José María Obando

El hombre que salió del Patía

Obando nació hacia 1795 en el suroccidente neogranadino, hijo ilegítimo de una familia de la clase alta de Popayán. Ese doble origen —el apellido patricio y la cuna irregular— marca el punto de partida. La élite payanesa a la que pertenecía por sangre era una de las más señoriales del virreinato: había acumulado poder y riqueza a lo largo de dos siglos, primero en los ciclos de producción minera del Pacífico y luego en las haciendas trabajadas por esclavos, y había cimentado su prestigio con alianzas matrimoniales con españoles y con el rol de capital de gobernación que ejercía Popayán. Los Mosquera, los Valencia y los Arboleda constituían el núcleo duro de esa aristocracia, y aún después de la independencia mantendrían formas coloniales de mando dentro del Estado republicano. Obando llevaba el apellido pero no la investidura; su ilegitimidad lo empujó, desde el principio, a construir su lugar por fuera del modelo terrateniente.

El Cauca en el que se formó era una geografía difícil de gobernar. Diverso en lo racial y lo productivo, dividido entre grandes propietarios blancos y poblaciones negras y mulatas en las tierras bajas, y con fuerte presencia indígena hacia el sur —Pasto, Túquerres, Ipiales—, el Gran Cauca fue desde la Independencia y hasta la guerra civil de 1876-77 el principal teatro conflictivo del país. La resistencia indígena de pijaos, paeces y yalcones había obligado durante casi un siglo a disputar palmo a palmo el territorio aledaño a Popayán, y los guerrilleros patianos, en tiempos de la Independencia, obstaculizaron el avance republicano de manera tan eficaz que llegaron a detener los auxilios que Bolívar esperaba de Popayán tras el combate de Bomboná. En ese paisaje de montaña, negros libres, esclavos, indios y guerrilleros mestizos, la política no se hacía en salones: se hacía a caballo, con partidas armadas y con lealtades personales.

De esa escuela salió Obando. Entre 1819 y 1822 combatió bajo bandera realista, encabezando partidas en el sur; era la lealtad natural de muchos caucanos populares, para quienes la República bogotana resultaba tan lejana como Madrid. En 1822 cambió de bando y sirvió como oficial republicano hasta 1828. El giro no fue anómalo: las campañas del sur de la Nueva Granada favorecieron el ascenso de oficiales salidos de las filas por sus cualidades personales y técnicas, en un proceso donde las consideraciones familiares fueron cediendo terreno frente al mérito en combate. Obando y su compañero de armas José Hilario López encarnaron ese nuevo tipo de caudillo caucano: hombres que privilegiaban la carrera militar y política sobre la condición de terrateniente, distanciándose del modelo señorial de los Mosquera y los Arboleda. Era, ya, otra manera de habitar la élite.

La rebelión contra Bolívar y la sombra de Berruecos

En 1828, con Bolívar convertido en dictador y Santander proscrito, la Gran Colombia crujía por todos lados. A finales de octubre de ese año, Obando se sublevó en Popayán junto con López, se apoderó del oro destinado a la casa de la moneda y saqueó haciendas. La rebelión fue contemporánea del atentado septembrino contra Bolívar en Bogotá, y Obando mantenía comunicación con los santanderistas de la capital. Encabezaría, en las cronologías del siglo, la larga lista de rebeliones nacionales contra el gobierno central. Era, a la vez, un pronunciamiento político —contra la dictadura bolivariana— y una operación de caudillaje clásico: fuerza, botín y clientela armada movilizando negros e indígenas para aterrorizar el campo de Popayán. Los dos registros convivían sin fricción en Obando, y esa convivencia sería la clave de su carrera.

La crisis de la Gran Colombia se agravó simultáneamente por la guerra con Perú, que había ocupado Guayaquil y Bolivia, y por rebeliones internas como la suya. En 1830 el general Rafael Urdaneta derribó al gobierno legítimo e invitó a Bolívar a reasumir el mando; Bolívar, ya enfermo y desengañado, se negó a hacerlo por vía militar, argumentando que sin legitimidad sería una tiranía. La derrota de Urdaneta consolidó en la Nueva Granada un rechazo al militarismo y una defensa de la legitimidad constitucional que sería, en adelante, un rasgo distintivo del país frente a otras repúblicas del continente.

