Anticlericalismo

El anticlericalismo en Colombia

El anticlericalismo colombiano fue el proyecto político, jurídico y cultural que, entre mediados del siglo XVIII y el último tercio del XIX, buscó desmontar el poder económico, jurisdiccional y pedagógico de la Iglesia católica en la Nueva Granada para constituir sobre esas ruinas un Estado soberano y una ciudadanía laica. Fue el intento sostenido —discontinuo y a la postre reversible— de arrebatar a la institución eclesiástica las tres palancas sobre las que había reposado su dominio desde la Conquista: los bienes de manos muertas, el fuero y la administración parroquial, y el monopolio de la enseñanza. Se manifestó primero como regalismo borbónico, luego como patronato republicano bajo Santander, culminó en las Reformas Liberales de José Hilario López (1849-1853), en la desamortización y la tuición de cultos de Tomás Cipriano de Mosquera (1861), en el laicismo constitucional de Rionegro (1863) y en la reforma educativa de 1870, y provocó la reacción conservadora que, con la guerra de 1876 y la Regeneración de Rafael Núñez, lo revirtió casi por completo en 1886-1887. De aquel ciclo de setenta años sobrevivió una sola cosa: los ingresos fiscales de la desamortización, a los que el Estado regenerador ya no pudo renunciar.

Herencia colonial: el patronato y el peso de las órdenes

Para entender la forma que tomó el anticlericalismo neogranadino hay que ir a la arquitectura eclesiástica que heredó de la Colonia. Bajo el patronato regio, la Corona española nombraba obispos y beneficiarios en todos los niveles de la jerarquía americana, intervenía en los tribunales eclesiásticos, recibía diezmos en nombre de la Iglesia y fundaba misiones. Se trataba de una fusión, no de una separación. La autoridad del rey y la de los prelados descansaban sobre un mismo lecho jurídico, de raíz medieval castellana. El regalismo borbónico del siglo XVIII no rompió esa fusión: la reordenó a favor del rey. Endureció la política conciliar en clave regalista, limitó la comunicación entre los episcopados americanos y la Santa Sede, prohibió las visitas ad limina y los informes sobre el estado de las diócesis, y culminó, en 1767, con la expulsión de la Compañía de Jesús y la expropiación de sus bienes. Los motivos que la Corona esgrimió contra los jesuitas —su independencia frente a Madrid durante los Habsburgo, la obediencia a autoridades internacionales, las reducciones difíciles de vigilar, la enseñanza de doctrinas jurídicas leídas como subversivas bajo el absolutismo— serían, un siglo más tarde, casi textualmente los mismos que esgrimirían los liberales republicanos.

Ese entramado convivía con un hecho social decisivo: las órdenes religiosas habían sido las grandes protagonistas de la evangelización y habían acumulado un poder económico, cultural y político sin equivalente. La Iglesia dominaba, además, la vida intelectual: más del noventa por ciento de los escritores conocidos en la Nueva Granada hasta finales del siglo XVIII fueron eclesiásticos, y solo en la última década de la Colonia empezó a asomar la figura del intelectual laico bajo el impulso de la Ilustración. Cuando la generación de la Independencia se propuso construir un Estado, se encontró con que la única institución con cobertura territorial real, con administración funcional y con legitimidad popular era la Iglesia. Todo el ciclo anticlerical posterior puede leerse como el pulso entre un Estado por hacer y una Iglesia ya hecha.

Patronato republicano: la primera generación

Los republicanos de la primera hora no fueron anticlericales. Reclamaron para los nuevos Estados el derecho de patronato que antes ejercía la Corona —nombrar obispos, cobrar diezmos, autorizar bulas— y sostuvieron que el catolicismo era esencial para el orden público, principio que las constituciones de 1832 y 1843 volverían a consagrar. La primera generación imitó, con notable fidelidad, el espíritu regalista de Carlos III: modernizar y racionalizar la administración del Estado, incluida su relación con la Iglesia, sin salir de la ortodoxia religiosa. Bolívar, por su parte, gestionó ante la Santa Sede el reconocimiento eclesiástico de la Gran Colombia, y los papas León XII y Pío VIII concedieron la creación de un episcopado nacional independiente de la Corona española.

