Roberto Urdaneta Arbeláez

Semblanza de un moderado sin doctrina

Quien lo trató en vida coincidía en dos rasgos: la habilidad social y la ausencia de convicciones inmodificables. Urdaneta no fue hombre de ideas generales ni de programa. Su aspiración a la presidencia no obedecía a un proyecto para Colombia sino al deseo personal de cruzarse la banda y continuar una tradición familiar. Su principal fuerza política era doméstica en el sentido literal: invitaba a jefes políticos de todos los bandos a su residencia, y ninguno rechazaba sus convites. En un país que se desangraba en veredas y cañones, esa cortesía de salón capitalino funcionó como capital político.

Ese perfil explica en buena medida por qué fue elegido designado en octubre de 1951 y por qué el laureanismo lo prefirió sobre Gilberto Alzate Avendaño, que también aspiraba al cargo. Un conservador sin filo doctrinario, socialmente presentable ante los liberales retirados de la contienda electoral, no amenazaba el control laureanista sobre el gobierno ni sobre el proyecto de reforma constitucional que se estaba cocinando. Urdaneta reunía la condición ideal para el momento: sabía obedecer sin parecer que obedecía.

Orígenes y formación

Nacido en 1890, Urdaneta pertenecía a la clase dirigente bogotana que había atravesado, adolescente, la Guerra de los Mil Días y, en su primera juventud, la caída de Rafael Reyes. Se formó en el ámbito del derecho y las obras públicas, dos campos que en la Colombia de comienzos del siglo XX eran las puertas naturales de la carrera pública para los hijos de las familias conservadoras del altiplano. La ingeniería civil y la administración de obras eran, más que oficios técnicos, una manera de gobernar el territorio de un país que empezaba a construir su primera red vial y ferroviaria moderna.

Su experiencia en obras públicas se consolidó como ministro del ramo durante la administración de Pedro Nel Ospina (1922-1926), el gobierno que recibió la indemnización estadounidense por la separación de Panamá y la invirtió en carreteras, ferrocarriles y edificios. Fue ese, para Urdaneta, un primer contacto sostenido con el ejercicio del poder ejecutivo, en un ministerio donde el clientelismo regional y la coordinación con las gobernaciones marcaban el pulso cotidiano. Aprendió allí a moverse entre gremios, contratistas y jefes departamentales: los mismos círculos que treinta años después le seguirían aceptando invitaciones a comer.

Trayectoria previa a 1951

Antes de la designatura, Urdaneta acumuló una hoja diplomática y ministerial larga, distribuida por los cuadros del conservatismo entre 1922 y 1951. Cuatro veces fue ministro de Estado. Representó al país en Roma ante la Santa Sede, en Lima y en Caracas, capitales donde la diplomacia colombiana atendía asuntos tan variados como el Concordato, los diferendos fronterizos con el Perú tras la crisis de Leticia y las relaciones con el régimen de Marcos Pérez Jiménez. En cada uno de esos destinos consolidó su fama de conservador ilustrado, urbano, católico sin fanatismo, capaz de conversar con adversarios sin agriar el ambiente.

Cuando Laureano Gómez asumió la presidencia en agosto de 1950, tras unas elecciones marcadas por la abstención liberal y la violencia rural, Urdaneta se integró al gabinete como ministro de Guerra. Fue esa cartera —y no otra— la que lo colocó en la línea de sucesión y la que definió, sin retorno, su lugar en la historia de La Violencia. Uno de sus primeros actos en el ministerio fue una advertencia pública a los colombianos adultos que se opusieran al Ejército o la policía: serían tratados como bandidos, y sujetos por tanto a la lógica represiva que el propio presidente Gómez había decretado al autorizar a los oficiales ejecuciones sumarias a discreción. Esa frase inicial condensa el marco jurídico y moral en el que Urdaneta se movería después como presidente. La categoría de "bandido" —aplicada indistintamente a guerrilleros liberales, comunistas de Viotá o campesinos armados del Tolima— borraba la distinción entre insurgencia política y delincuencia común y legitimaba el uso ilimitado de la fuerza.

