la lógica betancurista de los grandes diálogos nacionales con verificadores internacionales y treguas vigiladas. Su premisa era otra: negociación bilateral, un grupo a la vez, en zonas de concentración designadas, con desmovilización completa a cambio de reintegración civil y reforma política. El acuerdo descansaba en cuatro pilares: reconocimiento de la legitimidad del Gobierno, reconocimiento del insurgente como interlocutor válido, manifestación expresa de la intención de negociar hasta el desarme y compromiso gubernamental de emprender una profunda reforma política. La Iglesia Católica participó como tutora moral y espiritual, representada finalmente por monseñor Álvaro Fandiño. La Internacional Socialista, a través de Luis Ayala, y algunos observadores vinculados al SIPRI acompañaron como testigos, pero no hubo la verificación internacional robusta que exigirían procesos posteriores. Era, deliberadamente, una operación colombiana.

Los primeros contactos formales tuvieron lugar en el hotel Camino Real de Ciudad de México, los días 3 y 4 de marzo de 1989. Allí se reunieron Pardo y sus asesores con Antonio Navarro Wolff, Gerardo Ardila, Rafael Vergara y Rubén Carvajalino, delegados del M-19. La contraparte principal del grupo era su Comandante General, Carlos Pizarro Leongómez, que había asumido la jefatura tras la muerte de Jaime Bateman Cayón —fundador del movimiento— y de su sucesor Álvaro Fayad. La conducción política del proceso quedó, del lado del M-19, en manos de Pizarro y Navarro; en el gobierno, la línea Pardo–Barco operó con notable autonomía frente a un Congreso escéptico y unas Fuerzas Armadas resentidas por los términos de la negociación.

La escalada narcoterrorista y la reforma hundida

Entre agosto y diciembre de 1989 el proceso atravesó su cuarto de hora más peligroso. El 18 de agosto, el sicario Jaime Eduardo Rueda Rocha, nacido en Yacopí, entrenado en las escuelas de las autodefensas y enviado por la organización paramilitar de Henry Pérez, asesinó en Soacha, Cundinamarca, al precandidato liberal Luis Carlos Galán durante un mitin de campaña. Excomandantes paramilitares atribuyeron después la decisión a Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha y el propio Pérez. El crimen desató la ofensiva narcoterrorista más violenta que Colombia había conocido, con atentados en cadena, y produjo simultáneamente un efecto inesperado: sacudió a la clase política y creó las condiciones de urgencia que hicieron políticamente viable lo que hasta entonces parecía imposible.

Pardo y su equipo intentaron traducir ese sacudón en reforma constitucional. El proyecto —que incluía un Referendo Extraordinario por la Paz y la Democracia previsto para el 21 de enero de 1990, articulado con los acuerdos con el M-19— llegó al Congreso y allí encalló. Mediante congresistas alineados con los intereses del narcotráfico y con las mayorías liberales y conservadoras que rechazaban la extradición, la reforma fue hundida a mediados de diciembre de 1989. Era la cuarta frustración consecutiva de un intento de reformar la Constitución de 1886, tras los bloqueos de 1978, 1981 y 1988. El ministro de Gobierno, Carlos Lemos Simmonds, renunció. El hundimiento dejó al acuerdo con el M-19 sin sustento jurídico en su elemento crucial —el que requería reforma constitucional—, y a los pocos días se emitieron órdenes de captura contra los dirigentes del grupo.

El 14 de diciembre de 1989 el M-19 respondió con una jugada que reencuadraría todo el proceso: convocó a rehacer el pacto de paz directamente con el pueblo, mediante una Asamblea Constituyente. Fue la primera formulación pública de la salida constituyente como puente entre desmovilización y reforma política, y la primera vez que un actor armado colombiano proponía sortear al Congreso apelando a un poder constituyente originario.

Mientras tanto, la guerra sucia contra el propio proceso no cesaba. En 1989 murieron dos militantes del M-19 en el Huila y otros tres quedaron heridos, entre ellos el mando Marcos Chalita; en Santander, la compañía Zoraida Téllez fue atacada con saldo de cinco muertos; en San Alberto, Cesar, dos educadores del grupo fueron desaparecidos por una patrulla militar. El gobierno derogó ese año la Ley 48 de 1968 —marco de las autodefensas— y expidió el Decreto 1194, que estableció penas para quienes financiaran o promovieran grupos paramilitares. La medida llegó tarde: las estructuras ya estaban implantadas en regiones enteras.

