Miguel Antonio Caro

El letrado que gobernó sin salir del altiplano

Caro pertenece a una estirpe muy particular de la política colombiana: la del intelectual que gobierna desde el escritorio y desde la certeza. Hijo del poeta José Eusebio Caro —uno de los fundadores del ideario conservador—, creció en una Bogotá de tertulias, seminarios y periódicos doctrinarios, dentro de un catolicismo ultramontano que no admitía transacciones. Sus contemporáneos y adversarios lo describieron como arrogante, huraño fuera del círculo de íntimos, intransigente, autoritario. El general Rafael Uribe Uribe, que lo enfrentó en la tribuna y con las armas, resumió en una imagen célebre lo que muchos pensaban: Caro era un académico que nunca había salido del área urbana de Bogotá, que solo conocía la agricultura por las Geórgicas de Virgilio o por la Silva de Andrés Bello, y que juzgaba un país que no había pisado.

La caricatura tiene carga polémica, pero apunta a algo real. Caro escribió y legisló para una nación que imaginaba desde la biblioteca. Redactó la Constitución de un país de selvas, ríos, valles ardientes, comunidades indígenas y afrodescendientes, sin haber conocido el Magdalena que Alfredo Molano contrastaría, un siglo después, con la figura del traductor que llevó a Eneas a las playas del Lacio pero jamás bajó a las playas del Caribe. Su horizonte fue el altiplano cundiboyacense, la sacristía y el archivo. Desde allí, con la seguridad de quien se creía asistido por la Providencia, negó derechos a sus adversarios y gobernó convencido de que el error liberal no merecía tolerancia porque la verdad católica no admitía competencia.

Ese es el personaje: un hombre de vastísima cultura clásica, exponente del ala más reaccionaria del conservatismo, místico de la autoridad y obsesivo religioso, cuya influencia sobre Colombia sería desproporcionada respecto a su experiencia del país.

Formación y primeras armas: del hispanismo al Tradicionista

La formación de Caro fue la de un humanista del siglo XIX bogotano: latín, teología, filosofía escolástica, lectura sistemática de los clásicos y de la tradición apologética católica. Su maestro filosófico decisivo fue el sacerdote español Jaime Balmes, cuya defensa del catolicismo como fundamento del orden social le proporcionó el aparato conceptual con el que combatiría toda su vida al liberalismo. De Balmes, y de la lectura del hispanista Marcelino Menéndez y Pelayo, tomó la convicción de que España había sido injustamente descrita como tierra estéril para la ciencia moderna, y que su contribución al pensamiento occidental —anclada en el catolicismo— era el legado que Colombia debía preservar como propio.

En 1871 fundó El Tradicionista, periódico cuyo nombre era ya un manifiesto. Desde sus páginas defendió a la Iglesia frente a los gobiernos radicales que la habían despojado, atacó las libertades individuales consagradas por la Constitución de Rionegro de 1863 y sostuvo que la única garantía del orden social eran la Iglesia católica y un ejecutivo fuerte. Ese periódico fue el laboratorio de las ideas que quince años después se convertirían en normas.

Su debate más resonante de esa etapa fue con Ezequiel Rojas, el filósofo utilitarista que había intentado reconciliar a Bentham con la religión natural. Caro le respondió que el utilitarismo era incompatible con las raíces católicas del proyecto republicano: al reemplazar la idea de pecado por la de utilidad personal, se invitaba a los ciudadanos a buscar el beneficio individual sin restricciones morales, y con ello se destruía el orden. La polémica alcanzó proyección internacional al llegar a la Académie des Sciences Morales et Politiques de París, y consagró a Caro, todavía joven, como el pensador conservador más articulado del país.

El arquitecto de 1886

En 1885, tras la derrota liberal en la guerra civil, Rafael Núñez —el cartagenero que había roto con el radicalismo y buscado alianza con los conservadores— proclamó que la Constitución de 1863 había dejado de existir. Se convocó un Consejo Nacional de Delegatarios que redactaría la nueva carta, y allí Caro asumió el papel decisivo. Núñez puso el mando político; Caro, la doctrina y la pluma.

