Aparcería

La aparcería en Colombia

La aparcería fue el contrato por el cual el propietario de una hacienda entregaba a un campesino sin tierra el uso de una parcela a cambio de una porción de la cosecha, de trabajo en los cultivos del dueño, o de ambas cosas a la vez. Bajo ese nombre genérico —y bajo los de agregatura, porambería, arrendamiento, vivientes, mediasquería o cosecheros, todos reconocidos legalmente hasta mediados del siglo XX— se organizó buena parte del trabajo rural colombiano entre la disolución de la esclavitud y la mecanización de la agricultura. No fue un sistema uniforme: cambió de forma entre la Sabana de Bogotá y las vertientes cafeteras, entre las medianas propiedades santandereanas y los grandes cafetales del Sumapaz, entre la Antioquia de los agregados y el Tolima de los arrendatarios. Pero en su versión más extendida y más consecuente —la de la hacienda cafetera de Cundinamarca y Tolima— fue mucho más que un contrato agrario: fue el dispositivo por el cual el latifundio retuvo mano de obra sin pagarla en dinero y sin admitirla como propietaria, y su crisis, entre los años veinte y los cuarenta, se convirtió en el motor silencioso de la cuestión agraria colombiana.

Qué era, en la letra y en la práctica

En su forma más simple, la aparcería consistía en un pacto: el dueño cedía una parcela y el aparcero le entregaba, casi siempre, una cuarta parte de lo producido en ella; en algunas localidades el porcentaje subía a un tercio. Esa geometría elemental era apenas una de las variantes posibles. En otras modalidades, el aparcero o arrendatario no entregaba fruto sino días de trabajo: un número fijo de jornadas al año en las tierras de la hacienda, retribuidas al salario vigente en la región. En otras, ambas obligaciones se combinaban. Y en las cafeteras, sobre todo, el contrato se cargaba de cláusulas accesorias que lo alejaban de cualquier acuerdo entre iguales: trabajo personal subsidiario para construir y mantener caminos, servicio de policía rural, multas por infringir las disposiciones del hacendado, prohibiciones expresas sobre qué se podía o no sembrar en la parcela propia.

La primera de esas prohibiciones fijaba el sentido económico entero del arreglo: al arrendatario de la hacienda cafetera de Cundinamarca-Tolima le estaba vedado sembrar café en su fundo. Podía cultivar maíz, plátano, yuca y caña; podía criar aves y animales menores; podía levantar rancho. Pero el café —el único cultivo con destino de exportación y con precio en oro— solo se plantaba bajo la dirección del administrador, y solo dentro de los cafetales del patrón. En otras haciendas se llegaba más lejos y se prohibía también el simple comercio del café que el aparcero pudiera obtener por otras vías. La parcela quedaba así confinada a la subsistencia; el circuito monetario, monopolizado por el dueño.

Antes de los años cuarenta, todos estos acuerdos eran, por lo general, verbales. En la palabra del hacendado y en la memoria del capataz cabían las estipulaciones sobre avances crediticios, sobre el procesamiento del café, sobre el acceso a los pastizales de la finca, sobre el porcentaje del capital comprometido en cada faena. Esa oralidad no era descuido: era el modo en que la asimetría se volvía inmodificable. El aparcero no tenía dónde leer sus derechos, y el propietario podía redefinirlos sin costo.

De la mita al concierto, del concierto a la agregatura

La aparcería colombiana no fue una invención del siglo XIX. Sus formas se decantaron a lo largo de un proceso más antiguo, en el que el trabajo forzado colonial fue mudando de piel hasta encontrar la del contrato. El primer eslabón fue la coerción absoluta: el servicio personal indígena como pago del tributo. De allí se pasó al sistema de conciertos, en el que la mano de obra se distribuía por vía político-administrativa. En la Sabana Cundiboyacense, los indios concertados trabajaban periodos de tres a seis meses a cambio de un salario; junto a ellos, el peonaje operaba mediante contrataciones temporales para tareas puntuales. El Estado, en teoría, controlaba la asignación de trabajadores; en la práctica, la escasez de funcionarios y los nexos de los corregidores de partido con los intereses locales dejaban ese control en manos de los propios hacendados.

