Geografía del conflicto

En Colombia, la expresión "geografía del conflicto" nombra algo más que un mapa. Es una tesis: la de que la violencia del siglo XX y lo que va del XXI se reprodujo con obstinación en unos territorios y no en otros porque en ellos se articularon tres fuerzas concretas: una frontera agraria en expansión permanente, unas economías extractivas e ilegales que llenaron el hueco del mercado y de la ley, y un Estado que llegó tarde, mal o deliberadamente selectivo. Formulada primero como diagnóstico sociológico en los años sesenta, refinada por décadas de estudios regionales, convertida en clave interpretativa por el Centro Nacional de Memoria Histórica y por la Comisión de la Verdad, terminó codificada como criterio técnico en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial del Acuerdo de 2016. Es a la vez una lectura del país y una manera de intervenirlo.

Un país que se explica por sus bordes

Colombia no fue nunca un territorio homogéneo bajo autoridad uniforme. El aserto suena trivial hasta que se lo lleva al terreno: los actores armados no aparecieron al mismo tiempo en todo el país, sino en momentos distintos, ligados a los ritmos desiguales con que cada región se integró —cuando se integró— a la economía nacional y a la vida política del centro. La geografía del conflicto empieza por reconocer esa asincronía. Hay regiones donde la guerra llegó en 1948 y regiones donde la primera columna guerrillera se avistó en los años ochenta; hay corredores que solo se volvieron estratégicos cuando cambió el precio de la cocaína en Miami; hay pueblos donde el Estado nunca llegó y otros donde llegó primero como ejército y luego, con mucha demora, como escuela.

La categoría de "periferia", aplicada al caso colombiano, no describe simplemente distancia geográfica respecto a Bogotá. Describe una condición: territorios donde el Estado se hizo presente de forma precaria o intermitente, donde las comunidades acumularon décadas de desprotección, y donde esa desprotección alimentó tanto la desigualdad interregional como la legitimidad relativa de los grupos armados que ofrecieron —a su manera— lo que el Estado no ofrecía. La inserción guerrillera y paramilitar se explica en buena medida por esa oferta invertida: allí donde no había policía ni juez ni carretera ni hospital, hubo comandante, tribunal irregular, obra pública comunitaria armada y, con frecuencia, un impuesto de guerra que sustituyó al impuesto público. En zonas rurales bajo control estable de la guerrilla, esta funcionó como un Estado paralelo: resolvía disputas, organizaba trabajo colectivo, defendía el perímetro frente al ejército, los paramilitares y los grupos guerrilleros rivales.

El punto delicado —y decisivo— es que esa precariedad estatal no fue un accidente natural del relieve. Fue, en gran medida, el resultado de decisiones: proteger el latifundio antes que redistribuir la tierra, canalizar el excedente campesino hacia baldíos lejanos antes que reformar la estructura agraria del interior, delegar el orden en los poderes locales antes que construir instituciones nacionales. La geografía del conflicto describe, entonces, no un vacío sino una forma concreta —y activa— en que el Estado colombiano se hizo presente: por omisión selectiva.

El estudio fundador y su larga sombra

El concepto tiene una fecha de nacimiento y una autoría precisa, aunque su formulación acabada haya tomado décadas. En junio de 1964, Ediciones Tercer Mundo publicó el Tomo II de La Violencia en Colombia, escrito por Germán Guzmán Campos, Orlando Fals Borda y Eduardo Umaña Luna, monografía de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional. El primer tomo había aparecido antes; juntos constituyeron el primer intento sistemático de dar cuenta del proceso que había desangrado al país desde 1948. El estudio manejaba una cifra —aproximadamente 200.000 muertos— obtenida por extrapolación desde una base documentada de 134.820 muertes directas, sumando estimaciones de heridos fallecidos y desplazados. La cifra tuvo enorme fortuna en la literatura posterior y, aunque investigaciones econométricas recientes basadas en censos y tasas de natalidad han estimado para el período 1949-1958 alrededor de 57.737 víctimas mortales, muy inferior, la contabilidad de Guzmán, Fals Borda y Umaña Luna sigue funcionando como referencia moral incluso donde ha dejado de funcionar como cálculo.