Fue en ese ambiente donde estalló el asunto que perseguiría a Obando durante el resto de su vida. El 4 de junio de 1830, el mariscal Antonio José de Sucre fue asesinado en las montañas de Berruecos, en el paraje conocido como el Volador de la Jacoba, cuando se dirigía al sur; había percibido, según los relatos posteriores, señales de que existía una prevención contra su persona. El 6 de septiembre de ese año, el periódico El Duende publicó los nombres de dos guerrilleros como responsables materiales: José Erazo, administrador de la hacienda de Obando y comandante de milicias, y Gregorio Sarria, amigo confidencial y antiguo compañero de armas. Sarria, se dijo, había entablado conversación con el mariscal en la posada de La Venta, había tratado de intimidarlo y había hablado en tono alterado antes del crimen. El vínculo con Obando era, por transitividad, evidente: los presuntos ejecutores eran hombres suyos.

El Duende de Cartagena, en 1830, no era un tribunal sino un arma. La acusación se lanzó en un momento de fractura política aguda y sirvió para atacar al gobierno central y para expresar el rechazo del Sur al Centro. Nunca hubo una prueba judicial concluyente contra Obando, pero tampoco se disipó jamás la sospecha. La sombra de Berruecos —y el apodo popular de el tigre de Berruecos, que condensaba su fama de hombre temible y violento— quedó adherida a él como un estigma. Sus adversarios la usarían durante treinta años como arma política: la reactivaron con la prisión de Erazo en 1840, la agitaron en cada campaña electoral, la esgrimieron para expatriarlo en 1854. El caso Sucre fue, en la práctica, el eje de una guerra política de largo aliento contra Obando; las élites bolivarianas primero, y los gólgotas y conservadores después, se turnaron para bloquear con ella su legitimación institucional.

Pese a ese peso, Obando fue candidato presidencial en las elecciones de 1836-1837, asociado a la corriente santanderista. Perdió, pero el solo hecho de que un hombre con Berruecos en el expediente pudiera aspirar a la presidencia demuestra hasta qué punto la Nueva Granada de esos años era, políticamente, un país donde la violencia armada y la legitimidad electoral no habitaban en compartimentos separados.

La Guerra de los Supremos

En 1839 estalló en el sur del país lo que se conocería como la Guerra de los Supremos. Los detonantes eran variados —un decreto de supresión de conventos menores en Pasto, tensiones religiosas, resentimientos regionales—, pero la contienda escaló hasta convertirse, entre 1839 y 1842, en la primera gran guerra civil nacional del período republicano. Los caudillos insurrectos recibieron el nombre de supremos porque se proclamaron jefes supremos en sus respectivas regiones. Sus reclamos eran heterogéneos y difusos, marcados por la ausencia de un sentimiento genuino de nacionalidad y por cierto afán descentralizador o federal.

El 26 de enero de 1840, Obando se lanzó a la insurrección en compañía de Gregorio Sarria —el mismo Sarria de Berruecos— y cercó Popayán. La coincidencia temporal con la reactivación del caso Sucre, provocada por la prisión de Erazo, no fue casual: la maquinaria judicial y la política avanzaban en paralelo. Parte de los rebeldes se unió argumentando que el gobierno hacía una guerra destinada a hundir políticamente a Obando en beneficio de los intereses de Tomás Cipriano de Mosquera y Pedro Alcántara Herrán. Esa era la lectura que los propios insurrectos difundían; no era necesariamente la verdad completa, pero indica hasta qué punto la figura de Obando funcionaba como bandera y como pretexto.

