Ciudad Bolívar

Un balcón sobre la sabana

Bogotá está enclavada en los Andes a 8.600 pies sobre el nivel del mar, con montañas de vegetación abundante y clima templado. Ciudad Bolívar ocupa las laderas del sur, ese borde donde la sabana empieza a plegarse en cerros y donde la ciudad se disuelve poco a poco en veredas. Su geografía impone la mirada: desde los altos de Jerusalén, la ciudad se ofrece entera a los pies, una vista de balcón que contrasta con la precariedad de las viviendas que la ofrecen.

Ese pliegue territorial no es un accidente decorativo. La localidad funciona como bisagra entre lo urbano y lo rural, y el Cerro Seco opera como frontera imaginaria entre las dos vocaciones del territorio. Más al sur, la ruralidad se enlaza con el corredor del Sumapaz, un espacio donde durante décadas se han mantenido acciones de presión y reclutamiento forzado sobre la población rural y suburbana. Ese cordón umbilical con el Sumapaz —histórico bastión de sectores liberales, comunistas y sindicatos agrarios— explica la geografía política del sur de Bogotá: una periferia articulada a los conflictos agrarios del centro del país.

Sus principales referentes toponímicos son cerros y barrios: el Cerro El Mirador, Doña Juana con su relleno sanitario, el Río Tunjuelo cortando el territorio, y una constelación de asentamientos que va de Sierra Morena y Meissen a Jerusalén y Potosí, hasta descender a Mochuelo Alto y Mochuelo Bajo. Al otro lado de la línea administrativa, Soacha y Usme completan un continuo urbano donde la frontera municipal es más burocrática que sociológica: son barrios que se saludan por encima del mapa. La escala del territorio ayuda a dimensionar el fenómeno: la localidad se despliega sobre miles de hectáreas donde lo urbano consolidado, lo urbano en expansión y lo rural conviven en franjas contiguas, muchas veces separadas apenas por una calle destapada o por el filo de una quebrada.

Del anexo rural a la Localidad 19

El nombre —Ciudad Bolívar, en honor al Libertador Simón Bolívar— llegó bastante después que el poblamiento. Antes de ser localidad, ese suelo era un conjunto de veredas y haciendas del sur de la sabana, un anexo rural progresivamente comido por la ciudad. Los primeros asentamientos populares empezaron a formarse en los años cuarenta y cincuenta, cuando familias campesinas provenientes del sur del Tolima, el Huila, el Sumapaz y el Quindío llegaron a las laderas huyendo de la violencia bipartidista. Lo que en los mapas oficiales era rural, en la vida cotidiana ya era urbano de facto.

La institucionalización llegó a cuentagotas. La reforma constitucional de 1986, que introdujo la elección popular de alcaldes municipales, marcó el inicio de un proceso de descentralización política y administrativa que en Bogotá se tradujo en la reorganización territorial del Distrito. La Constitución de 1991 consolidó ese giro descentralizador —tan distinto del centralismo férreo de la Constitución de 1886, que otorgaba amplios poderes al Presidente—, extendió el período de los alcaldes a tres años y sumó la elección popular de gobernadores. En Bogotá, esas reformas terminaron por consagrar el sistema de localidades, y Ciudad Bolívar fue definida como la Localidad 19 del Distrito Capital. El Acto Legislativo 02 de 2002 ampliaría luego los mandatos locales a cuatro años.

El desfase entre la vida real del territorio y su reconocimiento formal es la clave para entender la localidad. Cuando el Estado llegó a poner nombre y número al sur, el sur llevaba décadas nombrándose y numerándose solo: con vías abiertas a pico y pala, escuelas levantadas en jornadas comunitarias, redes de agua improvisadas por las Juntas de Acción Comunal. La institucionalidad no fundó Ciudad Bolívar; la ratificó tarde.

Los que llegaron: desplazamiento y migración forzada

El motor demográfico de Ciudad Bolívar fue la violencia rural. Los pobladores llegaban con el trauma reciente encima: familias del sur del Tolima donde el conflicto agrario estaba enredado con la militancia liberal, comunista y sindical; campesinos de la región del Sumapaz expulsados por el mismo pulso; grupos del Huila y del Quindío. El patrón se repitió, con matices, en otros barrios receptores del sur de la sabana. El Nuevo Chile, en la vecina localidad de Bosa, se pobló principalmente con desplazados de esas mismas regiones, y Ciudad Bolívar, Usme, Tunjuelito, Bosa, Kennedy y Soacha componen desde entonces un mismo cinturón receptor, más pobre que el resto de la ciudad.

