Caquetá

Un territorio de bisagra

El Caquetá se sitúa al sur del país, en la cuenca amazónica, y limita al norte con Huila y Meta, al oriente con Guaviare y Vaupés, al sur con Amazonas y Putumayo, y al occidente con Cauca y otra vez Huila, en un contorno que atraviesa cordillera, piedemonte y selva. Sus 88.965 kilómetros cuadrados —la cifra más citada, aunque otras mediciones lleguen a 90.185— lo colocan entre los departamentos más grandes de Colombia, dentro de una región amazónica que abarca 423.473 kilómetros cuadrados: el 37% del territorio nacional y casi un tercio de la Amazonía sudamericana.

Su geografía explica media historia. El río Caquetá nace en el nudo de Almaguer, en el Macizo Colombiano, el mismo del que brotan aguas que corren hacia el Atlántico y el Pacífico. Esa vecindad hidrográfica hace del piedemonte caqueteño una zona de contacto natural entre la Amazonía y los Andes: no la selva remota que imaginan los mapas escolares, sino un corredor de valles y trochas que siempre estuvo comunicado, aunque de manera precaria, con Popayán, Pasto, Neiva y Quito. Las barreras topográficas y climáticas aislaron al Caquetá durante siglos, pero nunca lo cerraron del todo; y ese aislamiento incompleto —lo suficientemente lejano para escapar del Estado, lo suficientemente cercano para atraer al mercado— es una clave para entender lo que vendría después.

Dentro de la región amazónica, el Caquetá pertenece, junto con el Putumayo y el Guaviare, a la subregión del piedemonte: la más colonizada, la de mayor densidad, la que primero se pobló con gente venida de otras regiones y donde la población foránea terminó equilibrándose con la autóctona. Frente a las selvas más orientales, con sus grandes territorios indígenas, el piedemonte caqueteño fue desde temprano el frente móvil de una colonización que, en oleadas sucesivas, avanzó desde los Andes hacia el sur.

Pueblos del piedemonte

Antes de ser objeto de colonización, el Caquetá era un mosaico de pueblos con lenguas y territorios distintos. El piedemonte estaba ocupado sobre todo por grupos de lengua tucano occidental, que se extendían desde el río Napo hasta las riberas del Caguán y posiblemente hasta el Guaviare. Junto a ellos convivían los andakíes, cuya lengua fue clasificada por Paul Rivet como chibcha; los omoas o murciélagos, de lengua caribe; y los paminuga, con un idioma independiente que hoy se considera familia lingüística por derecho propio. Más al oriente y al norte, los uitotos —que se autodenominan murui—, los koreguajes, los ingas y otros pueblos configuraban un tejido de sociedades ribereñas y de selva, con territorios diferenciados y relaciones que iban del intercambio a la guerra.

La tradición oral witoto conserva relatos de antiguos viajes hacia los Andes, en los que figuras con forma de trueno intentaban retener a los viajeros para sacrificarlos: memorias, quizás, de contactos difíciles con los pueblos de las tierras altas, y prueba de que el piedemonte no vivió jamás encerrado en sí mismo.

La Corona española nunca logró someter ese mundo. La colonización civil en el piedemonte caqueteño fracasó, y con ella el modelo de encomienda: no había fuerza de trabajo indígena controlable, el oro de Mocoa daba poco, y los caminos hacia Pasto y Quito eran tan malos que ninguna empresa privada podía sostenerse. Lo que la Corona no consiguió, sí lo intentaron las misiones. Los franciscanos avanzaron sobre el sur en los siglos XVII y XVIII, pero su labor se vio saboteada por un fenómeno que anticipa mucho de lo que vendría: la "saca" de indios, es decir, la esclavitud y trata auspiciada incluso por autoridades de Popayán. Antes del caucho hubo ya un mercado colonial de cuerpos indígenas que hizo imposible la evangelización sedentaria.

