Idea · Seguridad Democrática
Doctrina militar
La doctrina militar colombiana es el conjunto de principios, manuales, reglamentos e incentivos con los que las Fuerzas Militares definen quién es su enemigo, cómo lo combaten y qué relación mantienen con la población civil y el poder político. Es un palimpsesto histórico que acumula desde los residuos de La Violencia hasta la Doctrina de Seguridad Nacional, la Seguridad Democrática y los intentos de reforma derivados del Proceso de Paz.
Trayectoria de una idea
- 1952
Antecedentes operativos en los Llanos y Villarrica
- 1962
Misión Yarborough y Plan Lazo
- 1965
Decreto 3398: armamento legal de civiles
- 1979
Manual de contraguerrillas: organización militar de civiles
- 1998
Plan Colombia: reingeniería militar con apoyo estadounidense
- 2002
Política de Defensa y Seguridad Democrática
- 2003
Plan Patriota: la doctrina en el terreno
- 2009
Escándalo de falsos positivos y más de 30 manuales documentados
La lectura
La doctrina militar colombiana no nació de un decreto fundacional sino de una sedimentación: sobre la violencia bipartidista que normalizó el tratamiento militar de la disidencia política se depositaron, en los años sesenta, la Doctrina de Seguridad Nacional y la asesoría contrainsurgente estadounidense, formalizadas en manuales que autorizaron armar y organizar militarmente a civiles durante más de dos décadas. Esa arquitectura doctrinal no fue una anomalía periférica: fue el sustrato legal y conceptual sobre el que creció el paramilitarismo colombiano y sobre el que se construyó, cuarenta años después, la Política de Defensa y Seguridad Democrática de Uribe. La expansión sin precedentes de las Fuerzas Militares entre 2002 y 2010 —de 203.000 a 270.000 efectivos— y el sistema de incentivos por bajas que produjo más de seis mil ejecuciones extrajudiciales de civiles son los dos rostros de una misma lógica: la que convierte la medición cuantitativa del enemigo muerto en el criterio de eficacia institucional. El Proceso de Paz de La Habana y la Jurisdicción Especial para la Paz pusieron esa lógica ante un espejo incómodo: la misma institución que documentó más de treinta manuales contrainsurgentes tuvo que reconocer, en el macrocaso 03, que esos manuales y esos incentivos habían producido un patrón sistemático de crímenes contra la población que decían proteger.
La doctrina militar colombiana
La doctrina militar colombiana es el conjunto de principios, manuales, reglamentos e incentivos con los que las Fuerzas Militares definen quién es su enemigo, cómo lo combaten y qué relación mantienen con la población civil y con el poder político. No es un texto único ni un cuerpo estable: es un palimpsesto. Sobre una base heredada de La Violencia se depositaron, en los años sesenta, las capas de la Doctrina de Seguridad Nacional y la contrainsurgencia estadounidense; sobre ellas, entre 2002 y 2010, la Política de Defensa y Seguridad Democrática escribió una guerra integral contra un enemigo llamado terrorista; y encima —sin borrar lo anterior— el ministerio de Juan Manuel Santos, primero, y el Proceso de Paz de La Habana, después, intentaron imponer una doctrina de legitimidad, derechos humanos y estabilización. Entender esa acumulación es entender por qué la misma institución que produjo más de seis mil ejecuciones extrajudiciales de civiles pudo, en la misma década, sentarse a negociar el desarme de las FARC. Los falsos positivos y la Doctrina Damasco son hijos de la misma casa.
Qué es una doctrina militar y por qué pesa
En su forma más seca, la doctrina militar es lo que un ejército enseña en sus escuelas, imprime en sus manuales y ejecuta en sus órdenes de operaciones. Fija el vocabulario oficial —quién es "enemigo", quién es "combatiente", qué es "orden público"— y con él la escala de lo permitido. En Colombia esa arquitectura se organiza bajo un principio constitucional claro: el presidente es Comandante en Jefe, el ministro de Defensa es el enlace civil, y bajo el Comando General se articulan Ejército, Armada y Fuerza Aérea con un Estado Mayor Conjunto. La misión constitucional es doble —defensa nacional y preservación del orden público interno y externo—, y esa doble naturaleza, que en otros países se reparte entre ejército y policía, es la primera clave del problema colombiano: las Fuerzas Militares fueron formadas para una guerra interior que dura, según cómo se cuente, entre sesenta y setenta años.
La segunda clave es la subordinación. Colombia no tuvo tradición de gobierno militar. El único régimen castrense del siglo XX, entre 1953 y 1957, fue breve y nació de un cuartelazo apoyado por las élites políticas, empresariales y religiosas del país. La subordinación al poder civil sobrevivió intacta, pero a cambio produjo una autonomía doctrinal: la política delegó en el estamento castrense la definición operativa del enemigo interno, y ese enemigo se fue expandiendo a lo largo de las décadas hasta abarcar mucho más que los combatientes armados.
Los sesenta: la Doctrina de Seguridad Nacional y el enemigo interno
La práctica de tratar al disidente político como enemigo militar es más antigua que su nombre. Las operaciones del Ejército en los Llanos entre 1952 y 1953, y las guerras de Villarrica en 1954 y 1955, ya la habían ensayado. La Violencia bipartidista, que algunos historiadores leen como una gigantesca estrategia de exterminio de sectores que luchaban por un cambio social —en un contexto donde el gaitanismo amenazaba con llevar por primera vez a un movimiento popular al poder por vía electoral—, había normalizado el tratamiento militar de la política.
Lo que ocurrió a comienzos de los sesenta fue la formalización teórica de esa práctica. La Revolución Cubana de 1959 y el fracaso de la invasión a Playa Girón en 1960 alarmaron a Washington y a las clases dominantes latinoamericanas. La política militar hemisférica dejó de orientarse hacia la defensa frente a una agresión exterior y se reorientó hacia la seguridad interna contra un enemigo que ya no vestía uniforme extranjero: el comunista propio, el sindicalista, el estudiante, el campesino organizado. La Doctrina de Seguridad Nacional, hibridada con principios extraídos de las guerras coloniales francesas en Vietnam y Argelia y con lecturas de la teoría de la modernización de Walt Rostow, aterrizó en las Fuerzas Militares colombianas por la vía más directa posible: la asesoría estadounidense.
En febrero de 1962, el Ejército de Estados Unidos envió a Colombia una misión encabezada por el brigadier general William P. Yarborough, jefe del Special Warfare Center de Fort Bragg. Su informe, cuyo anexo secreto se conoció décadas después, recomendaba desarrollar en Colombia una estructura civil-militar capaz de ejecutar "actividades paramilitares, de sabotaje y/o terroristas contra conocidos proponentes comunistas", respaldada por Washington. Ese documento no es una curiosidad de archivo: es la partida de nacimiento operativa de un modelo que atravesaría medio siglo. Ese mismo año, bajo la conducción del general Alberto Ruiz Novoa, comenzó a diseñarse el Plan Lazo, que se nutriría de helicópteros, vehículos, comunicaciones y armas pequeñas provistos por Estados Unidos.
La hibridación colombiana fue singular. La Doctrina de Seguridad Nacional se depositó sobre los residuos de La Violencia y sobre la tradición del estado de sitio —un mecanismo constitucional que permitía gobernar por decreto casi permanentemente— y produjo un artefacto propio: una concepción del enemigo interno en la que no bastaba con identificarse como opositor armado para caer bajo su categoría. Bastaba con no adherir a las políticas represivas que la seguridad nacional exigía. Los frentes de guerra ya no eran solo geográficos; eran también sindical, religioso, económico, psicológico. Y desde esa década, los manuales militares empezaron a clasificar a la población civil según su afinidad con las Fuerzas Armadas y su relación —real, supuesta o potencial— con la guerrilla.
