José Ignacio de Márquez

Semblanza de un civilista

Márquez pertenece a esa generación de juristas provincianos que hicieron la República después de la Independencia. No fue un caudillo ni un militar; nunca comandó tropas ni fundó ciudades. Su instrumento fue el código, su tribuna el Congreso, su método la deliberación. Cuando accedió a la presidencia en 1837, encarnaba lo que dentro del bloque ministerial se llamaba con precisión "moderado civilista": partidario del gobierno, pero refractario al sectarismo religioso de los "fanáticos" y a la agitación bolivariana de corte pretoriano. Compartía esa sensibilidad con figuras como José Manuel Restrepo y Luis Pombo, y prefiguraba el estilo político que años después encarnarían, ya dentro del conservatismo consolidado, hombres como Rufino Cuervo: tolerantes en materia religiosa, cautelosos en las reformas, empeñados en transformar la vida nacional sin romper con la tradición.

Ese temperamento explica su ascenso y su caída. Márquez llegó a la Casa de Nariño porque supo esperar, porque Santander respetó el resultado electoral pese a oponérsele, y porque el sistema institucional neogranadino todavía funcionaba lo suficiente para transferir el poder sin sangre. Perdió el control del país porque ese mismo temperamento —conciliador con los ex bolivarianos, apegado a la letra de la ley cuando el Congreso decretó la supresión de los conventos de Pasto— resultó incompatible con las fuerzas de fondo que atravesaban a la Nueva Granada: el regionalismo enconado, la debilidad fiscal del Estado, el peso casi universal de la Iglesia sobre las lealtades populares y la miseria de los grupos trabajadores y esclavos que ninguna élite de Bogotá alcanzaba a ver.

Orígenes boyacenses y formación jurídica

Márquez nació en Ramiriquí, en el altiplano boyacense, en 1793. Su Boyacá natal era ya entonces una región de curas, letrados y tierras de vocación agraria, ligada por el camino real a Tunja y a Santafé; de allí saldría buena parte de la clase política civilista que dio forma al aparato republicano en las primeras décadas. Se formó en el derecho, y esa formación —más que su origen provinciano— definió su lugar en la vida pública: los juristas fueron, en la Nueva Granada temprana, la casta administrativa por excelencia, la que redactaba constituciones, dictaba códigos y ocupaba las secretarías de despacho.

La disolución de la Gran Colombia en 1830, coincidente con la muerte de Simón Bolívar en diciembre de ese año, abrió el escenario en que Márquez haría carrera. Venezuela y Ecuador se separaron; lo que quedó del edificio bolivariano se refundó como República de la Nueva Granada el 17 de noviembre de 1831, y quedó consagrado por la Constitución de 1832. Esta carta suprimió los departamentos de cuño bolivariano y organizó el territorio en provincias con régimen provincial autónomo; instituyó un ejecutivo ceñido y un Congreso robusto; y estableció el deber del gobierno de proteger a los granadinos en el ejercicio de la Religión Católica, Apostólica y Romana, ratificando la prohibición del culto público de otras religiones. Ese confesionalismo, más rígido en la práctica que en la letra, sería el terreno minado en que Márquez, siete años después, hincaría el pie.

Bajo esa constitución, Francisco de Paula Santander fue nombrado presidente. Venía del corazón mismo del proyecto originario: había sido vicepresidente en la etapa gran-colombiana, y su figura condensaba el legalismo civilista contra el que Bolívar había chocado desde 1826. En las elecciones para su presidencia, provincias enteras votaron por él en bloque: Riohacha lo eligió por unanimidad con sus once electores, Santa Marta lo respaldó de modo casi unánime en cuatro de cinco asambleas cantonales, y en Popayán —tierra de los Mosquera— siete de las once asambleas cantonales votaron por él sin fisuras. Márquez, jurista de confianza, hizo carrera en el aparato santanderista, y en algún momento del cuatrienio ocupó la Secretaría de Hacienda, cargo desde el cual defendió una doctrina de sobriedad fiscal: equilibrar ingresos y egresos, reducir los gastos públicos a lo estrictamente indispensable, disciplinar el gasto. Esa doctrina —opuesta a las tesis más expansivas de un José María del Castillo y Rada— revela ya al Márquez futuro: un hombre para quien la administración es cuenta y forma, no aventura ni proyecto.