Lo que interesa aquí no es la cifra sino el gesto: los autores trataron La Violencia como un fenómeno con ramificaciones políticas, económicas y culturales, cuya naturaleza cambiaba con el tiempo y según las condiciones locales. Al hacerlo, instalaron una intuición que sería después el corazón de la geografía del conflicto: la violencia no es un episodio uniforme ni una patología nacional homogénea, sino un proceso de textura variable, con densidades regionales distintas. La constatación empírica —que los muertos y los desplazados se concentraban en Tolima, Valle, Antioquia y Caldas, es decir, en el eje cafetero central— desmentía la idea de una violencia que emanaba de la periferia. La geografía de La Violencia era, paradójicamente, la del corazón productivo del país.

Ese hallazgo abrió una tensión que atraviesa toda la tradición posterior. Si el foco original del conflicto estaba en las zonas cafeteras densamente pobladas, integradas al mercado y con presencia estatal, ¿cómo se explica que su continuación —desde los años sesenta— se desplazara hacia las fronteras amazónicas, hacia el Pacífico, hacia los llanos, hacia el Catatumbo? Al menos parte de la respuesta la ofreció el propio Fals Borda en sus trabajos sobre configuración regional y ordenamiento territorial, y luego una generación entera de estudios: la violencia no se desplazó azarosamente sino siguiendo el rastro de la colonización campesina que ella misma había empujado. Los campesinos expulsados del interior fundaron los pueblos donde volvería a arder la guerra.

El Frente Nacional, pactado en 1958 entre los partidos Liberal y Conservador, impuso sobre este diagnóstico un silencio elocuente. La paz partidaria prevaleció sobre la verdad y sobre la justicia; La Violencia fue tratada como una clave sociológica para auscultar al campesinado —a su cultura, sus supersticiones, sus lealtades— pero no como una interpelación a la organización política que la había producido. El estudio de 1964 quedó, en ese sentido, huérfano de continuación institucional: había abierto una pregunta que el pacto bipartidista prefería no responder.

De la colonización empujada a la retaguardia armada

La documentación de campo permitió, en las décadas siguientes, reconstruir con precisión el mecanismo. Testimonios recogidos por investigadores como Sierra en los años noventa mostraron que campesinos expulsados por el Ejército en 1953 —en plena ofensiva contra las autodefensas del sur del Tolima— abrieron a machete el camino hacia la Sierra de La Macarena, atravesando el Caquetá. No fue un movimiento espontáneo ni disperso: grupos organizados por el Partido Comunista formaron "columnas de marcha" que abrieron nuevos frentes de colonización en La Macarena, replicando en la frontera una organización que la violencia había destruido en el interior. En esas mismas zonas, dos décadas después, se consolidarían frentes de las FARC.

La secuencia es la clave analítica de la geografía del conflicto colombiano: expulsión, colonización, presencia guerrillera. Y sin embargo, no funciona como determinismo. La relación causal entre despojo original y arraigo guerrillero es objeto de debate historiográfico legítimo; hay zonas de colonización donde la guerrilla no cuajó y zonas de vieja presencia estatal donde sí. Lo que sí puede afirmarse es que la colonización amazónica —proceso secular iniciado desde finales del siglo XIX— absorbió sistemáticamente las poblaciones que los conflictos estructurales del centro expulsaban, y que esa absorción reprodujo en el nuevo territorio el mismo problema que había expulsado a la gente. Estudios del Incora en los años sesenta ya lo advertían: en las zonas de colonización, los grandes ganaderos y latifundistas se apropiaban de las tierras que los colonos habían desmontado con su trabajo, obligándolos a moverse hacia una frontera aún más lejana. El latifundio no se combatía; se desplazaba.

