Vicente Arbeláez

Un antioqueño en la silla de Bogotá

Arbeláez nació en Rionegro en 1822, en plena aurora de la república. Rionegro era entonces una villa de la vertiente oriental antioqueña, arraigada en una cultura religiosa densa y en una economía de pequeños propietarios y comerciantes que definiría el temple regional. La coincidencia no es solo simbólica: cuarenta años después, la Constitución de Rionegro de 1863 haría de ese mismo pueblo el nombre del orden federal radical que él tendría que enfrentar como arzobispo. Nació, en cierto sentido, en la geografía del adversario.

Antioquia lo formó doblemente. Le dio la matriz de piedad que atravesaba a todos los grupos sociales de la región —religiosidad transversal, poco conflictiva entre clases— y le dio también la red familiar y clerical que lo acompañaría de por vida. Cuando llegó a Bogotá y a la silla arzobispal, no llegó como forastero: llegó apoyado en un tejido antioqueño de párrocos, obispos y notables que, durante todo el período radical, funcionaría como su base de resistencia más segura. Que la retórica antiliberal más incendiaria del país saliera de Medellín y su entorno no fue solo cuestión de mentalidad regional: fue también consecuencia de tener allí un episcopado protegido por un gobierno departamental conservador y por una feligresía compacta.

Su ascenso eclesiástico se produjo en el momento en que la Iglesia colombiana pasaba de la vieja querella con el patronato republicano a la confrontación abierta con el liberalismo doctrinario. Cuando fue elevado al arzobispado de Bogotá, ya habían caído sus dos predecesores inmediatos bajo el peso de esa querella: Manuel José Mosquera, desterrado por José Hilario López tras negarse a aplicar la ley de elección popular de curas párrocos de 1851, y Antonio Herrán, confinado por Tomás Cipriano de Mosquera durante la ofensiva anticlerical de 1861. Arbeláez heredó una sede marcada por el exilio y el confinamiento de sus titulares. Su primera decisión de fondo —tácita, práctica, sostenida a lo largo de dos décadas— fue no correr esa suerte.

Herencia envenenada: lo que recibía la sede en 1863

Para entender qué recibía Arbeláez al asumir el gobierno de la arquidiócesis hay que reconstruir el estado del pleito Iglesia-Estado en el país. Desde la independencia, la institución había ido perdiendo, pieza por pieza, las prerrogativas que le daba el antiguo régimen. El patronato colonial había puesto en manos de la Corona la autorización de templos mayores, la presentación de candidatos a obispados y beneficios, la intervención en tribunales eclesiásticos, la recolección de diezmos y el control administrativo del clero. Al independizarse, la Gran Colombia intentó heredar en bloque esas prerrogativas mediante una ley de patronato republicano, cosa que el Vaticano nunca aceptó del todo. Bolívar consiguió, en gestiones ante la Santa Sede, que León XII nombrara los primeros obispos a partir de listas americanas, pero el reconocimiento pontificio pleno tardó y las tensiones diplomáticas se hicieron crónicas.

Sobre ese fondo, las reformas liberales de mediados de siglo profundizaron el enfrentamiento. La ley del 27 de mayo de 1851 sobre elección popular de curas párrocos —piedra angular del programa liberal— buscaba disolver el poder eclesiástico donde más lo tenía: en la parroquia. La resistencia le costó a Manuel José Mosquera el destierro, y también lo sufrieron los obispos de Cartagena y Pamplona. La Constitución de 1853 estableció libertad religiosa y eliminó la personería jurídica de la Iglesia Católica, aunque el gobierno conservador de Mariano Ospina Rodríguez la revirtió en 1858. Todo se agravó en 1861, cuando Tomás Cipriano de Mosquera —el general caucano, tío del arzobispo desterrado, ahora líder liberal— tomó el poder por las armas.

El régimen que Mosquera instaló entre 1861 y 1863 fue el más duro que la Iglesia colombiana había conocido en toda la república. Se estableció la tuición de cultos: el Estado inspeccionaba a la Iglesia, restablecía el patronato prescindiendo de Roma e imponía al clero un juramento de obediencia a la Constitución como condición para ejercer, bajo pena de destierro sin proceso judicial. El 9 de septiembre de 1861 se expidió el Decreto de Desamortización de Bienes de Manos Muertas, que declaró que la falta de circulación de las propiedades raíces de corporaciones, congregaciones y sociedades anónimas justificaba su remate y conversión en renta pública. La motivación era doble —fiscal, para aliviar una deuda pública agobiada por las guerras civiles, y doctrinaria, para romper la base económica del poder eclesiástico— y sus efectos serían perdurables. Poco después se cerraron conventos y se expulsó a las comunidades religiosas: los frailes tomaron el camino de Ecuador, Perú, Venezuela o de los llanos del Casanare, donde buscaron refugio en la selva y en la lejanía. La Constitución de Rionegro de 1863, que consagró los Estados Unidos de Colombia y llevó el federalismo a extremos que pocos países del continente conocieron, mantuvo vigentes todas estas leyes anticlericales.