A comienzos del siglo XX, el Estado colombiano volvió a delegar en la Iglesia lo que no podía hacer por sí mismo. En 1905 se estableció la Prefectura Apostólica del Caquetá y Putumayo, y los capuchinos —bajo la larga sombra de fray Fidel de Montclar— asumieron funciones de colonización, apertura de caminos, escuelas y organización territorial. En la práctica, durante décadas fueron el poder civil de una región donde el Estado apenas existía como membrete.

El caucho y el infierno

Sobre ese piedemonte parcialmente misionado y ya conocido por la trata cayó, hacia finales del siglo XIX y comienzos del XX, la fiebre del caucho. La demanda mundial de látex convirtió los ríos Putumayo y Caquetá en zonas de explotación intensiva, y allí, entre las quebradas de La Chorrera y El Encanto, se instaló Julio César Arana y su empresa J. C. Arana & Hermanos, luego Peruvian Amazon Company. La Casa Arana no fue una anécdota siniestra: fue un sistema.

Su método era el peonaje por deudas, montado sobre una violencia que rebasó cualquier cálculo económico. A los indígenas se les obligaba a trabajar sin descanso, se les robaban las cosechas, las mujeres y los hijos; se les azotaba hasta dejarles los huesos al aire; a los niños se los estrellaba contra los árboles; a personas vivas se las quemaba con parafina. Las deudas se heredaban, las madres recurrían a prostituir a sus hijas para pagar, y la servidumbre era, en los hechos, perpetua. El terror y la deuda operaban juntos: uno inmovilizaba, la otra encadenaba.

El pueblo murui fue uno de los más golpeados. La violencia cauchera empujó a los sobrevivientes río Caquetá arriba, hacia el territorio de sus antiguos enemigos, los koreguaje, con quienes hicieron las paces bajo el peso común del desastre. Es un dato que dice mucho: en la selva amazónica, la Casa Arana logró lo que ninguna diplomacia había conseguido —alianzas entre pueblos rivales— al precio del exterminio.

Hubo denuncias. En 1907, en Iquitos, Benjamín Saldaña Roca presentó al juzgado un escrito acusando a las compañías de Arana del asesinato sistemático de indígenas, y advirtiendo que los jueces de paz locales eran empleados de esas mismas compañías, de modo que era imposible instruir sumario alguno. Es la primera formulación jurídica de un problema que se repetirá en el Caquetá durante un siglo: cuando el Estado no llega, el que llega —empresa, guerrilla, ejército— es a la vez juez y parte.

Más tarde vino la denuncia literaria. José Eustasio Rivera, que recorrió la región como parte de trabajos oficiales de fronteras, publicó en 1924 La vorágine. La novela nació, en parte, de su indignación frente a la indiferencia del Congreso ante los informes y cartas que había enviado; era denuncia, sí, pero también diario de poeta, libro de aventuras y crónica de viaje, y eso le permitió sobrevivir a su época. "Los devoró la selva" cerró el libro y una idea: la del Putumayo y el Caquetá como territorio "vacío", disponible, sin dueños, listo para la próxima explotación. Esa idea —falsa, porque el territorio estaba lleno de gente— resultó extraordinariamente productiva: justificó cada abandono estatal siguiente.

De la caucha a la vaca: colonización campesina

Terminado el ciclo del caucho, el Caquetá no volvió a la paz. Los indígenas que sobrevivieron o escaparon quedaron a menudo atrapados en nuevas dependencias con comerciantes locales que controlaban el acceso a la sal, las telas, las herramientas, y que reproducían por vía del monopolio y la especulación la lógica del endeude practicada por los caucheros. El extractivismo cambió de escala, no de gramática.

Sobre ese piedemonte fue llegando, a lo largo del siglo XX, otra ola: la del colono. Colombia vivió tres grandes oleadas de colonización entre mediados del siglo XIX y el fin del XX. La primera, desde 1850 hasta comienzos del XX, fue de campesinos sin tierra que huían del régimen de hacienda. La segunda, brutal, coincidió con La Violencia: entre 1948 y los años sesenta, la persecución bipartidista y la ofensiva estatal contra enclaves campesinos —El Pato, Riochiquito, Marquetalia— arrojaron oleadas de familias hacia zonas periféricas como Caquetá, Guaviare y Norte de Santander. Entre 1950 y 1960, Nariño y Tolima fueron los grandes expulsores; Boyacá, también. Sus expulsados se asentaron sobre todo en Putumayo y Caquetá.

