Alberto Lleras Camargo

La estirpe y el aprendiz de redacción

Lleras Camargo provenía de una familia identificada con el Partido Liberal desde las épocas de Santander, una estirpe unida —según la describiría su amigo y rival Alfonso López Michelsen— a la historia de la República desde sus orígenes. Se enorgullecía de venir de un linaje de educadores, a los que llamaba "mi gente", no sin cierto temor de que se le tachara de pretensioso por reivindicarlo. Ese doble movimiento —el orgullo de casta y el pudor por exhibirlo— define bien su carácter público: aristocrático en el cabal sentido del vocablo, pero desprovisto del boato que solía acompañar a los patricios bogotanos. Décadas después, más de un contemporáneo recordaría haberlo visto caminando por la carrera séptima como cualquier transeúnte, protegiéndose de la llovizna con un paraguas y del brazo de su esposa, Bertha Puga.

Su formación fue autodidacta y de redacción. No se hizo en las aulas de una facultad sino en las mesas de los periódicos: trabajó durante años en El Tiempo, dirigió El Liberal y, en 1946, fundó la revista Semana, que se convertiría en la publicación de noticias más exitosa del país. Esa carrera periodística no fue paralela a la política sino su condición de posibilidad. En un país donde entre 1910 y 1990 hubo más presidentes salidos de las redacciones que de las grandes propiedades rurales o de las familias tradicionales del comercio, Lleras encarnó de manera casi arquetípica la ruta del intelectual liberal que llega al Estado por la pluma. Su capital político no era la tierra ni el apellido —aunque el apellido pesara—: era la palabra escrita, la capacidad de argumentar en la prensa y de sostener el debate público con un tono a la vez firme y cortés.

La política llegó pronto. Tenía veintiocho años cuando Alfonso López Pumarejo lo incluyó en su primer gabinete, en 1934, junto a otros jóvenes intelectuales menores de treinta y ocho —Plinio Mendoza Neira, Antonio Rocha, Jorge Soto del Corral, Darío Echandía— que dominarían la política colombiana durante las tres décadas siguientes. Fue la cantera del reformismo lopista, la generación que impulsó la Revolución en Marcha y con ella la Ley 200 de 1936 sobre régimen de tierras, en cuya configuración Lleras jugó un papel importante. También a los veintisiete años inició su vida diplomática, en un tránsito precoz entre la redacción, el ministerio y las conferencias interamericanas que sería la marca de fábrica de su trayectoria.

El primer relevo: la presidencia interina de 1945-1946

La primera vez que Lleras Camargo ocupó el Palacio de Nariño no fue por elección popular sino como pieza de una salida institucional. En 1945, en medio de un país polarizado y con un sector creciente de las Fuerzas Armadas descontento con el segundo gobierno de López Pumarejo, el presidente renunció antes de terminar su período. Lleras, que se desempeñaba como ministro en su gabinete, lo sucedió y ejerció la presidencia hasta agosto de 1946, cuando entregó el poder al conservador Mariano Ospina Pérez.

Ese breve gobierno tuvo una función precisa: administrar el aterrizaje. Lleras integró un gabinete de coalición liberal-conservadora, otorgando tres carteras al conservatismo, y clausuró de hecho el ciclo reformista lopista. La Ley 100 de 1944, sancionada antes de su llegada al poder, ya había recuperado buena parte de los poderes de los propietarios rurales frente a los avances de la Ley 200 de 1936, revelando el techo real de aquella reforma agraria. Bajo Lleras, la temperatura política bajó, pero también bajó la ambición transformadora del liberalismo. El 24 de octubre de 1946, ya en la oposición, el Senado aprobó por treinta votos contra tres una proposición reconociendo que su gobierno había respetado la Constitución y las leyes de la República. Fue, en el lenguaje protocolar de la época, el mejor certificado que podía extender un Congreso ya dominado por los conservadores: el liberal que cedió el poder sin resistir se ganó el respeto de sus adversarios. Esa habilidad para ser aceptable ante el otro bando lo perseguiría —y lo definiría— toda la vida.