La ley que armó a los civiles
La operacionalización jurídica de la doctrina llegó con el Decreto Legislativo 3398 de 1965, expedido bajo el gobierno de Guillermo León Valencia. La norma reglamentó la defensa nacional, permitió armar a civiles y autorizó al Ministerio de Defensa a proporcionar armamento de uso privativo de las Fuerzas Armadas a particulares. En 1966 se le sumó el Decreto 1667. Y en 1968, mediante la Ley 48, ambos se convirtieron en legislación permanente. El Decreto 1355 de 1970, Estatuto Orgánico de la Policía, cerró la arquitectura.
Ese paquete normativo hizo algo decisivo: rompió el monopolio estatal de la fuerza en un país donde nunca había sido pleno, y lo rompió por vía legal. Autorizó al Estado a organizar militarmente a civiles con fines contrainsurgentes. Sobre ese cimiento se levantaron los manuales sucesivos —1963, 1969, 1979, 1982, 1987— que fueron desarrollando la doctrina. El de 1979, emitido por la Ayudantía General del Comando del Ejército Nacional, ordenaba de manera expresa "organizar en forma militar a la población civil para que se proteja contra la acción de las guerrillas y apoye la ejecución de operaciones de combate", y definió formalmente la "junta de autodefensa". El Reglamento de combate de contraguerrilla EJC-3-10, publicado en 1987 por el Comando General de las Fuerzas Militares con carácter restringido, consolidó esa línea. Una decisión del Consejo de Estado de febrero de 2009 dejó constancia de que el Ejército había producido más de treinta manuales de instrucciones para la lucha contra grupos guerrilleros.
Ese es el sustrato. Cuando se habla de paramilitarismo colombiano no se habla de una desviación tardía: se habla del rendimiento operativo de una doctrina que autorizó, imprimió y enseñó la organización militar de civiles durante veinticinco años antes de que las AUC de los hermanos Castaño existieran. El error estratégico que Alejandro Reyes identificó en 2009 —la creación de ejércitos privados para defender la propiedad en zonas de presencia guerrillera— es también el resultado de una doctrina que había vuelto legalmente pensable esa opción.
Del Plan Colombia a la Seguridad Democrática
El puente entre el modelo de los sesenta y su reencarnación en los dos mil se llama Plan Colombia. Concebido por el presidente Andrés Pastrana el 8 de junio de 1998 como núcleo de su Plan de Desarrollo y acogido por Bill Clinton en diciembre de ese año, el plan nació con una etiqueta antinarcóticos pero acabó operando como un dispositivo integral de reingeniería militar. Su componente militar fue predominante sobre el civil: helicópteros Huey para el Ejército y la Policía, inteligencia, entrenamiento, asesoría técnica, comunicaciones. La coordinación se centralizó en el Comando Sur estadounidense, en Florida, a través de un grupo militar destinado a acompañar, formar y fortalecer a las Fuerzas Armadas colombianas.
Concebido originalmente contra el narcotráfico, el Plan Colombia mutó al poco tiempo. La idea de que era imposible combatir el narcotráfico sin combatir a la guerrilla —consagrada en el discurso oficial mediante categorías como "narcoguerrilla", acuñada por un embajador estadounidense, y "narcoterrorismo"— autorizó el uso de sus recursos también contra las FARC. El 11 de septiembre de 2001 completó el giro: alineó las visiones de seguridad de Bogotá y Washington bajo el paraguas de la guerra global contra el terrorismo. Cuando Álvaro Uribe Vélez asumió la presidencia en agosto de 2002, encontró un aparato militar en proceso de rearme y un marco discursivo internacional que legitimaba lo que iba a hacer.
La Política de Defensa y Seguridad Democrática, presentada por el gobierno de Uribe con Marta Lucía Ramírez como ministra de Defensa y ejecutada operativamente por los generales Jorge Enrique Mora Rangel, Carlos Ospina Ovalle y Freddy Padilla de León como sucesivos comandantes del Ejército y de las Fuerzas Militares, fijó cuatro objetivos estratégicos entre los cuales la consolidación del control estatal sobre el territorio y la eliminación del narcotráfico y los cultivos ilícitos eran los más nítidos. Su decisión doctrinal más consecuente fue semántica: el gobierno negó la existencia de un conflicto armado interno y proscribió palabras como "guerrilleros" o "subversivos". Los grupos armados eran terroristas o narcoterroristas sin fundamento ni intenciones políticas. La guerra tenía un solo bando legítimo.
Sobre esa base se desplegó una expansión sin precedentes. Entre 2002 y 2010, la Policía Nacional pasó de 110.000 a 160.000 miembros; las Fuerzas Militares, de 203.000 a 270.000 efectivos. Colombia se convirtió en el país de América Latina con mayor cobertura de fuerza pública por habitante —881 efectivos por cada 100.000—, superado solo por Bolivia. Uno de los primeros actos del gobierno fue decretar un impuesto al patrimonio destinado al fortalecimiento de las instituciones militares. Estados Unidos aportó entrenamiento a través de los Equipos de Entrenamiento en Planeación y Asistencia (PATTS), y el general Mario Montoya Uribe declaró que el apoyo más importante de Washington había sido el moral y político, calificando a Estados Unidos como "principal aliado".
Plan Patriota: la doctrina en el terreno
En junio de 2003 se puso en marcha el Plan Patriota, la operación contraguerrillera más grande desde los años sesenta. Su objetivo fue recuperar el control de la retaguardia estratégica de las FARC en los Llanos del Yarí y a lo largo del río Caguán, en el área de influencia de los Bloques Sur y Oriental, abarcando territorios de Meta, Caquetá y Guaviare. La primera fase golpeó a las FARC en Cundinamarca; la operación Libertad I desplazó al 90% de las estructuras guerrilleras de ese departamento y puso fin al cerco que la guerrilla había tendido alrededor de Bogotá. El gobierno logró establecer presencia militar en los 1.098 municipios del país.
El Plan Patriota tuvo dos rostros. Por un lado, replegó a las FARC hacia zonas más remotas y selváticas, redujo sus incursiones en cabeceras municipales y marcó un punto de inflexión en su capacidad operativa. Por otro, produjo efectos territoriales que la doctrina oficial no reconoció como propios. En Peñas Coloradas, Caquetá, la llegada del Ejército coincidió con el desplazamiento completo del caserío y de las veredas aledañas. En Cundinamarca, los años 2001-2003 fueron los de mayor número de víctimas —436— y coincidieron temporalmente con el desplazamiento masivo de La Palma, con el Estado y los grupos paramilitares señalados como principales responsables. En Putumayo, la implementación militar del Plan Colombia coincidió con el control paramilitar de los cascos urbanos. El Plan Consolidación, sucesor del Plan Patriota, prometió el acercamiento de las Fuerzas Militares a la población civil para la recuperación social del territorio; en varios de esos escenarios, la presencia estatal siguió teniendo una impronta esencialmente militar.
En diciembre de 2003, el Congreso aprobó el Estatuto Antiterrorista, una reforma constitucional que buscaba conceder a las Fuerzas Militares facultades de policía judicial, captura, allanamientos e interceptación de comunicaciones. La Corte Constitucional lo declaró inconstitucional. La ambición doctrinal del gobierno era volver a las tropas agentes plenos del sistema penal; el tribunal frenó ese paso, pero no la lógica que lo animaba.
Los falsos positivos: la doctrina como sistema perverso
Desde el segundo semestre de 2003, en paralelo al despliegue del Plan Patriota, el gobierno desarrolló un sistema de incentivos y estímulos a la Fuerza Pública orientado a obtener resultados cuantitativos en bajas de combatientes. Las órdenes de operaciones se medían por muertos antes que por capturas. La presión bajaba jerárquicamente por la cadena de mando y en el terreno se traducía, según el testimonio de un exintegrante del Ejército, en que "los resultados se medían por litros de sangre".
El efecto fue una práctica sistemática de ejecuciones extrajudiciales de civiles presentados como guerrilleros dados de baja en combate. La Jurisdicción Especial para la Paz, en el macrocaso 03 —"Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado"—, ha documentado que más de 6.402 colombianos fueron asesinados bajo ese patrón. El escándalo estalló nacionalmente en septiembre de 2008, cuando once jóvenes desaparecidos de Bogotá y Soacha fueron reportados por el Ejército como guerrilleros abatidos en Santander y Norte de Santander.
