Simacota

Un pueblo del piedemonte comunero

Simacota se levanta en el flanco occidental de la cordillera Oriental, en esa zona de transición donde las estribaciones santandereanas empiezan a descender hacia el Magdalena Medio. Su territorio se reparte entre una parte alta, integrada al mundo cultural del Socorro y San Gil —el corazón de la antigua Provincia Comunera—, y una parte baja, llamada Simacota Sector Bajo, que ya participa de la lógica caliente y selvática del piedemonte, con vecindades hacia San Vicente de Chucurí y la Serranía de los Yariguíes. Esa doble condición geográfica lo dice casi todo: el municipio no es una unidad homogénea, sino una bisagra entre dos Colombias.

El camino que en el siglo XIX conducía de Oiba al Socorro pasando por Guapotá y Chima cruzaba el río Suárez —también llamado Sarabita en los documentos antiguos— justo antes de llegar a Simacota, seguía por su margen izquierda hasta el casco urbano y volvía a cruzarlo después. Ese doble vado define el emplazamiento: Simacota fue, durante generaciones, punto obligado de paso y no destino en sí mismo. Cuando el viajero Alpha describió a mediados del siglo XIX las dificultades del comercio en Oiba, señaló que al sur y al este la población era escasa e indiferente al intercambio; el camino hacia el oeste, que atravesaba Simacota, discurría precisamente por esa zona de baja densidad y débil actividad mercantil. El pueblo quedaba en el borde: conectado con Oiba, Guapotá, Chima y el Socorro, pero periférico respecto a los circuitos vigorosos de la subregión.

Esa ubicación explica también el patrón de poblamiento. Las fundaciones santandereanas se hicieron tempranamente sobre la cordillera Oriental —el eje Socorro-San Gil-Vélez— y más tarde bajaron hacia las vertientes que descienden al Magdalena. Simacota participa de las dos oleadas: su núcleo tradicional pertenece al mundo alto de las villas comuneras, mientras que su vertiente baja se colonizó de manera más tardía, con oleadas campesinas que buscaban tierra en el piedemonte y que, ya entrado el siglo XX, terminarían enredadas en la disputa por el control del Magdalena Medio santandereano. Barrancabermeja, eje económico, político y social de esa región, opera como polo gravitacional lejano pero decisivo: hacia allá miran las veredas bajas cuando la violencia empuja al desplazamiento.

Los estratos de la memoria: de los Comuneros a Rangel

Si el ELN eligió Simacota como escenario de su acta de nacimiento no fue por accidente cartográfico. El municipio y sus alrededores concentraban una memoria política densa, superpuesta en capas, cuya última sedimentación —la de los años cuarenta y cincuenta— resultaría decisiva para lo que ocurriría en 1965.

La capa más antigua es la comunera. La región del Socorro, en la que Simacota se inscribe, fue el epicentro del levantamiento de 1781 encabezado por Juan Francisco Berbeo y José Antonio Galán contra las reformas fiscales borbónicas. Aunque el municipio como tal no protagonizó episodios singulares del alzamiento, su territorio y su población quedaron incorporados a esa tradición de insubordinación tributaria que Santander asumiría como marca identitaria. La segunda capa es la republicana y liberal: durante todo el siglo XIX y la primera mitad del XX, la Provincia Comunera fue bastión liberal, y sus veredas heredaron una lealtad partidaria que sobrevivió al desgaste de los grandes gamonales.

La capa decisiva, sin embargo, es la del 9 de abril de 1948 y la Violencia. San Vicente de Chucurí, municipio vecino y contiguo por la vertiente baja, fue centro de una experiencia guerrillera liberal —la que encabezó Rafael Rangel— que dejó en la región una memoria radical vivísima: familias enteras habían dado hijos, escondites, comida y rutas a los alzados. Esa red no desapareció con el Frente Nacional. Sobrevivió en forma de lealtades vecinales, de conocimiento del terreno, de disposición a proteger al forastero armado si venía con la contraseña correcta. Las veredas de Santa Helena del Opón, La Fortunata en San Vicente, la región de Riofuego y varias de Simacota concentraban esa herencia. Sin ella —sin campesinos que ya sabían qué hacer con un grupo armado— la irrupción del ELN en 1965 habría sido militarmente inviable.