Sobre este trasfondo se entiende por qué la reforma agraria colombiana, tantas veces anunciada, resultó marginal. Las leyes sucesivas afectaron poco la estructura de tenencia dentro de la frontera agrícola: favorecieron la titulación de baldíos en la periferia, promovieron la colonización como válvula de escape y mantuvieron intacto el modelo dual de latifundio y minifundio. Autores como Absalón Machado y Salomón Kalmanovitz han documentado cómo el latifundio ganadero se plantó desde los años treinta al frente de la resistencia contra las reformas sociales y agrarias, y cómo la alianza entre terratenientes y Estado persistió como rasgo estructural del agro colombiano a pesar de los cambios ocurridos desde los cincuenta. La geografía del conflicto es, en gran medida, la traducción territorial de esa alianza no disuelta.

Corredores, retaguardias y la lógica espacial de la guerra

Desde los años ochenta, la dinámica territorial del conflicto se hizo legible como una arquitectura de corredores estratégicos y zonas de disputa. Un corredor de movilidad, en jerga de investigación, no es solo un eje de tránsito: es un tendido minucioso de puntos de apoyo a lo largo de una ruta —fincas, veredas, funcionarios comprados, comerciantes cómplices— sin el cual la movilidad armada implica alto riesgo. Cuando un grupo pierde su corredor, pierde su capacidad de operar. La guerra colombiana puede leerse, en buena medida, como una disputa por corredores.

Las zonas donde esa disputa alcanzó mayor intensidad —el nordeste del Valle del Cauca, el oriente antioqueño, el occidente de Arauca, los Montes de María, la Sierra Nevada de Santa Marta— configuraron una geografía específica: no siempre las regiones más pobres, no siempre las más periféricas, sino aquellas donde se cruzaban rutas económicas relevantes con debilidad institucional persistente. El Medio Atrato, en el Chocó, funcionó como corredor para el transporte y exportación de cocaína hacia el Pacífico por parte de narcotraficantes procedentes del Valle, Caldas, Risaralda y el occidente de Antioquia; su precariedad estatal generó "legalidades alternativas", regímenes de orden paralelo que sustituyeron el referente simbólico del Estado y facilitaron la instalación de economías ilegales sostenidas. En el Bajo Cauca antioqueño, el control del eje fluvial del río Cauca, del Nechí y de los corredores hacia el Golfo de Urabá y el río Magdalena estructuró la conflictividad posdesmovilización, con presencia de grupos como Los Urabeños en municipios como Tarazá, El Bagre, Nechí y Zaragoza.

La masacre de Mapiripán, en el Meta, entre el 15 y el 20 de julio de 1997, marcó en la memoria colectiva el momento en que esta lógica de corredores alcanzó pleno funcionamiento en los Llanos Orientales bajo hegemonía paramilitar. El Bloque Centauros consolidaba entonces la expansión de las autodefensas hacia una región que las FARC habían considerado retaguardia; la disputa por ese territorio fue especialmente sangrienta porque lo que se jugaba no era una frontera sino una arteria.

En el Bajo Putumayo —los municipios de Orito, Valle del Guamuez y San Miguel— se dio otra síntesis reveladora: la explotación petrolera del departamento se concentró históricamente allí, y sobre ese mismo suelo se extendió el cultivo de coca y se instalaron actores armados con vocación de permanencia. Petróleo, coca y guerrilla ocuparon el mismo mapa. En Nariño, entre 2010 y 2014, las FARC-EP y el ELN intensificaron acciones armadas —atentados contra torres eléctricas y contra el oleoducto trasandino, ataques a puestos rurales de policía, un ataque a la base naval de Tumaco— en un contexto de reconfiguración territorial en el que los frentes guerrilleros retornaban a municipios de la cordillera que habían estado bajo influjo paramilitar. La geografía del conflicto se reescribía sobre sí misma: cada retirada de un actor abría un vacío que otro venía a ocupar.