El Partido Comunista organizó una parte de esa marcha. Sus "columnas de marcha" abrieron frentes de colonización desde la sierra de La Macarena hacia el Alto Guayabero, El Pato, el Caguán y el río Caquetá, con campesinos que llegaban armados y con formas de organización probadas en el enfrentamiento con el Ejército. No era todavía guerrilla en sentido moderno, pero tampoco simple colono: era un campesinado que había aprendido que sin autodefensa no había parcela.

La colonización caqueteña estuvo protagonizada, entonces, por campesinos pobres sin tierras; pero su desenlace estructural fue el contrario de lo prometido. Los estudios del INCORA en los años sesenta ya lo advertían: la colonización, lejos de democratizar la propiedad, producía en el Caquetá una notable concentración de la tierra en manos de grandes latifundistas ligados a la ganadería. El colono tumbaba monte, sembraba pastos, se endeudaba, vendía barato al comerciante o al hacendado, y volvía a empezar más adentro. La frontera avanzaba, pero la desigualdad avanzaba con ella. El patrón —migración, colonización, conflicto, nueva migración— se repetiría durante décadas.

Las FARC bajan al Caguán

En 1964, la Operación Marquetalia lanzó al Ejército contra los enclaves campesinos del sur del Tolima. De aquella campaña, y de los grupos armados de autodefensa que sobrevivieron a ella bajo influencia del Partido Comunista, nacieron las FARC. Una de las columnas se replegó hacia el Alto Guayabero y, siguiendo el mismo movimiento que ya venían haciendo los colonos, se extendió por El Pato, el Caguán y el río Caquetá. Manuel Marulanda Vélez —Tirofijo—, campesino de Génova y comandante nato, encarnó esa continuidad entre autodefensa comunista, colonización armada y guerrilla.

Desde el comienzo, las FARC no fueron sólo un ejército: fueron también un intento de crear una legalidad alternativa a la del Estado, con reglas para el uso de la tierra, la resolución de conflictos vecinales y la seguridad rural. Promovieron colonizaciones armadas ligadas a esa idea, aunque en la práctica los núcleos resultantes solían ser difíciles de distinguir de los colonos comunes. En regiones como el Caguán y el bajo Caquetá, esa fusión entre guerrilla y frontera de colonización se volvió estructural: la organización ofrecía protección, arbitraje y cierto orden allí donde el Estado no tenía nada que ofrecer.

Hacia mediados de los ochenta, tras la desmovilización o derrota del M-19 y el EPL en el departamento, las FARC quedaron como la única guerrilla activa en el Caquetá, en un espectro de izquierda cada vez más monolítico, junto al Partido Comunista y a la organización campesina Sinpeproagrica. El Bloque Oriental, con presencia en Meta, Guaviare y Caquetá, llegaría a ser uno de los más numerosos de la organización —cerca de 9.387 combatientes, según estimaciones estatales— y su comandante, Jorge Briceño Suárez, el Mono Jojoy, convertiría los llanos del Yarí y el bajo Caguán en su zona de movilidad más confiable.

La coca lo cambia todo

La tercera oleada de colonización, desde finales de los años setenta, ya no llegó con hacha sino con semilla de coca. Entre 1977 y 1987, la introducción del cultivo transformó a Caquetá, Putumayo y Guaviare en imán de una migración que no venía sólo de las regiones tradicionalmente expulsoras, sino de todo el país. La coca resolvía en un solo golpe los tres problemas del colono: ofrecía un cultivo que soportaba la lejanía, un comprador que llegaba hasta la finca, y un precio que ninguna otra cosecha podía igualar.

