Dictadura militar

La dictadura militar en Colombia (1953-1958)

La dictadura militar es, en la historia política colombiana del siglo XX, un episodio único y anómalo: el gobierno del teniente general Gustavo Rojas Pinilla entre el 13 de junio de 1953 y el 10 de mayo de 1957, prolongado por la Junta Militar de transición que gobernó hasta el 7 de agosto de 1958. En un continente donde los cuartelazos definieron la política del siglo, Colombia tuvo un solo gobierno castrense, y ni siquiera nació del cálculo autónomo de las Fuerzas Armadas: fue una salida negociada por las élites civiles para clausurar el régimen laureanista y ponerle techo a La Violencia bipartidista. Su ambigüedad constitutiva —dictadura instalada por civiles, populismo militar sostenido por una hija del general repartiendo mercados, caída pactada en un balneario español— resume el modo colombiano de hacer política incluso en su excepción autoritaria.

Qué fue y por qué pesa

Rojas Pinilla llegó al poder cuando La Violencia ya llevaba siete años consumiendo el país. El régimen laureanista se había vuelto insostenible por su propia lógica: proyecto constitucional corporativista, censura y quema de periódicos, ruptura total con el liberalismo, guerra sucia en los campos. La dictadura no fue impuesta contra las élites civiles sino con ellas, y por eso su naturaleza fue disputada desde el primer día. El propio Rojas la llamó golpe militar; sus aliados prefirieron "golpe de opinión", "golpe civil", incluso "providencial". Bajo esas etiquetas se libraba una discusión sobre quién mandaba en un país donde el Ejército, históricamente, había tenido papel político débil.

Su importancia excede sus cuatro años. La dictadura desmovilizó a más de diez mil guerrilleros liberales entre julio y septiembre de 1953, pero reprodujo la lógica contrainsurgente en Villarrica y Sumapaz dos años después, sembrando los desplazamientos que reorganizarían las autodefensas comunistas en El Duda, Ariari y El Pato: los futuros territorios de la insurgencia. Se legalizó mediante una Asamblea Nacional Constituyente convocada por Laureano Gómez. Ensayó un populismo de reparto de mercados y salarios reales al alza que quedaría inscrito en la memoria popular. Y su caída, sellada en el Pacto de Benidorm y consumada en el plebiscito de diciembre de 1957, dio origen al Frente Nacional, la arquitectura política que gobernaría Colombia hasta 1974 y que definió el resto del siglo. Comprender la dictadura militar es comprender la bisagra entre La Violencia y el orden bipartidista cerrado que la sucedió.

Los orígenes: el desgaste del régimen laureanista

Para entender el 13 de junio de 1953 hay que retroceder al menos hasta 1946, cuando el regreso de los conservadores al poder con Mariano Ospina Pérez inauguró un ciclo ininterrumpido de violencia. Ospina rompió la neutralidad militar al usar abiertamente al ejército y a la policía rural contra la oposición liberal. El asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, el 9 de abril de 1948, disparó una revuelta urbana que se apagó en las ciudades pero prendió los campos, donde La Violencia ya venía escalando. En 1949, Ospina decretó el estado de sitio, régimen de excepción que se mantendría durante toda la presidencia siguiente.

Laureano Gómez fue elegido en 1950 sin oposición: el liberalismo se abstuvo, dejando la elección sin adversario y consumando la ruptura total entre los dos partidos. Bajo su mando la violencia rural alcanzó su punto más alto. Crecieron las guerrillas liberales en los Llanos, el Tolima y otras regiones; se multiplicaron las masacres, la quema de pueblos, los desplazamientos. El 6 de septiembre de 1952, militantes conservadores y policías de civil asaltaron e incendiaron los edificios de El Tiempo y El Espectador en Bogotá, y las residencias de Carlos Lleras Restrepo y Alfonso López Pumarejo. El régimen ya no distinguía entre política y persecución.

En mayo de 1952 Gómez había creado una Comisión de Estudios Constitucionales para redactar una reforma de corte corporativista que suprimía la libertad de crítica y el derecho de oposición, y consideraba la prensa como servicio público. El constitucionalista Tulio Enrique Tascón lo calificó, sin eufemismos, de "proyecto de constitución totalitaria". La oposición de todos los partidos —incluidos sectores del conservatismo— fue notoria.