El acceso a la presidencia designataria

A fines de octubre de 1951, la salud de Laureano Gómez —problemas cardíacos que ya venían minándolo— lo obligó a retirarse temporalmente del poder. La sucesión no estaba resuelta en la Constitución más que a través de la figura del designado, cargo elegido por el Congreso. El problema era que el Congreso, aunque conservador en su mayoría —el liberalismo mantenía la abstención iniciada tras el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán en abril de 1948 y ratificada en las parlamentarias de septiembre de 1951—, estaba dividido entre laureanistas, ospinistas y alzatistas.

Gilberto Alzate Avendaño, líder del sector más nacionalista y populista del conservatismo, aspiraba a la designatura y contaba con respaldo parlamentario significativo. Para bloquearlo, el laureanismo montó una operación de emergencia: un "puente aéreo" convocado el 30 de octubre de 1951 movilizó a los congresistas conservadores hacia Bogotá. Álvaro Gómez Hurtado, hijo del presidente enfermo, y Luis Navarro Ospina presentaron ante los parlamentarios la elección de Urdaneta como voluntad casi póstuma del caudillo, presión emocional que se combinaba con el peso institucional del aparato oficialista. La maniobra resultó. Urdaneta fue elegido designado.

El 5 de noviembre de 1951, con Gómez retirado por enfermedad, tomó posesión de la presidencia encargada. El Congreso, reunido ese mismo día, era una asamblea casi monocolor: la abstención liberal había reducido la contienda de septiembre a una disputa faccional dentro del conservatismo. Urdaneta llegaba a una presidencia sin oposición formal en el Legislativo pero con el país entero en guerra civil no declarada.

La Violencia bajo su firma

El relevo del 5 de noviembre no cambió nada en el ambiente de violencia; si acaso lo intensificó. Los meses que siguieron produjeron algunos de los episodios más brutales de todo el ciclo iniciado en 1946.

A comienzos de abril de 1952, en la vereda Las Rocas, jurisdicción del municipio de El Líbano, en el norte del Tolima, el Ejército dejó aproximadamente 1.500 cadáveres. La cifra —estimada— pertenece a lo que las crónicas del período describen como la semana más sangrienta de La Violencia. La operación se enmarcaba en el esfuerzo del gobierno por aplastar la resistencia liberal en una región donde el conflicto había adoptado ya la forma de guerra de contrainsurgencia rural. El presidente encargado era Urdaneta.

El 6 de septiembre de 1952, militantes conservadores y policías de civil asaltaron y quemaron en Bogotá los edificios de El Tiempo y El Espectador, los dos grandes diarios liberales del país. La misma noche fueron incendiadas las casas de dirigentes liberales, entre ellos Carlos Lleras Restrepo. Las autoridades policiales, en lugar de contener, instigaban a la anarquía y al delito. El incidente marca, quizá con más nitidez que ningún otro, la transición de la violencia rural a la violencia urbana de Estado, y la disolución de la frontera entre policía y milicia partidista. Urdaneta gobernaba.

El 2 de diciembre de 1952, la Fuerza Aérea Colombiana bombardeó la población de Yacopí, en el noroccidente de Cundinamarca. Dieciséis manzanas del centro poblado quedaron destruidas. La justificación oficial fue acabar con el apoyo a una guerrilla liberal local. Era la primera vez —una de las primeras, ciertamente— que la aviación militar colombiana se empleaba contra una población civil dentro del propio territorio nacional. Bajo la firma del presidente encargado.

A ese cuadro se añadía la maquinaria menuda pero letal de los aparatos parapoliciales: los "chulavitas", policías conservadores reclutados en el municipio boyacense del mismo nombre; las guardias cívicas conservadoras financiadas por gremios, ganaderos y hacendados —policías sin ser policías—; y los "pájaros", asesinos urbanos organizados en redes de eficacia letal, especializados en cazar liberales gaitanistas y respaldados por terratenientes. Todos ellos operaban en paralelo al aparato regular del Estado, incendiando casas, desplazando familias enteras, asesinando dirigentes locales. En respuesta emergieron las guerrillas liberales de los Llanos Orientales —bajo mandos como Guadalupe Salcedo—, del sur del Tolima y de Sumapaz: grupos de autodefensa de campesinos rasos que, con el tiempo, se convirtieron en ejércitos irregulares con miles de combatientes.

Ninguno de estos hechos fue instrumentado personalmente por Urdaneta. Ninguno ocurrió sin su firma, sin su gabinete, sin el marco normativo que él mismo, como ministro de Guerra, había ayudado a delinear. Es la diferencia —crucial y a la vez insuficiente— entre el autor material y el autor institucional.

