Soacha

Un municipio en la bisagra de la sabana

La geografía explica antes que la política. Soacha se asienta en el extremo suroccidental de la Sabana de Bogotá, sobre el altiplano cundiboyacense, en la bisagra donde la altiplanicie andina empieza a caer hacia el valle del Magdalena por vías naturales que las poblaciones prehispánicas ya conocían: la vertiente del río Apulo, el río Seco, el propio río Bogotá. Esa posición —ni sabana plena ni tierra caliente, ni Bogotá ni Magdalena— la hizo desde siempre lugar de paso, umbral, punto donde el viajero se detenía antes de cruzar. Es también el corredor que, cinco siglos después, la convertiría en la costura urbana entre la capital y todo lo que llega del sur del país.

El nombre viene del chibcha, la lengua muisca. Muisca significaba, en esa misma familia lingüística, "persona" o "gente"; el nombre del territorio se les daba a los habitantes y a la tierra que ocupaban por igual. Antes de la llegada española, Soacha era uno de los pueblos del dominio del Zipa, el gran señor del sur del altiplano, cuyo territorio se articulaba con el del Zaque —al norte, hacia Tunja— en la estructura política que los conquistadores encontrarían en 1537 y describirían con las categorías europeas que tenían a mano: reino, federación, imperio. Ninguna calzaba del todo. El poder muisca era una malla de señoríos, con dos grandes cabezas y márgenes semiindependientes —el Tundama de Duitama, el señor de Sáchica— cuya sumisión formal al Zipa o al Zaque nunca estuvo del todo definida.

El sedimento muisca

Los desarrollos agrícolas en la Sabana de Bogotá se remontan más allá del año 1320 a.C. La agricultura llegó al altiplano ya como complejo desarrollado, traída posiblemente por movimientos humanos previos desde otras zonas, y con ella se estabilizó un patrón de asentamiento que perduraría hasta la conquista: no ciudades, sino aldeas dispersas. La arqueología muestra cimientos de casas marcadas con anillos de piedra, huellas de un poblamiento sostenido pero sin nucleación urbana. A diferencia de los taironas de la Sierra Nevada, que levantaron caminos empedrados y terrazas monumentales, los muiscas no construyeron centros comparables a ciudades. Soacha, en tiempos del Zipa, era uno más de esos pueblos: importante por su posición, pero disuelto en el paisaje.

Su economía descansaba en la agricultura del altiplano y en la producción de mantas de algodón, en la explotación de minas de esmeraldas, sal y cobre. Los muiscas sostenían mercados locales y una red de intercambio a distancia: exportaban sal, esmeraldas, coca y telas, e importaban oro —que ellos no producían—, plumas, aves tropicales y yopo, la planta psicoactiva de tierras bajas. Esa combinación —agricultura estable, artesanía textil, minería de bienes de prestigio y comercio interregional— configuró una sociedad rica en el sentido preciso de la palabra, que fue exactamente lo que atrajo la codicia europea. La guerra entre comunidades muiscas tenía, en cambio, un carácter fundamentalmente ceremonial: reconocimiento y competencia entre señoríos, no campañas de expansión sistemática. Cuando Gonzalo Jiménez de Quesada remontó el Magdalena y trepó por la cordillera en 1537, no se topó con un imperio en pie de guerra sino con un mosaico de cacicazgos.

En el actual territorio de Soacha quedó, como testimonio pétreo de esa presencia, el conjunto rupestre conocido como Piedras del Tunjo, un afloramiento con pictografías indígenas que hoy funciona como parque arqueológico y constituye, junto con la toponimia, la evidencia más visible de la larga profundidad muisca del lugar. El cacique Saguanmachica, uno de los zipas del siglo XV, forma parte de la memoria oficial del municipio como emblema del sustrato prehispánico, aunque su vínculo directo con el pueblo de Soacha pertenece más al orden de la genealogía dinástica del Zipazgo que a la microhistoria local.

Encomienda, doctrina y epidemia

Hacia 1550, la sociedad de conquista basada en el saqueo se reorganizó en el altiplano bajo una forma institucional más estable: la encomienda. Grupos indígenas —el clan, el pueblo, la parcialidad— eran asignados a un conquistador o colono español para la explotación de su trabajo mediante el pago de tributo, mientras se instalaban simultáneamente la Real Audiencia y una legislación protectora del indio cuya letra rara vez alcanzaba a las comunidades. Soacha fue una de esas encomiendas del Zipazgo del sur.