La región cambió de escala. Cartagena del Chairá, Solano, San Vicente del Caguán y decenas de caseríos ribereños se convirtieron en centros de una economía que funcionaba a la vez fuera y dentro de la ley: fuera, porque el producto era ilícito; dentro, porque en el terreno la coca operaba con reglas fijas, precios visibles y contratos verbales que se cumplían bajo el arbitraje armado de las FARC. La guerrilla no controlaba el negocio de arriba abajo, pero regulaba el mercado local: fijaba pesos, dirimía disputas, cobraba gramaje, protegía cultivadores y rutas. La coca no creó a las FARC —ya existían—, pero les dio una base financiera y social sin la cual su expansión de los noventa habría sido impensable.

El Estado respondió, como siempre, tarde y por vía militar. A las marchas cocaleras campesinas de mediados de los noventa —que exigían negociación, sustitución con inversión y respeto a las comunidades— siguió la fumigación masiva y el incumplimiento de más del 60% de los acuerdos pactados en el Caquetá, mientras varios líderes del proceso eran asesinados y las zonas cocaleras se militarizaban. En paralelo, entre 1989 y 1994, cerca de 1.115 personas fueron asesinadas por motivos políticos en la región: colonos, pequeños campesinos, indígenas, muchos de ellos en el marco del desplazamiento forzado y del creciente valor especulativo de la tierra, que a lomo de la coca y de la ganadería estaba rediseñando la estructura agraria.

En 1992, la Comisión de Superación de la Violencia sintetizó el diagnóstico: colonización descontrolada, aceleración por coca, ineficiencia absoluta del Estado y vacíos de poder llenados por guerrillas y paramilitares. No era metáfora: era la descripción exacta del Caquetá.

El Caguán, laboratorio y espejismo

En 1998, el presidente Andrés Pastrana entregó a las FARC-EP una zona desmilitarizada de 42.000 kilómetros cuadrados, que abarcaba cinco municipios entre Meta y Caquetá: La Macarena, Mesetas, Uribe, Vista Hermosa y San Vicente del Caguán. La medida se tomó como gesto de buena voluntad antes de que arrancaran los diálogos formales, en enero de 1999, y antes incluso de que la agenda estuviera definida.

La zona de distensión del Caguán fue, durante tres años y dos meses, el experimento territorial más audaz —y más problemático— de la historia reciente colombiana. San Vicente del Caguán se convirtió en un extraño centro diplomático al que llegaron delegaciones internacionales, periodistas, empresarios y facilitadores. La agenda común, acordada el 6 de mayo de 1999, puso sobre la mesa nada menos que la totalidad del marco normativo del país, incluidas sus estructuras socioeconómicas: una ambición que el sociólogo Daniel Pécaut resumió con dureza al decir que el Gobierno "de entrada quemó todas sus naves".

Mientras tanto, sobre el terreno, la ambigüedad era total. Las FARC utilizaron el despeje para fortalecerse militarmente, mantener secuestrados, entrenar reclutas, ampliar cultivos de coca, cobrar extorsiones en zonas vecinas y planear operaciones ofensivas fuera del área. Desde el propio Caguán expidieron actos normativos como la Ley 002 de 2002, que establecía un impuesto obligatorio sobre patrimonios altos: la aspiración explícita de gobernar como Estado. Ni ellos consolidaron la región como territorio propio, ni el Estado mantuvo presencia hegemónica; los pobladores quedaron sometidos a una regulación estatal precaria y a un orden de guerra impuesto por la guerrilla.

El proceso se resquebrajó por dentro y por fuera. El 26 de mayo de 1999, el ministro de Defensa Rodrigo Lloreda renunció en protesta por el uso que las FARC hacían de la zona; su renuncia fue descrita entonces como "la expresión más aguda" de la fractura entre el poder civil y las Fuerzas Militares. El diálogo se llevó a cabo sin cese bilateral del fuego, en medio de acciones armadas que iban desde el forcejeo con el Batallón de Cazadores hasta paros armados en el Putumayo. El país entero, que había apostado por la paz en 1998, empezó a pedir mano dura. Cuando el Ejército retornó a la zona de distensión en las últimas semanas del gobierno Pastrana, el proceso ya había muerto en la opinión pública; en agosto de 2002, Álvaro Uribe Vélez llegó a la Casa de Nariño con un mandato explícito contra las FARC.