La pugna con el bolivarianismo y el bloque ministerial

Para entender por qué Márquez fue presidente hay que entender el conflicto que estructuraba la política neogranadina desde antes de la refundación. La pugna entre santanderistas y bolivarianos había estallado en 1826, cuando Bolívar promovió un proyecto constitucional inspirado en la Carta boliviana: presidencialismo vitalicio, poderes casi monárquicos, un ejecutivo que se acercaba peligrosamente al modelo autoritario. Los santanderistas, apegados a la Constitución de Cúcuta de 1821, vieron en ese proyecto la negación misma del republicanismo liberal. La Convención de Ocaña de 1828, convocada para saldar la disputa, terminó en fracaso: los bolivarianos se retiraron, los santanderistas se declararon sujetos a la Constitución de 1821, y el país quedó partido en dos bloques cuyas resonancias sobrevivieron a la muerte de Bolívar y a la disolución del proyecto gran-colombiano.

En el paisaje de la Nueva Granada de los años treinta, ese cisma se reprodujo bajo formas nuevas. Del lado del gobierno se agruparon los llamados "ministeriales": partidarios del ejecutivo, favorables al orden, generalmente civilistas. Dentro de ellos coexistían dos subgrupos: los "moderados civilistas" —el círculo de Márquez, con Restrepo y Pombo— y los "fanáticos", que agitaban el problema religioso y que fundarían en 1838 la Sociedad Católica. Del lado opositor estaban los liberales, herederos del santanderismo civilista de Vicente Azuero y del propio Santander, que actuaban ya como grupo político coherente en las elecciones, aunque a nivel local y regional —particularmente en la costa— las facciones respondían más a lealtades personales y económicas que a fidelidades partidistas formales. En Mompox, en 1840, el enfrentamiento entre un ministerial como Ribón y un oposicionista liberal como Martínez Troncoso se explicaba menos por doctrina que por gamonalismo.

Márquez había sido colaborador de Santander, pero su distanciamiento fue previo o simultáneo a la elección de 1836-1837. La razón del quiebre no fue ideológica en sentido estricto: Márquez conservaba las convicciones civilistas del santanderismo, pero se mostraba dispuesto a tender puentes hacia la facción bolivariana. Santander, en cambio, veía en esa apertura una traición al núcleo del proyecto liberal. La distancia se materializó cuando, en la elección presidencial de 1836-1837, Santander respaldó a un candidato distinto —presumiblemente José María Obando— y Márquez le derrotó. El detalle importa: Santander, al final de su mandato, aceptó el resultado y transfirió la presidencia al hombre a quien políticamente se oponía. Ese gesto fue leído entonces —y sigue leyéndose ahora— como la prueba más nítida del legalismo santanderista: el Hombre de las Leyes cumplió con la ley aun cuando la ley le entregaba el poder a un adversario.

Márquez asumió en 1837 y, con él, la moderación civilista pasó del papel al gobierno.

La presidencia (1837-1841): gobierno, coalición y censo

En el poder, Márquez actuó como su temperamento lo predecía. Se apoyó en los ministeriales y procedió a compartir el ejecutivo con la facción bolivariana, un gesto de reconciliación que interpretaba como cierre del cisma de Ocaña y que Santander leyó como capitulación. La oposición del ex presidente y de los liberales más intransigentes se hizo, desde el primer día, abierta. Pero el gobierno tenía margen: contaba con el Congreso, con la Iglesia, con los notables provinciales, y sobre todo con la legitimidad institucional que le había dado la transferencia pacífica del poder.

