Sociedades democráticas

En la Nueva Granada de mediados del siglo XIX, entre 1847 y 1854, un tipo de club político nuevo puso a marchar por las calles de Bogotá, Cali, el Socorro y Palmira a zapateros, sastres, ebanistas y estudiantes universitarios. Se llamaron Sociedades Democráticas y fueron el primer laboratorio urbano de política popular en la historia colombiana: híbrido entre gremio artesanal, club jacobino a la francesa y máquina electoral del liberalismo emergente. En apenas siete años eligieron un presidente, sostuvieron a otro, respaldaron un golpe de Estado y fueron aplastadas en el mismo movimiento; pero antes de disolverse depositaron en la cultura política del país una gramática de movilización —la asamblea semanal, la protesta callejera, la asociación por oficio, la exigencia de proteccionismo frente al comercio importador— que reaparecería, alterada, en el mutualismo de la Regeneración, en los círculos radicales de comienzos del siglo XX y en las primeras organizaciones obreras de los años veinte. Su historia condensa tensiones que atravesarán al país durante generaciones: la relación entre partidos y masas, entre libre cambio y protección, entre inclusión popular y orden constitucional.

Qué eran las Sociedades Democráticas

Nombrarlas es ya interpretarlas. Fueron asociaciones voluntarias, urbanas, con reglamentos y sesiones periódicas, cuyo núcleo activo eran artesanos —maestros y oficiales de los oficios manuales tradicionales— acompañados por intelectuales liberales, estudiantes y, en menor proporción, afiliados de sectores más acomodados. Se reunían para deliberar, difundir ideas, agitar en favor de candidatos, presionar por reformas económicas —sobre todo aduaneras— y, cuando el gobierno liberal lo estimuló, para instruirse en ejercicios militares y sostenerse armadas. La palabra "democrática" no aludía al sufragio como procedimiento —que apenas comenzaba a discutirse en clave universal— sino a un principio de sociabilidad horizontal, tomado del vocabulario de la Revolución francesa de 1848, según el cual los miembros se llamaban entre sí ciudadanos y deliberaban sin distinción formal de rango.

No eran sindicatos: no negociaban condiciones laborales con patrones, porque el taller artesanal neogranadino era una unidad familiar donde el maestro era a la vez propietario, productor y jefe. Tampoco eran partidos en sentido moderno, aunque cumplieron funciones partidistas. Y aunque en algunas provincias declaraban propósitos de fomento agrícola, industrial o de instrucción cívica —como las de Micái y Castrolarma, que hablaban de sostener el sistema liberal y difundir los principios de igualdad, libertad y fraternidad—, su rasgo estructural fue la fusión, sin resolver, entre la defensa de intereses económicos concretos del artesanado y la militancia por un proyecto político liberal más amplio. Esa fusión les dio su fuerza inicial y contuvo, desde el comienzo, la contradicción que las haría estallar.

Antes de 1847: sociabilidad ilustrada y gremios coloniales

Las Sociedades Democráticas no salieron del vacío. Detrás de ellas se cruzan dos linajes.

El primero es el de las sociedades de amigos del país, las tertulias y las sociedades económicas del último tramo colonial. Aquellos espacios, tolerados y en parte impulsados por la Corona, permitieron que la élite criolla circulara textos ilustrados, discutiera economía política y ensayara formas de asociación voluntaria que no dependían del linaje ni de la corporación. Allí se incubó una paradoja fértil: una educación patrocinada por el imperio que introducía las ideas que terminarían por cuestionarlo. En clave larga, esas tertulias formaron una primera capa de patriotismo protonacional, antesala del ciclo revolucionario y de las repúblicas siguientes.

El segundo linaje es artesanal y corporativo. En ciudades como Cartagena, cuyos censos de 1780 registran una amplia variedad de oficios, o en Medellín, donde un expediente del 23 de junio de 1817 pedía a los maestros mayores de los gremios de platería, carpintería, sastrería, zapatería, herrería y albañilería listas de sus oficiales, existía una vida gremial que la Independencia no interrumpió. Convivía con cofradías religiosas —a las que se afiliaban artesanos de oficios demasiado pequeños para sostener gremio propio— y aportó, cuando llegó el momento republicano, una experiencia asociativa práctica: cómo convocar, cómo levantar acta, cómo hablar en nombre de un colectivo.

