Idea · República Liberal
Reforma constitucional
La reforma constitucional ha sido en Colombia el campo de batalla donde se han dirimido las disputas fundamentales sobre Estado e Iglesia, federalismo y centralismo, propiedad y trabajo; de todas las reformas a la Constitución de 1886, la más ambiciosa fue el Acto Legislativo 01 de 1936, que instaló el andamiaje del Estado interventor y del constitucionalismo social.
Trayectoria de una idea
- 1863
Constitución de Rionegro: federalismo y laicismo radical
- 1886
Constitución de 1886: clausura conservadora y centralismo
- 1887
Concordato con la Santa Sede
- 1910
Reforma constitucional de 1910: control de constitucionalidad y representación proporcional
- 1934
Inicio del trámite de la reforma lopista
- 1936
Acto Legislativo 01 de 1936: función social, derechos sociales y laicización parcial
- 1991
Constitución de 1991: herencia y superación del constitucionalismo social de 1936
La lectura
La reforma constitucional en Colombia no ha sido un procedimiento técnico sino el escenario donde el país ha resuelto —o aplazado— sus contradicciones más profundas: la tensión entre federalismo y centralismo se saldó en 1886 con una victoria conservadora que duró más de cuatro décadas, y la tensión entre laicismo e Iglesia solo se atenuó parcialmente en 1936 y no se resolvió del todo hasta 1991. El Acto Legislativo 01 de 1936 representó la mayor transformación del texto de 1886 en sus 105 años de vigencia, al introducir el vocabulario de los derechos sociales y el Estado interventor sin fundar una república nueva. Su límite fue también su marca: suprimió la confesionalidad formal pero conservó la moral cristiana como frontera de las libertades, y no tocó el Concordato ni la Convención de Misiones, dejando a la Iglesia su dominio sobre los territorios indígenas. La reforma constitucional colombiana ha operado históricamente como un termómetro de las correlaciones de fuerza entre partidos, élites e Iglesia, y su alcance real siempre ha dependido menos del texto aprobado que de la capacidad política para aplicarlo.
La reforma constitucional en Colombia
La reforma constitucional es, en Colombia, mucho más que un procedimiento técnico para modificar el texto supremo del ordenamiento: ha sido el terreno donde el país libra sus disputas mayores sobre la relación entre Estado e Iglesia, sobre el peso del presidente frente al Congreso, sobre la propiedad y el trabajo, sobre el federalismo y el centralismo. Entre 1886 y 1991 rigió una sola constitución —la sancionada por José María Campo Serrano el 5 de agosto de 1886— y, sin embargo, ese texto sobrevivió más de un siglo porque fue reformado varias veces con amplitud suficiente para reacomodar el orden institucional a las urgencias de cada época. De esas reformas, la más ambiciosa y la más controvertida fue el Acto Legislativo 01 de 1936, impulsado por Alfonso López Pumarejo bajo la bandera de la Revolución en Marcha. En ella se tradujo, por fin, al lenguaje del constitucionalismo positivo, una batalla ideológica que los liberales venían dando desde el ciclo radical de 1863 y que la Regeneración había clausurado con llave. La reforma de 1936 no fundó una república nueva, pero instaló el andamiaje del Estado interventor y del constitucionalismo social que la Carta de 1991 heredaría y ampliaría.
El horizonte de 1863: laicismo, federalismo y la anarquía organizada
Para entender qué se reformaba en 1936 hay que devolverse a la Constitución de Rionegro, porque el pleito no comenzó con López Pumarejo. La Carta de Rionegro fue la culminación de un proceso de federalización que había empezado en 1855 con el estatuto federal concedido a Panamá y que pronto se extendió a Antioquia, Santander, Cauca, Cundinamarca, Boyacá, Bolívar y Magdalena. Aquella constitución liberal-radical hizo algo insólito para el siglo XIX colombiano: excluyó toda invocación a Dios de su fórmula de promulgación. Fue —hasta 1991— la única constitución del país que estableció un Estado plenamente secular. Mantuvo el sufragio masculino universal para mayores de veintiún años y para casados, aunque delegó en cada estado la determinación de los requisitos de ciudadanía.
Bajo ese paraguas, los radicales adelantaron un programa secularizador que marcaría la memoria conservadora durante generaciones: la desamortización de bienes de manos muertas, la tuición de cultos y, en los años setenta, la educación laica y obligatoria. Este último punto fue el detonante de la guerra civil de 1876-1877, cuando los conservadores se alzaron contra el gobierno de Aquileo Parra para frenar el proyecto de escuela laica. El levantamiento fue derrotado con relativa facilidad, pero abrió la fractura definitiva del Partido Liberal entre radicales e independientes. Estos últimos —fatigados de la beligerancia anticlerical y del ideal federal— se aliaron con los conservadores y respaldaron a Rafael Núñez, elegido presidente en 1880.
El propio liberal Miguel Samper había escrito ya en 1867 que la Constitución de 1863 "organiza la anarquía". Núñez recogería esa fatiga y la convertiría en programa. En julio de 1882 advirtió que, si el pueblo se persuadía de que las instituciones liberales no cumplían sus promesas, se abriría camino a una poderosa reacción. Esa reacción tenía nombre: la Regeneración.
1886: la clausura conservadora
La Constitución sancionada el 5 de agosto de 1886 fue el instrumento con el que Núñez, en alianza con el Partido Conservador y con la maquinaria ideológica de Miguel Antonio Caro, cerró el ciclo federal y montó una arquitectura política inversa. Estableció un gobierno centralista, con presidente elegido por voto directo y período de seis años, y dividió el territorio en departamentos. Convirtió al ejecutivo en el eje del sistema y le entregó, mediante la figura del estado de sitio, la posibilidad de gobernar con poderes extraordinarios ante cualquier perturbación del orden interno.
Su Artículo 38 declaró que la religión católica era la de la nación y ordenó a los poderes públicos protegerla como esencial elemento del orden social. Aunque el texto aclaraba que la Iglesia no sería formalmente "oficial", el Concordato firmado con la Santa Sede en 1887 selló el maridaje: entregó a la Iglesia una incidencia decisiva en la educación, reconoció efectos civiles al matrimonio católico, devolvió las propiedades confiscadas por los gobiernos anticlericales y ratificó su libertad frente al poder civil. Las libertades individuales quedaron severamente recortadas: la libertad de imprenta se mantenía "en tiempo de paz", la de cultos se limitaba a prácticas no contrarias a la moral cristiana ni a las leyes, y a los no católicos se les reconocía apenas el derecho a no ser molestados por sus creencias. La ciudadanía se restringió a los varones colombianos mayores de veintiún años con profesión, oficio o fuente legítima de subsistencia conocida.
El resultado fue una hegemonía. Durante cuarenta y cuatro años —hasta 1930— el Partido Conservador ocupó la presidencia sin interrupción, apoyado en un centralismo tan férreo que permitía al presidente controlar toda la cadena burocrática, desde el gobernador departamental hasta el último empleado municipal. Una derrota electoral, en ese diseño, implicaba el reemplazo total de los funcionarios; el aparato del Estado era, en la práctica, un brazo del partido gobernante. El estado de sitio, por su parte, se usó de forma recurrente para hostigar a la oposición y restringir libertades. La Constitución de 1886 no gobernó solo el país: gobernó también los términos en los que sería posible imaginarlo.
