Nariño

Un territorio partido en tres

La geografía manda en Nariño con una brutalidad que otras regiones colombianas apenas insinúan. El 81% de sus habitantes se concentra en la zona montañosa, que representa menos del 15% del territorio departamental; de ese conjunto, el 54,8% vive en tierra fría. La consecuencia es una presión demográfica extrema sobre un espacio reducido: subdivisión permanente de la propiedad, minifundios antieconómicos, una economía campesina de subsistencia muy precaria y, como salida, la emigración forzosa por falta de tierra, trabajo y alimento. Este desequilibrio no es reciente ni accidental. Desde la conquista, la orografía andina colombiana empujó a la población a refugiarse en las altiplanicies y vertientes de altura, donde se escapaba del calor y las enfermedades tropicales y donde la agricultura era viable, mientras las tierras bajas —la llanura del Pacífico, los cañones cálidos— permanecían menos pobladas y más difíciles.

Al altiplano nariñense, articulado en torno a Pasto, Ipiales y Túquerres, se le suma hacia el occidente la llanura pacífica, donde Tumaco y Barbacoas organizan un mundo distinto: caluroso, lluvioso, poblado mayoritariamente por comunidades afrodescendientes, atravesado por ríos que desembocan en el mar. Entre uno y otro se abren los cañones —el del Patía, sobre todo— y las estribaciones donde nacen los grandes ríos. Nariño comparte con el Cauca el Macizo Colombiano, esa fábrica de agua que es la más importante de Colombia y la segunda de América Latina, declarada reserva de la biosfera por la UNESCO, y del cual bajan el Magdalena, el Cauca, el Caquetá y el Patía. Esta condición hidrológica y biogeográfica le da al sur del país una importancia geopolítica que trasciende con creces su peso demográfico.

Al sur, la cordillera se anuda en el Nudo de los Pastos antes de continuar hacia Ecuador. Allí, en la frontera, Rumichaca marca el paso terrestre por el que han circulado, desde tiempos prehispánicos, poblaciones, mercancías y ejércitos. Del otro lado están los mismos pueblos: los Pastos, los Awá, los Kamëntšá, los Inga son binacionales, y la línea fronteriza que Colombia y Ecuador trazaron en el siglo XIX cortó territorialidades más antiguas sin borrarlas.

Antes de la Conquista: pastos, quillacingas y una cultura que apenas se descubre

Cuando llegaron los españoles, el territorio del actual Nariño estaba ocupado por sociedades diferenciadas según la unidad paisajística. En el altiplano vivían los pastos y quillacingas; en el valle del Guamués, los sibundoyes; en el cañón del Patía, los tabiles; y en la llanura del Pacífico, los tumas, iscuandés y telembíes. Buena parte de la zona cordillerana había formado parte del Imperio inca, cuya frontera septentrional se extendía hasta este flanco colombiano, dejando huellas que la arqueología aún trabaja en precisar.

La densidad cultural del sur andino se hizo visible tardíamente. El descubrimiento arqueológico de la llamada cultura de Nariño es reciente: apenas a comienzos de los años sesenta del siglo XX empezaron a aparecer piezas de cerámica y figuras modeladas de estilo desconocido, procedentes de los altiplanos y regiones montañosas de la región andina limítrofe entre Colombia y Ecuador. Entre los hallazgos más notables están los aerófonos cerámicos del área Nariño-Carchi: instrumentos con forma de caracol que contienen un tubo enrollado en espiral, producidos por cientos o miles a lo largo de generaciones en las sociedades asentadas en torno a Ipiales y los valles interandinos del río Chota y la cuenca del Guaitará-Carchi. Su factura revela una alta especialización en el modelado de arcilla y constituye, por sí sola, una proeza técnica.

El Pacífico prehispánico ha dejado menos huellas legibles, aunque los grupos que lo habitaban se articulaban a redes de intercambio que conectaban costa y montaña. La heterogeneidad del sur colombiano —esa "colcha de retazos" étnica y cultural con la que se ha descrito al Macizo, Cauca y Nariño— no es un producto colonial: es una condición antigua que la Conquista reorganizó pero no inventó.