Pero la maquinaria patronal republicana funcionó mal desde el principio. El Congreso de Cúcuta (1821) nacionalizó los conventos con menos de ocho miembros y ordenó su transformación en escuelas secundarias, lo que abrió la primera brecha con la Iglesia. Más elocuente fue el episodio del benthamismo. La adopción de los tratados de Jeremy Bentham como texto de enseñanza universitaria bajo Santander desató una violenta campaña del padre Francisco Margallo, párroco de La Tercera en Bogotá, contra el utilitarismo y contra su defensor Vicente Azuero. El gobierno consideró excesiva la campaña, pidió al arzobispo Fernando Caicedo y Flórez que la contuviera y sancionó a Margallo con un período de reclusión en el convento de San Diego; el párroco, apenas salió, volvió a combatir a Bentham hasta su muerte en 1837. En la disputa se ensayaron, en miniatura, todos los argumentos que dominarían el resto del siglo: los liberales, encabezados por Azuero, sostenían que la doctrina utilitarista no era contraria a la moral; los eclesiásticos, que la enseñanza estatal invadía terreno reservado a la Iglesia.

Bajo esa fricción latente convivían dos realidades incómodas para el proyecto republicano. Primera: el Estado era fiscal y territorialmente débil, mientras la Iglesia conservaba una legitimidad popular que al gobierno le faltaba. Segunda: esa Iglesia distaba de ser homogénea. En el Caribe neogranadino, las diócesis de Cartagena y Santa Marta permanecieron largo tiempo sin obispos, la mayoría de los sacerdotes españoles había abandonado el país y muchas parroquias quedaron desatendidas. El anticlericalismo posterior no chocaría, pues, con una Iglesia monolítica, sino con una institución de fuerza muy desigual según la región.

1849-1853: el asalto liberal bajo José Hilario López

El anticlericalismo dejó de ser regalismo temperado y se volvió programa con la llegada al poder de José Hilario López en 1849. Su gobierno inauguró los ataques sistemáticos de las élites liberales centrales contra los privilegios de la Iglesia. En el conjunto de sus reformas —sufragio universal masculino, abolición de la esclavitud, reparto de tierras comunales indígenas— la ofensiva contra la Iglesia fue una pieza más de un programa que algunos historiadores juzgan más radical que sus contemporáneos latinoamericanos.

En mayo de 1850, López expulsó a los jesuitas, cuyo retorno al país habían auspiciado los gobiernos conservadores previos para dirigir planteles públicos y fundar casas de estudio. El segundo golpe apuntó al corazón administrativo de la Iglesia: la ley del 27 de mayo de 1851 buscó minar el control eclesiástico en la parroquia estimulando la participación de la feligresía en su manejo. La medida provocó un cisma en Antioquia y, al año siguiente, el destierro del arzobispo de Bogotá Manuel José Mosquera —titular de la sede desde 1835 y hasta su muerte en el exilio, en 1853— junto con los obispos de Cartagena y Pamplona, por desobedecerla. Al mismo tiempo, López rompió con la vieja tradición patronal y adoptó como divisa liberal el principio "Iglesia libre en el Estado libre" atribuido a Cavour: el Estado dejaba de nombrar obispos, sí, pero también renunciaba a sostener a la Iglesia y a protegerla como institución oficial.

La lógica se completó en 1853, cuando se declaró formalmente la separación entre la Iglesia y el Estado. La operación tenía un objetivo político preciso: desligar a los sectores populares de la dominación ideológica eclesiástica. Era, en clave neogranadina, la traducción del ideal de ciudadanía liberal: una ciudadanía que solo podía constituirse si el vínculo primario del súbdito con el poder dejaba de pasar por el confesionario y el púlpito.

Ese proyecto tenía un supuesto arriesgado: que el Estado tuviera capacidad para ocupar el espacio dejado por la Iglesia. No la tenía. Y el vacío se llenó con violencia. La guerra civil de 1851 tuvo en las medidas religiosas —matrimonio civil, expulsión de los jesuitas, ley parroquial— uno de sus motivos centrales. El clero, expulsado del monopolio jurídico, se organizó como fuerza política; el Partido Conservador, que hasta entonces había sido una facción de gobierno, se convirtió en el brazo civil de una Iglesia agredida. La polarización quedó sellada.

