Quito

Una ciudad en la bisagra andina

Quito es, ante todo, un accidente geográfico convertido en capital. Situada a más de dos mil ochocientos metros sobre el nivel del mar, en la falda oriental del volcán Pichincha, la ciudad ocupa una hondonada estrecha en la sierra ecuatoriana, corredor natural entre el altiplano cundiboyacense y el Cusco. Esa posición —bisagra entre dos núcleos indígenas mayores, el muisca al norte y el inca al sur— define su papel colonial. Cuando los españoles la fundaron en 1534 sobre las ruinas humeantes que había dejado el general inca Rumiñahui, no eligieron el sitio por accidente: Quito era ya, para el mundo andino prehispánico, el extremo septentrional del Tahuantinsuyu, el lugar donde Atahualpa había buscado refugio y desde donde el imperio inca miraba hacia el norte selvático y disperso.

Los españoles heredaron esa función de bisagra y la transformaron. Desde Quito partieron las expediciones que fundaron el corredor urbano del suroccidente colombiano; en Quito se instaló, en 1563, una Real Audiencia cuya jurisdicción se prolongaba hasta la gobernación de Popayán; desde Quito llegaron los pintores que Mutis reclutó para la Expedición Botánica y las tallas rococó que aún hoy pueblan las iglesias de Pasto y de Popayán; y a Quito volvió Bolívar en 1822 para completar la unificación de la República que había proclamado en Angostura. La ciudad fue, durante la Colonia, algo así como una segunda capital del suroccidente neogranadino: no la sede del virrey, pero sí la cabeza de una provincia con audiencia, obispo y presidente propios, y con un peso cultural que Santafé nunca disputó en pintura ni en escultura.

Belalcázar y el corredor de fundaciones

La cadena que ata Quito con el Nuevo Reino de Granada empieza con un hombre y una autorización. Sebastián de Belalcázar, capitán de Francisco Pizarro y uno de los conquistadores más ambiciosos de la primera oleada, recibió del gobernador del Perú la facultad de fundar ciudades. La ejerció primero en Quito, en 1534, y desde allí, apenas asentado, organizó la expansión hacia el norte que en los años siguientes prolongaría el mundo hispánico a lo largo de la sierra hasta encontrarse con las expediciones que venían por el Magdalena y por Venezuela.

Ese avance produjo el corredor urbano que hoy corre por los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca. Pasto, Popayán, Cali y Timaná fueron fundadas por Belalcázar o bajo su mando en el marco de las exploraciones iniciadas desde 1535. No son fundaciones dispersas: forman una línea continua entre Quito y el altiplano cundiboyacense, una espina dorsal andina que fue, durante siglos, la principal vía terrestre entre los dos polos del futuro virreinato. Cada una de esas ciudades fue, en el vocabulario jurídico de la Corona, un acto de posesión: la fundación no era un gesto ceremonial sino el instrumento central de la conquista, la manera técnica de convertir territorio en jurisdicción, poblaciones indígenas en súbditos, y minas o valles en unidades de tributo y encomienda.

La expedición no fue pacífica. Belalcázar encontró en su avance hacia el norte una resistencia indígena tenaz, a la que respondió con tácticas de tala y quema —arrasar sembrados, incendiar aldeas, cortar el sustento del enemigo— que Bartolomé de las Casas y Pascual de Andagoya recogerían con horror. En el altiplano de Bogotá, hacia 1539, Belalcázar convergió con las otras dos huestes que habían llegado por rutas independientes: la de Gonzalo Jiménez de Quesada, que había subido por el río Magdalena y fundado Santafé, y la de Nikolaus Federmann, que había atravesado los llanos desde Venezuela. Aquel encuentro triple, con sus disputas sobre a quién correspondía la gobernación del reino recién sometido, es una de las escenas fundacionales de la historia colombiana. Y en ella, un dato importa para nuestro asunto: uno de los tres capitanes venía de Quito, y por Quito reclamaba derechos.

