Riochiquito

Un valle escondido en el flanco oriental del Cauca

El departamento del Cauca proyecta, en su costado oriental, una cuña triangular que se hunde en el territorio del Huila: es la región de Tierradentro, compuesta administrativamente por los municipios de Páez e Inzá. La base de ese triángulo coincide con la parte más abrupta de la Cordillera Central, allí donde el Nevado del Huila alza sus 5.439 metros —el pico más alto de la cordillera— y donde ningún paso baja de los 3.300 metros. La consecuencia es una barrera casi absoluta: Tierradentro queda separada del resto del Cauca por un macizo intransitable, mientras las carreteras que ascienden desde el Huila —en particular la que se proyectaba desde Pitalito hacia Santa Rosa— la vinculan con el valle del Magdalena. De ahí una anomalía administrativa que ya en el siglo XX era evidente: Tierradentro pertenece al Cauca pero vive del Huila, y sobre ella conviven, sin coordinarse, dos sistemas estatales cuya suma equivale a la ausencia.

En ese territorio arisco, la denominación "Tierradentro" describe con exactitud la experiencia física de entrar allí: se desciende desde los altos filos hacia valles encajonados donde el río Páez y sus afluentes forman corredores estrechos. Riochiquito ocupa uno de esos valles, en el municipio de Páez. Su condición de fondo de saco geográfico —único acceso practicable por el norte, hacia el Huila, y flancos cerrados por la cordillera— explica por qué se convirtió, hacia mediados de los años cincuenta, en refugio natural para poblaciones perseguidas. La barrera montañosa que había mantenido a los nasa relativamente al margen del control estatal durante siglos fue la misma que protegió, ahora, a los campesinos comunistas que huían del sur del Tolima.

Esa geografía no es telón de fondo: es factor estructural. Sin las paredes de la Cordillera Central, ni la colonización armada habría prosperado ni la guerrilla habría podido resistir el cerco militar el tiempo suficiente para reorganizarse. Al mismo tiempo, esa inaccesibilidad relativiza la retórica posterior sobre "repúblicas independientes": lo que en el Congreso se denunciaría como desafío a la soberanía nacional era, en rigor, la ocupación de un vacío que el Estado colombiano nunca había llenado.

De Villarrica a Riochiquito: las Columnas de Marcha

El poblamiento comunista de Riochiquito no fue espontáneo. Es el desenlace de una cadena de desplazamientos forzados que arranca en 1955, cuando el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla declaró a Villarrica y a otros municipios del oriente del Tolima "zonas de operaciones militares" —"zonas rojas", en el vocabulario del momento— y aplicó sobre ellas una política de tierra arrasada con bombardeos y ametrallamientos aéreos. La llamada "guerra de Villarrica" apuntaba a los núcleos de autodefensa campesina que habían sobrevivido a la Violencia bipartidista y que, desconfiando de la amnistía ofrecida por Rojas en 1953, se habían mantenido armados bajo influencia del Partido Comunista. Muchos de esos campesinos —liberales y comunistas provenientes del Huila, Cundinamarca y Tolima— rechazaron la amnistía por miedo a que los liberales llamados "Limpios" colaboraran con el gobierno en su exterminio.

La respuesta militar no dispersó a las autodefensas: las puso en movimiento. Los sobrevivientes se reagruparon y emprendieron desplazamientos colectivos hacia el oriente colombiano que la memoria comunista bautizaría como Columnas de Marcha. Fueron a la vez migración forzada y colonización armada: familias enteras que marchaban con sus cuadros políticos, sus armas y sus formas organizativas hacia territorios marginales donde el Estado no llegaba. El Sumapaz, El Guayabero y El Pato, en el piedemonte llanero y en el Meta, recibieron algunos de esos flujos; otros se dirigieron al sur, hacia el Huila y el Cauca. Riochiquito fue uno de los destinos de esta segunda ruta.

