Andrés Pastrana Arango

La herencia paterna y el molde conservador

Andrés Pastrana Arango nació en Bogotá en 1954, en el seno de una familia que encarnaba el conservatismo colombiano de posguerra. Su padre, Misael Pastrana Borrero, ocupó la presidencia entre 1970 y 1974, en el último cuatrienio del Frente Nacional, y llegó al cargo tras una elección notoriamente ajustada frente al general Gustavo Rojas Pinilla, cuya derrota —por márgenes tan estrechos que el propio entorno del general amenazó con desconocer el resultado— dejó una sombra de ilegitimidad sobre el gobierno entrante. En municipios como San Rafael, Antioquia, Rojas obtuvo 957 votos contra 513 de Pastrana Borrero, cifras que muestran cuán reñida fue la disputa nacional. Aquella elección de 1970 alimentó la fundación de la ANAPO en su versión insurgente y, con ella, el nacimiento del M-19, guerrilla que reclamaría durante años haber sido el brazo armado de un voto robado.

Ese origen marcó a Andrés Pastrana de dos maneras. Le entregó un apellido político con peso propio en el Partido Conservador y le enseñó desde niño el vínculo entre la política presidencial, la tecnocracia y el pulso con los movimientos populares armados. El gobierno de su padre había practicado un manejo tecnocrático del gabinete —el nombramiento de Argelino Durán Quintero como Ministro de Obras Públicas mediante el Decreto 1486 del 7 de agosto de 1970 fue emblemático del estilo—, y esa combinación de conservatismo doctrinario con administración fría de la máquina estatal sería también, décadas después, la marca del hijo.

María Cristina Arango Vega, la madre, y Nohra Puyana Bickenbach, con quien Andrés se casó, completan un cuadro familiar de las élites bogotanas cuya proximidad al poder no requiere justificación: se ejerce.

Del periodismo al escándalo: la construcción de un candidato

Antes de la política formal, Pastrana fue periodista. Dirigió el noticiero TV Hoy y trabajó en medios impresos, en una época en que la televisión colombiana concesionada convertía a sus presentadores en figuras de reconocimiento nacional. Esa exposición mediática, más que la militancia partidista tradicional, fue la que lo lanzó a la vida pública: en 1988 ganó la primera elección popular de alcalde de Bogotá, cargo que hasta entonces se designaba por decreto presidencial. Su alcaldía fue breve y accidentada —fue secuestrado por el cartel de Medellín en enero de 1988, en una demostración del poder que Pablo Escobar ejercía sobre las elecciones colombianas—, pero le dio la plataforma para aspirar a la Presidencia.

En 1994 fue el candidato conservador y perdió en segunda vuelta contra Ernesto Samper Pizano. La derrota, sin embargo, se convirtió pronto en el episodio más lucrativo de su carrera política. En junio de 1994, en plena transición, Pastrana entregó al presidente saliente César Gaviria unas grabaciones en las que Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, los jefes del cartel de Cali, hablaban de haber financiado la campaña de Samper. Los llamados narcocasetes detonaron el Proceso 8.000, el escándalo político mayor de la década, del que Samper salió jurídicamente indemne —el auto inhibitorio del fiscal Heyne Mogollón lo dejó en un limbo entre la absolución y la culpabilidad— pero políticamente destruido. Investigaciones posteriores, como las del coronel Velásquez, sugerirían que una parte significativa del Congreso de la época había recibido dineros del narcotráfico para sus curules.

El episodio dejó a Pastrana en una posición ambigua que lo acompañaría siempre: derrotado electoralmente, pero moralmente reforzado como el hombre que había intentado denunciar la contaminación de la política por el narcotráfico. Cuando volvió a lanzarse en 1998, no era solo el candidato del Partido Conservador: era el contrapunto simbólico a los cuatro años de aislamiento internacional del gobierno Samper.

