Derecho Internacional Humanitario

El Derecho Internacional Humanitario en Colombia

El Derecho Internacional Humanitario —el conjunto de normas que, en tiempos de guerra, protege a quienes no participan en las hostilidades y limita los medios y métodos de combate— entró al ordenamiento jurídico colombiano por la vía más solemne: los Convenios de Ginebra de 1949 y el Protocolo II adicional de 1977, incorporados desde la segunda mitad del siglo XX al bloque de constitucionalidad. En un país que ha librado durante más de medio siglo un conflicto armado no internacional, ese marco normativo no fue un lujo académico ni un adorno diplomático: fue, en distintos momentos, el único lenguaje común que quedaba entre partes que se negaban a reconocerse, el rasero para medir la degradación de la guerra y, cuando todo lo demás fallaba, el último dique contra la barbarie. Entre 2002 y 2010, esa norma fue negada en el discurso presidencial, invocada por los tribunales, esgrimida por las ONG, incumplida por casi todos los actores armados y, al final, convertida en el andamiaje jurídico sobre el que se levantó el Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación.

Qué es y por qué pesa en Colombia

El DIH aplicable al caso colombiano se sostiene sobre dos pilares. El primero es el artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949, que fija el mínimo humanitario exigible en cualquier conflicto armado no internacional: prohíbe los atentados contra la vida, la integridad y la dignidad de las personas que no participan directamente en las hostilidades, incluidos los combatientes que hayan depuesto las armas o estén fuera de combate. El segundo es el Protocolo II adicional de 1977, ratificado por Colombia en 1995, cuyo artículo 4.2 amplía y precisa esas garantías. A ese núcleo se suman las normas consuetudinarias del DIH, entre ellas la obligación de las partes en conflicto de tomar todas las medidas factibles para averiguar la suerte de las personas desaparecidas.

Dos principios cardinales organizan ese cuerpo normativo. El de distinción exige separar en todo momento a los combatientes de la población civil: solo los miembros de las fuerzas armadas de una parte en conflicto pueden participar directamente en las hostilidades, y la población civil no debe ser objeto de ataques. El de proporcionalidad prohíbe los ataques cuyos efectos incidentales sobre civiles sean excesivos frente a la ventaja militar concreta esperada. Ambos principios vinculan por igual a actores estatales y a grupos armados no estatales —guerrillas, paramilitares—, que no pueden invocar su carácter no oficial como excusa para evadir responsabilidad.

Ese es el andamiaje jurídico. Lo que la historia colombiana muestra, en cambio, es cómo fue puesto a prueba —y con frecuencia derribado— por una guerra irregular, prolongada y financiada con rentas ilegales, en la que las fronteras entre combatiente y civil, entre operación militar y crimen común, entre inteligencia y complicidad, se volvieron porosas hasta el colapso.

De los ochenta al Protocolo II: la larga demora de un marco jurídico

La aplicabilidad del DIH al conflicto colombiano no fue nunca un problema técnico; fue un problema político. Desde los años ochenta, cuando el paramilitarismo empezó a expandirse en el Magdalena Medio bajo nombres como el MAS y los Tiznados, las denuncias sobre masacres contra civiles y sobre la connivencia de la Fuerza Pública con esas estructuras chocaron con una barrera doble. Por un lado, la reticencia del Ministerio de Defensa a reconocer los hechos: cuando en 1983 el congresista Horacio Serpa denunció públicamente los ataques paramilitares en la región, el ministro Fernando Landazábal salió a defender a las Fuerzas Armadas antes que a investigar las acusaciones. Por otro, una impunidad estructural en los tribunales militares ante actos violentos cometidos contra civiles en el marco de operaciones contrainsurgentes, un patrón que se prolongó por décadas y que sembró, mucho antes de que existiera la palabra, las condiciones para lo que después se llamaría falsos positivos.

La ratificación del Protocolo II en 1995 fue un punto de inflexión formal. A partir de entonces, Colombia contaba con un instrumento internacional expreso para su tipo de conflicto y con obligaciones exigibles frente a la comunidad internacional. En los años siguientes, el DIH se filtró en la jurisprudencia constitucional, en el lenguaje de las ONG, en los informes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos —que abrió oficina en Bogotá en 1997— y en el vocabulario de las negociaciones de paz. En el Caguán, entre 1998 y 2002, la existencia de un conflicto armado interno era una premisa incontrovertida del gobierno de Andrés Pastrana; el problema no era si el DIH aplicaba, sino cómo obligar a las FARC a respetarlo.