Sobre esa base se instaló, en las últimas décadas del siglo XVIII, la figura del agregado: personas que vivían dentro de las tierras de la hacienda sin pagar arriendo formal, obligadas a colaborar en faenas como los rodeos. El registro más temprano conocido es el de la hacienda de San Miguel de Doima, en la región de Ibagué, en 1768. La agregatura cubría en realidad varias formas de colonato y respondía a una restricción estructural de la hacienda colonial: la incapacidad de pagar salarios plenos. En lugar de dinero, la hacienda ofrecía tierra; en lugar de renta en dinero, cobraba renta en trabajo o en especie. Los arriendos del vínculo de Pastrana, en la Sabana de Bogotá, mostraban ya la coexistencia habitual de las dos formas: dinero y cargas de harina como parte del mismo pago.

La independencia no rompió esa lógica; la reformuló. La ley del 21 de julio de 1821, de libertad de vientres, decretó el fin gradual de la esclavitud pero obligó a los hijos de las esclavas a servir a los amos de sus madres hasta los dieciocho años, en lo que se llamó el "concierto forzoso de manumisos". Dos décadas más tarde, la ley del 29 de mayo de 1842 extendió esa sujeción hasta los veinticinco años. Bajo forma contractual se prolongaba una relación coercitiva. En Cundinamarca y Boyacá, a lo largo de todo el siglo XIX, las haciendas agrícolas y ganaderas siguieron empleando población indígena bajo relaciones principalmente serviles. Cuando el café se expandió hacia el sur de Cundinamarca y el norte del Tolima en las últimas décadas del siglo, encontró ese sustrato listo: una economía habituada a pagar la tierra con trabajo y a extraer trabajo sin pagarlo con dinero.

La matriz cafetera de Cundinamarca-Tolima

Fue en la hacienda cafetera de las vertientes de la Cordillera Oriental donde la aparcería —o, más precisamente, el arrendamiento precapitalista, su primo hermano— alcanzó su forma más definida y más rígida. Allí, el sistema dominante no fue la aparcería con reparto de cosecha en sentido estricto, sino un contrato de arrendamiento que combinaba parcela de subsistencia y jornadas obligatorias en el cafetal del patrón. El nombre importa menos que la estructura: en su núcleo funcionaba la misma lógica de tierra a cambio de trabajo, y la palabra "aparcería" terminó cubriendo, en el uso corriente y en la ley, ese conjunto de formas.

El arrendatario recibía una parcela cuyo tamaño no negociaba: lo fijaba el propietario. Esa asimetría era el punto de partida. En ella podía sembrar cultivos de pan coger, criar animales, construir casa; a cambio, debía trabajar un número determinado de días al año en los cafetales de la hacienda, con el salario regional. La extensión de la obligación variaba según el tamaño de la parcela, su localización y la calidad de sus suelos. Y sobre ella se apilaban las prohibiciones: no sembrar café, no comerciarlo, no establecer mejoras permanentes que pudieran, con el tiempo, sostener un reclamo de posesión.

De esa arquitectura nacía una dualidad que sería la falla estructural del sistema. Dentro de una misma unidad productiva convivían dos economías: la del hacendado, orientada al mercado externo y monetizada; y la del arrendatario, orientada a la subsistencia y en gran medida ajena al circuito monetario. La remuneración del trabajador se realizaba, en efecto, directamente en especie o mediante el cultivo de su propia comida, manteniéndolo fuera del mercado tanto como comprador como vendedor. La hacienda cafetera era, en ese sentido, una máquina exportadora sostenida por una constelación de pequeñas economías autosuficientes que giraban en su interior sin llegar a desprenderse.

El patrón de asentamiento reforzaba esa dualidad. Las parcelas se dispersaban por las vertientes, y los arrendatarios adquirían con el tiempo una autonomía familiar y económica creciente, aun estando obligados a trabajar en los cafetales. A las cuadrillas de jornaleros temporales, contratados para la recolección, se sumaban los trabajadores permanentes con cuota mínima de deshierbe —un área mínima anual que debían mantener limpia— frente a los cuales los propios trabajadores preferían la forma más simple del jornal fijo. En haciendas como Fagua, entre 1917 y 1941, coexistían jornaleros temporales, arrendatarios y aparceros, cada uno con su modalidad y su lugar en la jerarquía interna.