Mosquera, la desamortización y la tuición

La segunda ofensiva anticlerical, aún más profunda, la dirigió Tomás Cipriano de Mosquera durante su segunda presidencia, iniciada en julio de 1861 en pleno conflicto civil. El 9 de septiembre de 1861 expidió el decreto de desamortización de bienes de manos muertas, que ordenaba la nacionalización y remate de los inmuebles rústicos y urbanos, censos y capellanías en poder de comunidades religiosas y otras corporaciones. Poco después decretó la tuición de cultos: todo sacerdote debía obtener autorización de las autoridades civiles para ejercer sus funciones. Sobre el papel, era el desmantelamiento de las dos últimas soberanías paralelas que le quedaban a la Iglesia: la económica y la jurisdiccional.

Mosquera justificó la desamortización invocando antecedentes precisos —las medidas de Luis XIV, las del gabinete español de 1837, las mexicanas— y sostuvo que la propiedad eclesiástica había sido mal constituida bajo el despotismo colonial y la aristocracia clerical, y que era preciso ponerla en consonancia con la democracia. El argumento era republicano; la motivación real, en cambio, fue fiscal antes que ideológica: aliviar las penurias de un tesoro agobiado por la deuda pública y los costos de las guerras civiles. Ese detalle no es menor. Explica por qué la medida más radical del anticlericalismo colombiano —la única que, andando el tiempo, resultaría irreversible— fue la que menos se pareció a un programa doctrinario.

El impacto real sobre la estructura agraria fue mucho más modesto que la retórica. Aunque el decreto amenazaba con reordenar de raíz la propiedad rural del país, las tierras eclesiásticas directamente expropiadas representaban apenas cerca del 1,5 % del área entonces explotada: una fracción demasiado pequeña para transformar el campo, demasiado visible para no encender la guerra. En Antioquia, la aplicación fue casi nula: la Iglesia local había acumulado poca riqueza en comparación con otras regiones, la mayoría de los bienes en manos muertas consistía en censos y muy pocos se redimieron en el tesoro nacional; el carácter conservador del gobierno departamental hizo el resto. En el Tequendama y en La Mesa (Cundinamarca), tampoco hubo apenas remates.

Allí donde sí operó a fondo, la desamortización no repartió tierras entre campesinos ni disolvió el latifundio. Los bienes eclesiásticos los adquirieron, sobre todo, comerciantes liberales acaudalados, de modo que la operación cambió al titular pero no la forma del latifundismo. Fue una transferencia de propiedad entre élites, disfrazada de reforma social.

La tuición de cultos, por su parte, exigía a los sacerdotes un juramento de fidelidad al gobierno bajo pena de exilio. Las represalias contra la jerarquía fueron severas. Antonio Herrán, arzobispo de Bogotá desde 1854 como sucesor de Manuel José Mosquera, se enfrentó al gobierno en defensa de la Iglesia y el presidente Mosquera lo confinó. A Vicente Arbeláez, que ocuparía la sede arzobispal tras la muerte de Herrán en 1868, lo acusaron de ordenar la desobediencia a la autoridad pública. Muchos sacerdotes cerraron sus iglesias. La confrontación produjo, más que una Iglesia domada, una Iglesia militante: los prelados desterrados se convirtieron en emblemas de la causa católica.

Rionegro y el Olimpo Radical

La guerra civil de 1860-1862 concluyó con la victoria de Mosquera y los liberales radicales, y su producto jurídico fue la Constitución de Rionegro, sancionada en 1863. Por primera vez en la historia colombiana, la carta no comenzaba "En nombre de Dios", sino "En nombre y por autorización del pueblo y de los Estados Unidos Colombianos". El detalle es fundacional: la soberanía se declaraba de origen popular, no divino. Rionegro consagró un federalismo radical bajo la forma de Estados Unidos de Colombia, con períodos presidenciales de dos años y prohibición de reelección inmediata. Diseñada para impedir todo poder personal —también, tal vez sin quererlo, todo poder estatal—, la Constitución convivía con un Estado cuya capacidad de acción era mínima frente a la Iglesia, aún vigorosa en la mayor parte del territorio.