El puente explícito lo tendió Lorenzo María Lleras. En 1838 fundó en Bogotá una Sociedad democrático-republicana de artesanos y labradores progresistas, con filiales en Tunja y en la Villa de Leiva. Su alcance fue modesto: parece haberse limitado a la difusión de información cultural, sin la fuerza política que sus sucesoras alcanzarían diez años después. Pero el nombre ya estaba puesto, y con él la fórmula: unir en una misma asociación el vocabulario republicano —"democrático", "progresista"— con la identidad social del artesano.

Sobre este suelo pesaba la advertencia temprana del general Francisco de Paula Santander, quien desde 1823 había señalado al Congreso el doble filo de las sociedades patrióticas: útiles para la prosperidad de la república si se las orientaba bien, perniciosas si escapaban a la vigilancia. La ambivalencia era vieja; en la década de 1830, cuando las asociaciones políticas empezaron a adquirir significación partidista y a convertirse en piezas de la maquinaria electoral, quedó claro que el problema no era episódico sino estructural.

1847: el año en que nace la Sociedad de Artesanos

El año decisivo es 1847. Tomás Cipriano de Mosquera ocupaba la presidencia desde 1845 y su ministro de Hacienda, Florentino González, un liberal convencido de las doctrinas de Jean-Baptiste Say, impulsó una reducción arancelaria drástica que rebajó a la mitad o menos algunos derechos de importación. El arancel no llegó solo. El vapor ya había entrado al Magdalena y abarataba el flete de las manufacturas europeas río arriba. En los talleres bogotanos, la ropa confeccionada inglesa y los muebles franceses competían con ventaja creciente contra zapaterías, sastrerías y ebanisterías locales. Para el artesanado urbano —el que producía bienes de consumo popular en la capital— el arancel de 1847 volvió visible una amenaza que ya estaba en marcha.

Ese mismo año existía en Bogotá una Sociedad de Artesanos con trescientos miembros. Su propósito inicial era obtener protección aduanera para las manufacturas locales: era una organización gremial y económica, no un club político. Su transformación fue rápida. Cuando empezó a intervenir en la campaña electoral que definiría la sucesión de Mosquera, cambió de nombre —pasó a llamarse Sociedad Democrática— y desvió progresivamente su energía hacia la política partidista. A finales de 1849 reclamaba mil quinientos afiliados, cifra que ya incluía estudiantes universitarios y afiliados de clase alta. En dos años había multiplicado por cinco su membresía y cambiado de naturaleza.

La coyuntura internacional apuró el proceso. La Revolución francesa de febrero de 1848, con su vocabulario de fraternidad, república social y sufragio, tuvo repercusión inmediata en la juventud universitaria y en la clase artesanal de Bogotá. El reformismo liberal neogranadino, que hasta entonces buscaba abrirse paso frente al gobierno conservador de Mosquera, encontró en las Sociedades Democráticas —y estas encontraron en él— un vehículo mutuo.

El instrumento y sus habitantes: la ambigüedad fundacional

Aquí conviene detenerse, porque en la naturaleza de esa alianza se juega toda la historia posterior. Las Sociedades Democráticas fueron organizadas primordialmente para movilizar apoyo popular al emergente Partido Liberal, y los liberales lideraron su creación y multiplicación por el territorio. Pero al mismo tiempo captaron a un actor social —los artesanos— que traía una agenda económica propia, y no siempre compatible con la del liberalismo doctrinario: la protección arancelaria.

De ahí una tensión que las recorre desde el comienzo. Cuando la Sociedad de Artesanos de Bogotá cambió su nombre por el de Sociedad Democrática, sus dirigentes ganaron peso político nacional pero se distanciaron del reclamo gremial original. Muchas sociedades provinciales, en cambio, siguieron agitando por el proteccionismo con más intensidad que por la doctrina liberal. La organización nacional era, en la práctica, un mosaico: en Bogotá, laboratorio político del liberalismo; en el Valle del Cauca, la Provincia de Bogotá o el Socorro, plataformas donde la reivindicación artesanal se mezclaba con lealtades regionales y con la conflictividad entre notables y sectores populares. No hubo una única Sociedad Democrática; hubo una red heterogénea con un nombre común y una gramática compartida.