El tributo del indio encomendado era múltiple: pensiones particulares al encomendero, el quinto para el Rey, el estipendio para el cura doctrinero, el sueldo para los corregidores. Cada capa del sistema colonial se cobraba en la misma espalda. La evangelización, que la Corona presentaba como contrapartida moral de la explotación, tardó en materializarse: la presencia de doctrineros en las encomiendas fue muy reducida y se interrumpió casi radicalmente en 1558 por una gran epidemia de viruelas. Solo desde septiembre de 1569 se organizó el envío efectivo de cuarenta religiosos franciscanos y dominicos a las encomiendas del altiplano. Domingo de las Casas, dominico, figura en la memoria fundacional de Soacha como uno de esos doctrineros tempranos, encargado de asentar la fe y la traza cristiana sobre la comunidad indígena.

La doctrina no era solo predicación: alteraba la vida cotidiana. Imágenes de santos en las casas, horarios sujetos a la campana, cargas adicionales en productos y servicios para sostener al cura. La reducción de los indios a poblados de traza española —ejido, plaza, iglesia, calles en cuadrícula— dio a Soacha, en algún momento del siglo XVI, la forma urbana que aún hoy conserva su centro histórico. Ese trazado colonial, pequeño y modesto, es la cicatriz del momento en que un pueblo muisca disperso fue obligado a comportarse como villa castellana.

El costo demográfico fue devastador. Aunque las cifras específicas de Soacha no se conservan con precisión, la magnitud del colapso en el altiplano puede leerse en el vecino: la provincia de Tunja pasó de cerca de 215.000 indígenas en 1537 a apenas 25.000 en 1757. Una reducción del 90% en dos siglos, del 25% solo en los primeros veinticinco años. Enfermedades importadas, sobreexplotación laboral, ruptura del tejido social y de la seguridad alimentaria: la encomienda no fue únicamente un régimen de trabajo, fue un régimen demográfico. Soacha entró a la vida colonial siendo un pueblo indio y salió del siglo XVIII como un caserío mestizo pequeño, con la iglesia doctrinera en el centro y las tierras alrededor pasando lentamente a manos españolas y luego criollas.

El corredor del Tequendama

Durante los siglos XVII, XVIII y buena parte del XIX, Soacha fue, sobre todo, un lugar por donde se pasa. La región del Salto del Tequendama —la cascada donde el río Bogotá se despeña sobre un abismo rocoso envuelto en neblina permanente— quedó vinculada a la familia Umaña por una concesión del rey de España otorgada más de dos siglos antes. Las tierras de los Umaña estaban subdivididas en numerosas haciendas, entre ellas la de San Benito, a la que se llegaba atravesando la sabana abierta. Soacha era el nodo desde el cual esa geografía hacendaria se organizaba hacia el sur.

El pueblo funcionaba como punto de parada nocturna para quienes visitaban el Salto desde Bogotá. Los viajeros comunes pernoctaban allí para madrugar y llegar a la catarata antes de que las nieblas de media mañana la volvieran invisible. Los distinguidos —los que viajaban invitados por los propietarios de la región— se hospedaban directamente en las haciendas de los Umaña. Cuando el virrey José de Ezpeleta organizó, a finales del siglo XVIII, un célebre paseo al Salto con las familias más notables de Santafé, tomó medidas especiales para facilitar el viaje de los convidados, en un episodio que quedó como emblema de la sociabilidad ilustrada del virreinato.

El Salto del Tequendama se convertiría en uno de los paisajes nacionales más representados del país; su imagen circuló en publicaciones ilustradas colombianas de finales del siglo XIX y ocupó un lugar destacado en el imaginario romántico de la naturaleza andina. Soacha vivió de ese tránsito como vive cualquier villa de camino: fondas, caballerizas, arrieros, curatos. La gran ruta que conectaba a Bogotá con el puerto de Honda en el Magdalena —el Camino Real por donde salía y entraba todo lo que la capital comerciaba con el mundo— pasaba por sus proximidades. Antonio Nariño, cuya finca se extendía por estas tierras del sur de la sabana, y las generaciones criollas que hicieron la Independencia usaron estos caminos con la naturalidad de quien los tiene por parte del paisaje familiar. Por esos mismos caminos, tras la Independencia, entrarían al pueblo los rudimentos de una vida republicana que, sin embargo, apenas modificaría su condición de villa de paso.