La economía de guerra y la autonomía territorial

Un rasgo específico del caso colombiano, señalado por Daniel Pécaut, es la independencia financiera notable que tanto las guerrillas como el paramilitarismo alcanzaron respecto de patrocinios externos. Las FARC no dependieron de potencias internacionales; el paramilitarismo no dependió del presupuesto estatal. Ambos se financiaron con economías locales —narcotráfico, extorsión, minería ilegal, contrabando— que produjeron territorios enteros funcionando bajo lógicas de guerra autosostenida. Esta autonomía financiera es una de las causas esenciales de la prolongación del conflicto: no había goteo externo que cortar, no había mecenas al que presionar.

La expansión del narcotráfico desde los años ochenta reconfiguró la geografía existente. Los carteles, formados alrededor del tráfico de marihuana a principios de los setenta, se consolidaron territorialmente en alianza con poderes locales y establecieron corredores para el tráfico de cocaína y heroína hacia Estados Unidos. Las regiones del norte del país conectadas con la costa Caribe, y las del sur vinculadas a la producción cocalera, experimentaron altos niveles de expulsión de población. El desplazamiento forzado dejó de ser efecto colateral de la guerra política para convertirse en herramienta de acumulación económica: quien controlaba el corredor controlaba la renta, y quien pretendía controlar el corredor necesitaba vaciarlo de testigos incómodos.

En Putumayo, esa lógica dejó huella medible. A mediados de 2013, la Unidad de Restitución de Tierras había recibido allí solicitudes que sumaban cerca de dos mil predios y 65.582 hectáreas —el 4,52% del total nacional—, un volumen que confirmaba lo que los investigadores llevaban tiempo señalando: el papel histórico del narcotráfico y los cultivos de coca en la construcción territorial del departamento explica los fenómenos contemporáneos de abandono forzado y despojo. En paralelo, la expansión de los megaproyectos agroindustriales de biocombustibles —con la palma aceitera acercándose ya al medio millón de hectáreas hacia 2009— operó como factor de mayor concentración de la propiedad rural, despojo y deterioro ambiental. En la Sentencia C-644 de 2012, la Corte Constitucional declaró inexequibles normas del Plan Nacional de Desarrollo que descuidaban el balance entre zonas de desarrollo empresarial y zonas de reserva campesina, apuntando a un desequilibrio estructural que la política pública tendía a profundizar.

El deterioro de las exportaciones agrícolas desde mediados de los ochenta y la caída de cultivos transitorios durante la apertura económica de los noventa configuraron el marco en que la coca se expandió sobre territorios de agricultura previamente consolidada. Sobre ese suelo emergió una figura decisiva: el "señor de la guerra", actor que articulaba narcotráfico con aparatos de coerción y protección para sostener un orden local. La geografía del conflicto en su fase reciente es, en buena medida, la geografía de esos órdenes locales autosostenidos, hijos de una economía ilegal globalizada y de un Estado que nunca terminó de nacionalizarse.

Molano, el CNMH y la memoria como cartografía

Si Fals Borda y su generación instalaron el diagnóstico, la traducción del concepto a un lenguaje comprensible para el gran público debe mucho a Alfredo Molano Bravo. Su obra —crónicas, testimonios, informes— hizo del recorrido físico por los territorios del conflicto un método de conocimiento: escuchar a los expulsados de La Violencia, a los colonos de la Amazonia, a los pescadores del Magdalena, a las mujeres del Sarare. Molano practicó una etnografía itinerante que confirmó lo que la sociología había sospechado y añadió lo que la sociología no podía dar: el detalle biográfico, la voz de quienes habían vivido dentro del mapa.