El patrón operativo estaba estandarizado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo describió: alteración de la escena del crimen, cambio de vestimenta de las víctimas por uniformes, colocación de armamento, reporte como bajas de grupos guerrilleros. Las víctimas eran seleccionadas por su vulnerabilidad —jóvenes de barrios populares, trabajadores informales, habitantes de calle, personas con discapacidad— y reclutadas con engaños que las trasladaban de la ciudad a zonas de operaciones donde eran asesinadas. Los ejecutores cobraban incentivos económicos y profesionales. La Fiscal de la Corte Penal Internacional consideró que la práctica, por su magnitud y carácter metódico, equivale a un ataque generalizado y sistemático contra la población civil: un crimen de lesa humanidad.
Los falsos positivos no fueron una aberración de unidades descarriadas. Fueron el rendimiento previsible de una arquitectura doctrinal que combinó cuatro elementos: la clasificación de la población civil según su afinidad con las Fuerzas Armadas heredada de los manuales de los sesenta; la definición del enemigo interno como cualquiera no adherido a la seguridad exigida; los incentivos cuantitativos por bajas introducidos desde 2003; y un discurso —la "guerra jurídica"— que estigmatizaba a defensores de derechos humanos y organizaciones de víctimas como agentes de una estrategia guerrillera para obtener "victorias psicológicas sobre el enemigo" por vía legal. Ese discurso, reciclado de mediados de los noventa, criminalizó a quienes documentaban las violaciones y funcionó como blindaje institucional. En al menos un caso documentado por el excomandante paramilitar del Bloque Centauros, alias "Chatarro", los paramilitares entregaron a una persona al Ejército para que fuera presentada como baja en combate, con cobertura mediática posterior: la doctrina de delegación de violencia había cerrado el círculo con el sistema de incentivos.
Santos, la legitimidad y la Doctrina Damasco
En 2006, Juan Manuel Santos asumió el Ministerio de Defensa. Su gestión, entre 2006 y 2009, coincidió con la etapa más intensa de los falsos positivos y con el escándalo de Soacha. Santos, según su propio relato, identificó el episodio como doloroso y vergonzoso para la fuerza pública, e impulsó desde 2006 una estrategia de cambio de cultura militar y policial centrada en un concepto sencillo pero doctrinalmente disruptivo: la legitimidad, entendida como el respeto a los ciudadanos y sus derechos, era la mayor ventaja estratégica posible frente a los grupos armados ilegales.
Ese giro tenía precedentes intelectuales. Desde 2009, analistas académicos venían señalando la necesidad de una reconversión de los aparatos de seguridad del Estado —cambios doctrinales, de incentivos y de mecanismos de control— para responder a realidades más complejas que el paradigma contrainsurgente clásico. Óscar Naranjo, como director de la Policía Nacional, había impulsado una modernización paralela en su institución. Y desde el interior del Ejército, oficiales como el general Álvaro Valencia Tovar habían defendido durante décadas una concepción más profesional y menos ideologizada de la fuerza pública. El punto de llegada institucional de ese proceso fue la Doctrina Damasco, cuyo Vocabulario Doctrinal (VOCADOC) publicó el Centro de Doctrina del Ejército (CEDOE) en 2020, con los conceptos generales básicos de un nuevo marco orientado a operaciones terrestres unificadas y respeto al derecho internacional humanitario.
La ambición era genuina, pero la profundidad es discutible. La misma institución que redactaba el VOCADOC seguía cargando en sus armarios los treinta manuales que el Consejo de Estado había inventariado, seguía habiendo sido formada bajo los principios del Reglamento EJC-3-10 de 1987, y seguía procesando el hecho de que miles de sus integrantes —entre ellos generales— comparecieran ante la JEP por el macrocaso 03. La reforma de Santos no desmanteló el palimpsesto: agregó una capa más, con mejor prosa y peores enemigos internos que la anterior.
Los militares en La Habana
El Proceso de Paz con las FARC, iniciado bajo la presidencia de Santos, obligó a la doctrina a un ejercicio inédito. Militares en ejercicio participaron en la subcomisión técnica de fin del conflicto en las negociaciones de La Habana, como parte del equipo del Gobierno. Nunca antes en la historia del país el estamento castrense había tenido rol técnico directo en una negociación de esa naturaleza. La escena era doctrinalmente revolucionaria: los mismos oficiales formados para nombrar al adversario como terrorista negociaban con él las condiciones del desarme.
El Acuerdo Final estableció un tratamiento especial, simétrico y diferenciado para los miembros de la fuerza pública ante la JEP, reconociendo que habían actuado en cumplimiento de un deber legal y constitucional, a diferencia de los combatientes irregulares. Ese diseño buscaba resolver una tensión doctrinal de fondo: si el Estado no podía admitir la existencia de un conflicto armado interno —como había insistido Uribe durante ocho años—, tampoco podía procesar a sus soldados como partícipes de él. La justicia transicional, al reconocer simultáneamente la asimetría jurídica y la simetría procesal, obligó a la institución militar a aceptar una categoría que su doctrina oficial había negado.
En septiembre de 2015, en una reunión de la Asamblea General de la ONU sobre misiones de paz, el secretario de Estado John Kerry señaló a las Fuerzas Armadas de Colombia como un ejemplo internacional. Santos atribuyó ese reconocimiento a la estrategia de cambio de cultura iniciada en 2006. La lectura optimista es cierta hasta cierto punto: la institución había avanzado en profesionalización, adopción de estándares de DIH y participación en escenarios multilaterales. La lectura crítica es igualmente cierta: ese elogio internacional convivía con miles de procesos abiertos ante la JEP, con una parte significativa del oficialato retirado alineada con los sectores políticos que rechazaban el Acuerdo, y con una doctrina que en el terreno seguía sin desprenderse de sus categorías fundacionales.
La huella: una institución dividida
En abril de 2018, la presidenta de la JEP, Patricia Linares, declaró que la jurisdicción actuaría con pleno rigor y respeto al debido proceso en el caso del exguerrillero Jesús Santrich, y que la Sección de Revisión se ocuparía conforme al Artículo 19 transitorio del Acto Legislativo 01 de 2017. La declaración marcaba el terreno en el que la institucionalidad transicional empezaba a operar: bajo presión política intensa, con dos gobiernos —Santos saliente, Iván Duque entrante— sosteniendo posiciones opuestas sobre el Acuerdo, y con una parte del estamento militar en retiro convertida en actor político activo contra el proceso.
Ese es el punto de llegada de sesenta años de acumulación doctrinal: una institución militar dividida entre dos lógicas que conviven sin sintetizarse. Por un lado, la capa contrainsurgente heredada de los sesenta, actualizada por la Seguridad Democrática y no desmantelada por la reforma de Santos, sigue proporcionando el marco mental de buena parte del oficialato y de sus redes de retirados: enemigo interno amplio, sospecha estructural de la izquierda civil, tolerancia a la delegación de violencia. Por otro, la capa de legitimidad y DIH impulsada desde 2006, formalizada en la Doctrina Damasco y puesta a prueba en La Habana, ha producido cuadros nuevos, doctrina escrita en clave posconflicto y una relación distinta —aunque frágil— con el poder civil y los estándares internacionales.
Los falsos positivos son el nombre del punto en que esas dos lógicas colisionan. No fueron un accidente de la primera capa ni un episodio previo a la segunda: fueron el efecto de que la primera capa siguiera operando cuando ya la segunda estaba en gestación, y que los incentivos cuantitativos —herederos directos de la doctrina de resultados medibles del Plan Colombia y de la métrica estadounidense de guerra— se aplicaran sobre una tropa formada en la clasificación del civil como potencial enemigo. La Fuerza Pública no llegó al posacuerdo convertida en la institución que la Doctrina Damasco promete; tampoco siguió siendo la que produjo Soacha. Llegó, y sigue estando, en el intermedio incómodo entre ambas.