El arquitecto interamericano: la Unión Panamericana y la OEA

Al dejar la presidencia, en 1946, Lleras Camargo entró en la fase que consolidaría su prestigio internacional. Desde junio de 1947 orientó la Unión Panamericana, y en 1948 —el año del Bogotazo, el año en que Colombia se sumergió en la Violencia— fue nombrado primer secretario general de la Organización de los Estados Americanos, la nueva institución que sustituía a la vieja Unión Panamericana. Le tocó, literalmente, poner la casa en pie: participó en la redacción de la Carta fundamental, en el diseño de la estructura jurídica y en el montaje del aparato administrativo del organismo hemisférico.

Su gestión al frente de la OEA sería recordada como la edad de oro del organismo. Es una descripción generosa —la OEA jamás volvería a tener el brillo que le prestaron sus fundadores—, pero apunta a algo real: Lleras trasladó a la arena interamericana el mismo estilo que había ensayado en Bogotá, una diplomacia hecha de textos precisos, de reuniones bien preparadas y de una cortesía que no impedía la firmeza. En Washington aprendió el lenguaje del hemisferio en clave de Guerra Fría y estableció los contactos que después serían decisivos: los embajadores estadounidenses, los ministros de Exteriores latinoamericanos, los funcionarios que años después lanzarían la Alianza para el Progreso lo conocían de primera mano.

Renunció a la Secretaría General a fines de 1954 y regresó a Bogotá. Colombia estaba bajo la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla, que había tomado el poder en junio de 1953 con la anuencia inicial de las élites bipartidistas. A los pocos meses de su regreso, Lleras asumió la dirección del liberalismo y encabezó la oposición civil al régimen militar. La biografía se le iba armando por capas: periodista, ministro, presidente interino, diplomático hemisférico, jefe de partido. Cada capa acumulaba interlocutores y, sobre todo, legitimidad. Cuando en 1956 llegara el momento de conversar con Laureano Gómez, exiliado en España, tras años de enemistad radical entre liberales y conservadores, Lleras sería el único liberal con estatura suficiente para sentarse en la mesa como un igual.

Benidorm y Sitges: la ingeniería del Frente Nacional

Rojas Pinilla, que en 1953 había sido saludado como un árbitro necesario, comenzó a distanciarse rápidamente de sus mentores bipartidistas. Su intento de construir una alternativa política propia, apoyada en fuerzas populares y sindicales —el proyecto de una Tercera Fuerza, después institucionalizado como la ANAPO en 1960—, aceleró la reacción de las élites. Los partidos tradicionales, hasta entonces incapaces de superar el ciclo de venganzas de la Violencia, encontraron en el general el enemigo común que necesitaban para pactar.

El 24 de julio de 1956, Lleras Camargo y Laureano Gómez firmaron en la localidad española de Benidorm la declaración conjunta que sentaría las bases del reencuentro. El Pacto de Benidorm no era todavía un pacto de gobierno: era la constatación de que los dos partidos históricos habían decidido volver a la normalidad jurídica y hacer causa común contra el régimen militar. Un año más tarde, el 20 de julio de 1957 —fecha simbólica, la de la independencia—, los mismos dos hombres firmaron en Sitges el acuerdo que formalizó la arquitectura del nuevo régimen bipartidista: dieciséis años de gobierno compartido, reparto equitativo de todos los cargos, plebiscito nacional para refrendarlo.

Rojas Pinilla había dimitido en mayo de 1957 en favor de una Junta Militar de Gobierno, que administró la transición hasta las elecciones de mayo de 1958. En diciembre de 1957, un plebiscito nacional refrendó los acuerdos con una mayoría abrumadora e inauguró, además, el derecho al voto de la mujer en Colombia. Fue la primera vez que las mujeres colombianas votaron, y lo hicieron para aprobar un pacto que resolvía la guerra civil de las élites masculinas. Esa coincidencia dice mucho sobre el país que emergía: una modernización política real, pero contenida dentro de un pacto entre notables.

La mecánica del Frente Nacional era simple y radical. Durante cuatro períodos presidenciales consecutivos, Liberales y Conservadores se alternarían en el Palacio de Nariño cada cuatro años, sin que la ciudadanía pudiera alterar esa secuencia. Todos los cargos públicos —electivos y de libre nombramiento— se repartirían por mitades entre los dos partidos. Los acuerdos se elevaron a rango constitucional, con una exigencia expresa: que ningún vencedor electoral pudiera romperlos. La exclusión de terceras fuerzas no fue una consecuencia imprevista del pacto sino su condición de posibilidad. Los dos partidos aceptaron desarmarse mutuamente a condición de que el sistema quedara cerrado contra todos los demás. Ese fue el precio deliberadamente pagado por la paz.