Encima de todo esto operaba una división étnica y racial marcada. En las haciendas cafeteras de Cundinamarca-Tolima, propietarios y administradores eran identificados como "blancos"; los trabajadores, como "indios". Esa disparidad reforzó actitudes e ideologías racistas entre hacendados, administradores y capataces, y añadió a la coerción económica una capa de desprecio cotidiano. Los propietarios, por lo demás, tenían pocos activos fuera del café; a diferencia de sus pares antioqueños, integrados a la minería, al comercio y a la industria naciente, dependían casi enteramente de la finca. Cuando llegaban las crisis de precios, esa concentración de riesgo se transmitía como presión sobre las condiciones de los arrendatarios y agravaba los conflictos.

Las otras aparcerías: Antioquia y Santander

La imagen que se tiene hoy de la aparcería colombiana —con su carga semi-feudal, sus multas, su prohibición de sembrar café— viene sobre todo de esa matriz oriental. No fue la única forma que tomó el sistema. En Antioquia, la vinculación laboral de las explotaciones cafeteras se hizo por medio de los agregados, una forma heredada de la economía del siglo XIX; y aun cuando se hablaba de aparcería, esta funcionaba de un modo cualitativamente distinto. Se daba entre propietarios y aparceros en un marco de mayor autonomía y de mayor igualdad entre los contratantes, sin la coerción violenta ni el endeudamiento forzoso que caracterizaban las haciendas del oriente. El patrón de asentamiento era más concentrado, los propietarios diversificaban sus activos en otros sectores, y no existía la disparidad racial tajante que en Cundinamarca-Tolima teñía cada relación laboral.

En Santander, la producción cafetera se organizó sobre medianas y pequeñas propiedades, y allí la aparcería fue el sistema dominante. Las formas de producción santandereanas carecieron en general de los elementos semi-serviles de Cundinamarca. La coerción, las multas y la exclusión monetaria no eran allí la norma. Esta divergencia no fue casual: reflejaba pasados históricos distintos: las estructuras coloniales de propiedad y de trabajo, las herencias de encomienda y de resguardo, la presencia o ausencia de una masa de campesinado parcelario junto al latifundio.

La consecuencia es incómoda para las lecturas monocausales. Donde el latifundismo fue exclusivo, sin campesinado propietario a su lado —Cundinamarca-Tolima—, la aparcería tomó su forma más dura y produjo el conflicto más intenso. Donde el latifundismo coexistió con propiedad campesina —Antioquia, Santander—, la misma institución operó con menos violencia y no generó movilizaciones equivalentes. La aparcería, por sí sola, no explica el conflicto agrario colombiano; lo explica en articulación con la estructura de tenencia, la herencia racial y la geografía de la propiedad. En la región oriental, esa articulación fue explosiva.

La economía doméstica del aparcero

Dentro de la finca, la posición del aparcero era intermedia: no era jornalero puro, porque tenía acceso a tierra y a alimento; no era agricultor autosuficiente, porque la tierra era insuficiente y el trabajo no era libre. La jerarquía interna de la economía campesina colombiana lo situaba en un peldaño ambiguo, con más seguridad que el peón y menos autonomía que el pequeño propietario. Tenía casa, huerto, aves, a veces algo de ganado. Tenía comida. Pero no tenía título sobre nada de eso.

La parcela era su economía y su cárcel. En ella cultivaba maíz, plátano, yuca, caña —los cuatro cultivos clásicos del pan coger andino— y criaba lo que le permitieran. Algunos acuerdos le concedían acceso a los pastizales de la hacienda para su ganado menor, o incluían anticipos crediticios que lo ataban al hacendado como acreedor permanente. Pero la parcela no era suya, su tamaño no lo decidía él, y su producción estaba limitada por prohibiciones que aseguraban que el excedente comercial siguiera siendo monopolio del dueño. Cuando entregaba una cuarta parte —o una tercera— de lo cosechado, la entrega no era una renta libremente pactada: era el precio de habitar. Cuando trabajaba las jornadas debidas al cafetal, no lo hacía como asalariado libre: lo hacía como habitante obligado.