La doctrina militar colombiana es, en ese sentido, un mapa del país que la produjo. En sus capas están la Guerra Fría y la globalización, Yarborough y Rostow, Guillermo León Valencia y Álvaro Uribe, los Decretos del 65 y la JEP, los helicópteros del Plan Colombia y los ataúdes de Soacha, los generales que negociaron en La Habana y los que denunciaron la negociación desde el retiro. Escribir sobre ella no es narrar la trayectoria de una institución sino la de un país que delegó en sus soldados la definición operativa de quiénes eran sus enemigos, y que sesenta años después todavía discute qué hacer con las respuestas que ellos escribieron.
En el archivo
1 apariciones públicas, ordenadas por período y año.
Relaciones
Vínculos editoriales de la ficha y conexiones observadas dentro del archivo.
Relaciones editoriales
- 01Doctrina de Seguridad Nacional — marco teórico hemisférico que formalizó la categoría de 'enemigo interno' e influyó decisivamente en la doctrina colombiana desde los años sesenta
- 02Álvaro Uribe Vélez — presidente que reconfiguró la doctrina bajo la Política de Defensa y Seguridad Democrática (2002-2010), negando el conflicto armado e impulsando el Plan Patriota
- 03Alberto Ruiz Novoa — general colombiano que condujo el diseño del Plan Lazo en 1962, primera gran operacionalización de la doctrina contrainsurgente con apoyo estadounidense
- 04Mario Montoya — general que encarnó la doctrina de resultados cuantitativos en bajas y declaró a EE.UU. 'principal aliado' de las Fuerzas Armadas colombianas
- 05Falsos positivos — consecuencia sistémica de la doctrina de incentivos por bajas, que produjo más de 6.402 ejecuciones extrajudiciales de civiles presentados como combatientes
- 06Plan Colombia — dispositivo de rearme y reingeniería militar (1998) que sirvió de puente entre la contrainsurgencia de los sesenta y la Seguridad Democrática de los dos mil
- 07FARC-EP — actor armado que durante décadas fue el referente central del 'enemigo interno' en la doctrina colombiana y cuyo desarme en el Proceso de Paz de La Habana obligó a repensar esa doctrina
- 08Juan Manuel Santos — ministro de Defensa y luego presidente que impulsó reformas doctrinales orientadas a la legitimidad y los derechos humanos, y condujo las negociaciones de paz que cuestionaron los fundamentos de la doctrina contrainsurgente
Personas
Lugares
Ideas
Documentos y fragmentos citados
62 documentos · 83 fragmentos
01"Falsos positivos" en Colombia y el papel de la asistencia militar de Estados Unidos, 2000-2010Movimiento de Reconciliación (FOR), Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU) · 2014 · p. 23, 602 citas
[1]en Colombia a. e jecuciones como expresión de “L a v io L encia ” y L a d octrina de s eguridad n aciona L, 1946-1988 El año de 1946 ha sido definido por parte de los historiadores modernos como el año en que se origina en Colombia un conflicto violento ininterrumpido hasta el día de hoy, en el que la violencia contra…
p. 23
[23]y Colombia. Legis- laciones de EE.UU., tales como la Ley Leahy, utilizaban la zanahoria de la asistencia militar –la mayoría de la cual no se centró en los derechos humanos– para incenti- var las sanciones contra los infractores, con la amenaza de negar la asistencia a las unidades en las que se encontraban los…
p. 60
02Paz en Colombia: perspectivas, desafíos, opcionesSara Victoria Alvarado, Eduardo A. Rueda Barrera, Pablo Gentili (editores) · 2016 · p. 1291 cita
[2]cruzado por el conflicto armado, la práctica de la exclusión política, al lado de la exclusión económica y social, de tratar a quien no comparte las posiciones oficiales como enemigo interno, aún antes de que se em- palmara con las modernas teorizaciones de la doctrina de seguridad nacional, y sus nuevos adjetivos…
p. 129
03Paz en Colombia: perspectivas, desafíos, opcionesMartha Nussbaum, Sara Victoria Alvarado (ed.), Eduardo A. Rueda Barrera (ed.), Pablo Gentili (ed.) · 2016 · p. 1291 cita
[3]cruzado por el conflicto armado, la práctica de la exclusión política, al lado de la exclusión económica y social, de tratar a quien no comparte las posiciones oficiales como enemigo interno, aún antes de que se em- palmara con las modernas teorizaciones de la doctrina de seguridad nacional, y sus nuevos adjetivos…
p. 129
04Violencia pública en Colombia, 1958-2010Marco Palacios · 2012 · p. 65, 74, 1323 citas
[4]la invasión a Cuba en 1960. Reelaborar la doctrina fue todavía más apremiante después de aquel fiasco. La doctrina de la contrainsurgencia quitaba todo énfasis a la guerra re- gular interestatal poniéndolo en la guerra irregular interna. En esta direc- ción, había que fortalecer unidades operativas orientadas por una…
p. 74
[5]el trasfondo de la guerrilla del e pl, pavimentaría el camino al paramilitarísmo (Romero, 2003, pp. 128-155). La cara antiliberal de la Alianza era la doctrina contrainsurgente elabor a da por diferentes agencias del gobierno estadounidense con el objetivo de for talecer la legitimidad política y la capacidad militar…
p. 65
[14]que, en las condiciones de auge del narcotráfico, dio bríos a un paramilitarismo de segunda generación, de la cual el narco- paramilitarismo de las auc fue una de sus variantes más siniestras y exitosas. A partir de las premisas de la doctrina contrainsurgente y de la guerra de baja intensidad, también conocidas en la…
p. 132
05El terrorismo de Estado en ColombiaHernando Calvo Ospina · 2018 · p. 89, 1094 citas
[6]y Nikita Krushev decidió subir el tono de voz contra Estados Unidos, decla- rando que la Doctrina Monroe moría de “muerte natural”. 9 9 Maurice Lemoine: Les 100 portes de l’Amérique Latine, Ob. cit. 89 Capítulo IV Con la Revolución Cubana, la vida política y militar del hemis- ferio no volvieron a ser las mismas. La…
p. 89
[7]y Nikita Krushev decidió subir el tono de voz contra Estados Unidos, decla- rando que la Doctrina Monroe moría de “muerte natural”. 9 9 Maurice Lemoine: Les 100 portes de l’Amérique Latine, Ob. cit. 89 Capítulo IV Con la Revolución Cubana, la vida política y militar del hemis- ferio no volvieron a ser las mismas. La…
p. 89
[8]del cuerpo social”. Enemigos no son solo “aquellos que explícitamente se identifican con el cambio social, así como las organizaciones que lo preconizan, sino cualquiera que 6 Noam Chomsky: “Double jeu américain en Colombie”. Le Monde Diplo- matique, París, agosto de 1996. 109 Capítulo V no se adhiera a las políticas…
p. 109
[9]del cuerpo social”. Enemigos no son solo “aquellos que explícitamente se identifican con el cambio social, así como las organizaciones que lo preconizan, sino cualquiera que 6 Noam Chomsky: “Double jeu américain en Colombie”. Le Monde Diplo- matique, París, agosto de 1996. 109 Capítulo V no se adhiera a las políticas…
p. 109
06Normas y dimensiones de la desaparición forzada en Colombia. Tomo ICentro Nacional de Memoria Histórica; Germán Lozano Villegas; Luz Janeth Forero M. · 2014 · p. 571 cita
[10]o en contra de la nación, nunca neutrales, dada la visión que se hacía a través del prisma de la lucha contrainsurgente. En ese sentido, las huelgas, la manifestación social y las campañas electorales de ciertas condiciones eran consideradas como focos de con fl ictos y, por ende, sujetos de control estatal 64. La in…
p. 57
07Hasta la guerra tiene límites. Violaciones de los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario y responsabilidades colectivasComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 605, 8872 citas
[11]civil, y sobre todo de aquella considerada base social o sustento de la guerrilla. 1939 Entrevista 185-PR-006008. Hombre, experto, exmilitar. 1940 En el plano estratégico de la seguridad y defensa nacional se creó el concepto de «poder nacional». En este se conjugan cinco frentes (interno, externo, económico, militar…
