Caudillismo

El caudillismo nombra, en la historia de Colombia, tanto una figura como un régimen: el jefe armado —militar, hacendado o letrado— que en el vacío dejado por la Corona española llenó con su persona el hueco de la autoridad, y el sistema de dominación personalista que se articuló en torno suyo durante el largo siglo XIX. Es una categoría prestada del análisis hispanoamericano, útil para pensar Colombia pero incómoda en ella: aquí el caudillo nunca alcanzó la exuberancia dictatorial del Rosas argentino, el Páez venezolano o el Santa Anna mexicano. Colombia registró oficialmente ocho grandes guerras civiles y veintitrés contiendas regionales entre 1830 y el fin del siglo —hasta setenta, según cuentas independientes—, pero evitó las dictaduras militares prolongadas típicas de sus vecinos y mantuvo, incluso en medio del fuego, las apariencias constitucionales. Esa paradoja —permanente guerra sin dictador permanente— es el enigma que el concepto ilumina y a la vez complica. El caudillismo colombiano no fue menos real que el hispanoamericano: fue de otra forma. Se disolvió temprano en la trama de los dos partidos históricos, en la red hacendil del gamonal, en la lealtad regional que precedía a la nación, y por esas mismas vías sobrevivió, mutado, hasta el clientelismo armado y los liderazgos carismáticos del presente.

El concepto y sus tensiones

Como categoría historiográfica, el caudillismo se acuñó para explicar el orden político que emergió en Hispanoamérica tras la ruptura con España. Retirada la Corona, quedaron territorios vastos, ejércitos formados en la guerra de Independencia, élites regionales sin árbitro común y una idea de nación que en la práctica se disolvía en provincias. En ese hueco, el caudillo se impuso como principio de autoridad personal: hombre de armas que reunía tropa propia, mando político y prestigio simbólico, y que hacía las veces del Estado allí donde el Estado no llegaba. Los caudillos que surgieron en Colombia en el siglo XIX pertenecían a tres tipos —militares, hacendados o letrados—, y a menudo combinaban los tres registros en la misma trayectoria.

Sociólogos e historiadores han buscado un principio explicativo. El más citado es el del carisma: esa cualidad extraordinaria de la personalidad por cuya virtud se considera a un hombre en posesión de fuerzas sobrenaturales o extracotidianas, categoría en la que los propios teóricos incluyeron explícitamente a los caudillos militares. La dominación carismática se distingue por igual de la tradicional y de la racional-legal, y explica por qué un hombre puede mover masas fuera de toda legitimidad heredada o institucional. Pero el mismo argumento contiene su propio límite: hay que explicar, a su vez, por qué en determinadas coyunturas aparecen líderes carismáticos y por qué las sociedades los siguen. Invocar el carisma para explicar el caudillismo es abrir una segunda pregunta, no cerrar la primera.

El otro linaje interpretativo ha insistido en las condiciones estructurales: guerra prolongada, desmovilización desordenada, economías arrasadas, ideales republicanos importados que chocaban con sociedades jerárquicas donde el marco institucional tocaba directamente la vida de una minoría muy pequeña. El demoliberalismo —una democracia republicana pensada para ciudadanos que aún no existían— generó una tensión permanente entre el ideal escrito en las constituciones y la realidad de sociedades de hacienda, servidumbre y esclavitud. Y hay un dato que desmonta la imagen romántica del caudillo como líder puramente plebeyo: en el Río de la Plata, los caudillos provenían con frecuencia de una extracción social selecta. El punto importa para Colombia, porque aquí también los caudillos vinieron sobre todo de las élites hacendadas y letradas.

Hay una tercera cuestión, más doméstica: quién cuenta y quién no. La historiografía colombiana ha discutido con particular intensidad si figuras como Juan José Nieto merecen o no la etiqueta. Para unos, fue un auténtico caudillo popular del Caribe; para otros, un hombre profundamente republicano y urbano que no cabe en la categoría. La disputa no es de rótulos: revela que el caudillo colombiano fue una figura de bordes borrosos, más cercana a veces al político civil, al hacendado clientelar o al jefe de partido, y que la aplicación del concepto tiene siempre algo de decisión interpretativa.

Del vacío colonial a los caudillos regionales

El caudillismo colombiano se incuba en las décadas en que la Gran Colombia se desarma. La secesión de Venezuela y Ecuador en 1830 y la muerte de Bolívar ese mismo año rompieron el vínculo común de la liberación; en Nueva Granada emergieron caudillos regionales dispuestos a oponerse a cualquier concentración del poder. El primer golpe de Estado —el del 4 de septiembre de 1830— abrió una centuria sin paz sostenida.

