El Pato

La semblanza: un valle que se colonizó a sí mismo

El Pato no es una localidad ni un municipio, sino una cuenca: el valle formado por el río del mismo nombre y sus afluentes, con Balsillas y Guayabal entre sus núcleos veredales más nombrados. Hoy se reparte administrativamente entre Algeciras (Huila) en la parte alta y San Vicente del Caguán (Caquetá) en la parte media y baja. La cordillera Oriental funciona allí como pared y como puerta: bloquea, pero también canaliza. Toda la historia moderna del valle depende de esa geografía intermedia entre las tierras andinas —Tolima, Huila, Cundinamarca— desde donde llegaron sus pobladores, y la selva amazónica hacia la que se prolonga. Los pisos térmicos van del frío de las cabeceras a los calores del piedemonte, y el paso entre ambos se hace por trochas y por vegas fluviales, no por carretera pavimentada. Todavía hoy, entrar al Pato desde Neiva o desde San Vicente implica horas de camino destapado y vados que la lluvia vuelve intransitables.

Lo distintivo del Pato es que su poblamiento no fue obra del Estado. No hubo colonia dirigida, ni ferrocarril, ni misión religiosa que fundara sus veredas. Cuando la administración pública apareció, lo hizo a través de la Fuerza Aérea y no de la escuela. Esa ausencia inicial —y esa aparición tardía en forma armada— es la clave de todo lo que vino después: en el vacío institucional se instaló, primero, una organización campesina dirigida por el Partido Comunista, y luego, sobre esa misma estructura, la guerrilla que se transformaría en las FARC. El valle no fue conquistado; se organizó a sí mismo, y esa autonomía originaria explica por qué el Estado terminaría tratándolo como una amenaza en lugar de como una periferia por integrar.

Los orígenes: colonos rojos, amnistía y arco del piedemonte

La colonización del Pato pertenece al ciclo mayor de la Violencia, aquel periodo entre 1947 y 1962 que desplazó a cientos de miles de campesinos del interior andino hacia la Amazonia occidental. El corazón agrario del país —Tolima y sur del Huila especialmente, con contingentes también de Cundinamarca— expulsó a familias enteras acorraladas por el enfrentamiento entre liberales y conservadores, por la persecución política y por el acaparamiento de tierras que aprovechó la coyuntura. Los caminos de salida fueron múltiples, pero uno de ellos, tempranamente organizado, condujo al piedemonte del Caquetá y del Meta.

A comienzos de los años cincuenta, mientras la mayoría de los desplazados improvisaba destinos, el Partido Comunista Colombiano encauzó migraciones campesinas hacia territorios específicos donde ya operaban núcleos de autodefensa. El Pato fue uno de los primeros. Antes de ser un topónimo del conflicto, fue un proyecto: llevar familias, distribuirles tierra, organizarlas en asambleas, construir tejido comunitario donde no había carretera ni juez. Esa doble condición —refugio y experimento— marcaría al valle desde el inicio.

El ciclo se aceleró con la guerra de Villarrica en 1955. La ofensiva militar del gobierno de Gustavo Rojas Pinilla contra los núcleos comunistas del oriente del Tolima y el Sumapaz dispersó a la población y radicalizó a los sobrevivientes. No fue el único detonante —los ataques contra El Davis en 1952 ya habían empujado el proceso, y la radicalización de los focos insurgentes venía de antes—, pero Villarrica sí produjo el reagrupamiento decisivo. Un hombre, Richard, condujo a la población primero desde El Davis hasta Villarrica y luego desde Villarrica hasta El Pato. Ese eje humano —el que unió los santuarios del comunismo campesino tolimense con la nueva frontera amazónica— es fundacional. Cuando Richard murió, en 1964, el valle ya era otra cosa.