p. 605
[56]la derrota del ene- migo solo era posible con su eliminación. Con la priorización de las bajas no solo se desconoció la pluralidad de misiones constitucionales que tenía la fuerza pública 3164, sino que se tejieron dos discursos para dotarlas de legitimidad: por una parte, se usó la «guerra jurídica» a nivel interno,…
p. 887
08Elementos para una genealogía del paramilitarismo en Colombia. Historia y contexto de la ruptura y continuidad del fenómeno (I)Alfonso Insuasty Rodríguez, José Fernando Valencia Grajales, Janeth Restrepo Marín · 2016 · p. 22, 324 citas
[12]Estatuto) facilitó “el deslinde entre las acciones militares legítimas y las violatorias de los derechos humanos” (Leal, 2002,p. 27), acorde con los principios doctrinarios clásicos, sobreviniendo en el país las estra- tegias contrainsurgentes que fueron descritas por Daniel Feirstein (2009) como características en…
p. 32
[13]Estatuto) facilitó “el deslinde entre las acciones militares legítimas y las violatorias de los derechos humanos” (Leal, 2002,p. 27), acorde con los principios doctrinarios clásicos, sobreviniendo en el país las estra- tegias contrainsurgentes que fueron descritas por Daniel Feirstein (2009) como características en…
p. 32
[60]precio propiedades que perdían valorización por estar ubicadas en las llamadas zonas rojas, es decir, de presencia y dominio guerrillero. La sustitución de propietarios rurales tam- bién fue favorecida por el cobro de impuestos (vacunas), secuestros y amenazas de las guerrillas a grandes terratenientes y empresarios…
p. 22
[61]precio propiedades que perdían valorización por estar ubicadas en las llamadas zonas rojas, es decir, de presencia y dominio guerrillero. La sustitución de propietarios rurales tam- bién fue favorecida por el cobro de impuestos (vacunas), secuestros y amenazas de las guerrillas a grandes terratenientes y empresarios…
p. 22
09Plan Colombia: U.S. Ally Atrocities and Community ActivismJohn Lindsay-Poland · 2018 · p. 461 cita
[15]provided by the United States. 16 The light aircraft that Yarborough recommended for the Colombian Air Force were “Helio Couriers,” a lightweight plane used extensively by the cia in operations at that time in Africa and Indochina. The U.S. State Depart - ment had already recommended in 1960 that the Colombian…
p. 46
10More Terrible Than Death: Drugs, Violence, and America's War in ColombiaRobin Kirk · 2003 · p. 761 cita
[16]the doctores in charge were so impressed that they promoted him again, to the position of army commander and later war minister. Although General Ruiz downplays the link, it is clear that Plan Lazo also drew heavily on American ideas that emerged from a seis- mic shift in the way war was waged across the globe, most…
p. 76
11America's Other War: Terrorizing ColombiaDoug Stokes · 2005 · p. 242 citas
[17]using US military manuals and doctrine and relates it to the evolution of US CI warfare during the Cold War and the way it continues to be mapped on to the Colombian situation. The continued existence of these US economic and strategic interests provides the most plausible account of the continuity of post-Cold War US…
p. 24
[18]using US military manuals and doctrine and relates it to the evolution of US CI warfare during the Cold War and the way it continues to be mapped on to the Colombian situation. The continued existence of these US economic and strategic interests provides the most plausible account of the continuity of post-Cold War US…
p. 24
12Breve historia del conflicto armado en ColombiaJerónimo Ríos Sierra · 2017 · p. 65, 732 citas
[19]concebido por el propio Andrés Pastrana, el 8 de junio de 1998, se trataba de una iniciativa nuclear de su Plan de Desarrollo, resultando acogida por el presidente estadounidense Bill Clinton, en diciembre de 1998, cuando prometió destinar más ayuda militar a Colombia a fin de combatir las drogas y fortalecer la…
p. 65
[47]del continente que más va a incrementar su presupuesto en seguridad y defensa tras Chile, Venezuela y Ecuador. Además, se erige como el país de América Latina con mayor cobertura de Fuerza Pública por número de habitantes, con un promedio de 881 efectivos por cada 100.000 habitantes, únicamente superado por Bolivia…
p. 73
13Análisis histórico del narcotráfico en ColombiaMaría Clemencia Ramírez, César Torres del Río, Andrés López Restrepo, Amada Carolina Pérez Benavides, Ángela Margoth Bacca Mejía · 2014 · p. 4541 cita
[20]un valor cada uno de 2 millones de dólares), de los cuales treinta fueron asignados al ejército y doce a la Policía. 25 De modo general, el Plan Colombia es un conjunto de acciones que busca acabar con la producción ilícita de narcóticos y el negocio asociado a ella, im- pulsar y fortalecer la presencia del Estado en…
p. 454
14Colombia: Background and U.S. RelationsJune S. Beittel · 2018 · p. 481 cita
[21]request for a unified campaign to fight drug trafficking and terrorist organizations as Members of Congress came to realize how deeply intertwined the activities of Colombia’s terrorist groups were with the illicit drug trade that funded them. 91 However, Congress prohibited U.S. 89 Ibid. 90 Cynthia J. Arnson, “Th e…
p. 48
15Las guerrillas en Colombia. Una historia desde los orígenes hasta los confinesDarío Villamizar · 2017 · p. 7891 cita
[22]tienen Equipos de Entrenamiento en Planeación y Asistencia (PATTS, por su sigla en inglés) para apoyar el Plan Patriota. Durante la primera fase de la campaña (2A) en 2003, los militares dieron grandes golpes a las FARC en el departamento de Cundinamarca, que rodea a Bogotá, los cuales tuvieron como resultado varios…
p. 789
16No matarás. Relato histórico del conflicto armado interno en ColombiaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 1181 cita
[24]el territorio nacional una guerra irregular. 322 Ibíd., 21. 119 fifl pr ers enptacir r pr ódflllr cfodlóflfafl (mThffiff-mThoff) 12. Armar a los civiles En 1965 el gobierno de Guillermo León Valencia rompió uno de los pilares del acuerdo establecido por su antecesor, Alberto Lleras Camargo, en el discurso del Teatro…
p. 118
17Gobernar en medio de la violencia. Estado y paramilitarismo en ColombiaJacobo Grajales · 2017 · p. 1521 cita
[25]con la tropa, para obligarlos a que se descubran; atemorizarlos haciéndoles creer que están comprometidos y que deben abandonar la región” (Colombia, Ejército Nacional, Ayudantía General del Comando del Ejército, 1979, p. 188). Como los habitantes se encuentran en el centro del con fl icto, es necesario incluirlos en…
p. 152
18El Bloque Mineros de las AUC. Violencia contrainsurgente, economías criminales y depredación sexualJuan Esteban Jaramillo Giraldo, José Manuel Hernández, Dairo Correa Gutiérrez · 2022 · p. 651 cita
[26]serie de normas que autorizaron al Ministerio de Guerra para la conformación de grupos de civiles armados para el desarrollo de actividades de con- trainsurgencia, vigilancia y protección, tanto rural como barrial. Así fue como se expidió el Decreto Legislativo No. 3398 de 1965, mediante el cual se reglamentó la…
p. 65
19Huellas y rostros de la desaparición forzada (1970-2010)Federico Andreu-Guzmán (relator); Carlos Miguel Ortiz (coordinador); Centro Nacional de Memoria Histórica · 2014 · p. 394, 3982 citas
[27]instrucciones que el Ejército Nacional tienen más de 30 producidos, desde entonces y hasta ahora, son utilizados para ins- truir militarmente para combatir a los grupos guerrilleros” 715. 711 Ayudantía General del Comando del Ejército Nacional de Colombia. (1979). Manual de instrucciones generales para operaciones…
p. 398
