Rionegro

La semblanza

Rionegro es un municipio del oriente antioqueño situado en el altiplano homónimo, un valle fértil a algo más de dos mil metros sobre el nivel del mar que ha operado durante siglos como bisagra entre Medellín y el resto del país por la vertiente del río Magdalena. Su territorio se organiza alrededor del casco urbano tradicional —con la Catedral de San Nicolás el Magno como centro simbólico— y de un archipiélago de veredas y corregimientos, entre los cuales Llanogrande concentra desde finales del siglo XX las residencias campestres de la élite paisa y la infraestructura aeroportuaria. Su clima frío, sus tierras de vocación agrícola y ganadera y su cercanía a Medellín lo convirtieron, primero, en despensa y villa comerciante de la Antioquia colonial; luego, en escenario político de la nación federal; y hoy, en uno de los polos de conurbación más dinámicos del país.

El municipio importa por tres razones que rara vez aparecen alineadas en una misma localidad. Fue nodo de la colonización antioqueña, punto de partida de familias campesinas pobres que a finales del siglo XVIII se lanzaron a fundar poblaciones en las montañas del sur del departamento y, con el tiempo, en el Eje Cafetero. Fue —y sigue siendo— sede de la Convención de 1863, hito fundacional del federalismo radical colombiano y punto culminante de un ciclo de reformas liberales que había comenzado más de una década antes. Y ha sido, en las últimas décadas, laboratorio de la metropolización antioqueña, con las tensiones sociales, ambientales y urbanísticas que ello conlleva. Ninguno de estos tres papeles se explica sin los otros: la Rionegro campesina y expulsora del siglo XVIII, la Rionegro comerciante del XIX y la Rionegro metropolitana del XXI son eslabones de una misma trayectoria.

Los orígenes: valle indígena, sitio colonial, ciudad heredera

El territorio donde hoy se levanta Rionegro estaba ocupado antes de la conquista española por comunidades indígenas: los nutabes, entre otros grupos, habitaban zonas centrales del actual departamento de Antioquia, aunque su vínculo directo con el Valle de San Nicolás pertenece más al terreno de la conjetura arqueológica que al de la documentación firme. El poblamiento hispánico de este altiplano se dio en el marco de la larga y accidentada expansión de la gobernación de Antioquia, cuya cabecera colonial fue durante siglos Santa Fe de Antioquia, en el cañón del Cauca.

La jerarquía urbana del régimen colonial —sitio, viceparroquia, parroquia, villa, ciudad— no era una nomenclatura decorativa: definía la autonomía administrativa, la jurisdicción sobre territorios circundantes, la capacidad de tener cabildo y, en última instancia, el prestigio del vecindario. Cada ascenso en esa escala era objeto de gestiones, memoriales y pleitos, y alimentaba una cultura de emulación localista entre poblaciones vecinas que marcaría la política antioqueña hasta bien entrado el siglo XIX. Rionegro heredó, en algún momento de esa larga tramitación, el título de ciudad que había pertenecido al despoblado de Arma, y esa herencia le dio un rango que las poblaciones cercanas —Marinilla, La Ceja, Guarne— no compartían.

La economía de la comarca durante la Colonia combinó dos actividades que serían constantes de la historia antioqueña: la minería del oro, sobre todo en aluviones y quebradas, y una agricultura campesina de subsistencia con excedentes modestos para los mercados locales. La composición étnica de la población era predominantemente mestiza y mulata: los censos de Medellín de 1778 y de Santa Fe de Antioquia de 1805 muestran mayorías claras de mestizos y mulatos libres, y en zonas como Guarne, vecina de Rionegro, el componente negro y mulato era particularmente significativo. No fue el Rionegro colonial una sociedad de encomenderos ni de grandes haciendas esclavistas al estilo del Cauca o la Costa: fue, más bien, una sociedad de pequeños propietarios, mineros independientes y comerciantes, con una élite letrada limitada pero activa.

