Abolición sistemática de resguardos indígenas bajo el Olimpo Radical (1870-1875)

Abolición sistemática de resguardos indígenas bajo el Olimpo Radical (1870-1875)

Entre 1870 y 1875, bajo las presidencias sucesivas de Eustorgio Salgar, Manuel Murillo Toro y Santiago Pérez Manosalva, el liberalismo radical colombiano llevó a su cima una operación jurídica e ideológica que venía madurando desde las primeras décadas de la República: la disolución de los resguardos indígenas. La propiedad comunal de tierras debía transformarse en parcelas individuales enajenables o, en su defecto, en baldíos apropiables por particulares. No fue un episodio aislado de política agraria. Fue una pieza mayor del programa civilizatorio del Olimpo Radical, hermana operativa de la desamortización eclesiástica decretada por Mosquera en 1861 y del proyecto de ciudadanía homogénea hispanohablante y católica que atravesaba a las élites letradas. Se ejecutó mediante leyes de los estados soberanos que ordenaron mensurar, partir, vender y municipalizar tierras que hasta entonces habían pertenecido, en régimen colectivo, a comunidades indígenas. La operación transfirió superficies considerables al mercado, engrosó las haciendas del Cauca, Cundinamarca, Boyacá, Nariño y Tolima, produjo una masa de peones, aparceros y arrendatarios sin tierra, y sembró la matriz del conflicto agrario que estallaría en el siglo XX con la Quintinada. Pero también encontró, desde el primer día, resistencias organizadas, bloqueos regionales y fracturas legislativas que impidieron consumarla como programa cerrado y dejaron abiertos frentes de disputa que la propia Ley 89 de 1890 terminaría, en parte, reconociendo.

El resguardo antes del radicalismo: institución colonial y erosión republicana

El resguardo, establecido en la segunda mitad del siglo XVI, fue una institución de doble filo: organizaba a los indígenas dentro de un territorio del cual gozaban la propiedad en forma comunitaria, protegiéndolos del tratamiento esclavizador de los encomenderos, y al mismo tiempo los concentraba —los "reducía"— para garantizar el cobro del tributo a la Corona. Cuando la encomienda fue sustituida por el corregimiento, el tributo pasó a ser recaudado por el corregidor de indios en nombre del rey. Bajo la política de composiciones, las comunidades indígenas recibieron propiedad colectiva de la tierra bajo forma de resguardo, en un paisaje jurídico en el que los colonos españoles poseían mercedes cuyo estatuto evolucionaría hacia la propiedad privada consolidada. La forma de tenencia predominante fue colectiva, aunque en algunos resguardos la tierra se dividía entre familias.

El resguardo cargó desde su origen con tensiones internas: albergaba en una misma unidad a poblaciones de orígenes y tradiciones distintas, y los indígenas concentrados no se resignaban con facilidad a la pérdida de sus tierras originarias. Desde el siglo XVIII sufrió un ataque sistemático. La voracidad latifundista, la presión de mestizos y colonos, y un Estado con criterio fiscalista redujeron los resguardos a su mínima expresión, concentraron varios en uno solo —generalmente en tierras de menor calidad y distantes de los centros poblados— y remataron las áreas desocupadas en beneficio de terratenientes vecinos.

La República heredó ese proceso y lo aceleró en el papel. La Junta Suprema de Santafé decretó la abolición del tributo indígena en 1810, y la Constitución de Cúcuta lo ratificó en 1821. Bolívar restableció transitoriamente el tributo en 1828, pero fue derogado de manera definitiva en 1832. Ese mismo año se ordenó la disolución de la propiedad comunal y su distribución entre los indios tributarios, con una salvaguarda que reconocía la fragilidad del arreglo: se prohibió a los indios vender su participación por espacio de diez años. La restricción cayó con las reformas del gobierno de José Hilario López en 1850, cuando los indios y otros ciudadanos pudieron poseer tierras de resguardo libremente y con plenos derechos de enajenación. En 1859, otra ley reforzó ese marco. Hacia 1863, varios resguardos habían sido efectivamente desmantelados, no tanto por la eficacia técnica del aparato administrativo como por la combinación de esfuerzos legislativos, decisiones judiciales y peritajes de agrimensores. Cuando el Olimpo Radical se afianzó, el resguardo era ya una institución golpeada, sitiada por la ley y por la presión latifundista, pero todavía viva en amplias regiones del país, sobre todo en el suroccidente.

