Santiago de Cali

Una ciudad de piedemonte, entre el valle y el Pacífico

La geografía explica buena parte de lo que Cali llegó a ser. La ciudad se levanta al pie de los farallones de la cordillera Occidental, a corta distancia del río Cauca que atraviesa el valle geográfico de sur a norte, y a menos de cien kilómetros en línea recta del Pacífico, con el que la comunica una carretera y un ferrocarril que descienden hasta Buenaventura. Esa posición —cercana al mar, en medio de tierras fértiles, en el paso obligado entre el interior andino y el litoral— fue reconocida temprano como una ventaja estratégica, aunque tardó siglos en volverse operativa: dependió de que el puerto funcionara, de que las vías se construyeran y de que un producto exportable justificara mover el conjunto.

Administrativamente, Cali es hoy capital del Valle del Cauca, departamento creado en 1910, y núcleo de una subregión sur que concentra más de la mitad de la población departamental, la mayor parte de sus empresas y el grueso de los ingenios azucareros. En la jerarquía urbana colombiana ocupa el segundo nivel: no es capital nacional, pero sí una de las cuatro cabezas regionales —con Medellín, Barranquilla y la propia Bogotá— que concentran los servicios financieros, la industria y el comercio de amplias porciones del país. Su área de influencia se extiende sobre el Valle, el Cauca, Nariño, Putumayo y el Pacífico, un suroccidente heterogéneo que ha alimentado a Cali de mano de obra, de cultura y también de conflicto.

La fundación de 1536 y el despoblamiento del valle

Sebastián de Belalcázar fundó Cali en 1536 durante su avance hacia el norte desde Quito, en la misma campaña que al año siguiente lo llevaría a fundar Popayán y, poco después, al legendario encuentro con Gonzalo Jiménez de Quesada y Nicolás de Federmann en la sabana. El acto fundacional, sin embargo, se produjo sobre una tierra recién arrasada. Belalcázar y sus capitanes despoblaron violentamente la región mediante masacres y quema de asentamientos indígenas, con tal eficacia que cuando Pascual de Andagoya llegó poco después, el territorio estaba completamente despoblado y no quedaba memoria de los numerosos pueblos que antes lo habitaban. Ese vacío inaugural —la ciudad española levantada sobre el silencio de las comunidades exterminadas— marcó desde el inicio el modo en que Cali se relacionaría con su entorno.

La ciudad temprana, sin embargo, prosperó. En algún momento llegó a contar más de dos mil habitantes españoles y ocho mil indígenas traídos de la cordillera Occidental —los llamados farallones— dedicados a cargar mercancías. Esa cifra revela la vocación original de Cali: no una plaza minera, sino un nodo logístico, un punto de tránsito entre el interior y el puerto de Buenaventura, del que dependía casi todo. Cuando el puerto se cerró efectivamente a comienzos del siglo XVII, esa dependencia se volvió ruina. La ciudad se contrajo, la economía regional se replegó sobre sí misma y durante todo el siglo XVII el valle del Cauca fue dominado por el latifundio ganadero, cuyos dueños vivían indistintamente en Cali, Buga, Caloto y Popayán. Cali quedó reducida a una entre varias cabezas de una red señorial extendida sobre el ganado y la tierra.

La sombra de Popayán y el orden colonial tardío

Durante el largo tramo colonial, Popayán fue la capital verdadera del suroccidente. Al convertirse en sede de gobernación, su élite quedó más cerca de las autoridades metropolitanas, tejió alianzas matrimoniales tempranas con españoles avecindados y adquirió un carácter marcadamente esclavista gracias a la apertura de la frontera minera del Pacífico. Sumado el tributo indígena y la dignidad de capital, esa élite payanesa desarrolló prácticas señoriales que la diferenciaron de otras del valle, incluida la de Cali. La distancia no era solo geográfica: era también de rango. Popayán mandaba, Cali comerciaba, Buga y Caloto peleaban por espacios intermedios.