Lleras Camargo fue el candidato liberal a la primera presidencia del nuevo régimen. El 4 de mayo de 1958 obtuvo 2.482.948 votos, con apoyo liberal, conservador y del Partido Comunista, y derrotó con más del 80% del sufragio al conservador disidente Jorge Leyva. Regresaba al poder doce años después de haberlo entregado, esta vez con mandato propio y con la tarea colosal de estrenar la maquinaria que él mismo había diseñado.

El gobierno de 1958-1962: reformas dentro de un marco cerrado

El primer gobierno del Frente Nacional se propuso, simultáneamente, pacificar el país, modernizar sus instituciones y alinear a Colombia con la nueva estrategia hemisférica de Estados Unidos. En cada uno de esos frentes, Lleras Camargo obtuvo avances reales, y en cada uno chocó con los límites estructurales del sistema que había construido.

En materia de pacificación, su gobierno creó una Comisión Investigadora de las Causas Actuales de la Violencia —el llamado informe Guzmán-Fals-Umaña, que sería un documento fundacional de la sociología colombiana— y un Plan Nacional de Rehabilitación para coordinar la acción del Estado en las zonas afectadas. Ofreció una amnistía a los grupos alzados en armas. Fracasó: los guerrilleros habían aprendido a desconfiar de los pactos con un Estado que reiteradamente incumplía sus compromisos, y la persecución posterior a colonias agrícolas que habían depuesto las armas confirmó sus temores. La violencia bipartidista clásica cedió, pero en su lugar comenzaron a articularse los núcleos del nuevo ciclo armado: entre 1959 y 1965, en pleno Frente Nacional, aparecerían el Movimiento Revolucionario Liberal, el Ejército de Liberación Nacional y los primeros embriones de lo que después sería una guerrilla de raíz campesina.

En materia social, el gobierno impulsó la construcción de vivienda popular a gran escala. La fundación de Ciudad Techo, en el occidente de Bogotá —después rebautizada Ciudad Kennedy en homenaje al presidente estadounidense que participó en el acto—, se convirtió en el emblema de esa política. El plebiscito que había refrendado el Frente Nacional dispuso además que al menos el 10% de los presupuestos públicos se destinara a la educación, lo que aseguró una expansión rápida del sistema escolar. La reforma social agraria, alentada por la Alianza para el Progreso, buscó abrir el acceso a la tierra sin tocar el latifundio de manera frontal: fue un compromiso típicamente llerista, que intentó reformar sin romper.

En política exterior, el gobierno rompió relaciones con la Cuba de Fidel Castro, incorporó a Colombia a la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio y, sobre todo, se convirtió en el socio privilegiado de John F. Kennedy en el hemisferio. Lleras fue el presidente latinoamericano en quien la administración Kennedy se apoyó para dar forma a la Alianza para el Progreso: promovió la convocatoria de la reunión del Consejo Interamericano Económico y Social de la OEA en Punta del Este, donde el 17 de agosto de 1961 se firmó el Acta que constituyó formalmente el programa. Veintidós países firmaron; solo el delegado cubano, Ernesto Guevara, se negó, denunciando desde el inicio que la Alianza era una maniobra para aislar a Cuba. La Alianza traía dinero para reforma agraria y vivienda, pero también cooperación militar: el Plan LASO, en marcha entre 1962 y 1966, combinó desarrollismo y anticomunismo, y sus efectos en la doctrina de las Fuerzas Armadas colombianas se prolongarían durante décadas.

Frente al estamento militar, Lleras intentó reafirmar el poder civil. Restringió el margen de autonomía castrense y, en enero de 1959, promovió el juicio del general Rojas Pinilla ante el Congreso, con el propósito explícito de deslegitimarlo políticamente. El proceso terminó por convertirse, sin embargo, en una tribuna para el propio general, que en 1960 fundó la ANAPO y, en los años siguientes, capitalizó el resentimiento popular contra el pacto de las élites. Aquí también el civilismo llerista tropezó con su propio límite: los fundadores del Frente Nacional, movidos por el realismo político y por el miedo a un nuevo golpe, aplazaron sin fecha las reformas de fondo del ejército, la policía y los aparatos de inteligencia. La subordinación militar al poder civil quedó como una promesa incumplida.