La estructura organizativa que se trasladó era la del Partido Comunista. Los grupos de autodefensa campesina de Villarrica y el Sumapaz habían conservado su cohesión intacta a pesar de la amnistía, y esa base política proporcionó el andamiaje para las nuevas colonizaciones. En Riochiquito no se instalaron simplemente familias campesinas: se instaló una comunidad políticamente organizada, con cuadros, disciplina y una concepción explícita del territorio como frontera defendible. El poblamiento fue, desde el primer momento, poblamiento con proyecto.

Ciro Trujillo y la construcción del enclave

La figura que articuló ese proyecto fue Ciro Trujillo Castaño, conocido como el Mayor Ciro, campesino comunista y uno de los comandantes principales de la resistencia armada del sur del Tolima. Trujillo encabezó la comisión que se estableció en Riochiquito con la tarea explícita de reconstruir la autodefensa campesina y levantar un movimiento agrario que integrara a los guerrilleros y sus familias, a los campesinos mestizos de la zona y a las comunidades indígenas nasa de Tierradentro. La misión combinaba trabajo militar, trabajo político y trabajo social.

En el plano social, se levantaron escuelas y programas educativos. Se organizaron formas de acción recíproca —trabajo comunitario compartido— destinadas a fomentar el intercambio cultural y la solidaridad entre campesinos y nasa. En el plano político, se desarrolló una labor de organización comunitaria que buscaba articular a los tres grupos —guerrilleros, colonos e indígenas— en un mismo proyecto agrario. En el plano militar, se mantuvo una estructura de autodefensa que hacía del enclave un territorio protegido, aunque no propiamente autónomo.

Los intereses de guerrilleros, campesinos mestizos e indígenas no siempre convergían, y la labor no fue fácil. El proyecto de Ciro Trujillo se sostuvo sobre una convergencia parcial, no espontánea, entre poblaciones que compartían el territorio pero no necesariamente el horizonte político. Los guerrilleros llegaban con una concepción del comunismo agrario forjada en el sur del Tolima; los campesinos mestizos locales buscaban tierra y protección; los nasa defendían sus resguardos ancestrales frente a una historia de despojo que precedía por siglos al Partido Comunista. La convivencia funcionó, pero funcionó mediante mecanismos que no todos vivieron como voluntarios.

El testimonio de una víctima del municipio de Páez, recogido posteriormente, introduce la sombra sobre la fotografía: quienes no se adherían a la guerrilla eran asesinados o forzados a desplazarse. La afirmación no invalida las escuelas ni los programas educativos, pero obliga a leerlos junto a su reverso. Riochiquito fue simultáneamente un experimento real de organización pluriétnica —con formas concretas de intercambio cultural, distribución del trabajo y educación popular— y un espacio de disciplinamiento armado donde la coerción operó como condición de la cohesión.

El invento de las "repúblicas independientes"

Mientras en Riochiquito se levantaban escuelas, en Bogotá se fabricaba el nombre que serviría para destruirlo. En un discurso ante el Senado, el conservador Álvaro Gómez Hurtado denunció la existencia de "repúblicas independientes" en el territorio colombiano —citando explícitamente Sumapaz, Planadas, Riochiquito y la zona controlada por un individuo llamado Richard— y pidió al Gobierno dar vía libre al Ejército para operar "a plenitud". La denuncia describía a estos territorios como enclaves donde los habitantes no permitían el control estatal y que representaban un desafío directo a las Fuerzas Armadas.

Gómez Hurtado no reveló que su denuncia era, en buena medida, la transmisión al Congreso de quejas de latifundistas y miembros del clero que no habían logrado apoderarse de tierras colonizadas por campesinos. Tampoco reconoció que en gran parte del territorio nacional el Estado era prácticamente inexistente, de modo que la existencia de comunidades autoorganizadas no constituía un desafío a una soberanía previamente ejercida, sino la ocupación de un vacío estructural. El término "repúblicas independientes" fue un invento retórico destinado a justificar operaciones militares.

