Aníbal Galindo

La marca del padre

Todo comienza con un fusilamiento. El padre de Aníbal Galindo fue ejecutado por razones políticas —según la memoria familiar, por el "crimen político de defender las leyes del país"— cuando el niño apenas se asomaba a la vida. Ese hecho, más que cualquier lectura o cátedra, decidió el rumbo del hijo. Galindo no podría ver a su padre sino como un mártir de la libertad, un patriota fusilado por defender el orden legal, y esa imagen le fijó la militancia antes de que la eligiera: se hizo liberal convencido y enemigo implacable de quienes habían dispuesto la muerte de su progenitor.

La particularidad del origen importa. Cuando se enumeran los grandes nombres del radicalismo —Manuel Murillo Toro, Salvador Camacho Roldán, Miguel Samper, Aquileo Parra, Santiago Pérez—, cada uno llegó al liberalismo por una vía distinta. Uno por la lectura de Bentham en la escuela de derecho; otro por la experiencia comercial en el Caribe; otro por la revuelta antimonopolios de los años 1840; otro por la fe en la educación popular. La afiliación de Galindo, en cambio, no fue ideológica antes que biográfica: fue una herencia de sangre. Esa raíz explica el tono con que, ya anciano, describía su vida como un servicio "al partido y a la nación": la disyunción entre ambos, cuando llegara, le resultaría insoportable, porque para él partido y nación habían sido una sola cosa desde la infancia.

Del Galindo joven queda poco en el registro público, pero puede inferirse el itinerario típico de su generación. Formación letrada en Bogotá, ingreso temprano a las escuelas de derecho donde se enseñaba el utilitarismo de Bentham como matriz filosófica, familiaridad con Bastiat y Say en materia económica, viajes por Europa que le darían el barniz cosmopolita del que hablarían quienes lo conocieron en la madurez. Röthlisberger, que lo entrevistó cuando Galindo rondaba los sesenta años, lo describió como un hombre urbano, refinado y ampliamente viajado, traductor del Paraíso Perdido de Milton, capaz de conducir en una tarde nublada de Bogotá una conversación culta sobre la historia colombiana desde la independencia con el embajador francés Daloz, evocando a Nariño, Bolívar y Santander con la solemnidad del ilustrado tardío.

La Escuela Republicana y la generación radical

Galindo se formó políticamente en la Escuela Republicana, la sociedad de jóvenes liberales bogotanos que a comienzos de la década de 1850 se convirtió en semillero del ala más doctrinaria del liberalismo. Allí coincidió con Camacho Roldán, con los Samper, con el conjunto de publicistas que impulsaría el laicismo, el librecambio y la ampliación de las libertades individuales. La Escuela era, más que un partido, una hermandad ideológica: leía a los liberales franceses, discutía el utilitarismo inglés, escribía en los periódicos y aspiraba a rehacer el país sobre la base del individuo propietario, ilustrado y libre.

La dictadura de José María Melo en 1854 —el episodio de la coalición militar-artesanal aplastada por una alianza bipartidista de las élites— marcó un giro decisivo para esa generación. El susto del 54 fue doble: la evidencia de que las clases populares urbanas tenían capacidad de organización militar y política propia, y la conciencia de que el ala más doctrinaria del liberalismo no podía coquetear indefinidamente con el artesanado sin arriesgar la hegemonía de las élites letradas. La reacción fue neta. Los antiguos republicanos, entre ellos Galindo, se distanciaron del componente popular que había alimentado la Escuela en sus primeros años, cerraron filas con la élite propietaria y afinaron un discurso económico más ortodoxo, en el que la defensa del librecambio y de la propiedad individual dejaba de tener contrapesos artesanales. El proteccionismo, todavía discutible entre los liberales de la primera hora, quedó desde entonces marcado con el estigma del melismo. El radicalismo maduro, el que gobernaría al país entre 1863 y 1885, salió de esa reconciliación con la propiedad y con el orden: un radicalismo laicista y federalista, desprendido ya de su base artesanal. Los Estudios económicos y fiscales que Galindo publicaría en Bogotá en 1880 son la expresión intelectualmente más pulida de esa segunda ortodoxia.