La entrada española y la formación de Pasto

La conquista del sur llegó por el flanco quiteño, no por el del Nuevo Reino. Sebastián de Belalcázar, que actuaba nominalmente bajo las órdenes de Francisco Pizarro pero con el propósito claro de independizarse de él, inició desde 1535 exploraciones al norte de Quito mediante el envío de capitanes. A esas expediciones se atribuyen las fundaciones de Pasto, Popayán, Cali, Anserma y Cartago. Pasto quedó así, desde su origen, como una pieza del sistema payanés, articulada más al Pacífico y a Quito que a Santafé.

La estructura colonial que se implantó en el sur combinó dos economías. En el altiplano, el tributo indígena sostuvo a una élite terrateniente y a los pueblos españoles; en las tierras bajas del Pacífico, y sobre todo en Barbacoas, se abrió una frontera minera esclavista explotada por propietarios de Popayán, que hacia el siglo XVIII consolidaron una élite terrateniente, minera y esclavista. Este doble régimen —tributario en la altura, esclavista en la costa— definió la estructura social del sur durante toda la Colonia y dejó marcas que aún son legibles. Las manumisiones espontáneas fueron rarísimas; los pocos casos corresponden a esclavos urbanos —sacristanes, mulatas, recién nacidos— y no a los cuadrilleros de las minas.

El aislamiento geográfico del sur, causado por barreras cordilleranas, cañones y ríos caudalosos, tuvo un efecto paradójico: preservó los resguardos indígenas mucho más tiempo que en otras regiones. Mientras en el altiplano oriental las leyes de desamortización disolvían las tierras comunales durante el siglo XIX, en las provincias de Popayán y Pasto los resguardos gozaron de una tregua prolongada. Los pueblos indígenas del alto Cauca, especialmente los paeces, resistieron activamente esas disposiciones mediante protestas, dilaciones legales, resistencia pasiva y negociación. En Nariño, la disolución llegaría, pero con retraso —y con consecuencias devastadoras para la estructura agraria.

Pasto realista: la resistencia más larga

Ningún episodio ha marcado tanto la percepción externa de Nariño como su papel en las guerras de Independencia. Pasto y su provincia mantuvieron una posición realista desde los primeros brotes independentistas y la sostuvieron con una tenacidad que exasperó, sucesivamente, a Antonio Nariño, a Simón Bolívar y a Antonio José de Sucre. A los indígenas de Pasto se los llegó a describir como "el más firme baluarte del gobierno colonial", y la resistencia se prolongó hasta 1826-1828 e incluso, según testimonios posteriores, hasta 1840, cuando algunos aún vitoreaban a Fernando VII.

Esta lealtad no fue accidente ni superstición. La provincia estaba articulada eclesiásticamente a la diócesis de Popayán, cuyo obispo Salvador Jiménez de Encizo influyó decisivamente en las actitudes realistas del sur: el 27 de agosto de 1819 dirigió una circular a los curas párrocos que orientó políticamente al clero rural. Los resguardos indígenas, que habían negociado su supervivencia con la Corona, tenían buenas razones para desconfiar de un proyecto republicano cuyas élites criollas venían del mundo terrateniente que los presionaba. Y la propia geografía del cañón del Patía, con sus guerrillas patianas de largo aliento, ofreció condiciones para una resistencia armada difícil de doblegar.

Los hitos militares son conocidos y duros. En 1814, tras la captura de Antonio Nariño en Pasto, el coronel Cabal asumió el mando de los restos del Ejército del Sur —apenas ochenta hombres— y condujo la retirada. En 1822, Bolívar libró la batalla de Bombona con bajas considerables y sin victoria decisiva: el jefe realista, sintiéndose en superioridad, solo aceptó el regreso de las tropas republicanas a sus posiciones de origen, forzando al Libertador a retirarse a El Peñol. Bolívar debió esperar refuerzos de Popayán que fueron demorados por la hostilidad de las guerrillas patianas, repasar el Juanambú y situarse en El Trapiche antes de poder recomponer sus fuerzas. Al terminar 1823, la provincia de Pasto era la única que aún resistía su incorporación plena a Colombia.