Los obstáculos estructurales eran severos: pobreza aguda, estancamiento económico, débil articulación política, una nación como entidad abstracta que significaba menos para los habitantes que las provincias donde vivían. Sobre todo esto, el federalismo desmontó gradualmente el poderoso ejército libertador y dejó el orden público en manos de tropas locales: en las regiones, caudillos, terratenientes y curas armaron sus propios contingentes bajo el mando de "generales" cuyo grado se obtenía por padrinazgo político, incidencia familiar o relación con el potentado regional. El reclutamiento era con frecuencia forzado, y recaía sobre campesinos, indígenas y negros que iban a librar guerras que no eran las suyas.

Los Llanos Orientales son el laboratorio más nítido de esa gestación. Nueve años de guerra de independencia —de 1810 a 1821— destruyeron misiones, diezmaron el ganado y arruinaron la economía llanera. Cuando en 1824 se licenciaron las tropas, los hombres se encontraron sin hogar ni ocupación, y se dedicaron al abigeato en tal escala que la respuesta terrateniente fue tan violenta que llegó a percibirse como amenaza seria de "guerra de castas". Veteranos descontentos, tierras sin dueño claro, un Estado central lejano: la fórmula misma del caudillismo.

En el altiplano cundiboyacense la lógica fue otra pero convergente. Las haciendas familiares y patrimoniales consolidadas desde el siglo XVII se convirtieron en el eje de la organización social, económica y política del XIX, y de ellas surgió el grueso de los caudillos colombianos. No por azar esa zona fue también el escenario de la mayor parte de las guerras civiles: donde estaban las haciendas grandes, estaban los ejércitos privados que podían movilizarse en pocos días. En el Cauca, las redes familiares de Mosqueras, Valencias y Arboledas encarnaban con claridad la sociedad señorial: bloqueaban cualquier cambio que pudiera beneficiar a los sectores populares y disponían, entre parientes, de recursos, esclavos, clientelas y milicias suficientes para hacer y deshacer gobiernos. En Santander —Socorro y Pamplona— la estructura era distinta: pequeños comerciantes, artesanos y agricultores, vida urbana intensa, menos concentración de la tierra; una región donde el caudillismo tuvo menos aire para crecer y donde germinaría, en cambio, otra forma de política.

Caudillos concretos: Mosquera, Nieto, Arboleda, Caicedo

El siglo dio nombres. Tomás Cipriano de Mosquera, general payanés de familia señorial, fue la principal fuerza política y militar del Cauca a mediados del siglo XIX y probablemente el más cercano a la figura clásica del caudillo hispanoamericano que produjo Colombia. Ante la incapacidad del presidente Mariano Ospina Rodríguez para controlar la nación desde Bogotá, se rebeló e inició la guerra civil de 1860-1862, que ganó tras dos años de combate. La contienda terminó con Mosquera y los liberales radicales en el poder, y con una nueva Constitución —la de Rionegro, 1863— federalista y anticlerical, que prohibía la reelección presidencial tras un período de dos años. Es revelador que la victoria del caudillo más fuerte del siglo se tradujera en una carta que fragmentaba el poder central y limitaba, precisamente, la reelección: incluso en su hora más alta, el caudillo colombiano legislaba contra el caudillismo.

Del otro lado, Julio Arboleda, poeta, esclavista, letrado del Cauca, encabezó la rebelión conservadora del 1 de julio de 1851 junto con Eusebio Borrero en Antioquia y Pastor Ospina Rodríguez en Cundinamarca, con apoyo del gobierno ecuatoriano; fue derrotada en pocos meses. El linaje Arboleda ilustra la naturaleza doble del caudillo colombiano: hombre de letras y hombre de armas, defensor de un orden esclavista bajo el manto del honor y la civilización cristiana.

En el Caribe, Juan José Nieto ejerció durante la guerra de 1860-1862 un control militar que se extendió desde el Magdalena hasta las fronteras de Antioquia, derrotando sucesivamente a Julio Arboleda, Joaquín Posada Gutiérrez y Emigdio Briceño. Para unos, fue el gran caudillo popular del Caribe; para otros, un político republicano urbano cuyo mando militar no basta para inscribirlo en la categoría. Nieto muestra que en la Costa Caribe —siempre mal atada al centro andino— el liderazgo político asumió formas híbridas, entre el letrado, el militar y el gestor regional, que el molde clásico del caudillo no captura del todo.