El programa civilizatorio: individualismo agrario y ciudadanía homogénea

El liberalismo radical no inventó la campaña contra el resguardo, pero le dio coherencia doctrinal. Manuel Ancízar, viajero de la Comisión Corográfica, presidente del Senado y figura mayor de la generación radical, preconizaba la política individualista del reparto de tierras como medio de liberación del indio y de transformación de la economía pública. Ancízar sostuvo que solo la "igualdad de fortunas" podía ser "asiento de la verdadera democracia", concepto que también atravesó los planteamientos agrarios de Manuel Murillo Toro y, más tarde, la explicación teórica que Rafael Núñez dio de la desamortización de bienes de manos muertas. La igualdad democrática se pensaba, para esa generación, como igualdad de propietarios individuales; toda forma de propiedad colectiva estorbaba ese ideal por definición.

Sobre esa premisa, el resguardo aparecía como una institución que ataba al indio a la tierra mediante posesión forzosa, negándole libertad individual. Su extinción se promovía por dos razones que en la doctrina radical eran una sola: liberar mano de obra hacia el mercado de trabajo y romper la economía cerrada de autoabastecimiento indígena para ampliar el mercado nacional de bienes de consumo. Las fuerzas económicas en ascenso —hacendados que necesitaban peones baratos, comerciantes que necesitaban consumidores, letrados que necesitaban ciudadanos legibles por el Estado— coincidían en el diagnóstico: los resguardos limitaban la oferta de trabajo libre y la capacidad de consumo de la población indígena, y eran, por tanto, obstáculos al desarrollo manufacturero y comercial.

A esa argumentación económica se le sumó una capa antropológica. La antropología evolucionista europea que circulaba entre las élites letradas —de Lewis Morgan a Edward Tylor a John Lubbock— ofrecía un marco donde la propiedad comunal figuraba como estadio primitivo destinado a ser superado por la propiedad individual. La ciudadanía que el radicalismo imaginaba era homogénea, hispanohablante, católica —a pesar del anticlericalismo doctrinal— y propietaria. El resguardo, con su lengua propia, su cabildo, su tierra colectiva y su economía cerrada, contradecía todos esos rasgos. Diluir el ideal democrático de igualdad en libertad en una "democracia ateniense" para minorías gobernantes y letradas fue el efecto real de esa ideología liberal republicana injertada en América Latina; el reparto de resguardos, en su ejecución concreta, protocolizó desigualdades que la retórica igualitaria nunca alcanzó a corregir.

La operación 1870-1875: leyes de estados soberanos y mecanismos de despojo

El régimen federal de los Estados Unidos de Colombia entregó a los estados soberanos la potestad de legislar sobre las tierras de resguardo dentro de sus territorios. La operación del Olimpo Radical no se ejecutó, entonces, mediante una sola ley nacional, sino mediante un mosaico de leyes estatales expedidas entre 1870 y 1875 que ordenaron mensurar, partir, adjudicar y en ocasiones municipalizar los resguardos. En Cundinamarca, Boyacá, Tolima y Nariño, y en la mayor parte del territorio nacional, esas leyes reactivaron los mandatos de 1850 y 1859 y les dieron urgencia administrativa.