A esto se sumaban el trabajo subsidiario en caminos, la policía rural y las multas por infracciones a las normas del hacendado, que podían ir desde talar un árbol hasta ausentarse sin permiso. Cada una de esas cargas reducía un poco más el margen de autonomía. El resultado era una figura difícil de clasificar en las categorías estándar del derecho laboral: ni siervo, ni asalariado, ni arrendatario en el sentido moderno. Una forma híbrida, propia de una hacienda que producía para el mercado mundial con relaciones de trabajo herederas del orden colonial.

El estallido: 1926-1936

La dualidad hacienda-parcela funcionó mientras funcionó una determinada personalidad social del arrendatario: la de un trabajador que aceptaba la subordinación como parte del orden natural. En los años veinte, esa personalidad empezó a resquebrajarse. El relevo generacional trajo hijos que no habían conocido a los patrones fundadores; la prédica socialista y populista, que penetró en el campo por vías diversas, ofreció un vocabulario nuevo para nombrar viejos agravios. Los arrendatarios empezaron a pedir lo que hasta entonces había sido impensable: derecho a sembrar café en sus parcelas, libre movilidad de sus productos, sustitución de la obligación de trabajo por renta en dinero o en especie, reducción de multas, condiciones claras para el desalojo y pago de mejoras al vencimiento del contrato.

El detonante jurídico llegó en 1926. Un fallo de la Corte Suprema estableció que la única prueba válida de propiedad sobre un predio rural era el título original por el cual el Estado había enajenado la tierra del dominio público. La sentencia, técnica en apariencia, tuvo un efecto sísmico: muchos hacendados no podían exhibir ese título original, y sus propiedades quedaban expuestas al reclamo de que eran, en realidad, baldíos nacionales. Los arrendatarios pasaron entonces a la ofensiva. Hasta ese momento habían peleado a la defensiva, contra desalojos y contra aumentos de obligaciones; ahora tenían un argumento nuevo: si la hacienda era baldío, ellos eran colonos, no arrendatarios, y tenían derecho a permanecer.

Las movilizaciones se concentraron en tres regiones: el Tequendama, el Sumapaz y el sur del Tolima. Viotá, en el Tequendama, se convirtió en el principal centro cafetero de Cundinamarca y en el primer municipio de mayoría comunista del país; en 1933, Víctor J. Merchán fue elegido allí como primer concejal comunista, y tuvo que enfrentar a los demás miembros del cabildo en un ambiente hostil. En el Sumapaz, el movimiento agrario encontró en Erasmo Valencia a su líder político y en el Partido Agrario Nacional a su vehículo electoral, que llegó a elegir concejales y un diputado a la Asamblea de Cundinamarca. Entre las propuestas legislativas de Valencia figuró, no por azar, la prohibición del concierto de personas: la memoria colonial seguía viva.

En el sur del Tolima, hacia 1936, unos mil ochocientos colonos invadieron tierras sobre el río Combeima, aprovechando la poca claridad de los títulos de una hacienda. Al apoyo del Partido Socialista Revolucionario y de ligas agrarias locales, se sumó luego el del Partido Comunista de Colombia, que hizo del Tequendama y del Sumapaz una de sus bases rurales tempranas. El efímero Partido Agrario y disidencias liberales completaban el mapa político de la protesta.

Alfonso López Pumarejo, presidente entre 1934 y 1938, respondió con la Ley 200 de 1936, la llamada ley de tierras. La norma establecía la extinción del dominio sobre predios rurales incultos o insuficientemente explotados a los diez años, y creaba mecanismos para clarificar la propiedad. En teoría, era la respuesta reformista a la presión campesina. En la práctica, produjo un efecto que sus promotores no habían anticipado del todo: los terratenientes, temerosos de que los arrendatarios reclamaran derechos de posesión o de prescripción adquisitiva, procedieron a expulsarlos masivamente. Muchas tierras agrícolas fueron convertidas en ganadería extensiva, considerada forma válida de "ocupación económica del suelo", y la aparcería entró en su primera crisis grave.