Durante el cuatrienio se levantó un censo nacional que arrojó 1.816.518 habitantes en el territorio neogranadino. La cifra ilustra la escala del país que Márquez gobernaba: menos de dos millones de personas, dispersas en una geografía montañosa, con una fuerte lealtad a las provincias o regiones donde desarrollaban sus actividades. La identidad nacional era una aspiración de las élites bogotanas, no una realidad social. En Pasto se era pastuso antes que granadino; en Cartagena, cartagenero; en Popayán, payanés y —muchas veces— mosquerista, en referencia a la familia local que dio a la Nueva Granada varios de sus políticos y militares más notables.

Ese regionalismo estructural se combinaba con dos debilidades del Estado. Primera, la debilidad fiscal, sobre la que el propio Márquez había teorizado como secretario de Hacienda: los ingresos apenas alcanzaban para lo indispensable, y el gasto militar era imposible de sostener sin recursos extraordinarios. Segunda, la debilidad institucional frente a la Iglesia: mientras la autoridad eclesiástica era casi universalmente aceptada por el pueblo, los nuevos gobernantes republicanos eran percibidos como distantes, ajenos, provisionales. En cualquier choque con el clero, el Estado neogranadino jugaba con desventaja.

Estas condiciones —regionalismo, debilidad fiscal, primacía eclesiástica— formaron el terreno sobre el cual Márquez tomó, en mayo de 1839, la decisión que le costaría el país.

La ley de conventos y el estallido en Pasto

En mayo de 1839 el Congreso aprobó la extinción o cierre de cuatro conventos menores ubicados en Pasto, cada uno de los cuales contaba con menos de ocho sacerdotes. La medida no era, en su origen, un gesto anticlerical. Se apoyaba en normas heredadas del período gran-colombiano que preveían la supresión de conventos con dotación insuficiente, y —dato crucial— había sido solicitada en parte por la propia jerarquía eclesiástica, que veía con desagrado la subsistencia de comunidades exangües, mal disciplinadas y económicamente inviables. Desde el gabinete y el Congreso, la ley parecía una operación técnica: liquidar establecimientos que ya no cumplían función pastoral, redirigir sus rentas, poner orden.

Pero desde Pasto la ley se vio distinta. Pasto era, y sería durante décadas, uno de los reductos católicos más devotos y regionalistas del país. La ciudad había resistido con las armas durante la Independencia, había apoyado la causa realista hasta el final, y había mantenido después una relación tensa con el gobierno central. Un cura local estimuló la reacción popular, y la ejecución de la ley se convirtió de inmediato en el detonante de un levantamiento. Los pastusos reaccionaron de modo exactamente contrario a los propósitos pacifistas del gobierno.

El conflicto recibió dos nombres, y ambos son reveladores. Se llamó "guerra de los conventos" por su origen religioso, y "guerra de los Supremos" porque los caudillos regionales que se alzaron —primero en Pasto, luego en otras provincias— se dieron a sí mismos el título de "supremos", nombre que evocaba a la vez la soberanía provincial y la afirmación caudillista. Los dos apodos capturan la doble naturaleza del conflicto: por debajo era una guerra de curas y sacristías, por encima era una guerra de caciques regionales contra el gobierno central.

La Guerra de los Supremos: alcance, actores y reclamos

Lo que empezó en Pasto no se quedó en Pasto. Entre 1839 y 1841 —y con prolongaciones que se extendieron incluso más allá— el levantamiento se irradió a diversas regiones. El momento decisivo llegó el 26 de enero de 1840, cuando el general José María Obando se lanzó a la rebelión en compañía de Gregorio Sarria y cercó Popayán. Obando, que había sido candidato presidencial en 1836-1837 con el respaldo de Santander, arrastraba además un episodio judicial delicado: la prisión del jefe guerrillero José Erazo había reactivado el caso del asesinato del mariscal Antonio José de Sucre, en el que Obando figuraba implicado. Aportó al alzamiento su condición de militar de prestigio y su implantación en el suroccidente, y la conexión entre la reactivación del caso Sucre y su decisión de sublevarse quedó insinuada como coadyuvante, no como causa única.