Los mecanismos concretos del despojo funcionaban en cadena. La autorización de mensura impartida por el presidente del respectivo estado abría el proceso: agrimensores contratados debían levantar planos, fijar linderos y proponer la partición. El resguardo de Jegua, en la Costa Caribe, ilustra el arranque típico: en 1869, apenas en el umbral del período radical, los indígenas reaccionaron ante la amenaza de mensura autorizada por el presidente del Estado, alertados por comuneros como Manuel Gerónimo Cárcamo, y organizaron su defensa. En la sabana de Bogotá, resguardos como el de Tocancipá fueron sometidos a repetidos intentos de mensura y partición a lo largo del siglo XIX, en un proceso que se prolongaba al menos desde la década de 1850. Las agrimensuras presentaron con frecuencia fallas técnicas: los trabajos de Barriga y Pombo, graduados del Colegio Militar, no pudieron concluirse en el plazo previsto, lo que abría flancos jurídicos que los interesados aprovechaban.

Cuando la mensura no arrojaba títulos claros —cosa frecuente, pues muchos títulos coloniales estaban dispersos, perdidos o nunca protocolizados—, se declaraban las tierras como baldíos, argumentando la imposibilidad de encontrar los documentos en las notarías. La consecuencia era demoledora: los indígenas quedaban convertidos en simples ocupantes o colonos, y solo se les reconocía lo efectivamente cultivado. El resto pasaba al fondo de baldíos adjudicables, del cual salían las mercedes que engrosarían las haciendas vecinas. Por esa vía, la adjudicación de baldíos terminó movilizando muchas más hectáreas hacia manos particulares que la propia desamortización eclesiástica.

La Notaría pública operaba como instrumento activo de despojo: escrituraba tierras a favor de terceros mediante poderes y documentos fraudulentos, en confabulación con inmigrantes blancos que desplazaron a propietarios originarios en distintas regiones. Antes de la disolución formal y del remate, ya se había ejecutado el paso previo del siglo XVIII: concentrar varios resguardos en uno solo, generalmente en tierras de menor calidad y distantes de los centros poblados.

La retórica legalista que envolvía la partición encubría intereses concretos. En zonas del suroccidente, la división se justificó con argumentos de progreso, pero apuntaba a la valorización de esas tierras por la construcción de una carretera que las conectaría con los mercados regionales del Cauca, el Valle y el Huila. En otros casos, la mensura autorizada por el presidente del Estado abría paso a las haciendas cañeras o ganaderas que necesitaban expandirse.

Salgar, presidente de 1870 a 1872, consolidó el marco. Murillo Toro, en su segundo mandato entre 1872 y 1874, imprimió al proceso el sello doctrinal de su individualismo agrario. Santiago Pérez, presidente entre 1874 y 1876, mantuvo la línea. Ninguno de los tres firmó una gran ley nacional de disolución —el federalismo lo impedía—, pero los tres presidieron un Estado central que impulsaba, orientaba y legitimaba las leyes estatales que hacían el trabajo.

Geografía diferencial: donde se ejecutó y donde se resistió

El programa radical se aplicó de manera muy desigual. En la sabana de Bogotá, en Boyacá y en amplias zonas de Cundinamarca, los resguardos se fueron partiendo y transfiriendo con relativa fluidez, sostenidos por una presión latifundista que venía del siglo XVIII y por la cercanía a los mercados urbanos. En el Tolima, la disolución avanzó al ritmo de los intereses de los latifundistas del sur, lo que produciría, cuatro décadas después, la insurgencia de Quintín Lame. En la Costa Caribe, casos como el de Jegua muestran mensuras autorizadas y reacciones comunitarias inmediatas.

En el suroccidente —Cauca, Popayán, Pasto, Tierradentro— el mapa fue otro. Los resguardos mantuvieron su vigencia y resistieron tanto los embates de la política colonial como los de la republicana. Dos factores operaron a la vez. Uno, geográfico: las barreras cordilleranas, los cañones profundos y los ríos caudalosos aislaban a los resguardos de la maquinaria administrativa, ofreciendo una tregua real frente a las leyes de disolución. Otro, político: las provincias sureñas concentraban una alta población indígena que se organizó para defender la tierra.