La Constitución de 1886 fue, en gran medida, obra suya. Extinguió la forma federal, dividió el territorio en departamentos gobernados desde el centro y trasladó la decisión política al poder nacional. Estableció el catolicismo como religión de la nación, ordenó que la educación pública se organizara en concordancia con la Iglesia, y creó el mecanismo del estado de sitio: en casos de alteración del orden público o guerra exterior, el presidente podía dictar decretos con fuerza legislativa provisional. Esta herramienta —pensada como excepción— se convertiría, en el siglo XX, en el régimen ordinario de gobierno de Colombia.

El punto más revelador del pensamiento de Caro sobre el poder está en su defensa de la irresponsabilidad presidencial. Al analizar la relación entre el ejecutivo y el legislativo, sostuvo que ningún Congreso podría enjuiciar al presidente, porque cualquier conflicto entre ambos poderes conduciría necesariamente al cierre del Congreso. La conclusión —la absoluta irresponsabilidad del presidente— no era un descuido sino una tesis: para Caro, la autoridad debía concentrarse arriba y no ser cuestionable desde abajo. Un ejecutivo débil era, en su lectura, la puerta al desorden liberal de los años sesenta y setenta.

La Carta restringió libertades que la de 1863 había consagrado en fórmulas amplias —expresión, imprenta, culto no católico—, sometiéndolas a la reglamentación legal y al principio de responsabilidad. Quedó armado así un edificio coherente: centralismo, confesionalismo, ejecutivo fuerte, restricción de derechos individuales. Todo lo que Caro había predicado desde El Tradicionista se transformó, con notable fidelidad, en articulado constitucional.

El Concordato de 1887

La Constitución declaraba el catolicismo como religión de la nación; faltaba pactar con el Vaticano los términos de esa reincorporación. El Concordato firmado con la Santa Sede en 1887, y aprobado en 1888, cerró el circuito. Fue el instrumento con el que la Iglesia, despojada durante los gobiernos radicales, recuperó su lugar central en la vida colombiana.

Sus disposiciones son elocuentes. El Estado se obligaba a proteger y hacer respetar la religión católica. La educación pública quedaba atada a los preceptos de la Iglesia, que adquiría una incidencia decisiva sobre lo que se enseñaba y quién lo enseñaba. Se otorgaron efectos civiles al matrimonio canónico y se abolió el divorcio civil, con consecuencias que durarían casi un siglo. Se reconoció una compensación económica —modesta, dada la penuria fiscal, con pagos anuales— por los perjuicios de la desamortización de bienes eclesiásticos ejecutada a mediados del siglo XIX. Se concedió a la Iglesia autonomía plena de gobierno, se restauró el fuero eclesiástico y se le otorgaron ventajas fiscales y protección frente a la competencia de otras confesiones.

Las instrucciones que Núñez envió al negociador Joaquín Fernando Vélez piden leerse con atención: pedían que el texto reflejara el espíritu de la Constitución y que la deuda económica se enmarcara en la penuria del erario, ofreciendo compromisos módicos y auxilios presupuestales para misiones, seminarios y diócesis pobres. Núñez, más pragmático que Caro, sabía que el gobierno no podía prometer lo que no podría pagar; Caro, más doctrinario, obtuvo lo esencial: la Iglesia como institución constitutiva del orden social colombiano.

En esa arquitectura, Caro cumplía una convicción largamente elaborada. Había criticado la separación Iglesia-Estado de todas las constituciones colombianas anteriores. Consideraba, siguiendo a Balmes, que la Iglesia era imprescindible para que los ciudadanos aceptaran las restricciones de la vida en sociedad, porque sin la idea de pecado no había freno para el egoísmo individual. El Concordato no era, para él, un privilegio confesional entre otros: era la reparación de un error histórico y la piedra angular de una república católica.

La vicepresidencia y el poder efectivo

Elegido vicepresidente en la fórmula con Núñez en 1892, Caro asumió muy pronto el poder efectivo. Núñez se había retirado a El Cabrero, en Cartagena, sin ejercer la presidencia con presencia real en Bogotá, y la vicepresidencia equivalió en la práctica al mando cotidiano del gobierno. A la muerte de Núñez, en 1894, Caro quedó al frente sin contrapeso.