Contra los "supremos" combatieron por el gobierno los generales Pedro Alcántara Herrán y Tomás Cipriano de Mosquera, dos figuras que después serían presidentes de la república y que en ese momento representaban el ala militar del bloque ministerial. Sus campañas fueron largas, costosas y dispersas: la guerra no tenía un frente, sino muchos, y la Nueva Granada carecía del aparato logístico para librarla con rapidez. Santander, contra lo que hubiera podido esperarse dada su rivalidad con Márquez, se opuso a la revuelta de 1839: su legalismo fue, hasta el final, más fuerte que su rencor. José Hilario López, otro nombre mayor del liberalismo, optó por una posición intermedia, abstenerse de modo visible e intentar mediar. Pero la mayoría de los seguidores personales de Santander, junto con los liberales más intransigentes, sí apoyaron el levantamiento, y ese apoyo —a espaldas del ex presidente— reveló cuánto se había desbordado ya la política de las élites.

Los reclamos de los "supremos" eran variados y difusos. Reflejaban, más que un programa, el estado profundo del país: ausencia de un sentimiento genuino de nacionalidad, afán descentralizador de cuño federal, reivindicaciones contra las condiciones de miseria de los grupos trabajadores, incluidos los esclavos. La guerra fue, en ese sentido, algo más que una disputa por conventos o que una revancha caudillista: fue el primer estallido en el que la Nueva Granada mostró, en simultáneo, su fragilidad como nación, su vocación regional y las tensiones sociales que la aparente calma constitucional había mantenido bajo la superficie.

La coalición con los bolivarianos y el nacimiento del bipartidismo

La guerra tuvo una consecuencia política que Márquez no buscó pero que su gobierno consumó: la reagrupación definitiva de los bloques que darían origen a los partidos Conservador y Liberal. Frente a la amenaza militar de los "supremos", Márquez y los liberales moderados estrecharon su alianza con los antiguos bolivarianos. La colaboración —que en tiempos de paz había sido, para los ojos de Santander, una concesión intolerable— se volvió en la guerra una necesidad práctica: los militares con experiencia estaban en su mayoría del lado bolivariano, y sin ellos el gobierno no podía sofocar el levantamiento.

Esa alianza, sellada al calor del conflicto, dio forma al futuro conservatismo: civilistas moderados de raíz santanderista fundiéndose con antiguos bolivarianos, unidos por el orden, la religión y el ejecutivo fuerte. Al otro lado quedaron los liberales intransigentes, herederos del núcleo duro del santanderismo, agrupados alrededor de figuras como Obando —aun con las manchas judiciales que le seguían— y de una generación más joven que empezaba a formularse en términos ya explícitamente doctrinarios. La guerra de los Supremos fue el punto de inflexión: prefiguró las coaliciones que darían origen a los dos partidos, aunque la consolidación formal ocurriría en la década siguiente, con los programas de 1848-1849.

Una fuente conservadora tardía, el periódico La Civilización de 1849, atribuyó los actos violentos del partido opositor al general Obando, y los del partido gobernante a Santander y sus compañeros, en una narrativa que cargaba negativamente el legado del bando liberal. El detalle es útil no como verdad histórica sino como síntoma: en 1849 ya había un "partido gobernante" y un "partido opositor" con memorias enfrentadas, y la Guerra de los Supremos aparecía como el episodio fundacional de esa enemistad.

Estado, Iglesia y confesionalismo constitucional

Detrás de la Guerra de los Supremos había una tensión más honda que ninguna decisión presidencial habría podido evitar: la del Estado neogranadino atrapado en un confesionalismo constitucional que hacía de cualquier reforma eclesiástica un asunto explosivo. La Constitución de 1832 había consagrado el deber del gobierno de proteger la religión católica, apostólica y romana; la Constitución de 1843, promulgada bajo la presidencia de Herrán tras la guerra, reforzaría todavía más el vínculo con un artículo específico sobre la protección del culto católico y otro que declaraba a esa religión la religión de la República. Durante toda la primera mitad del siglo XIX, la Nueva Granada fue jurídicamente un Estado confesional e intolerante hacia cualquier culto distinto al católico.