El Olimpo Radical, como se llamó a la generación que gobernó bajo esa carta, no se conformó con las medidas económicas y jurisdiccionales. Emprendió la tercera batalla, quizá la más decisiva: la de la escuela. Desde 1870, bajo el impulso del gobierno de Eustorgio Salgar y luego del de Aquileo Parra, el liberalismo radical estableció la enseñanza laica y obligatoria, promovió la intervención directa del Estado en la educación y contrató una misión pedagógica alemana para crear un sistema de escuelas primarias y normales en todos los estados de la Federación.

Los resultados fueron visibles y sostenidos: la escolarización, que a mediados de siglo apenas rozaba los 22.000 niños, casi se triplicó hacia 1870 con 60.000, siguió creciendo a 70.000 en 1874 y alcanzó 79.123 alumnos repartidos en 1.464 escuelas para 1876. La reforma educativa desnudó, al mismo tiempo, la tesis y la contradicción del anticlericalismo radical. La tesis: sin escuela pública laica no hay ciudadano liberal, y la Iglesia no puede seguir formando a la nación en un catecismo que la nación como tal ya no profesa como Estado. La contradicción: el mayor crecimiento escolar del período no ocurrió en las regiones radicales, sino en Antioquia bajo gobiernos conservadores, donde el conflicto Iglesia-Estado quedó atenuado por la religiosidad compartida y la educación se confió más a pedagogos que a políticos.

La guerra de 1876 y las palabras de fondo

La ofensiva educativa hizo estallar la resistencia. La guerra civil de 1876 estalló, entre otras causas, por la reacción del Partido Conservador y de la Iglesia católica contra las reformas educativas laicas del gobierno de Aquileo Parra. Duró once meses, se libró principalmente en el Cauca y en el Tolima, y su costo representó el 118 % del presupuesto nacional aprobado para 1878. Los clérigos de Palmira, Cartago y Tuluá abanderaron la causa antirreformista; las tropas liberales, predominantemente negras y mulatas, atacaron propiedades conservadoras y saquearon Cali en la Nochebuena de 1876. Tras el triunfo del gobierno, los liberales santandereanos promulgaron una legislación anticlerical que llevó al destierro del obispo de Pamplona y al arresto de párrocos.

En el fondo de la guerra estaba una disputa sobre qué es el Estado y qué es la Iglesia. Aníbal Galindo lo dijo con nitidez: la universidad debía enseñar doctrinas liberales para formar liberales, sin eclecticismos entre Balmes y Bentham. Miguel Antonio Caro respondió con la simetría inversa: el Estado confundía su obligación de educar con el derecho de la Iglesia a adoctrinar y, "armado con la espada de la ley", invadía "con escándalo y violencia los derechos de la religión y la ciencia". Ninguno de los dos concebía la neutralidad. Uno y otro daban por sentado que la escuela forma sujetos políticos; discrepaban en qué sujeto había que formar. Esa era, exactamente, la disputa del anticlericalismo: no si la Iglesia debía existir, sino si debía seguir siendo la matriz de la ciudadanía.

La respuesta eclesiástica: pastorales, prensa, púlpito

La Iglesia no encajó los golpes en silencio. Los prelados convirtieron la pastoral en instrumento político: manifiesto, denuncia y llamamiento a la vez. El periódico El Catolicismo, quincenario que Manuel José Mosquera había fundado en 1849, sobrevivió a su destierro y se consolidó como una de las plataformas principales de la reacción. En Cartagena, los conservadores fundaron El Porvenir, donde publicaron encendidas invectivas contra los liberales, comparándolos con figuras bíblicas negativas como Caín y Abimelec por su postura anticlerical.