Los dirigentes radicales se dedicaban principalmente a la política y a la ideología; cuando no ocupaban cargos públicos, la enseñanza y el periodismo eran sus actividades preferidas. Galindo encaja en el patrón con exactitud: alternó la administración con la cátedra y la cátedra con la publicación, y en cada uno de esos frentes trabajó con la misma materia prima, hecha de cifras, argumentos económicos y doctrina liberal.

La Convención de Rionegro y el laboratorio radical

El 4 de febrero de 1863 se instaló en la villa antioqueña de Rionegro, bajo el patrocinio militar de Tomás Cipriano de Mosquera, la Convención que promulgaría la nueva constitución de los Estados Unidos de Colombia. Aquello no fue una reforma sino una refundación. El país quedó dividido en nueve estados soberanos, el ejecutivo nacional fue reducido a una figura casi ceremonial, se consagraron libertades individuales que llegaban al derecho al comercio de armas, y se instituyó un federalismo tan extremo que muchos contemporáneos —incluso liberales— lo juzgarían inviable desde el primer día.

Galindo pertenece al núcleo intelectual de ese experimento. No fue un constituyente visible como Murillo Toro o Camacho Roldán, pero sí uno de quienes le darían al régimen federal sus herramientas técnicas: la contabilidad pública, la estadística nacional, la doctrina fiscal, la memoria administrativa. En un Estado que renunciaba a casi todos los instrumentos de coacción centralizada —ejército permanente reducido, tributación directa devuelta a los estados, educación descentralizada—, la producción de información y de doctrina se convertía en el único terreno donde el gobierno nacional podía todavía existir con densidad. Galindo entendió ese hueco y lo ocupó.

Durante el segundo gobierno de Mosquera, el Decreto del 9 de septiembre de 1861 había ordenado la desamortización de bienes de manos muertas, disponiendo que corporaciones, congregaciones y sociedades anónimas no podían poseer inmuebles a perpetuidad. La medida, complementada por la tuición de cultos, transfirió al mercado buena parte del patrimonio inmobiliario acumulado por la Iglesia durante tres siglos. Los principales beneficiarios de los remates fueron comerciantes liberales acaudalados, especialmente en las regiones donde los gobiernos estatales eran del partido; la concentración de la propiedad no desapareció, cambió de manos. Galindo, joven publicista económico, se movió en ese ambiente donde el liberalismo doctrinario y el interés comercial de la nueva élite se sostenían mutuamente, y donde la crítica al latifundio eclesiástico convivía sin contradicción evidente con la aparición de un latifundio laico.

El estadígrafo del régimen

En 1873 y 1874, Galindo se desempeñó como jefe de la Sección de Estadística. El cargo, en un país que apenas sabía contarse, tenía más peso del que sugiere su denominación burocrática: quien lo ocupaba definía qué era medible, qué merecía tabularse, qué se publicaría oficialmente. Galindo lo aprovechó para hacer algo que los historiadores económicos aún reconocen: publicar en el Diario Oficial —el periódico que Murillo Toro había fundado por decreto del 28 de abril de 1864— las cifras sobre los títulos de concesión de tierras baldías otorgados por la República.

Los números eran elocuentes. Hasta 1874 se habían emitido títulos de concesión por 3.318.500 hectáreas, y se habían hecho adjudicaciones materiales sobre 1.159.592 hectáreas. La distancia entre lo prometido en papel y lo entregado en el terreno hablaba por sí sola. Un Estado que enajenaba baldíos a un ritmo desproporcionado a favor de propietarios que, en muchos casos, ni siquiera pisaban las tierras adjudicadas. Galindo publicó las cifras y las dejó hacer su trabajo argumentativo. En una república donde la doctrina oficial defendía la colonización individual y el pequeño propietario, aquellos datos eran una acusación silenciosa contra la práctica real de la administración de baldíos.