1849: la elección del 7 de marzo

La primera gran prueba llegó pronto. En la elección presidencial de 1849, ningún candidato obtuvo mayoría absoluta y el Congreso debió resolver. El 7 de marzo, mientras los legisladores deliberaban, las Sociedades Democráticas movilizaron a los artesanos bogotanos en las inmediaciones del recinto. La presión fue evidente; la votación, apretada. Salió electo José Hilario López, el candidato liberal.

La elección del 7 de marzo se convirtió en un mito fundador de la política liberal y también en un trauma para los conservadores, que la leyeron como una capitulación del Congreso ante la turba armada. Fue el momento en que el instrumento probó su eficacia: una organización popular urbana había pesado, decisivamente, en la elección del presidente de la República. Y López no lo olvidó. Simpatizaba secretamente con la Sociedad Democrática de Artesanos de Bogotá y asistió a alguna de sus sesiones, gesto inusual para un jefe de Estado y señal inequívoca del pacto tácito entre el gobierno liberal y su base movilizada.

Las reformas del medio siglo

El gobierno de López (1849-1853) y el de su sucesor José María Obando (1853-1854) desplegaron un programa reformista más radical que casi cualquier otro contemporáneo en América Latina. Se abolió la esclavitud, se instauró el sufragio universal masculino, se procedió a la partición de los resguardos indígenas. En 1850 López expulsó a los jesuitas y comenzó a desmontar los privilegios eclesiásticos, inaugurando un ciclo largo de tensión entre los gobiernos liberales y la Iglesia. Con la coordinación del secretario de Hacienda Manuel Murillo Toro, se suprimió el monopolio estatal sobre el tabaco, medida emblemática de la voluntad de insertar la economía neogranadina en el mercado mundial.

La Constitución del 21 de mayo de 1853, promulgada bajo Obando, llevó el impulso reformista a su punto más alto: libertad de cultos, voto universal masculino sin restricciones de alfabetismo ni riqueza, potestad de las provincias para dictar sus propias constituciones y elegir sus gobernadores, y supresión de la personería jurídica de la Iglesia Católica. Fue el texto más liberal que había producido la república hasta entonces.

Las Sociedades Democráticas fueron, en ese ciclo, algo más que una clientela agradecida. El gobierno las promovía activamente, las consideraba parte de su base defensiva y toleraba —cuando no impulsaba— la incorporación de ejercicios militares en sus actividades. Sus miembros se mantenían armados. En la doctrina liberal del momento, aquello era coherente: una república igualitaria necesitaba un pueblo instruido cívica y militarmente, capaz de defender sus libertades. En la práctica, significaba que el gobierno tenía en la calle un cuerpo paramilitar afín, y que la oposición conservadora percibía cada asamblea artesanal como una amenaza al orden.

La competencia por las masas urbanas

Los conservadores no se quedaron mirando. Frente a las Sociedades Democráticas fundaron sus propias organizaciones —la Sociedad para la Instrucción Popular, la Fraternidad Cristiana, y una Sociedad Popular de orientación católica destinada a captar sectores urbanos— y, sobre todo, aprovecharon con habilidad una red preexistente que los liberales no tenían: las cofradías católicas, presentes en cada parroquia, con siglos de práctica asociativa y con la autoridad moral del clero. En materia de sociabilidad popular, los conservadores fueron más eficaces que sus rivales; sus organizaciones influyeron en la pérdida de elecciones primarias por parte de la oposición liberal en varios puntos del país.

Esa competencia produjo un efecto que a menudo se pasa por alto: la politización del voto en el primer nivel electoral. Cuando los liberales debían movilizar a los artesanos y los conservadores a las cofradías, el sufragio dejaba de depender exclusivamente de la preeminencia social, económica o patriótica de los notables locales. Se volvía, con todas sus tosquedades, un ejercicio partidista de masas. La disputa por la sociabilidad urbana entre 1847 y 1854 fue uno de los momentos fundadores del bipartidismo colombiano.