El invento funcionó. Los medios colombianos amplificaron la denuncia y funcionarios estadounidenses, inmersos en la lógica de la Guerra Fría, incorporaron el diagnóstico. Documentos desclasificados del gobierno de Estados Unidos fechados en mayo de 1959 —anteriores incluso al discurso formal de Gómez Hurtado— ya describían estas comunidades como "enclaves comunistas" y registraban la alarma de colombianos prominentes dentro y fuera del gobierno por su expansión. La estigmatización precedió a la denuncia parlamentaria, y esta última operó menos como revelación que como consagración política de un consenso ya en marcha.

En listas posteriores, los conservadores del Congreso agregarían Marquetalia, El Pato y Guayabero a la nómina de territorios bajo dominio del Partido Comunista. Riochiquito quedó incluido en ese mapa retórico como uno de los enclaves prioritarios. La consecuencia práctica de la etiqueta fue autorizar, en el lenguaje público, lo que hasta entonces habría requerido justificación caso por caso: una campaña militar sistemática contra comunidades campesinas armadas, presentada no como conquista territorial sino como restauración de la soberanía nacional.

El Plan Lazo y el bombardeo de 1964-1965

El marco operacional de esa campaña fue el Plan Lazo, diseñado por el Ejército colombiano bajo la conducción del general Alberto Ruiz Novoa. El plan contemplaba tres fases sucesivas: una primera de guerra psicológica y acción cívico-militar, orientada a ganar simpatías, crear redes de informantes y obtener inteligencia mediante programas de ayuda a los campesinos; una segunda de bloqueo económico y militar del territorio; y una tercera de agresión punitiva con armamento moderno y tropas numerosas. La acción cívico-militar se apoyó en organizaciones estadounidenses como los Cuerpos de Paz, CARE y Cáritas, cuya presencia en las zonas de operaciones cumplía funciones humanitarias y de inteligencia al mismo tiempo.

La ofensiva se abrió en mayo de 1964 contra Marquetalia, en el sur del Tolima, bajo el gobierno del conservador Guillermo León Valencia. Se destinaron a las operaciones contra las autodefensas más de 17 millones de dólares y aproximadamente un tercio del Ejército total. En Marquetalia, sin embargo, Manuel Marulanda Vélez y la mayoría de sus hombres lograron romper el cerco y escapar por múltiples trochas hacia el Huila, el Cauca y Caldas. Antes de partir, las autodefensas redactaron el Programa Agrario Guerrillero, dado a conocer desde las montañas de Marquetalia el 20 de julio de 1964, y constituyeron el Bloque Sur. El cerco militar, lejos de aniquilarlos, les entregó un mito fundacional.

Marulanda, Jacobo Arenas y Hernando González encabezaron el grupo que se dirigió hacia Riochiquito con la intención de preparar la Primera Conferencia del Bloque Sur. Marulanda mencionaría después una "trocha central" que atravesaba la cordillera y que quizás coincidía con la que el general José Joaquín Matallana afirmó haber descubierto; la incertidumbre está en las propias palabras del comandante guerrillero. Lo cierto es que Riochiquito recibió, en 1964, a los sobrevivientes de Marquetalia, y que allí se replicó lo que ya había ocurrido en Villarrica una década antes: la comunidad armada se volvió refugio de otra comunidad armada perseguida.

La respuesta militar no se hizo esperar. La "República Independiente" de Riochiquito fue destruida en 1964 mediante un intenso bombardeo de las fuerzas armadas colombianas, seguido de operaciones terrestres. La última fase de la campaña contra las autodefensas, contra El Pato y Guayabero, se ejecutó en diciembre de 1965. En apenas dos años, el Estado colombiano había desmantelado militarmente los cuatro enclaves principales del sur y el oriente. La narrativa oficial del general Ruiz Novoa presentó la operación como una intervención limpia, sin necesidad de evacuar campesinos y apoyada en operaciones psicológicas y en la colaboración de antiguos guerrilleros liberales, entre ellos figuras vinculadas al clan Loaiza del sur del Tolima. El resultado sobre el terreno fue el desplazamiento masivo de la población y la desaparición del enclave como reducto organizado.