Domingo Caicedo ofrece el contrapunto: heredero de fortuna y prestigio —su padre Luis fundó el municipio de San Luis en 1780 dentro de los límites de la hacienda Contreras y dotó a la cabecera de iglesia y edificios públicos—, fue más líder civil que militar, y no encajaba en el prototipo. Su poder descansaba en el clientelismo recíproco de la hacienda Saldaña: la lealtad entre patrón y clientes le daba una capacidad de convocatoria que no necesitaba ejército propio. Caicedo señala una veta central: junto al caudillo armado existió siempre en Colombia un caudillo civil, hacendado o letrado, cuya autoridad se ejercía por vía clientelar. Próspero Pinzón y José María del Castillo y Rada aparecen como figuras de ese linaje civilista, minoritario pero persistente.

Detrás de todos ellos está la sombra de Bolívar y Santander. El Libertador había recibido de Haití, en 1816, seis mil fusiles, municiones, suministros, transporte naval y dinero a cambio de la promesa de proclamar la abolición de la esclavitud en el territorio venezolano que liberara. La transacción es reveladora: la propia gesta emancipadora se apoyó en las lógicas del pacto personal, la deuda contraída de hombre a hombre y el compromiso privado que después alimentarían el caudillismo. Cuando en la década de 1820 se rompió el vínculo entre Bolívar y Santander, y cuando en 1830 el septembrino radicalizó la fractura, quedaron dibujadas dos figuras arquetípicas del ejercicio del poder que Colombia habría de disputarse durante un siglo: el militar carismático que manda por su prestigio personal y el civilista legalista que manda por el imperio de la ley. Toda la trayectoria caudillista posterior se juega entre esos dos modos, y ninguno de los dos existe sin el otro: el civilista necesita al caudillo para vencer las guerras que constituyen su orden, y el caudillo necesita al civilista para darle forma constitucional a sus victorias.

Guerras civiles y domesticación partidista

La segunda mitad del siglo XIX es una sucesión de guerras que, vistas desde fuera, sugieren un país entregado al caudillismo, pero que vistas de cerca revelan lo contrario: los caudillos combaten dentro de partidos, no al margen de ellos. Ya no son señores de la guerra que aspiren a fundar una dinastía personal; son jefes faccionales que disputan el control de un Estado que reconocen legítimo.

La Constitución de Rionegro de 1863 llevó ese principio al extremo. Dividió el país en nueve estados soberanos, redujo el poder del Ejecutivo central, otorgó amplias libertades individuales y permitió a cada región adoptar sus propios códigos. Fue el intento más consecuente de neutralizar el caudillismo por vía institucional: si ningún gobierno central podía intervenir en los estados soberanos, ningún caudillo podría, tampoco, capturar el país entero. El precio fue la fragmentación: la incapacidad del gobierno central para intervenir en la política de los estados, y las rivalidades entre estos —que llegaron a implantar aduanas internas—, resquebrajaron la unidad política y el mercado interior.

En 1876 los conservadores se alzaron contra el gobierno liberal de Aquileo Parra para frenar su proyecto de educación laica. La rebelión fue derrotada gracias a una breve unión de las dos facciones del liberalismo, pero anticipó las tensiones que se agudizarían en los años siguientes. Rafael Núñez, cartagenero, ex radical convertido a un liberalismo autoritario, entendió que el ciclo federal se había agotado. Aliado con el Partido Conservador y con Miguel Antonio Caro, impulsó desde las elecciones de 1880 la Regeneración: un programa de retorno a la autoridad y fortalecimiento del gobierno central como reacción al debilitamiento del Estado y la Iglesia que había traído el ciclo liberal. La guerra civil de 1885 cerró el ciclo radical; la Constitución de 1886 lo enterró.

La Regeneración, que se extendió entre 1878 y 1900, constituyó la primera versión del conservatismo colombiano y fue, por su duración, atípica en América Latina. Al igual que el período liberal precedente, mantuvo como principio el vínculo con el mercado mundial en modalidad agroexportadora. Sus caudillos ya no eran los de mediados de siglo: Núñez gobernaba desde el gabinete y la prensa, no desde el campo de batalla. La domesticación del caudillo dentro del partido y del cargo estaba, para entonces, avanzada.