El marco jurídico: la Ley 77

La pieza técnica del proceso fue la Ley 77 del 22 de diciembre de 1989. La norma determinó la situación jurídica individual de cada integrante del M-19 y permitió dictar autos de cesación de procedimiento para quienes no fueran responsables de delitos atroces o de lesa humanidad. Su diseño rompió con la lógica de amnistía general y colectiva que había prevalecido en Colombia: cada guerrillero recibía un tratamiento personal, verificable, individualizado, a cambio de la entrega efectiva de su arma y de su desvinculación de la estructura. La fórmula tenía dos virtudes políticas simultáneas. Permitía al gobierno sostener ante la opinión pública —y ante unas Fuerzas Armadas rejosas— que no había impunidad para los crímenes graves. Y ofrecía al M-19 una garantía tangible: un documento por cabeza, un tránsito legible a la vida civil. Ese dispositivo individualizado se convertiría en la matriz jurídica del modelo colombiano de paz por desmovilización, replicado un año después con el Ejército Popular de Liberación, el Partido Revolucionario de los Trabajadores y el Movimiento Armado Quintín Lame.

Santo Domingo, 9 de marzo de 1990

El acto central se celebró en Santo Domingo, corregimiento del departamento del Cauca, a las 16:37 del jueves 9 de marzo de 1990. La orden de inicio la dio Carlos Erazo, alias Nicolás, con una fórmula seca: "Por Colombia, por la paz, dejad las armas". El instrumento jurídico era el Acuerdo de Corinto. La cifra global de desmovilizados llegaría a novecientos combatientes.

El gesto que fijó la escena en la memoria pública fue el de Carlos Pizarro. Envolvió su pistola calibre 45 en una bandera de Colombia y la depositó pronunciando las palabras que se convertirían en fórmula ritual: "El M-19, en las manos de su Comandante General, hace dejación de la última arma en manos del Movimiento 19 de Abril, por la paz y la dignidad de Colombia". Cerró con una orden militar reconvertida en despedida: "¡Oficiales de Bolívar, rompan filas!". La ceremonia contó con observadores internacionales vinculados al SIPRI y a la Internacional Socialista, pero la recepción, verificación y destrucción del armamento se resolvió en clave nacional, sin una comisión técnica externa formalmente encargada.

La escena importa por lo que hace explícito: la desmovilización no fue un acto de rendición sino un traspaso simbólico. El fusil envuelto en la bandera —imagen que los fotógrafos multiplicarían durante semanas— señalaba que el arma se entregaba a la República, no al enemigo, y que quien la entregaba se reservaba el derecho de seguir haciendo política, ahora por otras vías. Era, en términos rituales, el opuesto exacto de una rendición: un movimiento voluntario, coreografiado, con locutor.

El asesinato de Pizarro y el relevo de Navarro

Menos de dos meses después, el 26 de abril de 1990, Carlos Pizarro fue asesinado a bordo de un avión comercial por un sicario adolescente contratado por el líder paramilitar Carlos Castaño, quien años más tarde declararía que "Carlos Pizarro tenía que morir". La motivación que Castaño esgrimió fue la percepción —difundida en los sectores narcoparamilitares— de que una victoria electoral del M-19 equivaldría a una victoria de Pablo Escobar, dado el vínculo histórico entre el movimiento y el cartel de Medellín. Pizarro era, para entonces, candidato presidencial. Su asesinato se sumó al de Luis Carlos Galán en agosto de 1989 y al de Bernardo Jaramillo Ossa, candidato de la Unión Patriótica, dando forma a una campaña presidencial en la que fueron asesinados tres candidatos.

Antonio Navarro Wolff asumió el liderazgo del M-19 y fue postulado como candidato presidencial en reemplazo de Pizarro. Tomó, según sus propias palabras, la decisión de "enterrar a Pizarro en paz": el movimiento no retomaría las armas. Ese momento —del que el diseño jurídico de Pardo no había previsto contingencia— fue tal vez la prueba más severa del proceso, y la que reveló que su fuerza no residía únicamente en el andamiaje institucional sino en la voluntad política de sus protagonistas. En las presidenciales del 27 de mayo de 1990, Navarro obtuvo el 12,6% de los votos —754.000 sufragios—, la votación más alta conseguida hasta entonces por un candidato de izquierda en Colombia, y una ola de solidaridad popular con lo que ya era la Alianza Democrática M-19.