Las grietas del edificio: 1910 y el retorno liberal
El sistema no era estático. Tras la Guerra de los Mil Días y la pérdida de Panamá, la reforma constitucional de 1910 introdujo modificaciones que, sin desmontar el andamiaje conservador, empezaron a airearlo. Restableció el principio de supremacía de la Constitución e introdujo mecanismos de control de constitucionalidad. Redujo el período presidencial a cuatro años, prohibió la reelección inmediata, eliminó la figura del vicepresidente, estableció la responsabilidad del Ejecutivo, suprimió la pena de muerte y reformó el estado de sitio. Y —quizá su efecto político más decisivo— introdujo la representación proporcional de las minorías mediante el sistema de cociente electoral. Ese mecanismo abrió al Partido Liberal, entonces minoritario, la puerta de regreso al Congreso y a las corporaciones públicas. Algunos de sus líderes ya habían renunciado a la vía armada tras los Mil Días, pero fue esta reforma la que consolidó, aunque de manera gradual, la incorporación liberal a la legalidad. El partido conservaría, cada vez más como retórica que como amenaza real, la última instancia del recurso a las armas.
Veinte años después, en 1930, la hegemonía se derrumbó. No por un cataclismo, sino por una fractura del propio conservatismo: incapaz el obispo primado de Bogotá de unificar al partido en torno a un solo candidato, el liberalismo aprovechó la división y llegó a la presidencia con Enrique Olaya Herrera. Empezaba la República Liberal, y con ella la posibilidad —por primera vez en casi medio siglo— de retocar en serio el texto de 1886.
La Revolución en Marcha y la aritmética de un Congreso liberal
Alfonso López Pumarejo tomó posesión en 1934 con un programa que él mismo llamó Revolución en Marcha. La denominación era ambiciosa, y hasta ambigua: prometía transformaciones profundas en la política, la economía y las relaciones sociales, pero se apoyaba en un dispositivo institucional que exigía negociar con las mismas élites que se buscaba disciplinar. La primera reforma constitucional del siglo XX de gran calado se tramitó en ese equilibrio precario.
El gobierno actuó rápido. El 10 de septiembre de 1934 —apenas un mes después de la posesión— el ministro de Gobierno Darío Echandía presentó al Senado proyectos sobre límites y derechos de extranjeros. Ese mismo día radicó en la Cámara, donde el liberalismo ya tenía mayoría, los proyectos más incendiarios: los que tocaban la propiedad y la intervención del Estado en la economía. Al mes siguiente sumó otro proyecto sobre reunión y atribuciones del Congreso. A partir de las sesiones ordinarias de 1934, las cámaras recibieron una batería de proyectos parciales dispersos que iban a componer, pieza a pieza, la futura reforma.
La aritmética favoreció al gobierno de un modo decisivo. El Partido Conservador practicó la abstención electoral, y el Congreso quedó homogéneamente liberal. Ese Congreso sin oposición formal continuó el trámite en la legislatura de 1935, y la discusión plenaria en el Senado se abrió en enero de 1936. La reforma se aprobó como Acto Legislativo 01 de 1936.
La oposición no vino del hemiciclo, sino de la calle y de los púlpitos. La Iglesia católica y los conservadores atacaron sin tregua el proyecto. Laureano Gómez fundó en 1936 el diario El Siglo como órgano de oposición conservadora intransigente. Desde los sectores de derecha, la reforma fue asociada con el comunismo, imputación que aprovechaba la coyuntura internacional —el anticlericalismo español, la Rusia soviética, el México cardenista— para dibujar la Revolución en Marcha como una amenaza al orden cristiano. La Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) protestó contra la modificación del régimen de propiedad privada. Incluso dentro del liberalismo el bloque se agrietó: los moderados, hostiles al gobierno, contaban con La Razón y El Tiempo, mientras López se apoyaba en El Liberal.
El texto de 1936: función social, intervención, derechos, laicización
El Acto Legislativo 01 de 1936 fue, por su extensión y su hondura, la reforma más importante de las que sufrió la Constitución de 1886 en sus 105 años de vigencia. Modificó la parte dogmática de la Carta —el Título III sobre derechos civiles y garantías sociales— alterando el andamiaje conceptual sobre la propiedad, el intervencionismo estatal, el trabajo, la asistencia pública y la huelga.
Su innovación más citada fue la consagración de la función social de la propiedad como principio constitucional. Aquella fórmula, que hoy resulta un lugar común del derecho colombiano, en 1936 significaba una redefinición ideológica: la propiedad dejaba de ser un derecho absoluto para pasar a estar condicionada por obligaciones frente a la sociedad. En el mismo movimiento, el Estado quedó habilitado para intervenir, por medio de leyes, en la explotación de industrias o empresas públicas y privadas, con el fin de racionalizar la producción, la distribución y el consumo de la riqueza, o de garantizar al trabajador la justa protección a que tenía derecho. Era la sepultura conceptual del Estado abstencionista del siglo XIX.
Tres artículos consecutivos introdujeron el vocabulario de los derechos sociales. El artículo 17 definió el trabajo como obligación social bajo la especial protección del Estado. El artículo 18 elevó el derecho de huelga a rango constitucional, salvo en los servicios públicos, y con ello legitimó jurídicamente al sindicalismo obrero. El artículo 19 fijó la asistencia pública como obligación del Estado, sembrando el primer germen de una responsabilidad estatal frente al bienestar de los ciudadanos.
En materia religiosa, la reforma golpeó donde más dolía. Suprimió el Artículo 38 de 1886 —el que consagraba el catolicismo como religión de la nación— y, junto con él, los cuatro artículos (del 38 al 41) que declaraban el catolicismo como religión del Estado y mandaban el control eclesiástico de la educación. En su lugar aparecieron los nuevos artículos 13 y 14, que establecieron la libertad de conciencia, de cultos y de instrucción. Pero el gesto tuvo un límite crucial: mantuvo la restricción, heredada del texto de 1886, según la cual la libertad de cultos no podía ser contraria a la moral cristiana ni a las leyes. El Estado colombiano dejaba de ser confesional en la letra, pero conservaba una confesionalidad de fondo. Tampoco se tocó el Concordato de 1887 ni la Convención de Misiones de 1902 (renovada en 1928), de modo que la Iglesia mantuvo su papel dominante en los territorios nacionales con población indígena.
La reforma introdujo una noción hasta entonces ausente del constitucionalismo colombiano: la del Estado social. No la nombraba con ese término, pero puso los ladrillos que 1991, décadas después, ordenaría bajo la fórmula del Estado Social de Derecho.
La Ley 200 de 1936: la reforma agraria que no fue
Ninguna pieza del programa lopista muestra tan bien la distancia entre el texto y el terreno como la Ley 200 de 1936. Fue concebida como el desarrollo legislativo de la función social de la propiedad recién consagrada en la Constitución. El presidente la sancionó y apareció en el Diario Oficial el 21 de enero de 1937; entró a regir setenta días después, el 7 de abril.
Su promesa era ambiciosa: prescribía la extinción del dominio sobre predios que permanecieran incultos durante diez años continuos. Sobre el papel, esa disposición podía redistribuir buena parte del suelo rural colombiano. Otorgaba, además, un plazo de diez años a los grandes propietarios para explotar sus predios en forma capitalista, es decir, con base en el trabajo asalariado, en un intento explícito de modernizar la economía agraria. Y resolvía —con enorme ventaja para los terratenientes— el enredado problema de los títulos de propiedad, que la Corte Suprema había ordenado en sentencias de 1926 y 1934 remontar hasta concesiones de la Corona española o de la República: la ley sustituyó esa prueba imposible por la de destinación económica del predio.