La migración desde La Colonia y Galilea hasta El Guayabero y El Pato figura entre los episodios más graves de la Violencia, en la misma lista que registra el genocidio de Tetuán o el éxodo de Villarrica. No fue una colonización más: fue un desplazamiento forzado con dirección política. Con la amnistía de 1959, la población que había permanecido replegada en las montañas descendió y fundó un arco de asentamientos al pie de la cordillera: del Ariari al Guayabero y del Guayabero al Caguán. El Pato quedó en el centro de ese arco.

El Estado colombiano intentó responder al fenómeno con la Ley 20 de 1959, que estableció el Plan Nacional de Rehabilitación y Socorro para organizar colonias oficiales, distribuir parcelas y otorgar crédito a los desplazados. El alcance fue mínimo: apenas 3.000 personas accedieron a parcelas bajo el programa. La colonización siguió siendo espontánea o dirigida por el PCC, y el Estado se resignó por unos años a esa realidad sin reformar el régimen agrario que la producía. Los desplazados que llegaban al Pato lo hacían por su cuenta o siguiendo la línea partidaria; los que se acogían a la rehabilitación oficial eran una minoría concentrada en otras zonas del país.

La trayectoria: autogobierno, bombardeos, guerrilla, retorno

Un orden desde abajo

Lo que hizo del Pato un caso singular no fue solo su origen migratorio, sino la forma en que se organizó una vez asentado. La Comisión de Paz enviada durante la Rehabilitación encontró en el valle una estructura de gobierno propio con divisiones funcionales claras. Un líder comunitario ejercía funciones ejecutivas; un parcelador distribuía la tierra entre las familias y actuaba como juez en los conflictos de linderos; un secretario general se encargaba de la información y la comunicación. Esa arquitectura mínima —autoridad, justicia, registro— cumplía las funciones básicas que el Estado no había llevado.

El sistema tenía las virtudes y los defectos de su origen. Era comunitario en su decisión, pero coercitivo en su aplicación: cuando un funcionario del gobierno llamado Camargo llegó al valle acompañado de maestros y agrónomos, la autodefensa los expulsó. La interferencia externa se leía como ocupación, y la ocupación se rechazaba. Esa misma lógica se aplicó luego contra colonos considerados desafectos: la autodefensa confiscó propiedades y obligó a familias a abandonar la zona. El proyecto campesino contenía, desde muy temprano, un componente disciplinario que no puede pasarse por alto. La asamblea decidía, pero también expulsaba; el parcelador repartía, pero también castigaba con la revocación de la parcela. En la memoria oral del valle, esa etapa aparece como un tiempo de orden estricto, admirado y temido a partes iguales.

La estigmatización nacional

El paso decisivo hacia la confrontación no lo dio el valle, sino el discurso oficial que lo describió. En sus intervenciones en el Senado, el dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado bautizó como "repúblicas independientes" a un conjunto de regiones de colonización campesina —Marquetalia, Riochiquito, El Pato, Guayabero— sosteniendo que sus habitantes no permitían el control estatal y desafiaban a las Fuerzas Armadas. En uno de esos discursos pidió al gobierno dar vía libre al Ejército para operar "a plenitud", advirtiendo que de no hacerlo se fomentaría el "auge comunista".

La expresión fue afortunada como consigna y desastrosa como política. Ocultaba que Gómez Hurtado transmitía, en buena parte, las quejas de latifundistas y miembros del clero interesados en tierras y en control social. Pero, sobre todo, encajó a la perfección con la lógica de la Guerra Fría que asesoraba la política de seguridad. Funcionarios estadounidenses, prensa nacional y mandos militares abrazaron la categoría, y las comunidades campesinas del piedemonte quedaron convertidas en enclaves subversivos que había que "recuperar". Es una estigmatización que sobrevivió a su autor: décadas después seguiría aplicándose incluso a comunidades llegadas mediante programas oficiales de colonización dirigida.