El Caguán es hoy el nombre de un doble fracaso. Fracaso del Estado, que cedió soberanía formal sin asegurar reciprocidad. Y fracaso de la guerrilla, que ante la oportunidad histórica de mostrar un orden alternativo legítimo, replicó la lógica extractiva y coercitiva de los poderes que decía combatir. En 1928 la selva devoraba a los caucheros; en 2002 se comió el proceso de paz.

Plan Patriota: la guerra entra al bajo Caquetá

En 2003, Uribe lanzó el Plan Patriota, la operación contraguerrillera más grande desde los años sesenta. Diseñado desde el Comando Sur estadounidense, con participación de militares y contratistas de ese país en planeación y logística, buscaba recuperar los llanos del Yarí y el río Caguán —retaguardia estratégica de los Bloques Sur y Oriental de las FARC— y desarticular la economía cocalera que financiaba a Alfonso Cano, al Mono Jojoy y a Manuel Marulanda en su último tramo.

La ofensiva llegó hasta caseríos que muchos colombianos nunca habían oído nombrar. En 2004, Peñas Coloradas, un pueblo cocalero levantado a orillas del Caguán, fue desalojado en su totalidad al llegar el Ejército; también quedaron vacías veredas vecinas como Flandes, El Venado, Ánimas, Cumarales y Laguna Verde. Sobre el desplazamiento circulan tres versiones que dicen, juntas, más que cada una por separado: unos cuentan que el Ejército exigió desocupar las viviendas para operaciones; otros, que la guerrilla advirtió a los pobladores que se fueran antes de que llegaran los soldados; otros más, que la propia comunidad decidió irse por miedo a ser señalada como auxiliadora o a quedar entre dos fuegos. Las tres pueden ser ciertas a la vez: en el bajo Caquetá, salir del propio pueblo era, para el año 2004, un cálculo de supervivencia.

El Plan Patriota golpeó, pero no cerró el ciclo. Hacia 2004, las FARC se habían adaptado en buena parte a la reorientación estatal, y el propio ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, admitió que era necesario ajustar la estrategia. La guerra siguió, ahora con una diferencia importante: por primera vez el Estado sostenía presencia militar continua en zonas que había considerado inaccesibles. En 2008, la Operación Jaque, ya bajo Uribe, liberó del cautiverio de las FARC a Íngrid Betancourt y a otros catorce secuestrados en el sur del país, en un golpe simbólico que marcó el declive de una organización que hasta entonces había hecho del secuestro un arma estratégica.

Florencia y las capas del tiempo

Aunque este relato ha corrido casi todo por los ríos, el Caquetá también tiene ciudades. Florencia, su capital, fue fundada a fines del siglo XIX en el piedemonte, sobre las trazas de misión y colonización cauchera, y creció al ritmo de las oleadas: en los años treinta como puerto de contacto entre el Huila y la selva; en los cincuenta y sesenta como refugio de campesinos huyendo de La Violencia; en los ochenta y noventa como cabecera administrativa de una economía cocalera que la superaba; en los dos mil como retaguardia de operaciones militares. Belén de los Andaquíes conserva en el nombre la memoria del pueblo indígena de lengua chibcha que allí resistió; Puerto Rico y San Vicente del Caguán se hicieron nudos de la ganadería y la coca; Cartagena del Chairá fue, durante buena parte de los ochenta y noventa, capital extraoficial del negocio en el bajo Caguán; Solano y La Tagua abren la ruta hacia Araracuara y el gran Caquetá amazónico, ya en las márgenes del despeje selvático.

Cada uno de esos nombres es una capa. Florencia habla del capuchino y del comerciante; San Vicente, del hato ganadero y del helicóptero de la paz; Cartagena del Chairá, del raspachín y la lancha; Peñas Coloradas, del desplazamiento; Belén, del andakí desaparecido. Un mapa del Caquetá bien leído es un mapa del tiempo colombiano.