Los colonos también recibieron algo. La ley hizo más difícil su lanzamiento y obligó a indemnizarlos plenamente por las mejoras realizadas. Pero no redistribuyó tierras. Y sus efectos reales se torcieron pronto. Un desenlace paradójico terminó por dominar la aplicación: los terratenientes, temerosos de que colonos y arrendatarios les disputaran las tierras al amparo de la nueva norma, comenzaron a expulsarlos preventivamente de las haciendas. Durante el período previo a la entrada en vigor de la ley se registraron tanto presiones coercitivas sobre trabajadores para que modificaran su estatus, como ocupaciones y cambios de calidad por parte de campesinos que buscaban acogerse a los beneficios. La ruta finalmente elegida por los gobiernos posteriores no fue la extinción de dominio —que nunca se aplicó efectivamente— sino la adjudicación de baldíos y los procesos de colonización. La Ley 100 de 1944, sancionada durante el segundo gobierno de López Pumarejo, amplió en cinco años adicionales el término para la extinción del dominio de predios incultos y reglamentó el contrato de aparcería, debilitando aún más el alcance práctico de la Ley 200.
Ya en 1933, bajo el gobierno de Olaya Herrera, se había elaborado un proyecto agrario tan radical que, de haberse convertido en ley, más de las tres cuartas partes de la propiedad privada en Colombia habrían revertido a la Nación. Ese proyecto no prosperó. Lo que llegó después, con López, fue una versión mucho más moderada, cuyo mayor logro consistió en frenar temporalmente el malestar campesino sin tocar de fondo el monopolio de la tierra. La reforma constitucional consagró la función social de la propiedad; la reforma legal encargada de darle vida terminó siendo un instrumento de negociación con los terratenientes.
La red de la reforma: aliados, adversarios, márgenes
La reforma de 1936 se entiende también por los actores que la rodearon. López Pumarejo integró a jóvenes intelectuales e izquierdistas en la burocracia estatal, les pidió mantener el lenguaje socializante y participar en movilizaciones populares. La operación tuvo un doble efecto: atrajo al liberalismo sectores externos al bipartidismo y, al mismo tiempo, domesticó al movimiento inconforme incorporándolo al aparato oficial. La política de frente popular con el Partido Comunista y el apoyo a la organización sindical alimentaron la acusación conservadora —y de los liberales moderados— de que el gobierno pactaba con el comunismo. Como complemento legislativo a la reforma, se consolidó la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) y se favoreció la creación de sindicatos obreros.
Del otro lado del espectro se organizaba una oposición de tono cada vez más agresivo. Laureano Gómez, desde El Siglo, hizo del anticomunismo, la defensa de la Iglesia y la referencia al franquismo y al fascismo europeo el arsenal simbólico de un conservatismo que ya no negociaba, sino que declaraba una guerra de larga duración. La jerarquía eclesiástica se plegó a esa oposición: todavía en 1955, casi veinte años después, seguía condenando como errores propios del liberalismo la libertad de cultos, la laicidad del Estado, la escuela laica, el matrimonio civil y el divorcio vincular. El conflicto Iglesia-Estado, que la reforma pretendía atenuar mediante la fórmula ambigua de una laicización parcial, se enconó en el terreno cultural mucho más de lo que se enfrió en el terreno constitucional.
Al final de su primer mandato, en 1938, López Pumarejo expresó desánimo ante los resultados. Las reformas habían enfrentado la oposición combinada de la Iglesia, los intereses empresariales y los conservadores, y también la resistencia interna del propio liberalismo terrateniente. La Revolución en Marcha se detuvo antes de lo prometido, pero el texto constitucional, ya reformado, quedaba en pie.
Después de 1936: reforma continua, hegemonía persistente
La Constitución de 1886, con las modificaciones de 1936, siguió gobernando el país. Y siguió reformándose. En 1945, todavía bajo López Pumarejo —en su segundo mandato—, una nueva reforma constitucional otorgó la ciudadanía a la mujer, prohibió a los militares en servicio activo el voto y la intervención en política, introdujo reformas laborales importantes y amplió las funciones del Estado en el sistema económico. Fue una continuación y ampliación del programa social de 1936, aunque en un clima político mucho más deteriorado.
La reforma constitucional de 1968, durante el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, se movió en la dirección contraria en lo que hace al poder ejecutivo: fortaleció al presidente, incluyó la emergencia económica como situación de excepción decretable por él, prolongó el período de los representantes al Congreso a cuatro años y extendió la paridad bipartidista del Frente Nacional hasta 1978. El intervencionismo económico consagrado en 1936 encontraba, así, un ejecutivo con capacidad ampliada para ejercerlo, en un país donde el pluralismo político había quedado embotellado en el pacto entre liberales y conservadores.
El gran problema del constitucionalismo del siglo XX en Colombia fue otro: el uso normalizado del estado de sitio. Entre 1958 y 1990, en más del 80% del tiempo estuvo vigente alguna forma de estado de excepción bajo la Constitución de 1886. Los presidentes de ambos partidos gobernaron por decreto, y algunas normas dictadas en esa condición —como el decreto 100 de 1980, que reguló materias penales— terminaron por permanecer en el ordenamiento ordinario mucho más allá de la coyuntura que las había justificado. La excepción, en la práctica, se hizo regla. Los amplios poderes presidenciales que la Constitución de 1886 había entregado al ejecutivo sobrevivieron a todas las reformas: fueron corregidos en detalles, nunca desmontados en su núcleo.
Ese acervo acumulado de frustraciones —la Carta como vestido demasiado estrecho para un país que cambiaba a mayor velocidad— fue generando la dinámica que llevó a 1991.
1991 y el largo eco de 1936
La Asamblea Nacional Constituyente se instaló el 4 de febrero de 1991 en el salón Elíptico del Capitolio y proclamó la nueva Constitución el 4 de julio del mismo año. Tuvo tres copresidentes: Álvaro Gómez Hurtado, hijo de aquel Laureano Gómez que había fundado El Siglo contra la reforma del 36; Antonio Navarro Wolff, del M-19 recién desmovilizado; y Horacio Serpa Uribe, del liberalismo oficial. La composición de ese triunvirato dice más que cualquier análisis sobre la naturaleza del proceso: fue una asamblea de reconciliación entre tradiciones que se habían combatido durante un siglo, con la participación de representantes de grupos guerrilleros reinsertados al final del gobierno Barco e inicios del gobierno Gaviria.
La Constitución de 1991 rompió con 1886 en varios frentes: eliminó la confesionalidad que había persistido incluso después de 1936, aunque conservó una invocación a la protección de Dios en el preámbulo; consolidó la descentralización política y administrativa iniciada en 1986 con la elección popular de alcaldes; creó la Fiscalía General de la Nación como respuesta a la crisis de la justicia; buscó restringir los poderes presidenciales, particularmente el uso desbordado del estado de excepción; e introdujo mecanismos de participación ciudadana directa —la acción de tutela, las acciones populares, la iniciativa popular— que ampliaron significativamente el catálogo de derechos exigibles.
Pero el gesto más profundo de 1991 fue una continuidad, no una ruptura: recogió la noción de Estado social que había asomado tímidamente en 1936 y la elevó a fórmula fundacional bajo el nombre de Estado Social de Derecho. El vocabulario cambió, la ambición creció, los mecanismos de garantía se multiplicaron. Pero el ADN estaba puesto desde el Acto Legislativo 01 de 1936: una propiedad con función social, un Estado habilitado para intervenir en la economía, unos derechos sociales —trabajo, huelga, asistencia pública— como principios constitucionales, una libertad de cultos y de conciencia como derechos individuales oponibles al poder. La Corte Constitucional creada en 1991 se encargaría, en las décadas siguientes, de desarrollar en la jurisprudencia lo que el texto solo enunciaba.
