Villarrica

El municipio y su lugar

Villarrica se levanta en el oriente del Tolima, en la franja donde el departamento colinda con el sur de Cundinamarca y donde la cordillera desciende hacia el valle del Magdalena. Es tierra de frontera geográfica y también social: su territorio articula el piedemonte tolimense con la región del Sumapaz, ese macizo de páramos y filos que corona la Cordillera Oriental y que durante todo el siglo XX funcionó como refugio, corredor y bastión de la organización campesina. Vecino de Cunday e Icononzo, comunicado con Cabrera por caminos de herradura que trepan hacia el páramo, y con Ibagué y Bogotá por vías que en los años cincuenta eran precarias, el municipio combinó desde su formación la vocación cafetera del sur del Tolima con la ganadería de ladera y la agricultura de subsistencia de sus veredas altas.

Esa posición liminar explica buena parte de lo que le ocurrió. Villarrica no fue nunca un pueblo aislado: pertenecía a un continuo agrario que se extendía sin solución de continuidad hacia el Alto Sumapaz por el norte, hacia Chaparral y Rioblanco por el sur del Tolima, y hacia las tierras bajas del oriente por sus filos orientales. Cuando la violencia lo alcanzó, esa continuidad se volvió simultáneamente su condena —porque lo convirtió en objetivo estratégico— y su salida, porque permitió que miles de familias escaparan por las mismas trochas que durante décadas habían usado para arriar mulas y bajar cosechas.

Los orígenes: colonización cafetera y disputa por la tierra

El poblamiento moderno de Villarrica se inscribe en el gran proceso de colonización campesina que reconfiguró el sur y el oriente del Tolima desde finales del siglo XIX y durante el primer tercio del XX. La expansión cafetera, motor demográfico de esa región, empujó a colonos hacia laderas antes despobladas o disputadas, y encendió los conflictos característicos del modelo: choques entre quienes tumbaban monte y sembraban por primera vez, terratenientes con títulos coloniales o republicanos que reclamaban esas tierras, y comunidades indígenas desplazadas hacia los márgenes. La estructura agraria que Villarrica heredó a mediados del siglo XX no era pacífica: era el sedimento de tres décadas de pleitos sobre linderos, arrendamientos, obligaciones de trabajo y desalojos.

Sobre ese sustrato se montó, desde los años treinta, una tradición de organización agraria que marcaría la historia del municipio. La figura tutelar de esos primeros años fue Erasmo Valencia, líder que articuló las luchas de arrendatarios y colonos en el Sumapaz y sus alrededores, tejiendo un movimiento que reivindicaba la propiedad de la tierra para quienes la trabajaban. Villarrica, por su continuidad geográfica con el corazón agrario del Sumapaz, entró tempranamente en esa órbita. La política agraria del primer gobierno de Alfonso López Pumarejo y la Ley 200 de 1936 dieron marco jurídico —a veces favorable, a veces frustrante— a esas disputas, pero no las resolvieron: al terminar la década de los cuarenta, la cuestión de la tierra en el oriente del Tolima seguía abierta, con las mismas fracturas que la habían fundado.

Al comenzar los años cincuenta, la conducción política y agraria de la región pasó a Juan de la Cruz Varela, discípulo y heredero de la tradición valenciana, quien ejerció una influencia decisiva sobre Villarrica y todo el Sumapaz. Varela combinó dos capacidades poco frecuentes: dirigir un movimiento agrario de masas con arraigo veredal y comandar, cuando fue necesario, estructuras armadas. Esa doble cualidad —dirigente civil y jefe guerrillero— resultó determinante en los años siguientes.

El giro armado: autodefensa comunista y víspera de la guerra

La violencia política que se desató en Colombia tras 1946, y sobre todo tras el 9 de abril de 1948, alcanzó al oriente del Tolima con la lógica del asalto conservador contra pueblos y veredas de mayoría liberal. La respuesta llegó en dos registros paralelos. Las guerrillas liberales del sur del Tolima —los llamados "limpios", encabezados por familias como los Loaiza y los García— tomaron las armas bajo bandera partidaria. El Partido Comunista Colombiano, ante la evidencia de que Laureano Gómez ganaría las elecciones de 1949, formuló apenas dos semanas antes de ese desenlace una política de Autodefensa de Masas: enclaves organizados donde la comunidad campesina, en lugar de dispersarse, se defendería armada y con estructura propia. Los tres puntos elegidos fueron Viotá, la región del Sumapaz y el extremo sur del Tolima.