Eso —una arquidiócesis desmembrada económicamente, un clero disperso, comunidades religiosas en el exilio, el juramento pendiendo sobre cada párroco— fue lo que Arbeláez recibió.

Una estrategia sin nombre: pragmatismo con línea

Arbeláez no publicó una doctrina ni firmó un manifiesto que resumiera cómo pensaba enfrentar el orden federal radical. Su estrategia se lee en los hechos: donde Manuel José Mosquera y Antonio Herrán habían chocado frontalmente y habían pagado ese choque con destierro y confinamiento, él ensayó una combinación menos vistosa y más eficaz. Sostuvo el rechazo doctrinario a las leyes de tuición, desamortización y juramento —los mismos rechazos de sus predecesores— pero evitó los gestos que ofrecían al gobierno la ocasión de expulsarlo. Al mismo tiempo, cuando fue necesario, resistió abiertamente y movilizó al clero bajo su jurisdicción, sobre todo en Antioquia, donde el gobierno conservador del estado le garantizaba un margen que Bogotá no tenía.

Esa doble mano —negociación institucional en el centro, resistencia dura en la periferia protegida— explica por qué el propio Tomás Cipriano de Mosquera lo denunció ante Roma. En una carta al papa Pío IX, el presidente acusó a Arbeláez de ordenar la desobediencia a la autoridad pública civil y de dividir a los católicos colombianos, y pidió al pontífice que instara a los prelados a permanecer en sus diócesis y acatar al Estado. Mosquera reconocía en la misma carta que, como jefe del ejecutivo, debía respetar la independencia de la Iglesia, pero acusaba al arzobispo de sobrepasarse. La denuncia dice más que muchos elogios: para el presidente que había desterrado a un arzobispo, confinado a otro y desamortizado los bienes de la Iglesia, Arbeláez era un adversario suficientemente activo como para llevar el pleito al Vaticano. No era un negociador dócil.

Del lado opuesto, la prensa liberal más radical tampoco lo trataba como aliado. En 1877, tras la guerra civil, el periódico El 5 de Abril acusaba a los obispos de huir y de servir de piedra de escándalo, y reclamaba someterlos por la fuerza a la obediencia de la ley. El Syllabus de Pío IX, publicado en Bogotá en 1869 como apéndice al Concilio Primero Provincial Neogranadino, era para esa prensa la constitución alternativa con la que el clero pretendía imponer una teocracia. Arbeláez, como presidente de ese Concilio, quedaba en el centro de la acusación.

Ni pieza dócil ni mártir: prelado que resiste con cálculo. La fórmula tenía costos —los liberales lo veían como fanático, los conservadores ultramontanos podían leerlo como demasiado prudente— pero tenía un resultado que ninguno de sus antecesores había conseguido: seguir en su sede.

El Concilio de 1868-1869 y el marco ultramontano

Uno de los actos más importantes del arzobispado de Arbeláez fue la convocatoria y realización del Concilio Primero Provincial Neogranadino, que sesionó en Bogotá y cuyos documentos se publicaron en 1869. Fue mucho más que un acto administrativo: la reafirmación pública de que la Iglesia colombiana se alineaba con el ultramontanismo romano en un momento en que el Estado le exigía plegarse al patronato republicano. Publicar el Syllabus como apéndice del concilio no era una decisión editorial; era una declaración de principios.

El Syllabus, promulgado por Pío IX en 1864, condensaba los errores modernos que la Iglesia rechazaba. El numeral XVII condenaba la idea liberal de que el Papa y los ministros de la Iglesia debían quedar excluidos de la administración de las cosas temporales: exactamente lo que el radicalismo colombiano pretendía imponer con la tuición, la desamortización y la elección popular de curas. Al hacer suyo el Syllabus, el episcopado colombiano —presidido por Arbeláez— cerraba la puerta a cualquier acomodo doctrinario con el liberalismo radical. En adelante, el pleito no era sobre esta o aquella ley: era sobre la naturaleza misma del orden político.