Ese consenso —frágil, pero consenso al fin— se rompió el 7 de agosto de 2002.

La Seguridad Democrática y la negación del conflicto

Álvaro Uribe Vélez llegó a la presidencia con un diagnóstico y un vocabulario radicalmente distintos. Su gobierno fue el primero en Colombia en importar y usar el concepto de "guerra contra el terror" —forjado en Washington tras los atentados del 11 de septiembre de 2001— para enmarcar el conflicto armado interno. Y lo hizo con una consecuencia lógica que sus antecesores habían evitado: si en Colombia había terrorismo pero no conflicto armado, las FARC y el ELN no eran actores político-militares sino, en palabras del propio presidente y de sus voceros, "un grupo de bandidos". No había guerra: había amenaza criminal. No había combatientes: había terroristas.

La consecuencia jurídica de esa reformulación era grave. Al negar el estatus de conflicto armado, el gobierno erosionaba el fundamento fáctico del DIH, cuyo campo de aplicación son precisamente las situaciones de guerra. Ministros, altos funcionarios y el propio presidente evitaban sistemáticamente el vocabulario del DIH y lo reemplazaban por el del derecho penal ordinario y el de la lucha antiterrorista. La política pública se organizó bajo un solo rótulo —Política de Defensa y Seguridad Democrática— que subsumió los derechos humanos y el DIH dentro de sí misma. No hubo, entre 2002 y 2010, una política autónoma de derechos humanos ni una política autónoma de aplicación del DIH: hubo una política de seguridad que, en la medida en que consideraba estos campos, los trataba como accesorios instrumentales.

El giro fue interno y externo a la vez. En febrero de 2003, tras el atentado con carro bomba contra el Club El Nogal en Bogotá, el gobierno emprendió una campaña activa para que la OEA declarara a las FARC como grupo terrorista; Brasil, Ecuador y Venezuela se negaron. En paralelo, el discurso de "narco-guerrilla" y "narcoterrorismo" se convirtió en la piedra angular de una estrategia de relaciones públicas dirigida tanto a la opinión doméstica como a los tomadores de decisiones en Washington. Miembros de la comunidad internacional —y particularmente el gobierno de George W. Bush— utilizaron los marcos de "guerra contra el narcotráfico" y "guerra contra el terror" para eludir preocupaciones en materia de derechos humanos y sostener la ayuda militar a unidades del ejército colombiano involucradas en operaciones de contrainsurgencia, ayuda que se canalizaba principalmente bajo la apariencia de lucha antidrogas.

El DIH, en ese paisaje, se volvió incómodo. Reconocerlo era reconocer el conflicto; reconocer el conflicto era conceder a las guerrillas un estatus político; y ese estatus era, para el proyecto uribista, la puerta por donde se colaría todo aquello que la Seguridad Democrática había venido a clausurar: la negociación con reconocimiento, el intercambio humanitario, el despeje territorial. Cuando Amnistía Internacional cuestionó públicamente esa deriva, el presidente Uribe respondió acusando a la organización de legitimar al terrorismo; Amnistía replicó que se trataba de una maniobra para desviar la atención de preocupaciones legítimas atacando a los defensores de derechos humanos.

Bojayá: el DIH como diagnóstico de una hecatombe

El 2 de mayo de 2002 —tres meses antes de la posesión de Uribe— un cilindro bomba lanzado por el Bloque 58 de las FARC en el curso de un enfrentamiento con el Bloque Élmer Cárdenas de las AUC estalló dentro de la iglesia de Bellavista, cabecera del municipio de Bojayá, en el Medio Atrato chocoano. Entre 74 y 119 civiles murieron; la mayoría eran afrocolombianos que se habían refugiado en el templo buscando protección. Fue una de las masacres más graves del conflicto armado colombiano, y un caso paradigmático de infracción múltiple y simultánea al DIH.

Las FARC violaron el principio de distinción al emplear un arma —el cilindro bomba, artefacto de trayectoria imprecisa y potencia devastadora— cuyo impacto sobre la población civil era previsible y evitable. El uso de esa arma en el entorno de un asentamiento poblado no puede calificarse como error o azar: era un método intrínsecamente indiscriminado. Los paramilitares, por su parte, infringieron otro principio central al utilizar a la población civil como escudo humano frente al ataque guerrillero, exponiéndola deliberadamente al fuego. Y el Estado colombiano incumplió su deber de protección: la Fuerza Pública llegó a la zona una semana después de la masacre, pese a que múltiples alertas tempranas habían anunciado el enfrentamiento. La Procuraduría General de la Nación, mediante sentencia de única instancia del 16 de noviembre de 2004, sancionó al teniente coronel Orlando Pulido Rojas, comandante del Batallón Manosalva Flórez, con suspensión de noventa días sin remuneración por omisión en la protección de la población civil.