La Séptima Papeleta y la salida constituyente

El proceso desbordó al gobierno por otra vía, esta vez desde abajo. Tras el asesinato de Galán, un movimiento estudiantil que agrupaba organizaciones como Todavía Podemos Salvar a Colombia y el Movimiento Estudiantil por la Constituyente convocó la marcha del silencio bajo el lema "Por todo lo que nos une y contra todo lo que nos separa". Más de quince mil jóvenes de universidades públicas y privadas de Bogotá marcharon. De esa movilización nació la iniciativa de la Séptima Papeleta: introducir en las elecciones de marzo de 1990 —además de las seis papeletas legalmente previstas— una séptima que expresara el respaldo ciudadano a la convocatoria de una asamblea constituyente. La operación no tenía sustento en la Constitución de 1886, pero produjo un hecho político incontestable.

El gobierno Barco recogió la señal mediante un decreto de estado de sitio que fue avalado por la Corte Suprema de Justicia. César Gaviria, elegido presidente el 27 de mayo de 1990, ratificó la ruta con un segundo decreto de estado de sitio, también avalado por la Corte. La paradoja institucional era completa: la Constitución de 1991, que vendría a limitar los abusos del estado de sitio, fue convocada precisamente mediante esa figura excepcional. El proceso constituyente reunió en un mismo dispositivo tres corrientes que se necesitaban: la demanda de reforma que el M-19 había traducido en propuesta el 14 de diciembre de 1989; la presión ciudadana de la Séptima Papeleta, que le dio legitimidad democrática; y el cálculo gubernamental de Barco y Gaviria, que encontró en la Asamblea la vía que el Congreso había cerrado.

La Asamblea Nacional Constituyente

Las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente, celebradas a finales de 1990, produjeron el resultado que consagró al M-19 como fuerza política mayor: la Alianza Democrática M-19 obtuvo el 26,9% de los votos, unos 992.000 sufragios, más del doble del porcentaje presidencial de mayo. La conmoción por el asesinato de Pizarro, la calidad de la campaña de Navarro y el desprestigio del bipartidismo tradicional se combinaron para producir un pico electoral que ningún grupo de izquierda había alcanzado antes en Colombia.

La Asamblea se instaló el 4 de febrero de 1991 en el salón elíptico del Capitolio Nacional en Bogotá y funcionó con tres copresidencias: Antonio Navarro Wolff por la AD M-19, Álvaro Gómez Hurtado —el mismo dirigente conservador secuestrado por el M-19 tres años antes— y Horacio Serpa Uribe por el Partido Liberal. La composición era, en sí misma, un manifiesto del acuerdo político subyacente: los antiguos enemigos compartían la presidencia del cuerpo que redactaría la nueva Constitución. En la lista misma de la AD M-19 se incluyó a un representante de los sectores narcoparamilitares del Magdalena Medio, hecho poco conocido en su momento y revelador del carácter transaccional de la operación.

La Constitución fue proclamada el 4 de julio de 1991. Institucionalizó los derechos humanos, creó mecanismos como la acción de tutela para asegurarlos, reformó a fondo la rama judicial y amplió el espectro político con figuras como las circunscripciones especiales. Su carácter incluyente respondió tanto a las demandas históricas de las guerrillas desmovilizadas como a los reclamos de sectores indígenas, disidentes religiosos y minorías, incorporados por primera vez al pacto fundacional.

Hubo, sin embargo, una omisión deliberada. Navarro Wolff, como copresidente, optó por dejar casi intacto el capítulo de la fuerza pública heredado de la Constitución de 1886. La decisión, que él justificó como cálculo táctico —consideró inconveniente legislar cambios en política de seguridad en medio de la guerra—, dejaba fuera del pacto refundacional la relación entre el poder civil y los militares. Héctor Pineda, vocero del proceso de paz con el M-19, reconocería años más tarde, en 2011, que uno de los grandes vacíos de la Constituyente fue no haber depurado y reformado las Fuerzas Armadas para ponerlas a la altura de la nueva Constitución, y que esa omisión "se ha pagado caro".

El efecto de arrastre: EPL, PRT, Quintín Lame

La perspectiva de participar en la Constituyente aceleró las negociaciones que otros grupos venían sosteniendo con el gobierno. Entre enero y mayo de 1991, tres organizaciones más se desmovilizaron bajo el mismo modelo individualizado. El Partido Revolucionario de los Trabajadores firmó el 25 de enero de 1991, con unos doscientos combatientes. El Ejército Popular de Liberación —salvo una fracción encabezada por Francisco Caraballo, que se integró a la Coordinadora Guerrillera con las FARC y el ELN para continuar la lucha armada— firmó el 15 de febrero de 1991, con la desmovilización de entre dos mil y más de dos mil quinientos combatientes bajo la conducción de Bernardo Gutiérrez y su tránsito a la estructura política Esperanza, Paz y Libertad. El Movimiento Armado Quintín Lame, que había iniciado su propuesta de paz en julio de 1988 con tres demandas de carácter regional, firmó en Pueblo Nuevo el 31 de mayo de 1991, con 157 combatientes.