Su administración estuvo marcada desde el inicio por dos rasgos. El primero fue la exclusión de los liberales de los puestos de mando: convencido de que el error no tenía derechos, Caro no negoció, no incluyó, no pactó. El segundo fue la fractura del propio conservatismo. Su elección agudizó una división que ya venía gestándose entre los llamados conservadores históricos, encabezados por Carlos Martínez Silva, y los nacionalistas, que Caro lideraba. Los históricos —conservadores también, pero abiertos a corregir los excesos de la Regeneración— proponían dar participación política a los liberales y abolir la llamada Ley de los Caballos, que imponía severas restricciones a la prensa. Los nacionalistas, en cambio, defendían la ortodoxia del proyecto original sin concesiones.

Esa fractura interna es reveladora. El régimen que Caro había ayudado a construir empezó a resquebrajarse no por presión externa sino por la intolerancia de su propio núcleo. En septiembre de 1892, delegados liberales de distintas partes del país se reunieron en Bogotá, nombraron a Santiago Pérez director del partido y le encomendaron su reorganización. Pérez —expresidente, hombre respetado— fue expatriado por el gobierno de Caro, que lo acusó de conducir al país a la guerra. La medida, lejos de apaciguar, encendió los ánimos.

En enero de 1895 estalló una rebelión armada liberal. Comenzó con un plan para secuestrar al gabinete el 22 de enero y desató un conflicto que el gobierno logró sofocar militarmente, pero cuyo mensaje era claro: el pacto regeneracionista no toleraba oposición, y la oposición no tenía otra vía que la fuerza.

En 1896, los conservadores históricos publicaron el llamado Manifiesto de los 21: veintiún puntos de crítica a la Regeneración, con demanda de reformas a la Constitución y mayor participación liberal. Era, en esencia, un intento de salvar el régimen abriéndolo. Caro lo rechazó.

La crisis fiscal y el episodio del regreso en cinco días

Bajo la administración de Caro, Colombia vivió una crisis fiscal severa. El gobierno no podía pagar su propia nómina. Los negocios estaban en quiebra, los campos desolados, el desempleo era grande. La emisión monetaria descontrolada, iniciada bajo Núñez y continuada bajo Caro, había erosionado la confianza en el papel moneda. El proyecto regeneracionista —que prometía orden, catolicismo y prosperidad— entregaba una realidad económica que contradecía su promesa.

En ese contexto ocurrió uno de los episodios más grotescos del período. Caro intentó reelegirse, pero para no inhabilitarse por ejercer el poder en el momento de la elección, renunció año y medio antes de los comicios y encargó el gobierno a Guillermo Quintero Calderón. Quintero Calderón, apenas asumido, propuso eliminar la Ley de los Caballos —gesto de apertura hacia los históricos y los liberales moderados. Caro no lo toleró: regresó cinco días después, se posesionó de nuevo, revirtió la medida y, con ese regreso precipitado, quedó él mismo inhabilitado para la reelección.

El episodio condensa la política de Caro: la incapacidad de tolerar la más mínima flexibilización de su doctrina, aun al precio de arruinar sus propios planes. La coherencia intelectual se pagó con torpeza política.

Impulsó entonces la fórmula nacionalista para las elecciones de 1898: Manuel Antonio Sanclemente, con más de ochenta años y salud precaria, como presidente; José Manuel Marroquín, poeta y letrado, como vicepresidente. Se impusieron sobre la candidatura liberal, pero la división conservadora persistió y la fórmula ganadora era, en sí misma, un síntoma del agotamiento del régimen: un anciano enfermo y un versificador, en un país al borde de la guerra civil.

La caída del edificio: los Mil Días y Panamá

El fracaso de la reforma electoral en 1898 detonó lo que se venía anunciando desde hacía años. Los sectores belicistas del liberalismo, convencidos de que no había vía pacífica, se movilizaron. En 1899 estalló la Guerra de los Mil Días, el conflicto civil más devastador del siglo XIX colombiano. Terminó en 1902 con más de cien mil muertos, la economía en ruinas y el país exhausto. En 1903, Panamá se separó de Colombia.

Caro había dejado el poder en 1898, pero su responsabilidad en el desenlace es difícil de eludir. La exclusión sistemática de los liberales de los puestos de gobierno, la clausura de la prensa disidente, la expatriación de figuras como Santiago Pérez, la negativa a admitir las reformas propuestas por los históricos: todo ello construyó el clima en el que la vía armada terminó imponiéndose. En el gobierno de Marroquín, que sucedió al enfermo Sanclemente tras un golpe palaciego en 1900, el poder efectivo pasó de las manos de los letrados a las de militares rasos como el general Arístides Fernández, quien impuso el toque de queda en Bogotá y encarceló varias veces al propio Marroquín, que además de vicepresidente era poeta. La observación es cruel y exacta: Caro y Marroquín, en sus regodeos verbales, no pudieron pasar de la contemplación a la acción, y el poder concreto quedó en manos de quienes no leían latín.

