Sustitución de cultivos

La sustitución de cultivos en Colombia es, antes que una política, una promesa incumplida. Nació en los años ochenta como concepto técnico-desarrollista importado de la agenda antidrogas hemisférica, se institucionalizó en los noventa bajo la doble presión de la guerra contra las drogas de Washington y la expansión cocalera en las periferias colonizadas, y llegó al Acuerdo de La Habana en 2016 como uno de los cuatro pilares de la política de paz. En cada una de esas estaciones, el Estado colombiano firmó pactos con comunidades campesinas —el Pacto de Orito en el Putumayo, los acuerdos que cerraron las marchas cocaleras de 1996, el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito tras el Acuerdo— y en cada una de ellas los incumplió, sustituyendo la sustitución por la fumigación con glifosato. El resultado es un dispositivo estructuralmente incoherente: nombra el desarrollo alternativo pero opera bajo la lógica de la erradicación forzada; promete integrar al campesino cocalero a la economía legal pero destruye los cultivos de pancoger que sostendrían esa transición. La historia de la sustitución es la historia de esa contradicción, sostenida durante cuatro décadas.

De la marimba a la coca: los orígenes de un problema campesino

Para entender por qué la sustitución llegó tarde y mal, hay que empezar por lo que había antes: una frontera agrícola que el Estado colombiano abrió sin acompañar. Las colonizaciones dirigidas de mediados del siglo XX enviaron a campesinos sin tierra hacia el Guaviare, el Caquetá, el Putumayo, el Catatumbo, el Magdalena Medio y los piedemontes amazónicos y orinoquenses, sustituyendo una reforma agraria que nunca se hizo por un desplazamiento territorial que no redistribuía la propiedad, sino que la reproducía en la periferia. Los estudios del Incora ya desde los años sesenta ligaban colonización y concentración: en las zonas nuevas volvía a imponerse el latifundio, y el colono quedaba atrapado entre la selva, el gran propietario y la ausencia de caminos.

Esa ausencia era literal. Sin vías, sin compradores, sin crédito, sin asistencia técnica, los productos legales —maíz, plátano, yuca— se pudrían en las trochas o se vendían a pérdida. La bonanza marimbera de los años setenta ofreció una primera salida: entre 1974 y comienzos de los ochenta, La Guajira, el Cesar y el Magdalena Medio se llenaron de marihuana destinada al mercado estadounidense. El colapso llegó cuando en Estados Unidos apareció una variedad más potente y barata —la sinsemilla— que hundió los precios de la marimba colombiana. La represión interna y la presión diplomática hicieron el resto. Lo que quedó fue un tejido de infraestructura ilegal —rutas, contactos, pistas— que se reconvirtió hacia otro cultivo.

Ese cultivo fue la coca. En 1980 empezó la producción comercial en Calamar, Guaviare, y en el Putumayo, que hasta entonces había funcionado como zona de tránsito de la cocaína peruana. Los carteles de Medellín y Cali establecieron laboratorios en el bajo Putumayo para procesar hoja importada del Perú, y con ellos llegaron las semillas, las técnicas y los compradores. Cuando en 1990 apareció una plaga en los cocales putumayenses, se introdujeron por primera vez los agroquímicos: el cultivo dejaba de ser marginal y se industrializaba. Para diciembre de 1994, según la Policía Antinarcóticos, el Guaviare concentraba dos terceras partes del total nacional con 26.300 hectáreas de las 43.000 reportadas. En 1997 Colombia desplazó a Perú y Bolivia como primer productor mundial de hoja de coca, en buena parte porque la interdicción en esos países empujó los cultivos hacia el norte. En el año 2000 el país tenía 136.200 hectáreas sembradas; el Putumayo, que hacia 1991 representaba apenas el 5,87 % del total nacional, saltó al 40,43 % en 2000, con un aumento vertiginoso entre las 19.000 hectáreas de 1998 y las 58.297 de 1999. En el sur de Bolívar los cocales alcanzaron su máximo histórico ese mismo año, con 5.960 hectáreas.