Esa configuración hizo de Cali una ciudad mercantil en un orden donde el poder y el prestigio estaban en otra parte. Su élite fue, comparativamente, menos señorial y más pragmática, más volcada al intercambio que al blasón, aunque igualmente propietaria de tierras y de personas esclavizadas. La rivalidad con Popayán —y también con Buga y Caloto— por la hegemonía del suroccidente atraviesa todo el siglo XVIII y no se resolverá sino ya bien entrado el XX. Es una de las líneas de larga duración de la historia caleña: la sensación permanente de estar disputando un lugar que otra ciudad ocupa por derecho heredado.

1810 y el eje juntista del Valle

La coyuntura de las Juntas ofreció a las ciudades del Valle una ocasión inédita para romper esa subordinación. El 3 de julio de 1810 el cabildo de Cali creó una Junta Suprema de Gobierno, adelantándose al célebre 20 de julio santafereño y sumándose a la serie de movimientos juntistas que atravesaron la Nueva Granada aquel año —Cartagena había registrado episodios similares desde mayo y junio—. Cali no fue la primera, pero sí una de las más resueltas. Y sobre todo, no actuó sola: el 1 de febrero de 1811 se reunió allí una asamblea con representantes de Cali, Toro, Buga, Cartago, Caloto y Anserma que formalizó la Junta Provisional de Gobierno de las Ciudades Confederadas —o Amigas— del Valle del Cauca.

Esa confederación fue algo más que un gesto retórico. La Junta dispuso la formación de un ejército y libró contra el gobierno realista de Popayán la batalla del Bajo Palacé el 28 de marzo de 1811, uno de los primeros enfrentamientos armados del proceso independentista neogranadino. En abril, la sede se trasladó a Popayán, ciudad que se sumó a la confederación junto con Iscuandé y Almaguer, en un movimiento que iba extendiendo geográficamente el eje juntista hacia el sur. Sin constitución republicana propia y sin separarse formalmente de Popayán, Cali funcionó de hecho como cabeza política de un conjunto de villas, pueblos y parroquias bajo su jurisdicción; el cabildo se convirtió en la corporación depositaria de la autoridad ciudadana, mezclando instituciones del Antiguo Régimen con prácticas representativas modernas.

Fue el momento en que Cali intentó, por primera vez, dejar de ser periferia. La figura de Joaquín de Cayzedo y Cuero, prócer caleño que encabezó ese esfuerzo y que sería fusilado en Pasto en 1813 tras la reconquista, encarnó la ambición y el costo de esa apuesta. El eje suroccidental autónomo fue finalmente absorbido por el orden nacional que se consolidó después de 1819, y la ciudad debió esperar casi un siglo para reintentar la operación por otras vías.

El siglo XIX en penumbra y el ferrocarril liberador

El siglo XIX transcurrió para Cali en una relativa penumbra. La ciudad se mantuvo como el más importante centro comercial del Cauca, junto con Palmira y Buenaventura, y sostuvo su rivalidad histórica con Buga, Caloto y Popayán por la hegemonía del Valle y el suroccidente. Pero el marco era estrecho: la economía regional seguía dominada por el latifundio ganadero, y la abolición de la esclavitud en 1851 no alteró estructuralmente ese orden. Las leyes abolicionistas no contemplaron entrega de tierras ni de herramientas a los liberados; se limitaron a autorizar la compra estatal de esclavos para indemnizar a los propietarios. En consecuencia, buena parte de la población negra emancipada quedó atada al peonaje al servicio de sus antiguos dueños, y en el Valle del Cauca el sistema del terraje —pago del arrendamiento de la tierra en trabajo o en especie— absorbió lo demás. La libertad legal no vino acompañada de autonomía material.