Pero la lógica caudillista seguía latente. La Guerra de los Mil Días (1899-1902), última gran contienda del siglo, opuso a los liberales de Rafael Uribe Uribe y Benjamín Herrera contra un gobierno conservador que ganó a un costo humano y económico devastador. Uribe Uribe, abogado antioqueño, y Herrera, general cartagenero, encarnan el momento de transición: jefes faccionales dentro de una organización partidista, actúan bajo un mando político colectivo y, sin embargo, su prestigio personal, su capacidad de convocar tropa y su carisma los acercan aún a la figura del caudillo. Después de ellos, y del general Rafael Reyes —que gobernó entre 1904 y 1909 en un experimento de autoridad modernizadora—, la figura pierde nitidez. Colombia entra al siglo XX sin caudillos clásicos, pero con la infraestructura clientelar intacta.

La base hacendil: gamonales y clientelismo

Debajo del ruido de las guerras y las constituciones, la política colombiana funcionaba por una vía más silenciosa y persistente: la red hacendil. El término gamonal —equivalente al cacique de otros países hispanoamericanos— designa al jefe político local o regional que articulaba sus intereses con los de letrados, comerciantes y burócratas pueblerinos, y que operaba como el eslabón real entre las comunidades y el Estado central. Los gamonales conformaban poderes locales sustentados en redes de base hacendil, vinculadas al acceso y explotación de la tierra y el agua, y el Estado central se vio obligado a negociar con ellos porque no podía gobernar por encima de ellos.

Este es, tal vez, el rasgo estructural más decisivo. En el suroccidente colombiano, durante las primeras décadas del siglo XIX, las redes de poder locales ya utilizaban los mecanismos electorales para colocar a sus aliados en el Congreso y defender intereses socioeconómicos concretos —el control de la esclavitud, sobre todo— encubiertos bajo discursos patrióticos. La política liberal-conservadora del siglo XIX se montó, en gran medida, sobre esa infraestructura previa. Los partidos no crearon las clientelas: las heredaron y las administraron.

Así se entiende la aparente paradoja colombiana. El país tuvo guerras civiles constantes pero no dictaduras personales prolongadas porque el poder efectivo no estaba en la presidencia sino en centenares de gamonales cuyas redes hacendiles ningún caudillo nacional podía sustituir. Un Mosquera podía ganar una guerra y escribir una constitución, pero no podía —ni le convenía— desmontar las mediaciones locales que sostenían al Estado en el territorio. La fragmentación territorial, que hacía imposible el caudillo nacional, era la misma que hacía indispensables a los gamonales locales. Colombia no domesticó al caudillo desde arriba: nunca dio las condiciones para que se elevara demasiado, y en cambio multiplicó a sus versiones menores hasta hacerlas indistinguibles del tejido social.

Esa lógica clientelar mostró una capacidad de mutación asombrosa. Los analistas contemporáneos han identificado al menos tres fases en el siglo XX-XXI: un clientelismo moderno entre 1970 y 1988, un clientelismo armado entre 1988 y 2006, y una parapolítica desde 2006 como resultado directo del clientelismo armado precedente. En 2014, el mayor número de candidatos con nexos ilegales se concentraba en las áreas donde habían operado estructuras paramilitares y donde se consolidaron después las bandas criminales tras la desmovilización. La dirigencia nacional gobierna mediante redes de intercambios clientelistas cuya materia de cambio es el acceso a rentas de la corrupción, incluyendo la cooptación del sistema judicial desde pequeñas ciudades hasta las altas cortes. El gamonal decimonónico y el intermediario político contemporáneo pertenecen a la misma familia funcional.

El caudillismo civilista del siglo XX: Gaitán y Rojas

El siglo XX heredó la figura del caudillo transformada. El caudillo, originalmente militar, se hizo civil pero conservó los mismos hábitos e influencia: jefe del partido triunfante, Supremo Magistrado y árbitro ideológico. La política de masas, la prensa moderna y la radio abrieron nuevas formas de carisma. Jorge Eliécer Gaitán, abogado bogotano de origen humilde, encarnó como nadie ese tránsito.

