La guerra civil conservadora de 1851

La guerra civil de 1851

En los meses centrales de 1851 —entre el 1 de julio y los últimos combates de septiembre— la Nueva Granada libró la primera guerra civil de su ciclo reformista: un alzamiento conservador que estalló casi simultáneamente en el Cauca, en Antioquia y en Cundinamarca contra el gobierno del general José Hilario López, y que fue derrotado en pocos meses por las autoridades leales al orden constitucional. La duración fue breve; la significación, larga. Aquella campaña fijó el guion de las guerras civiles decimonónicas colombianas —partido armado contra partido armado en torno a la Iglesia, la esclavitud y la forma del Estado— y estableció que el proyecto liberal, respaldado por milicias populares y por un ejército alineado con Bogotá, podía imponerse militarmente sobre una coalición de intereses hasta entonces dominantes: patriarcas esclavistas del Cauca, jerarquía eclesiástica y terratenientes antioqueños. La guerra no resolvió las tensiones de fondo —volverán con más violencia en 1854, en 1859-1862 y hasta el fin de siglo—, pero sí marcó el momento en que la coalición esclavista-clerical perdió, por primera vez y en el terreno de las armas, la iniciativa histórica.

El mundo del 7 de marzo de 1849

El alzamiento no se entiende sin el sobresalto político que lo precedió. El 7 de marzo de 1849 el Congreso de la Nueva Granada se reunió para dirimir la elección presidencial: como ningún candidato había alcanzado mayoría absoluta, la decisión recaía en las cámaras, según el mecanismo previsto por la Constitución. José Hilario López había obtenido la mayor votación; competían contra él el vicepresidente Rufino Cuervo y Joaquín José Gori, antiguo bolivariano al que respaldaban los sectores incomodados por las medidas anticlericales del gobierno saliente de Tomás Cipriano de Mosquera. La sesión transcurrió bajo la presión de un pueblo vociferante y tal vez armado: los artesanos de Bogotá, encuadrados en lo que poco después se llamaría la Sociedad Democrática, rodearon el recinto legislativo y su presencia pesó sobre la votación. El Congreso eligió a López.

El conservatismo llamó a aquel día la "autoderrota del 7 de marzo" y no lo perdonó. Percibió —con razón parcial— que el orden republicano había sido forzado por la calle; percibió también —con razón más honda— que se abría un ciclo político en el que la vieja élite payanesa y santafereña, acostumbrada a alternar el poder desde la Independencia, iba a ser desplazada por una coalición nueva: liberales gólgotas ilustrados, artesanos proteccionistas encuadrados en sociedades, oficiales draconianos formados en las guerras de los años treinta y cuarenta, y la base afrocolombiana del Valle del Cauca. El agravio del 7 de marzo se sedimentó como memoria política y, dos años después, cuando las reformas empezaron a tocar las bases materiales del viejo régimen, se convirtió en munición ideológica.

Ese viejo régimen no era una abstracción. Descansaba en tres pilares concretos. El primero eran las haciendas esclavistas y las minas de oro del Gran Cauca, articuladas por las redes familiares de los Mosquera, los Arboleda y los Valencia —la "aristocracia sin título" y los "patriarcas esclavistas" que Bolívar había retratado en su correspondencia—, poseedores de latifundios que llegaban a las treinta mil hectáreas con minas de oro dentro de sus confines y esclavos ocupados tanto en la minería como en la agricultura. El segundo era la Iglesia católica, principal terrateniente del país, con propiedades que una década después, en 1861, se avaluarían en diez millones de pesos cuando el presupuesto nacional apenas alcanzaba dos. El tercero era el fuero eclesiástico y la estructura parroquial, que en un país sin escuela pública y sin registro civil convertían al párroco en el verdadero funcionario del Estado local. Amenazar esos tres pilares al mismo tiempo era abrir la guerra; López lo hizo en menos de dos años.

El ciclo reformista, 1849-1851

Instalado en la presidencia, López y su secretario de Hacienda Manuel Murillo Toro coordinaron un programa más radical que el de gobiernos afines en otros países de la región: sufragio universal masculino, abolición de la esclavitud, división y repartición de los resguardos indígenas, expulsión de los jesuitas, supresión del fuero eclesiástico, elección de los curas párrocos por los cabildos civiles. En veintidós meses el gobierno tocó, uno tras otro, todos los nervios sensibles del orden heredado.