La guerra fue larga y devastadora. Santander, ya muy debilitado, se opuso al levantamiento y se negó a bendecirlo; sin embargo, la mayoría de sus seguidores personales y los liberales más intransigentes sí lo respaldaron. La amenaza militar llevó al presidente José Ignacio de Márquez y a los liberales moderados a estrechar su alianza con los antiguos bolivarianos, que compartieron el poder y aportaron la fuerza necesaria para enfrentar la rebelión. Herrán, uno de los jefes militares del bando gubernamental, ensayó a lo largo del conflicto varias iniciativas de paz. Los daños económicos fueron enormes: la Memoria de 1842 registraría que los perjuicios al tesoro público y a la riqueza de los particulares habían mantenido al país en la miseria y dejado exhaustas las cajas nacionales. Se destruyeron embarcaciones fluviales de gran valor, incluido el vapor Unión, construido en Glasgow, cuyo costo había superado el millón de dólares.

La derrota de los supremos tuvo consecuencias políticas de fondo. Fortaleció la alianza entre moderados y la facción bolivariana-conservadora, dejó el campo abierto a fuerzas hostiles al descentralismo y al federalismo, y allanó el camino a un giro autoritario y centralista. Obando fue derrotado y salió al exilio. La Guerra de los Supremos había sido, en cierto modo, su guerra: no la había convocado del todo, pero se había convertido en el rostro visible del bando insurrecto, y su nombre —con el estigma de Berruecos encima— serviría en adelante para desprestigiar al liberalismo militante entero.

El regreso, los draconianos y la presidencia

Obando volvió del exilio en la década siguiente, cuando el mapa político colombiano se había reorganizado. El partido liberal, ahora nítidamente diferenciado del conservador, se dividía internamente entre dos facciones: los gólgotas o radicales, y los draconianos o demócratas. La escisión no era solo temperamental; correspondía a intereses económicos distintos. Los gólgotas representaban a los comerciantes importadores y defendían el librecambio; los draconianos representaban a los manufactureros y artesanos, y defendían el proteccionismo arancelario. Los gólgotas eran líricos, románticos, sentimentales, arrebatados y desordenados; los draconianos, más pragmáticos, encontraban su base social en los talleres urbanos y en las Sociedades Democráticas que proliferaban en Bogotá, Cali y Cartagena. Los artesanos acusaban a los librecambistas de egoísmo y falta de patriotismo, y señalaban que su doctrina arruinaría la manufactura nacional. Detrás del debate económico latía un conflicto de clases: la antiélite liberal urbana y los artesanos empobrecidos por las importaciones frente a los comerciantes que se beneficiaban de ellas.

Obando, con su prestigio militar, su historia santanderista y su vínculo con las clases populares del Cauca, era el candidato natural de los draconianos. En las elecciones de 1853 se enfrentó al general panameño Tomás Herrera, respaldado por los gólgotas, y ganó. El 1 de abril de 1853 se posesionó como presidente de la Nueva Granada. En su discurso de posesión pronunció, según algunas versiones, reservas sobre la Constitución vigente —gesto revelador: llegaba al poder por vía constitucional pero cargando el escepticismo de quien había hecho su carrera en las armas.

Su gobierno fue breve y turbulento. El 21 de mayo de 1853 se sancionó una nueva Constitución, la que quedaría asociada a su nombre. Fue una carta radicalmente reformista para la época. Reconoció por primera vez la libertad de cultos y eliminó la personería jurídica de la Iglesia Católica, medidas que profundizaron las tensiones con el clero y anticipaban la ruptura entre Iglesia y Estado que consumarían las constituciones posteriores. Estableció el sufragio universal masculino sin restricciones por alfabetismo ni riqueza, una audacia democrática que pocos países de la región se atrevieron a ensayar tan pronto. Y otorgó a las provincias el poder de redactar sus propias constituciones y elegir a sus gobernadores, medida que implantó de hecho un federalismo temprano y debilitó al ejecutivo central.

Ese debilitamiento fue el flanco por donde se filtró la crisis. Desde el inicio, Obando enfrentó una oposición institucional significativa: varias gobernaciones cayeron en manos de conservadores o de gólgotas hostiles a su administración. El presidente no tenía instrumentos para imponer su voluntad y su base social —los artesanos, los draconianos, los militares populares— empezó a moverse por cuenta propia, en un país cuya estructura constitucional acababa de descentralizarse.