Los paeces del alto Cauca estrecharon lazos de unión y emplearon una gama amplia de mecanismos de resistencia: protestas violentas, dilaciones legales, resistencia pasiva y negociación. Se aliaron con líderes regionales del liberalismo —una convergencia paradójica, dado que la doctrina liberal era, en el papel, el motor doctrinal de la disolución— y lograron conservar tierras comunitarias, montes y bosques. La Legislatura del Cauca, además, mantuvo una oposición activa a la política nacional de división de resguardos, oposición que se prolongó hasta 1886, cuando la nueva Constitución cerró el ciclo federal. Esa oposición no fue simbólica: protegió el resguardo de Guambía contra la política nacional, aunque no impidió que varias haciendas grandes se nutrieran de territorios originalmente parte de Guambía en los años posteriores a la Independencia. La lucha por la integridad territorial de Guambía marcaría la vida política indígena durante casi un siglo: solo en 1966 la comunidad obtuvo el título completo de la tierra, cuando buena parte del territorio original ya había sido usurpado.

En el macizo colombiano, la resistencia adquirió forma organizada. A partir de la década de 1840, las discordias internas entre indígenas de los resguardos cedieron paso a señales de unión colectiva frente a las presiones de reparto. Los mandones de los principales resguardos presentaron una petición conjunta como forma articulada de resistencia frente a las disposiciones de disolución. Las Cámaras Provinciales de Neiva, Riohacha, Cartagena y el Chocó también intervinieron ante el gobierno nacional en relación con las leyes de reparto, lo que muestra que la resistencia se articulaba en varios niveles institucionales, no solo desde las comunidades directamente afectadas.

Este mapa diferencial matiza la imagen de un programa radical uniformemente ejecutado. En vastas regiones —el suroccidente en primer lugar— la disolución fue frenada, retardada o parcialmente revertida por una combinación de aislamiento geográfico, resistencia indígena organizada y bloqueo legislativo regional. En el norte y centro del país, en cambio, avanzó con velocidad y produjo transformaciones agrarias profundas. El Olimpo Radical no fue un poder omnímodo sobre el territorio; fue una dirección doctrinal que se tradujo en resultados desiguales según las fuerzas locales.

Las causas: entre estructura y coyuntura

La disolución radical de resguardos entre 1870 y 1875 fue, en su base, la cristalización legislativa de un proceso estructural más largo. La voracidad latifundista, la presión de mestizos y colonos, y el fiscalismo del Estado colonial ya habían reducido los resguardos a su mínima expresión desde el siglo XVIII; las ventas y robos de tierras que venían de esa época seguían operando. El radicalismo no inventó el despojo: lo codificó jurídicamente y le dio velocidad.

La coyuntura añadió elementos propios. La crisis de la economía señorial caucana en la segunda mitad del siglo XIX —descenso de la producción minera, manumisión de los esclavos decretada en 1851, conflictos civiles recurrentes— generó una presión intensa sobre la tierra y el trabajo indígenas. Las haciendas caucanas, para sobrevivir, necesitaban capturar mano de obra que había quedado libre y expandirse sobre tierras que los resguardos aún controlaban. La disolución radical ofrecía, en el papel, el mecanismo legal para ambas cosas.

A esa presión se sumó el proyecto de mercado nacional que las élites liberales impulsaban, y que requería —según su diagnóstico— romper la economía de autoabastecimiento indígena y convertir a los indios en trabajadores asalariados y consumidores de bienes manufacturados. El mismo argumento que había justificado la desamortización eclesiástica de 1861 se trasladó, casi sin costuras, al otro gran bloque de propiedad comunal. La ideología civilizatoria del radicalismo —individualismo agrario, ciudadanía homogénea, evolucionismo antropológico— aportó la cobertura doctrinal que legitimaba el despojo como progreso. Sin esa doctrina, el proceso habría seguido siendo lo que fue en el siglo XVIII: una presión latifundista y fiscal sin nombre elevado. Con ella, se convirtió en programa nacional. La coyuntura política federal, por último, multiplicó los frentes desde los cuales se podía atacar el resguardo, aunque esa misma multiplicación permitió que estados como el Cauca resistieran la corriente.