La primera medida grave fue la expulsión de los jesuitas, decretada en mayo de 1850. Retornados apenas años antes bajo la administración conservadora, los padres de la Compañía representaban para el episcopado neogranadino la avanzada intelectual del catolicismo militante; para los liberales, un cuerpo extranjero y disciplinado al servicio de Roma. La expulsión no fue un accidente doctrinal: fue la declaración de que el gobierno estaba dispuesto a legislar sobre la Iglesia sin negociar con ella.

La segunda fue la abolición del fuero eclesiástico, que sometió a arzobispos y prelados a la jurisdicción de tribunales civiles por el ejercicio de sus funciones. La tercera, la ley del 27 de mayo de 1851, estableció que los curas párrocos serían elegidos por los cabildos civiles locales. Aquella medida —aparentemente administrativa— cortaba el nervio del gobierno eclesiástico: si los feligreses, a través de la instancia municipal, escogían al párroco, la potestad del obispo quedaba reducida a un acto formal de institución canónica. El Arzobispo de Bogotá, Manuel José Mosquera, y los obispos de Cartagena y Pamplona desobedecieron la ley y fueron desterrados. En la Cámara de Representantes el sacerdote y diputado Juan Nepomuceno Azuero llegó a proponer un cisma total con Roma y la constitución de una iglesia granadina autónoma; el debate no prosperó, pero marcó el clima. Para la conciencia católica del país —y para buena parte de la conciencia política, porque en la Nueva Granada de 1851 las dos eran, en la práctica, la misma— aquello era una guerra abierta contra la religión.

Entretanto, el 21 de mayo de 1851 López sancionó la ley que abolía definitivamente la esclavitud. Su artículo primero establecía que desde el 1 de enero de 1852 serían libres todos los esclavos existentes en el territorio de la República, con los mismos derechos y obligaciones que los demás granadinos. La ley contemplaba un mecanismo de compensación a los propietarios, en dinero y en vales de deuda pública, pero la magnitud del golpe económico era grande donde la esclavitud aún sostenía la producción: Antioquia, Barbacoas, Buenaventura, Cauca y Chocó. Salvador Camacho Roldán estimó en su momento que serían esas cinco provincias las que más sufrirían los efectos económicos de la libertad. La abolición era, por lo demás, la culminación de un proceso largo iniciado con la libertad de vientres de 1821: los esclavos nacidos después de esa fecha habían visto prolongada su servidumbre durante casi dos décadas mediante disposiciones intermedias, y la ley de López cortaba de una vez ese régimen dilatado.

A los ojos de la élite payanesa —los Arboleda, los Mosquera esclavistas, los Arroyo, los Valencia— la conjunción era intolerable. La abolición liquidaba la fuerza de trabajo de las haciendas y las minas; la ley de párrocos amenazaba la autoridad moral que legitimaba la jerarquía social; la expulsión de los jesuitas y el destierro del arzobispo confirmaban que el gobierno estaba dispuesto a llegar hasta el final. Los datos demográficos del Cauca en la década de 1850, aunque poco fiables, sugerían que los blancos rondaban el veinte por ciento de la población, concentrados en las principales ciudades; más de la mitad era de herencia mixta y alrededor del trece por ciento, negra o afrocolombiana. Los propietarios se sentían rodeados. Y no se equivocaban al leer el mapa: los liberales populares del Valle del Cauca, en su mayoría afrocolombianos, apoyaban activamente al Partido Liberal, cuyas políticas erosionaban simultáneamente el trabajo esclavo y la deferencia rural.

Un partido con doctrina

El conservatismo que se lanzó a la guerra en julio de 1851 no era, sin embargo, solo la reacción refleja de una clase amenazada. Era también el primer partido moderno de la Nueva Granada con doctrina escrita. El 4 de octubre de 1848 el periódico La Civilización había publicado, con la firma de Mariano Ospina Rodríguez y José Eusebio Caro, el llamado Programa Conservador, reconocido hoy como el documento fundacional del partido. Sus principios articulaban la defensa del orden constitucional frente a la dictadura, el predominio de la ley sobre la acción directa, la moralidad cristiana frente al materialismo y el ateísmo, y la libertad racional frente al despotismo. Aquel programa no era la máscara ideológica de un interés económico: era una respuesta articulada al liberalismo europeo y a los ecos plebeyos de las revoluciones de 1848, que llegaban a Bogotá y radicalizaban a la juventud gólgota.