Enfermo, Gómez había dejado la presidencia en manos del designado Roberto Urdaneta Arbeláez. Cuando reasumió, intentó destituir a Rojas Pinilla del mando de las Fuerzas Armadas. Ese fue el detonante inmediato. Las contradicciones entre laureanistas y ospinistas se habían agudizado durante 1953, y el sector ospinista —la vieja burguesía cafetera conservadora— vio en Rojas la palanca para desalojar a Gómez sin entregar el poder al liberalismo ni al Ejército como institución. El golpe no fue una iniciativa autónoma de los cuarteles: fue instigado por una facción civil.

El 13 de junio: mecánica de un golpe pactado

El 13 de junio de 1953, Rojas Pinilla ejecutó el golpe. Depuso a Urdaneta —presidente encargado en ausencia de Gómez— con el respaldo del ospinismo, del liberalismo y de la fracción alzatista del conservatismo. El laureanismo, la fracción gobernante, quedó excluido: era, en rigor, la única facción que perdía. La coalición ospino-alzatista con concurso liberal controló el Estado desde el primer día, y hasta mediados de 1955 el régimen contaría además con el apoyo de la jerarquía eclesiástica.

La legitimación inicial fue rápida y de dos vías. En lo simbólico, Rojas ofreció un discurso pacificador cuya frase emblemática —"No más depredaciones, no más sangre"— condensaba el hartazgo nacional con el ciclo abierto en 1946. En lo jurídico, la Asamblea Nacional Constituyente convocada originalmente por Gómez fue reutilizada para legalizar al nuevo régimen: mediante el Acto Legislativo N.º 1 de 1953, reconoció como legítimo el título del teniente general para ejercer la presidencia por el resto del período constitucional en curso, y en instancias posteriores lo ratificó por cuatro años más. La Constituyente que Gómez había diseñado para blindar su proyecto corporativista terminó, por ironía cabal, sellando su desalojo.

Que la transición se hiciera con las mismas piezas del régimen anterior tuvo consecuencias inmediatas. Lucio Pabón Núñez, ministro de Guerra del gobierno depuesto, pasó al gabinete de Rojas como ministro de Gobierno. El aparato administrativo no cambió; cambió su cabeza. Y sobre todo, la autonomía del régimen frente a los intereses de la burguesía agroexportadora que lo había instalado nació relativizada.

La arquitectura institucional: la ANAC y los poderes de excepción

La Asamblea Nacional Constituyente, la ANAC, fue el instrumento jurídico central del régimen. Actuó de manera predominantemente subordinada al ejecutivo, aunque mantuvo en su seno una minoría opositora significativa. Por Acto Legislativo N.º 1 del 30 de julio de 1954, autorizó a Rojas a aumentar en cuarenta miembros su personal: treinta y ocho elegidos por él, dos por la Iglesia. La finalidad era transparente: fabricar la mayoría para la reelección.

Simultáneamente, la ANAC vació las instituciones electivas subnacionales. Reemplazó las asambleas departamentales y los concejos municipales de elección popular por consejos administrativos nombrados por el presidente. La representación política local, que en Colombia había sobrevivido incluso a los peores momentos de La Violencia, quedó suspendida.

En marzo de 1957, cuando el régimen ya se tambaleaba, la ANAC se autodisolvió y convocó una nueva Asamblea Constituyente de noventa miembros: un tercio nombrado por el presidente y los otros sesenta por juntas locales escogidas por la propia ANAC saliente. El mecanismo garantizaba que todos los delegados fueran afines. Era el intento tardío de blindar a Rojas contra la reunificación del bloque civil que ya le había retirado el apoyo. No funcionó.

Aun con ese aparato, el régimen mantuvo un rasgo excepcional en el contexto latinoamericano: durante los años de Rojas y de la Junta Militar bajaron ligeramente las asignaciones presupuestales a las Fuerzas Armadas, en contravía de la tendencia militarista de la época. Colombia tuvo dictadura sin militarización estructural del Estado.