1998: la promesa de la paz

La segunda campaña presidencial de Pastrana se organizó alrededor de una sola idea de fuerza: negociar con las FARC. En un país que llevaba tres décadas de guerra contra la guerrilla más antigua del continente y donde el conflicto se había intensificado desde 1996 con tomas de bases militares y humillaciones sucesivas al Ejército, la propuesta tenía peso. Pastrana envió señales tempranas a la comandancia guerrillera, se reunió con Manuel Marulanda Vélez, alias Tirofijo, en la selva antes de la segunda vuelta, y difundió una fotografía del encuentro que fue leída por millones de colombianos como un anticipo de paz. En junio de 1998 derrotó al liberal Horacio Serpa Uribe en el balotaje. Una parte no menor de esa victoria se atribuyó al gesto de las FARC hacia sus propuestas negociadoras: la guerrilla, sin decirlo, había intervenido en la elección.

Pastrana asumió con un mandato claro y un margen de maniobra que ningún presidente colombiano había tenido en años. Lo que hizo con ese capital político definiría su gobierno y, en buena medida, la política colombiana de las dos décadas siguientes.

El Caguán: la zona más grande del mundo

En octubre de 1998, el gobierno estableció la zona de distensión: cinco municipios —San Vicente del Caguán en Caquetá, y La Macarena, Mesetas, La Uribe y Vista Hermosa en el Meta— que sumaban unos 42.000 kilómetros cuadrados, una superficie comparable a la de Suiza, desmilitarizada como territorio para los diálogos. Nunca antes una guerrilla en negociación había recibido un espacio semejante, y nunca antes un Estado había cedido tanto de antemano sin mecanismos de verificación proporcionales.

El 9 de enero de 1999 se instaló oficialmente la mesa. La ceremonia quedó marcada por una imagen que resumiría toda la negociación: Marulanda no apareció. Junto al presidente Pastrana quedó una silla desocupada que la prensa fotografió y que el país no olvidaría. Las FARC alegaron amenazas de seguridad; el propio Marulanda, según se supo después, quiso evitar la sensación de que un acuerdo era inminente. El mensaje simbólico era demoledor: el jefe guerrillero desairaba al presidente en el arranque mismo del proceso.

La negociación se organizó alrededor de una agenda común de doce puntos que abarcaba prácticamente todos los problemas nacionales: política agraria, recursos naturales, estructura económica, reforma política, derechos humanos, fuerzas militares, relaciones internacionales, formalización de los acuerdos democráticos. La amplitud era su virtud aparente y su vicio real. Se dijo entonces, y con razón, que era una agenda innegociable en tiempo prudencial y que evadía el único tema sustantivo para terminar una guerra: la distribución del poder político. Se hablaba de todo para no hablar de lo único que importaba.

Las FARC entendieron rápido el juego. Mientras la mesa avanzaba lentamente en el caserío de Los Pozos, la guerrilla usaba el Caguán como retaguardia estratégica, entrenaba tropas, escondía secuestrados y proyectaba operaciones militares hacia el resto del país. El propio Raúl Reyes, uno de los interlocutores más visibles del secretariado, alternaba con naturalidad entre el discurso político frente a las cámaras y la coordinación de acciones armadas fuera de la zona. La lógica dual —negociar y combatir— no era un desliz sino la doctrina. El inicio de los diálogos no marcó ningún giro en la intensificación de la guerra que venía desde 1996; al contrario, el conflicto alcanzó durante el Caguán su mayor escala e intensidad histórica.

El gobierno respondió con paciencia primero y con desgaste después. Víctor G. Ricardo, alto comisionado para la paz, condujo la interlocución en medio de críticas crecientes de los sectores que consideraban ingenua la buena voluntad presidencial. Rodrigo Lloreda Caicedo, ministro de Defensa, renunció en mayo de 1999 en un gesto que sintetizó el malestar de las Fuerzas Militares con las concesiones a la guerrilla; buena parte de la oficialidad lo respaldó, y Pastrana quedó por primera vez visiblemente aislado dentro de su propio gobierno.

En octubre de 2001, el presidente prorrogó la zona de despeje hasta el 20 de enero de 2002 y anunció anillos de seguridad reforzados a su alrededor. Ese acto, que quiso ser un endurecimiento, fue leído por muchos como una nueva concesión. Los meses siguientes se llenaron de secuestros de alto perfil, ataques a la infraestructura y la creciente evidencia de que la mesa no producía nada. La noche del 20 de febrero de 2002, tras casi tres años y dos meses de proceso, Pastrana anunció por televisión el cierre definitivo del Caguán y ordenó la recuperación militar de la zona. Faltaban tres meses para las elecciones presidenciales.

