El Placer

Un corregimiento en la selva de frontera

El Placer se encuentra sobre el eje vial que atraviesa el Valle del Guamuez, entre la cabecera municipal —La Hormiga— y la línea fronteriza que dibujan los ríos Guamuez y San Miguel con Ecuador. Es un pueblo pequeño, de casas bajas, en el que hasta hoy destaca una estructura de cuatro pisos enchapada en baldosa blanca y negra, al costado sur de la escuela primaria: El Edificio. Esa construcción, la más alta del corregimiento, funciona como resumen físico de su historia. Fue levantada en 1987 por un habitante conocido como el señor Changueza, en plena bonanza cocalera, con dinero de la coca. Doce años después, cuando llegaron los paramilitares, se convirtió en el sitio más significativo de su dominio y en sinónimo del terror en la memoria de los habitantes. La misma edificación acumula, capa sobre capa, las dos economías políticas que definieron al pueblo: la del narcotráfico que lo creó y la de la violencia armada que lo destrozó.

El corregimiento pertenece a una subregión —el bajo Putumayo— que en el siglo XX fue percibida por el Estado colombiano más como retaguardia estratégica que como territorio a gobernar. Selva amazónica, frontera internacional, ríos navegables hacia Ecuador y Perú, distancia enorme respecto de los centros de decisión: las mismas condiciones que hicieron a la región atractiva para la colonización campesina la volvieron ideal para las economías ilegales y para los grupos armados que se financiaron con ellas. El Placer no fue un lugar apartado del país: fue un lugar donde el país llegó tarde, y llegó por la peor puerta.

Los orígenes: petróleo, colonos y coca

La colonización moderna del Valle del Guamuez comenzó en la década de 1960 y se aceleró en la siguiente. El descubrimiento de petróleo en Orito en 1963 —para 1966 ya había quince pozos en producción en el suroeste colombiano— transformó la geografía del bajo Putumayo: abrió carreteras, atrajo mano de obra, generó economía monetaria en una zona hasta entonces marginal. Los colonos empezaron a llegar al Valle del Guamuez hacia 1974, sumándose a un proceso de poblamiento que ya venía de décadas anteriores. Familias campesinas del Huila, Nariño, Cauca y del propio Alto Putumayo bajaron a la selva a tumbar monte, buscar tierra, sobrevivir.

El impulso decisivo, sin embargo, no vino del crudo sino de la hoja. Entre 1978 y 1986 se concentró el mayor porcentaje de vinculación de colonos al Putumayo en todo el siglo XX: un 37,6% del total. Ese pico coincide con la introducción del cultivo de coca en el bajo Putumayo y con una dinámica migratoria regional que también arrastró al Caquetá y al Guaviare. La coca no fue el único factor —el petróleo, la ausencia de tierra en las regiones de origen y la búsqueda de frontera agrícola también pesaron—, pero fue el que reordenó la vida económica del territorio.

La región funcionó primero como corredor. Desde alrededor de 1970, el Putumayo —y en particular el río San Miguel— sirvió como paso de cocaína peruana hacia el interior colombiano. Después, entre finales de los setenta y la década de los ochenta, El Placer y el Valle del Guamuez dejaron de ser tránsito para convertirse en producción. Los nacientes carteles de Medellín y de Cali instalaron laboratorios de procesamiento de hoja de coca importada del Perú, y con el tiempo la siembra local se multiplicó hasta hacer del bajo Putumayo uno de los grandes territorios cocaleros del país. La historia local reconoce al Valle del Guamuez —con La Hormiga como cabecera— como el punto de llegada de los primeros narcotraficantes en los años ochenta y como su base inicial de operaciones.

Ese proceso ocurrió sin acompañamiento estatal en lo que importa: había carreteras petroleras, pero no titulación de tierras, ni asistencia técnica, ni servicios básicos. Hasta 1990, la población campesina del Putumayo no usó agroquímicos en el cultivo de coca; la consolidación del monocultivo ese año propició la aparición de una plaga y con ella la entrada masiva de fertilizantes, herbicidas y prácticas de manejo intensivo que transformaron el suelo y la ecología del pueblo.