Su influencia se hizo institucional en la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. Molano fue el comisionado que orientó, hasta su muerte, el despliegue territorial del trabajo de la CEV; el enfoque territorial del Informe Final le debe la insistencia en que las voces de los sectores más victimizados debían estructurar el relato y no ilustrarlo. El tomo territorial del Informe se organizó en once unidades regionales diferenciadas —Amazonía; Antioquia, sur de Córdoba y Bajo Atrato chocoano; Caribe; Eje Cafetero; Frontera nororiental; Magdalena Medio; Nariño y sur del Cauca; Orinoquía; Pacífico; Región Centro; Valle y norte del Cauca— más tres componentes adicionales: un texto reflexivo sobre las dinámicas territoriales de la guerra, un capítulo sobre dinámicas urbanas del conflicto y un epílogo dedicado al campesinado, al que la Comisión describió como "víctima principal del conflicto".

La arquitectura del tomo tenía una consecuencia metodológica notable: los relatos regionales no compartían fecha de inicio. Algunos se remontaban al período colonial, otros al siglo XIX, otros solo a tiempos recientes. La razón es la que había apuntado Fals Borda sesenta años antes: los actores armados no llegaron simultáneamente a todo el país. Cada región tenía su propio reloj, ligado al momento en que la vida económica nacional la había alcanzado —o la había marginado— y a las formas concretas en que sus poblaciones habían quedado articuladas, o no, a la vida política del país. La CEV formalizó así una intuición larga: la historia del conflicto colombiano no es una sino muchas historias entrelazadas, y solo el análisis regional puede sostener la promesa de comprender.

El Centro Nacional de Memoria Histórica, bajo la dirección durante años de Gonzalo Sánchez Gómez, había preparado el terreno. Los informes sobre paramilitarismo en el Urabá antioqueño, sur de Córdoba, Bajo Atrato y Darién, entre muchos otros, produjeron el archivo empírico sobre el que se sostiene la lectura territorial contemporánea. El ¡Basta ya!, presentado en 2013 por el Grupo de Memoria Histórica, extendió el análisis de la violencia como fenómeno continuo desde los años cuarenta, rompiendo la periodización clásica que aislaba La Violencia (1948-1958) del conflicto posterior. Antes, el estudio de Paul Oquist sobre La Violencia, publicado en español en 1978, había estimulado la producción de estudios regionales al iluminar la enorme diversidad interna del fenómeno; en la misma dirección trabajaron después María Teresa Uribe de Hincapié desde Antioquia, Fernán González desde el análisis institucional, Darío Fajardo Montaña desde el ángulo agrario. Todos contribuyeron a que la geografía del conflicto dejara de ser una metáfora y se convirtiera en un programa de investigación acumulativo.

Del diagnóstico a la política pública: los PDET

De esa acumulación de saber regional a su codificación como instrumento estatal media un salto que la firma del Acuerdo de La Habana hizo de golpe. Lo que durante medio siglo había sido diagnóstico académico, denuncia campesina y archivo de memoria pasó, en noviembre de 2016, a ser criterio administrativo con presupuesto, cronograma y municipios focalizados. El Punto 1 del Acuerdo —la Reforma Rural Integral— y su instrumento estrella, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), asumieron explícitamente la geografía del conflicto como base de la política de paz. Los PDET focalizarían la inversión pública en los municipios más golpeados por la guerra, con la idea de cerrar la brecha que había producido y reproducido la violencia. La lógica era impecable en el papel: si la ausencia diferencial del Estado había alimentado el conflicto, la presencia diferencial del Estado debía cerrarlo.

Hubo antecedentes. Los Laboratorios de Paz, en particular el segundo (2003), habían seleccionado regiones combinando niveles de pobreza, necesidades básicas insatisfechas, presencia institucional, niveles de violencia y grado de madurez de los procesos sociales. Los criterios apuntaban a focalizar intervenciones sobre territorios con escenarios de exclusión y conflicto armado. La política de restitución de tierras, implementada durante el gobierno Santos bajo el liderazgo del Ministerio de Agricultura, resultó inédita: comenzó antes de la firma del acuerdo final, invirtiendo la secuencia habitual —Sudáfrica, por ejemplo, había esperado al pacto para empezar— y siendo considerada por quienes la condujeron como la pieza de mejor implementación en materia agraria.