Y sin embargo, dentro de las élites republicanas coexistían dos actitudes hacia la Iglesia. Un sector percibía su poderío —económico, político, cultural— como un peligro, y emprendió acciones para controlarlo, limitarlo y reducirlo, especialmente en sus dimensiones materiales. Otro sector, muchas veces mayoritario en el Congreso, defendía el vínculo Estado-Iglesia como cimiento del orden social. Y dentro del clero mismo la reacción no era uniforme: hubo miembros del clero que apoyaron activamente las medidas reformistas y actuaron en las filas de los reformadores, del mismo modo que las reformas borbónicas del siglo anterior habían encontrado clérigos afines pese a haber desconocido, en general, la función social de la Iglesia en América.

Ese abanico interno explica la aparente contradicción de mayo de 1839: la ley que suprimía los conventos de Pasto no era una imposición estatal contra la Iglesia; había sido pedida, en parte, por la propia jerarquía. Pero en Pasto, la lectura popular fue distinta, y esa lectura popular pesó más que cualquier documento eclesiástico. El pueblo obedecía al cura del pueblo, no al obispo lejano; y el cura del pueblo agitó en contra. La debilidad del Estado quedó al descubierto: podía aprobar leyes, pero no podía imponer su interpretación autorizada en las plazas donde otras autoridades, más cercanas y más queridas, decían lo contrario.

Años después, un documento conocido como la Exposición Católica condensaría la conciencia política del catolicismo militante: sus suscriptores se comprometían a sostener el culto con sus propias fortunas, a trabajar por la revocación de las leyes antieclesiásticas y a no apoyar partidos políticos hostiles a los intereses religiosos. La Guerra de los Supremos, con su origen conventual, quedó como el primer aviso de que la política neogranadina sería, durante décadas, también una política de altares.

La red: nombres y lugares

Alrededor de Márquez se movía una red que conviene fijar. En el bloque ministerial, junto a él, estaban José Manuel Restrepo —historiador oficial de la revolución de la Independencia— y Luis Pombo, ambos representantes del civilismo moderado. En el ala militar del gobierno, los generales Pedro Alcántara Herrán y Tomás Cipriano de Mosquera, que sostuvieron la guerra y heredaron la presidencia. En la generación que empezaba a formarse alrededor del gobierno figuraban Mariano Ospina Rodríguez y, más tarde, Rufino Cuervo, cuya trayectoria como secretario de Hacienda en 1843 —proponiendo reducir el número de empleados públicos y superar la afición a la burocracia oficial— continuaría la línea de sobriedad administrativa que Márquez había defendido una década antes.

En el bloque opositor, Vicente Azuero encarnaba el liberalismo civilista de raíz santanderista, y José Antonio Vargas, Juan de Dios Aranzazu y Lorenzo María Lleras aparecían en distintos momentos como piezas del engranaje. Santander, sobre todos ellos, ejercía una influencia moral incluso desde fuera del gobierno, y su rechazo a apoyar la revuelta de 1839 —pese a oponerse a Márquez— fijó un límite ético que buena parte de sus seguidores no respetaron.

Geográficamente, Márquez gobernó una república cuyos puntos calientes ya estaban marcados: Bogotá como capital administrativa y Congreso; Boyacá y Tunja como reserva del civilismo jurídico; Pasto como bastión religioso y reducto de resistencia; Popayán como campo de batalla de los Mosquera y de la sublevación de Obando; Cartagena como puerto atlántico con dinámicas propias; y el naciente eje que se llamaría Santander —el nombre mismo diría, décadas después, cuánto pesaba la memoria del Hombre de las Leyes— como frontera y como escuela política.

