Viotá

El municipio que la hacienda hizo

Viotá pertenece a la provincia del Tequendama, en la vertiente occidental de Cundinamarca que desciende hacia el río Magdalena por Girardot. Es tierra caliente cafetera, distinta del café antioqueño de ladera empinada y minifundio: aquí, entre fines del siglo XIX y las primeras décadas del XX, se impuso el latifundio cafetero. La historiografía del café en Cundinamarca lo caracterizó como el municipio cafetero más típico de haciendas del departamento, el ejemplo ilustrativo que sintetiza la región. Esa condición —hacienda extensa, mano de obra vinculada por tenencia y no por salario, exportación por el Magdalena— es la clave de todo lo que vino después.

Las haciendas viotunas surgieron entre 1860 y fines del siglo XIX, en parte de la fragmentación y venta de tierras comunales y latifundios previos. Uno de los casos documentados es el de San Miguel de Amanta, comunidad asociada a la familia Bazurto, absorbida en el proceso. Familias locales propietarias de tierras en Viotá y en la vecina Tocaima —los Bazurto, los Azas, los Montillas— fueron marginadas por las haciendas en expansión: en el transcurso de una sola generación vendieron sus tierras y pasaron a ocupar puestos públicos menores, pequeños comercios, fincas marginales o cargos de mayordomos en las haciendas de la región o más allá. El proceso no fue una acumulación abstracta: fue el reemplazo de un tejido de propietarios locales por un pequeño número de casas hacendadas que concentraron tierra, agua y crédito.

Para 1903 existía ya en Viotá una sociedad organizada para producir, transportar y exportar café y comerciar mercancías extranjeras. Los hacendados estaban integrados en las redes comerciales que unían el Tequendama con Girardot, el Magdalena y los mercados de exportación. Eran, a ojos de los observadores de la época, "hombres progresistas" —liberales en su mayoría, algunos con fortunas construidas por décadas de trabajo constante, otros con capital heredado o mercantil— que veían en el café el vehículo de una modernización que su régimen laboral, sin embargo, contradecía en su misma base.

Arrendatarios, panela y chicha: la vida bajo la hacienda

El régimen de trabajo que sostuvo la hacienda cafetera del Tequendama no fue el salario libre. Fue el arrendamiento —también llamado estancia— en el que el hacendado entregaba al trabajador una parcela para cultivos de subsistencia a cambio de trabajar un número determinado de días al año en los cafetales. El sistema, inherentemente premoderno, se adoptó a fines del siglo XIX porque pocos hacendados podían pagar salarios en efectivo. Producía trabajadores permanentes, atados a la finca por la tierra que les había sido prestada, no comprados por jornal.

Sobre ese pacto se apilaban restricciones que constituyen la clave de la conflictividad posterior. Al arrendatario se le prohibía comerciar café por cuenta propia. En muchos casos se le prohibía incluso sembrarlo en la parcela: el hacendado quería café para su hacienda, no un pequeño competidor bajo su propio techo. El producto de la parcela no estaba del todo bajo control del arrendatario, sometido a peajes, licencias y cargas del administrador. Sobre el trabajo de días acordados se sumaban obligaciones extraeconómicas: trabajo personal subsidiario para construir y mantener caminos, servicio de policía rural, multas por incumplir las disposiciones del patrón. El arrendatario ocupaba, además, un lugar bajo en la jerarquía rural: los jornaleros libres de la misma región lo miraban, según recogieron los cronistas, "con desdén y tristeza". No era un asalariado; era un dependiente.

De esa asimetría nació una economía informal notable. Los arrendatarios podían sembrar caña de azúcar en sus parcelas para subsistencia. Grupos de veinte a treinta se juntaban para montar pequeños molinos capaces de producir panela para mercados de dos a tres mil personas. Los administradores sabían que parte de la caña procesada era robada de las tierras de la plantación e intentaban capturar las ganancias con peajes y licencias, casi siempre sin éxito: los arrendatarios desarrollaron destreza para ocultar la panela, venderla clandestinamente y contrabandearla a otras regiones. Las mujeres fabricaban y vendían chicha sin licencia: entre 1925 y 1928, la mitad de todos los arrestos por fraude fiscal registrados en la región de Viotá correspondían a esas ventas femeninas de chicha. La economía sumergida de panela y chicha, con sus rutas de contrabando y su vocabulario de disimulo, construyó, mucho antes de cualquier liga campesina, una cultura de autonomía y de solidaridad horizontal entre familias arrendatarias. Cuando llegaron los organizadores políticos, encontraron una red que ya sabía burlar al patrón.