[49]humanos en Colombia, A/HRC/ 22 / 17 /Add. 3, 07 de enero de 2013, párrafo 75. 705 Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos y Observatorio de derechos humanos y derecho humanitario. (2008). Informe Final de la Misión Internacional de Observación sobre Ejecuciones Extrajudiciales e Impunidad en Colombia. Bogotá,…
p. 394
20Colombia: A Country StudyRex A. Hudson (editor) · 2010 · p. 3851 cita
[28]in some cases may be appealed to the Supreme Court of Justice. Directly under the General Com- mand are the deputy commander and the Joint General Staff, with the 291 Colombia: A Country Study PRESIDENT COMMANDER IN CHIEF ADVISORY BODIES -- MINISTER OF NATIONAL DEFENSE NATIONAL POLICE COMMISSIONER'S OFFICE DIRECTOR…
p. 385
21Colombia siglo XX: desde la guerra de los Mil Días hasta la elección de Álvaro UribeCésar Miguel Torres Del Río · 2015 · p. 331 cita
[29]la institución castrense. Ya desde la Constitución de 1886 se había establecido que Colombia contaría con un ejército único no deliberante, pero las guerras de 1895 y de los EBSCOhost: eBook Collection (EBSCOhost) printed on 4/29/2025 8:21:44 PM UTC via UNIVERSIDAD DE LOS ANDES. All use subject to…
p. 33
22Nueva Historia de Colombia, Vol. II: Historia Política 1946-1986Alvaro Tirado Mejía (Director Científico y Académico), Catalina Reyes Cárdenas, Arturo Alape, Gonzalo Sánchez, Gabriel Silva Luján, Medófilo Medina, Alvaro Valencia Tovar, Fernán González · p. 3091 cita
[30]Estado, como columna vertebral de su osatura. Tan sólo así la era desgraciada de las gue- rras civiles podría superarse. Ansioso por poner en marcha la na- ción desmoralizada hacia el desarrollo social y económico que sería parte me- dular de su gobierno, vio en el ejército un instrumento de gran valía en un país…
p. 309
23Gran Enciclopedia de Colombia. Tomo 7: InstitucionesRoberto Hinestrosa Rey (Director Académico), Sandra Morelli Rico (Coordinación Académica) · 1993 · p. 1861 cita
[31]tanto la de 1885 como la de 1991, por ejemplo el deja legalidad y la subordinación del godermilitar al poder política, cone gran la existencia del Estado y las Fuerzas Armadas y su correlación, que convieriea la Constitución Nacio- nalen fuente y guía de las actuacione de las Fuerzas Armadas. El tex tonal, inspirado…
p. 186
24Guns, Drugs, and Development in ColombiaJennifer S. Holmes, Sheila Amin Gutiérrez de Piñeres, Kevin M. Curtin · 2008 · p. 1551 cita
[32]e l o P m e n t i n C o l o m B i a 1 0 mines the success of those sincerely trying to reintegrate: “These gaps are particularly apparent in the fields of health, psychosocial support, and edu- cation, and many former combatants have no possibility of finding work or pursuing productive projects” (oa S 2006a, 4). As…
p. 155
25Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Dinámicas urbanas de la guerraComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 159, 1832 citas
[33]única salida? (2002—2016) 160 fiflćflThxiff fffl. iThififf xffff ćff ff E n la noche del 20 de febrero de 2002 el presidente Andrés Pastrana Arango se dirigió a la opinión pública para comunicar su decisión de dar cierre defi- nitivo al fracasado proceso de paz del Caguán 517, con el que había iniciado su mandato…
p. 159
[53]en zonas urbanas, con personas en condición de vulnerabilidad socioeconómica, trabajadores informales, habitantes de calle y en condi- ción de discapacidad 595. El departamento con más registro de estos hechos fue Antioquia. Un exintegrante del Ejército, que en ese momento operaba en Medellín, se refirió a la presión…
p. 183
26Los procesos de paz en Colombia, 1982-2014 (documento resumen)Álvaro Villarraga Sarmiento · 2015 · p. 1861 cita
[34]y sociales; iniciativas legislativas sobre reformas asociadas a los procesos de paz o a sus instrumentos; el desarrollo de programas de inversión social en zonas de conflicto; el reconocimiento de la grave problemática humanitaria y la urgente aplicación del DIH y el recurso a formas de facilitación e intermediación…
p. 186
27Hallazgos y recomendaciones de la Comisión de la Verdad de ColombiaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 394, 4062 citas
[35]o declaradas inexe - quibles por la Corte Constitucional en noviembre del 2002 787. En consecuencia, por iniciativa del Gobierno, el Congreso aprobó una reforma constitucional que se expidió en diciembre del 2003 y que se conoció como el Estatuto 783 Ibíd. 784 Ministerio de Defensa. Política de defensa y seguridad…
p. 406
[38]esa categoría de la narcoguerrilla la acuñó un embajador de Estados Unidos. Más ade - lante, y en un contexto de agudización del conflicto armado, en el año 2000 y en los siguientes estas concepciones estuvieron en la base de intentos de reformas para validar la persecución con atribuciones de orden público para las…
p. 394
28«¡Déjennos en paz!» La población civil, víctima del conflicto armado interno de ColombiaAmnistía Internacional · 2008 · p. 151 cita
[36]A pesar de ello, nunca negaron la existencia de un conflicto armado per se, a diferencia del actual presidente. Además, el gobierno del presidente Uribe es el primero en utilizar el concepto de «guerra contra el terror». Esta formulación y la de la «guerra contra el narcotráfico» han sido utilizadas por algunos…
p. 15
29At the Margins of the Global Market: Making Commodities, Workers, and Crisis in Rural ColombiaPhillip A. Hough · 2022 · p. 2951 cita
[37]fi ce, Uribe openly refused to accept the political nature of the guerrillas, instead calling them “ terrorists ” and “ dragons ” and refusing to negotiate without a unilateral cease- fi re. 91 Aiming to further beef up Colombia ’ s armed forces, Uribe looked to Washington for political and military support from the…
p. 295
30La batalla por la pazJuan Manuel Santos · 2019 · p. 111, 2162 citas
[39]llevó a la inclusión de esta guerrilla en la lista de terroristas de la Unión Europea, impulsada por el mismo gobierno que había negociado con ellas por tres años, el término terrorista se hizo más usual para denominar a los guerrilleros. Era una especie de guerra semántica, en la que se descalifica al oponente a…
p. 216
[63]los equipos, ni la tropa, ni la estrategia, sino el apoyo y la confianza de la población. Un ejército que no se gana, con su actitud recta y respetuosa de la comunidad, el apoyo y la confianza del pueblo, es un ejército derrotado de antemano, que ha perdido su razón de ser. Por el contrario, un ejército que acata la…
p. 111
31Conversaciones de honor: Memorias MilitaresMartín Nova · 2020 · p. 136, 2742 citas
[40]Porque el Plan Colombia fue concebido para combatir el narcotráfico, pero no a la guerrilla. A partir de ese momento, que fue al año o dos años del Plan Colombia, aceptaron el uso de la ayuda del Plan Colombia para utilizarlo también en el combate contra la guerrilla, contra las FARC. Indiscutiblemente la guerrilla de…
p. 136
[68]los Derechos Humanos y las normas operacionales vigentes en el momento de la comisión de los hechos siempre y cuando no sean contrarias a la normatividad legal vigente. Estos aspectos jugaron un papel fundamental en el modelo de justicia transicional para los miembros de la fuerza pública que por causa, con ocasión y…
p. 274
32¡Adiós a las FARC! ¿Y ahora qué? Construir ciudadanía, Estado y mercado para unir las tres ColombiasClaudia López Hernández · 2016 · p. 2491 cita
[41]contra el terrorismo". Tanto sus alocuciones como los documentos gubernamentales y oficiales sobre el conflicto político o armado en Colombia se hablaba exclusivamente de la "amenaza narcoterrorista". Este discurso se profundizó con los atentados del 11 de septiembre en los Estados Unidos, que alinearon más…
p. 249
33Álvaro Uribe: El Caballo de Troya del NeoliberalismoJuan Manuel López Caballero · 2009 · p. 451 cita