El Comité Internacional de la Cruz Roja —que mantiene en Colombia una de sus delegaciones más grandes fuera de su sede de Ginebra— jugó un papel preponderante en la respuesta humanitaria. Actuando bajo su mandato de neutralidad, estableció contacto directo con las partes en conflicto para obtener garantías de seguridad que permitieran el ingreso de asistencia a la zona. En sus pronunciamientos públicos atribuyó la emergencia humanitaria al brutal enfrentamiento entre grupos armados, mientras que otros actores —organizaciones de víctimas, la Iglesia local— pidieron la condena a las FARC por acciones terroristas y señalaron simultáneamente la responsabilidad estatal.

La Comisión de la Verdad, años después, estableció una responsabilidad compartida: el Estado colombiano, las FARC-EP y los paramilitares infringieron el DIH en Bojayá, cada uno con su parte. El comandante del Bloque Noroccidental, Isaías Trujillo, y otros mandos guerrilleros presentes ese día terminarían reconociendo su responsabilidad en la utilización de métodos ilegales de guerra. Bojayá se inscribió, además, en una lógica territorial más amplia: la disputa por el control del Medio Atrato, corredor estratégico que bordea Panamá y conecta el Caribe con el Pacífico, intensificada desde mediados de los años noventa. La masacre desencadenó un desplazamiento forzado masivo de la población afrocolombiana del Medio Atrato, con comunidades enteras abandonadas y nuevos episodios de expulsión en 2003.

La ironía trágica del caso es que ocurrió precisamente cuando el gobierno entrante iba a dejar de llamar al conflicto por su nombre. Bojayá exigía el vocabulario del DIH —principio de distinción, escudo humano, arma indiscriminada, deber de protección— y ese vocabulario, en la política pública que se anunciaba, estaba a punto de ser retirado del discurso oficial.

Falsos positivos: el costo de erosionar el marco

Si Bojayá reveló la degradación del DIH por parte de los actores no estatales, los llamados falsos positivos revelaron su colapso al interior de la Fuerza Pública. La Jurisdicción Especial para la Paz ha establecido 6.402 ejecuciones extrajudiciales de civiles cometidas por el Ejército colombiano entre 2002 y 2008, cifra que representa el 78% del total de esa violación a lo largo de todo el conflicto armado. El dato es difícil de leer sin detenerse: en seis años, la institución armada del Estado mató a más de seis mil civiles indefensos y los presentó como bajas en combate.

El mecanismo tenía una lógica de rutina burocrática, presente en el Magdalena Medio y expuesta también por el Relator Especial de la ONU Philip Alston tras su visita a Colombia en 2009. Se sustraía a víctimas civiles —jóvenes desempleados, habitantes de calle, campesinos, personas en situación de vulnerabilidad— mediante engaños. Se las trasladaba a lugares lejanos de su lugar de origen. Se las asesinaba. Se las vestía con prendas camufladas y se les colocaban armas al lado: el "kit de legalización" del que hablaría después un exmilitar ante la Comisión de la Verdad. El mismo testimonio recordaba haber oído sobre esas prácticas desde la Escuela Militar. Después se las presentaba como guerrilleros abatidos en combate. A cambio, la unidad recibía recompensas económicas, condecoraciones, permisos y ascensos.

La geografía del fenómeno atraviesa el país. En Nariño, la JEP investiga 37 ejecuciones extrajudiciales entre 2002 y 2010 con 61 víctimas, atribuidas al Batallón Batalla de Boyacá, mientras el Observatorio de Derechos Humanos y DIH registró 82 casos en ese mismo departamento durante el período. En el oriente antioqueño, las ejecuciones se concentraron en el Batallón de Infantería n.º 4 "Bajes", con 41 víctimas, y en el Batallón de Caballería Mecanizada n.º 4 "Juan del Corral", con 21 casos, unidades que operaban en Granada, San Luis y Cocorná. El general Mario Montoya Uribe, comandante del Ejército entre 2006 y 2008, firmó su sometimiento a la JEP en octubre de 2018; su propio abogado defensor y otras fuentes le atribuyen más de dos mil falsos positivos durante su comandancia.