Frente a la oposición política, Lleras enfrentó dos flancos simultáneos. Por la izquierda, el Movimiento Revolucionario Liberal encabezado por Alfonso López Michelsen —el hijo de López Pumarejo, su viejo compañero de gabinete— denunció el Frente Nacional como un régimen de partido único, en el que era impensable cualquier propuesta política sin consenso bipartidista previo. Por la derecha, el conservatismo unionista de Ospina Pérez y de Gilberto Alzate Avendaño resistió los términos del reparto. La demostración más contundente del cierre del sistema llegaría en 1962: la candidatura presidencial de López Michelsen obtuvo 625.000 votos, cerca del 24% del electorado, y fueron anulados por inconstitucionales, pues el turno de la Presidencia correspondía a un conservador. Un cuarto del país había votado por una opción que el sistema declaró jurídicamente inexistente.

La red: quién sostenía y quién impugnaba a Lleras

La política de Lleras Camargo se hizo dentro de una red muy definida. Del lado liberal, la generación de López Pumarejo —Darío Echandía, Eduardo Santos, Germán Arciniegas— y la siguiente, la de Carlos Lleras Restrepo, su primo, con quien mantendría una relación de cercanía y competencia durante décadas. Del lado conservador, el interlocutor fundamental fue Laureano Gómez, el mismo hombre cuyo gobierno había sido derrocado por Rojas Pinilla en 1953, y con quien Lleras logró la conversación imposible: firmar pactos con el jefe de un partido que había sido enemigo mortal del suyo durante los peores años de la Violencia. Mariano Ospina Pérez —a quien Lleras entregó el poder en 1946— fue socio a ratos, disidente en otros.

Bertha Puga Martínez, su esposa, lo acompañó en los años del Palacio y también en la calle. Su gente cotidiana estaba en Chapinero, en las redacciones bogotanas, en el Palacio de San Carlos cuando le tocó ser canciller de hecho a través de la política exterior de sus gobiernos. Su gente internacional estaba en Washington, en Buenos Aires, en las capitales latinoamericanas donde había ejercido como diplomático o como secretario general de la OEA.

Su proyección popular fue, sin embargo, más amplia de lo que sugería su estilo patricio. En la Costa Atlántica, muy lejos del microclima cachaco donde había crecido, hombres del común profesaban admiración por dos liberales: Alfonso López y Alberto Lleras. Esa admiración no se explicaba por caudillismo —Lleras nunca lo fue, y detestaba el género— sino por algo más sutil: la percepción de una honestidad personal, de un desinterés por el enriquecimiento, de una manera de estar en el poder sin corromperse en él. En un país donde la política se hacía a punta de gamonalismos regionales, ese estilo tenía prestigio precisamente por su rareza.

Con López Michelsen, su rival intelectual dentro del liberalismo, mantuvo durante sesenta años una relación que el propio López describiría como marcada por "lo tornadizo" de las situaciones y por una "recóndita rivalidad" de carácter afectivo, no intelectual, comparable a la de dos hermanos de un mismo tronco. Se enfrentaron en 1962, cuando López encabezó el MRL contra el Frente Nacional que Lleras cerraba, y volvieron a cruzarse en los años setenta, cuando López fue presidente. Al final del gobierno de López Michelsen, Lleras le envió una carta de tono personal y afectuoso: la rivalidad de la carrera séptima nunca borró del todo el vínculo de origen.

Las sombras del civilismo

El Frente Nacional cumplió su promesa central: terminar la Violencia bipartidista y devolver al país a un cauce institucional. Ese era un logro inmenso, y sería injusto no reconocerlo. Pero el pacto tuvo costos estructurales que no eran defectos de aplicación sino consecuencias directas de su diseño, y de esos costos Lleras Camargo fue el arquitecto principal.

El sistema anuló la competencia política real al repartir el poder exclusivamente entre los dos partidos históricos, impidiendo el ingreso legal de nuevos actores. Estimuló el clientelismo a niveles alarmantes, al convertir a los partidos en federaciones de caudillos locales que usaban el presupuesto público como instrumento de manipulación electoral. La contienda programática cedió ante la disputa de cuotas burocráticas. La vida partidista continuó girando alrededor de familias políticas —los Lleras y los López en el liberalismo, los Ospina y los Gómez en el conservatismo— más que alrededor de proyectos ideológicos. La izquierda liberal minoritaria, encarnada en el MRL, obtuvo respetabilidad electoral pero no acceso al poder. Las reformas —incluida una tributaria bien recibida por la opinión pública— eran sistemáticamente desmontadas por las presiones de las élites empresariales, que las aceptaban como mal menor frente a la agitación social y las deshacían cuando la coyuntura se aflojaba. Una de esas reformas terminó de desmontarse en la legislatura de 1979, casi dos décadas después de que Lleras dejara el poder.