Gaitán había estructurado su pensamiento desde muy temprano —su tesis Las ideas socialistas en Colombia es de 1924—, y quienes lo leen con atención insisten en la profundidad ideológica que la imagen reducida del caudillo popular tiende a omitir. Articuló posiciones que combinaban un ideario socialista en lo económico, un liberalismo en lo político y una apelación a la movilización colectiva como táctica. Su liderazgo sobre sectores campesinos, obreros y de pequeños propietarios quedó registrado en múltiples testimonios: no fue un demagogo sin doctrina, fue un político con doctrina que supo dirigirse al pueblo. La respuesta del sistema fue una persecución sistemática contra su movimiento —robos de cédulas, constreñimiento electoral, encarcelamiento sin causa, apaleamientos en municipios del centro del país— y, finalmente, el asesinato del 9 de abril de 1948.

El estallido que siguió mostró la escala del liderazgo caudillista de Gaitán. No fue solo el Bogotazo: hubo levantamientos en Barranquilla, Cartagena, Sincelejo y muchas otras ciudades, con una magnitud tal que algunos han propuesto llamarlo colombianazo. En la memoria de las víctimas y comunidades, el asesinato de Gaitán quedó como una de las grandes frustraciones políticas del siglo XX, el intento —logrado— de impedir que llegaran al poder quienes encarnaban intereses populares. Gaitán fue el caudillo civilista por excelencia: sin ejército propio, sin hacienda, sin región de origen que le fuese feudo, construyó su autoridad sobre la palabra, la organización y el vínculo directo con las multitudes urbanas. Que muriera antes de gobernar dejó abierta para siempre la pregunta sobre qué tipo de líder habría sido en el poder.

Gustavo Rojas Pinilla ofreció una respuesta parcial, y por otra vía. General tunjano llegado a la presidencia por el golpe del 13 de junio de 1953 con apoyo bipartidista, mantuvo continuidad cultural con sus antecesores conservadores: sostuvo el culto a la "civilización cristiana" y a la "España eterna" y mantuvo relaciones entusiastas con la España franquista. Su gobierno fue caracterizado como dictadura por el primer régimen del Frente Nacional y por la oligarquía que le retiró el apoyo, y en enero de 1959 —pocos días después de la huida de Fulgencio Batista de Cuba— fue llevado a juicio ante el Congreso por delitos supuestamente cometidos durante su mandato, en un proceso mediatizado cuyo propósito era también el "lavado de pecados" del nuevo régimen y sacarlo del juego electoral.

Pero Rojas no se resignó. Su popularidad entre sectores populares —alimentada en parte por las acciones asistencialistas de su hija María Eugenia Rojas, que repartía alimentos, ropa y juguetes a los pobres— le permitió construir la Alianza Nacional Popular, la ANAPO, concebida como tercer partido destinado a romper la hegemonía bipartidista liberal-conservadora del Frente Nacional. En las elecciones del 19 de abril de 1970 muchos analistas sostienen que Rojas ganó, pero el ministro del interior proclamó presidente al conservador Misael Pastrana Borrero tras un apagón masivo de origen sospechoso. Ese presunto fraude fue leído por la izquierda como prueba del carácter cerrado del sistema; un grupo guerrillero adoptó la fecha como nombre —el M-19— para llamar la atención sobre el episodio. El caudillo derrotado por la vía electoral produjo, sin proponérselo, una guerrilla urbana.

Ya en 1971 se especulaba sobre los efectos entrelazados de las movilizaciones lopistas, gaitanistas y anapistas sobre la Violencia, el Frente Nacional y las crisis políticas subsiguientes. La lectura es sugerente: el caudillismo civilista del siglo XX no fue una anomalía, sino la forma que tomó la lógica caudillista cuando la sociedad se urbanizó, la política se hizo de masas y los partidos tradicionales cerraron el sistema. El Frente Nacional, con su alternancia pactada entre liberales y conservadores, produjo una pérdida del sentimiento de pertenencia partidista que motivó la proliferación de prácticas clientelistas, y la burocracia estatal pasó a cumplir la función de reproducción electoral del sistema. Sobre esa desafección creció la ANAPO, y sobre las frustraciones de la ANAPO creció después la política de irrupciones carismáticas.