El proyecto corporativista

Simultáneo a la violencia física corría un proyecto de violencia constitucional. En 1952, bajo la presidencia encargada de Urdaneta, funcionó una Comisión de Estudios Constitucionales integrada por siete conservadores, encargada de redactar el articulado de una reforma que pretendía instaurar un régimen corporativo en Colombia. Los rasgos del proyecto eran inequívocos y compartían familia ideológica con el franquismo español, entonces en la cima de su influencia sobre el conservatismo hispanoamericano: un Congreso elegido no por sufragio universal sino por organismos empresariales y corporaciones; elecciones menos frecuentes; poderes especiales al presidente para determinar rumbos en casos de crisis; supresión de la libertad de crítica y del derecho de oposición; consideración de la prensa como servicio público —con las consecuencias represivas que la fórmula habilitaba—; prohibición de sociedades secretas.

En diciembre de 1952, el Congreso convocó una Asamblea Nacional Constituyente (ANAC) de 52 miembros. La composición hablaba por sí sola: 35 conservadores, 7 liberales escogidos por las mismas autoridades y 10 delegados de asociaciones empresariales. La representación gremial ocupaba el lugar del voto popular. Era el corporativismo como método de gobierno.

Urdaneta no fue el ideólogo del proyecto —esa autoría corresponde a Laureano Gómez y a sus lugartenientes— pero sí el presidente bajo cuyo mandato la reforma avanzó aceleradamente. La combinación no era fortuita: mientras se aplastaba la resistencia liberal por vía militar y parapolicial, se rediseñaba el Estado para que la representación política dejara de pasar por elecciones abiertas. Violencia y reforma eran las dos caras de la misma operación.

El proyecto profundizó la ya honda división del conservatismo. Ospinistas y alzatistas veían en el corporativismo laureanista una amenaza a sus propios espacios de poder; los liberales, ya alejados por la violencia y la abstención, se distanciaron aún más. La reforma nunca fue puesta en ejecución: el golpe militar del 13 de junio de 1953 la barrió antes de que pudiera promulgarse.

Economía, petróleo y obras públicas

El período Gómez-Urdaneta fue también, curiosamente, un momento de expansión económica. La bonanza cafetera de comienzos de los cincuenta y un empréstito internacional dieron impulso al ramo de obras públicas —el terreno en el que Urdaneta se había formado— con carreteras, ferrocarriles y edificaciones que continuaron los programas iniciados bajo Ospina Pérez.

En materia petrolera, la orientación fue abiertamente favorable al capital extranjero. Un decreto de Laureano Gómez suprimió las "zonas de reserva nacional" —terrenos petrolíferos que no podían ser concedidos a compañías extranjeras— y aumentó el plazo para comenzar la explotación de las concesiones. En 1952, bajo Urdaneta, se expidió un código de petróleos que consolidó ese marco. Estas medidas prolongaban la línea abierta por Ospina en 1950, cuando se acordaron exenciones sobre el impuesto de patrimonio y se creó la exención fiscal por agotamiento de reservas.

La política era coherente con las demandas de la burguesía agroexportadora e industrial. En mayo de 1951, Cipriano Restrepo Jaramillo, fundador de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), se había pronunciado por la total libertad para la repatriación de capitales y beneficios de inversionistas extranjeros. Los industriales bogotanos proponían incluso que dichos inversionistas quedaran exentos de la fiscalidad colombiana. El gobierno laureanista, con Urdaneta al frente, se acomodó a esas demandas sin fricción. La violencia rural, que expulsaba campesinos hacia las ciudades y liberaba tierras para grandes propietarios, funcionaba en paralelo como acumulación por despojo. Nadie articuló esa conexión en el momento; muchos historiadores la subrayarían después.

La red de sostén y de enemigos

Urdaneta se sostenía en tres círculos concéntricos. El más cercano era el laureanismo puro: Álvaro Gómez Hurtado, Luis Navarro Ospina, Lucio Pabón Núñez, la línea dura que había ganado el pulso interno en 1949-1950 y controlaba el aparato del partido. El segundo era el gabinete técnico —diplomáticos, juristas, ministros de obras públicas y hacienda— vinculado a la burguesía bogotana y a los gremios de la ANDI y la Federación Nacional de Cafeteros. El tercero, el más problemático, era el alto mando militar, en particular el general Gustavo Rojas Pinilla, comandante del Ejército, cuya lealtad no era laureanista sino ospinista.