La toma de Inzá: 17 de marzo de 1965

Entre el bombardeo inicial y la disolución completa del enclave, el 17 de marzo de 1965 ocurrió el episodio que precipitó la fase final de la ofensiva contra Riochiquito: la toma guerrillera del municipio de Inzá. Marulanda partió del enclave con aproximadamente 60 combatientes, aunque otra versión eleva la fuerza total a 145 hombres, de los cuales 80 eran indígenas. La discrepancia numérica no oculta lo esencial: Ciro Trujillo, desde Riochiquito, proveyó reconocimiento y decenas de porteadores indígenas nasa que hicieron posible la operación logística sobre el terreno abrupto de Tierradentro.

El objetivo declarado era conseguir armas, dinero y víveres. Marulanda encuadró la operación también en términos simbólicos, como "el regreso al mundo": un mensaje dirigido a la Colombia urbana de que había sobrevivido diez meses de guerra en la frontera del Tolima. Marquetalia no lo había liquidado; ahí estaba, en Inzá, para demostrarlo.

El desenlace incluyó un episodio que marcaría la percepción pública del hecho. Al abrirse fuego contra un bus de pasajeros donde viajaban policías, murieron dos monjas de la Congregación de María Inmaculada, conocidas como las hermanas de la Madre Laura. En el tiroteo estuvieron involucradas dieciséis personas. La muerte de las religiosas, ocurrida como consecuencia del enfrentamiento con la escolta policial, cambió el registro moral del episodio: lo que en el vocabulario guerrillero era una operación militar exitosa se convirtió, en el registro público, en el asesinato de dos monjas.

La reacción política fue inmediata. El gobernador del Cauca y los directorios departamentales liberal y conservador condenaron la toma y aprovecharon el episodio para exigir intervención militar directa sobre Riochiquito. La operación de Marulanda, concebida como demostración de fuerza, funcionó como pretexto para acelerar la destrucción de la retaguardia que la había hecho posible. El acto que buscaba afirmar la existencia del enclave sirvió para liquidarlo.

La I Conferencia del Bloque Sur

Antes de que la ofensiva militar completara su trabajo, Riochiquito alcanzó a cumplir la función que lo inscribiría de manera definitiva en la historia colombiana. En 1965 se celebró allí la I Conferencia del Bloque Sur, la reunión que unificó los destacamentos guerrilleros de Riochiquito, Natagaima, El Pato, Guayabero y Marquetalia, concentrando aproximadamente cien combatientes. El propósito era desarrollar la concepción político-militar apenas esbozada en el Programa Agrario Guerrillero del 20 de julio de 1964, y trazar la línea estratégica que permitiría pasar de la defensa de territorios específicos a una guerra de movilidad.

Ese salto conceptual es la contribución decisiva de Riochiquito a la trayectoria insurgente colombiana. Marulanda había defendido Marquetalia como territorio propio; en Riochiquito comprendió, junto a Jacobo Arenas y a los cuadros llegados de otras zonas, que la defensa territorial fija había mostrado sus límites y que la supervivencia exigía movilidad. La visión estratégica evolucionó desde el enclave hacia el frente móvil, y esa evolución fue la que permitiría a las FARC atravesar las siguientes décadas.

La discusión no se limitó a la doctrina militar. La Conferencia definió también la relación con la base social: cómo mantener el vínculo con las comunidades campesinas e indígenas una vez que las columnas ya no defenderían un territorio propio, sino que se moverían por corredores extendidos. La respuesta —columnas ligadas a redes de apoyo campesino, sin fijación territorial pero con arraigo social— configuró el modelo organizativo que las FARC replicarían durante décadas en el sur y el oriente del país. La retaguardia dejaba de ser un enclave para convertirse en una malla territorial de vínculos.

La II Conferencia Guerrillera, celebrada al año siguiente en El Pato, en el Meta, formalizó el nombre: el Bloque Sur pasó a autodenominarse Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Contaba entonces con alrededor de 350 combatientes. La dirección quedó configurada con Marulanda como comandante principal, Ciro Trujillo como primer lugarteniente y Jacobo Arenas como figura clave en la conducción político-ideológica. La organización nacía con impronta netamente campesina, nutriéndose de la población rural que había protagonizado tanto las Columnas de Marcha como los enclaves posteriores.