Las FARC y el Ejército de Liberación Nacional rechazaron los términos y permanecieron en armas. La paz parcelada mostró así su alcance y su límite: sirvió para incorporar a los grupos dispuestos a jugar en el terreno electoral y a los que compartían la premisa de que la Constituyente valía la pena, pero no logró —ni pretendió, en el corto plazo— resolver el conflicto con las guerrillas mayores. La estructura política surgida del EPL, además, pronto sufriría numerosos asesinatos selectivos, atribuidos principalmente a las FARC —que consideraron la desmovilización una traición— y también a grupos paramilitares que operaban en las mismas regiones.

Un modelo colombiano y sus límites

La desmovilización del M-19 fijó los rasgos de lo que puede llamarse un modelo colombiano de paz: negociación bilateral sin verificación internacional robusta, marco jurídico individualizado tipo Ley 77, zonas de concentración, indulto para delitos no atroces, reintegración vía circunscripción especial y participación electoral inmediata. Ese dispositivo permitió al Estado canalizar hacia la vía institucional una crisis de legitimidad producida por el narcoterrorismo y por el bloqueo parlamentario, y le permitió al M-19 convertir su capital simbólico —el gesto de Pizarro con la bandera, el sacrificio de sus candidatos— en peso constituyente.

Los límites del modelo se hicieron visibles con rapidez. En lo electoral, el pico del 26,9% de 1991 no era sostenible. En las elecciones al Senado de ese mismo año la AD M-19 obtuvo 8,5% y en Cámara 10,1%; para las legislativas de 1994 había caído al 2,7% en Senado; en las locales de 1997 apenas alcanzó el 0,6%. La estructura política no sobrevivió a la normalización electoral: sin la conmoción del asesinato de Pizarro y sin el aura constituyente, el M-19 no logró convertir su momento fundacional en organización partidaria duradera. Navarro Wolff sí sostuvo una larga trayectoria pública —fue ministro, congresista, alcalde y gobernador, y una vez más candidato presidencial—, pero como figura individual antes que como jefe de una máquina electoral.

En lo territorial, el proceso tuvo un costo humano prolongado. En regiones como el Magdalena Medio, Caquetá y el Cauca, exmilitantes del M-19 que habían conquistado espacios políticos durante el auge de la AD M-19 sufrieron atentados, amenazas y desplazamientos al intensificarse el conflicto. La apertura democrática fue real en el orden formal —la Constitución, la tutela, las circunscripciones— y superficial en las periferias, donde el monopolio estatal de la violencia siguió disputado por paramilitares, narcotraficantes y guerrillas activas.

En lo estructural, la desmovilización no tocó las causas de fondo del conflicto. La reforma agraria que el M-19 había reclamado como parte de un capitalismo democrático no ocurrió. El capítulo militar quedó intacto por decisión propia. El paramilitarismo, apenas rozado por el Decreto 1194 de 1989, se expandió durante los años noventa hasta convertirse en el actor armado central de la década siguiente. La paz del M-19 fue, en ese sentido, una paz política más que una paz social: resolvió el problema de legitimidad del régimen —le dio a Colombia una nueva Constitución con exguerrilleros copresidiendo su redacción— sin resolver el problema de la guerra.

Por qué sigue importando

La desmovilización del M-19 sigue importando por tres razones que rara vez se enuncian juntas. La primera es institucional: fijó el molde jurídico —individualizado, contractual, con reintegración política— que Colombia usaría para todos sus procesos de paz posteriores, hasta el Acuerdo Final de 2016 con las FARC, que retomó buena parte de esa gramática. La segunda es política: mostró que era posible convertir a un actor armado en fuerza electoral competitiva sin pasar por una guerra civil ni por la tutela internacional. La tercera es simbólica: el gesto de Pizarro envolviendo su pistola en la bandera antes de ser asesinado fijó una imagen —la del guerrillero que entrega el arma a la República y muere por haberlo hecho— que se convirtió en referencia obligada para todos los debates posteriores sobre paz, garantías y participación política.

Lo que la desmovilización del M-19 no resolvió —el estatuto de la fuerza pública, el paramilitarismo emergente, las causas agrarias del conflicto, la seguridad efectiva de los desmovilizados en los territorios— definió, por omisión, la agenda de los treinta años siguientes. El proceso fue, a la vez, el mayor logro del modelo Barco y su lección más incómoda: probó que Colombia podía firmar la paz con una guerrilla y escribir una nueva Constitución sin dejar de estar en guerra.