La pacificación y su reverso: amnistía, Sumapaz, contrainsurgencia

El proyecto pacificador fue la principal fuente de legitimidad inicial del régimen. Entre julio y septiembre de 1953, más de diez mil guerrilleros aceptaron los términos de amnistía. Aviones de la fuerza aérea lanzaron panfletos sobre los bastiones guerrilleros de los Llanos, Antioquia y Tolima, anunciando la caída de Gómez y ofreciendo garantías. La respuesta fue masiva: la mayoría de los campesinos armados dejó las armas, algunos recibieron tierras a cambio, y el país conoció, por primera vez desde 1948, algo parecido a un respiro.

El respiro fue corto y desigual. Los pactos de amnistía se percibieron incumplidos: las tierras prometidas pasaron a otras manos sin garantías. Guerrillas vinculadas al Partido Comunista suspendieron acciones pero no entregaron las armas, conservando su estructura. En septiembre de 1954, el gobierno logró que la Asamblea Constituyente ilegalizara al Partido Comunista, decisión atravesada por los marcos internacionales de la Guerra Fría, que reforzó la determinación de los grupos comunistas de mantener sus estructuras armadas. El gobierno respondió nombrando gobernadores militares en departamentos como el Tolima para reiniciar persecuciones.

El punto de quiebre fue Sumapaz. El 4 de mayo de 1955, la región fue declarada Zona de Operaciones Militares. Al menos seis batallones —aproximadamente un tercio de la fuerza total del ejército— participaron en la operación, apoyados por aviación y bombardeos. Hubo un número indeterminado de muertos entre campesinos, mujeres y niños, y desplazamientos masivos hacia El Duda-Guayabero, Ariari y El Pato, donde se reorganizaron los grupos de autodefensa campesina de influencia comunista. El ataque sobre Sumapaz no fue tregua ni transición: fue otro capítulo de La Violencia. Erosionó el prestigio pacificador de Rojas y anticipó las coordenadas del conflicto armado que vendría. Bombardeos, zonas militares, desplazamientos y resistencia campesina organizada eran ya, en 1955, la sintaxis de una guerra distinta a la bipartidista.

El populismo militar: SENDAS, salarios reales y la "era del hombre común"

Sobre el flanco pacificador se montó otro proyecto, más ambicioso y más peligroso para las élites que lo habían instalado. Rojas empezó a hablar el idioma del pueblo. Su vocabulario populista —entrega de mercados, derechos para las mujeres, llamado a la solidaridad patriótica— buscaba construir una coalición del pueblo, el gobierno y las Fuerzas Armadas por fuera del bipartidismo tradicional. El modelo era explícito: Juan Perón en Argentina.

La pieza más visible fue el Secretariado Nacional de Asistencia Social, SENDAS, dirigido por María Eugenia Rojas de Moreno, hija del general. La organización repartió víveres, ropa, juguetes para niños pobres y ayuda a ancianos en los barrios tuguriales de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. La comparación con la Fundación Eva Perón era inevitable, y buscada. En una sociedad donde las clases populares urbanas no tenían representación institucional propia desde la muerte de Gaitán, SENDAS generó una adhesión real, que sobreviviría al régimen y explicaría en parte el éxito posterior de la Alianza Nacional Popular.

Los indicadores materiales acompañaron el discurso. Entre 1953 y 1956, los salarios reales crecieron a una de las tasas más rápidas del siglo XX colombiano. El gobierno diseñó programas de inversión en educación pública, vivienda popular, centros de salud y construcción de caminos en áreas atrasadas. Es lo que Rojas llamó "la era del hombre común": el intento de vincular los intereses de las clases populares y del ejército, abriendo oportunidades para la mayoría desprivilegiada.