Riochiquito no aparece, en esta cronología, como escenario secundario. Es la sede de la conferencia que hizo posible la fundación formal. La destrucción militar del enclave y la consolidación de la organización que la resistió son, en realidad, la misma historia contada desde dos costados: el Estado creyó haber ganado la guerra al bombardear Riochiquito y las autodefensas transformaron la derrota territorial en nacimiento nacional.

Los nasa en el enclave

La participación indígena en Riochiquito merece un tratamiento propio, porque atraviesa toda la historia del enclave y porque su interpretación sigue siendo objeto de disputa. Los ochenta combatientes indígenas de la toma de Inzá, los porteadores nasa que sostuvieron la logística de la operación, la integración explícita del movimiento agrario de Ciro Trujillo con las comunidades de Tierradentro: todos estos elementos apuntan a una alianza operativa real entre la guerrilla y sectores del pueblo nasa. Pero la naturaleza de esa alianza es más ambigua de lo que las lecturas apologéticas sugieren.

En el registro de la convergencia, los nasa compartían con los colonos comunistas un enemigo: los latifundistas que buscaban apoderarse de tierras —resguardos ancestrales para los indígenas, parcelas colonizadas para los campesinos— y el aparato estatal que respaldaba esa expropiación. La tradición de resistencia indígena en el Cauca, encarnada históricamente en figuras como Manuel Quintín Lame, tenía puntos de contacto con el proyecto de autodefensa agraria que Ciro Trujillo intentaba levantar. Las escuelas, el intercambio cultural y las formas de acción recíproca fueron esfuerzos reales por construir un piso común.

En el registro de la coerción, el testimonio de la víctima de Páez —asesinatos y desplazamientos forzados contra quienes rechazaban adherirse— obliga a matizar. La presencia guerrillera en Tierradentro no fue solo alianza voluntaria: fue también imposición sobre comunidades que no siempre tuvieron la opción de negarse. Los ochenta indígenas de Inzá pueden haber sido, en proporciones hoy imprecisas, combatientes voluntarios y hombres movilizados bajo presión. La historia del enclave no admite una lectura épica sin matices, ni una lectura victimizante que borre la agencia indígena. Fue las dos cosas.

Esa ambivalencia tiene textura concreta. La colaboración logística en la toma de Inzá —porteadores, guías, reconocimiento del terreno— presupone conocimiento territorial y adhesión mínima; ninguna operación de esa escala se ejecuta sobre una comunidad puramente hostil. Pero adhesión mínima no es lo mismo que consentimiento pleno, y la línea entre una y otro corría, en Tierradentro, por dentro de cada resguardo, de cada familia, incluso de cada trayectoria individual. Los cabildos no funcionaban como un bloque homogéneo frente a la guerrilla: había sectores próximos al proyecto de Ciro Trujillo, sectores que toleraban su presencia por temor o por cálculo, y sectores que la resistían activamente y pagaban por ello.

Esta ambivalencia importa porque explica la relación tensa que el pueblo nasa mantendría después con la insurgencia armada. Cuando en décadas posteriores los cabildos y las organizaciones indígenas del Cauca —el CRIC y sus estructuras derivadas— reclamaron autonomía territorial frente a todos los actores armados, guerrilla incluida, estaban ajustando cuentas con una historia larga que arranca, entre otros puntos, en Riochiquito. La convivencia había existido, y también la subordinación.

La huella territorial y la memoria en Tierradentro

Riochiquito desapareció como reducto organizado a finales de 1964, y con él se disolvió el proyecto explícito de comunidad agraria pluriétnica que Ciro Trujillo había intentado levantar. Pero la geografía persistió, y con ella persistieron las condiciones que habían hecho posible el enclave: la barrera de la Cordillera Central, la debilidad estatal en Tierradentro, la doble jurisdicción inoperante entre el Cauca y el Huila, la presencia continua de comunidades nasa organizadas y de colonos campesinos en las laderas.