Fue precisamente en esa segunda mitad del siglo cuando comenzaron a moverse las piezas que reordenarían todo. En 1864, el empresario James (Santiago) Eder adquirió la hacienda La Manuelita en el valle geográfico e inició un proceso de modernización agrícola que se convertiría en emblema de una nueva élite mercantil, dispuesta a experimentar y a apostar por industrias tropicales de exportación. Alrededor de La Manuelita —y de la caña de azúcar que se afirmaría como el cultivo estructurante del valle— empezó a gestarse un nuevo modelo económico. Al mismo tiempo, la novela María de Jorge Isaacs, publicada en 1867 y ambientada en la hacienda El Paraíso al norte de Cali, fijó en la imaginación nacional el paisaje del valle: la cordillera al fondo, el río, las esclavas domésticas, el orden hacendario en su ocaso melancólico. Cali entraba en la literatura colombiana desde el mismo lugar desde el que entraría, décadas después, en la economía.

1910 y la invención de la capital regional

La creación del Departamento del Valle del Cauca en 1910, con Cali como capital, fue el acto administrativo que consolidó una realidad que se venía cociendo. Al desprenderse del antiguo Cauca Grande, el nuevo departamento dio a Cali un aparato institucional propio y desplazó progresivamente los ejes del desarrollo regional que hasta entonces habían gravitado sobre Popayán y Buga. Pero la decisión política no habría bastado sin la revolución logística que se produjo casi en paralelo.

El Ferrocarril del Pacífico articuló el eje Cali-Buenaventura-Palmira, integrando la ciudad al mercado exterior con una eficiencia que ninguna vía anterior había ofrecido. La apertura del Canal de Panamá en 1914 amplificó ese efecto: junto con la construcción de una red ferroviaria cafetera que descendía desde la cordillera Central hasta el Pacífico, el canal reorientó las rutas de exportación colombianas. Para 1932, Buenaventura se había convertido en el principal puerto de exportación de café del país, superando a los puertos del Caribe que habían dominado hasta entonces. El café no se producía en el Valle, pero el Valle era su ruta de salida, y Cali, la ciudad que administraba esa ruta.

Sobre ese soporte se levantó una nueva élite modernizante, alimentada por la llegada de empresarios extranjeros y por el desarrollo de la agroindustria azucarera. El Valle del Cauca fue promovido ante inversionistas —particularmente estadounidenses— como una región de fertilidad y belleza excepcionales, con potencial agrícola de primer orden. Los ingenios se multiplicaron en torno al modelo abierto por La Manuelita, y la caña, símbolo colonial de esclavitud y peonaje, se convirtió en el eje productivo del departamento. En 1938, la creación de Cementos del Valle inició la formación del eje metropolitano Cali-Yumbo, con Yumbo destinada a convertirse en la zona industrial complementaria de la ciudad. La cercanía al mar, la comunicación con el interior y las ventajas competitivas acumuladas durante las primeras cuatro décadas del siglo XX volvieron a Cali un destino natural de la inversión extranjera.

La metrópoli migrante

Sobre esa base económica se produjo la metropolización. Entre 1912 y 1918, Cali creció al 74,9%, una de las tasas más altas del país en aquel período intercensal —aunque Santa Marta y Pereira crecieron aún más rápido—. En las décadas siguientes, Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla se consolidaron como las cuatro grandes ciudades de Colombia. Su peso demográfico agregado —considerando solo el casco urbano— pasó de aproximadamente el 8% de la población nacional en 1938 al 27% en 1985, en el marco de una urbanización general del país que tardó en despegar: apenas el 29% de los colombianos vivía en cabeceras en 1938, cifra que subió al 40% en 1951, al 52% en 1964 y a cerca de dos tercios en 1985.