Bajo el paraguas del Plan Laso, la respuesta estatal combinó Acciones Cívico-Militares —ayudas puntuales, censo de población, redes de inteligencia— como paso previo a la agresión militar. Los campesinos del Pato, de Riochiquito y del Guayabero exigían en 1964 lo elemental: carreteras, puentes, puestos de salud, escuelas, presencia institucional. La respuesta fue el bombardeo.

La marcha de la muerte

El ataque a Marquetalia en mayo de 1964 abrió el ciclo. La ofensiva sobre El Pato lo continuó. Antes incluso del asalto principal, la crisis ya había empezado: desde mayo de 1964 se registraba un éxodo escalonado de familias hacia Neiva. Primero fueron quince; luego setenta y dos; después ciento treinta y seis; finalmente ciento sesenta y cuatro familias, cerca de ochocientas cincuenta personas, se habían desplazado hacia fines del año. Menos de la mitad de los pobladores originales permanecía en la zona. Ese desplazamiento previo tuvo dos motores simultáneos: la operación militar que se preparaba y las expulsiones que la propia autodefensa comunista había ordenado sobre colonos considerados hostiles.

Los bombardeos aéreos, cuando llegaron, produjeron lo que los sobrevivientes bautizaron como la marcha de la muerte. La gente huyó a la selva y murió en ella: de hambre escondida entre la vegetación, envenenada por aguas y alimentos contaminados, por tiros y por bombas. El episodio quedó fijado en la memoria pública bajo ese nombre, y la operación Soberanía —que envolvió los bombardeos aéreos y las afectaciones sobre la población campesina— pasó a formar parte del inventario de las peores acciones militares del siglo XX colombiano. Niños murieron amamantados por madres que ya no tenían leche; ancianos quedaron atrás en los caminos; familias enteras desaparecieron sin que nadie llevara la cuenta. La selva se tragó, durante meses, el rastro de quienes intentaban salir hacia Neiva o hacia el Caguán.

La operación no destruyó a la guerrilla incipiente; la parió. Los grupos golpeados en Marquetalia, Riochiquito y el propio Pato confluyeron en una respuesta orgánica que hasta entonces no había existido.

La cuna de las FARC

Entre octubre y noviembre de 1964, en Riochiquito (Cauca), se reunió la Primera Conferencia del Bloque Sur. Asistieron mandos del Sumapaz, del 26 de septiembre y de El Pato. La conferencia unificó los destacamentos de Riochiquito, Natagaima, El Pato, Guayabero y Marquetalia, con cerca de cien combatientes distribuidos en seis grupos al mando de Ciro Trujillo Castaño, Joselo Lozada, Carmelo López, Rogelio Díaz, José de Jesús Rojas y Manuel Marulanda Vélez —este último acompañado por Jacobo Arenas—. Fue durante esa conferencia, cumpliendo una misión encomendada, que murió Isaías Duarte, un comandante muy querido por Marulanda.

Manuel Marulanda marchó entonces con cincuenta hombres hacia El Pato para integrar a los guerrilleros locales, comandados en la región por Januario Valero, alias Óscar Reyes, un exguerrillero liberal oriundo de Chámeza (Casanare) que operaba en la parte baja de la cordillera Oriental y en varios municipios del oriente del Huila. Las descripciones de la época lo pintan como un "forajido común" que había hecho acuerdos territoriales; su incorporación al proyecto marulandista fue tensa y no siempre exitosa.

En 1966 se celebró la Segunda Conferencia Guerrillera, en la que el Bloque Sur adoptó formalmente el nombre de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. La reunión tuvo lugar en El Pato. La organización contaba entonces con unos 350 insurgentes. Tras la conferencia, un grupo al mando de Marulanda se dirigió a la región del Pato; otro, mayor, partió con Ciro Trujillo; y una comisión de cincuenta guerrilleros marchó hacia Rivera (Huila) para contactar al grupo de Januario Valero. De esos cincuenta, solo diecinueve sobrevivieron a los enfrentamientos con la fuerza pública en los dos meses siguientes. El intento de articular al oriente huilense en el proyecto naciente fracasó como operación, pero Óscar Reyes permaneció activo por años en la zona, incluida la ruralidad de Algeciras, donde fue conocido por episodios como la emboscada de La Perdiz.