El golpe del 17 de abril y la caída

La colisión final llegó rápido. El Congreso, dominado por los gólgotas, decidió eliminar el liderazgo militar y reducir el tamaño del ejército permanente. La medida era coherente con el ideario liberal radical —desmontar la maquinaria armada del Estado, considerada una amenaza a las libertades civiles—, pero era una declaración de guerra a la oficialidad y a las Sociedades Democráticas, cuya alianza con los cuarteles se había estrechado durante la campaña presidencial. Los artesanos bogotanos, que se oponían al librecambismo de los gólgotas y reclamaban proteccionismo, veían en el ejército un aliado natural; los militares, amenazados de despido, veían en los artesanos su respaldo civil.

El 17 de abril de 1854, el general José María Melo dio el golpe. Disolvió el Congreso, suspendió la Constitución y ofreció a Obando —según algunas versiones— continuar como presidente bajo el nuevo régimen. Obando rechazó la propuesta y fue arrestado. La causa inmediata del golpe había sido la supresión del ejército permanente; la causa profunda, la incapacidad del gobierno constitucional para arbitrar entre las facciones liberales enfrentadas.

Aquí se cierra la paradoja que define a Obando. La coalición que había derribado su gobierno —artesanos draconianos, oficialidad popular, Sociedades Democráticas— era la misma que lo había llevado al poder. El golpe de Melo no fue una traición externa sino la consecuencia lógica de un bloque social que carecía de proyecto institucional coherente y cuya fuerza política era inseparable de la movilización armada. Obando había cultivado deliberadamente esas redes durante toda su vida —desde las guerrillas patianas hasta las clientelas caucanas y los talleres bogotanos—, pero esas redes operaban con lógicas propias que escaparon a su control presidencial. El liberalismo popular colombiano descubrió en abril de 1854 que su fuerza electoral se apoyaba en una violencia movilizadora que el propio Estado constitucional no podía absorber.

Los civiles y militares que escaparon al arresto de Melo se reagruparon fuera de la capital. Formaron una coalición bipartidista insólita: liberales gólgotas y conservadores, aliados por primera y última vez, se unieron para combatir la dictadura. Los expresidentes Tomás Cipriano de Mosquera y José Hilario López —el viejo compañero de armas de Obando en 1828— encabezaron militarmente la campaña constitucionalista. La guerra civil duró aproximadamente ocho meses. A finales de 1854, Melo fue derrotado y la legalidad restaurada.

Pero la legalidad restaurada no absolvió a Obando. Fue acusado ante el Congreso, juzgado, hallado culpable de participación en el movimiento que lo había derrocado —una imputación paradójica que ilustra bien la lógica política del momento— y expatriado. La sombra de Berruecos volvió a operar: sus adversarios tenían por fin la oportunidad de sacárselo de encima con una condena formal. El liberalismo popular perdía a su caudillo más visible y el país quedaba, otra vez, en manos de la coalición gólgota-conservadora que preparaba las reformas radicales de la década siguiente.

Sus contemporáneos, sus geografías

La trayectoria de Obando no se entiende sin la red de figuras con las que compartió escenario. Bolívar y Santander marcaron su primer horizonte: contra el primero se rebeló en 1828, al segundo lo tuvo como referente político hasta su muerte en 1840. Sucre fue la víctima cuyo asesinato lo persiguió durante treinta años; Apolinar Morillo, uno de los ejecutores materiales confesos, terminaría siendo procesado y ejecutado por el crimen. Juan José Flores, presidente del Ecuador durante buena parte del período, fue interlocutor obligado en las intrigas del sur, donde las fronteras entre Popayán, Pasto, Quito y Cuenca eran porosas y donde los exiliados de un lado encontraban regularmente refugio en el otro.