Huella: la reforma como campo de batalla
La reforma constitucional de 1936 es hoy un objeto disputado en la memoria colombiana. Para una tradición, es el momento en que Colombia empezó a ser moderna: cuando el país abandonó el abstencionismo económico decimonónico, reconoció al trabajador como sujeto de derechos, aflojó la tutela clerical y empezó a imaginarse como un Estado que interviene en la sociedad para corregir sus asimetrías. Para otra, fue un experimento fallido —o peor, un caballo de Troya— que introdujo el lenguaje del intervencionismo y el conflicto de clases en una república hasta entonces regida por principios estables, y cuyo saldo político fue la polarización que desembocaría en la violencia de mediados de siglo. Aunque una relación causal directa entre la reforma y el enfrentamiento partidista posterior es difícil de sostener, 1936 intensificó las animosidades y dio a la Iglesia y al conservatismo la sensación de una agresión que había que revertir a cualquier costo.
Lo que sí puede afirmarse con precisión es esto: la reforma de 1936 fue la traducción constitucional más ambiciosa del programa liberal acumulado desde 1863. Convirtió en norma positiva lo que la generación radical había ensayado como práctica y la Regeneración había clausurado como posibilidad. Instaló un vocabulario —función social, intervención, derechos sociales, libertad de conciencia— que no volvería a salir de la Constitución colombiana. Y lo hizo, sin embargo, con contradicciones internas visibles: aprovechó un Congreso homogéneamente liberal producto de la abstención conservadora, cooptó al movimiento social sin desafiar frontalmente a la facción terrateniente del propio liberalismo, dejó intacto el Concordato con Roma, y mantuvo la confesionalidad de fondo bajo la fórmula de una libertad de cultos limitada por la moral cristiana. La Ley 200, su brazo agrario, nunca extinguió un dominio; expulsó, en cambio, a los colonos que decía proteger.
Esas contradicciones no invalidan la reforma: la definen. En Colombia, las reformas constitucionales rara vez han sido rupturas limpias. Han sido, más bien, negociaciones incompletas en las que el texto avanza más rápido que las estructuras que pretende transformar. La de 1936 avanzó lo suficiente para inaugurar un ciclo. Por eso, cuando la Constituyente de 1991 se reunió bajo la presidencia compartida de un hijo del laureanismo, un exguerrillero y un liberal, no estaba fundando la república social desde cero: estaba recogiendo el hilo que López Pumarejo había empezado a tejer cincuenta y cinco años antes, y que un siglo entero de estados de sitio, guerras y hegemonías no había alcanzado a cortar.
En el archivo
5 apariciones públicas, ordenadas por período y año.
01República Liberal1930–19461
02La Violencia1946–19571
03Frente Nacional1958–19741
04Transversal—1
Relaciones
Vínculos editoriales de la ficha y conexiones observadas dentro del archivo.
Relaciones editoriales
- 01Alfonso López Pumarejo: impulsor de la reforma constitucional de 1936 bajo la Revolución en Marcha
- 02Rafael Núñez: arquitecto de la Constitución de 1886 y la Regeneración que clausuró el ciclo federal
- 03Miguel Antonio Caro: ideólogo conservador de la Constitución de 1886
- 04Función social de la propiedad: principio central consagrado por el Acto Legislativo 01 de 1936
- 05Concordato: instrumento que complementó la confesionalidad de la Constitución de 1886 y no fue tocado por la reforma de 1936
- 06Constitución de Rionegro: antecedente federal y laico cuya clausura motivó la Constitución de 1886
- 07Estado de sitio: mecanismo de poderes extraordinarios introducido en 1886 y utilizado recurrentemente durante más de cien años
- 08Hegemonía conservadora: régimen político sostenido por la arquitectura institucional de 1886 hasta 1930
Personas
- Alberto Lleras Camargo4 piezas compartidas
- Alfonso López Pumarejo3 piezas compartidas
- Carlos Lleras Restrepo3 piezas compartidas
- Enrique Olaya Herrera3 piezas compartidas
- Gustavo Rojas Pinilla3 piezas compartidas
- Jorge Eliécer Gaitán3 piezas compartidas
- Laureano Gómez3 piezas compartidas
- Alfonso López Michelsen2 piezas compartidas
Lugares
Ideas
Documentos y fragmentos citados
56 documentos · 75 fragmentos
01Enciclopedia de ColombiaCamilo Calderón Schrader (Coordinador) · 2002 · p. 2411 cita
[1]de la Academia Nacional de Música por Jorge Price. 1883 Fundación del Banco de Crédito Hipotecario en Bogotá. Muere el pintor José María Espinosa en Bogo- tá. Similia similibus, de Teresa Tanco de Herrera, zarzuela colombiana. -1884 Rafael Núñez, presidente de la República. Ezequiel Hurtado, pri- mer designado, ejerce…
p. 241
02Gran Enciclopedia de Colombia. Tomo 7: InstitucionesRoberto Hinestrosa Rey (Director Académico), Sandra Morelli Rico (Coordinación Académica) · 1993 · p. 26, 282 citas
[2]Constitución de 1886 El liberalismo radical fue exciirido del gobrerao y duramente per ido, Proviamento a la elaboración de Ea Constitación.el Consejo Nacional de Delegatariós expidió un “acuendo so- bre reforma constitucional”, quese sometió a La aprobación de Los conve jos municipales, cuyos miembros provedean —…
p. 26
[64]el período presidencial a cuatro años y pritibid su reelección immediata, cambió La fi- ura del vicepresidente por la de las wignatieras, establecióla responsa- bilidad del Ejecutivo, eliminó la pena de muerte, alorgó garantías a los ble- nes departamentales y municipales y reformó el estado de sitio. El período de…
p. 28
03Historia de Colombia. La República de Colombia IRicardo Martín (dir.), Gonzalo Hernández de Alba (dir. científico), y colaboradores: Arturo Alape, Óscar Alarcón Núñez, Germán Arciniegas, Mauricio Archila, Antonio Caballero, Antonio Cacua Prada, Germán Cavelier, entre otros · 1988 · p. 10, 172 citas
[3]el Senado de Plenipotenciarios, tom6 posesion de la jefatura del gobierno de la Union Colombiana el general Ju- lian Trujillo, el presidente de la corporacién, doctor Rafael Nunez, inaguro el periodo de la denominada «regeneracién», implicita en este enunciado suyo: hemos llegado a un punto en que estamos con-…
p. 10
[27]el gobierno. Al inicio de 1933, Adolfo Hitler, en Alemania, liqui- daba la repdblica de Weimar y anunciaba el adve- nimiento del tercer imperio (Drittes Reich). Al co- mienzo de 1936, el ‘general Francisco Franco se pronunci6.contra el sistema:y.el gobierno de la Re- publica espafiola: advino asf la era del…
p. 17
04Homofobia y agresiones verbales: La sanción por transgredir la masculinidad hegemónica. Colombia 1936-1980Walter Alonso Bustamante Tejada · 2008 · p. 441 cita
[4]util para hacer Ia lectura de Ia h istoria de Colombia hasta 1 980. El comienzo del siglo E l proyecto de construcci6n de un Estado colo m biano en el siglo x1x estuvo m a rcado por una alta i n esta b i l idad que se ex pres6, entre otras cosas, en Ia abunda ncia de constituciones politicas nuevas y reformadas 8, Ia…
p. 44
05Breve historia económica de ColombiaSalomón Kalmanovitz · 2017 · p. 1141 cita
[5]central de intervenir en la política de cada estado soberano en la década de los setenta, y la de unos estados intentando mani- pular la de los vecinos, trajo consigo un resquebrajamiento no sólo de la unidad política sino también del mercado interior, porque las rivalidades llevaron a implantar adua- nas que frenaban…