La nodriza de la Revolución (1899-1902)

La Guerra de los Mil Días encontró al Tequendama con haciendas maduras, hacendados liberales integrados en el comercio exportador y trabajadores atados a ellas. Durante la mayor parte de la guerra, Viotá funcionó como refugio para bandas guerrilleras liberales que, tras ser derrotadas en zonas dominadas por el gobierno conservador, se retiraban al municipio a reabastecerse. Los jefes rebeldes, agradecidos, lo llamaron "nodriza de la Revolución". El apodo dice más que una imagen: dice que los recursos de las haciendas —café, alimentos, dinero, mulas— y la población que en ellas trabajaba fueron sistemáticamente puestos al servicio del bando liberal.

Los informes de inteligencia conservadora de junio de 1901 son explícitos: los propietarios liberales de Viotá y zonas aledañas entregaron a sus trabajadores a los jefes guerrilleros, engrosando las filas. Es un episodio revelador. Muestra la capacidad del hacendado para movilizar coactivamente a su fuerza laboral —los mismos arrendatarios cuyo trabajo controlaba en tiempos de paz podían ser marchados a la guerra— y siembra, en el municipio, un antecedente que la memoria popular no olvidará: Viotá había sido territorio en armas, con estructura de mando local, contra el gobierno de Bogotá. Cuando en los años cuarenta la palabra "autodefensa" reaparezca en la región, no lo hará sobre suelo virgen.

Ligas, huelgas y el ciclo de las haciendas (1920-1936)

En los años veinte, el régimen de arrendamiento entró en crisis por dentro. El café subió, los mercados se ampliaron, los hacendados quisieron intensificar la producción y capturar para sí toda la renta cafetera. Fue entonces cuando la prohibición al arrendatario de sembrar café en su parcela dejó de ser una regla latente y pasó a ser un frente de batalla: allí donde el trabajador quería aprovechar el auge sembrando algunos árboles propios, el patrón intentaba impedirlo. A esa disputa se sumó otra: la de los colonos que habían ocupado tierras aparentemente sin dueño y que, cuando el hacendado extendió sus títulos sobre ellas, se descubrieron intrusos en su propia labor.

El conflicto estalló antes de que llegaran los organizadores. Los partidos de izquierda —el Partido Socialista Revolucionario primero, luego el Partido Comunista Colombiano y, en su momento, la Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria de Jorge Eliécer Gaitán— no crearon las luchas agrarias del Tequendama: llegaron a un terreno ya fértil y comenzaron a canalizar. Los campesinos de Viotá formaron ligas, invadieron haciendas incultas, defendieron por la fuerza de las armas sus parcelas. En mayo de 1931, la prensa reportó una huelga de recolectores de café en Viotá de inspiración comunista. Testimonios posteriores hablan de una huelga que llegó a involucrar unos dieciocho mil recolectores en la región y que obtuvo dos conquistas concretas: los hacendados aceptaron pesar la cosecha en balanzas romanas —hasta entonces la medición favorecía descaradamente al patrón— y otorgaron un alza en el precio por arroba recogida.

Las diferencias organizativas entre PCC y UNIR importaron. El UNIR de Gaitán defendía los intereses de colonos y arrendatarios dentro del sistema legal, con memoriales y abogados. El PCC, en cambio, prevenía a sus afiliados contra el recurso a las autoridades nacionales y apostaba por la organización directa al margen de los cauces institucionales. En Viotá, esa segunda vía echó raíces más profundas: la desconfianza campesina hacia jueces y alcaldes controlados por hacendados era, después de dos generaciones bajo el régimen de estancia, cimiento sólido.

El Estado intentó responder. La Ley 74 de 1926 autorizó al gobierno comprar fincas de más de 500 hectáreas para parcelarlas en lotes no mayores a 50; entre 1928 y 1936 se repartieron algunas haciendas cafeteras, vendiéndolas a sus aparceros. La sentencia de la Corte Suprema de Justicia de 1926, reiterada en 1934, endureció el terreno legal para los hacendados al exigir, en los litigios de propiedad, títulos que se remontaran a concesión de la Corona o de la República —lo que puso en aprietos a más de un latifundio construido sobre baldíos apropiados.