De ese momento en adelante, el suroccidente del Nuevo Reino de Granada arrastró una ambigüedad jurisdiccional que nunca se resolvió del todo. Antes de 1549, todo el occidente neogranadino —incluida Popayán— dependía administrativamente de Lima y de Quito, no de Santafé. La Cordillera Central, intransitable en mula y poblada de indios insumisos, separaba el oriente del occidente de manera casi hermética, y esa barrera geográfica se convirtió en barrera política: mientras Santafé miraba al Magdalena y al Caribe, Popayán miraba al sur, al eje que subía por Pasto hasta Quito.

La Audiencia de 1563 y su jurisdicción sobre el sur neogranadino

La institución que dio forma jurídica a esa vecindad fue la Real Audiencia y Cancillería Real de Quito, establecida por real cédula en 1563. Su distrito, fijado en la cédula fundacional y ratificado con retoques menores en la cédula de 1740, cubría un territorio vasto que iba desde la costa pacífica hasta las cuencas amazónicas y que en su extremo norte lindaba con la gobernación de Popayán. Esa demarcación pasó, sin cambios sustanciales, a la Recopilación de Indias.

El presidente de la Audiencia acumulaba las funciones de gobernador y comandante general de la provincia. Es un matiz importante que la historiografía posterior enturbió: Quito era, políticamente, una provincia dentro de un orden mayor, no un reino. Las Guías de forasteros de 1794 y 1806 son inequívocas al respecto. La noción de "Reino de Quito" —tan cara al patriotismo ecuatoriano decimonónico— es una invención tardía, atribuida al jesuita riobambeño Juan de Velasco, que terminó el primer tomo de su Historia del Reino de Quito en la América Meridional en 1788, durante su exilio en Faenza, tras la expulsión de la Compañía. Velasco escribía desde la nostalgia y desde la necesidad de dar a su patria una dignidad institucional que la Corona no le había concedido. La historiografía posterior confundió el deseo con el hecho.

Pero el hecho jurídico importa más que la etiqueta. La Audiencia de Quito tuvo jurisdicción efectiva sobre pueblos que hoy son colombianos. Los indios de Santa María de Caqueona, en la jurisdicción de Almaguer —región de Popayán, hoy Cauca— llevaron su pleito contra los herederos de Marcelo Verdugo hasta la Audiencia de Quito, que emitió fallo. No fue un episodio anómalo: la gobernación de Popayán, situada en los confines entre la Audiencia de Quito y la de Santafé, quedó durante siglos en una zona de frontera interior incierta, con dependencias cruzadas y competencias solapadas. Los paeces y los pijaos, indígenas que resistieron durante décadas la sujeción española, ocuparon precisamente ese espacio ambiguo entre las dos audiencias.

El territorio de la gobernación de Popayán tampoco era homogéneo. Sus procesos históricos se desenvolvieron en territorios discretos: el piedemonte suroriental de la Cordillera Central, la región de Túquerres y Pasto, los valles interandinos del Patía y el Cauca, el flanco occidental entre los ríos Cauca y Magdalena, y la costa pacífica. Entre esos núcleos había amplios espacios intermedios de baja densidad histórica documentada, y sobre todos ellos la jurisdicción se ejercía de manera desigual. La consecuencia práctica es que el suroccidente colombiano estuvo, durante buena parte del periodo colonial, más orientado hacia Quito que hacia Santafé, y esa orientación se materializó en flujos concretos: el ganado del valle del alto Magdalena que abastecía a Bogotá, a Popayán, a las haciendas azucareras del Cauca y sus minas, alcanzaba en ocasiones a Quito, prolongando el corredor de intercambios que la geografía imponía.