Los padres del conservatismo —Julio Arboleda, Mariano Ospina Rodríguez, José Eusebio Caro— sostenían que las políticas librecambistas eran compatibles, e incluso exigían, un orden social jerárquico anclado en la tradición cultural hispánica y en la cooperación estrecha entre Iglesia y Estado. No eran, en rigor, reaccionarios agrarios: aceptaban parte del programa económico liberal —Florentino González, ministro de Hacienda de Mosquera, había impulsado las tarifas librecambistas de 1847 con respaldo transversal—, pero rechazaban su traducción social. Esa combinación —librecambio con jerarquía— definió al conservatismo colombiano y explica por qué en 1851 los terratenientes del Cauca y los ideólogos antioqueños pudieron marchar juntos.

La coincidencia entre la doctrina y el interés fue lo que hizo posible el alzamiento. Los intereses materiales de la élite caucana necesitaban una bandera; el Programa de 1848 se la dio. La agenda ideológica del conservatismo naciente necesitaba una base social capaz de sostenerla con armas; las haciendas del Cauca, las parroquias antioqueñas y las redes clientelares del altiplano cundinamarqués se la proporcionaron. La guerra de 1851 fue el momento en que esas dos dimensiones —doctrina y hacienda, teología política y economía esclavista— se soldaron.

Los focos: Cauca, Antioquia, Cundinamarca

El alzamiento estalló el 1 de julio de 1851. La coordinación entre los tres focos —imperfecta, precaria, dependiente del correo y del rumor— revela sin embargo una intención de guerra simultánea. En el Cauca lo encabezó Julio Arboleda, poeta, hacendado, esclavista y polemista brillante, que representaba como pocos la síntesis entre cultura letrada y propiedad señorial de la Popayán decimonónica. En Antioquia lo hizo Eusebio Borrero, militar con foja de las guerras anteriores, apoyado en la red de párrocos, propietarios de minas y comerciantes de Rionegro y del oriente antioqueño, para los cuales la abolición y la ley de párrocos tocaban a la vez el bolsillo y la conciencia. En Cundinamarca, Pastor Ospina Rodríguez levantó partidas en las provincias del altiplano, buscando cerrar sobre Bogotá desde el norte. El gobierno del Ecuador, entonces bajo signo conservador, prestó apoyo al levantamiento en el sur, lo que dio a la insurrección caucana una retaguardia externa y complicó la operación militar del gobierno neogranadino, que debía atender la frontera al mismo tiempo que la campaña interior.

El teatro decisivo fue el del Cauca. Allí se concentraban la esclavitud como problema económico inmediato, la aristocracia payanesa como fuerza política y la base afrocolombiana del Valle como reserva militar del liberalismo. La geografía dividía el conflicto entre la Popayán señorial, replegada en sus haciendas y en su ciudad episcopal, y el Valle del Cauca —Cali, Palmira, Buga— donde las Sociedades Democráticas, alentadas por el gobierno, movilizaron a los libertos y a los recién liberados. En esta región el gobierno de López fomentó abiertamente el conflicto de clases: donde en Bogotá la Sociedad Democrática de Artesanos era vigilada y contenida, en Cali y Palmira era armada y azuzada contra los terratenientes conservadores. La guerra en el Cauca fue, en consecuencia, algo más que un choque entre ejércitos: fue una guerra social en la que los libertos se cobraron, en algunas haciendas, décadas de servidumbre.

En Antioquia el conflicto tuvo otro carácter. Allí la esclavitud pesaba menos que en el Cauca, pero pesaba más la Iglesia: la ley de párrocos había producido un verdadero cisma en la provincia, con clérigos que rechazaban la designación civil y comunidades enteras alineadas con sus obispos. Borrero movilizó ese descontento, pero se enfrentó a una topografía difícil y a una limitada capacidad logística. En Cundinamarca las partidas conservadoras no lograron nunca amenazar seriamente a Bogotá, defendida por la guarnición gubernamental y por las milicias artesanas de la capital.

La campaña

Los detalles operativos de la campaña son menos importantes que su resultado: en pocos meses —entre julio y septiembre de 1851— las autoridades leales al gobierno constitucional derrotaron los tres focos. La combinación fue efectiva. Por una parte, el ejército regular, con cuadros formados en las guerras anteriores y comandados por oficiales de trayectoria como el propio López, veterano de la Independencia y de la guerra de los Supremos. Por otra, las milicias populares: Sociedades Democráticas armadas, contingentes de libertos, guardias nacionales provinciales. La suma constituyó por primera vez en la historia republicana un dispositivo de partido armado: fuerza regular más movilización popular, ambas al servicio de un proyecto político definido.