El filólogo: gramática y poder

Cualquier retrato de Caro que omita su obra filológica lo mutila. Fue uno de los grandes latinistas de la lengua española del siglo XIX. Tradujo la Eneida de Virgilio en octavas reales —empresa monumental que le dio prestigio continental—, y vertió al castellano a otros poetas latinos, textos bíblicos y autores franceses e ingleses. Escribió sonetos propios, entre ellos Pro senectute y Patria, y la Oda a la estatua del Libertador. Publicó ensayos filológicos como Del uso en sus relaciones con el lenguaje, recogido más tarde en la Selección Samper Ortega de literatura colombiana.

Junto a Rufino José Cuervo (1844-1911) —autor de las Apuntaciones críticas sobre el lenguaje bogotano y del monumental Diccionario de construcción y régimen de la lengua castellana— compuso la gramática latina que durante décadas se estudió en los colegios colombianos. La dupla Caro-Cuervo definió la autoridad lingüística del país, y el Instituto que hoy lleva sus nombres es la prolongación institucional de esa autoridad.

Aquí es donde la biografía se vuelve interpretación. Para Caro y los conservadores, la corrección lingüística estaba vinculada al ejercicio del poder político. Quien dominaba el idioma dominaba la nación, porque el idioma era el vehículo de la tradición hispánica y católica que la Regeneración quería restaurar. Hablar bien y gobernar bien eran, en esa lógica, operaciones análogas: ambas exigían sometimiento a la norma, respeto por la autoridad, rechazo del capricho individual.

Esa lectura ayuda a entender por qué Caro pudo gobernar Colombia sin haber administrado nunca una hacienda, sin conocer la producción agrícola sino por Virgilio, sin haber pisado dos tercios del territorio. En una república sin burocracia técnica consolidada y sin ejército profesional moderno, el capital simbólico disponible para gobernar era el dominio del lenguaje culto. Caro lo monopolizó por convicción y por defecto. La gramática fue su plataforma de mando.

Los juicios posteriores sobre su obra filológica no son unánimes. El llamado humanismo colombiano asociado a Caro ha sido descrito como filológicamente precario y socialmente ineficaz, y equipararlo con el Humanismo histórico europeo se ha juzgado un acto de desmesura provinciana. Es un veredicto duro, pero atiende a un desequilibrio real: Caro fue un traductor notable y un latinista sólido, pero su obra propia como poeta fue limitada, y su pretensión de erigir la gramática en fundamento de la vida pública desbordaba lo que la disciplina podía sostener.

La prensa: el silenciamiento de los disidentes

La política de prensa del gobierno de Caro merece capítulo propio. Núñez y Caro, escudados en el principio de responsabilidad de la prensa, intentaron —con éxito variable— cerrar los periódicos que disentían del régimen. La llamada Ley de los Caballos, dictada durante la administración de Caro, endureció esas restricciones y permitió sancionar administrativamente a los periodistas.

Durante la Regeneración decayó la vitalidad iconoclasta de los periódicos que habían florecido en el federalismo, y fueron reemplazados por publicaciones alineadas con la ortodoxia oficial. El caso del semanario satírico El Zancudo es ilustrativo: clausurado por seis meses a partir de agosto de 1890, reapareció el 22 de febrero de 1891 con textos irónicos sobre la Regeneración y fue cerrado definitivamente el 4 de octubre de ese año.

La paradoja es filosa. Núñez y Caro provenían de la república de las letras: eran hombres de periódico, de polémica, de tribuna escrita. Habían usado la libertad de prensa para construir el proyecto regeneracionista. Una vez en el poder, la restringieron. Los valores autoritarios reemplazaron el ultra-individualismo liberal, sustituyendo una ortodoxia por otra.

La red: Núñez, Cuervo, Menéndez y Pelayo, Suárez

Caro no fue una figura aislada, sino el nodo de una red intelectual y política densa. Con Rafael Núñez formó la dupla decisiva de la Regeneración: Núñez, más pragmático, con oficio de negociador; Caro, más doctrinario, con la pluma que fijaba los principios. Fue una alianza de temperamentos opuestos que funcionó mientras vivió Núñez, y que perdió equilibrio cuando Caro quedó solo.