Detrás de las cifras había una racionalidad clara. El jornal en la economía cocalera podía superar en más del doble el ingreso de la agricultura legal. Los campesinos de la Orinoquía lo dijeron de forma más elemental: era el único producto agrícola que les habían enseñado a transformar. En un territorio sin carreteras ni compradores, la hoja de coca tenía dos ventajas decisivas: no se pudría y venía el comprador a la finca. La coca no fue una elección delictiva; fue la forma que encontró el colono de integrarse a la economía monetaria en un país que había decidido no integrarlo por ninguna otra vía.

Sobre ese tejido se montaron los actores armados. Las FARC, presentes en las zonas de colonización desde los sesenta y setenta, pasaron de una relación circunstancial con el narcotráfico —cobrar tributos a cultivadores y traficantes— a ejercer funciones de autoridad local: regular precios, arbitrar disputas, garantizar el orden público del mercado ilegal. El Frente 48, creado en 1991 en el Bajo Putumayo, se consolidó junto con la concentración cocalera de esa subregión. Las funciones policiales terminaron pesando más que la dimensión político-social de la lucha armada, y la guerrilla se volvió parte del paisaje regulatorio del cultivo. Desde 1997 los paramilitares entraron a disputar esas rentas: en Guaviare se formó el Frente Héroes del Guaviare y en Caquetá la segunda incursión de las ACCU la comandó Antonio Londoño, alias Rafa Putumayo. El sur de Bolívar vivió su bonanza cocalera al ritmo de la conquista territorial paramilitar entre 1998 y 2000. La coca era, para todos, una economía a disputar.

La invención institucional del desarrollo alternativo

La sustitución de cultivos entró al vocabulario del Estado colombiano bajo un supuesto técnico: si el campesino cultiva coca porque no tiene alternativa rentable, hay que ofrecerle esa alternativa. El supuesto era correcto en su descripción y desastroso en su implementación. Las primeras fumigaciones aéreas con glifosato comenzaron en 1984 en la Sierra Nevada de Santa Marta —sobre marihuana, entonces todavía— y desde ahí se extendieron gradualmente hacia el sur durante los años noventa. Bajo la Constitución de 1991 y el gobierno de César Gaviria, la política antidrogas se articuló como respuesta simultánea al desmonte del cartel de Medellín y a la expansión cocalera en la selva, con Washington como interlocutor permanente.

El punto de quiebre institucional llegó en 1994, cuando el gobierno de Ernesto Samper creó el Plan Nacional de Desarrollo Alternativo, el PLANTE, como brazo civil de la política antidrogas. El programa se estructuró en dos componentes: uno de apoyo inmediato a agricultores —créditos subsidiados de corto plazo, asistencia técnica, comercialización de excedentes, empleo de emergencia y seguridad alimentaria por un máximo de tres años— y otro de cambio estructural con desarrollo alternativo normalizado, orientado a consolidar los logros del primero. Sobre el papel, el PLANTE reconocía lo que dos décadas de política represiva habían negado: que la coca era un problema agrario antes que policial.

En la práctica, nació capturado por la contradicción que lo definiría todo. El mismo Estado que creaba un programa civil de sustitución había firmado con Washington un compromiso —cuantificado, verificable, exigente— de erradicación forzada medida en hectáreas asperjadas. Las aspersiones se realizaron a escala masiva durante el gobierno Samper. En 1997 la administración fumigó 516 hectáreas solo en Puerto Guzmán, Putumayo; en 1998, 3.950 en todo el departamento. El desarrollo alternativo del PLANTE nunca contó con presupuesto ni cobertura territorial comparables a los del componente de erradicación. La estrategia se midió por hectáreas destruidas, no por familias reconvertidas.

Klaus Nyholm, entonces representante de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Colombia, argumentó insistentemente en esos años que la sustitución voluntaria requería tiempo, presencia estatal y garantías materiales que las fumigaciones destruían. Rafael Pardo, exministro de Defensa, y varios funcionarios civiles señalaron que la lógica de las hectáreas asperjadas era una métrica impuesta desde Washington que confundía actividad con resultado. Pero la estructura de incentivos era clara: Estados Unidos financiaba erradicación, no desarrollo, y el gobierno colombiano medía su cumplimiento antinarcóticos en avionetas cargadas de glifosato.