Marulanda, Jacobo Arenas y el comandante Joselo se instalaron después en un sitio del Pato llamado Arenales. Allí levantaron un comando y fundaron una escuela militar guerrillera de táctica y estrategia en guerra irregular. Por esa escuela pasarían, en distintos momentos, hombres que se convertirían en el núcleo dirigente de las FARC-EP durante las décadas siguientes: Jorge Briceño Suárez —el Mono Jojoy—, Guillermo León Sáenz —Alfonso Cano—, Luis Édgar Devia —Raúl Reyes— y Rodrigo Londoño —Timochenko—. En 1974 la Quinta Conferencia de las FARC volvió a reunirse en el valle. Allí se afinó la táctica de expansión y desdoblamiento que multiplicaría los frentes en los años siguientes. El Pato dejó de ser refugio para convertirse en cantera y en aula.

Esa mutación es una de las claves incómodas del territorio. La comunidad que se organizó desde abajo, que resistió los bombardeos, que sobrevivió a la marcha de la muerte, fue también el sustrato donde una élite guerrillera se reprodujo y se profesionalizó. La organización campesina y la maquinaria insurgente compartieron demasiadas raíces como para separarse limpiamente en el relato. Cada finca que hospedaba a un mando, cada trocha que servía de corredor, cada asamblea que discutía la cosecha discutía también, sin decirlo, la logística de la guerra.

Los años ochenta y el Caguán

La memoria comunitaria del valle, expresada por los campesinos de la Asociación del Bajo Pato y Losada, señala los años ochenta como un momento de nuevos operativos militares que produjeron un nuevo ciclo de desplazamiento y retorno. El corrido que compuso Ángel González, presidente de la asociación, evoca esos regresos desde las vegas de El Pato, Balsillas y Guayabal como actos de celebración frente a lo que la letra llama gobierno tirano. La cronología poética abarca aproximadamente medio siglo, y la palabra clave que la vertebra es la misma: resistencia.

El siguiente pliegue mayor llegó a finales de los noventa. En 1996, cuando comenzó a explorarse la posibilidad de establecer la primera Zona de Reserva Campesina en el departamento del Meta, el Ejército y unidades paramilitares desataron un operativo que agudizó el terror y produjo nuevos desplazamientos. Y a finales de 1998, el gobierno de Andrés Pastrana Arango estableció la zona de distensión para las conversaciones de paz con las FARC, que comprendió los municipios de La Macarena, Mesetas, La Uribe y Vista Hermosa en el Meta, y San Vicente del Caguán en el Caquetá. El Pato quedó dentro.

La zona de distensión fue muchas cosas a la vez, y la mayoría no fueron las que se anunciaron. Las FARC la utilizaron como retaguardia estratégica: entrenamiento de reclutas, refugio de secuestrados, acumulación de recursos militares y económicos, base para planear operaciones de guerra móvil. Durante el proceso, los efectivos de la organización crecieron de unos 16.000 combatientes en 1998 a cerca de 17.500 en 2000; algunos testimonios afirman que el crecimiento real fue mayor. En su territorio despejado, la guerrilla expidió "leyes" propias —la más notoria, la Ley 002 de 2002, que estableció un impuesto obligatorio a patrimonios altos en sus zonas de influencia—, ejerció presión sobre autoridades civiles —el alcalde de La Macarena tuvo que abandonar su cargo, la fiscal local de San Vicente del Caguán fue amenazada y desplazada— y ensayó una escenografía de poder estatal alternativo. Delegaciones internacionales llegaban a San Vicente para dialogar con el Secretariado; al mismo tiempo, en las veredas del Pato, la vida diaria seguía marcada por el pago del "impuesto" y el reclutamiento.