El Plan Colombia: la otra mitad del gobierno

Mientras la mesa del Caguán se estancaba, el gobierno construía en paralelo su otra gran iniciativa. En septiembre de 1999 se dio a conocer al público el Plan Colombia, presentado inicialmente como una suerte de Plan Marshall para el país: un programa integral de desarrollo social, sustitución de cultivos, fortalecimiento institucional y reactivación económica, con apoyo esperado de Estados Unidos y de la Unión Europea. Lo había redactado un equipo de funcionarios civiles del Departamento Nacional de Planeación con participación de militares y civiles del Ministerio de Defensa. En su formulación original no era abiertamente militar y estaba concebido, al menos en el discurso, como complemento del proceso de paz: si a las FARC se les entregaba una zona de despeje como incentivo para negociar, al Estado había que dotarlo de capacidades para el día después.

La traducción del plan al idioma de Washington fue otra cosa. Entre 1999 y 2005, sus primeros seis años, el Plan Colombia costó cerca de 10.000 millones de dólares. El 35% fue financiado por Estados Unidos y el resto por Colombia. Y el 57,5% del presupuesto total se destinó a operaciones antinarcóticos y contra el crimen organizado, con una lógica que en la práctica era contrainsurgente: en el terreno colombiano, coca y guerrilla eran indistinguibles en amplias regiones. La Unión Europea, mientras tanto, mantuvo distancia frente al componente militar y limitó su participación a proyectos sociales de escala menor.

Los efectos operativos fueron rápidos y visibles. Entre 2000 y 2002, las Fuerzas Militares y la Policía pasaron de contar con cuatro a dieciséis helicópteros artillados de combate, y sumaron alrededor de un centenar de helicópteros de transporte adicionales. La reorganización de las fuerzas para la guerra irregular —montañosa, selvática, con unidades móviles, inteligencia técnica y capacidad aérea— fue una exigencia estadounidense y una condición del apoyo. Por instrucciones del gobierno de Bill Clinton, las aeronaves adquiridas con recursos del plan no podían usarse en operaciones antiguerrilla sino únicamente contra el narcotráfico, distinción legal que sobre el terreno se volvía casi imposible de sostener y que generaba situaciones administrativamente absurdas.

Los atentados del 11 de septiembre de 2001 borraron esa distinción. La administración de George W. Bush integró la lucha antinarcóticos con el apoyo contrainsurgente bajo el paraguas de la guerra global contra el terrorismo, y los canales de asistencia militar se ampliaron. El Plan Colombia, concebido como programa antidroga con envoltorio de desarrollo, se convirtió sin cambio formal en un programa contrainsurgente con envoltorio antinarcóticos.

Las críticas fueron abundantes. La Plataforma Colombiana de Derechos Humanos denunció que las fumigaciones aéreas con glifosato se concentraron sobre pequeños cultivadores campesinos, con resultados en reducción de cultivos calificados de ínfimos y con costos ambientales y humanos altos. En términos estrictamente militares, sin embargo, el plan sí produjo lo que prometía en su segunda vida: un ejército rediseñado, con movilidad, inteligencia y potencia de fuego que Colombia no había tenido nunca. Ese ejército, sin embargo, no lo comandaría Pastrana en su despliegue pleno. Lo heredaría Uribe.

La recesión que enmarcó todo

Ningún relato del gobierno Pastrana es honesto si omite el suelo económico sobre el que operó. En 1999, el año en que se instalaron los diálogos del Caguán y se lanzó el Plan Colombia, la economía colombiana se contrajo un 4,1%. Era la primera vez que el país registraba crecimiento negativo desde que existían mediciones sistemáticas del PIB. El desempleo superó el 20%. El sector de la construcción quedó devastado, la manufactura se hundió y la agricultura expulsó población hacia ciudades sin capacidad de absorción.