La Ley 61 del 24 de junio de 1874 —promulgada en pleno auge de esa discusión— reconoció la propiedad de los terrenos baldíos cultivados y habitados, y fomentó la colonización individual, saliendo jurídicamente en defensa de los colonos frente al concesionario ausentista. Galindo, con sus estadísticas del Diario Oficial, había contribuido a preparar el terreno. Cuatro años después, en 1878, presentaría un proyecto de ley propio que serviría de punto de referencia en la elaboración de la Ley 48 del 28 de agosto de 1882, la norma que desarrollaría en esencia lo dispuesto en 1874. La propiedad se adquiere por el cultivo, cualquiera sea la extensión, y el Ministerio Público debe amparar de oficio a cultivadores y pobladores frente a los concesionarios sin ocupación efectiva.

Entre una y otra ley medió el Decreto 505 del 22 de julio de 1881, que suspendió las adjudicaciones de baldíos en todo el país hasta que el Congreso legislara sobre la materia, exceptuando las que se hicieran a cultivadores conforme a la Ley 61 de 1874 y a empresarios de colonización conforme a la Ley 33 de 1873. El decreto congelaba, provisionalmente, el mecanismo que Galindo llevaba años denunciando en sus cifras.

Ministro de Núñez

Aquí el retrato se vuelve incómodo. Galindo ejerció como secretario de Hacienda durante el primer gobierno de Rafael Núñez, iniciado en 1880. Es decir, el hacendista más caracterizado del radicalismo aceptó el ministerio bajo el presidente que había construido su triunfo político desplazando a los radicales, aliándose con los liberales independientes y con el Partido Conservador de Miguel Antonio Caro, y que había derrotado en las urnas al candidato radical Aquileo Parra. Ese mismo año 1880 murió Murillo Toro, y la muerte del gran patriarca del radicalismo, combinada con la llegada de Núñez a la presidencia, selló la suerte del régimen que Galindo había servido durante dos décadas.

¿Cómo entender el gesto? En parte, como continuidad técnica: Núñez todavía no era abiertamente el Regenerador de 1886, y muchos liberales creyeron que su gobierno podía corregir los excesos del federalismo sin desmantelarlo. En parte, como reconocimiento personal a Galindo, el especialista disponible más solvente en asuntos fiscales. Y en parte —esta es la lectura más dura— como testimonio de que el radicalismo tardío ya se había fracturado internamente, y de que sus intelectuales podían pasar del gobierno federal al gobierno centralizador sin sentir que traicionaban nada esencial, porque en el plano doctrinario compartían con Núñez el respeto por la propiedad y el orden.

Desde el Ministerio, Galindo publicó en 1882 su Memoria de Hacienda, uno de los documentos más importantes de la administración fiscal colombiana del siglo XIX. Allí cuestionó seriamente la política de baldíos vigente. Argumentó que las inmensas enajenaciones de tierras a favor de propietarios que no las cultivaban eran contrarias al principio de utilidad pública en que se fundaba el derecho de propiedad. La formulación es doctrinariamente exacta —y radicalmente lockeana, con más de un eco del utilitarismo aprendido en las escuelas de derecho—: la propiedad se justifica por el trabajo que la vuelve productiva, no por el título de papel. Un terrateniente ausentista era, para Galindo, alguien que gozaba de un derecho sin cumplir la función que lo legitimaba.

La Memoria de 1882 debe leerse contra el trasfondo fiscal del EUC. El sistema tributario nacional del período radical, heredado de las reformas liberales de 1850-1851, dependía fuertemente de los ingresos aduaneros, que habían crecido al calor del auge exportador de 1850-1875. La Constitución de 1863 había profundizado la descentralización fiscal, y los estados soberanos determinaban sus propios tributos y manejaban sus gastos con autonomía casi total. Cuando el auge exportador comenzó a fatigarse y las guerras civiles regionales presionaron el gasto, la fragilidad de esa arquitectura se hizo evidente: un gobierno nacional con pocas rentas propias y un mosaico de fiscos estatales incapaces de sostener un aparato administrativo mínimo. Galindo, como ministro, administraba las ruinas de un sistema que él mismo había ayudado a doctrinar.