Los pinceles de Quito en el sur neogranadino

La integración cultural fue más profunda y más duradera que la administrativa. Quito se consolidó desde el siglo XVII como uno de los grandes focos artísticos de la América hispánica, con una escuela pictórica y escultórica que ganó prestigio por la talla de sus imágenes religiosas y por una pintura reconocible: minuciosa, de colores brillantes, de líneas sinuosas. Cuando el rococó llegó a América en el siglo XVIII —aproximadamente entre 1740 y 1820—, Quito lo asimiló con particular intensidad y lo devolvió al mundo neogranadino en dos direcciones simultáneas.

Hacia el norte inmediato, la influencia quiteña saturó el actual suroccidente colombiano. Las iglesias, retablos y colecciones del Cauca, de Nariño y del Valle del Cauca conservan hoy un patrimonio pictórico y escultórico cuya matriz es directamente quiteña: la circulación de imágenes, artistas y modelos siguió con naturalidad el corredor andino que Belalcázar había trazado en el siglo XVI y que la Audiencia de Quito administraba. En Santafé de Bogotá, más distante, el rococó también encontró terreno fértil, aunque su recepción se combinó con otras influencias.

El episodio más notable de esta circulación tiene un nombre propio: la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada, dirigida desde 1783 por José Celestino Mutis. Cuando Mutis necesitó pintores capaces de traducir la flora tropical en imágenes de rigor científico, encontró en Quito la cantera que buscaba. Los pintores quiteños que se integraron a la Expedición estaban educados en la tradición local, formados desde niños en talleres familiares —los hijos de José Cortés, por ejemplo, aprendieron en el taller de su padre—, y traían consigo una técnica que Mutis pudo modelar. No sabían de iconografía botánica: esa especialidad tuvo que enseñárseles. Pero traían el pulso, el color y la disciplina del oficio.

Mutis modeló su escuela de iconos botánicos principalmente con esos pintores quiteños, y de esa formación salieron algunas de las láminas más deslumbrantes de la ciencia americana del siglo XVIII. Los conflictos internos existieron —el artista santafereño José María Espinosa fue el pintor que más problemas causó dentro de la comunidad de la Expedición, hasta el punto de que Mutis aconsejó a Salvador Rizo dejarlo abandonar el proyecto—, pero la columna vertebral del taller fue quiteña. Cuando hoy vemos una lámina de la Expedición Botánica en un museo bogotano, estamos viendo, en buena medida, un producto de la escuela de Quito trasladada al servicio de la ilustración neogranadina.

Reformas borbónicas y erosión de un estatus

El siglo XVIII trajo a Quito una experiencia contradictoria: mientras su prestigio cultural se consolidaba, su estatus institucional se degradaba. Las reformas borbónicas, que buscaron racionalizar y centralizar la administración imperial, reorganizaron el mapa de virreinatos y audiencias con una lógica que dejó a la Presidencia de Quito en posición estructuralmente débil.

El Virreinato de Nueva Granada fue creado en 1719, suprimido en 1724 por consideraciones fiscales, y restablecido definitivamente hacia 1739. La Audiencia de Quito quedó integrada en el nuevo virreinato con capital en Santafé, lo que en teoría reforzaba su vínculo con el norte. En la práctica, sin embargo, esa integración fue incompleta y frustrante. La provincia de Guayaquil, puerto estratégico y económicamente crucial para toda la región, mostraba tendencias autonómicas y había sido captada en su administración militar y fiscal por el virrey del Perú, que se resistía a soltar el control sobre el Pacífico ecuatorial. La gobernación de Popayán, por el norte, mantenía su ambigüedad jurisdiccional. Quito, en el medio, veía cómo sus competencias se erosionaban por los dos flancos.