Villarrica quedó dentro del segundo enclave, bajo la conducción política de Juan de la Cruz Varela; el enclave del sur del Tolima, más adentro, estaba en manos de Jacobo Prías Alape, alias Charro Negro. Esta geografía de la autodefensa comunista es indispensable para entender lo que vino: no se trataba de partidas dispersas, sino de un tejido territorial con mandos identificables, disciplina interna y vínculos orgánicos con el PCC dirigido nacionalmente por Gilberto Vieira.

El golpe militar de Rojas Pinilla en junio de 1953 y la amnistía subsiguiente ofrecieron a las guerrillas una salida negociada. Muchas guerrillas liberales del sur del Tolima aceptaron el llamado, entregaron armas y algunas incluso terminaron colaborando con el Ejército contra sus antiguos vecinos. La decisión comunista fue distinta y más sutil. El PCC lanzó la consigna de transformar las guerrillas en movimientos de autodefensa campesina sin desmovilización real y sin entrega de armas al gobierno, con dos corrientes internas debatiéndose entre un giro clandestino y armado y una línea mayoritaria que buscaba ganar tiempo convirtiendo la guerrilla en movimiento de masas. Juan de la Cruz Varela hizo, el 31 de octubre de 1953, un gesto políticamente calculado: entregó hombres —mil doscientos, según la prensa de la época— para descomprimir la presión militar, pero mantuvo el control efectivo sobre el Sumapaz y guardó parte de las armas ante el temor de una reacción latifundista. Charro Negro y un joven combatiente llamado Pedro Antonio Marín, que en los años siguientes sería universalmente conocido como Manuel Marulanda Vélez o Tirofijo, se replegaron hacia el sur del Tolima.

En los seis meses posteriores a la amnistía, la promesa se deshizo. Los campesinos desmovilizados que regresaron a sus parcelas las encontraron ocupadas o vendidas. Los programas de rehabilitación —la Oficina de Rehabilitación y Socorro, el Instituto de Colonización e Inmigración— nunca arrancaron con capacidad real. Para el campesinado del Sumapaz y de Villarrica, la paz debía significar el reconocimiento como ocupantes legítimos de las tierras por las que habían combatido; para los terratenientes, aceptar ese statu quo equivalía a legalizar un resultado inaceptable. La contradicción quedó abierta y sin árbitro.

En septiembre de 1954, el Acto Legislativo Nº 6, aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente, prohibió la actividad política del comunismo internacional en Colombia. El decreto reglamentario estableció penas de uno a cinco años en Colonia Agrícola Penal, interdicción de derechos e inhabilidad para ejercer como dirigente sindical. La medida se enmarcaba en la lógica global de la Guerra Fría y respondía al alineamiento anticomunista del momento. En Villarrica, los delegados del PCC se resistieron a la proscripción y continuaron actuando en la clandestinidad o bajo el nombre del Frente Democrático de Liberación Nacional. La ilegalización, lejos de dispersar los grupos armados del Sumapaz, el Tequendama, el sur del Tolima y el norte del Cauca, los fortaleció y profundizó la división entre las guerrillas liberales que colaboraban con el gobierno militar y las autodefensas comunistas que conservaban su estructura.

La Guerra de Villarrica, 1955

A comienzos de 1955, el gobierno de Rojas Pinilla lanzó la ofensiva. Villarrica y varios municipios del oriente tolimense fueron declarados "zona de operaciones militares" —o, en el vocabulario de la época, "zona roja"—, y sobre ellos cayó una operación cuya escala no tenía precedente en el conflicto agrario colombiano. Cuatro mil soldados, apoyados por artillería y más de cincuenta aviones, entraron en el territorio con órdenes que en la práctica equivalían a una política de tierra arrasada: bombardeos y ametrallamientos sistemáticos sobre veredas, quema de casas, destrucción de cultivos y ganado.

La resistencia campesina, apoyada en el mando político de Juan de la Cruz Varela y en cuadros militares curtidos desde la violencia conservadora, sostuvo combates durante meses en proporciones profundamente desiguales: uno contra cien, diez contra quinientos, trescientos contra nueve mil. Los territorios de Galilea, en las alturas del municipio, se convirtieron entre junio y octubre de 1955 en escenario de las pérdidas humanas y materiales más agudas: los aviones ametrallaron y bombardearon con proyectiles convencionales y con bombas incendiarias —las llamadas bombas N— a columnas de familias en desplazamiento, con víctimas documentadas entre ancianos, niños y mujeres.