El contragolpe: la Ley 100 de 1944

La expulsión de arrendatarios y aparceros creó, a los pocos años, un problema para los propios hacendados: escasez de mano de obra dispuesta a trabajar en las viejas condiciones. La Sociedad de Agricultores de Colombia, la Federación Nacional de Cafeteros y la Asociación Patronal Económica Nacional impulsaron entonces una campaña ante las autoridades para restablecer legalmente los contratos de aparcería y devolver seguridad jurídica a la tenencia. El resultado fue la Ley 100 de 1944.

La ley declaró de conveniencia pública los contratos de aparcería, agregatura, porambería, arrendamiento, vivientes, mediasquería y cosecheros. Dispuso que debían constar por escrito, con una duración mínima de dos años —o la que las partes pactaran para ganadería y cultivos de ciclo mayor— y con libertad para poner cultivos de pronto rendimiento. Y, sobre todo, hizo dos cosas decisivas: negó a arrendatarios y aparceros el derecho a convertirse en propietarios de las tierras que trabajaban, y extendió de diez a quince años el término de extinción de dominio establecido por la Ley 200. A los grandes propietarios se les daba, así, un plazo adicional para poner a producir sus tierras sin miedo a perderlas.

La Ley 100 fue una medida regresiva. Estuvo dirigida, ante todo, a devolver seguridad a los terratenientes y a facilitar el mercado de la propiedad rural, con la aparcería restablecida como forma legítima de vinculación laboral. Frenó las aspiraciones campesinas de acceso a la tierra, reforzó el control terrateniente sobre los trabajadores rurales, y protegió a los propietarios frente a tenedores que intentaran establecer mejoras de carácter permanente —esas mismas mejoras que, con el tiempo, podían fundar un reclamo de posesión—. El giro fue decisivo: si la Ley 200 había abierto una ventana para el ascenso campesino, la Ley 100 la cerró con doble llave.

La lenta descomposición y sus dos salidas

Después de 1944, la aparcería sobrevivió, pero como forma tensada. La violencia bipartidista que estalló en 1946 y se prolongó, en el campo, hasta bien entrados los años cincuenta, tuvo entre sus escenarios centrales precisamente las regiones donde la aparcería había sido más rígida y donde las movilizaciones de los treinta habían dejado organización acumulada. El Sumapaz, con Juan de la Cruz Varela como figura mayor tras la muerte de Erasmo Valencia, se convirtió en zona de resistencia armada campesina; el sur del Tolima, en semillero de las autodefensas agrarias que darían origen, en la década siguiente, a las guerrillas comunistas de largo aliento. La conexión no era lineal —la violencia tuvo también raíces bipartidistas y regionales propias— pero la memoria del conflicto agrario alimentó su intensidad.

En el terreno económico, mientras tanto, la aparcería empezó a ceder frente al trabajo asalariado y a la mecanización. En el Valle del Cauca, la transformación fue vertiginosa: el número de aparceros cayó de 7.938 en 1960 a apenas 452 en 1977, y ya en 1960 cerca de tres cuartas partes de las explotaciones estaban en manos de sus propietarios. El desarrollo capitalista en el campo vallecaucano, con caña, algodón y agricultura mecanizada, sencillamente hizo obsoleta la vieja forma. En las vertientes cafeteras el proceso fue más lento y desigual, pero la dirección era la misma: hacia el asalariado, hacia la parcela propia o hacia la expulsión.