La difusión en 1869 del apéndice del Concilio Provincial Neogranadino puso a circular en el país el Syllabus de Pío IX (1864), que condensaba los principios teológico-políticos que la Iglesia consideraba irreconciliables con las ideas liberales sobre el Estado. Antioquia y Medellín se convirtieron en la principal fuente de retórica antiliberal ultramontana, favorecidas por su aislamiento geográfico y su mentalidad conservadora en lo económico y en lo religioso. El clero elevó su participación política contra el liberalismo a la categoría de obligación pastoral, y desde el púlpito y las pastorales retrató al liberalismo como enemigo del orden, del Estado y de la Iglesia.

La crisis institucional también hizo virtud de la necesidad. Como la propia jerarquía se encontraba diezmada por destierros y confinamientos, el clero se apoyó en laicos para catequesis, educación y beneficencia. De ese apoyo salió una red civil católica —maestros, cofrades, damas de caridad, publicistas— que sería, con el tiempo, un capital político de primer orden para el Partido Conservador.

Geografías del conflicto

El anticlericalismo no fue uniforme en el mapa. Fue, sobre todo, un fenómeno de ciertas regiones y, dentro de ellas, de ciertos sectores. En el altiplano cundiboyacense, en Nariño y en zonas del Tolima y el Huila, la vieja estructura de encomienda, resguardo y mita había producido una población indígena fuertemente adoctrinada por el clero, con una religiosidad que sacralizaba el orden establecido. Cuando llegaron las reformas liberales, esos mismos indígenas engrosaron las filas del Partido Conservador: leyeron la ley parroquial y la desamortización como una guerra del gobierno contra la fe, y a los prelados desterrados como mártires de su propia comunidad.

Antioquia fue el islote conservador por excelencia. Allí la religiosidad era compartida entre todos los grupos, el arraigo católico era intenso y las autoridades departamentales absorbían los golpes anticlericales sin aplicarlos. Fue, no por azar, el único departamento donde la desamortización quedó en letra muerta y donde, en cambio, la escolarización creció con vigor bajo gobiernos conservadores. El caso antioqueño desmiente la ecuación mecánica entre catolicismo y atraso educativo, y entre liberalismo y modernización efectiva: allí la escuela avanzó precisamente porque nadie la había convertido en trinchera.

La Costa Caribe ofrecía el escenario opuesto. La Iglesia había sido siempre más débil: parroquias desatendidas durante décadas, obispos ausentes, un tejido religioso menos denso. Cuando los códigos estatales de Bolívar, en la década de 1860, legalizaron el matrimonio civil, el divorcio y extendieron derechos civiles a los hijos nacidos fuera del matrimonio y a los adultos en cohabitación, muchas familias plebeyas leyeron esas medidas como el reconocimiento estatal de formas de parentesco locales que la Iglesia nunca había amparado. El anticlericalismo caribeño encontró así un anclaje social que en el altiplano andino le fue esquivo: menos combate ideológico entre élites y más regularización, por vía civil, de un mundo popular que ya vivía al margen del sacramento.

En el Gran Cauca y en Santander, en cambio, el radicalismo liberal montó su plataforma más combativa. El anticlericalismo fue allí política de Estado e identidad partidaria de los cuadros locales, y por eso la guerra de 1876 encontró en el Cauca su principal teatro: el enfrentamiento entre hacienda tradicional, clero rural y poblaciones afrodescendientes militantes estructuraba la vida cotidiana. El eje Palmira-Cali-Cartago fue, a la vez, el vivero de los curas antirreformistas y la retaguardia de los batallones de color que saquearon Cali en Nochebuena. La geografía del anticlericalismo y la de su reverso fueron, en suma, expresiones de estructuras regionales de poder —colonización hispana, encomienda, resguardo, presencia negra— más que traducciones fieles de un programa nacional.

La Regeneración: el pacto que revirtió todo (menos lo fiscal)

Al cabo de tres décadas de radicalismo, el proyecto se había extenuado. Cuando Rafael Núñez —liberal independiente que había roto con el radicalismo— inició su segunda presidencia en 1884, el país encadenaba guerras civiles y el propio andamiaje federal de Rionegro se percibía como generador de inestabilidad. La Regeneración fue diagnóstico y respuesta: sin autoridad central, sin unidad simbólica, sin reconciliación con la Iglesia, no había Estado posible.