El operativo no logró, sin embargo, sofocar la resistencia en el terreno. Los combatientes campesinos conocían filos, cañadas y trochas que los soldados de conscripción, provenientes de otras regiones del país, no podían dominar. Lo que sí produjo la ofensiva fue el vaciamiento humano del municipio: más de cinco mil personas fueron empujadas fuera de sus veredas. Villarrica dejó de ser, en pocos meses, la comunidad agraria que había sido durante medio siglo.

La escala del desarraigo se lee en las cifras departamentales. Entre 1949 y 1957, La Violencia dejó en el Tolima 16.219 muertos —cálculo que no incluye a los caídos en combate con las fuerzas regulares, ni a las víctimas de masacres cuyos cuerpos fueron abandonados sin registro, ni las bajas militares—; 321.621 personas, equivalentes al 42,6% de la población departamental, sufrieron desplazamiento forzado permanente o transitorio; y 40.176 propiedades, el 42,82% del total, pertenecientes a 32.400 propietarios, fueron abandonadas. De esas propiedades, el 46% se perdió entre 1955 y 1956, concentración cronológica que coincide con la ofensiva sobre Villarrica y su onda expansiva sobre municipios vecinos. Que casi la mitad del despojo agrario tolimense del período completo se produjera en el bienio de la Guerra de Villarrica revela algo que las cifras del Ejército no dicen: la operación militar fue, medida por sus efectos sobre la propiedad rural, la campaña antiagraria más destructiva del país en el siglo XX.

Las columnas de marcha y el éxodo hacia el oriente

Frente al cerco militar, los grupos de autodefensa se reorganizaron y ejecutaron una operación que la memoria posterior conocería como las Columnas de Marcha: caravanas de combatientes y familias campesinas que, avanzando por trochas de cordillera, evacuaron a la población civil hacia el Alto Sumapaz, el Duda, El Pato, el Guayabero y las zonas aledañas a los ríos Ariari y Guayabero, en el piedemonte del Meta. La marcha se hizo bajo bombardeo aéreo y con pérdidas graves, pero cumplió tres funciones simultáneas: salvar vidas, preservar la estructura política y armada, y colonizar territorios de frontera agraria donde el Estado apenas tenía presencia.

Ese último efecto fue decisivo para lo que vino. Las columnas de marcha —provenientes principalmente de Huila, Cundinamarca y Tolima, e integradas por núcleos de campesinos comunistas y también por liberales que huían de la violencia— sembraron en el Ariari, en el Duda y en el Guayabero comunidades nuevas que combinaban desde su fundación tres rasgos: eran productos del despojo, estaban organizadas alrededor de estructuras armadas de autodefensa, y mantenían vínculos orgánicos —de mando, de comunicación, de doctrina— con el Partido Comunista. La colonización armada del piedemonte llanero en la segunda mitad de los cincuenta no fue un fenómeno espontáneo: fue la prolongación territorial de Villarrica.

Al mismo tiempo, en el sur del Tolima, un grupo de treinta —veintiséis hombres y cuatro mujeres— comandado por Marulanda y Charro Negro se asentó en las regiones de Gaitania y San Miguel, abrió trochas, sembró café y estableció enlaces con Cauca, Huila, Caldas y Valle. De ese asentamiento nacería el conjunto de comunidades armadas de colonización —Marquetalia, Riochiquito, El Pato, Guayabero— que la historia posterior conocería como las "repúblicas independientes", expresión acuñada en 1961 por el senador conservador Álvaro Gómez Hurtado para denunciar en el Congreso lo que consideraba enclaves fuera del control estatal.

La red: personas, lugares e ideas entretejidas

Villarrica no se explica por un solo actor sino por una constelación. En su centro está Juan de la Cruz Varela, dirigente agrario que combinó la herencia de Erasmo Valencia con la disciplina del PCC y que, desde el Sumapaz, ejerció durante décadas una hegemonía política que sobrevivió incluso a la desmovilización nominal de 1953. Tras la amnistía, Varela y los cuadros comunistas del Sumapaz consolidaron el Movimiento Agrario, plataforma que ganaría representación en los concejos municipales de Fusagasugá, Pasca, Pandi e Icononzo, mostrando que la actividad política legal siguió siendo, en paralelo a la autodefensa, un instrumento vivo del movimiento.