La trayectoria: de nodo expulsor a escenario constitucional

A finales del siglo XVIII, Rionegro y el valle de San José de Marinilla —su vecino inmediato— se habían convertido en zonas de intensa presión demográfica sobre una tierra escasa. La combinación de crecimiento poblacional, minifundio y economía minera errática produjo un flujo hacia el sur: familias enteras se desplazaron hacia las montañas de Sonsón buscando tierras. El memorial fechado el 27 de agosto de 1789 y dirigido al gobernador de la provincia lo consigna con claridad. Sus firmantes se identifican como vecinos de la ciudad de Rionegro y del valle de San José de Marinilla, y alegan extrema pobreza y escasez de tierras como motivos para establecerse en las montañas del sur. De ese documento y de otros similares nace la historiografía de la llamada colonización antioqueña, ese movimiento campesino que, a lo largo del siglo XIX, fundaría decenas de poblaciones en el sur del departamento, en Caldas, Quindío, Risaralda y el norte del Tolima y del Valle.

Rionegro fue, en ese sentido, un nodo expulsor tanto como un nodo receptor. Su papel en la expansión de la frontera agrícola antioqueña es tan importante como su papel político posterior, aunque haya sido opacado por este último. A la vez, el municipio participaba de la otra gran dinámica de movilidad de la Antioquia decimonónica: la de los mazamorreros, mineros independientes en su gran mayoría descendientes de esclavos o mestizos, que constituían cerca de cuatro quintas partes de los quince mil mineros del oro que trabajaban en el departamento en los años de máximo empleo del siglo XIX. Trabajaban prácticamente sin capital ni maquinaria, con bateas de madera talladas a mano, y extraían aproximadamente una cuarta parte del oro exportado desde Antioquia en ese siglo. Su cultura era altamente móvil: se desplazaban por las vertientes de la Cordillera Central persiguiendo depósitos aluviales, y esa movilidad —tanto como la colonización campesina— fue motor de la expansión poblacional antioqueña hacia nuevas fronteras.

Todo esto explica que Rionegro figure de manera recurrente entre las poblaciones más habitadas de Antioquia durante el período que va de 1851 a 1912. En el censo de 1851, Medellín ocupaba el cuarto lugar nacional en población, superada por Bogotá, Socorro y Piedecuesta, y Sonsón —fundada apenas medio siglo antes por los emigrados de Rionegro y Marinilla— era ya la segunda ciudad más poblada del departamento. Rionegro figuraba entre las principales cabeceras, junto con Fredonia y otras del sur y el oriente. La geografía humana de la Antioquia decimonónica era, en cierto modo, un despliegue en abanico desde el altiplano oriental hacia las cordilleras del sur.

Sobre ese sustrato demográfico y económico —una ciudad heredera de Arma, con élite comerciante, minifundio campesino, minería aluvial y vínculos activos con Marinilla, La Ceja y Sonsón— se depositó, en 1863, el peso desproporcionado de una convención constituyente nacional.

La Convención de 1863: cálculo militar y programa liberal

La Constitución de la Confederación Granadina, promulgada en 1858 bajo la presidencia del conservador Mariano Ospina Rodríguez, había organizado la república en ocho estados federales: Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Panamá y Santander. Ese diseño federal no era, sin embargo, invención de Ospina: era el punto de llegada de un proceso más largo, iniciado con la Constitución de 1853 —que ya había debilitado las atribuciones del presidente y delimitado facultades entre el Estado central y las provincias— y continuado entre 1855 y 1856 con la creación de los primeros estados federales.

La crisis llegó en 1859. El Congreso, bajo el gobierno de Ospina, aprobó una serie de leyes que restringían la autonomía de los estados: una ley electoral cuestionada, figuras de intendentes e inspectores designados por el poder central, y disposiciones que permitían al gobierno nacional suspender a los presidentes estatales y auxiliar revoluciones contra ellos. Los estados de mayoría liberal —Santander, Bolívar, Magdalena y Cauca— entendieron que solo el recurso a las armas podía frenar lo que interpretaban como una recentralización conservadora. En 1860, el general Tomás Cipriano de Mosquera, al frente del Cauca, encabezó la rebelión. La guerra civil se extendió hasta 1861 o 1862, según se cuente, y terminó con la derrota del gobierno de Bogotá y con Mosquera instalado en la presidencia.