Huella y persistencia

Colombia ha llegado al siglo XXI con la lógica caudillista desplazada, pero no extinguida. El liderazgo de Álvaro Uribe Vélez condensa la forma que adoptó esa lógica en la nueva escala. La condición de posibilidad fue una crisis convergente: partidos tradicionales agotados como referente de identidad política, un Estado que había cedido porciones enteras del territorio al control de guerrillas y ejércitos privados, y un ciudadano medio que percibía las instituciones como incapaces de garantizar lo mínimo. En ese vacío, la referencia colectiva se concentró en la figura del líder que prometía restablecer el orden por decisión personal, y no por procedimiento institucional. El molde es exactamente el del siglo XIX: el caudillo que emerge donde la mediación ha colapsado, canaliza expectativas de autoridad, se convierte en árbitro ideológico y desplaza a los partidos como principio de lealtad política. Los mecanismos, en cambio, son otros: la televisión y las redes reemplazaron a la plaza y al caballo; los consejos comunitarios semanales, transmitidos en directo, cumplieron la función que en el XIX cumplía la aparición del general al frente de la tropa; el alineamiento internacional —Colombia fue el único país de América Latina que declaró apoyo al gobierno de George W. Bush en la guerra contra Irak— hizo las veces de la vieja política de alianzas entre caudillos vecinos. Y en el terreno propiamente político, la reforma que permitió la reelección presidencial inmediata en 2005 —el único momento del siglo XX o XXI en que se logró vulnerar el veto histórico a la continuidad personal en el poder— muestra hasta qué punto el magnetismo del líder puede reconfigurar, sobre la marcha, el marco constitucional. Nada de esto es dictadura: todo esto es caudillismo, en su versión mediática y jurídicamente asimilable. La operación de fondo no es la ruptura de la legalidad, sino su adaptación a la voluntad del jefe.

El uso extensivo de la legislación de estado de sitio por parte del ejecutivo colombiano durante la segunda mitad del siglo XX señala un límite significativo a la democracia formal, y contrasta con la imagen de Colombia como país que evitó el autoritarismo militar característico de otros latinoamericanos. La estabilidad constitucional colombiana ha convivido siempre con un ejercicio del poder que integra excepcionalidad, discrecionalidad y personalismo. El caudillismo nunca desapareció: se hizo compatible con las formas constitucionales. La excepción se administra desde el palacio, y la personalización del mando se ejerce mediante decretos, alocuciones y facultades extraordinarias que ningún caudillo del XIX habría desdeñado.

Mirar hacia atrás con esta clave permite reordenar la historia. El siglo XIX colombiano se caracterizó por la fragmentación regional de las clases dominantes y por sus divisiones político-religiosas; los conflictos involucraron tensiones entre élites y grupos campesinos, entre mayorías conservadoras y minorías liberales, entre proyectos centralistas y federalistas. Sobre ese tablero, los caudillos —Mosquera, Arboleda, Nieto, Uribe Uribe, Herrera— operaron siempre dentro de estructuras partidistas y regionales que los excedían. No fueron los partidos los que los domesticaron desde arriba: fue el mapa estructural del país el que impidió que ninguno se elevara lo suficiente como para escapar de él. La hacienda, el gamonal, la provincia leal antes que la nación abstracta, la Iglesia local, el ejército privado del terrateniente: esa arquitectura no producía dictadores nacionales, producía centenares de pequeños patrones cuyo poder sumado hacía innecesario —e imposible— el poder de uno solo.

Por eso el caudillismo colombiano no es una etapa superada sino una gramática persistente. El gamonal decimonónico, el jefe político municipal del Frente Nacional, el paramilitar convertido en elector, el político local que en 2014 seguía siendo el intermediario indispensable entre el votante rural y el Estado, el líder mediático capaz de mover millones de votos por lealtad personal antes que por programa: todos pertenecen a la misma familia. La lógica cambió de traje: ya no hay caballos ni proclamas heroicas, hay contratos, cargos, votos y transmisiones en vivo. Pero la operación de fondo es la misma: entre el ciudadano y el Estado hay siempre un mediador armado —de fusiles, de burocracia, de dinero, de audiencia— sin el cual el Estado no llega y el ciudadano no cuenta.

Entender el caudillismo en Colombia es, entonces, entender por qué el país tuvo tanta guerra y tan poca dictadura, tanta constitución y tan poco Estado, tanto partido y tan poca ciudadanía. La figura del caudillo iluminó ese sistema mientras existió; su desaparición como personaje visible, lejos de significar el fin del sistema, marcó su paso a la clandestinidad institucional y, después, su reaparición en clave mediática. La historia del caudillismo colombiano no termina con Uribe Uribe ni con Rojas Pinilla, y no terminará tampoco con el liderazgo mediático contemporáneo: termina —si termina— el día en que el ciudadano pueda relacionarse con el Estado sin necesidad de un intermediario personal. Ese día no ha llegado.