Guerra civil de 1884-1885 y fin del federalismo radical

La guerra civil de 1884-1885 y el fin del federalismo radical

Entre agosto de 1884 y septiembre de 1885, Colombia libró la guerra que enterró la Constitución de Rionegro. No fue una asonada más de las cuarenta y dos que el jurista José María Samper contaría bajo el régimen federal: fue el conflicto que Rafael Núñez capitalizó para declarar, ante el Consejo Nacional de Delegatarios reunido en Bogotá el 11 de noviembre de 1885, que el orden constitucional vigente durante un cuarto de siglo había sido destruido por el curso de los acontecimientos. La derrota militar de los radicales santandereanos —consumada en la playa del Hobo, frente a Tamalameque, en la batalla de La Humareda— le entregó a Núñez la palanca para transformar un agotamiento estructural en refundación política. La guerra civil de 1884-1885 fue, así, dos cosas indisolubles: el último capítulo militar del federalismo colombiano y el acta notarial que autorizó la Regeneración, con su centralismo, su Constitución de 1886 y su Concordato con la Iglesia.

El mundo del que brotó la guerra

La Constitución de Rionegro, sancionada en 1863, había dividido el país en nueve estados soberanos, reducido al mínimo el poder del Ejecutivo central y otorgado a cada región la potestad de adoptar sus propios códigos: minero, de tierras, electoral, civil. En teoría, era el triunfo del liberalismo radical: libertades individuales amplias, secularización avanzada, federalismo pleno. En la práctica, dos décadas después la carta era denunciada por sus propios beneficiarios como un régimen impracticable. Samper contabilizó cuarenta y dos constituciones o revueltas armadas de carácter local bajo su vigencia. Las rivalidades entre estados habían levantado aduanas internas que fragmentaban el mercado interior. El gobierno central, sin herramientas legales para intervenir en los estados, terminaba armando de manera clandestina a las facciones estatales de su preferencia mediante la guardia nacional. Y las divisiones internas del Partido Liberal se convertían, bajo ese esquema, en incentivos permanentes para golpes y revoluciones: quien controlaba un estado tenía asegurada su cuota en la política nacional.

La fractura decisiva del liberalismo llegó a mediados de la década de 1870. En 1876, un sector del partido —los llamados independientes, encabezados por Rafael Núñez— comenzó a distanciarse de los radicales y a acercarse a los conservadores. La educación laica y obligatoria impulsada por el gobierno de Aquileo Parra fue el detonante inmediato: los conservadores se alzaron en armas ese mismo año para frenar el proyecto, con los clérigos de Palmira, Cartago y Tuluá abanderando la causa antirreformista entrelazada con tensiones socio-raciales en el Cauca y el Tolima. La contratación de maestros protestantes alemanes para dirigir las escuelas normales había multiplicado la alarma en el mundo católico. La guerra civil de 1876-1877 duró once meses y costó, según el Secretario del Tesoro, el 118 % del presupuesto nacional aprobado para 1878. El gobierno liberal santandereano respondió en 1877 con legislación anticlerical: destierro del obispo de Pamplona, arresto de clérigos, límites a la intervención política de la Iglesia.

De aquella guerra salieron dos consecuencias que reordenarían el mapa. La primera: muchos liberales, desesperados con el desorden crónico, concluyeron que era necesario aceptar a la Iglesia como guía del orden, reducir el federalismo y abandonar la ciudadanía universal. Convergían ideológicamente con los conservadores. La segunda: el gobierno de Julián Trujillo (1878-1880) inició una política de conciliación, levantó las sanciones y el exilio de los obispos de Popayán, Pasto, Antioquia y Medellín, y derogó la ley que limitaba la intervención política de la Iglesia. Fue en ese contexto, en 1878, cuando Núñez pronunció el discurso con la frase que daría nombre al período: "regeneración administrativa fundamental o catástrofe". En su formulación original, la regeneración era todavía una reforma dentro del marco constitucional vigente, no su sustitución.