En el Cauca la derrota fue rotunda. Arboleda debió refugiarse en el Ecuador; los focos rurales fueron desmantelados; las Sociedades Democráticas del Valle salieron de la guerra con conciencia de haber sido decisivas y con las armas todavía en la mano —lo que tendría consecuencias graves en los años siguientes. En Antioquia, Borrero fue vencido y la insurrección se apagó sin poder proyectarse sobre las provincias vecinas. En Cundinamarca las partidas fueron dispersas antes de que consolidaran un frente.

La rapidez del desenlace tuvo varias explicaciones. La coalición conservadora, aunque motivada, no había preparado la guerra: reaccionó a las reformas antes que anticiparlas. Sus mandos —Arboleda, Borrero, Ospina Rodríguez— eran hombres de partido y de pluma, no generales con tropa entrenada. Sus bases sociales, aunque leales, eran menos que las que el gobierno podía movilizar en el Valle, en Bogotá y en las provincias liberales del oriente. Y el apoyo ecuatoriano, útil como retaguardia, no bastó para inclinar la balanza militar. Frente a eso, el gobierno tuvo tres ventajas decisivas: la legalidad constitucional, el ejército regular y la calle armada.

Causas: lo estructural y lo detonante

Conviene separar los planos, porque la confusión entre causas de fondo y detonantes empobrece la lectura del episodio.

En el nivel estructural, la guerra de 1851 fue el choque entre dos proyectos incompatibles de república. Uno anclaba el orden en la propiedad esclavista, en el fuero eclesiástico, en la jerarquía social heredada de la Colonia y en la alianza institucional entre altar y trono republicano. El otro lo refundaba sobre el sufragio universal masculino, la libertad de los esclavos, la secularización del Estado y la incorporación de los sectores populares —artesanos, libertos, indígenas de resguardo repartido— al espacio político. Estos dos proyectos habían coexistido tensamente desde la Independencia, alternándose en el poder; con López, el segundo intentó por primera vez traducirse en legislación efectiva sobre la propiedad y sobre la Iglesia. La coalición del primero respondió con las armas.

En el nivel de los detonantes inmediatos, el peso mayor lo tuvieron las medidas eclesiásticas antes que la abolición. Puede parecer contraintuitivo —la abolición era la reforma económicamente más gravosa para la élite caucana—, pero el material político dice otra cosa: la compensación parcial a los propietarios amortiguaba el impacto, mientras que la ley de párrocos, el destierro del arzobispo Mosquera y el debate sobre el cisma con Roma constituían un agravio total, sin componenda posible, y capaz de movilizar a bases muy amplias que la sola cuestión esclavista no habría sacado a la calle. La coalición conservadora se armó, en gran medida, en nombre de la Iglesia; los intereses esclavistas viajaron dentro de esa bandera.

Un tercer plano —el resentimiento político por la elección del 7 de marzo de 1849— actuó como catalizador. La convicción de que la calle armada había torcido la voluntad institucional en Bogotá dio a los caudillos conservadores la justificación moral para responder también por las armas dos años después. Vista así, la guerra de 1851 fue el capítulo militar de una disputa que había empezado como disputa electoral y se había radicalizado por la vía de las reformas.

Consecuencias inmediatas

La derrota del alzamiento tuvo consecuencias que se desplegaron en varios tiempos.

En lo inmediato, consolidó al gobierno López y aseguró la aplicación de las reformas: el 1 de enero de 1852 entró en vigor la abolición efectiva; la ley de párrocos siguió su curso; los jesuitas permanecieron expulsados. Ninguna de las medidas del ciclo reformista fue revertida como consecuencia militar de la guerra. En términos del proyecto liberal, 1851 fue una victoria completa.

A mediano plazo, la victoria envalentonó al liberalismo hasta el punto de radicalizarlo. En 1853, José María Obando proclamó una nueva Constitución que llevaba la agenda a su extremo: federalismo, ratificación de la abolición, libertad religiosa, eliminación de la personería jurídica de la Iglesia católica. El Estado dejaba de reconocer a la Iglesia como sujeto de derecho, medida sin equivalente en la América Latina de su tiempo. Aquella Constitución sería derogada en 1858 bajo la presidencia conservadora de Mariano Ospina Rodríguez, pero durante cinco años marcó el pulso de una república que se pensaba a sí misma como laboratorio del liberalismo continental.