En julio de 1861, prácticamente al asumir su segunda presidencia, Mosquera desató una ofensiva anticlerical de gran envergadura. Decretó la tuición de cultos —sometiendo el ejercicio del culto católico a autorización estatal—, sancionó las leyes de expropiación de tierras, casas y edificios pertenecientes a comunidades religiosas en todo el país, ordenó el cierre de los conventos que desacataran esas disposiciones, y avanzó en la desamortización de bienes de manos muertas, por la cual las propiedades de corporaciones eclesiásticas pasaban a la nación con un cálculo de rédito del seis por ciento anual. Estas medidas se inscribían en una tradición internacional que venía de la Revolución francesa y había pasado por España y México: los radicales colombianos se sabían continuadores de ese modelo.

Sobre este escenario —guerra civil ganada, Iglesia en confrontación abierta, estados liberales exigiendo consolidar sus soberanías— se convocó la Convención Constitucional. Mosquera eligió Rionegro como sede. No lo hizo por consideraciones de centralidad geográfica ni por el peso demográfico de la localidad: lo hizo por un cálculo de seguridad política y militar. La población local le era favorable y le ofrecía respaldo; Antioquia, en cambio, era territorio conservador y potencialmente hostil, y el general sabía que la composición de la asamblea no le sería enteramente sumisa. Llegó a Rionegro casi un mes antes de inaugurarse las sesiones, acompañado de una división militar fiel a su nombre. El gesto no admitía lectura ambigua: la Convención se abrió el 4 de febrero de 1863 bajo la mirada de tropas que respondían al presidente provisorio.

Tres temas coyunturales dominaron los debates: el grado de autonomía de los estados, la duración del período presidencial y las relaciones entre la Iglesia y el Estado. En los tres puntos, los constituyentes optaron por soluciones radicales. Los estados soberanos —ya no meros estados federales— recibieron una autonomía casi ilimitada, con ejércitos propios y capacidad de dictar sus constituciones. El período presidencial quedó reducido a dos años, sin reelección inmediata, en un dispositivo pensado explícitamente para evitar la consolidación de caudillos, incluido, paradójicamente, el propio Mosquera. Y las medidas anticlericales de 1861 no solo se ratificaron: se profundizaron, con el impulso a una reforma educativa orientada a eliminar la influencia de la religión católica en la enseñanza.

La Constitución fue fechada el 8 de mayo de 1863. Entre sus firmantes figuraron el panameño Justo Arosemena, Julián Trujillo y José María Rojas Garrido, tres nombres que darían cuenta, cada uno a su manera, del arco político del radicalismo liberal. El 14 de mayo, la Convención nombró a Mosquera presidente de los Estados Unidos de Colombia para el período que se extendería hasta el 1 de abril de 1864: era su tercera presidencia.

Una Constitución avanzada y frágil

El documento aprobado en Rionegro fue, en muchos sentidos, el más avanzado de su tiempo en América Latina. Fue la primera constitución colombiana que no comenzó con la invocación "En nombre de Dios", marcando de entrada un carácter laico sin precedentes en el país. Abolió por completo la pena de muerte, disposición que le valdría los elogios explícitos de Victor Hugo desde Europa. Consagró un catálogo amplísimo de libertades individuales: pensamiento, imprenta, expresión, culto, domicilio, trabajo, enseñanza. Estableció el nombre oficial de Estados Unidos de Colombia y consolidó la unión de estados soberanos bajo un régimen federal radicalizado.

Al mismo tiempo, contenía las semillas de su propia disolución. La soberanía absoluta de los estados y la corta duración del ejecutivo nacional producían un gobierno central estructuralmente débil. La Ley 20 de 1867, dictada bajo el régimen constitucional de Rionegro, obligaba al gobierno de la Unión a guardar estricta neutralidad cuando un grupo de ciudadanos se levantara en armas para derrocar el gobierno de un estado: equivalía a legislar la renuncia al monopolio estatal de la violencia. Un Estado que se prohíbe a sí mismo intervenir en las guerras internas de sus componentes ha renunciado, en la práctica, a existir como Estado.