El punto culminante de esa política reformista fue la Ley 200 de 1936, del gobierno de Alfonso López Pumarejo. En su artículo sexto fijó un plazo de diez años para que los grandes propietarios explotaran sus predios so pena de extinción del dominio; estableció trabas al lanzamiento de colonos ocupantes; prometió, en teoría, seguridad jurídica para ambos lados. En la práctica, sus efectos fueron ambivalentes y en varios sentidos contraproducentes. La ley subsanó problemas de títulos a los terratenientes, les dio una década para reconvertir sus haciendas al trabajo asalariado, y así impulsó la transformación capitalista del campo por encima de la distribución efectiva de tierras. Los propietarios locales, que ejercían el poder político a través de gobiernos municipales, policías y jueces de distrito, pudieron burlar la ley, ofrecer interpretaciones distintas de sus disposiciones y dejar en la práctica intactos los latifundios. Los arrendatarios, sospechosos de convertirse mañana en colonos con derechos, empezaron a ser reemplazados por jornaleros. La ley que prometía resolver el conflicto lo agudizó.

Viotá roja (1933-1948)

Sobre ese fondo estructural se levantó, sin ruido y con constancia, la implantación comunista. Víctor J. Merchán fue elegido concejal de Viotá en 1933: el primer concejal comunista de Colombia. La cifra es exacta y el título merece pausa. En un país donde los partidos tradicionales controlaban hasta el último cabildo, un comunista con banca municipal era una anomalía; que la anomalía se produjera precisamente en el municipio cafetero de haciendas más típico de Cundinamarca no era casualidad. Los conflictos entre arrendatarios y patronos, las huelgas de recolectores, las ligas, la desconfianza hacia jueces y alcaldes locales habían producido un electorado dispuesto a votar por afuera del bipartidismo.

Merchán tuvo conflictos con los demás miembros del cabildo, como era previsible, pero con el tiempo su influencia creció. En las décadas siguientes llegó a ejercer una posición dominante en los asuntos del municipio; un informe de inteligencia estadounidense de 1959 lo describiría, con exageración pero no sin razón, como el hombre que prácticamente gobernaba Viotá. La condición del municipio como primer bastión de mayoría comunista en Colombia se consolidó a lo largo de los años treinta y cuarenta: no fue un episodio electoral aislado, sino la construcción paciente de una hegemonía local sostenida por concejales, dirigentes sindicales, ligas y una cultura política que se transmitía en la vereda, en el molino de panela y en el atrio.

Los antecedentes venían de más atrás. Los socialistas revolucionarios de los años veinte —el PSR, precursor del comunismo colombiano en el que actuaron figuras como María Cano e Ignacio Torres Giraldo— habían activado la zona antes de que el PCC existiera como tal. Después, los organizadores comunistas impulsaron a los trabajadores a invadir haciendas incultas y a defenderse con armas cuando fuera necesario. La zona de influencia se estabilizó y resistió las presiones del gobierno durante un período largo.

Los tres enclaves: Viotá durante La Violencia (1948-1958)

Cuando el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, el 9 de abril de 1948, precipitó el país a la guerra bipartidista que llamamos La Violencia, Viotá ya llevaba quince años bajo hegemonía comunista local. La respuesta del PCC al desastre no fue reactiva: fue una política deliberada de autodefensa. Cerca de dos semanas después de que se hizo evidente que Laureano Gómez ganaría las elecciones presidenciales de 1949 —caracterizando al conservatismo como "bandidos falangistas"—, el partido anunció formalmente la línea de Autodefensa de Masas.

Bajo esa política se establecieron tres enclaves de autodefensa comunista armada. El primero fue Viotá y el resto del Tequendama. El segundo, la región del Sumapaz al sur de Cundinamarca, encabezado por Juan de la Cruz Varela, líder agrario de estirpe gaitanista. El tercero, el sur del Tolima, donde el mando lo tuvo Jacobo Prías Alape, alias "Charronegro". Los tres compartían raíz —el conflicto agrario cafetero previo, la organización sindical, la orientación del PCC— pero eran distinguibles: no solo por sus experiencias históricas particulares sino por el papel específico que el partido les asignó en la estrategia general de resistencia.

Viotá se convirtió, durante esos años, en algo más que un enclave: en punto nodal de refugio para exiliados políticos y para aprendices de guerrilla que llegaban desde otras regiones a "estudiar la técnica" de las autodefensas comunistas. El intelectual José Gutiérrez Rodríguez, entonces joven militante, recordaría sus primeras visitas al municipio como una entrada en "el reino de la camaradería en todo su esplendor", un tiempo cargado de intensidad emocional. Su descripción, hecha años después desde una distancia crítica, evitó tanto la propaganda como la caricatura: reconoció la crueldad de algunos actos rebeldes e insistió en que ni la fortaleza guerrillera ni la debilidad del Estado invitaban al optimismo. Viotá era laboratorio, sí, pero con las durezas de todo laboratorio en guerra.