El asedio y toma de Pasto en 1822, con sus episodios de represalias sobre la población, ha sido cuestionado por quienes subrayan que los propios libertadores eran conscientes de los criterios de moralidad en la guerra. La resistencia continuó después de la Independencia formal: es en las campañas de 1823 y siguientes cuando emerge la figura de Agustín Agualongo, el caudillo pastuso que encarna hasta hoy, en la memoria local, la fidelidad a una causa perdida. La derrota final integró a Pasto a la Gran Colombia y luego a la República, pero la reincorporación fue política antes que afectiva: la lealtad al rey persistió en la memoria popular durante generaciones.

Del olvido republicano al departamento

Durante buena parte del siglo XIX, el sur permaneció como una periferia difícil dentro de la provincia de Popayán y luego del Estado del Cauca. Las guerras civiles del período —incluida la Guerra de los Mil Días, en la que el sur volvió a ser escenario de operaciones militares complejas por su geografía y su cercanía a Ecuador— reforzaron la percepción de que se trataba de un territorio distinto, mal integrado al centro andino colombiano.

En 1904, en el marco de la reorganización administrativa promovida por el gobierno de Rafael Reyes, se creó el departamento de Nariño, con capital en Pasto. El nombre honraba a Antonio Nariño —traductor de los Derechos del Hombre, protagonista de la Patria Boba, y quien había sido derrotado precisamente en Pasto en 1814—, en un gesto que buscaba tanto conmemorar al precursor como resignificar el territorio: la ciudad que había sido baluarte realista pasaba a nombrarse en honor a uno de los padres de la independencia. La operación simbólica fue elocuente. Nariño departamento nacía como un intento de suturar la brecha entre el sur y el proyecto nacional, un siglo después de la ruptura.

El despojo del Sibundoy y la quiebra de los resguardos

El siglo XX trajo al altiplano nariñense y al valle del Sibundoy una transformación agraria que operó por vías jurídicas más que por conquista militar, pero cuyos efectos fueron igual de profundos. En 1911, el gobierno colombiano declaró territorio baldío el Valle de Sibundoy, en el actual Putumayo pero entonces articulado administrativamente al sur andino, abriendo la puerta a la colonización y al despojo de tierras indígenas de los pueblos inga y kamëntšá. La Ley 53 de 1913 reglamentó la tenencia de la tierra en el Sibundoy asignando 50 hectáreas a cada colono mayor de 21 años, pero solo 2 hectáreas por indígena a las comunidades. La desproporción era arquitectónica.

Los misioneros capuchinos, encargados por el Estado colombiano de la evangelización y "civilización" de los territorios del sur, se convirtieron en los mayores terratenientes del Valle de Sibundoy. Impulsaron la colonización desde finales del siglo XIX y durante la primera mitad del XX, y organizaron una estructura agraria que concentró la propiedad en manos misioneras y relegó a los indígenas kamëntšá a las zonas pantanosas menos aptas para la agricultura. Para mediados del siglo XX, la comunidad indígena poseía apenas el 22% de la propiedad de la tierra en el valle. El Putumayo, entretanto, sufrió sucesivas modificaciones administrativas —perdió territorio con la Ley 56 de 1916, fue anexado a Nariño por Decreto 2674 de 1953, volvió a ser comisaría en 1957, intendencia en 1968 y departamento en 1991—, oscilaciones que reflejaban la dificultad del Estado para gobernar esa periferia.