Posacuerdo: la coca, otra vez, y las mujeres que no callaron

El 24 de noviembre de 2016, el gobierno de Juan Manuel Santos firmó con las FARC-EP el Acuerdo Final de Paz. El Caquetá, uno de los departamentos donde la guerrilla había sido más fuerte, se convirtió en escenario privilegiado de la implementación: en veredas como La Novia, Reina Baja y La Montañita, las comunidades se reunieron en talleres a discutir sobre todo los capítulos 1 y 4 del acuerdo, los que tocaban su vida cotidiana: reforma rural integral y drogas ilícitas.

La implementación llegó de nuevo tarde y coja. Hacia finales de 2018, cerca de 702 líderes y activistas sociales habían sido asesinados en el país desde la firma del acuerdo, incluidos 135 excombatientes de las FARC. Muchos de esos muertos cayeron en departamentos como Caquetá, donde el vacío dejado por la desmovilización no fue ocupado por el Estado sino por disidencias, bandas ligadas al narcotráfico y actores armados menores.

En el corazón del problema seguía la coca. Los campesinos cocaleros del Caquetá no se oponen a sustituir la mata, pero exigen que lo que la reemplace produzca lo mismo que ella producía: ingresos suficientes para vivir, no para prosperar. Cuando la sustitución no cumple —cuando el proyecto productivo no llega, cuando la vía terciaria sigue rota, cuando el intermediario legal paga menos que el ilegal—, los campesinos vuelven a sembrar, y con ellos regresan quienes regulan el mercado. Es la vieja lógica de la frontera interna, aplicada al siglo XXI.

En medio de esa incertidumbre, algo cambió. Las mujeres de las veredas del Caquetá empezaron a denunciar públicamente la violencia y la criminalización asociadas a la erradicación, y sus organizaciones campesinas construyeron regulaciones comunitarias propias para proteger la selva, ordenar el uso de la tierra y sostener la vida en un contexto de conflictos y violencias persistentes durante más de cincuenta años. Es un dato que obliga a corregir el relato: los pueblos indígenas que se aliaron entre sí bajo la Casa Arana, los colonos que abrieron trocha por el Alto Guayabero, los campesinos que negociaron con el Estado desde las marchas de los noventa, y las mujeres que hoy denuncian y organizan, no fueron nunca meros receptores de violencias venidas de afuera. Fueron —son— agentes que construyeron órdenes propios, muchas veces frágiles, muchas veces contradictorios, en el intersticio entre una soberanía estatal nominal y un autogobierno territorial siempre inconcluso.

Una frontera que no cierra

Del andakí al cauchero, del cauchero al colono, del colono al guerrillero, del guerrillero al cocalero, del cocalero al firmante del acuerdo: el Caquetá es una sucesión de reincorporaciones desde afuera sobre un territorio que nunca dejó de ser habitado desde adentro. Cada ciclo económico —caucho, ganadería, coca— depositó violencia sobre el anterior y reconfiguró la estructura agraria en favor de actores externos: caucheros peruanos, ganaderos huilenses, narcotraficantes, terratenientes. El Estado llegó tarde y por la vía militar; el mercado llegó primero y con sus propias reglas.

La búsqueda de personas desaparecidas, hoy, se topa con las mismas dificultades que se topó la denuncia de Saldaña Roca en 1907: expedientes fragmentados, procesos que no se integran, testigos que temen, victimarios que se saben protegidos por la distancia y por el nombre "vacío" de la selva. Y sin embargo, aquí y allá, en Peñas Coloradas retornada, en las veredas de La Montañita, en las juntas de acción comunal de Cartagena del Chairá, en las escuelas witoto de Solano, hay un país que sigue rehaciéndose a mano.

La frontera del Caquetá no se cerrará por decreto ni por ofensiva militar ni por firma en La Habana. Se cerrará —si alguna vez se cierra— el día en que la ausencia estructural del Estado deje de ser la condición de posibilidad del próximo ciclo, y el orden que ya han construido los de abajo sea, por fin, reconocido como lo que es: no un residuo del atraso, sino la única forma de soberanía que aquel territorio ha conocido de verdad.