En la periferia inmediata de Varela aparecen los cuadros del sur del Tolima que darían continuidad histórica al ciclo. Jacobo Prías Alape, Charro Negro, jefe del enclave comunista tolimense, sería asesinado en 1960 en un episodio que empujó a Marulanda hacia el liderazgo definitivo. Manuel Marulanda Vélez —Pedro Antonio Marín, Tirofijo— pasó de combatiente juvenil a comandante histórico, arraigado en la colonización armada del sur del Tolima. Isauro Yosa, cuadro del PCC formado en el mismo entorno, y más tarde Ciro Trujillo Castaño y el ideólogo Jacobo Arenas, completarían la nómina fundadora del Bloque Sur y, en 1966, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

Del lado del poder estatal, la figura articuladora es Gustavo Rojas Pinilla, cuya dictadura militar (1953-1957) combinó la promesa amnistiadora con la represión de tierra arrasada. Su gobierno consiguió, en septiembre de 1954, la ilegalización constitucional del comunismo, y en 1955 desató sobre Villarrica la ofensiva. Álvaro Gómez Hurtado y el bloque conservador aportaron desde el Congreso, ya en los años sesenta, la matriz discursiva —las "repúblicas independientes"— que legitimaría la operación militar sobre Marquetalia en 1964.

Los lugares tejen la red tanto como las personas. El Páramo de Sumapaz, techo de agua y refugio de altura; Cabrera, en Cundinamarca, prolongación cundinamarquesa del enclave agrario; Cunday e Icononzo, vecinos inmediatos que compartieron la declaratoria de zona roja; Ibagué, capital departamental desde la cual se administró la represión; Bogotá, sede del gobierno que decidió la ofensiva; y en el horizonte oriental, el Ariari, el Guayabero, El Pato, la Sierra de la Macarena: los destinos del éxodo, los territorios de la segunda vida del movimiento.

La idea que atraviesa la red es la de autodefensa: un modelo político-militar según el cual la comunidad campesina, organizada por el PCC, no delega su seguridad ni entrega su capacidad armada, sino que sostiene enclaves territoriales donde la estructura civil, económica y militar es una sola. Entre 1949 y 1964, esa doctrina siguió un ciclo de autodefensa, guerrilla móvil, autodefensa, guerrilla móvil, en sincronía con los vaivenes políticos nacionales. Villarrica fue el episodio en que ese modelo entró en colisión frontal con el Estado.

Después de la guerra: entre la reconstrucción y la memoria del despojo

Cuando la ofensiva de 1955 amainó y el municipio comenzó a repoblarse, Villarrica ya no era el mismo lugar. Las veredas altas habían sido devastadas, buena parte de sus habitantes originarios había muerto o migrado, y las estructuras de propiedad se habían reconfigurado en el mismo movimiento que despobló al departamento en un 42% durante el bienio. La caída de Rojas Pinilla en mayo de 1957 y la instalación del Frente Nacional en 1958 introdujeron políticas de rehabilitación algo más consistentes que las de 1953, pero no revirtieron el despojo de fondo: los muertos no volvieron y muchas de las familias desplazadas se establecieron definitivamente en las nuevas fronteras agrarias.

La huella más honda que dejó la Guerra de Villarrica no fue, sin embargo, la del vaciamiento demográfico, sino la de la continuidad organizativa. La ofensiva no apaciguó los movimientos de autodefensa ni restauró el orden en el Tolima: los expandió. Los mismos cuadros, los mismos vínculos partidarios, las mismas prácticas de organización comunitaria que habían resistido en Villarrica reaparecieron en Marquetalia, en Riochiquito, en El Pato, en el Guayabero. Cuando en mayo de 1964 el gobierno de Guillermo León Valencia lanzó sobre Marquetalia una operación militar concebida para destruir lo que Álvaro Gómez había llamado las repúblicas independientes, los combatientes que respondieron eran, en buena parte, los sobrevivientes o los hijos de los sobrevivientes de Villarrica.

De esa segunda ofensiva nació el Bloque Sur, que en 1966, en la II Conferencia Guerrillera celebrada en El Pato, adoptó el nombre de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Contaban entonces con unos trescientos cincuenta insurgentes, con Marulanda como líder histórico, Ciro Trujillo como primer lugarteniente y Jacobo Arenas como cuadro ideológico. Las FARC construirían su relato fundacional sobre el mito de Marquetalia —una organización campesina agredida por el Estado, no una guerrilla ofensiva—, pero el linaje real de esa comunidad se remontaba a los caminos que salieron de Villarrica una década antes.

En Cundinamarca, la zona de autodefensa del Sumapaz y el apoyo del movimiento agrario en municipios como Yacopí permitirían, en la misma década de los sesenta, la conformación de frentes farianos en el occidente del departamento, mostrando la continuidad territorial entre los enclaves de los cincuenta y la expansión posterior de la guerrilla. La línea que va del Sumapaz de Varela al piedemonte llanero, y de ahí a las FARC de los años setenta, pasa toda por Villarrica.