Las causas fueron múltiples. La crisis financiera del sudeste asiático de 1997-1998 llegó a Colombia como coletazo, en forma de fuga de capitales y encarecimiento del crédito externo. Pero el detonante interno fue el colapso del sistema UPAC —Unidad de Poder Adquisitivo Constante—, el mecanismo de financiación hipotecaria vigente desde 1973. Las altísimas tasas de interés de fin de siglo dispararon las cuotas hipotecarias por encima del valor de los inmuebles: en 1999, el 16% de los deudores del sistema dejó de pagar y más de seis mil familias entregaron sus casas como dación de pago. En el último trimestre del año existían ya dieciséis asociaciones de usuarios del UPAC organizadas para exigir que las liquidaciones se hicieran en moneda real. La clase media urbana colombiana, columna del sistema político tradicional, vivió por primera vez en dos generaciones la experiencia de perder la vivienda.

La recesión coincidió con un segundo golpe: el terremoto del Eje Cafetero de enero de 1999, que destruyó buena parte de Armenia y del piedemonte cafetero y demandó una operación de reconstrucción sin precedentes recientes. El país fin de siglo se percibía —en los análisis extranjeros y en el ánimo interno— al borde de convertirse en un Estado fallido: una economía en contracción, una guerra en expansión, un narcotráfico consolidado, una guerrilla que ocupaba territorio y un gobierno que negociaba desde la debilidad.

La recuperación comenzaría muy lentamente a principios del siglo XXI, apoyada en parte por la inyección de recursos externos vía Plan Colombia. Pero mientras Pastrana gobernaba, la recesión operaba como una atmósfera que erosionaba cada iniciativa: era imposible sostener políticamente concesiones a la guerrilla mientras la clase media urbana perdía su casa, y era imposible legitimar el gasto público mientras el desempleo se acercaba a niveles centroamericanos.

La ruptura y el trampolín

La confluencia de la crisis económica, del desgaste del Caguán y del giro post-11 de septiembre en la política estadounidense preparó el terreno para lo que vendría. Cuando Pastrana anunció el cierre del proceso el 20 de febrero de 2002 y ordenó la recuperación militar de la zona de distensión, el país llevaba meses convencido de que la paz negociada estaba muerta. Álvaro Uribe Vélez, disidente del Partido Liberal, había hecho de la crítica al Caguán su plataforma electoral y de la mano dura contra las FARC su promesa central. Ganó las elecciones de mayo de 2002 en primera vuelta.

El fracaso del Caguán, más que ninguna otra causa, desprestigió durante casi una década toda búsqueda de paz por medios distintos a la guerra. Y Uribe recibió, sin haber contribuido a construirlas, dos herencias decisivas del gobierno Pastrana: unas Fuerzas Militares reorganizadas para la guerra irregular gracias al Plan Colombia, y un país predispuesto a apoyar la vía militar tras el desengaño negociador. La política de seguridad democrática que definiría los ocho años siguientes se apoyó sobre el aparato construido por su antecesor.

La paradoja es completa: Pastrana llegó al poder para hacer la paz, terminó su gobierno habiendo militarizado el Estado como no lo había hecho ningún presidente anterior, y entregó el mando a un adversario cuya principal bandera era la crítica frontal a su propuesta original. Fue, en un sentido no del todo metafórico, el arquitecto involuntario del uribismo.

La red

La red política de Pastrana explica en buena medida su gobierno. En el frente doméstico, su gabinete y su entorno reprodujeron la tecnocracia conservadora que había caracterizado al padre: cuadros civiles de formación económica, con vocación gerencial más que ideológica. Víctor G. Ricardo, alto comisionado para la paz, y Rodrigo Lloreda, ministro de Defensa, encarnaron dos caras de un mismo gobierno: la que negociaba y la que se resistía a negociar en esos términos.

En el frente internacional, la relación con Bill Clinton fue determinante. El presidente demócrata visitó Colombia en agosto de 2000 —la primera visita de un presidente estadounidense en décadas— y respaldó públicamente el Plan Colombia, en un gesto que buscaba equilibrar el apoyo militar con un compromiso con el proceso de paz. Esa arquitectura política se derrumbó con la llegada de Bush y, sobre todo, con el 11 de septiembre. Los sectores más halcones de la nueva administración estadounidense encontrarían más afinidad con el sucesor Uribe que con el gobierno saliente.