El primer foco: cómo se sembró el ELN en Simacota

Los fundadores del ELN no eran, en su núcleo dirigente, campesinos del piedemonte. Eran estudiantes universitarios y cuadros del Movimiento Revolucionario Liberal (MRL), la disidencia que en los primeros sesenta se había planteado disputarle al Frente Nacional el monopolio del liberalismo. La Revolución Cubana operaba como horizonte ideológico y como modelo operativo: la idea de instalar un foco guerrillero en el Magdalena Medio santandereano venía de esa gramática, no de una demanda campesina previa.

Entre 1963 y 1964, ese núcleo comenzó a asentarse en la región de Simacota, Santa Helena del Opón y San Vicente de Chucurí. Los nombres que emergen de esa etapa fundacional son Fabio Vásquez Castaño, Víctor Medina Morón, Ricardo Lara Parada, Heriberto Espitia, Luis Rovira, Mario Hernández y José Merchán, con Fabio Vásquez consolidándose progresivamente como jefe. El aparato urbano lo aportaban las Juventudes del Movimiento Revolucionario Liberal (JMRL), que entre 1963 y 1964 enviaron quince cuadros a China para formación política y militar y adoptaron posiciones maoístas —un dato que anticipa las tensiones internas que la organización naciente arrastraría desde el primer día.

Lo que hicieron los fundadores en la región de Simacota no fue improvisar una toma: fue construir, durante meses, la infraestructura humana que la haría posible. Contactaron a campesinos, se conectaron con antiguos combatientes de Rangel, aprendieron corredores, identificaron a los hijos y nietos de guerrilleros liberales dispuestos a sumarse. El reclutamiento del primer foco se hizo en las veredas de Santa Helena del Opón, en La Fortunata de San Vicente, en Riofuego y en el propio municipio de Simacota. Los integrantes provenían de familias liberales o comunistas, eran herederos directos de la Violencia o hijos de dirigentes campesinos, o habían pasado por las estructuras juveniles del MRL. Esa arquitectura —cuadros urbanos ilustrados, base campesina heredera de una tradición guerrillera— es la que explica que Simacota funcionara: no era una elección puramente simbólica, era una implantación real sobre un sustrato que aceptaba la implantación.

7 de enero de 1965: la toma

El operativo fue de una simplicidad casi ceremonial. Veintidós guerrilleros —la cifra oscila entre veinte y veintidós según la fuente— entraron al casco urbano en las primeras horas del 7 de enero de 1965. Asesinaron a un sargento y a dos agentes de la Policía, y a dos militares adscritos a los batallones Galán y Ricaurte. Robaron las armas de la fuerza pública. Vaciaron la Caja Agraria. Convocaron a la población a la plaza —"convidaron a la gente", en la formulación seca que quedó en las crónicas—, y desde ahí se retiraron a las montañas por las mismas veredas que los habían acogido durante la preparación.

La acción fue militarmente menor. Su peso está en otra parte: fue el primer acto público de una organización que hasta entonces existía solo como proyecto clandestino, y fue el nombre —Simacota— con el que esa organización decidió ser conocida. Al vincularse al topónimo, el ELN convirtió al municipio en firma. El Programa de Simacota, el manifiesto fundacional de doce puntos, tomaría el nombre del pueblo aunque su elaboración fuera ajena a él; y la memoria pública del ELN quedaría, desde ese enero, anclada a un lugar que la mayoría de sus dirigentes históricos apenas pisó.

Hay una discrepancia menor en las cronologías: algunas versiones datan la acción en 1964, pero la fecha canónica —la que la propia organización reivindica— es el 7 de enero de 1965. La confusión probablemente refleja que el proceso de implantación había comenzado el año anterior, pero la irrupción pública, el acta de nacimiento, es de 1965.

Lo que siguió a la toma fue tan revelador como la toma misma. En abril de 1965, con el prestigio fresco de las acciones de Simacota y Papayal —y con los cubanos, patrocinadores lejanos, tranquilizados por la prueba de vida—, Fabio Vásquez Castaño ordenó reorganizar el aparato clandestino urbano y disolver las JMRL. La dirigencia maoísta de las Juventudes se resignó. La consigna era clara: el ELN sería una organización jerárquica bajo mando único, no una coalición de tendencias. El acto fundacional en Simacota fue, también, el acto por el cual el foco rural absorbió y sometió al aparato urbano que lo había hecho posible.