Las marchas cocaleras de 1996: cuando el campesinado exigió ser oído

La primera gran ruptura pública de la política de sustitución ocurrió el 18 de noviembre de 1994, cuando cerca de cinco mil cultivadores del Putumayo iniciaron un paro cívico en Puerto Asís, convocados por el Movimiento Cívico del Putumayo. Exigían la suspensión de las fumigaciones con glifosato y un plazo de diez años para eliminar los cultivos ilícitos: no la permanencia de la coca, sino un horizonte realista de sustitución. Ese antecedente detonó, dos años después, la mayor movilización cocalera de la década.

En 1996 las marchas se extendieron por Caquetá, Guaviare y Putumayo. Su detonante inmediato fue el decreto 0871 del 13 de mayo, que declaró zona especial de orden público el área de los municipios de Guaviare, Vaupés, Meta, Vichada y Caquetá, endureciendo las restricciones al ingreso de precursores químicos —gasolina, cemento— y encareciendo los alimentos en las zonas de cultivo. Samper diría después que los paros no se originaron principalmente por las fumigaciones sino por esas restricciones sobre insumos. Los líderes campesinos lo leyeron distinto: interpretaron las aspersiones como una estrategia para vaciar el territorio y debilitar la base social de las FARC. Ambas lecturas eran ciertas y no se anulaban.

Las marchas fueron reprimidas como si fueran acciones guerrilleras. La fuerza pública y los organismos de seguridad las señalaron de tener intereses subversivos, y hubo enfrentamientos, bloqueos y protestas violentas. Sí hubo influencia de las FARC-EP en el desarrollo del paro cívico del Putumayo, y su papel llegó a ser protagónico e incluso autoritario. Pero esa influencia no anuló la autonomía de las juntas de acción comunal ni invalidó las razones de la movilización. El costo de esa ambigüedad fue enorme: la injerencia guerrillera impidió que el movimiento cocalero cristalizara en organizaciones campesinas autónomas después de las marchas, dejándolo huérfano de representación cuando llegara el momento de exigir el cumplimiento de lo pactado.

Porque lo pactado no se cumplió. Las marchas terminaron con la firma de acuerdos regionales de sustitución gradual en Caquetá y Putumayo. El Estado incumplió más del 60 % de lo acordado en Caquetá; las fumigaciones no se suspendieron; las obras de infraestructura quedaron limitadas a las asignaciones presupuestales ya existentes; y varios líderes campesinos fueron asesinados en Guaviare y Caquetá en los meses siguientes. La mesa de seguimiento de los acuerdos en Caquetá terminó reducida a una sola persona. Con el ingreso de las AUC desde 1997 y las operaciones militares del exgeneral Harold Bedoya —las llamadas operaciones "Conquista" en el sur, presentadas como acciones antiguerrilleras vinculadas al narcotráfico— el espacio para la sustitución voluntaria se cerró.

Ese patrón —acuerdo firmado, incumplimiento estatal, fumigación posterior, asesinato de líderes— se repetiría en cada ciclo. El Estado colombiano descubrió en los noventa una fórmula que le permitía comprar tiempo con las movilizaciones sin comprometerse con transformaciones estructurales: firmar, dilatar, fumigar. La sustitución se convirtió, en la práctica, en una técnica de gestión de la protesta más que en una política de desarrollo.

El Plan Colombia y la militarización del asunto rural

En septiembre de 1999, el gobierno de Andrés Pastrana presentó públicamente un programa que, en su versión original, se ofrecía como una especie de Plan Marshall para Colombia: desarrollo económico y social, sustitución de cultivos ilícitos, apoyo al proceso de paz con las FARC entonces en curso en el Caguán, financiación esperada de Estados Unidos y la Unión Europea. Redactado inicialmente por funcionarios civiles del Departamento Nacional de Planeación con asistencia del Ministerio de Defensa, el Plan Colombia se anunciaba como "80 % social y 20 % militar". Pastrana insistió en esa proporción hasta que dejó de sostenerse.

Cuando Washington lo adoptó, lo transformó. Estados Unidos asignó cerca de 1.300 millones de dólares al Plan, principalmente como ayuda militar, y en los años fiscales 2000-2003 destinó más de 2.500 millones a asistencia antidroga a Colombia. La coordinación operativa se instaló en el Comando Sur en Florida, con un grupo militar en Bogotá encargado de acompañar, formar y asesorar a las Fuerzas Armadas colombianas: lo que Arlene Tickner llamaría más tarde una "intervención por invitación". La mayoría de países europeos se negaron a participar por el carácter militarizado del programa; solo España aportó una suma significativa, cien millones de dólares.