El 6 de mayo de 1999 se pactó la Agenda común para el cambio hacia una Nueva Colombia en paz, que ponía en discusión todo el marco normativo y socioeconómico del país. Pero las acciones violentas y los incidentes procedimentales fueron erosionando el respaldo público al proceso. En septiembre de 2000, el Congreso de Estados Unidos aprobó el Plan Colombia —4.400 millones de dólares en cinco años— con el doble objetivo de reducir la producción de coca y combatir a la guerrilla. El paquete cambió la ecuación militar y anunció el final del despeje, que se rompería definitivamente en febrero de 2002.

El Pato, otra vez, había sido el escenario de una promesa que la guerra desbordó.

Su red: personas, lugares e ideas entretejidas

La biografía del valle es también un mapa de figuras. Manuel Marulanda Vélez es el nombre que más veces cruza el territorio: llegó tras la Primera Conferencia con cincuenta hombres, fundó la escuela de Arenales con Jacobo Arenas, presidió la Segunda Conferencia que allí bautizó a las FARC y volvió para la Quinta en 1974. Ciro Trujillo Castaño encabezó uno de los seis destacamentos originales del Bloque Sur. Januario Valero, alias Óscar Reyes, representa la capa previa: el guerrillero liberal casanareño que operaba la zona antes de la unificación y sobrevivió como comandante autónomo del oriente huilense por años. Richard, el conductor de las migraciones desde El Davis hasta Villarrica y de Villarrica hasta El Pato, es la figura fundacional de la etapa civil.

Del otro lado del espectro, Álvaro Gómez Hurtado fijó desde el Senado la categoría discursiva que autorizó la ofensiva: "repúblicas independientes". Los presidentes Guillermo León Valencia y Alfonso López Michelsen no aparecen directamente como actores sobre el Pato, pero el arco político conservador-liberal del Frente Nacional, con su rechazo a una reforma agraria profunda, es el telón sobre el que se recorta cada decisión estatal hacia el valle. Andrés Pastrana Arango, en 1998, y Juan Manuel Santos, en 2016, cierran el ciclo con las dos negociaciones de paz que involucraron el territorio.

Los lugares se comunican en cadena: el Sumapaz de Juan de la Cruz Varela y las autodefensas comunistas del sur del Tolima alimentaron a El Davis y Villarrica; de allí bajaron los colonos que fundaron el arco del piedemonte entre el Ariari y el Caguán; en ese arco, Marquetalia, Riochiquito, Guayabero y El Pato fueron eslabones del mismo proyecto. Neiva, la capital huilense, fue el destino de los desplazados de 1964. Algeciras, en el oriente del Huila, a unos 52 kilómetros de Neiva, es la puerta cordillerana del valle, y su historia local quedó marcada por la proximidad al Pato sin que produjera una memoria pública propia comparable.

Las ideas que atraviesan el valle son tres, entrelazadas y en tensión permanente: la colonización campesina como derecho de quien trabaja la tierra; la autodefensa como principio legítimo frente a la persecución política; y el autogobierno territorial como forma concreta de la ciudadanía cuando el Estado ha abdicado. Ninguna de las tres es exclusiva del Pato, pero pocas regiones del país las han practicado con esa continuidad y ese costo.

Su huella: la Zona de Reserva Campesina y el postacuerdo

En noviembre de 1997 se creó, en la región del Pato-Balsillas, la primera Zona de Reserva Campesina del país. La figura, prevista por la Ley 160 de 1994, buscaba institucionalizar un modelo de ordenamiento territorial hecho a la medida del campesinado colonizador. La ZRC de El Pato comprendió 1.500 familias, 38 veredas y 111.000 hectáreas, y se estableció dentro de un proyecto piloto financiado por el Banco Mundial que incluyó también las reservas de Calamar, en el Guaviare, y de Cabrera, en Cundinamarca.