La modesta trayectoria republicana

La organización territorial republicana pasó por encima de Soacha sin darle protagonismo. En la primera República de Colombia, entre 1819 y 1831, los cantones eran administrados por un juez político encargado del orden público, subalterno del gobernador y nombrado por el intendente a propuesta de aquel, por períodos de tres años. Soacha figuraba como cabecera cantonal menor dentro de la provincia de Bogotá, sujeta a la jerarquía habitual del ordenamiento grancolombiano. A lo largo del siglo XIX, permaneció como cabeza de un distrito rural de tamaño modesto, con población dispersa en veredas y una economía agraria de sabana.

La región participó de la vida política del país sin protagonismo propio. Rafael Uribe Uribe, el general liberal que encarnaría la modernización radical de comienzos del siglo XX, recorrió estos parajes; el paisaje del sur de la sabana forma parte del escenario militar de las guerras civiles decimonónicas, aunque Soacha no fue teatro de ninguna batalla decisiva. Diego Luis Córdoba, el jurista chocoano que representaría más tarde otras luchas —las de las regiones marginadas del pacto centralista—, pertenece a esa genealogía política de la periferia sobre la que Soacha, con el tiempo, se volvería involuntariamente elocuente.

El siglo XIX terminó y el XX empezó con Soacha como pueblo agrícola pequeño, apretujado entre haciendas, dedicado al trigo, la papa y la ganadería lechera del altiplano —cultivos característicos de la excepcional diversidad agroclimática cundiboyacense—. La cercanía a Bogotá era una ventaja comercial modesta, no aún un destino. El ferrocarril del Sur, que empezó a operar en las primeras décadas del siglo XX conectando la capital con Girardot en el Magdalena, cruzó por Soacha y sembró la primera semilla de lo que vendría: la infraestructura del futuro suburbio.

La irrupción del siglo XX

Colombia se urbanizó de forma vertiginosa entre 1938 y 2005. En el primer año, apenas el 31% de la población vivía en cabeceras municipales; en el segundo, la cifra era del 86%. En términos absolutos, cerca de 2.700.000 colombianos urbanos en 1938 pasaron a 35.600.000 en 2005. Fue una de las transformaciones demográficas más rápidas del continente, y su motor —además del cambio de una economía agraria a una industrial y de servicios— fue la violencia.

La Violencia bipartidista de mediados de siglo, y luego el conflicto armado prolongado, desplazaron millones de colombianos del campo a las ciudades. Bogotá recibió una fracción enorme de ese flujo, pasando de cien mil habitantes a comienzos del siglo XX a los aproximadamente ocho millones de hoy. Los migrantes, al llegar, tendían a ubicarse en zonas periféricas o sitios de invasión, y a insertarse en la ciudad como vendedores ambulantes, obreros de la construcción, trabajadoras del servicio doméstico. Cuando el suelo urbanizable barato del sur de Bogotá se saturó —Ciudad Bolívar, Bosa, Usme—, el flujo cruzó el límite administrativo y comenzó a llenar Soacha.

La conurbación fue rápida y desordenada. En los años setenta, ochenta y sobre todo noventa, sectores como Altos de Cazucá y Ciudadela Sucre crecieron como asentamientos autoconstruidos sobre los cerros del noreste del municipio, sin urbanismo previo, sin servicios públicos garantizados, sin planeación. A ese crecimiento sin cauce se sumó, a finales de los ochenta, una reforma que agravaría el desajuste: la liquidación del Insfopal a finales de 1989 transfirió a los municipios la responsabilidad del agua y el alcantarillado sin dotarlos de la capacidad institucional para asumirla. Soacha recibió esa competencia con una administración mínima frente a una demanda que ya crecía a un ritmo imposible. El municipio se volvió, para el resto del país, la palabra rápida con que se nombraba el fenómeno del cinturón de miseria bogotano; para sus habitantes, era simplemente donde había sido posible llegar.

El depósito del desplazamiento

Ese proceso, ya intenso en los ochenta, se aceleró de manera brutal con la expansión del desplazamiento forzado desde la segunda mitad de los noventa. El desplazamiento en Colombia siguió las rutas del despojo de tierras y las compras masivas por parte de narcotraficantes y grupos paramilitares, concentrándose inicialmente en el sur de Córdoba, Urabá y el Magdalena Medio, y expandiéndose luego a muchas otras regiones. Del total nacional, el 89% se desplazó de forma individual y el 11% de forma masiva; solo el 14% terminó en las principales capitales del país, mientras que la mayoría se asentó en municipios más pobres y vulnerables. Soacha fue —y sigue siendo— uno de esos municipios.