Las consecuencias inmediatas: haciendas, proletarización y ruralización

Las consecuencias agrarias fueron profundas donde la disolución se ejecutó. La descomposición de los resguardos generó una masa de campesinos desposeídos que se incorporaron como peones, aparceros y arrendatarios bajo diferentes sistemas de producción, en beneficio de los terratenientes. Esa masa fue el germen del proletariado moderno latinoamericano: una población sin ligazón con la tierra, que se alquilaba por salario y cuya única propiedad era su fuerza de trabajo. La proletarización rural, largamente anhelada por la doctrina liberal como condición del desarrollo manufacturero, se produjo efectivamente, aunque el desarrollo manufacturero que la doctrina prometía tardó décadas en llegar.

La estructura agraria resultante consolidó dos patrones. En las zonas de resguardo disuelto, se expandieron las haciendas y la tierra se concentró en manos no indígenas. En las zonas altas donde no hubo comunidades indígenas organizadas o en vertientes con condiciones para la economía familiar, se conformó el patrón del minifundio, que en Nariño y otras regiones agravaría problemas estructurales de sostenibilidad rural. La combinación de latifundio en tierras planas y minifundio en tierras altas —una polarización que se mantendría durante todo el siglo XX— tiene, entre sus fuentes, la disolución radical de resguardos.

En el Cauca, la crisis de la aristocracia señorial se profundizó pese a la disolución de resguardos, y en parte gracias a ella. El hundimiento de la producción minera, la pérdida de la mano de obra esclava y los conflictos civiles arrastraron a las élites regionales hacia una ruralización y un debilitamiento que se prolongarían hasta las primeras décadas del siglo XX. La disolución alimentó a las haciendas sobrevivientes con tierra y mano de obra, pero no revirtió la crisis estructural de la región.

La resistencia como consecuencia: del macizo colombiano a la Quintinada

La consecuencia más duradera no fue la disolución consumada sino la construcción de un campo de conflicto que se prolongaría todo el siglo XX. La resistencia organizada de los pueblos indígenas ante las disposiciones radicales —peticiones conjuntas de los mandones del macizo, alianzas paeces con el liberalismo regional, dilaciones legales, protestas violentas, resistencia pasiva, intervención de Cámaras Provinciales— demostró que el resguardo no era una institución agonizante que la modernización recogía del suelo, sino una forma viva de organización social y territorial capaz de defenderse.

La Ley 89 de 1890, aprobada por los conservadores entonces en el poder tras el fin del régimen radical, frenó el proceso de abolición que venía impulsándose desde 1870. Esa ley reconoció, con las ambigüedades de su época, la existencia legal de los resguardos y de los cabildos indígenas, y creó un marco jurídico que permitiría, cuatro décadas después, las movilizaciones de Manuel Quintín Lame. La sola existencia de la Ley 89, expedida bajo la Regeneración y contra la doctrina radical, es un reconocimiento implícito de que el programa de disolución había fracasado como aspiración de aniquilamiento institucional y solo había prosperado como mecanismo de transferencia de tierras.

En el sur del Tolima, donde la disolución había sido efectiva bajo presión de los latifundistas, el resguardo indígena de Ortega y Chaparral fue disuelto y sus tierras absorbidas por las haciendas. Contra ese despojo se alzó, desde 1915, Manuel Quintín Lame, junto con José Gonzalo Sánchez, liderando en Tolima y Huila un movimiento por la recuperación de los resguardos y el autogobierno de los pueblos indígenas. Lame combinó litigio jurídico y acción de hecho: en 1924, junto con Sánchez y Eutiquio Timonte, formó el Consejo Supremo Indígena, fundó el pueblo San José de Indias y emprendió la reconstitución de los resguardos del sur del Tolima. Su programa incluía recuperar las tierras de los resguardos, ampliarlos, fortalecer los cabildos y no pagar terrajes. Fue encarcelado cerca de setenta veces. La victoria liberal de 1930 asestó un golpe final a su movimiento, pero su legado sería recogido décadas después por el CRIC y por un grupo guerrillero que tomó su nombre, ambos centrados en recuperar y ampliar tierras de resguardos y fortalecer los cabildos.