En el frente adversario se agrupaban los ospinistas de Mariano Ospina Pérez, los alzatistas de Gilberto Alzate Avendaño —desplazados en la elección de octubre de 1951— y los liberales retirados de la política electoral pero activos en la resistencia armada rural y en la prensa clandestina. Alberto Lleras Camargo y Eduardo Santos operaban desde el liberalismo institucional como voces de moderación que exigían el retorno a las garantías constitucionales; Guillermo León Valencia, hijo del poeta, encabezaba un sector conservador equidistante que ganaría protagonismo después.

El nudo estaba en las Fuerzas Armadas. El ospinismo cafetero se había granjeado la solidaridad de un vasto sector militar. Rojas Pinilla, con fuertes lazos con el ospinismo y una popularidad creciente entre la oficialidad, era el punto de gravedad de esa alianza subterránea. La partidización del aparato coercitivo, que en el terreno rural se manifestaba como violencia chulavita, en las cúpulas se manifestaba como una fractura por facciones. Un gobierno laureanista con Ejército ospinista era, en el mediano plazo, una construcción imposible.

Junio de 1953: el desenlace

En junio de 1953, Urdaneta enfermó. Laureano Gómez, que seguía formalmente titular del cargo aunque llevaba veinte meses sin ejercerlo, aprovechó la coyuntura para reasumir la presidencia con un objetivo específico: deshacerse del general Rojas Pinilla como comandante del Ejército.

La mañana del 13 de junio de 1953, Gómez sustituyó al ministro de Guerra —el propio ministro que respaldaba a Rojas— por Jorge Leyva, decretó el retiro del general y designó en su reemplazo al general Régulo Gaitán. Leyva, Gaitán y el general Mariano Ospina Rodríguez se dirigieron al Batallón Caldas para notificar la destitución. Al llegar fueron arrestados por los propios soldados. Rojas Pinilla, que había estado en Melgar (Tolima), regresó a la capital, confrontó a los emisarios acusándolos de traidores y consumó, en cuestión de horas, un pronunciamiento militar que se transformó en golpe de Estado.

El derrocamiento del gobierno Gómez-Urdaneta se ejecutó el 13 de junio, aunque algunos relatos posteriores lo sitúan el 15, día en que el nuevo orden ya estaba consolidado. La ambigüedad de la fecha no es menor: entre el pronunciamiento del cuartel y la formalización pública median dos jornadas de incertidumbre en las que el poder cambia de manos sin acta clara. La Asamblea Nacional Constituyente —la misma que Gómez había convocado para aprobar su reforma corporativista— legalizó después el régimen mediante el Acto Legislativo N° 1 de 1953, declarando legítimo el título de Rojas Pinilla para completar el período presidencial en curso.

Sobre Urdaneta pesa una pregunta menor y decisiva: ¿participó él en el intento de destituir a Rojas? La documentación no permite una respuesta categórica. Lo que sí muestra el cuadro es que el gesto fue de Laureano Gómez, no suyo; que Urdaneta estaba enfermo, marginado, sin control sobre la ofensiva; y que su silencio en aquellas horas —ni resistir a Gómez ni respaldar activamente la destitución del comandante— fue el desenlace natural de una presidencia que nunca tuvo autonomía real. Ni traición ni lealtad: parálisis. La misma parálisis que había caracterizado sus veinte meses de gobierno frente a los excesos de la fuerza pública.

El golpe fue recibido con alivio por buena parte del país. Contó con el apoyo del ospinismo cafetero y de amplios sectores liberales. Solo la facción laureanista, cuyo gobierno acababa de ser derrocado, lo rechazó. Rojas Pinilla se dirigió a la nación con un discurso pacificador —"No más depredaciones, no más sangre"— y ofreció justicia y libertad para todos, incluyendo a las clases menos favorecidas. Era la retórica del militar salvador que sustituye a los partidos exhaustos.

Pacificación, exilio, memoria

En los meses siguientes al golpe, el nuevo régimen instituyó políticas de pacificación. La Fuerza Aérea lanzó volantes sobre zonas guerrilleras en los Llanos, Antioquia y Tolima, firmados por el ministro de Guerra, general Alfredo Duarte Blum, anunciando la caída de Gómez y las garantías del gobierno militar. Entre julio y septiembre de 1953, más de diez mil guerrilleros aceptaron los términos de la amnistía. A finales de ese año, funcionarios de reinserción habían ayudado a casi cinco mil desplazados a regresar a sus hogares y asistido a más de treinta mil que habían huido a Bogotá y otras ciudades.