Doctrinario del librecambio

La ideología económica de Galindo era la del liberalismo radical en su versión más pura, una mezcla de Bastiat, de Say y, sobre todo, del utilitarismo político de Bentham enseñado en las escuelas de derecho. El librecambio era la doctrina económica predominante del período, consolidada tras el aplastamiento de la coalición artesanal en 1854, y Galindo la profesó sin las moderaciones que un Murillo Toro se permitió a veces: Murillo esbozó posiciones proteccionistas puntuales; Galindo, en su obra escrita, no.

El librecambismo radical no fue nunca un dogma sin excepciones. La intervención estatal en vías de comunicación —caminos, ferrocarriles, telégrafo— y en algunas industrias pesadas fue una excepción práctica reconocida al laissez-faire, aceptada por casi todos los doctrinarios porque se justificaba en términos utilitaristas de externalidades y bien público. Galindo escribió extensamente sobre asuntos económicos, y su pensamiento se mueve en ese perímetro: mercado libre como regla, Estado activo en infraestructura y en la producción de información estadística como excepción legítima.

Sus conferencias públicas de economía política en El Externado y en la Universidad Republicana, dictadas durante la segunda mitad del siglo XIX, forman parte de una práctica más amplia. En ese período, las figuras prestigiosas de la vida intelectual colombiana daban y publicaban conferencias que trascendían el aula. La economía política era, más que una disciplina académica, un género de intervención pública, y Galindo fue uno de sus practicantes más constantes. El debate intelectual del siglo XIX colombiano en la materia estuvo marcado por la influencia francesa —especialmente Joseph Garnier— y española —Manuel Colmeiro, a su vez representante del liberalismo francés en la península—; Galindo se inscribe en esa genealogía transatlántica.

Su Anuario Estadístico forma parte de un corpus más amplio de anuarios, boletines y monografías regionales que dan cuenta del esfuerzo, siempre incompleto, del Estado colombiano del siglo XIX por conocerse a sí mismo. El punto no es la magnitud absoluta de la información producida —modesta en cualquier comparación internacional— sino la voluntad de producirla. En un país que a duras penas censaba a su población, publicar cifras de baldíos, aduanas, presupuesto y comercio exterior era un acto político tanto como técnico.

La candidatura de 1880 y sus límites

En 1880, Galindo aspiró a la presidencia. Fue una candidatura, según la opinión que recogió Röthlisberger, "nada afortunada". No gozó de amplio respaldo, no consiguió articular una plataforma competitiva y quedó rápidamente eclipsada por el ascenso de Núñez. La sucesión de los hechos es ilustrativa: en 1880 Galindo pierde la carrera presidencial y termina como ministro de Hacienda del vencedor. La secuencia dice más que un tratado sobre la posición real de los intelectuales dentro de la maquinaria política del liberalismo tardío. Podían escribir la doctrina, producir las cifras, redactar las memorias y dictar las conferencias, pero no ganaban elecciones.

El episodio revela también el estado del liberalismo hacia 1880. La fractura entre radicales e independientes, que se venía incubando desde comienzos de la década, había alcanzado el punto en que un sector del partido prefirió aliarse con conservadores para desalojar del poder al ala radical antes que permitir la continuidad del statu quo federal. Aquileo Parra, candidato radical de la ortodoxia, fue derrotado; Galindo, candidato radical de menor peso, ni siquiera pudo competir con propiedad. Cuando Núñez le ofreció el Ministerio, aceptar era, para un hacendista, la única manera de seguir influyendo en política pública. No fue una traición ideológica; fue el reconocimiento realista de que la doctrina radical, sin poder, era literatura.

La guerra civil de 1876 —desencadenada por los conservadores contra el gobierno de Parra para frenar el proyecto de educación laica y obligatoria impulsado durante los años setenta— había mostrado antes que el régimen radical tenía enemigos capaces de coordinarse militarmente. La guerra de 1885, que Galindo alcanzó a ver desde adentro del aparato estatal, mostró que también tenía enemigos capaces de coordinarse políticamente: la coalición nuñista-conservadora que emergió de esa guerra clausuró el experimento federal y abrió el camino a la Constitución de 1886.