La lógica operativa combinó de facto la lucha antinarcóticos con un plan para retomar el control de las zonas cocaleras bajo influencia de las FARC. Los batallones antinarcóticos se desplegaron en Putumayo y Caquetá —justo donde estaba el mayor volumen de cultivos y la mayor presencia guerrillera—. La sustitución quedó formalmente incluida como componente civil, pero implementada sin consulta con los campesinos cultivadores y en un contexto atravesado por los fracasos previos del PLANTE y del Pacto de Orito. Estados Unidos justificaba el énfasis en la fumigación con las experiencias de Bolivia y Perú, donde la superficie cultivada y la producción habían caído un 60 %. En Colombia el resultado fue distinto.

Un ingeniero agroindustrial del Ministerio de Ambiente entrevistado en Puerto Asís describió con crudeza la gestión de los recursos del Plan Colombia destinados a cultivos alternativos: los campesinos recibieron ayudas mínimas —una vaca, tres pollos— insuficientes para subsistir, mientras buena parte de los fondos se perdía en contratistas intermediarios. El componente civil funcionó como coartada del componente militar, no como su complemento. En octubre de 2003, las FARC respondieron con un paro armado en Putumayo que sitió al departamento durante aproximadamente tres meses, provocando una grave crisis humanitaria. El campesino cultivador quedó exactamente donde había estado siempre: entre la avioneta y el fusil.

La propia trayectoria de Pastrana desmintió después la retórica original. En 2007 declaró a la revista Semana que el éxito militar de Álvaro Uribe se apoyaba en las fuerzas que él le había entregado "bien entrenadas y armadas". Reconocía, sin decirlo, que el Plan Colombia había sido, ante todo, un programa de fortalecimiento militar.

El efecto globo y el precio humano

La fumigación aérea con glifosato tuvo un efecto que sus diseñadores llamaron colateral y sus víctimas conocieron como principal: desplazó los cultivos sin reducirlos. Las hectáreas asperjadas en el Caquetá a comienzos de los noventa expulsaron población hacia el Putumayo, donde los cocales se multiplicaron. Las fumigaciones masivas en el Putumayo a finales de la década —entre el tramo final del gobierno Samper y los primeros años del Plan Colombia— desplazaron cultivos y colonos hacia Nariño, especialmente hacia la costa Pacífica, Tumaco y Barbacoas, con daños directos sobre los territorios del pueblo indígena Awá. Organismos internacionales como Naciones Unidas y la CIDH emitieron alertas entre 2011 y 2012 sobre la situación humanitaria de los Awá.

El efecto globo no fue un accidente estadístico: fue la consecuencia predecible de una política que medía éxito en hectáreas destruidas sin ofrecer alternativas económicas viables. El colono desplazado por la aspersión no dejaba de necesitar ingresos; los movía a la selva siguiente. Las cifras departamentales lo mostraban con claridad: mientras Guaviare caía como principal zona cocalera, Putumayo se disparaba; cuando Putumayo caía, Nariño crecía; y entre 2004 y 2006 la geografía cocalera se dispersó a más departamentos que nunca, sin que el total nacional mostrara una reducción neta atribuible a las fumigaciones.

Los daños fueron más allá del desplazamiento. Las aspersiones destruyeron cultivos de pancoger —plátano, yuca, lulo—, degradaron suelos en Putumayo y Caquetá, y afectaron la salud humana en las zonas asperjadas. La estigmatización acompañó al glifosato: el discurso gubernamental no distinguió entre cultivador y guerrillero. En operaciones como las de La Macarena, el campesino cocalero fue tratado como "narcoterrorista", una categoría que borraba de un plumazo las condiciones estructurales —falta de vías, ausencia de crédito, concentración de tierra, débil presencia estatal— que habían empujado al cultivo.

La ironía económica del dispositivo se puede resumir en dos cifras: erradicar una hectárea mediante fumigación cuesta alrededor de 72 millones de pesos; apoyar a una familia para que reconvierta su actividad costaría aproximadamente 40 millones. Durante cuatro décadas, el Estado colombiano prefirió el gasto más caro y menos efectivo, trasladando los impactos a las comunidades rurales y a los ecosistemas. La preferencia se explica menos por cálculo económico que por estructura política: la fumigación producía cifras exhibibles ante Washington de forma inmediata; la sustitución producía procesos sociales de mediano plazo que no cabían en los informes anuales de certificación.