La pacificación fue parcial y ambigua. En el sur del Tolima y en Sumapaz, figuras como "Charro Negro", "Tiro Fijo" —Manuel Marulanda Vélez— y Juan de la Cruz Varela continuaron activas. La insurrección de los Llanos, que había contribuido a la caída del gobierno conservador, no trajo beneficios a los campesinos que la sostuvieron: los grandes terratenientes, con apoyo militar, retuvieron el control de la región. Los grupos comunistas del sur, ante la ambigüedad de la amnistía, se replegaron a zonas de autodefensa que, con el tiempo, se convertirían en el embrión de las FARC.

Laureano Gómez marchó al exilio en España, donde su hija Cecilia lo acompañó tras quedar viuda por un accidente automovilístico. Urdaneta, en cambio, quedó en Bogotá, retirado de la primera línea. No hay épica en su segundo acto: fue el hombre discreto que sobrevivió a la política sin protagonizar su remontada. Cuando Alberto Lleras Camargo y Laureano Gómez firmaron el Acuerdo de Benidorm el 24 de julio de 1956 en la costa española, dando forma a lo que después se llamaría Frente Nacional, Urdaneta no estuvo entre los arquitectos del pacto ni entre sus opositores públicos.

Su nombre reaparece de manera intermitente en la memoria conservadora. Los laureanistas —una de las seis facciones en las que se despedazó el partido tras la caída de Rojas, junto con ospinistas, valencistas, leyvistas, rojistas y alzatistas— lo reivindicaron como parte de su genealogía pero sin convertirlo en héroe. Los ospinistas lo recordaron como un pariente pobre del laureanismo. El liberalismo, por razones obvias, no lo integró a su panteón.

Murió en Bogotá en 1972, catorce años después de instaurado el Frente Nacional, cuando el país había cambiado tanto que la presidencia designataria de 1951-1953 parecía —erróneamente— una época remota.

La huella

¿Qué queda de Roberto Urdaneta Arbeláez en la historia de Colombia? No una obra doctrinal, no una escuela política, no un episodio épico. Queda algo más incómodo y más útil para pensar: el retrato de la moderación cuando la moderación es indistinguible de la complicidad. Urdaneta encarna la variante colombiana de una figura recurrente en las democracias asediadas de mediados del siglo XX: el civil respetable, urbano, culto, capaz de firmar decretos que autorizan bombardeos sobre poblaciones civiles sin dejar de invitar a cenar a sus adversarios.

Su presidencia demuestra, mejor que cualquier tratado, cómo la partidización del aparato coercitivo —chulavitas en el campo, policías de civil incendiando periódicos en la ciudad, Fuerza Aérea bombardeando pueblos liberales, Ejército operando bajo la doctrina del "bandido"— no requiere de un dictador visible. Puede ocurrir bajo un presidente cortés, con Congreso funcionando, con embajadas activas, con obras públicas en marcha. La institucionalidad formal y la barbarie material no son incompatibles: se sostienen.

La lección política es más aguda todavía. Cuando el gobierno Gómez-Urdaneta cayó el 13 de junio de 1953, no cayó por sus crímenes contra la población liberal —esos crímenes contaban, para las élites, como daño colateral aceptable— sino porque su proyecto corporativista amenazaba con reconfigurar el pacto de las clases dirigentes fuera del cauce electoral. El golpe de Rojas fue, en el fondo, una operación conservadora en el sentido literal: preservó el bipartidismo elitista contra su propia deriva franquista. El Frente Nacional, cuatro años después, consumaría esa restauración.

Urdaneta, en ese arco, es la figura de bisagra. No fue el arquitecto de nada, pero fue el signatario de todo. Su firma quedó al pie de decretos que autorizaron la violencia más brutal del siglo XX colombiano antes del narcotráfico. Su discreción posterior no borró esa firma. Los archivos, cuando se abren, no distinguen entre el hombre de convicciones y el hombre de habilidad social: registran nombres, fechas y actos. En los de 1952 aparece, una y otra vez, el suyo.