La bonanza y sus efectos sociales

La bonanza cocalera —que en el bajo Putumayo se extendió con fuerza durante los años ochenta— reorganizó por completo la vida de El Placer y del Valle del Guamuez. Muchos pobladores abandonaron los cultivos de pancoger —café, caña, especies menores, ganado— para dedicarse a la coca y a la acumulación monetaria. La economía campesina de subsistencia, con sus ritmos y sus intercambios, fue desplazada por una economía de dinero en efectivo, rápida, ostentosa, ligada a las armas y a las cantinas.

La transformación de valores fue tan profunda como la material. Después de años de precariedad, la posibilidad súbita de tener dinero fue vivida por muchos como una forma de liberación, aunque llegara con violencia. Nuevas aldeas surgieron de la noche a la mañana. Poblados que apenas tenían unos cientos de habitantes vieron multiplicarse su población hasta por diez con la llegada de desempleados urbanos, comerciantes, ganaderos, prostitutas, raspachines. El Placer creció en ese ciclo, y en él se levantó El Edificio de cuatro pisos en 1987: prueba física, en medio de casas de madera y tabla, de que la coca dejaba plata suficiente como para construir algo que se pareciera a la ciudad.

La estigmatización acompañó a la bonanza. El Valle del Guamuez fue leído desde el resto del país como la zona más violenta del bajo Putumayo, la más asociada a la coca y a los narcos —una imagen que no siempre coincidía con la cifra real de hectáreas cultivadas, pero que se instaló como sentido común. Esa imagen tendría consecuencias durables: cuando el Estado colombiano y el gobierno de Estados Unidos diseñaron, dos décadas después, una política de erradicación forzada, El Placer y sus veredas vecinas quedaron en el centro del blanco.

De corredor a campo de batalla: las FARC y los primeros carteles

Mientras se consolidaba la economía cocalera, el bajo Putumayo se pobló también de actores armados. La relación inicial entre narcotraficantes y guerrilla fue de colaboración: en la vereda El Azul, del municipio de Puerto Asís, las FARC —junto con los grupos llamados Combos y Masetos traídos por Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el Mexicano— garantizaban el transporte de cocaína y la protección de los narcotraficantes. Desde 1987, Rodríguez Gacha instaló en la vereda La Azulita una base paramilitar y una base de procesamiento. Era un ensamblaje típico de la época: capital narco, escoltas armados privados y guerrilla como socio operativo, todos financiándose del mismo negocio.

El equilibrio se rompió cuando Rodríguez Gacha acusó a las FARC de robarle un cargamento en el Magdalena Medio. La ruptura desató una guerra interna que, sumada a la muerte del Mexicano en 1989 y al debilitamiento posterior de las redes del Cartel de Medellín en la región —Pablo Escobar llegó a designar a Fidel Castaño como administrador del negocio y de las estructuras paramilitares del cartel en Putumayo—, reordenó el mapa. Entre 1991 y 1997, las FARC-EP quedaron como único grupo armado con dominio efectivo del bajo Putumayo.

Durante esos años, la guerrilla operó como una suerte de sindicato armado de los cocaleros: imponía reglas a los narcotraficantes que compraban pasta, regulaba precios, cobraba gramaje, mediaba conflictos. Obtuvo así importantes recursos económicos y estableció una forma de orden armado que llenaba, a su modo, el vacío estatal. El Placer creció en ese régimen. Para las FARC, el Putumayo tenía además valor estratégico propio: era zona de retaguardia, corredor de movilidad, frontera con Ecuador y fuente de financiación. No lo iban a soltar sin pelear.

A esa presencia se sumaba una realidad menos publicitada: alianzas entre narcotraficantes y miembros de la Policía y las Fuerzas Armadas del departamento, al menos hasta inicios de los noventa, que se tradujeron en represión contra el movimiento cívico y las organizaciones comunitarias. El Estado no estaba ausente en el Putumayo; estaba presente de la peor manera.

La incursión paramilitar: 1999

En 1999 llegó a El Placer el Bloque Sur Putumayo de las Autodefensas Unidas de Colombia. Su llegada marca el punto de inflexión más brutal en la historia del corregimiento. Los combatientes eran, en su gran mayoría, foráneos: venían de Medellín, de Cali, de Valledupar, de la costa Caribe. Solo uno o dos de cada cien eran oriundos de la región. Ese dato importa: la violencia que padeció El Placer no fue producto de una descomposición interna del pueblo, sino de una operación militar diseñada, financiada y ejecutada desde afuera, contra un territorio cuya rentabilidad —cocalera, fronteriza, estratégica— explicaba su interés.