Los presidentes de la segunda mitad del siglo XVIII lucharon por revertir esa erosión. José García de León y Pizarro llegó a Quito en 1778 ostentando el título de capitán general —era el 29.° presidente de la Audiencia— y su nombramiento se leyó como un intento de elevar el rango institucional de la Presidencia. El caso más elocuente es el del Barón de Carondelet, presidente entre 1799 y 1807, que dedicó buena parte de su mandato a recuperar provincias y funciones que Quito había perdido en favor del Virreinato de Lima y de la gobernación de Popayán, con la ambición declarada de alcanzar para su distrito el rango pleno de capitanía general. No lo consiguió. La Presidencia de Quito llegó a la crisis independentista como una institución de estatus intermedio, subordinada nominalmente a Santafé, disputada de hecho por Lima, incapaz de retener a Guayaquil y de absorber a Popayán.

Esa debilidad estructural tiene un interés que va más allá de lo administrativo: explica muchas de las tensiones que después atravesarían la Gran Colombia. Quito nunca había sido una capital real de nada; había sido una capital provincial con audiencia, y las reformas borbónicas la habían dejado en la orfandad. Su vinculación a un proyecto mayor —el que fuera— era la única forma de recuperar peso político, y de ese cálculo saldrían buena parte de sus decisiones entre 1809 y 1830.

Las reformas fiscales borbónicas, que multiplicaron gravámenes, estancos y restricciones productivas, tuvieron además un efecto que la Corona no calculó: alimentaron el descontento que estallaría en la revolución de los comuneros de 1781 en el Socorro, y con menor visibilidad pero con lógica similar, prepararon el terreno para las revueltas que en las dos primeras décadas del siglo XIX cambiarían de raíz el orden colonial.

La Iglesia y el patronato: un cuerpo eclesiástico compartido

Si la administración civil fue un tejido con costuras, el eclesiástico fue más apretado. Las órdenes religiosas —dominicos, franciscanos, agustinos, mercedarios y luego jesuitas— llegaron al Nuevo Reino de Granada como protagonistas del proceso de cristianización de los indígenas, y desde el comienzo operaron dentro de un marco institucional único: el patronato real.

Por bula pontificia, la Corona de Castilla obtuvo en América tres derechos fundamentales: el exclusivo para autorizar la construcción de templos grandes, el patronato en sentido castellano tradicional y el derecho de presentación de personas idóneas para iglesias catedrales, monasterios, dignidades, colegiatas y otros beneficios eclesiásticos. Ese conjunto de prerrogativas convirtió a los virreyes, presidentes de audiencias y gobernadores en vicepatronos, agentes de la Corona con potestad para intervenir en la vida de la Iglesia dentro de sus jurisdicciones.

En Quito, esa arquitectura funcionó como en el resto de la América hispánica, pero con una particularidad: la ciudad era una capital eclesiástica de peso, con obispado propio y con una densidad de conventos, iglesias y colegios que la convertía en el mayor centro religioso del suroccidente. Sus órdenes tenían casas en Popayán, en Pasto, en Cali; sus obispos disputaban límites con los de Santafé y Popayán; sus escuelas de teología formaban clérigos que después servirían en parroquias neogranadinas.

La llegada del arzobispo fray Luis Zapata de Cárdenas a Santafé, hacia 1573, marcó un momento de reorganización del proyecto evangelizador en el norte del virreinato. Un informe de 1575 alude a una junta que parece haber generado el ambiente propicio para un pacto mínimo sobre las tareas de evangelización. Sea cual sea el detalle de esos acuerdos, la vida eclesiástica neogranadina y quiteña se pensaban entonces como partes del mismo problema: cristianizar un territorio vasto, con lenguas y sociedades diversas, dentro de una misma estructura de patronato y bajo el mismo cuerpo de órdenes religiosas. Las diócesis podían separarse, pero los frailes eran los mismos, y las imágenes que veneraban también.