Actores armados, mercados ilegales y la trampa de la sustitución

La expansión cocalera no fue una operación de las guerrillas ni un negocio exclusivo de los carteles: fue una economía campesina insertada en un mercado global, con actores armados que la tributaron, la regularon y, cuando pudieron, la disputaron. Las FARC-EP, el ELN y el EPL argumentaron públicamente en los años noventa que no podían prohibir a los campesinos cultivar coca sin ofrecerles alternativas estables de subsistencia, y afirmaron haber propuesto al Estado el desarrollo de proyectos de cultivos alternos, propuestas que —según su versión— fueron desatendidas por los compromisos del Estado con Washington y la banca multilateral. En 1999, las FARC-EP implementaron de forma independiente un programa de sustitución de cultivos, después de varios años de intentos por establecer arreglos formales sobre el tema.

La afirmación guerrillera contenía una parte verdadera y una parte interesada. Era cierto que no había alternativa económica sin desarrollo rural, y era cierto que Washington bloqueaba estructuralmente ese desarrollo. Pero también era cierto que las FARC obtenían de la economía cocalera —vía gramaje, tributación sobre laboratorios, cobros sobre pistas y rutas— una parte sustancial de su financiación, y que la expansión territorial de sus frentes coincidió con la concentración de cultivos. En el sur de Santander —en El Carmen, San Vicente, Simacota, Bajo Simacota— tanto la guerrilla como los paramilitares incentivaron activamente a los campesinos a sembrar coca. La ambivalencia de los actores armados frente a la sustitución era estructural: podían apoyar procesos siempre que no amenazaran sus rentas, y podían bloquearlos cuando lo hacían.

Los paramilitares operaron con menos retórica y más pragmatismo. Desde 1998 disputaron militarmente a las guerrillas los territorios cocaleros, y el aumento sostenido de los cultivos en zonas como el sur de Bolívar coincidió temporalmente con su avance territorial. La conquista paramilitar no fue una operación antidrogas: fue una apropiación de la economía cocalera bajo bandera contrainsurgente. Su vinculación con el narcotráfico había sido, desde principios de los años ochenta, más orgánica que la guerrillera: aliados, financiadores y promotores directos.

En ese cuadro, la sustitución voluntaria se enfrentaba a una geometría imposible. El campesino que aceptaba entrar a un programa se exponía simultáneamente a la fumigación estatal —si el Estado incumplía—, a la retaliación guerrillera —si las FARC percibían la sustitución como amenaza a sus rentas—, a la violencia paramilitar —si el proyecto se instalaba en su zona de disputa— y a la ruina económica si la alternativa productiva ofrecida no era comercializable. Cada uno de esos riesgos por separado era manejable; los cuatro juntos hacían de la sustitución una apuesta suicida.

Del paro agrario de 2013 al PNIS

El fracaso acumulado del dispositivo estalló otra vez en 2013, con un paro agrario en el que participaron campesinos, indígenas y afrodescendientes del Meta, Guaviare y otras regiones. Las reivindicaciones eran, en esencia, las mismas de 1996: un modelo de sustitución de cultivos ilícitos que garantizara niveles suficientes de productividad y comercialización de productos legales, bajo la premisa de que sustituir sin alternativa real equivalía a volver a la pobreza. Los acuerdos alcanzados, de nuevo, fueron incumplidos.

Bajo el gobierno de Juan Manuel Santos, la política antidrogas comenzó a cambiar de tono. En septiembre de 2015 se presentó una nueva estrategia que incluía reducción del crimen vinculado al narcotráfico, desarrollo social y económico en zonas de cultivo, y un enfoque de reducción de demanda basado en salud pública y derechos humanos. Ese mismo año se suspendió el programa de aspersión aérea con glifosato, en un contexto marcado por la clasificación del herbicida como probable cancerígeno humano por la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer. La suspensión fue simultánea a las negociaciones de La Habana con las FARC-EP, donde la sustitución de cultivos ocupó un lugar central.