Ese poblamiento por expulsión trasladó a la periferia bogotana conflictos agrarios irresueltos. La localidad es un depósito de violencias rurales no procesadas: quienes llegaron no eligieron llegar, y quienes recibieron lo hicieron sobre suelos que no tenían servicios ni títulos claros. El desplazamiento forzado y la migración rural-urbana definieron ritmos y dinámicas de crecimiento en las ciudades colombianas, y las laderas del sur de Bogotá son uno de sus casos más nítidos.

Las cifras del censo de 2005 dejaron constancia: el 76% de los hogares de Ciudad Bolívar fue categorizado en situación de pobreza y el 25% en pobreza extrema. Barrio receptor de desplazados y barrio pobre a la vez: sobre esa doble condición se fijó en el imaginario nacional la localidad como sinónimo de precariedad, y por ahí entró la estigmatización como periferia peligrosa, antes de que sus habitantes tuvieran voz para responder.

Cómo se hizo el barrio: piratas, invasores y loteros

La forma jurídica de la urbanización popular en Ciudad Bolívar tiene dos rostros. De un lado están las invasiones: ocupaciones de suelo ilegales de cabo a cabo, sin título alguno. Del otro, los barrios piratas: urbanizaciones clandestinas donde los solares sí tenían título legítimo de propiedad, pero no cumplían las disposiciones reguladoras del uso del suelo, ni las servidumbres, ni las obligaciones urbanísticas. El pirata vendía terrenos "en firme", pero al margen de la norma; el invasor no compraba nada. La localidad se hizo con ambas modalidades, superpuestas y a veces simultáneas.

En esa historia hay nombres. Rafael Forero Fetecua es el más recordado. A él se le atribuye la apertura de vías en el sector de Jerusalén y la tenencia de terrenos en zonas como El Perdomo y detrás de Potosí. La memoria comunitaria lo señala como uno de los grandes loteros del sur, y su firma figura entre quienes fraccionaron y vendieron gran parte del suelo que hoy es urbano. Junto a los Gaviria, aparece como propietario de porciones significativas del borde entre Potosí, Palo del Ahorcado y Delicias. La localidad conoce la genealogía de sus escrituras aunque el catastro se demorara en actualizarla.

Frente a esa oferta irregular, el Estado ensayó primero la represión. Desde mediados de los años sesenta abundaron los incidentes de desalojos policiales en Colombia; en el conjunto del país se registraron 358 invasiones de suelos urbanos, y la respuesta oficial más común fue el desalojo, con mayores o menores dosis de violencia y casi siempre con hombres detenidos. Los gobiernos municipales, sin embargo, terminaron reconociendo su impotencia para reprimir el fenómeno con medidas policivas y penales: la demanda de suelo popular era mayor que la capacidad institucional para contenerla. La década de los sesenta terminó, en las periferias urbanas colombianas, en un punto de desintegración por efecto de la comercialización creciente del espacio y de una pauperización que se expresó en la reducción progresiva del tamaño de predios y vías. Desde los años setenta, esa tendencia se consolidó: la vivienda popular se produjo en modelos cada vez más apretados, con la economía de consumo y la concentración del capital como marco. El resultado, en el sur de Bogotá, fue previsible: lotes cada vez más pequeños, calles cada vez más estrechas, casas cada vez más verticales para el mismo suelo. Ciudad Bolívar creció encogiendo.

Las Juntas: la ciudadanía paralela

Si algo distingue a Ciudad Bolívar del cliché de la periferia desorganizada es la densidad de su tejido comunitario. Desde 1958, bajo el gobierno de Alberto Lleras Camargo, el Estado colombiano estimuló la creación de las Juntas de Acción Comunal como mecanismos de organización y participación orientados a promover la planeación del desarrollo regional. El diseño oficial tenía un doble filo: por un lado, canalizar demandas comunitarias; por el otro, despolitizar a la población dirigiendo su energía hacia el trabajo comunal. En las laderas del sur, la herramienta terminó desbordando ampliamente el propósito con el que fue creada.