José Hilario López fue el más constante de sus compañeros: coautor de la rebelión de 1828, presidente entre 1849 y 1853 —el predecesor que le entregó el poder—, y luego, en la ironía definitiva, uno de los jefes militares que lo derrocaron en 1854. Tomás Cipriano de Mosquera, el gran patricio caucano, funcionó siempre como su contrafigura: hombre de la élite señorial que hizo carrera militar bajo Bolívar, presidente conservador primero y liberal después, adversario en la Guerra de los Supremos y agente de su caída en 1854. Pedro Alcántara Herrán, yerno de Mosquera y presidente entre 1841 y 1845, había sido su enemigo en los Supremos. José María Melo fue el aliado incómodo cuyo golpe destruyó su gobierno. Manuela Sáenz, la compañera de Bolívar, cuya vinculación con el círculo santanderista era tensa, forma parte del paisaje humano del período que Obando atravesó sin haberla tratado íntimamente.

La geografía de su vida se concentra en unos pocos puntos. García, la localidad caucana asociada a sus orígenes; Popayán, el centro señorial que lo vio nacer y que sitió como rebelde; el Patía, la región de guerrillas donde forjó sus lealtades armadas; Pasto y Timbío, escenarios de sus campañas del sur; Berruecos, el nombre que se convirtió en su estigma; Bogotá, la capital lejana donde fue presidente y prisionero; Quito y Cuenca, los destinos del exilio. Un mapa que dibuja, sin decirlo, la fractura entre el suroccidente popular y el centro-oriente institucional que fue una de las claves estructurales del siglo.

Muerte y memoria

Obando regresó del exilio a finales de la década de 1850. La ola conservadora del presidente Mariano Ospina Rodríguez había derogado la Constitución de 1853 y promulgado, en 1858, una nueva carta. La reacción liberal no tardó: en 1860, Mosquera —convertido ya al liberalismo— se levantó contra Ospina en lo que sería la guerra civil de 1860-1862. Obando se sumó a la campaña liberal, ya viejo, cerrando el círculo de una vida hecha de guerras. Murió en combate en 1861, en una acción menor, sin ver la victoria de Mosquera ni la Constitución federalista y anticlerical de 1863 que consumaría, en clave radical, muchas de las reformas que él había ensayado diez años antes.

Su memoria quedó atrapada en las trincheras partidistas. Los liberales lo reivindicaron como el presidente que había firmado la Constitución del sufragio universal y de la libertad de cultos, como el hombre que había enfrentado a Bolívar en 1828 en defensa de la legalidad santanderista. Los conservadores lo condenaron como el tigre de Berruecos, el caudillo faccioso, el responsable —moral o material, según las plumas más duras— del asesinato de Sucre, el demagogo que había abierto la puerta al golpe artesanal. Ninguna de las dos memorias es enteramente falsa. Obando fue, simultáneamente, el reformador constitucional y el jefe de partidas armadas, el político electo y el sospechoso perpetuo, el aliado de los artesanos y el hombre que no supo protegerlos de las consecuencias de su propio radicalismo.

Su verdadera huella, sin embargo, es más estructural. Obando fue el agente más revelador de una configuración política que definió al país durante décadas: el liberalismo popular colombiano de mediados del siglo XIX, con su base social artesanal y militar, su vocación reformista, su fuerza electoral inseparable de la movilización armada, y su incapacidad para construir un proyecto institucional coherente. En su carrera se ve, sin filtro, cómo funcionaba la política en la Nueva Granada: cómo se ganaba una guerra, cómo se ganaba una elección, cómo se perdía el poder, cómo un estigma persistía durante treinta años sin que hiciera falta probarlo. La Constitución de 1853 —sufragio universal masculino, libertad de cultos, federalismo provincial— fue una de las cartas más avanzadas de su tiempo en América Latina; su caída, ocho meses después, fue una de las lecciones más duras sobre los límites del reformismo cuando descansa sobre alianzas armadas.

En el archivo vivo de la República, Obando ocupa el lugar del caudillo popular que fue y no pudo dejar de ser. Nació con un apellido patricio y una cuna irregular, hizo carrera con las armas antes que con la tierra, gobernó desde una Constitución que él mismo miraba con reservas, y murió peleando por un liberalismo que ya no era del todo suyo. La sombra de Berruecos, que sus adversarios agitaron durante treinta años, nunca terminó de disiparse. Tampoco su condición de figura fundacional de una tradición política —la del liberalismo popular armado y regional— que atravesaría, con otros nombres, buena parte del siglo XIX colombiano.