En el altiplano propiamente nariñense, la disolución de los resguardos llegó tarde y produjo minifundios antieconómicos y modificaciones profundas en la estructura social. El caso del resguardo de Anganoy es revelador: fue extinguido en 1948 por insistencia del propio gobernador de indígenas, quien amenazó a los comuneros con la expropiación si no aceptaban la parcelación. Antes de su extinción formal, el resguardo ya era pequeño, limitado al ámbito del pueblo y algunas tierras adyacentes, señal de que las haciendas vecinas habían venido reduciéndolo por vías que las escrituras no siempre registran. La justificación jurídica para muchas de estas extinciones fue la imposibilidad de encontrar títulos de propiedad en las notarías, lo que permitía declarar las tierras como baldíos y a los indígenas como simples ocupantes.

El resultado fue una estructura agraria caracterizada por la extrema fragmentación en el altiplano —con familias intentando vivir de parcelas insuficientes— y por la persistencia de grandes propiedades en el Patía, donde las comunidades negras fueron despojadas de sus tierras "engañándolos de a poquito", mientras las zonas planas quedaban en manos de propietarios de Popayán que las mantenían prácticamente sin producción. La economía nariñense del siglo XX se organizó sobre este desequilibrio: minifundio pobre arriba, latifundio improductivo abajo, y una emigración constante hacia las ciudades, hacia Ecuador o hacia las tierras bajas del Pacífico.

El Pacífico: negro, extractivo, disputado

Si el altiplano nariñense es el reverso andino de la Colombia central, el Pacífico nariñense pertenece a otro país. Habitado mayoritariamente por poblaciones negras desde los siglos XVII y XVIII —cuando esclavos libres y cimarrones se establecieron en la región formando comunidades—, ha vivido una historia paralela a la del interior. Sus formas colectivas y de subsistencia de uso de la tierra —basadas en la pesca, la agricultura de manglares y ríos, la extracción tradicional del monte— han entrado en conflicto sucesivo con economías extractivas: primero el oro colonial, luego la tagua, la madera, y desde los años setenta la agroindustria de la palma africana.

En el valle del Patía, dos palenques dejaron huella como espacios de libertos y cimarrones, paralelos a la apropiación de predios vacíos entre haciendas ganaderas por familias afrodescendientes que se organizaban alrededor de los platanares. Este proceso, iniciado en la Colonia, dio origen a los asentamientos negros que hoy se extienden desde el Patía hasta el litoral, en municipios como Tumaco, Barbacoas y las cuencas de los ríos que bajan al mar.

Las comunidades negras del Pacífico nariñense construyeron un sistema etnoecológico singular: un régimen de conocimiento sobre plantas, peces, maderas, manglares, mareas, corrientes y ciclos hidrológicos y lunares con eficacia cognitivo-práctica propia. No es folclor: es una forma de habitar el territorio que articula economía, cultura y ambiente en un equilibrio delicado. Ese equilibrio empezó a resquebrajarse desde finales del siglo XX, cuando la politización de las identidades étnicas —favorecida por la Constitución de 1991 y por la Ley 70 de 1993, que reconoció los territorios colectivos de comunidades negras— coincidió con la llegada de nuevos actores armados y económicos al litoral.

Corredor estratégico: conflicto armado y cultivos ilícitos

Desde los años ochenta, el suroccidente colombiano —Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Putumayo— se convirtió en el escenario hacia el que se desplazó con mayor intensidad el conflicto armado del país. La razón es geográfica antes que política: la región concentra tres corredores estratégicos de valor excepcional para los actores armados. El Macizo Colombiano, con su condición de reserva de biosfera y su geografía escarpada, permite la movilidad de tropas, armas y droga entre el centro y el sur. El Nudo de los Pastos, en la frontera con Ecuador, ofrece salidas terrestres binacionales. Y el litoral Pacífico proporciona una fachada marítima difícil de vigilar, con esteros y manglares que amparan embarques.