Las JAC contribuyeron al mejoramiento de servicios públicos e infraestructura básica —escuelas, puestos de salud, caminos, redes de agua y electricidad— y a la defensa de los derechos ciudadanos frente a entes municipales, departamentales y nacionales. En Ciudad Bolívar, donde el Estado llegó tarde a instalar tuberías, alumbrado y transporte, ese papel fue literalmente fundacional: fueron las juntas las que abrieron trochas, tendieron cables informales, montaron acueductos veredales, gestionaron colegios. Combinaron una dimensión organizativa comunitaria —reforzando prácticas solidarias preexistentes como la minga y la mano prestada, traídas del campo por los desplazados— con una dimensión institucional que les permitió acceder a recursos y reconocimiento estatal. Impulsaron también cadenas de producción, transformación y comercialización de productos, cooperativas y tiendas comunitarias.

En zonas de conflicto armado o con débil presencia estatal, las JAC tendieron a convertirse en la principal —a veces la única— forma de poder civil efectivo, llenando vacíos de autoridad y cumpliendo incluso funciones notariales. La experiencia rural colombiana ofrece paralelos elocuentes: en El Pato, en el Caquetá, la Junta funcionó como autoridad local de facto —parcelaba tierras, resolvía conflictos vecinales, organizaba la atención a enfermos, regulaba la convivencia—; en el bajo Atrato, surgieron como iniciativa autónoma de los propios campesinos para presionar al gobierno municipal sobre escuelas, salud y caminos. En las laderas de Ciudad Bolívar, la lógica fue análoga: donde el Estado no estaba, la Junta era el Estado.

Ese protagonismo tuvo un costo. Los líderes de las JAC fueron víctimas de amenazas por parte de actores armados que llegaron a los territorios e intentaron imponer sus lógicas sobre estas organizaciones. Cuando los actores armados se instalaron —insurgentes primero, paramilitares después— la primera puerta que golpearon fue la de las juntas: por su capacidad de convocatoria, por su información sobre el territorio, por su condición de intermediarias con el Estado. Los líderes barriales del sur de Bogotá compartieron con sus pares rurales una vulnerabilidad estructural: eran el rostro visible de la comunidad, y en ese lugar quedaron expuestos.

La violencia llega a la ladera

La misma visibilidad que hizo a los líderes comunales indispensables para el barrio los convirtió en blanco cuando la guerra decidió subir por la ladera. La violencia contra los habitantes de Ciudad Bolívar tuvo formas específicas. La más difundida y la más difícil de nombrar fue la mal llamada "limpieza social": una modalidad de homicidio selectivo dirigida especialmente contra la población joven, contra habitantes de calle, contra personas señaladas de conductas indeseables. En varias localidades del sur de Bogotá, esas acciones circulaban primero por panfletos —amenazas escritas repartidas de casa en casa— y luego se materializaban en cuerpos. La Corporación Nuevo Arco Iris halló indicios de bandas criminales o neoparamilitares operando en Bosa, especialmente en los límites con Soacha, y la lógica se replicó en el vecindario de Ciudad Bolívar.

Los sicarios —los "móviles", como los llamaban los propios grupos— eran los ejecutores directos. Y las estructuras armadas asumieron la firma sin timidez: las Autodefensas de Cundinamarca reconocieron la "limpieza social" como una de las motivaciones de sus homicidios, junto con el control social y la presunta colaboración con la guerrilla, en crímenes cometidos principalmente entre 2000 y 2004. En Ciudad Bolívar, esos años tienen nombres, tumbas y familias que todavía cuentan.

La violencia no se agotaba en el homicidio. Operaba a través de un sistema más amplio: toques de queda impuestos informalmente pero con eficacia real; frentes de seguridad; estímulo a la denuncia por sospecha; miedo como instrumento de coacción cotidiana. Ese aparato invisible convivió con formas más antiguas de violencia comunitaria: las pandillas. El testimonio recogido de Jesús, un joven de 16 años de la localidad, mostró cómo la pobreza extrema y la falta de oportunidades empujaban a jóvenes de Ciudad Bolívar hacia las pandillas urbanas, en un circuito donde el hambre y la muerte se retroalimentaban.

Esa violencia se apoyó en un dispositivo simbólico que la precedía y la legitimaba: la estigmatización territorial. Ciudad Bolívar fue nombrada como "zona roja", como "territorio nacional", como "zona donde no llega el Estado", como una suerte de "isla de anarquía" al lado de la Comuna 13 de Medellín, el Distrito de Aguablanca en Cali y otras periferias urbanas del país. Al declarar que en esos territorios no había Estado, se validaban intervenciones —desalojos, redadas, homicidios selectivos— por parte tanto del Estado como de actores armados. La estigmatización no describió la localidad; la produjo como blanco.