La Constitución de 1886 transformó el país de una federación en un Estado centralista, alargó los mandatos y concentró el poder ejecutivo. Estableció el catolicismo como religión de la nación y dispuso, en su célebre artículo 41, que la educación pública sería organizada y dirigida en concordancia con la Religión Católica. En 1887, el Concordato con la Santa Sede consumó la reversión: otorgó efectos civiles al matrimonio católico, obligó a los poderes públicos a proteger y hacer respetar la religión católica, ratificó la libertad de la Iglesia frente al poder civil y contempló la restitución o compensación por las propiedades confiscadas durante el ciclo anticlerical. La supeditación del poder civil al eclesiástico —a contrapelo de la tendencia dominante en América Latina, que en el mismo siglo caminaba en dirección opuesta— convirtió al catolicismo en pieza fundamental del andamiaje estatal y a la Iglesia en actor político determinante en alianza estrecha con el Partido Conservador.

El período entre 1886 y 1903 —el más severo de los gobiernos regeneradores, atravesado por el cierre de la Universidad Nacional y por la censura de obras de ilustrados y librepensadores— figura entre los de mayor intransigencia, represión y oscurantismo de la historia colombiana. La escuela quedó, por los siguientes cincuenta años, bajo dirección eclesiástica. Y sin embargo, el balance de fondo era demoledor para ambos bandos: pese al éxito aparente del proyecto laico durante la década de 1870, más del 80 % de la población colombiana seguía siendo analfabeta en 1912. Ni el ambicioso experimento radical ni el confesionalismo regenerador habían logrado construir la escuela nacional de masas que el país necesitaba; lo que en la retórica de Galindo y de Caro se disputaba como el alma de la ciudadanía era, en los hechos, un sistema que apenas alcanzaba a una minoría.

Hubo, con todo, un límite a la reversión. La política de desamortización no se deshizo. El Estado regenerador, tan pragmático en su alianza con la Iglesia como lo había sido Mosquera en su expropiación de ella, conservó la estabilidad financiera derivada de aquel golpe. La Iglesia recuperó control moral, educación, matrimonio, cementerios y presencia constitucional, pero no recuperó buena parte de la tierra. El único frente del anticlericalismo que no era doctrinario —el fiscal— resultó ser el único irreversible.

Balance y legado

El anticlericalismo colombiano fue un proyecto de soberanía estatal genuino, coherente en su lógica interna, pero estructuralmente frágil. Operó sobre un Estado débil frente a una Iglesia con mayor legitimidad territorial y popular, y su radicalidad —lejos de consolidar la ciudadanía liberal que perseguía— polarizó el campo político, militarizó la identidad confesional conservadora y produjo, como reacción, el pacto regenerador que lo revirtió casi por completo.

Queda, sin embargo, el saldo desigual. La desamortización sobrevivió a sus enemigos: incluso el Estado que restauró el altar se quedó con la tierra. El principio de soberanía popular, inscrito en el pórtico de Rionegro, no volvió a salir del vocabulario constitucional colombiano, por confesional que fuera la letra que vino después. Y la ecuación entre catolicismo y conservatismo —cristalizada en la retórica del "partido del pecado" con que sectores del clero designaron al liberalismo después de 1886— atravesó el siglo XX como una herencia difícil de disolver.

Sus límites fueron los del Estado que lo impulsó: sin capacidad para sostener la escuela laica que fundó, sin base social propia frente a una religiosidad que era gramática del orden y no accesorio suyo, con élites que a menudo confundieron soberanía estatal con desamortización rentable. La Regeneración no clausuró el anticlericalismo por casualidad: reconoció, con crudeza pragmática, que no había proyecto viable de nación sin la Iglesia dentro. Habría que esperar a la mitad del siglo XX para que la separación entre Iglesia y Estado volviera al centro del debate colombiano, y a la Constitución de 1991 para que una nueva carta retirara al catolicismo, formalmente, la condición de religión de la nación. Cuando llegó ese día, el país había cambiado tanto que la decisión, escandalosa para la generación de López y Mosquera, pasó casi sin ruido.