La red

Galindo se movió en el círculo estrecho de la élite letrada bogotana. Participó en El Mosaico, la tertulia de publicistas identificados con el liberalismo y con el conservatismo nacientes, cuyas discusiones fueron primordialmente literarias. Allí convergían liberales y conservadores en un espacio donde la afinidad de clase y de cultura letrada precedía a las divergencias partidistas. Se leía a los clásicos, se traducía, se comentaban las novedades europeas. La traducción del Paraíso Perdido que Galindo emprendió pertenece a ese universo, un ejercicio de ambición literaria propio de un ilustrado de provincia con vocación europea.

Con Camacho Roldán compartió más que la edad: compartió el oficio de traducir la doctrina liberal a lenguaje fiscal y estadístico, y las dos carreras corren en paralelo durante décadas como si fueran dos versiones del mismo tipo intelectual. Miguel Samper, más filoso en la pluma, fue el interlocutor con quien Galindo sostuvo la ilusión de un liberalismo ortodoxo depurado tanto del melismo popular como de las tentaciones autoritarias del centralismo; los dos habían hecho el mismo recorrido desde la Escuela Republicana hasta la madurez doctrinaria, y los dos verían derrumbarse el mundo que habían ayudado a construir. Murillo Toro fue otra cosa: la figura tutelar, el político mayor que daba cobertura pública a lo que Galindo escribía en las oficinas, y su muerte en 1880 dejó al hacendista sin el paraguas bajo el que había trabajado durante veinte años. Aquileo Parra, Santiago Pérez y Ezequiel Rojas —ideólogo mayor del utilitarismo colombiano— completan la red, pero como fondo más que como interlocutores íntimos.

Núñez es, en esa red, el contrapunto: el hombre con quien Galindo terminó gobernando pese a la evidente distancia ideológica. Y Miguel Antonio Caro, el ideólogo conservador que fue la sombra intelectual de Núñez durante la Regeneración, encarna el mundo que sucederá al de Galindo: gramático, católico, centralista, autoritario. La biografía de Galindo puede leerse como el arco que va del liberalismo republicano de la Escuela hasta el gobierno de Núñez, con Caro esperando al final del túnel.

Ibagué en las cifras

La carrera pública de Galindo transcurrió en Bogotá, pero sus raíces tolimenses le daban a la discusión sobre baldíos una espesura que no era solo doctrinaria. El Tolima —Ibagué y su entorno— era en esos años una de las regiones donde la expansión de la frontera agrícola sobre tierras nominalmente públicas se traducía en conflictos concretos entre colonos, concesionarios y haciendas medianas en crecimiento. Cuando Galindo, desde la Sección de Estadística, denunciaba en cifras la desproporción entre títulos otorgados y adjudicaciones efectivamente cultivadas, no describía un problema abstracto: describía la mecánica por la cual las tierras de su región cambiaban de dueño sin cambiar de manos productoras. La Ley 61 de 1874 y la Ley 48 de 1882, en las que su trabajo estadístico y su proyecto de 1878 pesaron, tenían destinatarios reales en esa geografía.

Sus viajes a París y Londres —itinerarios característicos del ilustrado latinoamericano del XIX— le dieron el contacto directo con las bibliotecas y los debates que alimentaban su producción: la economía política francesa, el utilitarismo inglés, la literatura clásica del liberalismo europeo. Galindo pertenece a la generación para la que Europa era todavía el horizonte natural del pensamiento; su cosmopolitismo, real y culto, no le impidió sin embargo mantener un anclaje colombiano firme, expresado en su dedicación obstinada a producir datos sobre el propio país.

El ocaso: Regeneración y desplazamiento

La Constitución de 1886 clausuró el mundo de Galindo. El país volvió a ser una república unitaria dividida en departamentos, con un presidente elegido por voto directo por seis años, un ejército nacional, relaciones más armónicas con la Iglesia y una centralización política, administrativa y económica que era la negación punto por punto del experimento de 1863. El período que se abrió a partir de entonces —conservador, católico, autoritario— fue de censura y olvido para los ilustrados y librepensadores liberales que habían dominado la vida intelectual bogotana durante las décadas anteriores. Galindo, con su perfil laicista, librecambista y radical, quedó al margen del nuevo régimen.