La incursión paramilitar en Putumayo se inscribía en la expansión nacional de las AUC bajo el liderazgo de Carlos Castaño y con la comandancia local ligada a figuras del Bloque Central Bolívar como Guillermo Pérez Alzate, alias Pablo Sevillano, y, en el nivel superior de las AUC, a Salvatore Mancuso. El objetivo público era combatir a las FARC. El objetivo real, en la práctica, era desalojar a la guerrilla del control de la economía cocalera y capturarla para sí, con la población civil como blanco: campesinos acusados de ser bases sociales de la guerrilla, comerciantes que habían pagado extorsiones, jóvenes sospechosos por su edad, mujeres sospechosas por sus vínculos.

Las masacres perpetradas por el Bloque Sur Putumayo en el Valle del Guamuez siguieron un recorrido reconocible: empezaron en El Placer, pasaron por El Vergel y terminaron en el casco urbano de La Hormiga. El Edificio —construido en 1987 con dinero de la coca— se convirtió en centro operativo y en símbolo del terror. Allí se retenía, se interrogaba, se torturaba. En la memoria de los habitantes, subir a El Edificio significaba, con frecuencia, no volver a bajar.

Entre 1999 y 2006, el Bloque Sur Putumayo transformó los lugares emblemáticos de la vida social de El Placer —la iglesia, la plaza, el parque, la escuela, el propio Edificio— en escenarios de vigilancia, castigo y ejecución. Los paramilitares asumieron funciones de autoridad: intervenían en peleas callejeras, en chismes, en infidelidades. Imponían castigos físicos y públicos. Regulaban la vida cotidiana con una minuciosidad que iba mucho más allá de la lucha contrainsurgente.

Los cuerpos de las mujeres como territorio

En El Placer, como en tantos otros lugares del conflicto colombiano, la violencia paramilitar tuvo una dimensión específicamente dirigida contra las mujeres. Esa dimensión no fue accesoria ni derivada: fue constitutiva del proyecto de dominación territorial.

En 2005, tras un enfrentamiento a las afueras del pueblo, paramilitares del Bloque Sur Putumayo capturaron a dos mujeres combatientes de las FARC. Una de ellas fue empalada. Ese acto no fue aislado: el empalamiento y la mutilación de órganos sexuales formaron parte de un repertorio deliberado, orientado a intimidar al adversario y a emitir mensajes de terror hacia los combatientes enemigos. El cuerpo de las mujeres funcionó como espacio de comunicación de la guerra: un lenguaje escrito sobre carne para ser leído por otros hombres armados.

La violencia de género paramilitar no se limitó a las mujeres en armas. Las mujeres del pueblo —campesinas, comerciantes, adolescentes, esposas, madres— quedaron sometidas a un régimen de control sobre su conducta, su identidad y su sexualidad. Los paramilitares castigaban públicamente a las mujeres acusadas de infidelidad, obligándolas a dar vueltas en el parque, mientras los hombres involucrados en la misma situación no recibían castigo alguno. El doble estándar era explícito; los propios perpetradores lo reconocían. Otras mujeres, que se opusieron al orden impuesto, fueron desplazadas. Violación sexual, esclavitud sexual, prostitución forzada, desnudez forzada, tortura, mutilaciones: todos los repertorios documentados del conflicto armado colombiano aparecieron, en distintas escalas, en el Valle del Guamuez.

A esa violencia directa se le sumaba otra, más silenciosa: los mecanismos sociales de vergüenza, culpa y miedo al señalamiento comunitario que trasladaban a las víctimas la responsabilidad de lo ocurrido. Muchas mujeres no denunciaron. Muchas no lo contaron ni siquiera dentro de sus casas. El silencio no fue elección: fue efecto de un sistema que castigaba dos veces.

Plan Colombia: la política pública sobre el pueblo

Al mismo tiempo que los paramilitares controlaban el territorio, otra fuerza operaba sobre El Placer desde arriba: el Plan Colombia. Concebido inicialmente por el gobierno de Andrés Pastrana con un componente social y presentado como iniciativa antinarcóticos, incorporó desde su origen una lógica contrainsurgente coordinada con el Comando Sur de Estados Unidos, que pasó a ser actor directo en el conflicto armado colombiano.

