Alberto Ruiz Novoa

El oficial que vino de Corea

La biografía pública de Ruiz Novoa se despega del anonimato de la carrera militar corriente en el escenario que marcó a su generación: la guerra de Corea. Colombia fue el único país latinoamericano que envió tropas al conflicto, en el marco de la fuerza multilateral que respondió a la invasión norcoreana en el primer choque armado de la Guerra Fría. El envío se produjo bajo el gobierno de Laureano Gómez Castro, gran aliado de la política anticomunista de Washington, y expresó el alineamiento del Ejecutivo colombiano con esa causa más que un consenso doméstico: el país atravesaba simultáneamente el paroxismo del enfrentamiento bipartidista que se conocería como la Violencia.

El Batallón Colombia, incorporado al mando del Ejército de Estados Unidos entre 1951 y 1954, tuvo a Ruiz Novoa en su Estado Mayor, junto a otro oficial que marcaría la vida institucional del país, el entonces capitán Álvaro Valencia Tovar. Las bajas colombianas —muertos, heridos, desaparecidos y prisioneros que serían canjeados— pesaron poco en el imaginario público, pero la experiencia resultó decisiva para una cohorte de oficiales que regresó con una gramática nueva. En Corea, la oficialidad colombiana aprendió a operar dentro de una alianza militar occidental, se familiarizó con los procedimientos del ejército estadounidense y adoptó la categoría del enemigo interno como clave interpretativa del conflicto propio. Las Fuerzas Armadas colombianas siguieron organizadas y equipadas para la guerra regular durante años, pero su mentalidad ya se estaba desplazando hacia otro campo de batalla.

En 1952, apenas iniciado el despliegue, Colombia firmó un acuerdo bilateral con Estados Unidos bajo el Military Assistance Program, orientado a proveer armamento a los países comprometidos en la lucha contra el comunismo. Ese acuerdo marcó el inicio de una vinculación militar creciente que, una década más tarde, Ruiz Novoa administraría desde el vértice de la institución.

La escuela del Frente Nacional

El Frente Nacional, con su reparto pactado del poder entre liberales y conservadores a partir de 1958, planteó una reforma institucional profunda del Ejército. Bajo Alberto Lleras Camargo se buscó sacar a las Fuerzas Armadas de la postración política, social e intelectual en que las había dejado la caída de Gustavo Rojas Pinilla. Se extendió el servicio militar obligatorio a dos años, se reorganizó la Escuela Militar de Cadetes con la ambición de elevarla al ámbito universitario y se fundó la Cátedra de Filosofía Militar, cuyo propósito explícito era explicar a los propios oficiales el sentido y la misión de la institución.

El programa no era solo formativo. Se trataba de dotar a los cuadros de una comprensión política, social y económica de los problemas del país que les permitiera contribuir a su solución. Doctrinariamente, esto implicaba un abandono deliberado del apoliticismo y de la neutralidad castrense clásicos: combatir el comunismo dejaría de ser una tarea puramente militar y pasaría a exigir intervención política, económica y social. El Ejército, que arrastraba un prestigio débil y una existencia precaria, encontró en el paradigma de la seguridad nacional la oportunidad de reinventarse como garante del Estado.

Ruiz Novoa encarnó esa mutación. Formado en la tradición profesional, curtido en Corea, expuesto a la doctrina estadounidense —había pasado por Fort Leavenworth, la escuela de comando y estado mayor del Ejército de Estados Unidos—, reunía las credenciales técnicas y el capital simbólico para encabezar la reforma. Sus ascensos sucesivos a comandante del Ejército y luego a ministro de Guerra respondieron a esa lectura.

El Plan Lazo: doctrina y diseño

El Plan Lazo, aplicado entre 1962 y 1966, puso en práctica la nueva doctrina contrainsurgente. Su fórmula síntesis —"quitarle el agua al pez"— condensaba una lógica sencilla: privar a la guerrilla del apoyo campesino mediante una combinación de operaciones militares ofensivas y acción cívico-militar. Se abandonaron los puestos fijos y las unidades tácticas regulares en favor de bases de patrullajes móviles y equipos de combate diseñados para operar con rapidez, bajo planeación centralizada y ejecución descentralizada.

Sobre el origen del plan conviven dos versiones. La primera, defendida por las propias Fuerzas Armadas y por Ruiz Novoa, sostiene que surgió del estudio directo de la realidad colombiana. La segunda lo lee como producto de la transferencia doctrinal estadounidense: el programa de Acción Cívico-Militar fue elaborado en el Pentágono a partir de la racionalización de la experiencia británica en Kenia y Malasia en los años cincuenta, y se aplicó en América Latina en el marco de la Alianza para el Progreso. La balanza se inclina hacia una síntesis: la matriz conceptual venía de fuera —Vietnam colonial, Argelia, Filipinas, la contrainsurgencia británica— revisada por estrategas norteamericanos; el mérito local fue de adaptación, no de invención.