p. 114
06Aproximaciones a la historia del Derecho en ColombiaLuis Freddyur Tovar, Beatriz Eugenia Salamanca Charria, Carlos Andrés Delvasto Perdomo, Carlos Andrés Echeverry Restrepo, Francesco Zappalá Sastoque, Iván Alberto Díaz Gutiérrez · 2014 · p. 189, 1932 citas
[6]que el surgimiento de una clase obrera, que solo viene a darse a principios del siglo XX, sin negar que el proletariado asalariado ya surgía en las postrimerías del si - glo XIX pero vinculado al comercio y a la explotación agrícola extensiva. 4. La regeneración hasta 1930 E n un artículo Melo 28 hace referencia a los…
p. 189
[31]De los Derechos Civiles y Garantías Sociales, de la Constitución Colombiana de 1886, es reformada por el acto legislativo 01 de 1936 e incluye a los artículos 17, 18 y 19, que 192 Iván Alberto Díaz Gutiérrez APROXIMACIONES A LA HISTORIA DEL DERECHO EN COLOMBIA definirán al trabajo como obligación social, garantizarán…
p. 193
07Historia concisa de Colombia 1810-2017Michael J. LaRosa, Germán Mejía · 2017 · p. 1201 cita
[7]los limitó a solo aquellos que no fueran contrarios a la moral cristiana y a las leyes (Artículo 40), y en su Artículo 38 estableció con claridad lo que será dominante durante los siguientes cincuenta años: “La Religión Católica, Apostólica, Romana, es la de la Nación; los Poderes públicos la protegerán y harán que…
p. 120
08Nosotros y los otros: las representaciones de la nación y sus habitantes Colombia, 1880-1910Amada Carolina Pérez Benavides · 2015 · p. 1971 cita
[8]organización política federalista a uno centralista. El catolicismo fue declarado como la reli- gión de la nación y la libertad de cultos se mantuvo mientras no fueran contra- rios a la moral cristiana ni a las leyes, además, se dictaminó que la educación pública sería organizada y dirigida en concordancia con la…
p. 197
09De la derecha a la izquierda. La Iglesia Católica en la Colombia contemporáneaMichael J. LaRosa · 2000 · p. 411 cita
[9]tuvo constante. ULTRAINTOLERANCIA CAPÍTULO 1 42 Este capítulo comienza con la llegada de Rafael Núñez por segunda vez a la presidencia (1884) y la elaboración de una Constitución conservadora en 1886. Esa Constitución, que se mantuvo, en esencia, hasta la redacción de la Constitución de 1991, fue notable por el nexo…
p. 41
10De la derecha a la izquierda: La Iglesia Católica en la Colombia contemporáneaMichael J. LaRosa · 2000 · p. 411 cita
[10]papel político se man- tuvo constante. ULTRAINTOLERANCIA CAPÍTULO 1 42 Este capítulo comienza con la llegada de Rafael Núñez por segunda vez a la presidencia (1884) y la elaboración de una Constitución conservadora en 1886. Esa Constitución, que se mantuvo, en esencia, hasta la redacción de la Constitución de 1991,…
p. 41
11Historia mínima de ColombiaJorge Orlando Melo · 2017 · p. 168, 2012 citas
[11]p í tulo sobre derechos del hombre y el ciudadano — desaparecieron las libertades de expresi ó n, imprenta, pensamiento y movimiento,, ¡ aunque se mantuvo la libertad de prensa “ en tiempo de paz ” y se concedi ó a los no cat ó licos el derecho a “ no ser molestados ” por ’ sus creencias — y lo reemplaz ó con f ó…
p. 168
[56]cam bios no fueron muy dr á sticos. Entre é stos estuvieron una reforma constitucional que dio otra vez el voto a pobres y analfabetos. El sufragio universal estuvo acompa ñ ado de la movilizaci ó n del elec torado, que se acostumbr ó a hacer manifestaciones callejeras para respaldar un gobierno que promet í a educaci…
p. 201
12Colombia: las razones de la guerraJorge Orlando Melo González · 2021 · p. 861 cita
[12]partido opuesto al de gobierno; sin embargo, desde 1886 un rasgo dominante del sistema político colombiano fue la homogeneidad de la burocracia: apoyados en el centralismo extremo, los presidentes conservadores nombraban gobernadores, que, a su vez, nombraban alcaldes, que nombraban todos los empleados operativos del…
p. 86
13El terrorismo de Estado en ColombiaHernando Calvo Ospina · 2018 · p. 44, 494 citas
[13]de las bananeras: al ministro de Guerra y al general Cortés Vargas, quien ya había sido ascendido a director de la policía de Bogotá. Este contexto puso al bordo del abismo el reinado del Partido Conservador, que duraba desde 1886. El empujón final lo recibió en las elecciones de 1930 a manos de su principal aliado:…
p. 44
[14]de las bananeras: al ministro de Guerra y al general Cortés Vargas, quien ya había sido ascendido a director de la policía de Bogotá. Este contexto puso al bordo del abismo el reinado del Partido Conservador, que duraba desde 1886. El empujón final lo recibió en las elecciones de 1930 a manos de su principal aliado:…
p. 44
[50]pretendió renovar las estructuras de un Estado anquilosado, con rezagos colonialistas, excluyente y violento. Quiso intentar su “New deal”. Pragmático y dogmático, ningún otro presidente en la historia colombiana ha sido tan controvertido. Llamando a su gobierno la “Revolución en Marcha”, buscó la armonía social…
p. 49
[51]pretendió renovar las estructuras de un Estado anquilosado, con rezagos colonialistas, excluyente y violento. Quiso intentar su “New deal”. Pragmático y dogmático, ningún otro presidente en la historia colombiana ha sido tan controvertido. Llamando a su gobierno la “Revolución en Marcha”, buscó la armonía social…
p. 49
14Economía y cultura en la historia de ColombiaLuis Eduardo Nieto Arteta · 2016 · p. 563, 5802 citas
[15]de princi- pios que tanto participan de la índole del liberalismo que impulsa y duda, como del conservatismo que reflexiona y cree. La reforma puede ser, aun, la ocasión de un cambio fecundo en la biología de los partidos; cambio encaminado a consultar la verdad intrínseca de las cosas, cuya realidad ha quedado, en…
p. 580
[23]y 1860 ». Conviene anotar, ante algunas afirmaciones que hace el señor Samper, que toda Constitución —decisión polí- tica— sólo puede ser adoptada por un partido político que imponga sus teorías en torno al Estado y al Derecho, y que en tal virtud reorganice la sociedad y la economía. Las deci- siones políticas que…
p. 563
15The Ideal of the Practical: Colombia's Struggle to Form a Technical EliteFrank Safford · 1976 · p. 1891 cita
[16]efforts of this period were negated to some degree by the drag of traditional social values. But even more substantial obstacles stood in the way. With little industrial activity or transportation develop- ment, few jobs existed for the technically trained. After 1863 this situation improved. Some of the factors that…
p. 189
16Enciclopedia de Colombia - Volumen 3Camilo Calderón Schrader (coordinador), Carmen Astrid Romero Baquero, Néstor Iván Osuna Patiño, José Eduardo Rueda Enciso, Blas Jaramillo Martínez, José Alejandro Rodríguez Ruiz, Henry Luque Muñoz · 2002 · p. 113, 1152 citas
[17]de la cual se había llegado al número de 36 provincias para el momento de ex- pedición de la nueva Constitución, dio paso a partir de este año a un proceso inverso, de agru- pación de las provincias en entidades de mayores dimensiones y capacidades, que fueron la antesala del federalismo. El vigoroso impulso federal…
p. 113
[34]institucionalidad se pretendió dar respuesta. En efecto, Colombia padecía desde hacía varios lustros de una larvada guerra civil que en los años ochenta y noventa tomó inusitado vigor. Diversos procesos de pacificación han logrado que algunos de los grupos armados se integren al sistema. No obstante, la guerra civil…