Ese marco explica por qué la resistencia de Arbeláez a la tuición no admitía transacción de fondo. Podía negociar formas, ritmos, tolerancias prácticas —y lo hizo—, pero no podía aceptar el principio de que el Estado eligiera a sus curas o le exigiera juramentos al clero como condición para ministrar. La distinción es la que separa al pragmático del claudicante: Arbeláez cedió terreno táctico pero mantuvo la doctrina intocada, y por eso pudo, una vez cambiado el viento, cobrar en 1886 lo que había preservado durante dos décadas.

El Concilio sirvió también como acto de reconstitución interna. Después de la desamortización, la expulsión de comunidades y el destierro de obispos, la Iglesia colombiana necesitaba mostrar que existía como cuerpo articulado. Convocar a los prelados, reunirlos en Bogotá bajo la presidencia del arzobispo, publicar decretos conjuntos, era demostrar que la jerarquía seguía siendo jerarquía. Fue una operación de autoridad tanto hacia adentro —los propios sacerdotes— como hacia afuera —el Estado y los fieles.

Antioquia como retaguardia

Ningún relato del arzobispado de Arbeláez se sostiene sin Antioquia. La región cumplió, durante los Estados Unidos de Colombia, una función que ninguna otra parte del país podía cumplir: la de retaguardia eclesiástica. Varias razones se combinaban. La Iglesia antioqueña había acumulado, durante la colonia, mucha menos riqueza que la de otras regiones —la mayor parte de sus bienes en manos muertas estaba en forma de censos, no de latifundios—, en parte porque la provincia había dependido eclesiásticamente de las diócesis de Popayán y Cartagena, hacia donde fluían los diezmos. Esa relativa pobreza fue paradójicamente una ventaja: cuando llegó la desamortización, había menos que confiscar. Y lo poco que había pudo protegerse mejor.

La aplicación de la desamortización en Antioquia fue extraordinariamente limitada. Los terratenientes locales, temerosos de la desaprobación eclesiástica y de las consecuencias sociales de comprar bienes de la Iglesia, se abstuvieron; solo unos pocos censos fueron redimidos en el tesoro nacional. El hecho de que durante gran parte del período federal Antioquia tuviera gobierno conservador acabó de bloquear la operación. Mientras en otras regiones los bienes de comunidades y cofradías pasaban a manos de comerciantes liberales enriquecidos, en Antioquia el patrimonio eclesiástico quedó sustancialmente intacto.

Ese hecho material tuvo consecuencias políticas de largo aliento. Significó, primero, que la red parroquial antioqueña siguió funcionando con normalidad cuando en otros estados los templos se cerraban o quedaban sin cura. Significó, segundo, que la Iglesia mantenía su presencia entre las masas populares, cuya religiosidad transversal la hacía en esa región un vínculo social irreductible. Y significó, tercero, que la retórica antiliberal más incendiaria del país saliera precisamente de Medellín, donde el clero podía predicarla sin que un jefe civil lo obligara a callar. Cuando la prensa liberal denunciaba al episcopado como piedra de escándalo, pensaba en buena medida en los púlpitos antioqueños.

Arbeláez, antioqueño de origen y arzobispo de Bogotá, funcionó como el puente entre esa base regional y el centro político. En Bogotá negociaba, moderaba, aguantaba; en Antioquia dejaba —o hacía— que la resistencia se articulara. La región funcionaba como reserva estratégica: allí se refugiaba el capital simbólico y humano que en la capital era imposible desplegar sin riesgo de nuevo destierro. La lógica no era conspirativa; era la consecuencia natural de un país federal en el que cada estado tenía competencias amplias y en el que la Constitución de 1863 permitía a las regiones organizar hasta sus propias milicias.

La guerra civil de 1876-1877 y la reforma educativa

El punto de inflexión del arzobispado de Arbeláez —y del ciclo radical entero— fue la guerra civil de 1876-1877. Su origen inmediato fue la reforma educativa impulsada por el presidente Eustorgio Salgar en 1870, que estableció la obligatoriedad y gratuidad de la educación primaria, la neutralidad religiosa en la escuela pública y un sistema nacional supervisado desde Bogotá. Para completar el diseño, el gobierno contrató una misión pedagógica de protestantes alemanes destinada a fundar escuelas normales en todos los estados.