Los gobernantes liberales —Mosquera cuando cambió de posición, López, Obando— vivieron la eficacia católica como un problema estratégico. La política anticlerical del período, con la expulsión de los jesuitas y las medidas de 1853, no fue solo doctrinaria: buscaba desalienar a los sectores populares de lo que los liberales percibían como una dominación ideológica eclesiástica que les cerraba el acceso a las masas.

La fractura: gólgotas y draconianos

Hacia 1852-1853, el liberalismo se partió en dos. Por un lado, los gólgotas o radicales: jóvenes, doctrinarios, formados en la lectura de los románticos franceses y de los economistas librecambistas, asociados a los grandes comerciantes de importación y convencidos de que el libre cambio era el vehículo del progreso. Por el otro, los draconianos o demócratas: más pragmáticos, ligados a los manufactureros y a los artesanos, defensores del proteccionismo. Los primeros eran, se dijo entonces, líricos, sentimentales, arrebatados; los segundos, más prosaicos, más cercanos al taller que al salón.

La caracterización no era casual. Detrás de las etiquetas había dos coaliciones sociales y dos proyectos económicos incompatibles. Los gólgotas heredaban el impulso doctrinario de Florentino González; querían acelerar la inserción de la Nueva Granada en el comercio mundial y consideraban que la industria artesanal, incapaz de competir, debía transformarse o desaparecer. Los draconianos veían en el arancel el único escudo posible para una manufactura nacional que la geografía y el atraso técnico no permitían competir con la producción industrial europea.

La retórica se endureció. Artesanos y draconianos denunciaban a los librecambistas —a quienes llamaban "los ricos"— por egoísmo y falta de patriotismo, identificando la fórmula del laissez faire de Say con la ruina de la manufactura nacional. Los gólgotas respondían acusando a sus rivales de atraso y de sacrificar el interés general por el privilegio corporativo. La ironía es que el proteccionismo no era exclusivamente draconiano: los propios fundadores del conservatismo —Julio Arboleda, Mariano Ospina Rodríguez, José Eusebio Caro— habían defendido con entusiasmo el librecambio antes de la fractura liberal. La política económica no seguía una línea partidista limpia; seguía las alianzas del momento.

El golpe de Melo, 17 de abril de 1854

El desenlace fue militar. El general José María Melo, veterano de las guerras de Independencia y afín al draconianismo, había sido cortejado por los sectores artesanales y por la corriente proteccionista dentro del ejército. El 17 de abril de 1854 derrocó al presidente Obando, con quien había roto, e instauró una dictadura militar apoyada por los artesanos, las Sociedades Democráticas y una fracción del ejército.

La Sociedad Democrática de Artesanos de Bogotá, dirigida entonces por Ambrosio López, respaldó abiertamente el golpe con la esperanza de obtener las medidas proteccionistas que la política oficial le había negado. Fue el momento de máxima audacia del artesanado urbano: en aras de una agenda económica concreta, se convertía en base social de un régimen militar contra el liberalismo constitucional que él mismo había ayudado a elegir cinco años antes.

La reacción fue inmediata y transversal. Contra Melo se coaligaron sectores del liberalismo —los gólgotas al frente— y los conservadores, en un frente constitucionalista poco frecuente en la historia colombiana. El gobierno legítimo se reorganizó en Ibagué. Los expresidentes Pedro Alcántara Herrán, Mosquera, López y José Ignacio de Márquez —figuras que en distintos momentos se habían enfrentado entre sí— tomaron mando de las tropas junto con parlamentarios y magistrados. El general Tomás Herrera se distinguió al frente de las fuerzas nacionales. El 4 de diciembre de 1854, los ejércitos constitucionalistas entraron triunfalmente a Bogotá. La dictadura había durado poco más de siete meses.

José de Obaldía asumió como mandatario constitucional; entre su gobierno y el de su sucesor Manuel María Mallarino se dictaron indultos para los responsables del golpe. Melo fue desterrado. Pero la derrota militar de los artesanos fue también, y sobre todo, una derrota política irreversible. La coalición proteccionista había quedado desarmada, sus organizaciones desprestigiadas, sus líderes procesados. La doctrina librecambista se impuso y, con matices, se mantuvo casi sin interrupción entre 1853 y 1870.