La muerte de Manuel Murillo Toro en 1880 selló la suerte del radicalismo justo cuando Núñez asumía por primera vez la presidencia. La coalición de independientes y conservadores había desplazado a los radicales del gobierno nacional en las elecciones de ese año en torno a un programa de retorno a la autoridad y fortalecimiento del gobierno central. Durante ese primer mandato (1880-1882), Núñez —librecambista militante hasta poco antes— dio un primer paso hacia el proteccionismo con recargos arancelarios sobre artículos como ropa y muebles, argumentando que el gravamen al peso bruto era virtualmente proteccionista y que ni siquiera J. S. Mill había sido librecambista incondicional. Y creó el Banco Nacional, destinado a cubrir con su emisión la totalidad del país y a sentar las bases económicas de un Estado más centralizado. Comerciantes y banqueros vinculados al radicalismo —cuyo predominio económico se sustentaba en el monopolio del crédito y el libre ejercicio de la usura— vieron en esas dos medidas un ataque directo. Miguel Samper se opuso doctrinalmente al privilegio exclusivo de emisión a favor del Estado, sosteniendo que era lícito a todo gobierno dirigir el crédito público sin monopolizarlo.

En septiembre de 1883, el primer domingo del mes, se celebraron las elecciones para el bienio 1884-1886. Los radicales presentaron como candidato al general Solón Wilches, mandatario del Estado de Santander: una candidatura ocasional, síntoma del agotamiento de la facción tras la muerte de Murillo. Núñez, con la mayoría de los estados en sus manos y el apoyo decisivo del Partido Conservador junto con los liberales independientes, triunfó con facilidad. Tomó posesión el 7 de agosto de 1884, tras cuatro meses en los que el poder había sido ejercido por el primer designado, Ezequiel Hurtado.

La insurrección: cómo estalló y por dónde ardió

El orden público comenzó a turbarse casi de inmediato. Entre 1884 y 1885, la insurrección radical prendió en Santander —fortín tradicional del liberalismo radical durante todo el siglo XIX—, se extendió a Cundinamarca, Boyacá y Magdalena, y afectó parcialmente a Bolívar. Los frentes no eran meramente militares. Detrás de las armas se movían tres pulsos entrelazados. Uno, constitucional: los radicales veían en la coalición nuñista una traición al pacto de Rionegro y una deriva hacia el centralismo. Otro, económico: comerciantes y banqueros combatían el Banco Nacional con monopolio de emisión y los recargos arancelarios que amenazaban su predominio. Y otro, religioso invertido: la política de conciliación con la Iglesia iniciada por Trujillo y profundizada por Núñez amenazaba con revertir la educación laica y la secularización que habían sido las banderas radicales por excelencia.

La campaña rebelde encontró en el río Magdalena su arteria natural. Ricardo Gaitán Obeso bajó por el río capturando buques y apropiándose de mercancías para financiar la insurrección. El 5 de enero de 1885 obtuvo la rendición de Barranquilla al frente de una fuerza de más de dos mil hombres, y se hizo con recursos de la aduana, del Banco Nacional, del correo y de los ferrocarriles. El golpe fue duro: no solo se apoderaba de la principal salida comercial del país, sino que privaba al gobierno de sus rentas más líquidas. A mediados de febrero, Gaitán Obeso intentó tomar Cartagena. Fue el momento en que el gobierno empezaba a recuperarse de la sorpresa inicial. El ataque no prosperó y, aunque las hostilidades siguieron activas, la iniciativa comenzó a cambiar de manos.

En los otros frentes, los rebeldes sufrieron derrotas decisivas. Tolima, Cauca, Antioquia y Panamá —donde la guerra tuvo su epílogo violento en Colón— resultaron en desastres para las armas radicales. Santander y Boyacá, los bastiones que debían sostener militarmente la revolución, fueron perdiendo posiciones a lo largo del primer semestre de 1885. La estrategia radical apostó entonces a concentrar sus fuerzas del Norte y del Atlántico y a trasladar el campo de operaciones de vuelta a Santander, punto de partida de la insurrección.

El 17 de junio de 1885, aproximadamente dos mil hombres del ejército federalista embarcaron en seis vapores desde Tamalameque con ese propósito. Allí, en la playa del Hobo frente al puerto magdalenense, se libró la batalla de La Humareda. Fue un trance funesto de lucha fratricida. En el combate, o en un episodio conexo, explotó uno de los barcos rebeldes: perecieron seis de los mejores jefes federalistas y se perdió la mayor parte de la munición y las armas. Fue el golpe que hizo inviable la continuación de la guerra. La ironía histórica es cruda: los radicales ganaron técnicamente el combate en el terreno, pero la explosión los dejó sin cuadros y sin pertrechos para explotar la victoria. Con La Humareda, la insurrección quedó decapitada.