Los falsos positivos son la infracción al DIH más grave cometida por la Fuerza Pública colombiana en el período. Violan el principio de distinción de la forma más brutal —al convertir deliberadamente a un civil en un combatiente ficticio para justificar su muerte—; violan el artículo 3 común y el artículo 4.2 del Protocolo II al atentar contra la vida, la integridad y la dignidad de personas que no participaban en las hostilidades; y violan la obligación consuetudinaria de identificar respetuosamente a los fallecidos, en la medida en que los cuerpos eran sepultados como NN en cementerios lejanos, ocultando su suerte a las familias durante años.

La Política de Seguridad Democrática no ordenó ejecutar civiles; sí construyó un ecosistema institucional en el que la métrica del éxito era el número de bajas en combate, en el que la presión por resultados descendía por la jerarquía como un imperativo, y en el que la negación del conflicto armado hacía políticamente incómodo hablar del DIH aplicable a las operaciones de la propia fuerza. Sobre una cultura militar marcada por la impunidad de los tribunales castrenses desde los ochenta, esa presión encontró incentivos perversos —recompensas por bajas, la Directiva 029 de 2005 firmada por el ministro Camilo Ospina Bernal, que reglamentó pagos por información y por resultados operacionales— que activaron la peor deriva posible. El viceministro de Defensa Sergio Jaramillo llegó a hablar públicamente de nexos entre bandas criminales emergentes y la Fuerza Pública a través de los falsos positivos, señalando que algunos miembros del Ejército habrían pactado con esas bandas para sumar "bajas" a cambio de garantizarles inmunidad.

Los casos de Soacha —jóvenes desaparecidos entre enero y agosto de 2008 que aparecieron muertos, presentados como guerrilleros, en fosas de Ocaña, Norte de Santander— se convirtieron en el símbolo público del fenómeno. Su descubrimiento a finales de 2008 forzó al gobierno a destituir a 27 oficiales del Ejército y a reconocer, por primera vez, la existencia del problema.

Complicidad, paramilitarismo y el otro DIH

La erosión del DIH desde el Estado no se limitó a las ejecuciones extrajudiciales. Entre 2000 y 2002, agentes y estructuras de la Fuerza Pública —ejército, policía, organismos de inteligencia— actuaron de manera premeditada y sistemática en contravía de los derechos humanos y del DIH, particularmente en operaciones de contrainsurgencia. El caso más notorio en el aparato civil de inteligencia fue el de Jorge Noguera Cotes, director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) con rango de ministro, condenado en 2011 por concierto para delinquir agravado con paramilitares y como autor mediato del homicidio del sociólogo Alfredo Correa de Andreis, en coordinación con Rodrigo Tovar Pupo, alias "Jorge 40", jefe del Bloque Norte de las AUC. El general Mauricio Santoyo, jefe de seguridad presidencial durante buena parte del gobierno Uribe, actuó como facilitador de las comunicaciones entre la Fuerza Pública y los paramilitares.

Los testimonios recogidos por el Centro Nacional de Memoria Histórica describen una arquitectura de complicidad que atraviesa décadas y regiones. En Puerto Boyacá, campesinos apodados "escopeteros" actuaron como guías geográficos en patrullajes del Ejército, en prácticas que sus propios protagonistas describen como consideradas "legales" en su momento —violando de plano el principio de distinción entre civiles y combatientes—. En El Castillo, Meta, un habitante recogido por el CNMH describió una secuencia recurrente: primero la aviación bombardeaba, luego entraban los paramilitares y después llegaba el Ejército, coreografía que solo se explica por una coordinación operativa. En el oriente antioqueño, grupos del Batallón Juan del Corral habrían mantenido contubernio con estructuras paramilitares, permitiendo que su presencia fuera advertida con anterioridad a operativos que, en apariencia, iban dirigidos contra ellas.

Los propios paramilitares —las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá (ACPB) y las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (ACMM), entre otras estructuras— operaron sin criterios ni políticas de protección a civiles. Su lógica priorizó la oportunidad del ataque sobre la salvaguarda de la población no combatiente, provocando desplazamientos masivos en violación del principio del DIH que prohíbe obligar a civiles a abandonar sus residencias salvo por razones militares imperiosas. Estaban obligados por el DIH tanto como el Estado: los grupos armados no estatales no pueden invocar su condición para eludir las normas mínimas del artículo 3 común.