El intento reformista de los años sesenta se enmarcó en ese cambio. El gobierno de Carlos Lleras Restrepo adoptó en 1968 una ley de arrendatarios y aparceros —la Ley 1.ª— que reorientó el proceso reformista hacia la distribución de latifundios inadecuadamente explotados, con intervención del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria en predios explotados bajo estas modalidades. Su lógica era la inversa de la Ley 100: permitir que aparceros y arrendatarios accedieran a la propiedad, alentar la producción agrícola a gran escala, eliminar progresivamente la aparcería como forma dominante. La Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, creada por el decreto 755 del 2 de mayo de 1967 y la resolución 061 del mismo mes, tenía entre sus objetivos fundacionales inscribir a arrendatarios y aparceros para convertirlos en propietarios, generar propuestas de crédito supervisado y asociativo, y servir de canal entre campesinos y Estado. Su creación respondía también a motivaciones políticas: constituía una respuesta al ascenso de los movimientos insurgentes y al populismo de la Alianza Nacional Popular.

Chicoral: la última puerta cerrada

El impulso reformista chocó con una contrarreforma organizada. En enero de 1972 se celebró en el municipio de Chicoral, en el Tolima, una reunión de sectores políticos y empresariales —con parlamentarios conservadores y liberales, ganaderos y terratenientes— que decidió modificar la legislación agraria para detener el proceso. De ese Pacto de Chicoral surgieron las medidas legales de los años siguientes, entre ellas la Ley 6.ª de 1975, que institucionalizó la aparcería como alternativa a la redistribución de la tierra: la adjudicación de la propiedad al aparcero o arrendatario solo procedería después de diez años de trabajo sobre el predio, un plazo que en la práctica hacía inviable la conversión.

La ley describió la relación de aparcería en términos que dieron cuenta de su naturaleza persistente: el campesino podía verse obligado a prestarle servicios personales al dueño de la tierra y a pagarle rentas en trabajo y en especie, una fórmula que Guillermo Perry, en 1983, calificaría de "la más rancia estirpe feudal". El diagnóstico era severo pero exacto: a las puertas de los años ochenta, la aparcería colombiana conservaba, en sus formas más duras, rasgos que la emparentaban con relaciones agrarias premodernas.

El efecto general del Pacto de Chicoral fue dejar intacta la concentración de la tierra en las zonas agrícolas centrales del país y desplazar a los campesinos hacia tres destinos: la colonización periférica —Caquetá, Guaviare, Meta, Urabá—, los barrios subnormales de las ciudades, o parcelas de pancoger insuficientes en las mismas regiones de origen. La cuestión agraria, que había estado en el centro de la política colombiana desde los años treinta, perdió centralidad en la agenda pública durante la segunda mitad de los setenta y los ochenta. No porque se hubiera resuelto: porque se había clausurado políticamente.

La huella

De la aparcería colombiana no queda un contrato vigente: quedan sus efectos. Quedan, en primer lugar, las regiones que la vivieron en su forma más dura y que arrastran desde entonces una historia particular de conflicto agrario: el Sumapaz, el Tequendama, el sur del Tolima, con su continuidad casi centenaria de movilización, resistencia y violencia. Quedan los patrones de tenencia que sus sucesivas legislaciones consolidaron: una gran propiedad protegida por la Ley 100, apenas rozada por la Ley 200 y la Ley 1.ª de 1968, blindada de nuevo por la Ley 6.ª de 1975. Queda la memoria de figuras que hicieron historia dentro de ella: Erasmo Valencia y su Partido Agrario, Juan de la Cruz Varela y las autodefensas del Sumapaz, Víctor J. Merchán en Viotá.

La aparcería no fue, por sí sola, la causa del conflicto agrario colombiano. Donde operó en marcos de mayor equidad —Antioquia, Santander—, no produjo movilización equivalente ni violencia comparable. Fue, más bien, la forma que tomó el problema en su epicentro geográfico: la manera concreta en que el latifundismo exclusivo de la Cordillera Oriental, la herencia racial colonial y la estructura de una economía cafetera dependiente combinaron sus fuerzas para retener trabajo sin pagarlo en dinero y sin admitirlo como propietario. Cuando esa combinación se agrietó, en los años veinte, se abrió una cuestión que el país no ha terminado de cerrar. La aparcería, como contrato, se ha ido apagando. Como huella, sigue viva en los mapas de la violencia rural, en la geografía de la propiedad y en la lista de reformas prometidas que Colombia todavía debe.