La llegada del Plan Colombia en 2000 coincidió con un incremento de los combates entre el Ejército y las FARC en el bajo Putumayo, y la violencia en la subregión no dejó de aumentar hasta 2008. En El Placer, la presión militar se sumó al dominio paramilitar sin desmontarlo: la lógica antinarcóticos aterrizó sobre un territorio donde los actores más violentos —los paramilitares— tenían control efectivo, y la lógica contrainsurgente centró sus operaciones contra la guerrilla, dejando a las AUC operar con relativa libertad durante años.

La expresión más visible del Plan Colombia sobre los cultivadores fue la fumigación aérea con glifosato. En el municipio del Valle del Guamuez, residentes de 67 de las 100 veredas existentes se consideraron afectados por las fumigaciones en su salud, en sus cultivos y en el medio ambiente. De las 800 quejas interpuestas ante la Personería de La Hormiga, la mayor proporción correspondió a tres veredas: El Placer, La Esmeralda y Los Ángeles. Los efectos en salud reportados por la población fueron consistentes: dermatitis, impétigo, abscesos, dolor abdominal, diarreas, infección respiratoria aguda.

Las fumigaciones no distinguieron: campesinos beneficiarios del programa PLANTE que habían firmado pactos sociales para no cultivar coca fueron igualmente asperjados, porque los pilotos no podían controlar con precisión el área rociada. La política antinarcóticos castigó indistintamente al que persistía en la coca y al que había aceptado dejarla, borrando la lógica del pacto que el propio Estado había ofrecido. La erradicación manual empezó en el Putumayo a finales de 2004, como complemento a la aspersión ya en curso. Los resultados aéreos fueron limitados: hasta 2003 las fumigaciones redujeron cultivos, pero en 2004, pese a alcanzar su punto histórico más alto, la superficie sembrada se mantuvo constante.

El desglose presupuestal del Plan Colombia dice mucho sobre las prioridades: del componente destinado al fortalecimiento económico y social —26% del total—, apenas un 8% fue a Desarrollo Alternativo, un 4% a ayuda a desplazados, un 1% al proceso de paz, un 5% al fortalecimiento del Estado, un 6% a Derechos Humanos y un 2% a reforma judicial. El grueso del programa fue militar. En El Placer, ese desequilibrio se sintió como fumigación sin sustitución, como operaciones militares sin protección civil, como abandono con presencia armada.

El desplazamiento forzado fue la consecuencia previsible. Junto a los homicidios y las amenazas, las minas antipersona se convirtieron en una de las principales causas de desplazamiento en el departamento. El abandono de tierras en el bajo Putumayo se concentró justamente en el ciclo del Plan Colombia, cuando la pinza entre violencia armada y fumigación indiscriminada volvió imposible sostener la vida rural.

Después de 2005: la desmovilización que no terminó la guerra

La desmovilización paramilitar de 2005, en el marco de la Ley de Justicia y Paz, no significó para El Placer el fin del control armado ilegal. La Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA, MAPP/OEA, identificó que en Putumayo —junto con Nariño y Chocó— la población no percibió un cambio sustancial en las condiciones de seguridad tras la desmovilización. En el sur del país, la dinámica posterior estuvo determinada por la alianza entre antiguos paramilitares del Bloque Central Bolívar y narcotraficantes del norte del Valle, alianza que dio origen a estructuras como Los Rastrojos, Mano Negra y Organización Nueva Generación Colombia.

En Putumayo apareció además una banda local conocida como La Constru, sobre cuya lealtad circularon versiones contradictorias hacia 2014: unas la vinculaban con Los Rastrojos, otras con Los Urabeños, todas coincidiendo en su participación en rutas de narcotráfico y comercio de armas. Las autoridades departamentales y la Policía negaban entonces la existencia de grupos posdesmovilización y hablaban solo de bandas delincuenciales de segundo nivel al servicio del narcotráfico, una fórmula administrativa que aliviaba la responsabilidad institucional pero no cambiaba la experiencia cotidiana de los habitantes.

Las FARC, por su parte, conservaron presencia permanente en el departamento a través del Frente 32 Ernesto Che Guevara —replegado desde 2007 en zonas de Puerto Guzmán y Puerto Caicedo— y del Frente 48. Circulaban en la región versiones no confirmadas sobre pactos tácitos de no agresión entre esos frentes y los grupos posdesmovilización, funcionales al negocio compartido de la coca.