Las cifras condensan la escala. En 2020, el 33% de las víctimas registradas del conflicto armado en Cundinamarca residían en el corredor Bogotá-Soacha. Un tercio de todas las víctimas del departamento en apenas dos jurisdicciones vecinas: la capital, con sus ocho millones de habitantes, y el municipio adosado, apenas una décima parte de esa población. En términos relativos, la carga de Soacha es desproporcionada. Los desplazamientos urbanos —el fenómeno por el que familias ya desplazadas al llegar a la ciudad son vueltas a desplazar por las mismas dinámicas de violencia, ahora en los cerros de la periferia— alcanzaron en la última década el 13% del total nacional, y en Soacha adquirieron una intensidad particular.

El retorno, para esas familias, es en la mayoría de los casos imposible. El Tribunal Superior de Bogotá señaló en 2014 que el repoblamiento de los territorios de origen —la ocupación por terceros, muchas veces vinculados a los mismos actores del despojo— constituye uno de los mayores obstáculos para el retorno. Quienes fueron amenazados directamente por paramilitares enfrentan dificultades aún mayores que quienes huyeron por confrontación armada. El asentamiento en Soacha se vuelve, entonces, permanente. Cazucá, Ciudadela Sucre y los barrios de invasión del norte del municipio son, en la práctica, el mapa de la geografía nacional del despojo depositado sobre un pedazo de sabana.

Guerrilla, paramilitarismo y control urbano

La violencia no se detuvo al llegar. En la periferia sur de Bogotá y en Soacha se instaló, durante la primera década del siglo XXI, una versión urbana del conflicto que teñía al país. A finales de 2001 y comienzos de 2002, las Milicias Bolivarianas y los frentes 53, 54 y 57 de las FARC realizaban reclutamiento de jóvenes entre 12 y 16 años en barrios de Ciudad Bolívar y en Cazucá; un solo testimonio dio cuenta de trece casos conocidos. El corredor Usme-Ciudad Bolívar-Soacha se convirtió, para efectos del conflicto, en una prolongación de la guerra que oficialmente ocurría en las montañas del país.

Con la desmovilización paramilitar de 2003-2006 y la expansión de estructuras posdesmovilización, Soacha se volvió también terreno del control paramilitar sobre la vida cotidiana. En 2004 se legalizó una ruta de transporte urbano local, Trasandino, y con el tiempo personas vinculadas al paramilitarismo comenzaron a cobrar cuotas —vacunas— a los conductores bajo pretexto de protección. La misma lógica se extendió a comerciantes, tenderos, transportadores informales: control social ejercido sobre la población civil mediante extorsión y regulación de actividades económicas. La confrontación armada abierta convivía con formas mucho más silenciosas y sostenidas de dominio, y Soacha las experimentó todas.

Los falsos positivos y las madres de blanco

En medio de esa geografía cargada, en 2008 ocurrió el hecho que fijaría el nombre del municipio en la historia nacional del crimen de Estado. Ese año, jóvenes de Soacha empezaron a desaparecer después de que reclutadores civiles, pagados por el Ejército, les prometieran trabajo. Sus cuerpos fueron hallados a cientos de kilómetros, en los departamentos de Santander y Norte de Santander, y presentados por unidades militares como guerrilleros muertos en combate.

El escándalo se hizo público en septiembre de 2008, cuando pruebas forenses —incluyendo análisis de ADN— permitieron identificar los cuerpos. Las familias y los organismos de derechos humanos detectaron desde el inicio irregularidades gruesas: la ropa y el calzado con que aparecían los muertos no correspondían a las prendas con que sus hijos habían salido de casa. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que miembros del Ejército habrían alterado la escena del crimen, cambiándoles las vestimentas para presentarlos como combatientes caídos.

La práctica no era una anomalía. Respondía a una "mentalidad de bajas" institucionalizada: en un momento en que la guerrilla se había replegado y los combates escaseaban, las unidades militares debían presentar resultados cuantificables y recibían incentivos —permisos, dinero, ascensos— por cada baja reportada. En la Escuela Militar se hablaba del uso de un kit de legalización —fusiles AK47 y uniformes adicionales— para vestir a civiles asesinados y presentarlos como combatientes. La distancia entre esa lógica y los reclutadores que engañaban muchachos pobres en Soacha con ofertas de trabajo era, apenas, un problema logístico.