[42]total de guerri- lleros dados de baja o capturados o desmovilizados bajo la Segu- ridad Democrática es 50.464 (son las cifras que más reivindica el Gobierno) También de acuerdo las mismas fuentes los efectivos de las guerrillas (FARC + ELN) bajaron de 20.600 en el 2002 a 13.799 en 2006 y a 12.499 estimados en…
p. 45
34La guerra escondida. Minas Antipersonal y Remanentes Explosivos en ColombiaCentro Nacional de Memoria Histórica, Fundación Prolongar · 2017 · p. 641 cita
[43]no tenían. La creación de los batallones de alta mon- taña fue clave en el desarrollo de esta fase. Otro componente importante en el despliegue de la Políti- ca de Seguridad Democrática fue el desarrollo de “operaciones ofensivas”, en donde se realizó el Plan Patriota. Su objetivo fue recuperar el control de la…
p. 64
35Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. OrinoquíaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 1581 cita
[44]el plan Consolidación, que pretendía que las Fuerzas Militares se acercaran a la población civil, para «la recuperación social del 624 Ibíd. 625 El Tiempo reseñaba la enorme capacidad de la unidad y destacaba que es «la única capaz de movilizar mil de sus cerca de seis mil hombres, en cuestión de horas, a las zonas…
p. 158
36Víctima de la globalización: la historia de cómo el narcotráfico destruyó la paz en ColombiaJames D. Henderson · 2012 · p. 3112 citas
[45]y asistencia técnica, y para consultas sobre estrategia. Aun cuando es cierto que Colombia habría podido derrotar a las FARC sin la ayuda de los Estados Unidos, su colaboración contribuyó en medida considerable a los logros de Uribe. Uno de los principales analistas políticos colombianos estima en un 40 % la…
p. 311
[46]y asistencia técnica, y para consultas sobre estrategia. Aun cuando es cierto que Colombia habría podido derrotar a las FARC sin la ayuda de los Estados Unidos, su colaboración contribuyó en medida considerable a los logros de Uribe. Uno de los principales analistas políticos colombianos estima en un 40 % la…
p. 311
37Tomas y ataques guerrilleros (1965-2013)Mario Aguilera Peña (coordinador); Alba Lucía Vargas Alfonso, Luisa Marulanda Gómez, Luis Fernando Sánchez (coautores) · 2016 · p. 1031 cita
[48]nueva tecnolo- gía, como la compra de aviones A- 29 B “Súper-Tucano”, “avio- nes fantasmas” AC-47, helicópteros Black Hawk UH-60 Arpía y de modernas bombas guiadas por satélite. Estos elementos se sumaron a las nuevas formas de ataque a través de operativos conjuntos entre miembros del Ejército, la Fuerza Aérea y la…
p. 103
38Resistir no es aguantar. Violencias y daños contra los pueblos étnicos de ColombiaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 4811 cita
[50]la Verdad constituye para las víctimas una esperanza de acercar los reclamos de verdad, memoria y justicia sobre una de las más atroces prácticas genocidas del terrorismo de Estado en Colombia 1228. Así mismo, el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que: 1226 Ibíd. 1227 Entrevista…
p. 481
39Memoria de la infamia. Desaparición forzada en el Magdalena MedioCentro Nacional de Memoria Histórica, Liz Yasmit Arévalo Naranjo, Andrés Prieto Ruiz · 2017 · p. 4381 cita
[51]Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 28 de septiembre de 2008, Comu- nicado de Prensa). Es importante resaltar, como ya se anotó, que en este tipo de desapariciones la justificación de la lucha contrainsurgente per- manece como en los períodos anteriores, pero de lo que en verdad 439 6…
p. 438
40Sufrir la guerra y rehacer la vida. Impactos, afrontamientos y resistenciasSaúl Franco Agudelo · 2022 · p. 2251 cita
[52]asesinado en Gigante, Huila, después de ser detenido en el Batallón Cacique Pigoanza, en 2007, expresó su ind ignación por lo sucedido con su hijo: «Que digan la verdad porque mi hijo no era así […]. Es que no era así. No era como ellos lo anunciaron, como lo dijeron en los periódicos, en las emisoras: que era el…
p. 225
41Fighting Monsters in the Abyss: The Second Administration of Colombian President Álvaro Uribe Vélez, 2006–2010Harvey F. Kline · 2015 · p. 1682 citas
[54]end justifies the means.” Both cases caused additional challenges to the judicial system. In both cases, the questions were, who approved these illegal activi- ties, and more specifically, did President Uribe order them or know about them? Should he have known if he did not? False Positives In Septem ber 2008, falsos…
p. 168
[55]end justifies the means.” Both cases caused additional challenges to the judicial system. In both cases, the questions were, who approved these illegal activi- ties, and more specifically, did President Uribe order them or know about them? Should he have known if he did not? False Positives In Septem ber 2008, falsos…
p. 168
42Memorias de una guerra por los Llanos. Tomo II. El Frente Capital y el declive del Bloque Centauros de las AUCDaniel Ricardo Martínez Bernal (coordinador), Lorena Camacho Muete, Esteban Caviedes Alfonso, Laura Bibiana Escobar García, José María Gutiérrez Sierra, Daniela Moreno Arriola, Daniel Augusto Serrano Corredor, Juan Manuel Villarraga Beltrán · 2021 · p. 601 cita
[57]era un tipo de los que yo había formado desde hace muchos años atrás, ¿me entiende? Entonces, ¿cómo le sacamos provecho al man? Pues, démoselo de baja al Ejército, y el Ejército saca pecho con una baja importante de la autodefensa, y uno le ayuda a realizarla por medios noticiosos y todo eso, y listo. Ese era el……
p. 60
43Sistemas de guerra: La economía política del conflicto en ColombiaNazih Richani · 2003 · p. 851 cita
[58]están lu- chando contra nuestros enemigos, no tenemos ningún interés en comba- tirlos»25. Está visión se oye dentro de los círculos más altos de los mandos militares 26. De esta manera, las relaciones entre el Estado y los grupos son de colaboración en las zonas es en el terreno, mientras el tar. Este análisis se LOS…
p. 85
44Todo pasó frente a nuestros ojos. El genocidio de la Unión Patriótica 1984-2002Vladimir Melo Moreno (Relator); Andrés Fernando Suárez, Carmen Andrea Becerra (Correlatores); Centro Nacional de Memoria Histórica · 2018 · p. 1951 cita
[59]militar alineada con la política militar nortea- mericana y iii) la reapropiación de la Doctrina de Seguridad Na- cional suramericana (Leal, 2006, páginas 55-61). De esta forma, se dio una reconfiguración de un modelo de fuerza para la Defensa Nacional a uno de Seguridad Nacional (Rueda, 1997), que derivó en la…
p. 195
45Estrategias de guerra y trasfondos del paramilitarismo en el Urabá antioqueño, sur de Córdoba, bajo Atrato y Darién. Tomo IILaura Milena Ballén Velásquez, Ronald Edward Villamil Carvajal, Luisa Fernanda Hernández Mercado · p. 391 cita
[62]veces habían soldados que venían atrás, que esa era la retaguardia, ellos se quedaban en el pue- blo y el resto de gente entraban a la población. Después de las treinta horas que llegaron los periodistas, los chismosos que llegaban a in- vestigar, entraban las noticias: “en cierto lugar hubo combates entre…
p. 39
46Una conversación pendienteJuan Manuel Santos, Ingrid Betancourt, Juan Carlos Torres · 2021 · p. 4061 cita
[64]de lo que el Gobierno piensa, o se vuelve un enemigo. Y los ascensos, los nombramientos, no se hacen tanto en función de las capacidades de los oficiales, sino de su lealtad. Tiene razón, Ingrid. Desde 2006, cuando asumí el Ministerio de Defensa, y luego también durante mis ochos años de gobierno, adelantamos toda una…
p. 406
47Colombia: Background, U.S. Relations, and Congressional InterestJune S. Beittel · 2013 · p. 91 cita
[65]Democratic Pole party. Juan Manuel Santos Santos was elected President on June 20, 2010, and inaugurated on August 7. He had served as defense minister under President Uribe (2006- 2009) and in two previous governments as finance minister and minister of trade. As Uribe’s defense minister, he oversaw some of the…