Con Rufino José Cuervo compartió la empresa de la gramática latina y el proyecto de fijar la autoridad lingüística del país. Cuervo, más silencioso, terminaría radicándose en París y consagrando su vida al Diccionario de construcción y régimen; Caro, en cambio, quedó atado a Bogotá y a la política.

En el plano internacional, su interlocutor y modelo fue Marcelino Menéndez y Pelayo, el gran hispanista español que reivindicó el aporte católico a la civilización occidental. Menéndez y Pelayo llegó a calificar a Caro de grande hombre, y algunos sectores colombianos siguieron esa valoración sin criterio propio ni lectura directa. Fue un préstamo de prestigio que consolidó su aura en el mundo hispanohablante.

Le sucedió en el liderazgo doctrinario del conservatismo Marco Fidel Suárez, otro filólogo, otro presidente, otra prueba de que en Colombia la ruta al Palacio de San Carlos pasaba por la gramática. Sergio Arboleda, José Manuel Marroquín y Manuel Antonio Sanclemente completaron la constelación de letrados que dominaron la escena pública entre la Regeneración y las primeras décadas del siglo XX.

Legado y disputa

Caro murió en Bogotá en 1909, siete años después del fin de la Guerra de los Mil Días y seis después de la separación de Panamá, dos catástrofes que fueron, entre otras cosas, consecuencias del régimen que él ayudó a construir. La Constitución de 1886, con reformas sucesivas, siguió rigiendo a Colombia hasta 1991. El Concordato, con modificaciones, hasta 1973. Pocos ideólogos en la historia latinoamericana han visto su doctrina durar tanto.

La valoración de esa herencia es materia de disputa permanente. Para una corriente, Caro fue el estadista que dio unidad a un país fragmentado por el federalismo, restauró la relación con la Iglesia, dotó a Colombia de instituciones estables y preservó la lengua castellana como patrimonio nacional. Para otra, fue el hombre que perfeccionó el modelo de exclusión, la dominación espiritual y el escepticismo ante la ley en una sociedad desprotegida, como escribió William Ospina; el ideólogo cuya intransigencia hizo inevitable la guerra civil y cuya visión de un país reducido al altiplano invisibilizó a indios, negros, selvas y valles ardientes al servicio de un proyecto centralista.

Más de un observador externo, admirador y crítico a la vez, reconoció la inteligencia de Caro pero cuestionó su tendencia a la santificación del pasado, sin exceptuar la Inquisición y el régimen colonial, y la juzgó incompatible con esa misma inteligencia. Su vehemencia al increpar al poeta Manuel José Quintana por reconocer las crueldades de la Conquista se comparó con la de un monje fanático, aun cuando compartía el rechazo a la declamación anticonquistadora sin matices.

La Constitución de 1886, en su forma original, resultó tan inadecuada a la realidad nacional como las anteriores. Reconocía mejor que la Carta de 1863 algunos aspectos básicos del país —la necesidad de un poder central, el peso cultural del catolicismo—, pero mientras no fue modificada, a consecuencia de la guerra y de la pérdida de Panamá, no hizo sino alejar las posibilidades de convivencia pacífica entre los colombianos. Fue, a la vez, una obra intelectual coherente y un instrumento de exclusión duradero.

Ese es el corazón del enigma Caro. Su coherencia doctrinal —el rasgo que sus admiradores celebran— fue también el motor de la exclusión que sus críticos condenan. Su dominio del lenguaje, del latín, de la teología, le dio la autoridad para redactar un país; su desconocimiento del país que redactaba, y su convicción de que quienes discrepaban estaban en el error y no tenían derechos, hizo de esa redacción una máquina que produjo guerra civil, pérdida territorial y un siglo de constitucionalismo autoritario administrado por estados de sitio.

Queda la figura: un hombre pequeño, huraño, encerrado en su biblioteca de Chapinero, que tradujo a Virgilio y redactó constituciones, que nunca vio el Magdalena y sin embargo mandó sobre él, que creyó gobernar con la Providencia y terminó desplazado por militares rasos. Un filólogo que quiso hacer de Colombia una frase bien construida, y que descubrió, tarde, que los países no se conjugan.