Las causas: agotamiento estructural y detonantes de coyuntura

Sería un error atribuir la guerra a la voluntad de un solo hombre o al ardor de un solo partido. Bajo los acontecimientos de 1884-1885 corrían dos capas de causas que no deben confundirse.

En la capa estructural, el federalismo radical se había vaciado de viabilidad por sus propias contradicciones. Las cuarenta y dos revueltas locales contabilizadas por Samper no eran un accidente de la carta de 1863, sino su consecuencia lógica: un sistema en el que las divisiones nacionales del liberalismo se transferían automáticamente a las disputas por el control de los estados, y en el que el gobierno central carecía de instrumentos legales para arbitrar. Las aduanas internas fragmentaban un mercado ya frágil. El fraude electoral era práctica extendida, ejercida tanto por los poderes locales como por el gobierno de la federación, sin mecanismo legal confiable para garantizar limpieza en los comicios. A esa disfuncionalidad institucional se sumaba, en los años setenta, un diagnóstico que ganaba adeptos incluso entre los liberales: el país carecía de la clase media autosuficiente que el proyecto radical presuponía, el Partido Conservador se había mostrado capaz de librar guerras extendidas por causa religiosa, y las contradicciones del federalismo lo hacían incapaz de fomentar la economía o de sostener funciones estatales mínimas.

Sobre esa base estructural operaron los detonantes coyunturales. La fractura del liberalismo entre radicales e independientes desde 1875-1876 abrió la puerta a la alianza con los conservadores que llevaría a Núñez al poder en 1880. La muerte de Murillo Toro ese mismo año dejó a los radicales sin su principal referente. Las reformas del primer mandato de Núñez —recargos arancelarios, creación del Banco Nacional con miras a un futuro monopolio emisor— movilizaron a la burguesía comercial y bancaria contra la administración. Y la reelección de 1884, sostenida por una coalición que los radicales consideraban ilegítima, cerró el circuito. Sin la fractura ideológica de 1876, sin las reformas económicas de 1880-1882 y sin la victoria de 1883, no habría habido guerra en 1884. Pero sin las cuarenta y dos revueltas previas, sin las aduanas internas y sin el fracaso demostrable del gobierno federal, tampoco habría habido base social para que la respuesta de Núñez se convirtiera en refundación.

Hay que decirlo con claridad: la guerra fue también un conflicto de intereses económicos. Los comerciantes y banqueros que financiaron la insurrección combatían un modelo estatal que amenazaba su predominio. Perder La Humareda no significó únicamente perder una batalla constitucional: significó perder la posibilidad de sostener un país con crédito libre, librecambio y monopolio privado de la emisión. Y fue, simultáneamente, una guerra de religión diferida. La educación laica de los radicales, los maestros protestantes alemanes y la legislación anticlerical de 1877 habían construido desde 1876 una coalición clerical-conservadora que esperaba la oportunidad de revertir el modelo laico. La Regeneración fue el vehículo de esa revancha tanto o más que un proyecto de modernización estatal.

La declaración: cuando una guerra se convierte en constitución

La derrota militar de los radicales no producía por sí misma un cambio constitucional. Se podían perder guerras y conservar constituciones: los conservadores lo habían hecho tras 1877. Que la victoria de Núñez se tradujera en la muerte de la carta de 1863 exigió un acto deliberado de voluntad política.

Ese acto tuvo fecha y escenario. El 11 de noviembre de 1885, en Bogotá, se instaló el Consejo Nacional de Delegatarios: dieciocho miembros en total, tres por cada uno de los antiguos estados, todos ellos conservadores o liberales independientes. No había radicales. El cuerpo no derivaba su legitimidad de la Constitución de 1863 sino de la victoria militar reciente. La percepción de sus convocantes era inequívoca: la inestabilidad crónica del país tenía como causa principal el sistema federal, y ese sistema debía ser suprimido, no reformado.

Ese mismo día, Núñez dirigió al Consejo un discurso que sirvió de marco ideológico-doctrinal a los constituyentes. La frase central declaraba que "el curso de los acontecimientos ha destruido el régimen constitucional, productor de permanente discordia, en que hemos agonizado durante un cuarto de siglo". La retórica es reveladora. Núñez no proponía derogar la Constitución de 1863: la daba por destruida. No por acción del Consejo ni por decreto propio, sino por el curso de los acontecimientos, es decir, por la guerra misma. La responsabilidad del cambio se depositaba en la historia, no en los vencedores. Y el diagnóstico —"productor de permanente discordia", un cuarto de siglo de agonía— cerraba la puerta a cualquier restauración: no se trataba de corregir defectos sino de reconocer un fracaso terminal.