Memoria y disputa historiográfica

Villarrica ocupa un lugar peculiar en la memoria histórica colombiana: es un episodio a la vez central y opaco. Central porque casi todas las historias del origen de las FARC y de la transición de La Violencia bipartidista al conflicto contemporáneo pasan por él; opaco porque durante décadas la operación militar de 1955 no tuvo, en la memoria pública nacional, la visibilidad que su escala hubiera exigido. El municipio quedó fuera del canon de los grandes lugares de la violencia —Gaitán en Bogotá, el Bogotazo, los asesinatos de dirigentes— y su tragedia fue asimilada, sin nombre propio, dentro del gran flujo del período.

El primer corpus documental serio sobre los hechos apareció en 1962 con la publicación de La Violencia en Colombia, de Germán Guzmán Campos, Orlando Fals Borda y Eduardo Umaña Luna, obra que registró episodios del oriente tolimense y de la ofensiva de 1955 y que fue citada por casi toda la reconstrucción posterior. El periódico La Época, portavoz de las posiciones cercanas a la resistencia, dejó documentación de época sobre los bombardeos, la marcha de Galilea y los relatos de los sobrevivientes. Décadas más tarde, la Comisión de la Verdad recuperó testimonios de campesinos de la región y devolvió al episodio parte del peso público que la historiografía había tardado en concederle.

La lectura contemporánea del episodio se mueve entre dos tensiones que no siempre se resuelven. Una insiste en que Villarrica fue el resultado inevitable de una lógica organizativa comunista que, al negarse a entregar las armas y mantener enclaves territoriales bajo mando del PCC, hizo colisión inevitable con un Estado que, en plena Guerra Fría y con el partido ilegalizado desde 1954, no podía tolerar la existencia de zonas fuera de su control. La otra sostiene que la escala misma de la represión —la desproporción entre el objetivo militar declarado y el uso de bombardeos incendiarios contra columnas de civiles, la coincidencia entre la ofensiva y el vaciamiento del 46% de las propiedades tolimenses en dos años— revela un propósito que excedía el desarme de un grupo armado: la destrucción del sujeto agrario organizado que desde los años treinta reclamaba tierras que los terratenientes consideraban suyas.

Las dos lecturas contienen verdad. La estructura armada comunista existía y era, para el gobierno de Rojas Pinilla, un problema real de soberanía territorial. Pero la respuesta estatal, medida por sus efectos, no fue la de una operación policial contra combatientes: fue la de una guerra antiagraria en la que la población civil no fue daño colateral sino objetivo. La resistencia campesina proveyó el pretexto; la Guerra Fría y los intereses terratenientes proveyeron la escala. En ese cruce entre una estructura agraria en disputa desde hacía tres décadas y una coyuntura político-militar que exigió elegir entre reforma y represión, Villarrica quedó atrapada.

Lo que queda

Hoy Villarrica es un municipio pequeño, mayoritariamente agrícola, con una economía de café, plátano, ganadería de ladera y frutales, y con la topografía característica del piedemonte oriental tolimense. Su vida cotidiana no está definida ya por la guerra, pero la guerra dejó sedimentos difíciles de leer sin conocer la historia larga: pautas de propiedad reconfiguradas por el desplazamiento, veredas altas menos pobladas que hace un siglo, memorias familiares que atraviesan generaciones, apellidos que hoy están en el Meta o en Cundinamarca porque en 1955 sus abuelos caminaron con las columnas.

La huella de Villarrica sobre la historia nacional es, sin embargo, desproporcionadamente mayor que su tamaño. En sus filos se ensayó por primera vez en Colombia una campaña militar aérea sostenida contra población campesina propia. Desde sus veredas partieron las corrientes migratorias que colonizaron el piedemonte llanero y sembraron allí las comunidades de las que nacieron las FARC. En su mando político —Juan de la Cruz Varela— se articuló el vínculo entre la tradición agraria del Sumapaz de los años treinta y la insurgencia contemporánea. Y en su relato quedó fijado un principio que la historia colombiana ha confirmado muchas veces: la violencia sobre el campesinado no dispersa el conflicto agrario, lo territorializa en nuevas geografías y lo hereda a las generaciones siguientes.

De ese punto exacto —un municipio del oriente del Tolima, cinco meses de 1955, cuatro mil soldados y más de cincuenta aviones contra veredas de colonos— arranca, más que de ningún otro, el hilo largo que conecta La Violencia bipartidista con el conflicto armado que Colombia todavía procesa. Villarrica es, en ese sentido, uno de los nombres verdaderos del siglo XX colombiano.