El paso más provocador fue la creación de una federación laboral propia del gobierno, diseñada para competir con las federaciones dirigidas por la Iglesia Católica y por el Partido Liberal. Ahí se cruzó la línea. Un régimen militar podía repartir mercados y bombardear Sumapaz sin perder a sus patrocinadores civiles; construir organización sindical autónoma era otra cosa. La identificación de Rojas con el peronismo, aunque tibia y tardía —hacia fines de 1954—, fue mal recibida por el palacio cardenalicio, la prensa estadounidense y los organismos multilaterales de crédito. El giro hacia fuerzas populares y sindicales precipitó la reunificación del bloque de poder tradicional en su contra: ospinistas, alzatistas, liberales y, tardíamente, laureanistas volvieron a hablarse por encima de la figura del general.

Rojas leyó bien lo que ocurría. Sabía que necesitaba una base política propia, independiente de los dos partidos, y su gobierno apuntó cada vez más hacia la conformación de lo que sería la ANAPO —aunque el partido como tal se organizaría después de su derrocamiento. Fue ese proyecto autónomo, más que la dictadura misma, lo que sus patrocinadores no le perdonaron.

Junio de 1954: matanza estudiantil y viraje autoritario

La imagen conciliadora se rompió antes que la coalición. El 8 de junio de 1954, durante una manifestación conmemorativa en la Ciudad Universitaria de Bogotá, murió el estudiante Uriel Gutiérrez cuando fuerzas del gobierno acudieron a disolver la concentración. Al día siguiente, nuevas manifestaciones estudiantiles fueron reprimidas: el saldo total de los dos días fue de trece muertos.

La matanza marcó los primeros signos claros de un viraje autoritario. Desató el descontento de sectores hasta entonces neutrales o favorables, y obligó al gobierno a gestos conciliatorios con los laureanistas: el 13 de junio de 1954 —un año exacto después del golpe—, Rojas firmó un decreto que extendía el indulto a presos por delitos explicables por "extralimitación en el apoyo o adhesión al gobierno". Era un guiño transparente al conservatismo ortodoxo, pero llegaba tarde.

De ahí en adelante, la represión escaló. En 1955 y 1956, el régimen clausuró El Tiempo y El Espectador. El Tiempo reapareció bajo el nombre Intermedio (1956-58); junto a él circuló El Independiente (1956-58), ambos sometidos a censura. La agresión de agentes del Estado al público en la Plaza de Toros de Santamaría, en 1956 —un episodio que humilló a las élites bogotanas en su ritual social más visible—, consolidó la percepción de una dictadura continuadora de la represión de gobiernos anteriores, no su superación.

A la censura y la represión se sumaron dos golpes económicos: la caída de los precios internacionales del café desde 1955 y la posterior recesión, agravadas por una creciente intervención estatal en la economía privada que el empresariado leyó como amenaza directa. Para mayo de 1957, al régimen solo le quedaban las burocracias militares y civiles y unos pocos políticos socialistas. Los gremios empresariales, los periodistas, los intelectuales y los jefes del liberalismo y el conservatismo habían roto con él.

Benidorm, la huelga y la salida

Mientras el régimen se aislaba, sus adversarios pactaban en el extranjero. El 24 de julio de 1956, en la localidad española de Benidorm, Alberto Lleras Camargo y Laureano Gómez —el jefe liberal y el jefe conservador derrocado, enemigos históricos— suscribieron un acuerdo que proponía "el regreso a la normalidad jurídica" y un gobierno de coalición entre los dos partidos. El Pacto de Benidorm selló la alianza entre el liberalismo (reducido a su centro y derecha) y el laureanismo, y dio a la oposición el marco político que le faltaba: no se trataba ya de sustituir a Rojas por otro régimen partidista, sino de un pacto de reparto que resolvería, además, el problema estructural que había alimentado La Violencia desde 1946.

La caída de Rojas fue por convergencia. El cierre de los diarios liberales había enemistado a la prensa. La plaza de toros había humillado a la sociedad bogotana. La crisis cafetera y la intervención económica habían perdido al empresariado. La reunificación conservadora cerró el círculo civil. La huelga nacional de mayo de 1957, con el empresariado en cabeza, fue el detonante.

El 10 de mayo de 1957, los altos mandos militares pidieron a Rojas que abandonara el país. Tras su partida, esos mismos líderes formaron una Junta Militar de gobierno, concebida como figura de transición, integrada por los generales y almirantes del alto mando. No fue un contragolpe: fue una descarga institucional. El Ejército, que nunca había querido gobernar solo, entregó al general a cambio de administrar la transición.