Después de 1854: la larga ejecución del artesanado urbano

El aplastamiento del 4 de diciembre no clausuró de golpe la vida asociativa artesanal, pero le retiró la posibilidad de convertirse en poder autónomo. Las Sociedades Democráticas sobrevivieron como espacios de sociabilidad y de agitación local, sobre todo en las regiones donde el liberalismo radical mantuvo su fuerza —el Socorro, Vélez, Cali, Palmira, el Valle del Cauca, algunas parroquias de la Provincia de Bogotá—, pero perdieron el papel de instrumento nacional que habían tenido entre 1849 y 1854.

La política económica selló el destino del oficio. El comercio de importación creció; la técnica europea siguió mejorando; el transporte fluvial y luego el ferrocarril abarataron aún más los bienes manufacturados que llegaban por el Magdalena. Hacia 1870, en un país donde el 23% de la población activa —unas 320.000 personas— se dedicaba a la artesanía y la fábrica, el 71% eran mujeres que trabajaban en sus hogares, sin división del trabajo ni acumulación de capital. Era una estructura productiva incapaz de competir, sostenida por una economía doméstica que no dejaba excedente. La agitación política de los años 1847-1854 había sido, entre otras cosas, un intento de contener por la vía del Estado una tendencia que ninguna sociedad artesanal podía revertir por medios económicos.

La Constitución de 1853 —el texto que había prometido tanto— fue derogada en 1858 por la ola conservadora del presidente Mariano Ospina Rodríguez. El país entró en un nuevo ciclo constitucional que culminaría, tras la guerra de 1860-1862, en el federalismo de Rionegro y en el llamado Olimpo Radical de las décadas siguientes.

Personajes y núcleos regionales

En la vida cotidiana de las Sociedades pesaron figuras diversas y en tensión. José Ezequiel Rojas, redactor del programa liberal de 1848, fue el hombre de la doctrina: la pluma que fijó por escrito lo que hasta entonces circulaba como convicción difusa entre los reformistas. Manuel Murillo Toro, en cambio, encarnó la conducción política: ministro de Hacienda de López, artífice de la supresión del estanco del tabaco y, más tarde, dos veces presidente, fue el liberal moderado que supo traducir el impulso del medio siglo en política de Estado. Manuel María Madiedo aportó otro registro, el de la especulación conceptual: fue quien discutió con más ambición teórica la cuestión social, en un país donde esa cuestión apenas empezaba a nombrarse. Del lado artesanal, la asimetría de fuentes deja a Ambrosio López como la figura pública del ciclo del golpe —el sastre metido a dirigente, autor luego del panfleto El desengaño, con el que intentaría explicar su propio itinerario—, mientras nombres como Miguel León, Emeterio Heredia y Cruz Ballesteros encarnaron el liderazgo de base en las asambleas semanales, la voz que arengaba a los oficios en la trastienda de la política nacional.

Las diferencias regionales no fueron ornamentales. En Bogotá, la Sociedad Democrática fue esencialmente política, con base artesanal fuerte pero con dirección intelectual liberal. En Cali y Palmira, en el Valle del Cauca, la sociabilidad democrática se enredó con la conflictividad agraria y con las tensiones entre hacendados y peones y libertos, produciendo episodios de violencia rural que teñirían al liberalismo caucano de un radicalismo distinto al bogotano. En el Socorro y Vélez, tierras de tradición artesanal textil, las sociedades sostuvieron con más constancia la agenda proteccionista. En Cartago y Popayán, la memoria de las jerarquías coloniales pesó sobre unas asociaciones que oscilaban entre la modernización y el conflicto interclasista. Cartagena, con su tradición gremial antigua y su condición portuaria, ofrecía todavía otro registro. No hubo un modelo único: hubo una constelación.