A la vez, la guerra dejó al descubierto una contradicción interna del liberalismo que la victoria pareció encubrir: la división entre gólgotas —doctrinarios, librecambistas, cosmopolitas— y draconianos —militares, popularistas, cercanos a los artesanos y a las Sociedades Democráticas. Los primeros veían en 1851 la confirmación de que el proyecto ilustrado podía imponerse; los segundos, la evidencia de que el pueblo armado era el verdadero soporte del gobierno. La tensión estalló en 1854, cuando un general, apoyado en una coalición militar-artesanal, dio un golpe de Estado contra el gobierno legítimo y fue derrotado por una coalición bipartidista de conservadores y liberales gólgotas. Aquel episodio —el reverso de 1851— mostró que la ciudadanía armada podía volverse contra el partido que la había convocado.

El precedente

Que la guerra de 1851 haya sido breve —tres meses de operaciones efectivas— ha invitado a subestimarla en la memoria histórica frente a las conflagraciones mayores del siglo: la de 1859-1862 que llevó al poder a Tomás Cipriano de Mosquera y desamortizó los bienes eclesiásticos, la de 1876-1877 que se libró de nuevo en el Cauca, o la de los Mil Días entre 1899 y 1902. Pero 1851 fue el precedente lógico e institucional de todas ellas. Fue la guerra que fijó las coordenadas: los partidos como ejércitos, la cuestión religiosa como frente permanente, la esclavitud como línea divisoria hasta 1852 y el Cauca como principal teatro de conflicto —lo que seguirá siendo hasta la guerra civil de 1876-1877.

También fue la guerra que definió el papel del Estado nacional en las disputas regionales. Al derrotar simultáneamente a las élites del Cauca, del oriente antioqueño y del altiplano cundinamarqués, el gobierno de López demostró que Bogotá podía imponerse militarmente sobre las capitales provinciales cuando estas se levantaban en armas. Esa capacidad, aún precaria, se convertirá en el hilo de todas las guerras civiles subsiguientes: cada bando intentará, alternativamente, capturar el Estado central para usarlo contra las provincias adversarias. La guerra de 1851 fue el primer ensayo exitoso de ese mecanismo.

Y fue, finalmente, la guerra que reveló la agencia política de los sectores populares. Los artesanos de Bogotá, encuadrados en la Sociedad Democrática, habían influido en la elección del 7 de marzo de 1849; los afrocolombianos del Valle del Cauca, movilizados en 1851, se convirtieron en factor militar decisivo; los libertos que ganaron su libertad el 1 de enero de 1852 lo hicieron sabiendo que su libertad había sido, en parte, conquistada con armas. Aquello dio al liberalismo popular colombiano una densidad política que otros liberalismos del continente no alcanzaron —y también, hay que decirlo, un exceso de expectativas que la propia élite liberal, gólgota y librecambista, se apresuraría a defraudar.

Por qué sigue importando

Vista desde el presente, la guerra civil de 1851 es la matriz breve de un siglo largo. Todo lo que después ocurrió en la política colombiana decimonónica —la Constitución de 1853, el golpe de Melo en 1854, la desamortización de Mosquera en 1861, la Constitución de Rionegro en 1863, la Regeneración de Núñez desde 1886, la guerra de los Mil Días— dialoga con lo que se decidió en aquellos tres meses. Las cuestiones que la guerra planteó no se resolvieron en 1851; se instalaron. La cuestión religiosa persistirá hasta el Concordato de 1887 y aún más allá. La cuestión de la centralización y el federalismo se disputará en cada Constitución. La cuestión de la ciudadanía armada —de si el partido es un cuerpo electoral o una milicia potencial— atravesará la vida pública colombiana hasta bien entrado el siglo XX, cuando las guerras civiles decimonónicas se prolonguen en la Violencia bipartidista de los años cuarenta y cincuenta.

También importa porque muestra una verdad incómoda de la historia colombiana: que las reformas modernizadoras, cuando fueron reales, se hicieron contra intereses reales y encontraron resistencias armadas reales. La abolición de la esclavitud en la Nueva Granada no fue un gesto administrativo ni un consenso ilustrado; fue una medida que un gobierno tomó sabiendo que le costaría una guerra civil, y por la que aceptó librarla. La secularización del Estado no fue una evolución natural; fue una decisión que expulsó jesuitas, desterró arzobispos y armó a los libertos. Recordarlo es útil en un país que tiende a naturalizar sus conquistas y a olvidar el costo con que se pagaron.

Y sigue importando, sobre todo, porque en 1851 quedó establecido —para bien y para mal— que en Colombia los grandes cambios se disputan por la vía armada, y que los partidos son también, en última instancia, ejércitos en potencia. Esa herencia es larga y no ha terminado. La guerra breve del general López, ganada en pocos meses contra los patriarcas del Cauca, los prelados del norte y los caudillos del altiplano, es el punto en que ese destino se selló.