De la Junta de 1809 a Pichincha

Cuando la crisis de la Monarquía Hispánica llegó a América tras la invasión napoleónica de España en 1808, Quito estuvo entre las primeras ciudades del continente en dar un paso. El 10 de agosto de 1809, un grupo de criollos encabezado por Juan Pío Montúfar depuso al presidente de la Audiencia y estableció una Junta Suprema. El movimiento fue precoz, breve y sangrientamente reprimido: sus dirigentes fueron ejecutados en 1810, y Quito quedó durante más de una década en manos realistas, mientras a su alrededor —en Santafé, en Caracas, en Buenos Aires— se sucedían los procesos que irían despedazando el orden colonial. El intelectual quiteño Eugenio Espejo, muerto en 1795, había preparado el terreno ideológico con una obra crítica que anticipó buena parte de los argumentos ilustrados de la primera generación patriota.

La liberación de Quito no llegó desde dentro sino desde el norte, en el marco de la campaña que Simón Bolívar y sus generales condujeron para consolidar la República proclamada en Angostura. La operación culminó el 24 de mayo de 1822 en las laderas del volcán Pichincha, a las afueras mismas de la ciudad. Al mando de las tropas patriotas iba Antonio José de Sucre, el general más cercano a Bolívar. Bajo su comando combatió el batallón Albion, formado por voluntarios británicos que la causa había atraído a los Andes. Enfrente estaba el mariscal de campo Melchor de Aymerich, comandante realista de la plaza.

La batalla fue costosa pero decisiva. Las bajas patriotas rondaron los doscientos muertos; las realistas, cuatrocientos, con más de dos mil prisioneros capturados. Aymerich capituló, y con su capitulación Quito y toda la Audiencia pasaron a integrar la República de Colombia. El mismo día en que Sucre libraba Pichincha, Bolívar aceptaba la sumisión de Pasto tras una campaña dura contra una ciudad que se había mantenido tercamente realista: las dos operaciones, la del sur y la del corredor de Popayán-Pasto, se desarrollaron en paralelo, cerrando la tenaza que unificaría el antiguo virreinato bajo la nueva bandera.

Pichincha no fue solo una victoria militar. Fue el acto formal por el cual Quito ingresó, ahora como territorio republicano, al mismo cuerpo político que gobernaba Santafé. La República de Colombia —la que la historiografía posterior llamaría Gran Colombia para distinguirla de la de 1886— había sido proclamada en el Congreso de Angostura en diciembre de 1819 a propuesta de Bolívar, aunque la idea original de unir Nueva Granada, Venezuela y Quito en una sola república se atribuye a Francisco Miranda. Entre 1819 y 1822 la República fue más un proyecto que un hecho consumado: tardó casi cuatro años en integrar bajo su bandera todos los territorios que reclamaba. Pichincha fue la pieza que faltaba.

Gran Colombia: unión y desgarramiento

La República que integraba Nueva Granada, Venezuela y Quito nació con una contradicción de fondo que ninguna Constitución logró resolver. Los centralistas, encabezados por Bolívar, sostenían que solo una república unitaria con gobierno fuerte podía consolidar las instituciones y adaptarse a la realidad americana. Los federalistas argumentaban que la diversidad de las tres regiones —con sus provincias, sus élites y sus tradiciones institucionales heredadas de la Colonia— exigía un sistema federal capaz de dar cabida a esa variedad.

El debate no era abstracto. En Quito, la memoria de haber sido cabeza de una Audiencia autónoma pesaba tanto como en Caracas la de haber sido capitanía general. Ninguna de las dos ciudades aceptaba de buen grado convertirse en departamento subordinado de una capital lejana. Bogotá, por su parte, no lograba proyectar sobre el conjunto una autoridad que fuera aceptada como legítima. La estructura constitucional de Cúcuta no bastó para conciliar esas tensiones, y a partir de 1826 la Gran Colombia entró en una crisis institucional que no cesaría hasta su disolución.