La medida atacaba a la Iglesia donde más le importaba: en la formación de las nuevas generaciones. Miguel Antonio Caro y los conservadores denunciaron que el Estado invadía "con escándalo y violencia los derechos de la religión y la ciencia", usurpando el rol de la Iglesia en la formación moral. Del lado liberal, Aníbal Galindo defendió sin pudor la educación partidista: mientras el liberalismo estuviera en el poder debía enseñar el liberalismo, y Balmes y Bentham no podían coexistir en las aulas. El pleito era, en efecto, sobre quién formaba al ciudadano.

En 1876, bajo la presidencia de Aquileo Parra, los conservadores se alzaron en armas. Los clérigos de Palmira, Cartago y Tuluá abanderaron la causa antirreformista; la guerra se libró principalmente en el Cauca y el Tolima y duró once meses. Fue devastadora: se suspendieron clases, se destruyeron libros de texto, las aulas se usaron como cuarteles. El propio Secretario del Tesoro denunció en 1878 que el conflicto había costado el 118% del presupuesto nacional aprobado para ese año. La matrícula escolar, que venía creciendo sostenidamente —de 22.000 niños a mediados de siglo pasó a 79.123 en 1.464 escuelas en 1876—, se detuvo.

La derrota militar de los conservadores tuvo consecuencias inmediatas para la Iglesia. En 1877 los liberales santandereanos promulgaron nueva legislación anticlerical, con destierro del obispo de Pamplona y arresto de párrocos desafectos. La prensa liberal exigió mano dura. En medio de esa ola, Arbeláez tuvo que sostener el equilibrio: reconocer la derrota militar sin firmar la rendición institucional, mantener la protesta doctrinaria sin dar excusas para nuevas represalias. Antioquia, tras la guerra, entró en lo que se describió como un paréntesis de degradación política, y aun así siguió funcionando como base eclesiástica.

La contradicción del momento fue que la victoria liberal, aparentemente aplastante, incubó su propia derrota. La reforma educativa quedó debilitada por la propia guerra que había provocado; el fisco quedó exhausto; el federalismo mostró que no podía sostener el orden público. Sobre esos escombros comenzó a articularse la salida que se llamaría Regeneración. Arbeláez no la vería completada, pero fue una de las piezas que la hicieron posible.

Roma y Bogotá: gestión diplomática en dos frentes

Uno de los rasgos menos vistosos y más importantes del arzobispado de Arbeláez fue la gestión diplomática permanente que mantuvo con la Santa Sede. La denuncia de Tomás Cipriano de Mosquera ante Pío IX no fue un episodio aislado: fue parte de un tira y afloja continuo entre Bogotá y Roma que ya venía del período de Manuel José Mosquera, cuando Pío IX había pedido al presidente la revocatoria de la ley que colocaba a la jurisdicción episcopal en interdicción, sin éxito.

Arbeláez tenía que operar en dos frentes simultáneos. Frente al Estado colombiano, mantener una relación funcional que evitara nuevos destierros y permitiera el ejercicio del ministerio. Frente a Roma, sostener la doctrina ultramontana, aplicar el Syllabus, resistir cualquier concesión al patronato republicano que Bogotá quisiera arrancar. La habilidad —o la necesidad— consistía en que ambas gestiones no chocaran. Cuando Mosquera pidió al Papa que instara a los obispos a acatar la autoridad civil, Roma no se plegó, y la posición del arzobispo quedó respaldada por la jerarquía universal. Que la Santa Sede lo sostuviera fue decisivo: en el sistema ultramontano posterior al Concilio Vaticano I —también obra del pontificado de Pío IX—, la comunión con Roma era la fuente última de legitimidad episcopal.

Esa red vertical, que iba desde el más humilde párroco antioqueño hasta el pontífice, fue el otro gran soporte de Arbeláez. El Estado colombiano podía confiscar bienes y expulsar comunidades, pero no podía tocar la comunión con Roma. Y mientras esa comunión se mantuviera, la jerarquía existía, aunque estuviera despojada. El arzobispo entendió esa aritmética y la administró con paciencia.

Muerte en 1884 y el legado inmediato

Vicente Arbeláez murió en Bogotá en 1884, dos años antes de la Constitución que revertiría el orden radical y tres antes del Concordato que reconstituiría formalmente el pacto Iglesia-Estado. No alcanzó a ver la cosecha. Su sucesor, José Telesforo Paul, desempeñaría el papel simbólico y protocolar de la reconciliación —su entrada a Bogotá fue uno de los actos emblemáticos de la Regeneración—, pero fue Arbeláez quien había preservado el cuerpo eclesiástico durante dos décadas de acoso.