La Junta Militar y el plebiscito de 1957

La Junta Militar gobernó del 10 de mayo de 1957 al 7 de agosto de 1958. Su gestión desmiente cualquier lectura de la dictadura como fenómeno homogéneamente autoritario. Presentó un programa de catorce puntos —mantener el orden interno, respetar obligaciones internacionales, terminar la censura, cooperar con los partidos, supervisar elecciones justas, restaurar el gobierno civil— y los cumplió punto por punto. Disolvió la Asamblea Nacional Constituyente que Rojas había intentado renovar en marzo. Desactivó la oficina de censura. Investigó actos de corrupción del régimen anterior. Impuso nuevos impuestos a las exportaciones de café. Redujo el gasto militar y recortó el Ejército en 8.000 hombres. Reemplazó a los funcionarios de Rojas por líderes más capaces.

Sobre todo, la Junta gestionó el plebiscito del 1 de diciembre de 1957, la piedra angular jurídica del Frente Nacional. El resultado fue abrumador: 4.169.294 votos por el Sí, 206.864 por el No, sobre una población cedulada de 5.386.931, con una participación del 81,93%. Fue la primera elección en la historia de Colombia en que las mujeres ejercieron el derecho al voto. El plebiscito aprobó la distribución paritaria de los dos partidos en las tres ramas del poder público durante dieciséis años, y —junto con la enmienda constitucional posterior— estableció la alternancia presidencial, comenzando por un liberal. El acuerdo excluía a otros partidos: el bipartidismo se constitucionalizaba.

Que el plebiscito se realizara bajo gestión militar, con una arquitectura diseñada previamente por las élites de los dos partidos tradicionales, marcó el arreglo entero. La Junta no negoció: ejecutó. En mayo de 1958, todavía bajo su mandato, un intento de golpe con participación de civiles y militares —documentado por comunicados de la época que identificaron a dirigentes civiles en Boyacá y municipios aledaños— fracasó sin desestabilizar el proceso. El 7 de agosto de 1958, la Junta entregó el poder a Alberto Lleras Camargo, primer presidente del Frente Nacional. La dictadura militar en sentido estricto había terminado.

La red: quiénes hicieron y deshicieron el régimen

Ninguna de las figuras centrales del período fue autónoma: todas actuaron dentro de fracciones y dependencias, y ese entramado explica el arco del régimen mejor que cualquier biografía individual. Rojas Pinilla, tolimense, militar de carrera, encarnó el intento de trascender ese esquema, y por eso fue derrocado. A su alrededor se organizó, primero, la coalición civil que lo llevó al poder: Mariano Ospina Pérez, cabeza del ospinismo cafetero, arquitecto civil del golpe y su primer sostén, con Gilberto Alzate Avendaño al frente de la fracción alzatista aliada al ospinismo. Roberto Urdaneta Arbeláez, presidente encargado el día del golpe, fue víctima civil de una operación civil, mientras Lucio Pabón Núñez cruzó del gabinete de Gómez al de Rojas como ministro de Gobierno y encarnó, en un solo trayecto burocrático, la continuidad administrativa entre el régimen depuesto y el nuevo.

Del otro lado del arco, Laureano Gómez, derrocado en 1953, se reciclaría como interlocutor de Alberto Lleras Camargo en Benidorm; Lleras, por su parte, condujo al liberalismo por el camino largo que empezó en la abstención de 1950, siguió por el apoyo tácito al golpe de 1953 y culminó en el pacto español y el Frente Nacional. Guillermo León Valencia y Jorge Leyva actuaron en distintos frentes de la oposición conservadora que terminó cercando al general.

En medio de esa coreografía masculina de facciones, María Eugenia Rojas de Moreno operó SENDAS y encarnó la dimensión populista del régimen, una figura sin equivalente previo en la política colombiana. Y cuando llegó el desenlace, los altos mandos que compusieron la Junta Militar —los generales Gabriel París Gordillo, Rafael Navas Pardo, Deogracias Fonseca y los otros oficiales de alto rango— administraron la transición con una disciplina institucional que confirmó el papel históricamente subordinado del Ejército colombiano a la conducción civil.