El Manifiesto de Simacota

El Programa de Simacota consta de doce puntos organizados en torno a cuatro ejes: doctrina militar, relaciones internacionales, reforma agraria y desarrollo social. En materia agraria, propone democratizar el crédito, la asistencia técnica y la comercialización; eliminar el latifundio feudal donde subsista; redistribuir la tierra; y definir una frontera agrícola que racionalice la colonización. Plantea, además, la garantía de derechos sociales al campesinado, e incorpora reivindicaciones sobre pueblos indígenas y política religiosa que lo diferencian de otros programas guerrilleros de la época.

Comparado con la plataforma de las FARC de 2001, el parecido es asombroso: doce puntos también, los mismos pivotes temáticos, buena parte del léxico compartido. Las diferencias son de énfasis y organización; hay dos puntos exclusivos de las FARC —la estructura del régimen político y el tratamiento del narcotráfico— que reflejan más el contexto de los años dos mil que una divergencia ideológica de fondo. La lección incómoda de esa coincidencia es que el Manifiesto de Simacota no fue una ruptura programática, sino la codificación temprana de un programa guerrillero latinoamericano genérico, hijo de la Revolución Cubana y compartido, con variaciones menores, por casi todas las insurgencias del continente. Lo que diferenciaría al ELN de las FARC no sería el programa, sino la hibridación posterior con la teología de la liberación, cuyo vector tuvo nombre y apellido.

Camilo Torres, o el injerto teológico

Camilo Torres Restrepo llegó al ELN a finales de 1965, apenas unos meses después de la toma. Traía consigo una biografía inusual para una guerrilla en formación: había sido capellán de la Universidad Nacional, cofundador junto con Orlando Fals Borda de los departamentos de sociología y trabajo social de esa universidad, y figura central del Frente Unido del Pueblo, un movimiento político efímero pero masivo que había logrado captar la atención de amplios sectores populares urbanos. Su capellanía había terminado a mediados de 1962; en los años siguientes se había radicalizado hasta declarar que "las vías legales están cerradas" para el cambio político y social en Colombia. Esa frase, y su decisión de tomar las armas, lo convirtieron en el sacerdote guerrillero por antonomasia del catolicismo latinoamericano.

Su paso por el ELN fue brevísimo. El 15 de febrero de 1966, en su primer y único combate, murió en el lugar conocido como Patio Cemento, en las montañas de Santander, cerca de San Vicente de Chucurí —a poca distancia de donde el ELN había nacido públicamente trece meses antes. Había pasado aproximadamente tres meses en la lucha armada. Al menos un analista calificó su muerte de "absurda"; el ELN, por su parte, entró tras el episodio en una fase defensiva, atravesada por rivalidades intestinas que dejaron "ajusticiamientos" internos y una paranoia colectiva de la que la organización tardaría años en salir.

Y sin embargo, muerto, Camilo Torres pesó más que vivo. Su ejemplo atrajo al ELN a cohortes sucesivas de sacerdotes, monjas y seminaristas que marcarían la dirigencia de la organización durante décadas. Sus tesis sobre poder popular, abstención electoral y democracia directa fueron incorporadas al cuerpo doctrinario elenista. El injerto de la teología de la liberación sobre el tronco marxista-leninista fundacional convirtió al ELN en una organización doctrinalmente distinta a las FARC: un movimiento de liberación nacional inspirado por la Revolución Cubana pero atravesado, de forma constitutiva, por una lectura cristiana del compromiso revolucionario. Ese hibridismo es, más que el Programa de Simacota, la marca de identidad del ELN.

Vale la pena detenerse en la geografía de esa muerte. Camilo cayó a poca distancia de las veredas donde el primer foco había reclutado. El territorio que había hecho posible la toma de 1965 se cobró, en menos de un año y medio, al hombre que le daría al ELN su rostro público más reconocible. La región de Simacota, Santa Helena del Opón y San Vicente de Chucurí funcionó como cuna y como tumba: en poco más de trece meses inauguró la organización y sepultó a su figura tutelar.