p. 9
48Post-conflict Colombia and the Global Circulation of Military ExpertiseManuela Trindade Viana · 2022 · p. 2451 cita
[66]Villatoux, P. Aux origines de la « guerre révolutionnaire »: le colonel Lacheroy parle. Revue historique des armées, n. 268, pp. 45–53, 2012. Wasinski, C. Validar a Guerra: A Construção do Regime de Expertise Estratégica. Contexto Internacional, v. 34, n. 2, pp. 435–470, 2012. Documents, Reports and Studies Amnesty…
p. 245
49Guerra y violencias en Colombia: herramientas e interpretacionesJorge A. Restrepo, David Aponte · 2009 · p. 1031 cita
[67]políticos para el actual 52 La presencia a gran escala de fuerzas estatales es típica de una campaña contrainsurgente clásica, pero las nuevas realidades de la guerra contrainsurgente colombiana, y más allá de las amenazas a la seguridad contra la población, se alejan bastante de los paradigmas de los levantamientos…
p. 103
50Memorias dispersasHumberto De La Calle Lombana · 2021 · p. 1781 cita
[69]diversos y preparar los encuentros. Pero la crítica aludida se centra más en el llamado Grupo de Juristas conformado por las partes para contribuir con nuevos caminos en la difícil cuestión de la Justicia Transicional. También en el empujón a las conversaciones en lo que se llamó el Conclave y, con menor intensidad,…
p. 178
51El derecho a la justicia como garantía de no repetición. Volumen 1. Graves violaciones de derechos humanos: luchas sociales y cambios normativos e institucionales 1985-2012Centro Nacional de Memoria Histórica · 2015 · p. 1132 citas
[70]una crisis diplomática con ese país y lanzó interrogantes sobre la desproporcionalidad de los ataques y los límites fronteri- zos de la guerra. De otro lado, la política de recompensas del Estado en la que se enmarcó la muerte de Iván Ríos, asesinado por su jefe de seguridad en complicidad con otros guerrilleros,…
p. 113
[71]una crisis diplomática con ese país y lanzó interrogantes sobre la desproporcionalidad de los ataques y los límites fronteri- zos de la guerra. De otro lado, la política de recompensas del Estado en la que se enmarcó la muerte de Iván Ríos, asesinado por su jefe de seguridad en complicidad con otros guerrilleros,…
p. 113
52JEP - Patricia Linares y los logros del Sistema Integral en 2020.htmlp. 11 cita
[72]JEP - Patricia Linares y los logros del Sistema Integral en 2020 Fuente oficial: Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). URL: https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/Destacan-logros-del-Sistema-Integral-de-Verdad%2C-Justicia%2C-Reparaci%C3%B3n-y-no-Repetici%C3%B3n-de-Colombia.aspx Fecha de consulta: 2026-08-10.…
p. 1
53The Face of Peace: Government Pedagogy amid Disinformation in ColombiaGwen Burnyeat · 2022 · p. 3091 cita
[73]politics, 33, 34, 107, 126 – 27, 138, 185, 250 Appel, Hannah, 5, 251 Arditi, Benjamin, 114, 250 Arendt, Hannah, 246 Aretxaga, Begoña, 73, 171 armed conflict: absence of history of, in peace pedagogy, 151 – 52; history of, 22 – 25, 42 – 43; Santos’s recognition of, 46 – 47, 49 armed forces: peace pedagogy given to, 85,…
p. 309
54JEP - La JEP actuará con pleno rigor - declaración de Patricia Linares.htmlp. 11 cita
[74]JEP - La JEP actuará con pleno rigor - declaración de Patricia Linares Fuente oficial: Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). URL: https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/Comunicado-No.15.-La-JEP-actuar%C3%A1-con-pleno-rigor.aspx Fecha de consulta: 2026-08-10. Contenido de la página Comunicado No.15 La JEP…
p. 1
55Violent Democratization: Social Movements, Elites, and Politics in Colombia's Rural War Zones, 1984-2008Leah Anne Carroll · 2011 · p. 1831 cita
[75]paramilitary groups responsible for persecuting the Democratic Front and the Patriotic Union in Caquetá. 29 Tensions were increased by the contin- ued rapid expansion of kidnappings and the FARC’s manpower, from an estimated 16,000 in 1998 to a high point of almost 17,500 in 2000. 30 One of these kidnappings occurred…
p. 183
56Tierras y conflictos rurales: Historia, políticas agrarias y protagonistasRocío Londoño (coord.), Carolina Castro, Álvaro Delgado, Jaime Landinez · 2016 · p. 3971 cita
[76]desplazamiento. En este año se presenta un desplazamiento masivo del caserío Peñas Coloradas que coincide con la llegada del Ejército a la zona en el marco del Plan Patriota. En este caserío se desplazó toda la población; y en veredas aledañas, Flandes, El Venado, Ánimas, Cumarales y Laguna Verde, también hubo…
p. 397
57Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Valle y norte del CaucaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 1131 cita
[77]las FARC-EP hasta el 16 de abril. La fuerza pública apenas apareció en la zona diez días después. Aunque la comunidad asegura que más de 100 personas fueron asesinadas, solamente 114 fiflffflćTh fl. ffff fl ff fifi de hecho, ese año registró un pico de desplazamiento forzado que afectó a 24.845 personas. En 2004, como…
p. 113
58Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Región CentroComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 1921 cita
[78]2 4 8 105 83 7 7 1 1 35 42 44 12 4 5 3 2 2 2 1 1 10 135 60 42 20 18 20 19 37 52 38 27 40 4 9 1 24 2 7 7 2 Agente del Estado Desconocido Grupo paramiltar Otro Sin información Grupo posdesmovilización Grupo armado no identificado Guerrilla Agente del Estado Desconocido Otro Grupo paramilitar Crimen organizado Grupo…
p. 192
59Petróleo, coca, despojo territorial y organización social en PutumayoEdinso Culma Vargas, Juliana Guerra Rudas, Rocío Londoño Botero · 2015 · p. 1481 cita
[79]la exploración petro- lera (...), [repliegan] a las FARC de Puerto Vega (...), de pronto por la garantía que le da el Estado a las posesiones de petróleo, pues ingresó el ejército, ingresó la tropa y la guerrilla se [replegó]. (...) 59 El Corredor Fronterizo Puerto Vega – Teteyé es una carretera destapada de 44…
p. 148
60El Placer: Mujeres, coca y guerra en el Bajo PutumayoMaría Clemencia Ramírez, María Luisa Moreno R., Camila Medina A. · 2012 · p. 562 citas
[80]cuidado de los cristalizaderos, el cobro de gramaje y el cuidado de los camiones que transportaban la droga hasta la frontera con Ecuador”. 99 Además, hicieron uso del secuestro para financiarse y “cambiaron también su estrategia de desaparición de las víctimas por la de abandonar los cuerpos en los lugares donde…
p. 56
[81]cuidado de los cristalizaderos, el cobro de gramaje y el cuidado de los camiones que transportaban la droga hasta la frontera con Ecuador”. 99 Además, hicieron uso del secuestro para financiarse y “cambiaron también su estrategia de desaparición de las víctimas por la de abandonar los cuerpos en los lugares donde…
p. 56
61Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. AmazoníaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 1321 cita
[82]pérdida de bienes muebles o inmuebles. Gráfica 2. Número de víctimas en departamentos de la Amazonía (1998–2019) 350 Ibíd, 102. 351 Uariv, Registro Único de Víctimas. Fuente: RUV − Fecha de corte: 31 diciembre 2021 2000 2005 2010 2015 2020 0 10.000 20.000 30.000 40.000 No. de víctimas Años Amazonas Caquetá Guanía…
p. 132
62Nuestra guerra sin nombre. Transformaciones del conflicto en ColombiaFrancisco Gutiérrez Sanín, María Emma Wills, Gonzalo Sánchez Gómez · 2006 · p. 311 cita
[83]pérdidas para las empresas estadounidenses que tienen inversiones en este sector. 16 En 2002, el gobierno de Estados Unidos solicitó a su Congreso un suplemento adicional de cerca de 100 millones de dólares para la seguridad del oleoducto Caño Limón-Coveñas (Estados Unidos, Departamento de Estado, 2002). Igualmente,…
p. 31