El Punto 4 del Acuerdo Final, firmado en 2016, incorporó la sustitución voluntaria como componente estructural de la política de paz, recogiendo el principio de sustitución gradual por el que las organizaciones agrarias habían movilizado durante lustros. El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) se creó como su instrumento operativo: pactos colectivos con comunidades, sustitución concertada, asistencia técnica, seguridad alimentaria en la transición, proyectos productivos de mediano plazo. Sobre el papel, el PNIS era la política que el campesinado había pedido desde el paro de 1994 en Puerto Asís.

Los problemas empezaron pronto. Francisco Gutiérrez Sanín ha documentado los incumplimientos sustanciales del Acuerdo desde su implementación, incluidos cambios unilaterales del Estado sobre lo pactado. Las cifras de coca, tras la suspensión del glifosato y en medio de la implementación del PNIS, crecieron aceleradamente: fuentes militares y críticas del Acuerdo señalaron un aumento desde unas 40.000 hectáreas hasta cerca de 200.000, atribuyendo el crecimiento a la suspensión de la aspersión, a la obstaculización de la erradicación forzada por grupos armados que usaban población civil como escudo, y al incumplimiento gubernamental de los compromisos de sustitución. La lectura oficial se centró en las dos primeras causas; la lectura campesina, en la tercera.

Los efectos sobre el terreno fueron letales. La violencia sistemática contra líderes sociales tras la firma del Acuerdo buscó limitar la organización política y entorpecer los procesos de implementación, restitución de tierras y sustitución de cultivos. Las disidencias de las FARC persiguieron y asesinaron a excombatientes que participaban en el PNIS, percibidos como obstáculo. En regiones como el norte del Cauca, las disidencias, el ELN y grupos armados de nueva generación se disputaron los territorios dejados por las FARC, generando nuevas dinámicas de violencia sobre las mismas poblaciones que la sustitución pretendía integrar.

La huella

Cuarenta años después del inicio de las fumigaciones en la Sierra Nevada, la sustitución de cultivos permanece como el punto ciego estructural de la política pública colombiana sobre las periferias. Cada gobierno ha reinventado su nombre —desarrollo alternativo, PLANTE, componente civil del Plan Colombia, PNIS— sin cambiar la aritmética de fondo: los recursos comprometidos con el desarrollo rural han sido siempre una fracción de los destinados a la erradicación, y los pactos firmados con las comunidades han sido sistemáticamente incumplidos. El campesino cocalero ha aprendido, generación tras generación, que la firma del Estado no es una garantía sino una advertencia de la fumigación siguiente.

La sustitución fracasó, pero no por una sola causa. Fracasó porque Washington financiaba erradicación y no desarrollo, y medía su asistencia en hectáreas asperjadas. Fracasó porque el Estado colombiano nunca resolvió la contradicción entre esos compromisos y las condiciones materiales que hacían del cultivo ilícito una racionalidad de supervivencia. Fracasó porque las FARC capturaron el movimiento cocalero e impidieron que se organizara autónomamente, dejándolo sin interlocución propia cuando llegó el momento de exigir cumplimiento. Fracasó porque los paramilitares transformaron la disputa antinarcóticos en apropiación de rentas ilegales. Fracasó porque los fondos de desarrollo alternativo se perdieron en contratistas y llegaron a los campesinos como una vaca o tres pollos. Y fracasó porque la rentabilidad estructural de la coca sobre cualquier cultivo legal —en un país sin infraestructura rural, sin mercados ni crédito para el pequeño productor— habría hecho difícil la sustitución voluntaria incluso con pleno cumplimiento estatal.

La ironía histórica del dispositivo es que produjo exactamente lo contrario de lo que anunciaba. Convertida la política antidrogas en política contrainsurgente, y la sustitución en coartada de la erradicación, el Estado sembró en las zonas cocaleras una desconfianza que ninguna promesa posterior ha logrado reparar. Cada hectárea fumigada sobre un pacto firmado fue una lección política transmitida al colono: que su integración al Estado colombiano seguiría pasando, como en la colonización dirigida de los años cincuenta, por el desplazamiento antes que por el reconocimiento. En ese sentido, la sustitución de cultivos no es un capítulo de la política de drogas: es un capítulo de la reforma agraria pendiente. Mientras el país siga sin resolver la concentración de la tierra, la ausencia de infraestructura rural y la debilidad estatal en las fronteras agrícolas, la coca seguirá siendo lo que fue siempre para el colono: no un delito, sino un camino.