Los años posteriores: crisis, expansión y ausencia

Tras la muerte de Camilo, el ELN entró en un largo período de dificultades. Las rivalidades internas de fines de los sesenta, agravadas por la derrota en la Operación Anorí de 1973 —en la que murieron Manuel y Antonio Vásquez Castaño, hermanos de Fabio—, hundieron a la organización en una crisis que se prolongó durante los años setenta. En esos años, Simacota dejó de ser el centro operativo del ELN. La organización se reorganizó desde Barrancabermeja y desde ahí, a mediados de los setenta, se expandió hacia el norte del país: la Serranía del Perijá —Curumaní, Chimichagua, Pailitas— y el piedemonte caribeño se volvieron sus nuevos territorios de asentamiento.

Ese desplazamiento revela algo importante: el nombre siguió siendo Simacota, pero la operación se fue a otra parte. El vínculo del ELN con su topónimo fundacional se volvió, con los años, más simbólico que territorial. La organización mantuvo mayor cercanía con los sindicatos petroleros de Barrancabermeja y con sectores de la Iglesia católica que con el campesinado de la propia región de Simacota, cuya lealtad —la que había hecho posible 1965— fue erosionándose con los relevos generacionales y, sobre todo, con la irrupción de un nuevo actor armado que llegó a disputarle al ELN el control del territorio.

La contraguerra: MAS, Sanjuaneros, Autodefensas

Los años ochenta trajeron al Magdalena Medio la contraofensiva paramilitar. El Muerte a Secuestradores (MAS) se consolidó en la región desde 1981; a sus miembros los llamaron "Masetos". Desde Puerto Boyacá, el proyecto paramilitar avanzó geográficamente hacia el norte, y en 1986 había alcanzado Puerto Parra y la parte más occidental del Bajo Simacota. En la porción oriental de esa misma vertiente actuaba Los Sanjuaneros, con influencia zonal aunque sin presencia permanente en todos los lugares. Las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá y las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio se fortalecieron en esos años y terminarían, ya en los noventa, integradas a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

La geografía de la violencia paramilitar en Simacota calcó, con precisión inquietante, la geografía de la implantación insurgente. El mismo piedemonte que el primer foco del ELN había convertido en cuna en 1965 fue el que los grupos contrainsurgentes convirtieron en zona de disputa dos décadas después. Y la población civil quedó atrapada entre las dos lógicas.

Los números del Observatorio de Memoria y Conflicto para el período 1981-1986, referidos al conjunto formado por El Carmen de Chucurí, San Vicente de Chucurí, Santa Helena del Opón y Simacota, dan la escala del daño: 163 homicidios selectivos, 55 desapariciones forzadas —de las cuales 34 en San Vicente— y 49 víctimas de masacres. San Vicente concentró 9 víctimas de masacre; Santa Helena del Opón, 40. Simacota no aparece siempre desagregada en las estadísticas, pero figura recurrentemente en los cuatro municipios de la subregión donde el conflicto se ensañó con mayor intensidad en esos años.

Sobre el terreno, la disputa se materializó en una división cartográfica que la propia comunidad nombró con crudeza. En Simacota Sector Bajo, los grupos armados partieron el territorio en dos zonas en el sitio denominado "No te pases": de ese punto hacia arriba operaba la guerrilla, hacia abajo los paramilitares. El topónimo lo dice todo: una advertencia hecha frontera, la geografía convertida en amenaza. Cruzar era arriesgarse a ser leído como del bando contrario. Familias enteras aprendieron a organizar sus desplazamientos, sus compras, sus visitas de acuerdo con esa línea que ningún mapa oficial recogía pero que en el terreno era inflexible.

Las víctimas y la reparación pendiente

El costo humano fue mayúsculo y, para muchas familias, definitivo. El desplazamiento forzado se convirtió en salida ordinaria: algunas familias de Simacota terminaron en Barrancabermeja tras masacres que se llevaron a sus deudos, con Olga María y la muerte de su tío como uno de los muchos casos documentados de esa geografía del éxodo. Cada masacre disparó una diáspora; cada desaparición dejó a una casa sin una silla ocupada.

En el marco de la Ley de Víctimas, la comunidad de Simacota Sector Bajo fue reconocida como sujeto de reparación colectiva. Su Plan Integral de Reparación Colectiva (PIRC) contempla 33 medidas, desagregadas en 76 acciones concretas: 52 de restitución, 10 de satisfacción, 8 de garantías de no repetición y 6 de rehabilitación. A 2018, sin embargo, el estado de implementación era desalentador: el 76% de las acciones seguía en etapa de aprobación, el 10% en gestión, apenas el 7% en implementación y solo un 7% completamente implementado. La reparación, en la práctica, ha sido más papel que hecho.