Las FARC y el ELN, por su parte, sumaron infracciones sistemáticas. La instalación masiva de minas antipersona en territorios indígenas de Meta, Caquetá, Guaviare y Vichada afectó a pueblos como los Makabaju, Inga, Murui, Jiw, Nukak y Sikuani. El saldo nacional es devastador: entre 1990 y 2022 se registraron 4.884 víctimas civiles de minas en Colombia, de las cuales 3.997 resultaron heridas y 887 murieron; los menores de edad sumaron 1.013 heridos y 259 muertos, y los civiles representaron el 40% del total de víctimas. La guerrilla asesinó a líderes y comuneros indígenas, secuestró médicos tradicionales, gobernadores y estudiantes, y forzó desplazamientos que afectaron la integridad cultural de comunidades enteras. En Barbacoas, Nariño, en 2001, bienes protegidos por el DIH como escuelas fueron utilizados indebidamente por la Fuerza Pública, lo que constituye otra infracción.

Ningún actor sale indemne del cuadro completo. El DIH colombiano fue infringido de manera sistemática por Fuerza Pública, paramilitares y guerrillas. Lo específico del período 2002-2010 no fue la creación de esas prácticas, sino la remoción del lenguaje —y con él, de una parte de los frenos políticos e institucionales— que las nombraba y las delimitaba.

Secuestro, canje humanitario y la disputa por el vocabulario

Una arista particular del DIH durante la Seguridad Democrática fue el problema del secuestro y el intercambio humanitario. Las FARC habían acumulado durante los años noventa y comienzos de los dos mil cientos de secuestrados —militares, policías, políticos, civiles—, y condicionaban su liberación a un canje por guerrilleros presos y al despeje militar de los municipios de Florida y Pradera, en el Valle del Cauca. Sostuvieron esa exigencia prácticamente hasta mediados de 2008, cuando la Operación Jaque —el rescate incruento de Íngrid Betancourt, tres contratistas estadounidenses y once militares y policías, el 2 de julio— les quitó de las manos a los últimos secuestrados considerados "canjeables".

Uribe se negó sistemáticamente al despeje. Sus argumentos combinaban una promesa de campaña —no ceder territorio— con una razón geopolítica que un interlocutor recogió en términos elocuentes: el presidente sostuvo que Bush había prohibido negociar con terroristas y que las FARC estaban clasificadas como tales en el marco de la política antiterrorista estadounidense post-11 de septiembre. La lógica antiterrorista, importada como cobertura discursiva, se convirtió aquí en un obstáculo operativo: si no había conflicto sino terrorismo, no había intercambio humanitario sino cesión ante criminales.

Algunos analistas plantearon —desde una lectura estricta del DIH— que las retenciones de miembros de la Fuerza Pública capturados en combate por las FARC podrían asimilarse a la figura de prisioneros de guerra, y que los medios de comunicación tendían a calificar indiferenciadamente como "secuestros" tanto esas retenciones como los secuestros de civiles con fines de extorsión o presión política. La distinción jurídica era relevante: el DIH regula la captura de combatientes; el secuestro de civiles es una infracción grave sin ambigüedad. Pero la política gubernamental, al negar la existencia del conflicto, negó también la utilidad de esa distinción.

Con el ELN, el gobierno colombiano avanzó por un camino distinto. En las conversaciones sostenidas en Quito en 2017 —ya en el gobierno de Juan Manuel Santos, sucesor de Uribe—, el DIH fue explícitamente adoptado como marco conceptual común para guiar los aspectos humanitarios de las negociaciones. La razón práctica era transparente: el lenguaje de la legalidad ordinaria colombiana resultaba inoperante para dialogar con un grupo armado que no se reconocía como criminal, y el DIH ofrecía un vocabulario técnico neutral que ambas partes podían aceptar sin ceder posiciones políticas de fondo.

Entre 2003 y 2007, el número de secuestros descendió un 78% respecto al período 1996-2002, resultado atribuible al debilitamiento militar de las FARC bajo la ofensiva de la Seguridad Democrática y a operaciones de contrainsurgencia sostenidas. El logro es real y merece ser dicho: en materia de reducción del secuestro como fenómeno masivo, la política obtuvo resultados. Contra ese saldo pesan los 6.402 falsos positivos, las complicidades con el paramilitarismo y la erosión del marco jurídico, cuentas que la Seguridad Democrática nunca saldó del todo.