El detalle importa: el mismo valle donde el Estado había ensayado la contrainsurgencia por bombardeo aéreo se convirtió, tres décadas después, en el primer territorio donde ese Estado —con dinero multilateral— reconoció al campesinado colono como sujeto de derechos territoriales. La ZRC no era autogobierno pleno, pero era una institucionalización parcial del reclamo histórico. Coincidió, además, con el avance de la legislación ambiental sobre zonas amortiguadoras de parques y áreas protegidas, en un momento en que el país empezaba a leer la Amazonia como frontera ecológica y no solo como frontera agrícola. El Pato quedaba, así, atrapado en una tensión nueva: ser al mismo tiempo territorio campesino reconocido y borde de conservación estricta, con los conflictos previsibles entre parcelación y protección.

El desarrollo posterior de la figura fue accidentado. En otras regiones donde se intentó replicar la ZRC, terratenientes y actores armados la rechazaron con violencia, y las tensiones con Entidades Territoriales Indígenas mostraron que el avance legislativo de una figura por delante de la otra podía enfrentar a campesinos colonos y pueblos indígenas por los mismos espacios. En el gobierno de Juan Manuel Santos las ZRC entraron en la política de tierras, pero la propuesta no terminó de definir mecanismos de articulación territorial ni de considerar la heterogeneidad interna del campesinado frente a los actores poderosos que controlaban los territorios.

El Acuerdo de Paz firmado en noviembre de 2016 en el Teatro Colón, tras las negociaciones iniciadas en La Habana en 2012, prometía una transformación mayor. Los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, uno de sus instrumentos centrales, debían llevar al Pato y a otros territorios históricamente golpeados una reforma rural integral construida participativamente. En la práctica, los PDET se limitaron a proyectos demostrativos validados por la Misión de Verificación de la ONU, sin alcanzar la transformación esperada. Los mecanismos de implementación quedaron sujetos a reglamentaciones posteriores que recortaron el alcance de lo firmado, y más de 300 excombatientes de las FARC-EP fueron asesinados en los cinco años siguientes a la firma.

Y sin embargo, para la comunidad del valle, algo cambió. El año 2017 fue descrito por los pobladores como el año más tranquilo vivido en medio siglo. Por primera vez en generaciones, las trochas dejaron de escuchar helicópteros y las vegas dejaron de recibir columnas armadas. Los retornos se multiplicaron: familias que habían salido en los ochenta o en los noventa volvieron a levantar el rancho junto al río, a limpiar potrero, a matricular niños en escuelas que llevaban años cerradas. El corrido de Ángel González, con la ASABP-L, celebra esos regresos desde las vegas de El Pato, Balsillas y Guayabal como actos de resistencia acumulada. La cronología poética que traza —medio siglo de desplazamientos y regresos, con los años ochenta como cesura y el Acuerdo de 2016 como respiración— es también una historiografía popular.

Lo que el Pato dejó es difícil de resumir sin traicionarlo. Dejó la evidencia de que una comunidad campesina puede organizarse territorialmente sin el Estado, y también la de que esa organización, cuando se entrelaza con un proyecto armado, se vuelve inseparable de él. Dejó una escuela guerrillera que formó a la cúpula de las FARC y una asociación campesina que reivindica los retornos como memoria común. Dejó una figura jurídica —la ZRC— que aún hoy es referencia obligada en cualquier debate sobre reforma rural en Colombia. Dejó, sobre todo, la constatación de que la dialéctica entre colonización popular, represión estatal y retorno comunitario no es una anomalía de la periferia sino un motor central de la historia territorial del país. El valle no fue nunca república independiente en el sentido en que lo denunció Gómez Hurtado. Fue algo más incómodo para el relato oficial: la prueba de que, cuando el Estado colombiano no llega a tiempo, otros ordenamientos ocupan su lugar, y no siempre están dispuestos a devolverlo cuando por fin aparece.