Cali creció, sobre todo, por migración. Su cuenca principal fue el propio Valle del Cauca, con el que la ciudad tenía mayor conectividad, y en menor medida los departamentos vecinos de Nariño y Putumayo. El suroccidente colombiano —Valle, Cauca, Nariño, Putumayo— se convirtió desde mediados del siglo XX en un escenario de dinámicas migratorias complejas, multicausales, donde el desplazamiento forzado, la crisis de la economía rural y las oportunidades urbanas se entretejían. Las comunidades afrodescendientes del Patía, empobrecidas por la ruptura de su sistema tradicional de subsistencia, migraron a Cali, Palmira, Popayán y otras ciudades del Valle y el Cauca en busca de trabajo.

Los migrantes ocuparon dos tipos de espacio: los inquilinatos del centro, instalados en las viejas casonas abandonadas por las élites que se desplazaban al sur, y las zonas de borde periféricas, donde levantaron sus barrios en condiciones de precariedad extrema. Esa colonización popular urbana se hizo de manera colectiva y solidaria, por autogestión, ante la ausencia de soluciones habitacionales formales. El Distrito de Aguablanca, extendido al oriente de la ciudad, se convirtió en el símbolo de ese proceso: una ciudad dentro de la ciudad, edificada casi enteramente por la mano de obra que la propia Cali necesitaba pero que no encontraba dónde vivir.

Esa metropolización se apoyó también sobre estructuras heredadas. La apropiación de tierras periurbanas por la élite caleña y vallecaucana, iniciada en los siglos XVII y XVIII bajo la figura colonial de los ejidos, se mantuvo con variaciones a lo largo del XIX y el XX, y las sucesivas tentativas municipales de recuperar el control del suelo fracasaron una tras otra. La ciudad creció, pero sobre un patrón de propiedad que reprodujo la lógica colonial: los recién llegados construyeron su ciudad en los márgenes que el mercado y el poder les cedieron.

Afrocolombianos, indígenas y la fractura sociorracial

Cali es la ciudad con mayor población afrodescendiente del país, y esa condición es central para entender su textura social. El Valle del Cauca alberga además 27 resguardos indígenas con más de 11.000 habitantes, principalmente de los pueblos Embera, Nasa y Wounaan, distribuidos en municipios como Cali, Jamundí, Buenaventura, Florida y Pradera. La subregión sur del departamento, con Cali a la cabeza, concentra más de la mitad de la población departamental, con un porcentaje afrodescendiente significativo.

Esa diversidad convive con una segregación residencial de raíz sociorracial. La población afrocolombiana de Cali aparece sobrerrepresentada en los quintiles de ingreso más bajos: más del 60% de quienes se ubican en el primer quintil caerían bajo la línea de indigencia. La ciudad se dispone entonces en un mapa desigual en el que el sur y las laderas más consolidadas concentran a las élites y las clases medias, mientras el oriente y ciertos sectores de ladera —Aguablanca, Siloé, Terrón Colorado— reciben a la población de menores ingresos, mayoritariamente migrante y afrodescendiente. La ciudad dual no es una anomalía coyuntural: es el resultado de siglos de apropiación desigual del suelo y de una emancipación esclavista que nunca redistribuyó los medios para hacerla efectiva.

En la memoria larga del valle sobreviven, sin embargo, otros trazos. Existieron palenques —comunidades de esclavizados fugados— en el Valle colonial, y aunque en general los cubrió un manto de violencia, en algunos pocos casos, como los de Amaime y El Bolo en el centro del valle, se establecieron relaciones armónicas con las haciendas. Esa historia de resistencia y negociación se prolonga en la vitalidad cultural que la Cali afrodescendiente aporta a la ciudad y al país.

La ciudad como fiesta: salsa, deporte y belleza

Si algo distingue a Cali en el imaginario nacional, es su cultura popular. La salsa llegó en los años sesenta, traída por marineros al puerto de Buenaventura y por inmigrantes que retornaban o transitaban desde Nueva York, Puerto Rico y Panamá. Se instaló en los cuerpos de la juventud caleña con una intensidad que ninguna otra ciudad colombiana replicó: la salsa dejó de ser música importada para volverse marca de identidad, y Cali empezó a llamarse a sí misma —con un orgullo entre publicitario y verdadero— la capital mundial de la salsa. Juanchito, corregimiento al oriente de la ciudad sobre el río Cauca, se convirtió en meca de sus bailaderos.