La secuencia de llegada de actores armados es reveladora. El ELN ingresó al corredor Ipiales-Tumaco en los años ochenta. En los noventa lo siguió el Bloque Occidental de las FARC-EP con el Frente 29 Alfonso Arteaga, cuya intención era expandirse hacia zonas con salida al mar y potencial de explotación petrolera y narcotráfico. En 1999 llegó el Bloque Libertadores del Sur de las ACCU, para disputar el control de las vías terrestres con salida al Pacífico. Cada oleada añadió una capa de violencia sobre la anterior sin sustituirla del todo.

A mediados de los noventa llegaron los cultivos de coca al corredor nariñense. El fenómeno se aceleró con el Plan Colombia, cuyas fumigaciones aéreas en Putumayo —iniciadas oficialmente el 22 de diciembre de 2000— propiciaron el desplazamiento de los cultivos hacia el Pacífico nariñense. La cercanía al mar, la frontera ecuatoriana y las vías terrestres con salida al Pacífico convirtieron al departamento en un corredor privilegiado para la exportación de droga. El narcotráfico llegó a utilizar el crudo del Oleoducto Trasandino como precursor para el procesamiento de cocaína, algo que se evidenció en el retiro de 184 válvulas ilícitas y en la destrucción de 999 refinerías clandestinas artesanales por la Fuerza Pública.

Las consecuencias fueron devastadoras. En el norte de Nariño y en las zonas de cordillera, la economía campesina de subsistencia basada en café, maíz y yuca fue transformada por la coca, que también empujó una tecnificación de la producción cafetera. En el Pacífico, las comunidades negras vieron perturbados sus supuestos territoriales y organizativos: los cultivos, su procesamiento y su salida hacia mercados internacionales convivieron con la presencia de grupos armados que impusieron su ley sobre los procesos de etnización que apenas se consolidaban. Líderes sociales como Yolanda Cerón fueron asesinados. Tumaco, municipio con presencia significativa de población afrodescendiente, fue escenario de violencias específicas contra comunidades étnicas, incluidas personas negras y afrodescendientes LGBTIQ+, perpetradas por grupos paramilitares posdesmovilización entre 2008 y 2016.

La firma del Acuerdo de Paz de 2016 no cerró el ciclo. Al contrario: la salida de las FARC-EP de sus territorios históricos abrió una disputa entre múltiples grupos armados —disidencias, ELN, estructuras posparamilitares, organizaciones vinculadas al narcotráfico— por el dominio de las rutas hacia el Pacífico y hacia Ecuador. El corredor nariñense se intensificó como zona de conflicto en los años posteriores al acuerdo, con impacto directo sobre las comunidades indígenas Awá del piedemonte, las poblaciones campesinas del norte y las comunidades negras del litoral.

Pasto, Ipiales, Tumaco: tres capitales de un solo departamento

Pasto, capital del departamento, es la ciudad andina por excelencia del sur: fría, húmeda, articulada a un valle sembrado a los pies del volcán Galeras, centro comercial del extremo sur de Colombia. Su vida cultural conserva la densidad de una ciudad episcopal antigua, con un catolicismo popular pronunciado y una tradición artesanal notable. Ipiales, más al sur, hace de puerta terrestre a Ecuador por Rumichaca y concentra el comercio binacional; es también un centro artesanal importante de la madera en Colombia, junto con Duitama, Sogamoso y Bogotá. Cerca de Ipiales, en un cañón profundo, se levanta el Santuario de Las Lajas, uno de los grandes centros de peregrinación del país, cuya arquitectura neogótica encajada en la roca lo ha vuelto emblema visual del departamento.

Tumaco es la contracara pacífica: el segundo puerto del país sobre el Pacífico, ciudad mayoritariamente afrodescendiente, con una economía golpeada por décadas de conflicto y por la volatilidad de las economías extractivas. Barbacoas, tierra adentro sobre el río Telembí, guarda la memoria de la minería colonial. Túquerres, sobre el altiplano occidental, articula un mundo campesino frío. La Cruz y Samaniego pertenecen a la cordillera, con sus propias trayectorias de conflicto y resistencia. En el altiplano de Cumbal, al pie del volcán del mismo nombre, se mantiene una presencia indígena Pasto activa. Y en torno a la Laguna de La Cocha —el segundo lago natural más grande de Colombia—, junto a Pasto, se ha desarrollado una experiencia notable de conservación campesina, con reservas naturales privadas manejadas por comunidades locales.