p. 115
17Colombia: A Concise Contemporary HistoryMichael J. LaRosa, Germán R. Mejía · 2017 · p. 69, 892 citas
[18]carry out the constitution and will of the people expressed in this act, concerning the form of provisional government that has been installed; and to defend our sacred Roman Catholic Apostolic Religion until the last drop of blood has been sacrificed.’” 4 Subsequent constitutions, including that of 1991, but with the…
p. 89
[25]right to grant more political rights than the rest of the nation. The federal constitution of 1858 maintained universal male suffrage for those over twenty-one years and married, as did the federal constitution of 1863. But the latter ensured that the constitutions of the states within the union should all guarantee…
p. 69
18Las mujeres en la historia de Colombia. Tomo II: Mujeres y SociedadMagdala Velásquez Toro (dirección académica), Catalina Reyes Cárdenas, Pablo Rodríguez Jiménez · 1995 · p. 192, 4842 citas
[19]libertad obtenida en la década anterior, culminó con medi- das más drásticas frente a la Iglesia: la tuición de cultos y la desamortización de bienes de manos muertas. Durante los años 70, los liberales radicales instituyeron la educa- ción laica y obligatoria, otro factor más que se convirtió en elemento de choque…
p. 192
[61]época de la Violencia, que va de 1946 a 1957; después, el Frente Nacional, de 1958 a 1982 y, por último, el proceso de negociación, apertura política y reforma institucional que se viene desarrollando desde 1982. Cada uno de ellos se desenvuelve en el contexto de unos hechos y situaciones específicas, tiene unas…
p. 484
19Historia de Colombia. La Nueva Granada y los Estados Unidos de Colombia IIJavier Ocampo López, Marco Palacios, Germán Arciniegas, Gonzalo Hernández de Alba y otros (obra colectiva) · p. 441 cita
[20]jesuitas, comuni- dad militante de la Iglesia Catdlica perseguida por los anticlericales de todo el mundo. La crisis religiosa se difundié en Nueva Granada a través de periddicos, hojas volantes, avisos, pan- fletos y otros medios de comunicacién social. Por su parte, los prelados utilizaron las pastorales para dar a…
p. 44
20Crafting a Republic for the World: Scientific, Geographic, and Historiographic Inventions of ColombiaLina del Castillo · 2018 · p. 3201 cita
[21]so that state coffers could expand along with public instruction. Radical Liberals understood how the precarious place of the public education network in each state reflected their own tenu- ous hold on political power through client networks. In the wake of the Civil War of 1876 to 1877, political rivalries and…
p. 320
21¿Otra historia de Colombia? De tiempos prehispánicos a hoy: lo fundamental en 12 capítulosFelipe Arias Escobar · 2023 · p. 681 cita
[22]la aparición de ferrerías e industrias anexas en Pacho, Amagá y Samacá, como también los avances mucho más estables en la producción de alimentos y bebidas, cuyo ejemplo más notable fueron las fábricas de cerveza aparecidas a fmales de siglo. COLOMBIA EN 1886, BAJO LA ILUSIÓN DEL ORDEN Una dura consecuencia del ciclo…
p. 68
22Breve historia de BogotáMarco Forero · 2016 · p. 841 cita
[24]sal, y señala la implementación de la desamortización de bienes, que hace perder dinero a la ciudad de Bogotá, debido a que sus ciudadanos deben pagar al Estado los bienes que les fueron expropiados; los bienes desamortizados se concentran en un 40% dentro de la ciudad de Bogotá. La crítica a las reformas de 1863 y al…
p. 84
23Nueva Historia de Colombia, Vol. I: Historia Política 1886-1946Álvaro Tirado Mejía (director científico), Jorge Orlando Melo, Carlos Eduardo Jaramillo Castillo, Eduardo Lemaitre Román, Alfonso López Michelsen, Humberto Vélez Ramírez, Germán Colmenares, Mario Latorre Rueda, Germán Arciniegas, Gustavo Humberto Rodríguez R. · 1989 · p. 354, 3572 citas
[26]5 de agosto de 1886, había sido san- cionada la constitución que encarnaba el pensamiento de la Regeneración. El trámite de la reforma fue el si- guiente. Un mes después de posesio- nado Alfonso López Pumarejo, el go- bierno puso sus cartas sobre la mesa en materia de reforma constitucional, por intermedio de su…
p. 357
[55]mente las labores y con injerencia en los cuerpos de dirección de los dife- rentes estamentos universitarios: la Universidad abrió sus puertas a la mu- jer. Pero además, López dedicó todos sus esfuerzos a dotar a la Universidad de un campus, de una sede espaciosa que le permitiera futuros desarrollos. De allí la…
p. 354
24Colombia siglo XX: desde la guerra de los Mil Días hasta la elección de Álvaro UribeCésar Miguel Torres Del Río · 2015 · p. 971 cita
[28]Collection (EBSCOhost) printed on 4/29/2025 8:21:44 PM UTC via UNIVERSIDAD DE LOS ANDES. All use subject to https://www.ebsco.com/terms-of-use. COLOMBIA SIGLO XX 98 mayoría en el Senado, actuaban con conocimiento de causa: expulsados de las alcaldías municipales durante el gobierno de Olaya Herrera y enfrentados a un…
p. 97
25Enciclopedia de Colombia - Volumen 2Camilo Calderón Schrader · 2001 · p. 2041 cita
[29]López Pumarejo ante el presidente del Congreso, Laureano Gó- mez. Desde ese momento, López dejó claro su pro- pósito de adelantar la Revolución en Marcha. Senado de la República y sancionada por el presi- dente el día 30 del mismo mes y año, y aparecer en el Diario Oficial del 21 de enero de 1937, sólo empezó a regir…
p. 204
26Historia contemporánea de Colombia (1920-2010)José Ricardo Arias Trujillo · 2011 · p. 791 cita
[30]que se identificaba. Cada partido, más aún, cada tendencia partidista, poseía su propio periódico. López contaba con El Liberal, 86. Citado en Tirado, Álvaro, Velásquez, Magdala, La reforma constitucional de 1936, Bogotá, Fundación Friedrich Naumann, Oveja Negra, 1982, pp. 223-224. 87. Anales de la Cámara de…
p. 79
27Modernization in Colombia: The Laureano Gómez Years, 1889–1965James D. Henderson · 2001 · p. 2501 cita
[32]time he made the announcement. The consequence for Colom- bia had been, López said, “decomposition, discouragement, and disorder.” 127 The unhappiness that Alfonso López felt at the end of his 1934–1938 term was a function both of the opposition mounted by business interests threat- ened by his economic reforms, and…
p. 250
28Historia de Colombia. Colombia Contemporánea IArturo Alape, Antonio Caballero, Gonzalo Hernández de Alba, Mauricio Archila, Germán Arciniegas, Enrique Sánchez y otros (obra colectiva) · 1988 · p. 91 cita
[33]encaminadas a fortalecer meca- nismos y un nuevo derecho interamericano. En la reforma constitucional de 1936 se con- sagraron, entre otras materias, la funcién social de Ja propiedad, se abrid el camino de la intervencién del Estado «en la explotacién de industrias o em- presas publicas y privadas, con el fin de…
p. 9
29Movimientos sociales, Estado y democracia en ColombiaMauricio Archila, Mauricio Pardo (Editores) · 2001 · p. 443, 4572 citas
[35]análisis de los mismos-; la intención, en este caso, es integrar a la lectura constitucional el análisis social desde la perspectiva de lo que se entiende por problemas sociales; es decir, por un lado, subrayar el aspecto que define al Estado colombiano desde la Constitución política como "Estado social de derecho"…