De Ralito a la JEP: el DIH como fundamento de la justicia transicional

La negociación con las AUC, iniciada formalmente en 2003 y culminada en la desmovilización de más de 31.000 combatientes entre 2003 y 2006, obligó al gobierno Uribe a construir un marco jurídico específico. La Ley 782 de 2002 modificó la Ley 418 de 1997 eliminando el requisito de reconocimiento de carácter político para negociar con grupos armados, lo que permitió abrir diálogos con las autodefensas —a las que nunca se les reconoció ese carácter—. Pero esa ley no ofrecía alternativa penal para paramilitares acusados de crímenes de lesa humanidad y violaciones al DIH, lo que resultaba poco atractivo para las cúpulas. De esa tensión emergió la Ley 975 de 2005, conocida como Ley de Justicia y Paz, que introdujo beneficios penales alternativos a cambio de contribuciones a la verdad, la justicia y la reparación.

La negociación con las AUC y la adopción de la Ley 975 constituyeron el hito fundacional de la justicia transicional como campo jurídico en Colombia. Fue en ese proceso donde entraron al debate público las categorías —derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación; imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad; imposibilidad de amnistiar violaciones graves al DIH— que después estructurarían el Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación acordado en La Habana en 2016. El propio proceso con las AUC ha sido descrito como "una especie de proceso de justicia transicional", advertencia que reconoce sus insuficiencias: no hubo cambio de régimen político ni terminación del conflicto, y los resultados judiciales fueron modestos —de los más de 31.000 desmovilizados, solo 4.153 fueron encontrados potencialmente elegibles para recibir beneficios bajo el marco de la ley—.

El Marco Jurídico para la Paz, adoptado como Acto Legislativo 01 de 2012 ya bajo el gobierno Santos, corrigió el rumbo. Estableció como condiciones para los beneficios penales la dejación de armas, el reconocimiento de responsabilidad, la contribución a la verdad, la cooperación con la reparación y el aporte de información sobre secuestrados y menores reclutados. Fue el andamiaje sobre el que se construiría, después del Acuerdo Final de 2016, la Jurisdicción Especial para la Paz.

La JEP heredó, así, un doble legado. Del gobierno Uribe recibió los casos: los 6.402 falsos positivos que hoy investiga en el macrocaso 03; los crímenes cometidos por las FARC —secuestro, reclutamiento de menores, minas antipersona— que investiga en otros macrocasos; los crímenes cometidos por terceros civiles y por agentes del Estado no militares. Del propio proceso de Justicia y Paz, y de la construcción jurisprudencial de la Corte Constitucional y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos —cuyas sentencias contra Colombia en las masacres de Mapiripán, Ituango y La Rochela consolidaron el reconocimiento de la responsabilidad estatal—, heredó el marco normativo. Sobre ambos legados opera el DIH como fundamento: el reconocimiento de que en Colombia hubo un conflicto armado interno al que aplicaba el ius in bello es la condición de posibilidad misma de una jurisdicción de transición.

Legado institucional

El paso del DIH por la Seguridad Democrática dejó, para la historia colombiana, un aprendizaje incómodo. Mostró que un marco normativo aceptado en abstracto puede ser vaciado en la práctica sin ser formalmente derogado, simplemente cambiando el vocabulario con que se nombra la realidad. Mostró también que ningún marco normativo, por sólido que sea en el papel, sustituye a las instituciones que deben aplicarlo: sin control judicial efectivo, sin fiscalías autónomas, sin tribunales militares dispuestos a investigar a los suyos, sin una política pública que reconozca los hechos, el DIH se convierte en letra muerta.

Pese a todo, el DIH sobrevivió a la ofensiva. Sobrevivió en las oficinas de la Alta Comisionada de la ONU en Bogotá, primero con Michael Frühling y después con Christian Salazar Volkmann, cuyos informes anuales documentaron sin eufemismos las violaciones cometidas por todos los actores. Sobrevivió en las ONG nacionales e internacionales que sostuvieron el vocabulario cuando el gobierno lo abandonó, y en la Corte Constitucional colombiana, que en varias sentencias reafirmó la aplicabilidad del DIH y la existencia del conflicto armado interno pese al discurso presidencial. Sobrevivió en el CICR, que negoció acceso humanitario con todas las partes sin ceder a la presión política. Y quedó, finalmente, cimentado en la propia arquitectura de la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, construidas sobre la premisa —hoy jurídicamente incontestable— de que en Colombia hubo un conflicto armado no internacional, al que aplicó siempre el DIH, y cuyas víctimas tienen derecho a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.

Quedan los 6.402, Bojayá y el idioma común que Colombia aprendió a hablar con muchos años de retraso, para nombrar al fin lo que le pasó.