El costo de largo plazo fue la deslegitimación del sistema para los sectores excluidos. La combinación de exclusión política interna y el impacto de la Revolución cubana afuera empujó a franjas enteras de la juventud, de los sindicatos, del campesinado colonizador y de las universidades hacia opciones armadas o hacia disidencias radicales. Lleras Camargo no fue responsable individual del rearme guerrillero —hay causas más profundas y más viejas—, pero el orden que él diseñó no ofreció canales legales suficientes para procesar el conflicto social que la modernización misma del país estaba generando. Su amnistía de 1958 fracasó, y con ella se cerró la última puerta que el nuevo régimen abrió hacia los alzados en armas.

Hay una lectura piadosa: sin la trayectoria personal de Lleras —el periodista respetado, el ex presidente sin sombras, el secretario general de la OEA, el interlocutor creíble para Laureano Gómez y para Washington— los pactos de Benidorm y Sitges habrían sido imposibles, y sin ellos la Violencia habría continuado. En esa lectura, el Frente Nacional fue el mal menor, y su cierre del sistema, el precio inevitable de una paz negociada entre élites cansadas de matarse.

Hay también una lectura más severa. La misma capacidad de Lleras para convertir la negociación entre notables en institucionalidad duradera produjo un orden que pacificó al país al precio de clausurar la política. El civilismo llerista carecía de base social autónoma para sostener sus reformas contra la presión de las élites empresariales, y por eso terminó siendo, en la práctica, más eficaz para conservar que para transformar. Su genio fue construir un puente entre dos oligarquías agotadas; su límite, no haber construido un puente hacia el país que quedaba afuera de esas dos oligarquías.

Ambas lecturas son verdaderas, y probablemente hay que sostenerlas al mismo tiempo. Lleras Camargo fue simultáneamente el más sofisticado articulador del civilismo liberal colombiano y el constructor de su límite estructural. Esa dualidad no es una contradicción retórica: es la sustancia de su legado.

La huella

Cuando entregó la Presidencia el 7 de agosto de 1962 a Guillermo León Valencia, el conservador que le correspondía en el turno del Frente Nacional, Lleras Camargo tenía cincuenta y seis años y toda una segunda vida por delante. La ejerció con una discreción notable. No volvió a buscar el poder ejecutivo, aunque su voz siguió pesando en el liberalismo y en la conversación pública. Vivió lo bastante para ver cómo el Frente Nacional se agotaba, cómo se transformaba, cómo su propio primo Carlos Lleras Restrepo lo gobernaba entre 1966 y 1970, cómo la ANAPO de Rojas Pinilla —el general al que había juzgado— casi ganaba las elecciones de 1970, cómo Alfonso López Michelsen —su rival y amigo— llegaba al Palacio en 1974, cómo se abría paso a la reforma constitucional de 1991 que él ya no alcanzaría a ver aprobada.

Murió en 1990, poco antes de que Colombia se sentara a redactar una nueva Constitución que intentaría, por primera vez, abrir el sistema político que él había cerrado. La coincidencia parece deliberada: el hombre que diseñó el orden bipartidista se fue en el umbral del país que se proponía superarlo.

Su huella se ha discutido desde entonces sin descanso, y ese debate mismo es parte del legado. En la memoria oficial, es el estadista que devolvió la normalidad institucional y llevó a Colombia a los grandes foros del hemisferio. En la memoria crítica, es el ingeniero del cierre bipartidista, el hombre cuya paz negociada dejó afuera a demasiada gente. Ambas memorias tienen razón, y esa doble verdad —que un mismo hombre pueda ser al mismo tiempo el que resolvió y el que congeló— es probablemente lo más colombiano de todo su recorrido. Lleras Camargo pertenece a la breve familia de figuras públicas colombianas que fueron a la vez decisivas y insuficientes: hicieron lo que había que hacer, y con eso mismo dejaron pendiente lo que todavía hay que hacer.