Los años finales están marcados por episodios que aún hoy tienen algo de tragedia clásica. En 1828 Bolívar sobrevivió, gracias a la intervención de Manuela Sáenz —quiteña, compañera del Libertador desde 1822—, a un atentado en Bogotá. En noviembre de 1829 Venezuela formalizó su separación mediante el Acta de Caracas, por la cual José Antonio Páez declaró oficialmente la independencia venezolana. En la primavera de 1830, Bolívar presentó su renuncia a la presidencia. El Congreso Nacional eligió en abril de ese año a Joaquín Mosquera como presidente y a Domingo Caicedo como vicepresidente. El 4 de junio de 1830, Antonio José de Sucre fue asesinado en la montaña de Berruecos, en el camino que unía Quito con Popayán —el mismo corredor andino que había estructurado la relación entre las dos ciudades durante tres siglos, y que ahora se cobraba a la figura militar más noble del proceso.

En septiembre de 1830, el general Rafael Urdaneta asumió el gobierno en Bogotá como dictador, tras una batalla en El Santuario en la que los venezolanos resultaron triunfantes; su legitimidad se apoyaba en las peticiones de que Bolívar regresara a gobernar. Bolívar no regresó: murió en diciembre de ese mismo año, en Santa Marta, sin haber logrado mantener unida la República que había fundado. Las facciones en conflicto se reunieron a finales de abril de 1831 en las Juntas de Apulo para negociar la paz y ordenar la transición.

Quito ya no formaba parte de ese ordenamiento. En 1830, coincidiendo con la crisis institucional del conjunto, la antigua Audiencia se constituyó en Estado independiente bajo el nombre de Ecuador. Su separación no fue simplemente una consecuencia lógica del desmembramiento del proyecto bolivariano: fue, también, la resolución tardía de las tensiones jurisdiccionales que la Presidencia de Quito había arrastrado desde el siglo XVIII. La institución que Carondelet había intentado en vano elevar a capitanía general encontró, en la ruptura con Bogotá, la autonomía plena que nunca le había concedido la Corona.

Una vecindad que la geografía no deshace

Lo que queda, después de 1830, es lo que las instituciones no habían logrado consolidar pero que la vida cotidiana había dejado depositado en el paisaje: iglesias con retablos de escuela quiteña en pueblos del Cauca y de Nariño, un habla andina compartida a lo largo del corredor Pasto-Ipiales-Tulcán-Ibarra-Quito, familias divididas por una frontera nueva, rutas comerciales que la República no logró interrumpir. La escuela de Quito —con Miguel de Santiago en el siglo XVII, con Bernardo de Legarda en el XVIII— había producido un patrimonio artístico que se prolongaba naturalmente hacia el norte, y que ninguna aduana pudo desmontar.

La lectura habitual desde Bogotá tiende a pensar la relación con Quito como un episodio de la campaña bolivariana: una batalla en 1822, una separación en 1830, y en medio ocho años de tensión política. Es una lectura demasiado corta. La vecindad entre Quito y el Nuevo Reino de Granada empieza en 1534, cuando Belalcázar funda una ciudad y desde ella parte a fundar otras que hoy son colombianas; se institucionaliza en 1563 con una Audiencia cuyo distrito toca la gobernación de Popayán; se hace cuerpo en dos siglos de circulación de frailes, imágenes, ganado, oro y pinturas; se formaliza y se rompe entre 1819 y 1830 en el gran experimento republicano de Bolívar.

Que el experimento fallara no cancela lo anterior. Lo que fracasó fue el intento de convertir una vecindad histórica —hecha de corredor andino, de administración compartida, de patronato eclesiástico común, de escuela artística que se prolongaba— en una única unidad política moderna. La vecindad como tal, más antigua que las repúblicas, sigue ahí. Basta viajar del altiplano nariñense al valle de los Chillos, cruzando el puente sobre el Carchi, para notar que la geografía y la cultura no reconocen del todo la línea que la política dibujó en 1830. Quito fue durante casi trescientos años parte del mismo cuerpo que gobernaba Santafé. Ese pasado no es un dato menor de la historia ecuatoriana: es un dato mayor de la historia colombiana, y conviene recordarlo cada vez que se piensa el suroccidente del país como una periferia en lugar de como lo que fue: la bisagra viva entre dos capitales andinas.