La implementación del Acuerdo de 2016 confirmó, sin embargo, los límites de traducir un diagnóstico estructural en política administrativa. En su fase inicial —2017 fue descrito como el año más tranquilo vivido por Colombia en medio siglo—, la población pudo experimentar lo que significa la paz. Pero la transformación participativa regional que los PDET prometían no se materializó: en la práctica, se limitaron a proyectos demostrativos validados por la Misión de Verificación de la ONU. Bajo el gobierno Duque, el uribismo ejerció presión constante para excluir a la guerrilla desmovilizada de la competencia política, y se registró un crecimiento sin freno en el asesinato de líderes sociales. Las condiciones para transformar los territorios —donde vivían las víctimas y donde debían aterrizar los programas— se deterioraron sostenidamente.

Un rasgo estructural del proceso colombiano ayuda a entender esta dificultad: el país careció históricamente de continuidad entre gobiernos en los procesos de paz. Cada administración tendió a partir de cero, sin capitalizar los aprendizajes de la anterior. Desde 1981, apenas tres momentos exhiben continuidad: la administración Gaviria, que aprovechó la herencia negociadora dejada por el proceso con el M-19, y los gobiernos de Uribe y Santos por separado, en los que la reelección permitió cierta acumulación interna. El resultado es una intermitencia que le ha impedido al Estado colombiano transformar los territorios que su propia acción —u omisión— ayudó a producir.

Balance de un concepto

Al momento en que el conflicto llegó al punto crítico que favoreció la negociación de 2016, las FARC contaban con cerca de ocho mil combatientes y presencia efectiva en casi 200 de los más de 1.100 municipios del país; el ELN reunía menos de dos mil efectivos en medio centenar de municipios. En ambos casos, la capacidad militar se había reducido a menos de la mitad de la que habían llegado a tener. La geografía del conflicto se había estrechado, sí, pero no había desaparecido: los territorios que habían sido su corazón —el Pacífico nariñense, el Catatumbo, el Bajo Cauca, el sur del país— seguían siendo, y siguen siendo, los mismos.

Esa persistencia es el mejor argumento a favor de la potencia analítica del concepto y, al mismo tiempo, la mejor evidencia de sus límites políticos. Como herramienta de comprensión, la geografía del conflicto capturó algo real: la articulación sistemática entre frontera agraria, economías ilegales y precariedad institucional produce violencia allí donde se sostiene. Como instrumento de política pública, sin embargo, corre el riesgo de naturalizar como geografía lo que es, en el fondo, historia de decisiones. La frontera agraria no se abrió por sí sola: se abrió porque se protegió el latifundio del interior. Las economías ilegales no ocuparon un vacío neutral: ocuparon un territorio del que el Estado había expulsado a sus habitantes en 1953 y al que había regresado, décadas después, como fuerza pública sin acompañamiento civil. La precariedad no fue ausencia: fue una forma concreta de presencia selectiva.

De Fals Borda a Molano, del CNMH a la CEV, la mejor tradición del concepto ha insistido en esta doble lectura. Los territorios del conflicto son mapas, pero también son biografías colectivas de expulsión, colonización, despojo y resistencia; son economías, pero también son decisiones acumuladas de Estado; son geografías, pero también son cronologías de lo que se hizo y de lo que se dejó de hacer. Reducir esa complejidad al mapa —focalizar municipios, contar hectáreas, dibujar corredores— es útil pero peligroso: puede convertir el diagnóstico en coartada de intervenciones tecnocráticas que reproducen la misma lógica que dicen combatir.

Ahí está la apuesta del concepto en su mejor versión: no dejarse leer como cartografía inocente. La geografía del conflicto, bien empleada, no señala dónde está el problema; señala quién decidió que estuviera ahí y no en otra parte. Es menos un plano del país que un acta de responsabilidades: nombra los territorios, sí, pero para devolverle al resto de Colombia la pregunta incómoda de qué hizo, o dejó hacer, para que la violencia se quedara justamente donde se quedó.