Las provincias vecinas —Tequendama, Rionegro, Sumapaz— fueron zonas donde La Violencia expresó un ánimo revanchista de terratenientes contra campesinos colonos. Fueron las zonas cafeteras donde la violencia fue más cruda y los desplazamientos más intensos. La guerra bipartidista y el conflicto agrario se superpusieron hasta ser indistinguibles: matar comunistas era, para las policías municipales conservadoras, también recuperar haciendas.

La amnistía ofrecida por Gustavo Rojas Pinilla en junio de 1953 puso a prueba la coherencia interna del campo insurgente. Muchos dirigentes de las guerrillas liberales de los Llanos y de otras regiones se dejaron atraer por la euforia de los primeros meses del gobierno militar y aceptaron los indultos. Los grupos más cercanos al PCC actuaron distinto. Juan de la Cruz Varela, en el Sumapaz, protagonizó a fines de octubre de 1953 lo que se conoció como la "tregua": una entrega calibrada en la que cedió hombres pero guardó las armas, previniendo la reacción latifundista. Otras crónicas la describen como una entrega simbólica. En cualquier caso no fue una desmovilización real. Los enclaves del Tequendama, el Sumapaz y el sur del Tolima conservaron sus estructuras armadas.

La Asamblea Nacional Constituyente ilegalizó el Partido Comunista en septiembre de 1954, en pleno contexto de Guerra Fría. La medida se aplicó, en la práctica, a toda tendencia de izquierda y a movimientos populares más amplios. Lejos de desactivar los enclaves, los empujó a cerrar filas. En 1955, la guerra de Villarrica y la política de "tierra arrasada" del régimen militar volcaron todavía más campesinos hacia las autodefensas del oriente tolimense y del sur cundinamarqués. En el sur del Tolima, la disputa se complicó por dentro: guerrillas liberales, llamadas "limpios", y comunistas, llamados "comunes", pelearon por el dominio territorial de la región, en un enfrentamiento que continuaría hasta la atenuación general de la violencia con el Frente Nacional.

El informe confidencial

El 18 de mayo de 1959, la Embajada estadounidense en Bogotá produjo un documento clasificado como "Confidential" titulado "Communist enclaves in Colombia". Su contenido, hoy desclasificado en el archivo Colombia and the United States: Political Violence, Narcotics and Human Rights, 1948-2010 del National Security Archive, ofrece una fotografía externa del enclave viotuno en ese momento.

El documento describe a Viotá como una especie de estado socialista, con comunistas en posición dominante. Identifica a Víctor Merchán como el dirigente que prácticamente gobierna los asuntos de la comunidad. Distingue a Juan de la Cruz Varela como líder militar de las guerrillas del Sumapaz durante la administración Rojas. Registra que colombianos prominentes, dentro y fuera del gobierno, estaban alarmados por la existencia de la comunidad y por sus intentos de expansión hacia zonas aledañas. Consigna, finalmente, que el presidente Alberto Lleras Camargo —primer mandatario del Frente Nacional— había movilizado tropas a la región para prevenir invasiones a terrenos cercanos, bloqueando así la expansión territorial del enclave.

El informe es, a la vez, una fuente y un síntoma. Muestra cómo Viotá había pasado a formar parte del mapa mental de la Guerra Fría en América Latina, categorizado por analistas de Washington al lado de otros focos de conflicto continental. Y muestra también que el Estado colombiano del Frente Nacional, tras la caída de Rojas Pinilla en 1957, entendió pronto que la coexistencia con los enclaves comunistas era incompatible con su propio proyecto de pacificación bipartidista.

Del enclave a la guerrilla: la línea con las FARC

La cadena histórica que conduce de Viotá a las FARC de 1964 no es una línea recta, pero tampoco un salto en el vacío. El comunismo agrario colombiano se afianzó sobre dos escenarios —Tequendama y Sumapaz en Cundinamarca, y el sur del Tolima— que con posterioridad fueron claves en la emergencia guerrillera de los años sesenta. La secuencia enlaza las gestas políticas de Gaitán en los cuarenta, las autodefensas campesinas apoyadas por el PCC durante La Violencia con raíces en los conflictos agrarios previos, y la persecución al campesinado comunista en los años sesenta que precipitó, en 1964, la fundación formal de la nueva guerrilla.