La literatura recogió ese pulso. Andrés Caicedo, escritor caleño muerto en 1977 a los veinticinco años, escribió en ¡Qué viva la música! la historia de una adolescente rubia, María del Carmen Huerta, que recorre Cali de norte a sur —de los barrios burgueses a los miserables— drogándose al ritmo de los Rolling Stones, Richie Ray y Bobby Cruz. En esa novela la ciudad funciona como agente de transformación: el itinerario geográfico es también un descenso moral, y la música es a la vez éxtasis y perdición. Caicedo dejó fijada una Cali febril, sensual y peligrosa que sigue definiendo su leyenda urbana.

El deporte tuvo un papel similar. Los primeros Juegos Nacionales de Colombia se disputaron en Cali en 1928, y en 1937 se inauguró el estadio Pascual Guerrero. La consagración internacional llegó con los VI Juegos Deportivos Panamericanos de 1971, celebrados desde el 30 de julio durante quince días, cuya sede le fue otorgada a la ciudad en Winnipeg en 1967. Cali sigue siendo la única ciudad colombiana que ha organizado unos Panamericanos. La candidatura de 1967 incluyó materiales promocionales en los que, junto a las instalaciones deportivas, hoteles y negocios, aparecían dos páginas completas con veintiséis jóvenes caleñas identificadas: la ciudad se ofrecía al continente a través de sus mujeres.

Esa iconografía se consolidó en los años siguientes. El Valle del Cauca ganó el concurso Señorita Colombia en 1972, 1974 y 1976, y la reputación de Cali como tierra de mujeres bellas se cimentó en la cultura popular nacional. La caña de azúcar, símbolo histórico ligado a la esclavitud colonial, fue resignificada como metáfora de la sensualidad de las reinas de belleza: el mismo elemento que representó el trabajo forzado del cuerpo negro pasó a representar la exhibición del cuerpo femenino en pasarela. La resignificación no borró la desigualdad de fondo, pero la disimuló bajo un lenguaje de orgullo regional. La proyección alcanzó incluso las diásporas: en Queens, Nueva York, la salsa animaba las calles y establecimientos como el restaurante Cali Viejo recreaban prácticas culturales caleñas para los emigrados.

En ese ecosistema simbólico se inscriben figuras como Jovita Feijóo, personaje popular caleño convertido en emblema de la vida callejera de la ciudad, y Manuel María Buenaventura, cronista que fijó por escrito la memoria costumbrista de la Cali de comienzos del siglo XX. Barrios como San Antonio, con su ermita colonial en la colina y sus casonas republicanas, y el Cerro de las Tres Cruces, punto de referencia visual de la ciudad, forman parte del mismo repertorio de lugares que la caleñidad reconoce como propios.

El Cartel de Cali y la penetración del Estado

La otra cara del ascenso de Cali en el siglo XX fue el narcotráfico. El Cartel de Cali, encabezado por los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, se convirtió en los años ochenta y comienzos de los noventa en una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo. A diferencia del Cartel de Medellín liderado por Pablo Escobar, el de Cali no apostó por la confrontación abierta y la violencia masiva contra el establecimiento; su estrategia fue la cooptación silenciosa de instancias del poder político, judicial y militar para asegurar la impunidad del negocio. Esa lógica le permitió desarrollar vínculos con las fuerzas de seguridad del Estado bajo menor presión de los organismos de control, y sostener durante más tiempo su operación.

En la guerra contra Escobar, el Cartel de Cali funcionó como aliado táctico del Estado. Carlos Castaño actuó como intermediario entre los caleños y el Bloque de Búsqueda, y participó en la estructura de Los Pepes que persiguió a Escobar hasta su muerte en 1993. Esa alianza anómala entre agentes estatales, narcotraficantes rivales y paramilitares dejó aprendizajes que causarían daños posteriores a los esfuerzos de paz.