La reacción presidencial ahondó la herida. Álvaro Uribe declaró públicamente, en torno a septiembre y octubre de 2008, que los jóvenes de Soacha habrían salido de sus casas con propósitos delincuenciales y no a recoger café. La frase indignó a las familias, que ya estaban conociéndose entre sí en la Personería Municipal de Soacha, en las oficinas de la Fiscalía y en Medicina Legal, convocadas por las coincidencias de sus búsquedas. Al escándalo público siguieron medidas disciplinarias: Uribe destituyó a 27 militares, entre ellos tres generales, y el comandante del Ejército, general Mario Montoya, renunció en noviembre de 2008.

Las familias se organizaron en lo que sería una de las expresiones más lúcidas de la lucha por la memoria y la justicia en la Colombia contemporánea: las Madres de Soacha. Adoptaron como símbolo distintivo batas blancas que representan la inocencia de sus hijos asesinados. Realizaron plantones frente a la Fiscalía y en el municipio, portando pendones con las fotografías de los muchachos. Transformaron una búsqueda individual, hija del duelo, en una organización colectiva de denuncia, memoria y exigibilidad de derechos. Narraron públicamente los hechos, cuestionaron las versiones oficiales, contradijeron al presidente de la República. Le dieron al país un lenguaje para nombrar el crimen: falsos positivos —civiles ejecutados por agentes del Estado para simular bajas en combate—, un término que años después la Jurisdicción Especial para la Paz confirmaría como una práctica sistemática de miles de casos en todo el territorio nacional.

El caso de Soacha no fue el más numeroso; fue el más visible, y por eso el que abrió la investigación de todos los demás. La organización de las madres —mujeres pobres, muchas de ellas ya desplazadas antes de perder a sus hijos, es decir doblemente victimizadas por el mismo Estado que debía protegerlas— demostró que el sedimento acumulado por siglos en Soacha no producía solo víctimas silenciosas. Producía también, en cada capa, una respuesta política.

La huella y la lectura

Soacha entró al siglo XXI convertida en uno de los municipios más poblados del país, en la segunda ciudad más grande de Cundinamarca —muy por encima de las capitales de otros departamentos— y en una entidad territorial cuyo tamaño demográfico contradice de plano su débil autonomía administrativa. Vive pegada a Bogotá pero sin ser Bogotá; comparte con la capital la vida cotidiana de millones de trabajadores que cruzan la Autopista Sur cada mañana, pero no participa de sus recursos ni de su planeación integrada. Esa asimetría —conurbación real, separación institucional— es una de las tensiones no resueltas de la ordenación territorial colombiana.

Leer a Soacha en el largo plazo obliga a evitar dos simplificaciones. La primera, tentadora, es la del espejo del país: pensar que cada régimen histórico eligió a Soacha para descargar sus violencias. No fue así; ninguna política lo dispuso. La segunda, opuesta, es la de la fatalidad geográfica: creer que la posición del municipio —bisagra entre sabana y valle, puerta sur de Bogotá— explica por sí sola su destino. Tampoco basta. Soacha fue, por su geografía, un lugar de paso; y fue, por las decisiones acumuladas de la conquista, la Colonia, la República y el conflicto contemporáneo, un lugar donde se depositaron los costos humanos de esas decisiones. La encomienda redujo a la población muisca al 10% en dos siglos. El sistema de haciendas la mantuvo como villa de paso. La industrialización la convirtió en suburbio obrero. La violencia rural la llenó de desplazados. El Ejército fabricó allí sus falsos combatientes.

Y sin embargo —y aquí está lo que impide leer a Soacha solo como archivo del despojo— cada capa produjo también una respuesta. Los indios que resistieron doctrina y tributo; los peones de hacienda que se hicieron pequeños propietarios en el siglo XIX; los pobladores autoconstructores que levantaron barrios enteros sobre los cerros sin permiso ni ayuda estatal; los desplazados que, ya sin tierra ni pueblo, se rehicieron ciudad; las madres de blanco que le arrancaron al Estado la palabra falso positivo. La agencia de los de abajo no romantiza la asimetría de poder que la genera —es respuesta, no equilibrio— pero tampoco puede borrarse del retrato. Un municipio que concentra un tercio de las víctimas registradas del conflicto en su departamento y que le enseñó al país a nombrar uno de sus peores crímenes de Estado no es solo el reverso de Bogotá: es uno de los lugares donde la historia colombiana se ha escrito con mayor honestidad.

Quien recorra hoy Soacha —del casco colonial en torno a la iglesia doctrinera, por Chusacá y las Piedras del Tunjo, hasta los cerros de Cazucá donde termina la ciudad y empieza el hacinamiento— está atravesando, en pocos kilómetros, mil años de historia colombiana. Un archivo abierto, incómodo, imprescindible. El país que quiera entenderse tiene aquí su corte más limpio.