Los años de las alcaldías: promesa y desencuentro

Con la elección popular de alcaldes tras 1986 y su consolidación en la Constitución de 1991, Bogotá inauguró una secuencia de gobiernos distritales que rozaron la localidad con intensidades desiguales. La cultura ciudadana de Antanas Mockus se aplicó como pedagogía general, pero encontró en las laderas del sur un territorio donde el problema de fondo no era el civismo sino la ausencia de tuberías: los llamados a la corresponsabilidad y al respeto por el otro operaban con dificultad en calles sin pavimento, con niños que llegaban al colegio después de caminar una hora por trochas y con hogares que compartían agua acarreada de un tanque comunal. En Ciudad Bolívar, la pedagogía mockusiana tuvo que caber en un molde distinto al del centro y el norte de la ciudad.

La agenda de infraestructura de Enrique Peñalosa llegó al borde, aunque de manera intermitente. TransMilenio subió por la Avenida Villavicencio, la Biblioteca El Tintal se instaló en la frontera occidental y los colegios en concesión ampliaron cobertura escolar en la zona; sin embargo, el TransMiCable de Ciudad Bolívar, que hoy conecta el Portal Tunal con Mirador, El Paraíso y Juan Pablo II, tuvo que esperar hasta el segundo mandato de Peñalosa para materializarse. El cable aéreo cambió la vida cotidiana de miles de personas que antes bajaban de sus barrios altos en trayectos de más de una hora en buses informales por vías sinuosas: la infraestructura, finalmente, reconoció la pendiente. La ciudad tardó casi tres décadas de gobiernos electos en darle a las laderas más pobladas del sur un sistema de transporte a la altura de su topografía.

Gustavo Petro, primero como alcalde y antes como congresista de la izquierda democrática, orientó programas sociales dirigidos específicamente a jóvenes de barrios populares, con una retórica del "derecho a la ciudad" que encontró en Ciudad Bolívar un banco de pruebas evidente: la localidad concentraba, al mismo tiempo, la mayor densidad de jóvenes en riesgo y la mayor densidad de organizaciones capaces de recibir y prolongar una política pública. La graduación de un primer grupo de bachilleres en el marco de esos programas fue registrada como un hito emocional y simbólico. Claudia López retomó la agenda con inversiones en cuidado y educación, y con la instalación de manzanas del cuidado que reconocieron el trabajo doméstico y comunitario —realizado sobre todo por mujeres— como parte de la economía del territorio.

La pobreza medida en 2005 no era un dato coyuntural sino la manifestación de un problema arrastrado: la localidad se hizo con lotes pequeños, calles estrechas, servicios diferidos y un tejido económico marcado por la informalidad. Cada alcaldía sumó capas —una biblioteca, un colegio, un cable aéreo, un programa de becas, una manzana del cuidado— sobre una base que seguía siendo la de la urbanización pirata y del desplazamiento acumulado.

En paralelo, la memoria política del país se cruzó con la localidad por vías laterales. Rafael Uribe Uribe, Jaime Garzón y Manuel Cepeda Vargas resuenan en el archivo bogotano como emblemas de las violencias que pesan sobre los liderazgos populares y de izquierda; Ciudad Bolívar, con sus juntas, sus líderes barriales y sus organizaciones de base, se inscribe en esa misma genealogía de riesgo. La localidad no ha sido protagonista de los grandes magnicidios, pero ha vivido, en escala barrial y sostenida, la misma lógica: liderazgo comunitario expuesto, actores armados que reclaman el territorio, un Estado que llega tarde a proteger.

La pelea por el borde: canteras y Cerro Seco

En el filo urbano-rural de Ciudad Bolívar se libra una disputa contemporánea que resume buena parte de sus tensiones. El Cerro Seco es esa frontera imaginaria entre el barrio y la vereda, una franja que la localidad ha reivindicado como apuesta ambiental. Allí, la explotación de canteras —extracción de materiales para la construcción— ha chocado desde hace años con la acción de organizaciones sociales que han venido frenando la actividad, defendiendo el borde como patrimonio ecosistémico.