Del programa radical de 1870-1875 a la Quintinada de comienzos del siglo XX hay un hilo sin quiebres. La disolución creó el despojo; la Ley 89 de 1890 dejó abierto un resquicio jurídico; la resistencia comunitaria conservó la memoria territorial; y sobre esos tres soportes se levantó la insurgencia de Lame y las movilizaciones indígenas posteriores.

El paralelo con la desamortización: hermanas doctrinales, resultados asimétricos

La disolución de resguardos y la desamortización de bienes de manos muertas guardaron un parentesco doctrinal que el propio radicalismo estableció. El Decreto de Desamortización expedido el 9 de septiembre de 1861 por Tomás Cipriano de Mosquera como Presidente Provisorio se fundamentó en la premisa de que la falta de movimiento y libre circulación de las propiedades raíces era un obstáculo para la prosperidad nacional y en que las corporaciones, congregaciones y sociedades anónimas no podían poseer bienes inmuebles a perpetuidad. Rafael Núñez, años después, articularía esa premisa como doctrina económica general.

Aplicada al resguardo, la misma lógica sostenía que la propiedad comunal indígena era un obstáculo a la libre circulación de la tierra y al desarrollo del mercado. Las dos operaciones compartían el objetivo de mercantilizar la tierra y el fundamento de que la propiedad colectiva era per se inferior a la individual.

Los resultados, sin embargo, fueron asimétricos. El efecto de los decretos de desamortización sobre las estructuras de propiedad y tenencia fue tan modesto como sus efectos fiscales; en regiones como el Tequendama, La Mesa, Fredonia y Amagá, la Iglesia tuvo un papel muy reducido como propietaria y prestamista, lo que limitó drásticamente el alcance real del proceso. La desamortización eclesiástica movilizó, en el balance final, muchas menos hectáreas que la adjudicación de baldíos derivada de la disolución de resguardos. Y esta última, aunque desigual, transfirió superficies considerables y produjo transformaciones sociales profundas —proletarización rural, expansión de haciendas, minifundización— que la desamortización, en la mayoría de regiones, no alcanzó a producir.

Un sustrato duro del siglo agrario colombiano

Vista desde el material que dejó en el suelo, la disolución de resguardos entre 1870 y 1875 fue el brazo agrario más eficaz del Olimpo Radical, más consecuente en volumen y en efectos sociales que la propia desamortización eclesiástica de la que se reclamaba hermana. Los instrumentos —mensura, declaración de baldíos, titulación fraudulenta, municipalización— tenían un aire técnico que sigue siendo el gran refugio del despojo latinoamericano: no confiscar, sino descubrir que aquello nunca fue jurídicamente lo que las comunidades sabían que era.

Y sin embargo, lo que sobrevive del episodio no es solo la geografía del despojo. El evolucionismo europeo, aplicado como política pública, tropezó con formas de organización que no cabían en su cronología: cabildos que siguieron reuniéndose después de disueltos por decreto, mandones que aprendieron a escribir peticiones en el idioma del Estado, alianzas tácticas con liberales regionales contra el liberalismo doctrinal de Bogotá. La Ley 89 de 1890, en su ambigüedad conservadora, terminó legislando sobre un hecho consumado por la resistencia: los resguardos, contra todo pronóstico radical, seguían allí. Quintín Lame recogería, treinta años después, ese hilo. El CRIC, ochenta años después. La sentencia T-025 de 2004 y las cortes de la Constitución del 91, un siglo más tarde, arbitrarían todavía sobre territorios cuya genealogía jurídica se remonta a las mensuras de Barriga y Pombo.

Ahí está la asimetría que el radicalismo no calculó. Sus decretos crearon haciendas, proletarios y minifundios, y con ellos el escenario del conflicto agrario del siglo XX. Pero no lograron extinguir el resguardo ni cerrar la disputa sobre la propiedad de la tierra. Esa disputa, abierta hace siglo y medio en los planos de agrimensores del Cauca y la sabana de Bogotá, sigue litigándose hoy en las cortes de la República.