p. 443
[70]del interés general, artículo I o. • Servir a la comunidad, garantizar derechos y deberes, fa- cilitar participación, asegurar la vigencia de un orden justo, debe- res sociales del Estado y de los particulares. Artículo 2 o. • Condiciones para la igualdad real y efectiva, medidas a fa- vor de grupos discriminados o…
p. 457
30Colombia: A Concise Contemporary HistoryMichael J. LaRosa, Germán R. Mejía · 2023 · p. 821 cita
[36]should govern during the nineteenth century, the democracy that predominated was maintained without any major changes concerning its liberal conception—that is, a state composed of individual citizens whose rights needed to be guaranteed. In this sense, the nineteenth- century state did not intervene in matters of…
p. 82
31Colombia: Territorial Rule and the Llanos FrontierJane M. Rausch · 1999 · p. 521 cita
[37]a, the places where they are created, and the functions that the respective employees perform." 21 Such glaring ambiguities would continue to inhibit effective government in the territories for the next fifty years. Church State Relations Despite efforts by radical Liberals, the Constitutional Reform of 1936 did not…
p. 52
32La Religión en ColombiaCarlos Arboleda Mora · 2010 · p. 1501 cita
[38]y catolicismo integral en Colombia. La reforma religiosa de López Pumarejo” en Historia crítica. N. 19, enero-junio 2000. pp- 68-106. http://www.lablaa.org/blaa- virtual/letra-r/rhcritica/arias2.htm#_ftn14 235 Conferencias Episcopales de Colombia, t. I (1908-1953), Bogotá, Secretariado Permanente del Epis- copado,…
p. 150
33Ensayos para la historia de la política de tierras en Colombia. De la colonia a la creación del Frente NacionalAbsalón Machado Cartagena · 2009 · p. 174, 1892 citas
[39]1931). Era un proyecto que “desafiaba la tenue base con que se había consolida do gran parte de la propiedad privada y señalaba el camino hacia una reforma radical de las estructuras agrarias colombianas. De acuerdo con un observa dor de la época, si el proyecto de 1933 hubiese sido convertido en Ley, más de las tres…
p. 189
[57]generaciones de ideología revolucionaria, sino en las ma nos de la élite burguesa de la Generación del Centenario” (García, 1983: 221). Algunos dirigentes buscaban un cambio revolucionario, pero ni el partido uni- rista ni el comunista estuvieron a la altura de la coyuntura, para impulsar una ideología liberal…
p. 174
34Cultura e identidad obrera: Colombia 1910-1945Mauricio Archila Neira · 1992 · p. 54, 3192 citas
[40]200 de 1936-- no será sino un apéndice de esa reforma constitucional. Ella pretendía presionar a los terratenientes para que modernizaran la producción agropecuaria mediante la distante amenaza de expropiación, sin que realmente buscara modificar sustancialmente la situación de colonos y arrendatarios.…
p. 54
[59]Molina, Las Ideas Socialistas, pp. 303 y ss.; e Ignacio Torres G., Los Inconformes, Vol IV, pp. 284-286. Los diplomáticos norteamericanos reseñaron el origen de grupos fascistas pero sin considerarlos como una seria amenaza (NAW 821.00/1122 y 1215). Denunciaron también conspiraciones conservadoras (821.00/ 1099).…
p. 319
35Introducción a la historia económica de ColombiaÁlvaro Tirado Mejía · 2019 · p. 4451 cita
[41]situación de los últimos en la medida en que la Corte Suprema de Justicia por sentencia de 1926, reiterada en 1934, había establecido que en caso de litigio, quien pretendiera ser propietario de un predio debía exhibir títulos que se remontaran a concesión de la Corona o de la República, y muchísimos terratenientes…
p. 445
36Economía y Nación: una breve historia de ColombiaSalomón Kalmanovitz · 1994 · p. 3372 citas
[42]y cómo se indemnizaba a los propietarios por la pér- dida de sus rentas. Nunca se pretendió eliminar a los terratenien- tes como clase, lo cual desentraña a cabalidad el alcance de la reforma vislumbrada por la "Revolución en Marcha". Se dirimía, además, la vía para el desarrollo del capitalismo en el campo; con base…
p. 337
[43]y cómo se indemnizaba a los propietarios por la pér- dida de sus rentas. Nunca se pretendió eliminar a los terratenien- tes como clase, lo cual desentraña a cabalidad el alcance de la reforma vislumbrada por la "Revolución en Marcha". Se dirimía, además, la vía para el desarrollo del capitalismo en el campo; con base…
p. 337
37El Desarrollo de la Agricultura en ColombiaSalomón Kalmanovitz · 1982 · p. 361 cita
[44]la conformación de una amplia capa media campesina que pro- dujera grandes excedentes agrícolas que sirvieran para obtener un bajo nivel de precios para las subsistencias (salarios) y ma- terias primas de la industria, para dar lugar a un alto nivel de exportaciones agrícolas diferentes al café y para constituirse, en…
p. 36
38Entre la legitimidad y la violencia: Colombia, 1875-1994Marco Palacios · 2003 · p. 149, 1532 citas
[45]sociales seguían apoyándose en el trípode formado por ha - ciendas, plantaciones y unidades campesinas, con sus acentuadas variaciones comarcales. '' La protesta campesina se había convertido en uno de los ele- mentos centrales de la politización urbana. En este contexto de- ben entenderse los cambios en la…
p. 153
[58]ren dió los sec retos d e la l eng ua en clases particu lares con Miguel Antonio Caro, maes tr o del arte retórica. A las des tr ezas m ov ilizadoras de Ola ya y a la publicidad de sus reformas laborales, J.ú p ez añad ió un a hábil manipula ci ón lexico- 149 150 Marco Paúzcios gráfica de hondo ca lado popul ar. Como…
p. 149
39El café en ColombiaMarco Palacios · 2002 · p. 3861 cita
[46]de la Ley de Tierras 14• Los fundamentos teóricos, las bases ideológicas y los efectos prácticos de la Ley 200 han sido muy divulgados y analizados por diferentes especialistas, especialmente en el campo del derecho agrario. Esto nos permite tocarla sólo de pasada. En cuanto a modernizar el derecho dándole uniformidad…
p. 386
40Tierras y conflictos rurales: Historia, políticas agrarias y protagonistasRocío Londoño (coord.), Carolina Castro, Álvaro Delgado, Jaime Landinez · 2016 · p. 5291 cita
[47]declive del régimen laboral de las haciendas basado en el arrendamiento de servicios. Recuérdese asimismo el reconocimiento de los derechos de or- ganización y de huelga (Ley 83 de 1931) durante el gobierno de Olaya Herrena, y el consiguiente aumento de los sindicatos rurales y ligas campesinas que fueron reconocidos…
p. 529
41No matarás. Relato histórico del conflicto armado interno en ColombiaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 45, 492 citas
[48]las tierras improductivas, sus alcances estaban diri- gidos a estimular la productividad y la modernización rural, pero no a «adelantar una reforma agraria redistributiva» 50, lo que permitió con el tiempo perpetuar el modelo de acumulación de tierra. La aplicación de esta Ley 200, como ocurrió a lo largo del siglo…
p. 45
[60]ideología de ultraderecha tenía audiencia y el anticomunismo, arraigo. Si bien en Bogotá los partidos mantenían las formas, en medio de una gran polarización política, en las regiones los episodios de violencia pasaron de ser esporádicos a reiterados. Probablemente uno de los episodios que marcaron el regreso de la…
p. 49
42Colonización y protesta campesina en Colombia (1850-1950)Catherine LeGrand · 2016 · p. 2761 cita