Frente a las FARC, la interlocución central fue con Manuel Marulanda Vélez, patriarca fundador y símbolo mismo de la guerrilla, y con Raúl Reyes, su vocero mediático. La relación fue asimétrica desde el principio: Marulanda entendió que la mesa era un instrumento y no un fin, y jugó a ese juego durante tres años con paciencia campesina. Pastrana, más presionado por el calendario político y por la opinión pública, no tuvo esa paciencia y tampoco los instrumentos para forzar avances.

En el terreno partidista, mantuvo con el Partido Conservador una relación funcional pero no militante. Su liderazgo era personal más que doctrinario, apoyado en su nombre familiar y en su capital mediático. Esa distancia con las estructuras tradicionales del partido, característica de la política colombiana de fin de siglo, dificultó también la construcción de una sucesión: no dejó heredero político, y el conservatismo tardaría más de dos décadas en volver a disputar seriamente la Presidencia.

La huella

El legado de Andrés Pastrana admite lecturas encontradas y ninguna cómoda. En el activo, dejó una Colombia militarmente distinta a la que recibió: unas Fuerzas Armadas con capacidad operativa, movilidad e inteligencia técnica que fueron decisivas en la reducción territorial de las FARC durante la década siguiente. Dejó también, aunque parezca contraintuitivo, la evidencia empírica de que la paz negociada exige condiciones que en 1998 no existían: verificación, agenda acotada, presión sobre ambas partes. El proceso posterior con las FARC, que culminaría en el Acuerdo de La Habana de 2016 durante el gobierno de Juan Manuel Santos, aprendió del Caguán casi punto por punto lo que no debía repetir. Fue una escuela, aunque a costo altísimo.

En el pasivo, entregó al país exhausto, con una economía apenas emergiendo de la peor recesión de su historia moderna, con las FARC fortalecidas por tres años de retaguardia estratégica, y con un electorado dispuesto a votar por la solución militar más contundente que se le ofreciera. El fracaso del Caguán legitimó la política de tierra arrasada de la década siguiente y desprestigió durante años la posibilidad misma del diálogo. Los escándalos posteriores del gobierno Uribe —la parapolítica revelada en 2006, los llamados falsos positivos, las escuchas ilegales del DAS destapadas en 2009— fueron ejecutados con instrumentos y con una legitimidad política que en parte se construyeron sobre el desprestigio de la vía negociada que Pastrana encarnó.

En 2013 publicó Memorias Olvidadas. Episodios Personales de la Historia de Colombia relatados a Gonzalo Guillén, obra editada por Penguin Random House en Bogotá, en la que ofreció su versión del Caguán, del Plan Colombia y del Proceso 8.000. Fue, en gran medida, un ajuste de cuentas con Samper y con Uribe, y una reivindicación de su propia gestión. La bibliografía académica ha sido menos indulgente. El estudio de referencia, Chronicle of a Failure Foretold: The Peace Process of Colombian President Andrés Pastrana de Harvey F. Kline, publicado por University of Alabama Press en 2007, sugiere desde su título mismo un veredicto: crónica de un fracaso anunciado. Kline dedicaría después una obra paralela al primer mandato de Uribe, Showing Teeth to the Dragons (2009), permitiendo la comparación entre dos gobiernos que operaron sobre las mismas condiciones estructurales con doctrinas opuestas.

En la vida pública posterior, Pastrana se convirtió en una voz crítica del gobierno Santos —al que reprochó lo que consideró un exceso de concesiones a las FARC en La Habana— y en aliado circunstancial de Uribe en la oposición a los acuerdos de 2016. La trayectoria de esa alianza tardía tiene su ironía: el hombre que había apostado por negociar terminó votando en contra del acuerdo que aprendió del fracaso de su propia negociación.

Queda, por último, la imagen fija que ninguna historiografía disolverá: enero de 1999, la mesa instalada en el Caguán, el presidente sentado esperando a un guerrillero que no llegó. Esa silla vacía, más que cualquier balance macroeconómico o cualquier cifra del Plan Colombia, resume lo que fue el gobierno Pastrana. Un presidente que ofreció más de lo que podía sostener a interlocutores que nunca pensaron devolver el gesto, en un país que se hundía en la recesión mientras se armaba para una guerra que su propio gobierno no libraría. La historia colombiana de las dos décadas siguientes se escribió sobre esa espera.