En el mismo discurso, Núñez expuso la necesidad de unificar los códigos en toda la nación y de contar con una administración pública encargada de hacerlos efectivos. Reclamaba, en sus términos, "una estructura política y administrativa enteramente distinta". No era una reforma: era una refundación. El particularismo federal —los códigos mineros, civiles, electorales propios de cada estado— quedaba señalado como el obstáculo mayor. La misión del Consejo era diseñar el andamiaje de una república centralista.

El contraste con la formulación original de 1878 es elocuente. Siete años antes, Núñez había hablado de "regeneración administrativa fundamental o catástrofe" entendiendo la regeneración como reforma dentro del marco vigente. En 1885, la catástrofe había ocurrido —era la guerra— y la regeneración ya no cabía dentro de la Constitución de Rionegro: exigía su sustitución.

Las consecuencias inmediatas: un régimen que se rehace

Lo que vino después fue rápido y sistemático. La Constitución de 1886, redactada por el Consejo bajo la conducción ideológica de Miguel Antonio Caro —hispanófilo, católico ultramontano, tradicionalista— y con el respaldo político de Núñez, estableció una centralización política, administrativa y económica sin precedentes en la historia republicana colombiana. Un ejército nacional reemplazó a las guardias estatales. Los estados soberanos se convirtieron en departamentos. Los códigos se unificaron. El presidente pasó a ser elegido por voto directo, con período de seis años. Y las relaciones entre el Estado y la Iglesia Católica fueron restablecidas en términos que resolvían el pulso de los treinta años anteriores.

Ese restablecimiento se selló con el Concordato de 1887, firmado por Núñez. El catolicismo quedó consagrado como religión oficial de Colombia, se devolvieron propiedades eclesiásticas confiscadas, la educación pública fue atada a los preceptos de la Iglesia y el divorcio civil quedó abolido. El Concordato de 1888 profundizó ese marco de armonía. La educación laica y obligatoria que los liberales radicales habían instituido como uno de sus programas centrales fue revertida en buena medida. La guerra de religión diferida encontraba su desenlace.

En el terreno económico, la victoria consolidó las reformas que habían sido casus belli. El decreto 104 del 19 de febrero de 1886 estableció el papel moneda de curso forzoso. La ley 57 de 1887 consagró el privilegio exclusivo del Banco Nacional para emitir moneda. Ese mismo año se suspendió el derecho de emisión de los bancos privados. El Banco Nacional se convirtió en agente fiscal del gobierno mediante la obligatoriedad en la recepción de sus billetes. Las emisiones sucesivas desvalorizaron la moneda, generaron descontento entre los sectores comerciales y bancarios que habían perdido el predominio económico basado en el monopolio del crédito, y desencadenaron un proceso de emisiones ilegales que llevaría al cierre del banco en 1896. Pero el modelo económico centralista había quedado instalado.

Contra los vencidos, la Regeneración desplegó una política de represión oficial. Desde 1887 comenzaron los destierros de opositores liberales. La prensa opositora fue censurada. El ejercicio de la oposición política se hizo, en la práctica, cada vez más difícil. La intransigencia de los gobiernos regeneradores hacia sus críticos no era arbitraria: reflejaba el reconocimiento de la fuerza potencial de la oposición a políticas fiscales heterodoxas y a un modelo confesional que amplios sectores de la élite mercantil rechazaban.

Vale detenerse en el contraste entre los dos hombres que encarnaron el nuevo régimen. Núñez —escéptico, positivista, hombre de mundo, con un ideario en el que la autoridad era condición del progreso más que fin en sí mismo— aportaba el pragmatismo. Caro —católico ultramontano, hispanófilo, de carácter arrogante y huraño— aportaba la doctrina. La combinación explica en parte la tensión permanente de la Regeneración entre sus impulsos reformistas (proteccionismo, banco central, unificación jurídica, fomento económico) y sus prácticas de gobierno más restrictivas (censura, destierros, confesionalismo cerrado). No era una contradicción accidental: era la fórmula misma del pacto que había ganado la guerra.