La región siguió siendo, durante las décadas siguientes, corredor y refugio de estructuras armadas. Inmediatamente después de la represión estatal de los años cincuenta, guerrillas del sur del Tolima, Cundinamarca y Río Chiquito habían celebrado una reunión en Santa Ana, Huila, para decidir su reorganización territorial: la articulación regional del enclave con redes guerrilleras del sur del país era, así, previa al Bloque Sur y sobreviviría a su destrucción formal. Tierradentro nunca dejó de ser zona de tránsito insurgente, y ese hecho —más que los proyectos políticos concretos de cada década— explica la militarización sostenida del territorio.

En el presente, las comunidades nasa denuncian una alta ocupación militar de sus resguardos, justificada oficialmente por la presencia guerrillera, pero que a su juicio encubre intereses económicos distintos. En 2012, el pueblo nasa declaró alerta ante intenciones de explotación minera en los páramos de Pisno y de las Moras, y denunció que las zonas mineras declaradas afectaban los resguardos de Togoima, Vitoncó y Tóez en una zona, y los de Mosoco y San José en el páramo de Pisno en la otra. La tesis nasa es clara: la ocupación militar prepara la ocupación minera, y ambas prolongan una historia larga de despojo que la insurgencia no interrumpió, sino que en ocasiones facilitó.

A esa disputa por el subsuelo se superpone otra, por la superficie. En los mismos resguardos nasa del Cauca, la coca y la marihuana funcionan como economía de sustento: los raspachines operan dentro de los propios resguardos y ni la fuerza pública ni las autoridades indígenas han logrado desmontarlas. Minería concesionada desde arriba y coca sembrada desde abajo componen las dos caras de una misma disputa por el uso del territorio. Las tensiones que Riochiquito condensó en los años cincuenta y sesenta —despojo, autodefensa, coerción armada, ausencia estatal, disputa por el control efectivo del suelo— no se resolvieron: se recompusieron bajo nuevas formas.

Lo que Riochiquito deja

Reducir Riochiquito a "una de las repúblicas independientes" es aceptar la etiqueta que se fabricó para destruirlo. Reducirlo a "cuna de las FARC" es leerlo únicamente a través de lo que vino después. Fue un enclave de colonización armada campesina e indígena, ubicado en un valle de Tierradentro, construido entre 1955 y 1964 por columnas comunistas desplazadas de la Violencia bajo el liderazgo de Ciro Trujillo, destruido militarmente en 1964-1965 en el marco del Plan Lazo, y sede en 1965 de la conferencia que preparó la constitución formal de las FARC al año siguiente en El Pato.

Su significado se juega en varias escalas simultáneas. En la del conflicto armado nacional, Riochiquito es el eslabón geográfico que conecta las autodefensas fijas de la Violencia con la guerrilla móvil que atravesaría medio siglo de guerra: sin la retaguardia caucana, sin la conferencia de 1965, sin la circulación de cuadros entre Marquetalia y Tierradentro, la transición organizativa habría sido distinta o no habría ocurrido. En la del Frente Nacional, es evidencia del carácter instrumental de la etiqueta "repúblicas independientes" y de la disposición del Estado a ejecutar operaciones militares mayores contra poblaciones civiles bajo justificaciones fabricadas en el Congreso y amplificadas por la Guerra Fría. En la de la historia indígena del Cauca, es un episodio ambivalente en la larga defensa nasa del territorio: momento de alianza operativa con la insurgencia y también de subordinación coercitiva, al que los cabildos y organizaciones actuales siguen ajustando cuentas cuando reclaman autonomía frente a todos los actores armados.

No hay monumento a Riochiquito, ni fecha oficial, ni resguardo del enclave. El valle permanece habitado, los nasa ocupan todavía sus resguardos, el Estado destina efectivos militares y titula concesiones mineras, la insurgencia atravesó todas sus mutaciones posteriores. Riochiquito no es solo un episodio cerrado en 1965: es también la clave interpretativa para entender por qué el nororiente del Cauca, seis décadas después, sigue siendo uno de los territorios donde el Estado colombiano no logra existir sin militarizarse, ni pacificarse sin volver a ocupar.