Desde 1959, Estados Unidos había enviado a Colombia equipos asesores integrados por veteranos de Filipinas y Corea. Para 1961 suministraba helicópteros, vehículos, sistemas de comunicaciones y armamento ligero destinado explícitamente a combatir las llamadas "repúblicas independientes". En febrero de 1962 visitó el país un equipo especial del Ejército de Estados Unidos, encabezado por el general William P. Yarborough, vinculado a la Escuela de Guerra Especial de Fort Bragg. Yarborough recomendó equipamiento y estructuras civiles-militares contrainsurgentes, y en un suplemento secreto propuso seleccionar personal civil y militar colombiano para entrenarlo clandestinamente en operaciones de resistencia, con capacidad para ejecutar actividades paramilitares, de sabotaje y, llegado el caso, terroristas contra "comunistas conocidos", con respaldo estadounidense.

Ruiz Novoa minimizó siempre el papel de esa asesoría en el diseño local. Pero el Plan Lazo, tal como se ejecutó, siguió con notable fidelidad la lógica que Yarborough había propuesto. En 1963, mediante el Decreto 1381, se creó el Comité Nacional de Acción Cívico-Militar, integrado por los ministerios de Defensa, sociales y de gobierno, con apoyo del gobierno estadounidense, encargado de coordinar la implementación de las campañas. La doctrina operacional dio origen a los Comités de Coordinación Cívico-Militar, cuya tarea era seleccionar, organizar y adoctrinar unidades de autodefensa legal, incorporando a militares y policías retirados y a civiles considerados confiables —"personas sobresalientes" de la sociedad local— a quienes se entregaban armas.

La acción cívico-militar cumplía dos funciones simultáneas. Suplía funciones civiles del Estado —construcción de obras, atención en salud, presencia institucional— para ganar legitimidad de gobierno, y a la vez tejía redes con la población civil para obtener información de inteligencia y ejercer control social. El desarrollo local no se concebía como un derecho de la población: servía para ganar empatía y desplazar al adversario. Esa duplicidad de propósito —fin declarado humanitario, fin real de inteligencia y control— es la marca de fábrica del Plan Lazo y explica por qué su lectura posterior sería tan disputada.

Ministro de Guerra

Ruiz Novoa asumió el Ministerio de Guerra en 1962, con la llegada de Guillermo León Valencia a la Presidencia. Ejerció el cargo durante casi tres años y desde allí condujo el Plan Lazo, encuadró la política de orden público del gobierno y libró batallas simultáneas en varios frentes. Su antiguo compañero del Estado Mayor del Batallón Colombia en Corea, Álvaro Valencia Tovar, seguía una trayectoria paralela como contrainsurgente destacado y llegaría también al Ministerio años después; Gabriel París Gordillo pertenecía al mismo círculo de altos oficiales del período.

La primera prueba llegó en noviembre de 1962. Ante el rumor de un golpe conservador, Ruiz Novoa desplegó tanques en las calles de Bogotá un sábado por la noche. La medida disuadió la conspiración y fijó su autoridad como brazo militar de la coalición del Frente Nacional. Con Valencia, la relación fue de ida y vuelta doctrinal: el presidente encuadró los conflictos domésticos en la confrontación Este-Oeste inspirándose en los planteamientos del propio ministro, y antes de cumplir tres semanas en el poder anunció que solicitaría al Congreso facultades extraordinarias para administrar el orden público, con el propósito declarado de eliminar las manifestaciones domésticas del comunismo. Los observadores contemporáneos vieron en ello la versión criolla de la ideología de la seguridad nacional.

Pero Ruiz Novoa no era un militar de una sola pieza ideológica. Sostenía públicamente que las injusticias sociales y económicas generan violencia tanto como el bandolerismo, y que por ello el ministro de Guerra debía ocuparse también de esos temas. Esa posición reformista le granjeó choques frecuentes con los grandes hacendados y una relación tensa con los sectores más duros del establecimiento. Combinaba, en la práctica, la represión contrainsurgente con la acción cívica y con una lectura estructural del conflicto que iba por delante de la mayoría de sus contemporáneos en uniforme.