El vínculo más directo pasa por el Sumapaz. Desde allí, y desde su influencia en municipios como Yacopí, los núcleos armados posibilitaron la conformación de frentes de las FARC y su expansión al occidente cundinamarqués. El papel específico del enclave del Tequendama en la fundación de las FARC es menos rectilíneo que el del Sumapaz o el del sur del Tolima —donde Charronegro y Manuel Marulanda operaban directamente—, pero Viotá fue durante quince años el laboratorio donde se ensayó la técnica de la autodefensa, la escuela a la que iban a aprender los cuadros de otras regiones. Sin la experiencia acumulada del Tequendama, la resistencia comunista del sur del Tolima no habría contado con el mismo repertorio organizativo.

Cómo se hizo Viotá roja

Conviene, para cerrar, nombrar sin adornos las causas de la excepción. Otras zonas cafeteras del país —Antioquia, Caldas, buena parte del Tolima, el norte del Valle— tuvieron café, hacendados, tensiones. Ninguna produjo un enclave comunista municipal comparable. ¿Por qué Viotá?

El primer factor es estructural. El régimen de arrendamiento con prohibición de sembrar café, prohibición de comerciarlo, obligaciones extraeconómicas y estatus degradado frente al jornalero libre alcanzó en el Tequendama una densidad y una duración que ninguna otra región combinó con igual intensidad. En Antioquia y Caldas, la colonización de tierras nuevas produjo una estructura de pequeña y mediana propiedad —el paisaje del minifundio cafetero— que no generó el mismo tipo de conflicto crónico. En Viotá, en cambio, la hacienda extensa cerró desde temprano la puerta al ascenso campesino, y esa clausura se prolongó durante dos generaciones.

El segundo factor es histórico-cultural. La Guerra de los Mil Días había dejado en la región una memoria de armas, de resistencia contra el gobierno, de organización militar local: la "nodriza de la Revolución" no olvidó lo que había sido. La economía informal de panela y chicha había cultivado, mientras tanto, una destreza colectiva para evadir la autoridad y una solidaridad horizontal entre familias arrendatarias. Cuando el PSR y luego el PCC llegaron con su vocabulario, encontraron una gramática ya escrita.

El tercer factor es contingente. Víctor Merchán y otros dirigentes locales sostuvieron durante décadas una hegemonía política que exigía trabajo cotidiano, no solo condiciones objetivas. La decisión del PCC de no desmovilizarse en 1953 ante la amnistía de Rojas Pinilla —cuando muchas guerrillas liberales sí lo hicieron— preservó el enclave en su momento más frágil. Sin la estructura, los agentes no habrían encontrado terreno. Sin los agentes y sus decisiones, la estructura no habría producido por sí sola "Viotá roja". El municipio es lo que es porque las dos capas coincidieron y se sostuvieron mutuamente durante medio siglo.

Huella

Viotá quedó en la historiografía como caso de estudio. Michael Jiménez lo abordó en un artículo célebre sobre la situación agraria del municipio entre 1900 y 1930, publicado en Hispanic American Historical Review en 1989. Marco Palacios lo integró a su análisis general de la propiedad agraria en Cundinamarca. Charles Bergquist lo trabajó en su estudio comparativo sobre el café y el conflicto en Colombia. El propio Víctor Merchán publicó, en la revista Estudios Marxistas en 1975, un texto titulado "Datos para la historia social, económica y del movimiento agrario de Viotá", que se convirtió en fuente primaria para investigadores posteriores.

Sobre esa base académica se construyó el mito. Para la izquierda colombiana, Viotá fue durante décadas un lugar sagrado: la prueba de que el comunismo agrario había echado raíces reales en el campo cundinamarqués, la memoria material de la autodefensa. Para sus adversarios, fue el "estado socialista" del informe estadounidense de 1959, el precedente amenazante que había que desactivar. La memoria, como siempre en Colombia, no es una sola.

Lo que Viotá dejó excede a las lecturas partidarias. Dejó la evidencia de que las haciendas cafeteras de tierra fría produjeron, por sus propias contradicciones, la organización campesina más avanzada del país en el siglo XX. Dejó la línea que conecta la Guerra de los Mil Días con las FARC pasando por la Ley 200 y por Rojas Pinilla, con un hilo de continuidad que ningún relato optimista de modernización agraria puede borrar. Dejó, sobre todo, la lección incómoda de que las luchas por la tierra en Colombia no son un accidente pasajero de tal o cual coyuntura, sino un pliegue estructural del país cafetero. En el pequeño municipio de Cundinamarca, entre el río Calandaima y las estribaciones de la cordillera, ese pliegue se hizo visible más pronto y más nítido que en cualquier otro lugar. Por eso Viotá pesa.