La disputa no es solo ambiental. Los terrenos del borde, en zonas como Potosí, Palo del Ahorcado y Delicias, estaban en manos de actores privados como Los Gaviria y Rafael Forero Fetecua, los mismos apellidos que fraccionaron el suelo residencial en las décadas de la urbanización pirata. La estructura de propiedad del sur de Bogotá se prolonga así hacia el borde, y la resistencia comunitaria contra las canteras es también una impugnación de esa concentración histórica de la tierra.

El caso local se inscribe en un patrón global de movilizaciones comunitarias contra los impactos de la minería, la infraestructura y la contaminación sobre los medios de vida locales. El Cerro Seco, con su porfía de organizaciones barriales frenando la extracción, es una versión bogotana de ese fenómeno: una comunidad que, después de haber autoconstruido su ciudad, decide ahora defender el borde donde su ciudad termina.

La localidad se cuenta a sí misma

Contra el estigma, Ciudad Bolívar ha producido sus propias formas de nombrarse. Colectivos juveniles, casas culturales, escuelas populares, semilleros de música, redes de bibliotecas comunitarias y proyectos audiovisuales han sostenido durante décadas una labor cultural que tiene menos de folclor y más de política: contar el barrio desde adentro, disputar la representación externa, transmitir la memoria a las generaciones que nacieron ya en la ciudad.

El hip-hop ha jugado un papel decisivo en esa autoinscripción. En Sonsón, en Antioquia, movimientos juveniles utilizaron el género como herramienta de denuncia política contra acciones paramilitares. Esa gramática juvenil —beats, letras, grafitis, cuerpos que ocupan la plaza— circuló por el país y encontró en Ciudad Bolívar uno de sus escenarios más fértiles. La localidad tiene, desde hace años, una densa escena de rap donde el barrio se nombra sin intermediarios.

Otras comunidades colombianas han desarrollado formas paralelas de memoria: en Santa Isabel, Tolima, el Festival del Retorno buscó recuperar espacios colectivos de baile para comunidades que habían regresado a su territorio; en El Jordán, Santander, docentes desarrollaron estrategias pedagógicas para difundir la memoria histórica de sus pueblos entre jóvenes en contextos de violencia. Ciudad Bolívar se inscribe en ese repertorio nacional de rituales comunitarios, festivales y pedagogías que operan como mecanismos de memoria y resistencia frente a la violencia. Su cultura no es un adorno de la localidad; es la forma en que la localidad procesa lo que le pasó.

Dos historias que conviven

La historia de la Localidad 19 se puede leer de dos maneras, y ambas son ciertas. Por un lado, es la historia de una ciudadanía paralela: familias campesinas expulsadas por la violencia que llegaron a las laderas, compraron lotes irregulares, invadieron cuando no había opción, abrieron sus propias calles, montaron sus juntas comunales, negociaron con loteros y con alcaldes, forzaron el reconocimiento estatal y produjeron un territorio urbano donde antes solo había veredas. Esa capacidad de autoconstrucción, sostenida durante medio siglo, es una forma de agencia popular que precede al Estado y en muchos casos lo sustituye.

Por otro lado, es la historia de una exclusión estructural que la propia agencia popular no logró revertir. El 76% de hogares en pobreza registrado en 2005, la reducción sistemática de predios y vías impuesta por el mercado del suelo desde los años setenta, la limpieza social documentada entre 2000 y 2004, la estigmatización como "zona roja" que legitimó intervenciones violentas, la vulnerabilidad sostenida de los líderes barriales: la autoconstrucción, por más densa, no bastó para blindar a la localidad ni para incluirla plenamente en el proyecto de ciudad.

Las dos historias conviven. Ciudad Bolívar es lo que sus habitantes hicieron con lo que tenían, y también lo que la ciudad, el país y el mercado del suelo le hicieron. La localidad se recuerda a sí misma en ese oscilar: con orgullo por lo que construyó, con exigencia por lo que le sigue faltando. En sus juntas, en su hip-hop, en sus organizaciones que frenan canteras, en sus grados de bachiller como acontecimiento colectivo, esa memoria activa se sostiene. Es, en el mapa de Bogotá, una localidad como cualquier otra; en el mapa histórico de Colombia, una de las claves para entender cómo se hizo, en el siglo XX y en lo que va del XXI, la ciudad de los que llegaron sin ser esperados.