El carnaval y la memoria: identidad nariñense

Si algo condensa la síntesis cultural nariñense es el Carnaval de Negros y Blancos de Pasto, que se celebra en el período previo a la festividad de los Reyes Magos, hacia comienzos de enero, y que ha sido reconocido como una de las expresiones festivas más importantes del suroccidente colombiano. La fiesta conjuga tradiciones urbanas de principios del siglo XX con tradiciones campesinas y afrodescendientes, en un sincretismo que refleja la propia composición étnica de la región. Su día de negros y su día de blancos —con el juego del cosmético y la pintura sobre el rostro— dramatizan de manera ritual la coexistencia de mundos que la historia real ha mantenido separados.

La gastronomía del sur andino, compartida con el Gran Cauca, integra tamales de pipián y salsa de maní como herencia de las culturas andinas; el uso del aceite extraído de palmas y la incorporación del chontaduro se atribuyen a las etnias negras esclavizadas, en un proceso de criollización culinaria en el que mestizos, mulatos, indígenas, negros y blancos han compartido y transformado un repertorio común. El maíz —alimento básico de los pueblos americanos nativos— articula todavía la dieta de las tierras frías, con sus arepas, envueltos, sopas y bebidas.

La producción literaria nariñense ha dado nombres de peso a la cultura nacional. Aurelio Arturo, nacido en La Unión, es uno de los grandes poetas colombianos del siglo XX; su obra breve, densa y luminosa recupera el paisaje del sur con una musicalidad que trasciende lo regional. La memoria de Agustín Agualongo, por su parte, sigue viva en la iconografía popular pastusa: no como derrotado, sino como símbolo de una fidelidad territorial que la historia oficial nunca supo integrar del todo.

Nariño hoy: entre la vulnerabilidad y la resistencia

El Nariño contemporáneo carga con la herencia estructural de su geografía y con las decisiones acumuladas de un siglo largo. La presión demográfica sobre las tierras frías sigue produciendo minifundio y emigración; el Pacífico continúa siendo escenario de conflicto y disputa por rutas; los pueblos indígenas Pastos, Awá, Kamëntšá, Inga, Quillasingas y otros mantienen procesos organizativos, muchos de ellos binacionales, con visiones integradoras del territorio que desafían las fronteras administrativas. Las comunidades afrodescendientes del litoral han insistido en la defensa de sus territorios colectivos frente a la palma, la minería ilegal y el narcotráfico. Programas de sustitución de cultivos, con avances desiguales, han intentado desde 2016 ofrecer alternativas a las economías ilícitas, con resultados que dependen menos de los diseños de política pública que del control territorial efectivo, aún disputado.

Nariño se ha construido, y se sigue construyendo, en la tensión entre una vulnerabilidad estructural —geográfica, agraria, política— y una resistencia sostenida que atraviesa toda su historia: la de los Pastos y quillacingas frente al Imperio inca, la del sur realista frente a la República bolivariana, la de los resguardos frente a la desamortización, la de los kamëntšá frente a los capuchinos, la de las comunidades negras del Pacífico frente al extractivismo y la guerra. Ninguno de esos proyectos externos —conquista española, incorporación republicana, misión capuchina, Plan Colombia— logró homogeneizar a Nariño. La bisagra siguió siendo bisagra: espacio de fricción, no de fusión. Y en esa fricción persistente, en esa negativa a dejarse reducir, se encuentra probablemente lo que hace de Nariño una pieza indispensable del rompecabezas colombiano, un lugar que solo desde el sur puede entenderse, y que desde el sur ha estado, desde siempre, mirando hacia el mar, hacia la frontera y hacia sí mismo.