El Placer entró así en una fase gris: sin masacres masivas como las de 1999-2005, pero sin paz. Un territorio administrado por la mezcla habitual de economía cocalera, presencia guerrillera y bandas herederas del paramilitarismo, con un Estado que empezaba, apenas, a reconocer que había sucedido algo grave.

El Placer como lugar de memoria

En 2012, el Centro Nacional de Memoria Histórica —heredero del Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación— publicó un informe titulado El Placer: Mujeres, coca y guerra en el Bajo Putumayo. El documento se sumó a un conjunto de trabajos regionales del CNMH sobre territorios específicos afectados por el conflicto y convirtió al corregimiento en uno de los primeros lugares rurales de Colombia con un archivo público de memoria detallado, elaborado desde el testimonio de sus habitantes.

El informe hizo tres cosas centrales. Reconstruyó la genealogía del pueblo: la colonización, la coca, la guerrilla, el paramilitarismo, el Plan Colombia. Identificó los lugares de la memoria: El Edificio a la cabeza, junto con la escuela primaria, la plaza y las rutas de las masacres desde El Placer hasta La Hormiga. Y, quizá lo más importante, puso a las mujeres en el centro del relato. No como víctimas pasivas de una violencia contada por otros, sino como narradoras: fueron ellas quienes describieron el empalamiento de 2005, los castigos públicos en el parque, los mecanismos de vergüenza y culpa, el doble estándar de género de los paramilitares, la vida cotidiana bajo dominación armada. El subtítulo del informe —mujeres, coca y guerra— era también una tesis: sin las mujeres del pueblo, la historia de El Placer no podía contarse.

El trabajo se articuló con otros esfuerzos del Grupo de Memoria Histórica en el Putumayo, entre ellos el informe sobre la masacre de El Tigre, corregimiento vecino, que incluyó recomendaciones en materia de Verdad, Justicia y Reparación con el propósito explícito de contribuir al diseño de políticas públicas y de visibilizar las voces de los grupos afectados por la violencia política en el departamento. Los dos informes compartieron un hallazgo incómodo: el Estado colombiano, por acción u omisión, contribuyó al sufrimiento de los ciudadanos. Las políticas represivas y militares implementadas en la región vulneraron derechos humanos; no todo el daño vino de los actores armados no estatales.

Años después, la Comisión de la Verdad citó el informe sobre El Placer como fuente para documentar la violencia paramilitar en el Valle del Guamuez, un reconocimiento que consolidó al corregimiento como referencia obligada en el mapa nacional de la memoria del conflicto. El pueblo dejó de ser solo el sitio de una historia local: pasó a ser una lente reconocida para leer lo que había pasado en el país.

Su huella

La huella de El Placer es doble y contradictoria. Sigue siendo un corregimiento del Valle del Guamuez donde la economía cocalera no desapareció, donde el conflicto armado no se cerró del todo y donde el desplazamiento dejó cicatrices demográficas visibles. Y es, a la vez, uno de los pocos pueblos pequeños de Colombia con una obra de memoria construida desde adentro, con nombre propio en la historiografía del conflicto y con un símbolo reconocible —El Edificio— que sintetiza en su fachada las tres décadas que lo destruyeron.

Esa doble condición explica su importancia. El Placer muestra cómo la estructura cocalera creó las condiciones materiales del conflicto, pero fueron decisiones concretas —la irrupción del Bloque Sur Putumayo con combatientes foráneos, el diseño militarizado del Plan Colombia, las alianzas locales entre agentes estatales y narcotraficantes— las que determinaron su forma y su brutalidad específica. Muestra también que, cuando la reconstrucción llegó, no fue impulsada primero por el Estado que había sido parte del problema, sino por las mujeres del pueblo, que se sentaron a contar. En ese trabajo, El Placer se volvió lo que su nombre no prometía: un lugar donde la memoria funciona como forma de justicia mínima, en ausencia de las otras.

La ironía última del corregimiento está en su geografía moral. Fue creado por una economía ilegal, dominado por una guerra librada en nombre del combate a esa economía, destruido por las armas que decían proteger a la sociedad y reconstruido, en el terreno de la palabra, por quienes menos protección recibieron. Esa trayectoria —campesina, cocalera, armada, silenciada, dicha— es la trayectoria del bajo Putumayo. Y es, también, uno de los rostros más honestos de la Colombia contemporánea.