En ese cruce se produjo un episodio revelador. Cuando el coronel Álvaro Valencia Tovar rindió un informe crítico sobre el libro La violencia en Colombia, cuya publicación había desatado una polémica considerable, Ruiz Novoa intervino en la controversia sumando su propia denuncia del libro. La maniobra ayudó a desactivar la situación, pero llama la atención por lo que tiene de contradictoria: el mismo ministro que insistía en el sustrato social de la violencia terminó censurando el trabajo pionero que precisamente intentaba documentar ese sustrato. La contradicción no era del todo tal. Un ministro de Guerra en ejercicio, brazo militar de una coalición frágil, no podía respaldar públicamente un libro que incomodaba a los partidos que sostenían al gobierno y a la propia oficialidad implicada en la represión de los años cincuenta. Su reformismo se pensaba desde arriba, como programa de gestión ilustrada del orden, no como validación externa de la crítica. Así, la denuncia del libro no desmentía su lectura estructural del conflicto; mostraba, más bien, el punto exacto donde esa lectura chocaba con la disciplina de cuerpo y con el cálculo político. Ruiz Novoa podía diagnosticar en voz alta que la desigualdad producía violencia, pero no podía ceder el monopolio de ese diagnóstico a académicos que no respondían a la institución.

Marquetalia y las "repúblicas independientes"

El escenario que definiría el legado de Ruiz Novoa fue el sur del país, donde persistían enclaves campesinos autónomos, herederos de la resistencia comunista y liberal de la Violencia. Eran comunidades que cultivaban la tierra, organizaban su propia defensa y funcionaban al margen del Estado colombiano, sin un proyecto político más amplio. Esa autonomía —y la presencia de grupos armados residuales— alarmó tanto al gobierno colombiano como a Washington: un memorando del Departamento de Estado situó explícitamente esos enclaves como peligrosos para los intereses estadounidenses y como potenciales focos de oposición.

Fue Álvaro Gómez Hurtado, jefe del Partido Conservador y político con presencia electoral en Tolima y Huila, quien acuñó el término que decidiría su destino. Denunció ante el Senado la existencia de ocho "repúblicas independientes" en el país. La denominación magnificó la percepción de amenaza y ofreció el marco político para una respuesta militar aniquiladora. Los campesinos de Marquetalia, Riochiquito, El Pato y Guayabero, que hacia 1964 demandaban obras públicas y presencia estatal, recibieron en cambio tropas y bombardeos. La estigmatización política habría de resultar profética: dificultó su integración a la legalidad y precipitó su radicalización.

El 27 de mayo de 1964, el Ejército lanzó el ataque contra Marquetalia. La operación —denominada Operación Soberanía en varias fuentes— se ejecutó dentro del Plan Lazo, con asesoría estadounidense. El número de efectivos empleados es disputado: la versión guerrillera y los testimonios de militantes comunistas hablan de 16.000 hombres contra un puñado de campesinos armados, cifra que forma parte del relato fundacional. Otras estimaciones son menores. Lo indiscutible es que la operación fracasó en su objetivo central: Manuel Marulanda Vélez —Tirofijo— y la mayoría de sus hombres escaparon del cerco. Jacobo Arenas, dirigente enviado por el Partido Comunista al reducto, dejaría el registro decisivo del episodio en su Diario de la resistencia de Marquetalia.

Ruiz Novoa presentó la operación como un éxito: describió una intervención ordenada, apoyada en operaciones psicológicas y en la colaboración de antiguos guerrilleros liberales, en la que —según su versión— se entró a Marquetalia sin que los campesinos tuvieran que ser evacuados. Otra lectura, la que se consolidaría con el tiempo, interpretó el hecho como un error político mayúsculo. El 20 de julio de 1964, los sobrevivientes proclamaron su Programa Agrario y constituyeron el Bloque Sur. Dos años más tarde, en una conferencia guerrillera celebrada en El Pato (Meta), adoptaron el nombre de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Pero las FARC ubicarían siempre su fecha fundacional en el 27 de mayo de 1964. La operación diseñada para destruir la guerrilla la dotó de una narrativa de resistencia campesina que legitimó su existencia y expansión durante las siguientes cinco décadas.

La reacción interna fue amplia: protestas del Movimiento Revolucionario Liberal y del Partido Comunista, debates parlamentarios que denunciaron fusilamientos y torturas, marchas estudiantiles, comunicados obreros y campesinos, cerca de cincuenta atentados terroristas sin víctimas. Las operaciones contra los demás enclaves siguieron. En diciembre de 1965 se realizó la última operación del Plan Lazo, en El Pato y Guayabero.

Salida del Ministerio y polémica posterior

Ruiz Novoa dejó el Ministerio de Guerra en 1965 y fue sucedido por Gabriel Rebéiz Pizarro. Las circunstancias exactas de su salida admiten lecturas divergentes, pero encajan con el patrón de fricción que había venido acumulándose entre el ministro reformista y los intereses económicos y políticos que la coalición del Frente Nacional debía preservar. El militar que sostenía en público que las injusticias generan violencia y que chocaba con los grandes hacendados era, para amplios sectores del establecimiento, un aliado cada vez menos cómodo.