El desmoronamiento del propio Cartel de Cali llegó de inmediato. En 1994, Andrés Pastrana entregó al presidente César Gaviria las grabaciones en las que los Rodríguez Orejuela comentaban un aporte a la campaña presidencial de Ernesto Samper, desencadenando el escándalo que se conocería como el proceso 8.000. El 12 de septiembre de 1995, Santiago Medina, extesorero de la campaña, reconoció la entrada de dineros ilícitos. Entre 1994 y 1995 fueron capturados los principales jefes del cartel, marcando el fin de la organización como estructura dominante del narcotráfico colombiano. La crisis política sacudió el gobierno de Samper, pero no reformó las condiciones institucionales que habían permitido la infiltración.

Con la muerte de Escobar y la caída de los Rodríguez Orejuela terminó la era de los grandes carteles. Lo que vino después fue una atomización hacia redes más pequeñas, menos visibles y más adaptables. El Cartel del Norte del Valle heredó las plazas dejadas por los caleños, y tras el asesinato de su jefe principal se fracturó en facciones que se enfrentaron durante años en una guerra sórdida por el control del corredor. Los Machos y Los Rastrojos —nombres que empezaron a poblar las páginas judiciales del país— nacieron de esa ruptura interna y arrastraron consigo la lógica de un negocio que ya no necesitaba grandes capos para reproducirse: bastaban jefes intercambiables y territorios porosos.

Conflicto armado y violencia urbana

La violencia asociada al narcotráfico se combinó con la del conflicto armado colombiano y produjo en Cali y su entorno un cuadro particularmente denso, donde las líneas entre crimen organizado, fuerza pública y guerra política se volvieron indistinguibles. Entre comienzos de los años setenta y mediados de los noventa, escuadrones de la muerte compuestos por narcotraficantes e integrantes de la Policía y el Ejército ejecutaron operaciones de mal llamada limpieza social en Cali, Jamundí, Palmira, Yumbo y otros núcleos urbanos del Valle. Durante décadas, la ciudad convivió con esa violencia paralela dirigida contra habitantes de calle, jóvenes de sectores populares y trabajadoras sexuales: un exterminio de baja intensidad, silencioso, que no dejaba comunicados ni reivindicaciones y que operaba como pedagogía del orden urbano.

En el plano rural y de bordes urbanos, los Bloques Calima y Pacífico de las Autodefensas Unidas de Colombia, conformados por sectores radicales de las élites regionales con asesoría de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, recompusieron estructuras armadas que habían estado al servicio del Cartel de Cali. La continuidad no era casual: las mismas redes de dinero, protección política y logística militar que habían servido al narcotráfico se reciclaron en el paramilitarismo, ahora bajo bandera contrainsurgente. Entre 1999 y 2002, esos bloques fueron responsables de más del 90% del desplazamiento forzado en el Valle del Cauca, un dato que revela hasta qué punto la contraofensiva paramilitar fue, en la práctica, una reorganización del territorio a sangre y fuego. Ese desplazamiento nutrió a su vez la expansión de la ciudad periférica: la violencia rural del Valle, el Cauca y Nariño empujó a nuevos migrantes hacia Aguablanca y las laderas de Cali, cerrando un círculo perverso en el que la guerra en el campo alimentaba la precariedad en la metrópoli.