Esa asimetría —entre la nitidez con que se pudo hacer la guerra y la lentitud con que se puede hacer la paz— define buena parte del posconflicto colombiano, pero en Simacota adquiere un peso particular. El municipio que dio nombre al acto fundacional de una guerra que duró más de medio siglo espera todavía que las medidas concretas de reparación se materialicen en sus veredas.

El pueblo bajo el nombre

Hay dos Simacotas superpuestas y es imposible entenderlas por separado. La primera es el municipio real: un pueblo del piedemonte comunero, atravesado por el río Suárez, con una parte alta integrada a las villas del Socorro y una parte baja que mira hacia el Magdalena, con veredas donde durante generaciones se han sembrado café, caña, plátano y maíz, con caminos que en el siglo XIX hicieron parte de rutas menores pero constantes hacia Oiba y San Gil. Un municipio con vecinos —Chima, Guapotá, Santa Helena del Opón, San Vicente de Chucurí— con los que comparte topografía, historia y, en los ochenta, la desgracia común de haber quedado en medio del fuego.

La segunda es el topónimo secuestrado: el Simacota que ya no es solo lugar sino nombre de un manifiesto, referencia obligada en cualquier historia del conflicto colombiano, atajo verbal con el que se dice "el ELN empezó ahí". Esa segunda Simacota fue, en buena medida, una apuesta de terceros: los estudiantes universitarios y cuadros del MRL que decidieron, entre 1963 y 1964, que el piedemonte santandereano ofrecía las condiciones estructurales —memoria radical, redes campesinas liberales, terreno poco vigilado— para instalar un foco a la cubana. La memoria de Rafael Rangel, las herencias del 9 de abril, la disposición de las familias liberales de las veredas: todo eso hizo viable la implantación. Pero la decisión política de convertir al municipio en escenario fundacional fue una decisión externa, tomada por gente que en su mayoría no había nacido allí y que, tras el acto simbólico, se desplazaría a otras regiones a hacer la guerra.

Esa asimetría —entre quienes eligieron el nombre y quienes pagaron por él— es el núcleo incómodo de la historia de Simacota en el siglo XX. El municipio ofreció el sustrato humano y territorial; recibió a cambio, dos décadas después, la contraofensiva paramilitar que le costó cientos de muertos, decenas de desaparecidos, un desplazamiento sostenido y una frontera interna llamada "No te pases". Nada de eso estaba en el Programa de Simacota; nada de eso pudo evitarse invocando su memoria comunera.

Huella

Simacota es hoy, en la narrativa oficial del ELN, un lugar sagrado: el 7 de enero se conmemora, el manifiesto se cita, el nombre se reivindica. Para el municipio mismo, la relación con esa consagración es más ambigua. El topónimo trajo visibilidad, pero también trajo décadas de violencia y una estigmatización difícil de descoser: durante mucho tiempo, decir "Simacota" en Colombia era decir, primero, "guerrilla".

Entre 1997 y 2008 las acciones bélicas del ELN disminuyeron de forma vertiginosa a nivel nacional, coincidiendo con la consolidación territorial paramilitar. La organización que había nacido en Simacota terminó, en esos años, respondiendo defensivamente a la iniciativa de la fuerza pública y refugiándose en acciones de sabotaje que también fueron menguando. La distancia entre el foco de veintidós hombres de 1965 y el ELN de comienzos del siglo XXI —replegado, deslocalizado, muy lejos de sus veredas fundacionales— es también la medida de cuánto se transformó, para bien y para mal, la relación entre la organización y su topónimo bautismal.

En el municipio, mientras tanto, la vida siguió su curso, atenta a los ciclos agrícolas y a los cambios de administración, con un PIRC inconcluso y una memoria familiar que en cada casa guarda un nombre —un tío muerto en una masacre, un vecino desaparecido, un pariente desplazado a Barrancabermeja— que no aparecerá en ningún manifiesto. Esa memoria menuda, la de las familias que nunca eligieron ser origen de nada, es la que la historia de Simacota debe también hospedar. Porque el municipio existe antes, durante y después del ELN, y porque el pueblo real —el de los caminos hacia el Socorro, el de las dos vertientes, el del río que se cruza dos veces— tiene derecho a ser leído sin la sombra permanente del nombre que le impusieron un 7 de enero.