La huella

Márquez dejó la presidencia en 1841, con la guerra todavía en curso. Su sucesor, el general Pedro Alcántara Herrán, terminaría de sofocar el levantamiento y consolidaría, con la Constitución de 1843, el rumbo autoritario y confesional que la coalición de gobierno había asumido durante el conflicto. Márquez sobrevivió muchos años a su presidencia; murió en 1880, casi cuarenta años después de haber dejado el poder, tras haber visto pasar las reformas de mediados de siglo, la abolición de la esclavitud, la ola federalista, la constitución de Rionegro y buena parte del itinerario que llevaría a la Regeneración. Vio, en otras palabras, cómo el bipartidismo que su gobierno había prefigurado se consolidaba, se enconaba y se convertía en la matriz de todas las guerras civiles del siglo.

Su huella se puede leer en tres registros. El institucional: fue la prueba de que la Nueva Granada era capaz de transferir el poder por vía electoral entre adversarios, cosa que ni la Gran Colombia ni buena parte de las repúblicas hispanoamericanas contemporáneas habían logrado. La transmisión de Santander a Márquez en 1837 quedó como un episodio fundacional del legalismo republicano colombiano, incluso si el gobierno que empezó allí terminó en guerra.

El político: Márquez fue el gozne por el cual el santanderismo civilista se dividió. Su apertura hacia los bolivarianos —que Santander leyó como traición— produjo la ruptura efectiva de la coalición originaria; y su ejecución legalista de la ley de conventos le dio ocasión al bando contrario para levantarse en armas. Ambos movimientos actuaron sobre el mismo campo político y produjeron, en conjunto, la polarización que daría origen a los partidos Liberal y Conservador. La paradoja de Márquez es que no era un polarizador de temperamento: era, precisamente, un moderado, y la polarización llegó por vías que su moderación no supo controlar.

El doctrinario: encarnó un tipo político que sobreviviría en el conservatismo posterior. Cuando Rufino Cuervo, en 1849, aparezca como candidato presidencial conservador representando el "espíritu de transacción con el liberalismo", tolerante en materia religiosa, cauteloso en las reformas, empeñado en transformar sin ruptura, estará prolongando la línea que Márquez había trazado. Ese conservatismo civilista y transaccional coexistió siempre con un conservatismo más militante y clerical, y las tensiones internas entre ambos —así como los intentos minoritarios de incorporar el proteccionismo económico al programa, que quedaron sin efecto tras la ratificación del librecambismo posterior a 1854— continúan la genealogía de la que Márquez fue punto de partida.

Sobre su vida se escribió, en 1917, una biografía extensa: la Vida del doctor José Ignacio de Márquez, de Carlos Cuervo Márquez, publicada como volúmenes 17 y 18 de la Biblioteca de Historia Nacional en Bogotá. Es la fuente a la que la historiografía posterior ha vuelto para reconstruir el itinerario del boyacense; su tono, cercano y familiar por vínculo apellidal, ilustra hasta qué punto Márquez pasó a la memoria del conservatismo colombiano como un patriarca fundacional, un hombre a quien se le recordaba menos por la guerra que estalló bajo su mandato que por el estilo civilista que legó.

La ficha se cierra donde debería cerrarse toda semblanza de este hombre: en la tensión no resuelta entre lo que quiso hacer y lo que efectivamente pasó. Márquez quiso ser el presidente de la reconciliación, del gobierno de coalición, de la ley aplicada sin estridencias. Terminó siendo el presidente bajo el cual la Nueva Granada se partió en dos, y por décadas seguiría partida. Esa es la razón por la que su nombre no puede faltar en el tramo 1832-1841: sin él, el arranque de la república queda vacío; con él, se entiende cómo el legalismo civilista, aplicado con buena fe sobre un país que carecía de las condiciones para sostenerlo, terminó pariendo la política de bandos que definiría al siglo entero.