Las FARC también tuvieron presencia urbana. En 2011, el Frente Manuel Cepeda operaba en barrios como Marroquín, Desepaz, Los Chorros, Manuela Beltrán, Siloé, Terrón Colorado y Puertas del Sol. Y tras la desmovilización de las AUC, grupos posdesmovilización —Los Rastrojos, Los Machos, La Empresa, Águilas Negras, Los Doce del Patíbulo— se instalaron en el Valle del Cauca dedicados al narcotráfico, la extorsión, la minería ilegal, la amenaza a líderes sociales y la cooptación de administraciones locales. Las zonas de media y alta montaña de las cordilleras Central y Occidental, y el área de influencia de la carretera al mar y el puerto de Buenaventura, se convirtieron en corredores privilegiados de hostilidades, tránsito de rentas ilícitas y retención de secuestrados entre el Valle, el Pacífico, el Cauca andino y el centro del país. La violencia caleña, en suma, nunca fue solo caleña: articuló al menos tres geografías —la ciudad, el campo vallecaucano y el litoral Pacífico— en un mismo sistema de guerra.

Cali y Buenaventura: la capital y su puerto

La relación entre Cali y Buenaventura estructura la posición de la ciudad en el país. Buenaventura es el puerto del Pacífico sudamericano con mayor volumen de carga, y mantiene con Cali una dependencia estrecha y fructífera, aunque su rol de catalizador de la región Pacífica le da también una vocación propia. Fue la puesta en funcionamiento efectiva del puerto —tras siglos de intermitencia— lo que permitió el ascenso de Cali en el siglo XX, primero como nodo de exportación cafetera desde 1932 y luego como polo industrial y agroindustrial. El eje metropolitano Cali-Yumbo, inaugurado con Cementos del Valle en 1938, se desarrolló precisamente en función de esa articulación puerto-ciudad-interior.

La misma articulación, sin embargo, ha dejado a Buenaventura en una posición desigual: es la puerta comercial de Colombia sobre el Pacífico, pero es también un municipio con altísimos índices de pobreza, violencia y precariedad urbana, marcado por décadas de conflicto armado y por la exclusión sistemática de su población mayoritariamente afrodescendiente. La prosperidad que cruza por sus muelles rara vez se queda en sus calles. Cali y Buenaventura, en ese sentido, replican a escala regional la misma dualidad que atraviesa a Cali internamente: un centro dinámico y un margen empobrecido que sostiene su funcionamiento.

La huella y la disputa

Cali entra al siglo XXI como una ciudad plenamente integrada al circuito nacional pero cargada con las tensiones acumuladas de su historia. Es una metrópoli de dimensión continental por su música, su deporte y su proyección cultural; una potencia agroindustrial anclada en el azúcar y en los servicios financieros; una plaza que fue capital criminal del hemisferio y que aprendió a mirar de cerca la fragilidad de sus instituciones. Pero es también una ciudad partida, donde la ladera y el oriente concentran las carencias que el centro no resuelve, y donde la memoria de la violencia paramilitar, del desplazamiento y del narcotráfico convive con la vitalidad de una cultura popular que se resiste a ser reducida a estadística.

Su lugar en la historia de Colombia se juega en esa doble condición. Cali representó, en 1810, el primer intento serio del suroccidente de constituirse en eje político autónomo; en 1910, la refundación administrativa de una región; a lo largo del siglo XX, la modernización agroindustrial más ambiciosa del país; en los años noventa, la evidencia de hasta dónde podía llegar la captura del Estado por el crimen organizado. En cada uno de esos momentos, la ciudad avanzó y retrocedió sobre el mismo terreno: una geografía privilegiada, una élite pragmática, una población mayoritariamente popular y afrodescendiente que carga el peso del crecimiento sin recibir sus beneficios en la misma proporción.

La estatua pedestre de Belalcázar, derribada por comunidades indígenas Misak en 2021 durante las protestas del estallido social —cuando Cali fue epicentro nacional del paro y de la represión—, cerró simbólicamente un ciclo de casi quinientos años. La ciudad fundada sobre el despoblamiento indígena vio cómo los descendientes de aquellas comunidades regresaban al espacio público para disputar su relato fundacional. Cali sigue siendo, así, un laboratorio en el que Colombia se piensa a sí misma: sus modernizaciones y sus exclusiones, sus fiestas y sus violencias, la promesa de una capital y la persistencia de una periferia que se niega a resignarse.