Los lugares también hablan. Bogotá, con su Palacio de San Carlos, su Ciudad Universitaria y su Plaza de Toros de Santamaría, fue el escenario del poder, la represión estudiantil y la humillación social del régimen. Villarrica, Sumapaz, los Llanos Orientales, el Tolima, Cauca y Boyacá fueron los territorios de la amnistía, la contrainsurgencia y el desplazamiento. Benidorm y Sitges, dos balnearios españoles, aportaron los nombres de los pactos que rediseñaron el país: que la política colombiana de 1956 se hiciera en la costa mediterránea marca el arreglo posterior como un asunto de élite.

La huella: excepcionalidad, ANAPO y el conflicto que vino

La dictadura militar dejó tres huellas de largo plazo. La primera fue institucional: sirvió como argumento para la tesis de Colombia como democracia excepcional en América Latina. Un solo gobierno militar en el siglo XX, terminado sin resistencia armada de las Fuerzas Armadas, con reducción del gasto militar y entrega ordenada a los civiles. La comparación con Argentina, Chile o Brasil parecía honrar al país. La lectura tiene un límite: la excepcionalidad se explica menos por una supuesta cultura cívica que por la fuerza histórica del bipartidismo y por el hecho de que el propio golpe de Rojas fue instigado por civiles, no por militares. El Ejército colombiano no gobernó porque nunca quiso: prefirió administrar transiciones.

La segunda huella fue política. El juicio a Rojas Pinilla ante el Congreso, iniciado en enero de 1959, buscó desacreditarlo definitivamente: el Senado lo despojó de sus derechos políticos. La operación fue mediatizada y produjo el efecto contrario. Los derechos políticos del general fueron restituidos por sentencia del Tribunal Superior de Bogotá el 20 de diciembre de 1966, confirmada por la Corte Suprema de Justicia el 18 de octubre de 1967. Rojas capitalizó la restitución para proyectarse como víctima de oscuros intereses, y esa figura, sostenida en la memoria del reparto de mercados y del crecimiento de los salarios reales entre 1953 y 1956, alimentó a la ANAPO —la Alianza Nacional Popular—, que se convirtió en el principal polo de aglutinamiento del descontento popular durante el Frente Nacional. En las elecciones presidenciales de 1970, la ANAPO estuvo a punto de romper el pacto: los escrutinios iniciales dieron ventaja a Rojas, y el conteo final declaró ganador al candidato oficial Misael Pastrana por muy escaso margen, en medio de acusaciones de fraude que aún se debaten.

La tercera huella fue territorial y armada. Las autodefensas campesinas desplazadas desde Villarrica y Sumapaz hacia El Duda, Ariari y El Pato en 1955 reorganizaron allí formas de resistencia comunitaria que, atravesadas por la ilegalización del Partido Comunista y por el cierre político del Frente Nacional, prepararon las condiciones organizativas de la insurgencia posterior. La dictadura, que había nacido prometiendo pacificar el país, terminó reproduciendo la lógica de La Violencia con nuevos medios —aviación, batallones, zonas de operaciones militares— y sembrando geografías del conflicto armado que Colombia habitaría durante medio siglo.

El Frente Nacional, sucesor institucional de la dictadura, restableció la estabilidad y permitió un ciclo de desarrollo económico y social. Lo hizo, sin embargo, al precio de intensificar el clientelismo, degradar la administración pública y aumentar la venalidad del sistema. Cerró el juego político a terceras fuerzas durante dieciséis años. La dictadura militar y su desenlace fueron, así, dos operaciones sucesivas del mismo pacto: primero, un general para desalojar a Gómez y ponerle techo a La Violencia; después, la restauración pactada del bipartidismo cuando ese general amenazó con construir política propia. La anomalía autoritaria y la restauración democrática fueron dos momentos de la misma respuesta oligárquica a la crisis abierta en 1946. Comprender esa continuidad es comprender por qué la excepcionalidad colombiana convivió, sin contradicción visible para sus protagonistas, con una violencia que no terminaría de cerrarse.