Sus últimos años transcurrieron entre la conferencia universitaria, la escritura, la traducción y las conversaciones cultas como la que sostuvo con el embajador Daloz. Röthlisberger lo retrata como hombre que evocaba a Nariño, Bolívar y Santander tratando de racionalizar la historia colombiana desde la independencia. El gesto es el del sobreviviente que ordena el pasado porque ya no puede intervenir en el presente. La expresión con la que definía su propia trayectoria —vida de servicio "al partido y a la nación"— tiene, dicha en 1894 o 1895, un tono elegíaco: partido y nación se habían separado, la nación había tomado un rumbo distinto al que su partido quería, y a Galindo le quedaba la memoria.

Murió en 1901, en pleno estallido de la Guerra de los Mil Días, otra guerra civil desatada por liberales que ya no eran los suyos contra un régimen conservador que era el heredero de sus enemigos. Alcanzó a ver el ciclo completo: la promesa del liberalismo triunfante en 1863, la construcción doctrinal y estadística del EUC, la fractura interna del partido, la derrota de 1885-1886 y el intento tardío y desesperado del liberalismo por recuperar el poder por las armas.

La huella

¿Qué queda de Aníbal Galindo? Menos de lo que su obra merecería, más de lo que las apariencias sugieren.

Queda, en primer lugar, la producción estadística. Sus cifras sobre baldíos siguen siendo fuente primaria para cualquier historia agraria del siglo XIX colombiano, y su Anuario Estadístico forma parte del corpus fundacional de la estadística nacional. Queda la Memoria de Hacienda de 1882, referencia obligada para entender las tensiones fiscales del tránsito del régimen federal a la Regeneración. Quedan los Estudios económicos y fiscales de 1880, testimonio del pensamiento económico radical en su madurez. Queda la traducción del Paraíso Perdido, curiosidad literaria que atestigua la ambición cultural de una generación entera.

Queda el problema que Galindo diagnosticó y no resolvió: la contradicción entre el discurso liberal sobre el colono productivo y la práctica de concentración de baldíos a favor de grandes propietarios ausentistas. Sus cifras del Diario Oficial de 1873-1874 mostraron con claridad la desproporción; su proyecto de 1878 y la Ley 48 de 1882 intentaron corregirla; pero la debilidad del Estado para hacer cumplir la ley de la propiedad-por-cultivo frente al poder político y económico de los grandes concesionarios sobrevivió al radicalismo, sobrevivió a la Regeneración y llegó al siglo XX como una de las bases del conflicto agrario colombiano. Galindo no lo causó ni lo resolvió, pero lo documentó como pocos.

Queda, en fin, la figura paradigmática del hacendista-publicista latinoamericano del siglo XIX: hombre culto, viajado, políglota, capaz de traducir a Milton y de calcular hectáreas, comprometido con un proyecto de modernización estatal que tenía en la producción de información uno de sus instrumentos centrales. Ese perfil —el intelectual público que sirve al Estado sin dejar de escribir, que combina la cátedra con el ministerio y el periodismo con la investigación— es más común en el siglo XIX de lo que suele admitirse, y Galindo es uno de sus ejemplares mejor definidos en Colombia. La pericia técnica y el prestigio doctrinario, sin embargo, no compensaron en 1880 la falta de músculo político, la fractura del partido ni la habilidad coalicional de Núñez: producir la representación técnica de un Estado no basta para sostenerlo.

En eso reside, con matices, la centralidad de Aníbal Galindo. No fue el gran presidente ni el gran teórico ni el gran héroe del radicalismo. Fue el funcionario que le dio al régimen su rostro estadístico, el ministro que documentó sus contradicciones agrarias, el conferencista que enseñó su economía política y el ilustrado que representó su cultura letrada. Sin él, y sin los pocos como él, el EUC sería para nosotros mucho menos legible de lo que es. Con él nos llega, además, la ironía histórica de haber terminado sirviendo a Núñez: la advertencia de que las cifras, por exactas que sean, no ganan guerras civiles ni elecciones.