Su influencia, sin embargo, no cesó con el cargo. El 17 de marzo de 1965, la toma guerrillera de Inzá, en el Cauca, reabrió el debate político entre el representante liberal caucano Víctor Mosquera Chaux y el propio Ruiz Novoa, ya como exministro, en torno a la intervención militar en Riochiquito. Ruiz Novoa participó también en la discusión pública sobre la situación de las zonas del sur, con posiciones que a veces sorprendían: sin abandonar la lógica contrainsurgente, no rehuía señalar los intereses locales —en particular los de terratenientes— que se beneficiaban de la militarización de esos territorios.

En los años siguientes intentó traducir su capital militar en proyecto político civil. Fundó movimientos, se presentó a la vida pública como voz reformista con formación castrense, ensayó una carrera política que nunca terminó de despegar. Ese fracaso posterior ilumina retroactivamente su ministerio: el orden que lo había empleado tenía uso para su técnica y su prestigio, pero no para su lectura socioeconómica del conflicto. La misma tensión que lo hizo eficaz en el mando lo hizo prescindible en la política.

La huella

El legado de Ruiz Novoa se organiza en torno a tres consecuencias no plenamente deseadas de su gestión.

La primera es Marquetalia como acta de nacimiento de las FARC. El intento de eliminar el reducto produjo su mitificación. La guerrilla que las Fuerzas Armadas tardarían medio siglo en combatir —hasta el acuerdo de paz de 2016, año en que Ruiz Novoa murió— encontró en el 27 de mayo de 1964 el hecho fundacional que le dio profundidad histórica, narrativa de resistencia campesina y proyección política. Sin Marquetalia, las FARC habrían tenido que inventarse otra epopeya original; el Ejército, en su ofensiva, se la entregó completa.

La segunda es doctrinal y de más largo alcance. Los Comités de Coordinación Cívico-Militar, con su selección, organización, adoctrinamiento y armamento de civiles bajo tutela militar, sentaron un precedente institucional que atravesaría las décadas siguientes. Armar a "personas confiables" para tareas de seguridad local y delegar funciones propias de la fuerza pública en estructuras civiles amparadas legalmente encontraría continuidad en las autodefensas legales de los años setenta y ochenta y, más tarde, en el fenómeno paramilitar consolidado. La causalidad no es lineal ni exclusiva —el paramilitarismo colombiano tuvo muchos padres, incluidos los intereses de terratenientes, narcotraficantes y sectores del propio establecimiento—, pero el hilo doctrinal se remonta con nitidez al andamiaje construido durante el ministerio de Ruiz Novoa.

La tercera es política. El Plan Lazo instaló en el Ejército colombiano la convicción de que la seguridad exigía intervención en lo político, lo económico y lo social. Esa expansión del rol militar, presentada al principio como modernización institucional, cristalizaría en la ideología de la seguridad nacional que orientaría la relación entre las Fuerzas Armadas y el poder civil durante las décadas siguientes, con episodios recurrentes de choque, autonomía operacional y zonas grises de la responsabilidad democrática.

Contra este balance, resta la ambigüedad de la figura misma. Ruiz Novoa fue un militar que se atrevió, desde el gabinete, a decir que la desigualdad genera violencia. Que chocó con los hacendados. Que combinó la mano armada con la crítica al orden económico que empleaba esa mano. Que, ya retirado, mantuvo posiciones incómodas para el establecimiento. Entre la generación de oficiales del Frente Nacional, esa disposición reformista lo distingue —lo distinguía— de la caricatura del militar duro y encierra el drama personal de su trayectoria: hizo con lucidez lo que su época y su institución le pidieron, y precisamente por hacerlo con lucidez es responsable de sus consecuencias, incluidas las que probablemente no habría suscrito.

Queda entonces un hombre difícil de fijar en un solo perfil. Un oficial que leyó a su país mejor que la mayoría de sus pares y que, leyéndolo mejor, contribuyó a producir el conflicto que quiso conjurar. Aplicó con destreza una doctrina traída de otras guerras y le imprimió el acento colombiano que la volvió duradera; creyó en la reforma y armó, sin saberlo del todo, las estructuras que otros usarían décadas después contra los campesinos que él había querido incorporar al Estado; combatió a un puñado de labradores atrincherados en Marquetalia y salió del episodio habiéndoles regalado la fecha fundacional de la guerrilla más larga del hemisferio. La historia de Colombia posterior a 1964 —el ascenso de las FARC, el auge del paramilitarismo, la militarización del conflicto agrario, la degradación de la guerra— no se explica sin él, aunque tampoco se explica solo por él. Ahí, en ese margen exacto entre la lucidez y sus efectos, es donde su nombre reaparece cada vez que se busca el origen del conflicto armado colombiano.