Herencia: del mutualismo al radicalismo obrero

Derrotadas como fuerza política nacional, las Sociedades Democráticas dejaron una gramática asociativa que la Regeneración y los años siguientes recogieron, modificaron y transmitieron. Bajo Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro, el relevo tomó forma de sociedad de mutuo auxilio: artesanos en su mayoría, aunque formalmente abiertas a cualquier oficio, sosteniendo cajas de socorro para enfermedad, muerte y desempleo, y organizando celebraciones cívicas y religiosas donde antes se agitaban candidaturas. El poder regenerador las miró siempre de reojo. Cuando la Sociedad de Mutuo Auxilio de Bucaramanga fue disuelta en 1890 bajo sospecha de haberse convertido en club político, y solo se le permitió reconstruirse dos años después con el visto bueno del gobernador y del cura párroco, quedaba dicho todo: la lección de 1854 había sido aprendida por el poder, y la sociabilidad popular urbana debía ir en adelante anclada al clero o quedar bajo tutela.

Los artesanos volvieron a la plaza cuando la coyuntura lo permitió. Participaron en la caída del presidente Rafael Reyes en 1909, señal de que la memoria organizativa había resistido mejor que las instituciones, y de que los oficios de Bogotá conservaban un reflejo movilizador heredado del medio siglo anterior. En los años veinte esa herencia se refractó de otro modo. En Cartagena, Barranquilla, Cereté, San Carlos, Neiva y otras ciudades surgieron sociedades de obreros y artesanos que combinaban en sus estatutos demandas nuevas —emancipación de la mujer, escuelas laicas, ayuda a socios presos— con un vocabulario republicano que seguía llamando "camarada" o "compañero" a los afiliados. Las giras de María Cano como Flor del Trabajo, iniciadas hacia 1925, y los primeros Directorios Nacionales Socialistas cerraron un ciclo que venía de más atrás y hundía sus raíces en las asambleas artesanales del liberalismo del medio siglo. La tradición radical, más viva en Barranquilla, Barrancabermeja y las ciudades del Caribe liberal, penetró también regiones conservadoras y encontró aire nuevo con el retorno liberal al poder de Enrique Olaya Herrera y Alfonso López Pumarejo.

No hay una línea recta entre las Sociedades Democráticas de 1849 y los sindicatos petroleros de 1924; pretenderla sería anacronismo. Pero hay una continuidad de repertorios: la asamblea, la lista de socios, la caja de socorro, la manifestación en plaza pública, el uso del vocablo republicano para nombrar la fraternidad de los oficios, la desconfianza del gobierno hacia toda asociación popular que escapara al control clerical o partidista. Esa gramática, forjada en Bogotá y en las provincias entre 1847 y 1854, se depositó en el subsuelo de la cultura política colombiana y volvió a emerger cada vez que un sector popular urbano intentó organizarse por su cuenta.

Un balance

Fueron instrumento y sujeto a la vez: correa de transmisión del liberalismo y agencia autónoma del artesanado, laboratorio de inclusión popular y factor de desestabilización militar. Su alianza con el liberalismo gólgota-draconiano produjo las reformas más audaces del medio siglo —abolición de la esclavitud, sufragio masculino, libertad de cultos, desamortización eclesiástica— y también su ruptura violenta en 1854.

Leerlas solo como brazo popular del liberalismo simplifica un fenómeno que las desbordaba: los artesanos tenían agenda propia, la ejercieron cuando pudieron y pagaron el precio cuando el proyecto liberal se dividió y una de sus dos mitades —la librecambista— pactó con el conservatismo para desarmar a la otra. Leerlas solo como movimiento obrero temprano proyecta hacia atrás categorías del siglo XX que no encajan con la estructura del taller artesanal ni con la lógica gremial neogranadina.

Fueron algo más específico y más interesante. Por primera vez en la historia de la República, hombres y mujeres de los oficios manuales urbanos se organizaron colectivamente, con nombre propio, para intervenir en la política nacional. Lo hicieron con las herramientas que tenían: el número, la asamblea, la calle, la lealtad de oficio. Ganaron una elección presidencial, forjaron un ciclo reformista y perdieron una guerra civil. Lo que sobrevivió no fueron las instituciones que crearon —efímeras casi todas— sino una manera de hacer política que otros aprenderían a usar. Los mutualistas de la Regeneración, los radicales de provincia y los obreros del Magdalena Medio no fueron sus herederos directos, pero heredaron el molde. Ese es, quizá, el destino más colombiano de las Sociedades Democráticas: haber legado no una tradición triunfante, sino un método de resistencia que otros supieron reciclar cada vez que el país volvió a cerrarles la puerta a los de abajo.