Las consecuencias de largo plazo: una constitución de más de un siglo

La Constitución de 1886 se mantuvo en esencia vigente hasta 1991. Ciento cinco años. En ese arco cabe casi toda la historia contemporánea de Colombia: la Guerra de los Mil Días, la separación de Panamá, la hegemonía conservadora, la República Liberal, el Frente Nacional, la violencia bipartidista, el conflicto armado con las guerrillas. Ese es el hecho decisivo que devuelve a 1884-1885 su peso: la guerra no produjo solo un cambio de gobierno ni una reforma constitucional entre otras. Produjo el marco jurídico dentro del cual el país habitaría durante más de un siglo.

Ese marco fijó tres decisiones estructurales que la sociedad colombiana tardaría generaciones en revisar. La primera: el centralismo como principio de organización territorial, contra la tradición federal que había marcado buena parte del siglo XIX. La segunda: el confesionalismo católico como sustrato ideológico del Estado, contra la secularización avanzada por los radicales. La tercera: la exclusión política del liberalismo derrotado, que se prolongaría en formas diversas —destierros, censura, guerras subsiguientes— hasta bien entrado el siglo XX.

Cada una de esas decisiones tuvo un costo. El centralismo resolvió el problema de la fragmentación, pero creó una hipertrofia burocrática y un vaciamiento de las capacidades regionales cuyos efectos siguen palpándose. El confesionalismo dio estabilidad institucional a la Iglesia y a un modelo de orden social, pero fijó una tutela sobre la educación y la vida civil que tardaría casi un siglo en aflojarse. Y la exclusión del liberalismo derrotado sembró la semilla de nuevos conflictos: la Guerra de los Mil Días (1899-1902) fue, en muchos sentidos, la revancha frustrada de los radicales que habían perdido en La Humareda.

Hay una lectura complementaria que conviene no perder. La Regeneración no fue únicamente el triunfo de una facción sobre otra: fue la constitución de una clase dirigente nueva, más cohesionada, integrada por conservadores y por el sector independiente del liberalismo, con un programa compartido de centralización política, alianza con la Iglesia y fomento económico dirigido desde el Estado. En ese sentido, la guerra de 1884-1885 marcó también el fin de una forma de hacer política —la del caudillismo estatal, las guardias regionales y las revueltas locales endémicas— y el comienzo de otra, más burocrática, más nacional, más doctrinaria. Que esa transición se lograra por medio de las armas y no por reforma pactada es lo que le imprimió a la Regeneración su carácter autoritario y su intolerancia crónica con la disidencia.

Por qué este hecho sigue importando

La guerra civil de 1884-1885 es uno de esos episodios en los que el país cambió de piel. Otros conflictos posteriores tuvieron más muertos, más titulares y más literatura. Ninguno cambió tanto la arquitectura del Estado en tan poco tiempo. En apenas trece meses, entre agosto de 1884 y septiembre de 1885, Colombia pasó de ser una federación de nueve estados soberanos con constitución liberal y educación laica a ser una república centralista con constitución confesional en gestación. La transformación no fue solo institucional: reordenó el equilibrio entre partidos, entre Estado e Iglesia, entre gobierno central y regiones, entre capital comercial y capital estatal.

La pregunta que sigue abierta —y que no admite respuesta única— es si esa transformación era inevitable. Si el federalismo radical estaba condenado por sus propias contradicciones a colapsar, la guerra de 1885 solo fue el trámite militar de una liquidación decidida por la historia. Si, en cambio, la Constitución de 1863 admitía reformas graduales que hubieran conservado su núcleo pluralista, entonces la Regeneración fue una ruptura evitable, forzada por la voluntad de una coalición que aprovechó el desgaste del sistema para imponer un pacto que ninguna mayoría electoral habría avalado en tiempos de paz. La verdad, probablemente, se distribuye entre ambas hipótesis. El federalismo estaba agotado; pero el modo, la profundidad y la duración de su reemplazo fueron obra deliberada de sus vencedores. Núñez no inventó la crisis: la capitalizó. Y esa distinción marca la diferencia entre entender la Regeneración como un desenlace natural o como una decisión política que pudo haber sido otra.

Frente a Tamalameque, en junio de 1885, no se hundió solamente un barco con seis jefes federalistas y una carga de municiones. Se hundió también una manera de imaginar a Colombia: la de los estados soberanos, la ciudadanía universal, la escuela laica, el crédito libre. Lo que emergió de ese naufragio no fue una república cualquiera: fue la que duraría hasta 1991. Por eso la guerra civil de 1884-1885 sigue importando. No porque haya sido la más sangrienta ni la más recordada, sino porque fue la más constitutiva. En ella se decidió, por las armas, qué clase de país sería Colombia durante el siglo que venía.