En 1886, con la Constitución impulsada por Rafael Núñez y redactada intelectualmente por Miguel Antonio Caro, Colombia dio el giro completo. El federalismo cedió al centralismo; el catolicismo fue declarado religión de la nación; la educación pública quedó organizada y dirigida en concordancia con la Iglesia. El Concordato firmado en 1887 —aprobado al año siguiente— coronó el arreglo: efectos civiles al matrimonio católico, fuero eclesiástico, ventajas fiscales, obligación del Estado de proteger la religión. Los jesuitas regresaron por tercera vez al país y reconstruyeron sus instituciones. La Iglesia, aliada con el Partido Conservador, retomó su papel en la orientación electoral y en la definición del orden social. Los regeneradores, convencidos de que la presencia eclesiástica era fundamental para el mantenimiento del orden, cerraron con ese pacto el ciclo abierto en 1861.

Hay un detalle revelador: el nuevo Estado no revirtió la desamortización. Los bienes eclesiásticos confiscados bajo Mosquera no volvieron a la Iglesia; el Estado mantuvo esa estabilidad financiera. La Regeneración devolvió a la Iglesia el poder político, moral y educativo, pero no el patrimonio material del antiguo régimen. La operación de 1861 quedó, en ese aspecto, consumada. Arbeláez había peleado esa batalla durante veinte años y en lo material no la había ganado; pero había ganado la otra, la que a la larga importaba más: la institución sobrevivió y volvió a ser socia del Estado.

Balance: los límites del pragmatismo

Sería fácil convertir a Arbeláez en un héroe eclesiástico y sería injusto. Manuel José Mosquera y Antonio Herrán habían enfrentado al liberalismo con más frontalidad y habían pagado el precio del exilio y el confinamiento; su heroísmo fue de otro orden. Arbeláez eligió, o le tocó elegir, un camino menos glorioso y más funcional: permanecer. Esa permanencia tiene mérito y tiene costos.

El mérito es evidente. Preservó la jerarquía, sostuvo el Concilio de 1869, publicó el Syllabus, mantuvo la comunión con Roma sin ceder al patronato republicano, protegió la red antioqueña, resistió la reforma educativa. Sin él, la Iglesia colombiana habría llegado a 1886 mucho más desarticulada, y la Regeneración habría tenido menos interlocutor con quien pactar.

El costo, o al menos el matiz que impide la hagiografía, es que su centralidad no fue solo obra suya. La estructura regional antioqueña —el islote conservador, la baja desamortización efectiva, la religiosidad popular transversal— protegió a la Iglesia con independencia de su habilidad personal. La incapacidad del Estado radical para aplicar sus leyes anticlericales de forma uniforme en un país federal, montañoso y comunicado con dificultad, le dio márgenes que un régimen más centralizado no habría concedido. Y la propia derrota del radicalismo —consumida por sus guerras civiles y por su fracaso fiscal— giró el ciclo político por razones que operaban al margen de la voluntad de cualquier arzobispo. Arbeláez supo aprovechar esas condiciones; no las creó.

Los conservadores más ultramontanos podían acusarlo de tibieza —¿por qué no rompió?, ¿por qué no forzó el destierro que habría producido un mártir?— y los liberales lo acusaron siempre de doble juego —predicar obediencia mientras ordenaba resistencia, según Mosquera; huir en la guerra mientras se erigía como pastor, según El 5 de Abril—. Ambas críticas apuntan a lo mismo desde lados opuestos: Arbeláez no era un puro. Era un prelado que administraba una institución acorralada y que sabía que el purismo, en su caso, era el nombre del suicidio.

Lo que dejó fue eso: una Iglesia que llegó viva al momento en que el Estado necesitó reconstruirla como aliada. Ese es su lugar en la historia de Colombia, y no es un lugar menor. En el largo pleito Iglesia-Estado que arrancó con el patronato colonial y solo empezaría a resolverse verdaderamente con las reformas de mediados del siglo XX, Arbeláez ocupa el tramo más oscuro y más difícil: el momento en que la institución fue verdaderamente cercada. Que del cerco saliera fortalecida, y no destruida, es la medida discreta pero decisiva de su gestión. Ni mártir ni claudicante, ni ultramontano puro ni conciliador dócil: el arzobispo de la resistencia paciente, el antioqueño que aprendió a durar en Bogotá cuando durar era el arte más difícil.