[49]modalidad de la legislación colombiana. Al hacerlo, desafiaba la tenue base con que se había consolidado gran parte de la propiedad privada y señalaba el camino hacia una reforma radical de las estructuras agrarias colombianas. De acuerdo con un observador de la época, si el proyecto de 1933 hubiera sido convertido en…
p. 276
43Sistemas de guerra: La economía política del conflicto en ColombiaNazih Richani · 2003 · p. 221 cita
[52]Depresión que, al aumentar los precios de los productos importados, los había puesto por fuera del alcance de la 1nayoría de los consu1nidores y estünuló así la demanda de productos locales, disponibles a precios mucho más b~jos. Es de anotar que el Par- tido Conservador ejercía un proteccionisn1o con1ercial que rigió…
p. 22
44La biblioteca aldeana de Colombia y el ideario de la República Liberal, 1934-1947. Bibliotecas y cultura en AntioquiaHernán Alonso Muñoz Vélez · 2014 · p. 661 cita
[53]anterior, crea dentro de su normativa la Campaña de Cultura Aldeana y Rural. Ley 12 de 1934, Diario Oficial No. 22765 del 20 de diciembre de 1934. 24 Tirado Mejía, “López Pumarejo: la Revolución en Marcha”, p. 305. 56 La biblioteca aldeana de Colombia y el ideario de la República Liberal, 1934-1947 Olaya Herrera se…
p. 66
45Historia del sindicalismo en Colombia, 1850-2013Miguel Urrutia Montoya · 2016 · p. 721 cita
[54]crecimiento económico. Con este objeto trajo a su Gobierno un programa completo de reforma social y un nuevo grupo de intelectuales y administradores para que lo ejecutaran. Su primer gabinete no incluía ninguno de los grandes líderes del Partido Liberal. Estaba compuesto de jóvenes in- telectuales como Alberto…
p. 72
46Memorias dispersasHumberto De La Calle Lombana · 2021 · p. 511 cita
[62]presos y denuncias permanentes que todavía resuenan. El poder allí implícito era mucho mayor que el tamaño de la humilde redacción de su estatuto constitucional. Pues bien, este acervo de frustraciones fue generando la dinámica necesaria para que corrientes importantes de opinión se manifestaran en favor de abrir, de…
p. 51
47El orangután con sacoleva: cien años de democracia y represión en Colombia (1910-2010)Francisco Gutiérrez Sanín · 2014 · p. 93, 1122 citas
[63]protestado abiertamente contra las ilegalidades de la Hegemonía y su intento de excluir al adversario; en esto no estuvo solo). Y en efecto los nuevos diseños tuvieron al menos dos consecuencias positivas e importantes. Primero, atrajeron al Parti do l iberal al camino de la legalidad. Aquí es necesario ser un poco…
p. 93
[71]idea de que solamente así se podría construir un sistema político moderno y le gítimo.96 Fue entonces cuando se acabaron por fin todas las restric ciones institucionales a la competencia política establecidas durante el Frente Nacional (paradójicamente, este era el momento más alto de votación para los partidos…
p. 112
48Las guerrillas en Colombia. Una historia desde los orígenes hasta los confinesDarío Villamizar · 2017 · p. 1371 cita
[65]administración, los trabajadores y los comunistas se la jugaron por apoyarlo y defenderlo políticamente, en especial después del intento de golpe de Estado del 10 de julio de 1944, cuando el presidente fue apresado por un movimiento militar en Pasto. Los militares demostraban así que no estaban al margen de los…
p. 137
49Diez propuestas para el estudio de la historia reciente de Colombia con énfasis en el conflicto armadoFrancisco Acevedo, Mauricio Bello, Blanca Cepeda, Wencith Guzmán, Jacqueline Mendoza, Nixon Mora, Roque Moreno, William Peña, Jorge Ramírez, Maira Soto, María Cristina Téllez · 2022 · p. 2231 cita
[66]tenidos en cuenta gracias a la creación de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc) y a que la reforma agraria recibió un gran impulso con el objetivo de entregar tierras a los campesinos. Otro asunto importante durante el gobierno de Lleras fue la reforma constitucional de 1968, pues, desde el inicio de…
p. 223
50Desafíos de la gobernabilidad democrática. Reformas político-institucionales y movimientos sociales en la región andinaMartín Tanaka, Francine Jácome · 2010 · p. 491 cita
[67]a los ciudadanos. La Constitución de 1991 consolidó el proceso de descentrali- zación política y administrativa que comenzó en el año de 1986 con la refor- ma que permitió la elección popular de alcaldes. Al igual, creó mecanismos de participación directa, como la iniciativa popular, y de comunicación directa con la…
p. 49
51Balance de la acción del Estado colombiano frente a la desaparición forzada de personas. Tomo IVCentro Nacional de Memoria Histórica; Luz Marina Monzón Cifuentes (relatora); Carlos Miguel Ortiz (coordinador) · 2014 · p. 831 cita
[68]la Constitución Política de Co- lombia de 1991 y la creación de la Fiscalía General de la Nación la investigación penal ordinaria estuvo regida por el procedimiento establecido en el decreto 409 de 1971 78, así como las normas com- plementarias. En materia sustantiva, la parte relativa a los delitos, estuvo reglada…
p. 83
52Grandes momentos de ColombiaGustavo Castro Caycedo · 2016 · p. 2831 cita
[69]elegir a 70 miembros. El 4 de febrero de 1991, se instaló en el salón Elíptico del Congreso, la Asamblea. Tres constituyentes fueron elegidos como copresidentes: Alvaro Gómez Hurtado, Antonio Navarro Wolf y Horacio Serpa Uribe. El 4 de julio fue proclamada la nueva Constitución, que acentuó temáticamente los derechos…
p. 283
53¡Basta satisfecho! Colombia: Memorias de guerra y dignidadCentro Nacional de Memoria Histórica (GMH) · 2013 · p. 1541 cita
[72]través del cual se pretendía controlar la desviación que ellos mismos y sus cómplices representaban. 57. Según Mauricio Rubio, en 1999, en juicio sin sumario, la probabilidad de que un 218 INFORME GENERAL Centro Nacional de Memoria Histórica La Constitución de 1991, sin embargo, de cuyo nacimiento hablaremos a…
p. 154
54Paz en Colombia: perspectivas, desafíos, opcionesMartha Nussbaum, Sara Victoria Alvarado (ed.), Eduardo A. Rueda Barrera (ed.), Pablo Gentili (ed.) · 2016 · p. 701 cita
[73]Respecto al litigio incluyente, porque para lograr la eficacia de tales derechos y ante la ausencia de un Estado de bienestar que ad- ministrativamente los aplique, las personas tienen que hacer uso de acciones constitucionales como la tutela, acciones populares, recursos de petición, de grupo, entre muchas más que…
p. 70
55Paz en Colombia: perspectivas, desafíos, opcionesSara Victoria Alvarado, Eduardo A. Rueda Barrera, Pablo Gentili (editores) · 2016 · p. 701 cita
[74]Respecto al litigio incluyente, porque para lograr la eficacia de tales derechos y ante la ausencia de un Estado de bienestar que ad- ministrativamente los aplique, las personas tienen que hacer uso de acciones constitucionales como la tutela, acciones populares, recursos de petición, de grupo, entre muchas más que…
p. 70
56Colombia: The Politics of Reforming the StateEduardo Posada-Carbó (editor) · 1998 · p. 991 cita
[75]the 1991 Constitution 77 The key decision about political parties is the judicial review of the statutory law which, in 54 articles, regulated aspects such as registra- tion of parties, presentation and selection of candidates, public and private finance, disclosure of accounts of parties and campaigns, propa- ganda…
p. 99