El resultado fue una inestabilidad crónica que el político e historiador José María Samper cifró con contundencia: en los aproximadamente veinticinco años de vigencia del sistema, se produjeron alrededor de cuarenta y dos constituciones o revueltas armadas de carácter local en los distintos estados. Cada estado soberano vivió su propia historia convulsa de golpes, contragolpes, revoluciones y nuevas constituciones, y el gobierno de la Unión asistía a la escena, atado por su propia legislación.

A este cuadro se sumaba el conflicto acumulado con la Iglesia. Las medidas de 1861 —tuición, desamortización, cierre de conventos— se mantuvieron bajo el régimen de Rionegro, y en los años setenta los liberales radicales instituyeron la educación laica y obligatoria, nuevo motivo de choque. En 1876, los conservadores se alzaron en armas contra el gobierno de Aquileo Parra para frenar precisamente ese proyecto educativo, y fueron derrotados solo por la unión temporal de las dos facciones del liberalismo. La Iglesia, por su parte, atravesaba una crisis institucional prolongada que la obligó a recurrir a los laicos para tareas de catequesis, educación y beneficencia que antes había asumido de manera exclusiva.

El malestar eclesiástico y la revolución conservadora en Antioquia habían sido, desde el comienzo, los dos grandes problemas del régimen. Al inicio de su mandato bajo la Constitución de Rionegro, Manuel Murillo Toro los había enfrentado como los frentes definitorios de su presidencia. Ninguno se resolvió: se prolongaron, se agravaron y terminaron alimentando el proyecto que enterraría la carta radical.

La red: personas, lugares e ideas

Rionegro está tejido en una red que desborda ampliamente los límites del municipio. En el terreno de las personas, el nombre inevitable es el de Tomás Cipriano de Mosquera, aunque el general fuera caucano y su relación con la localidad se limitara al mes de preparación militar y a los meses de la Convención. José María Córdova, héroe de Ayacucho nacido en Concepción pero vinculado por su vida y sus campañas al oriente antioqueño, es otra figura cuya memoria el municipio reivindica: el aeropuerto internacional que sirve a Medellín, ubicado en jurisdicción de Rionegro, lleva su nombre. Juan del Corral, dictador de la Antioquia independiente durante la Primera República, pertenece a la misma constelación regional. Y Manuel Uribe Ángel, médico e historiador antioqueño del siglo XIX, dejó en su geografía y en sus escritos históricos el retrato más denso de esa Antioquia de altiplanos y arrieros a la que pertenecía Rionegro.

En el plano de los lugares, el municipio se entiende en tensión permanente con sus vecinos del Valle de San Nicolás. Marinilla, contigua y hermana en la colonización de Sonsón, sostuvo con Rionegro una relación de emulación política que atravesó todo el siglo XIX: mientras Rionegro se decantaba por el liberalismo, Marinilla se consolidaba como bastión conservador, y esa polaridad reproducía a escala local la del país. La Ceja y Guarne, poblaciones cercanas, completaban un archipiélago urbano en el altiplano, articulado por caminos de arriería. Medellín, más abajo en el valle del Aburrá, era en el siglo XIX una ciudad importante pero no aún la metrópoli aplastante en que se convertiría; su relación con Rionegro fue durante mucho tiempo de complementariedad más que de subordinación. Y Llanogrande, hoy corregimiento de Rionegro identificado con el aeropuerto y la vida campestre de la élite paisa, era entonces una vereda rural sin mayor peso.

En el plano de las ideas, Rionegro condensa el federalismo radical, el laicismo militante, el liberalismo económico de mediados de siglo y el constitucionalismo de derechos individuales. Es heredero de la Constitución de 1853, de los primeros estados federales de 1855-1856, del pensamiento de los generales y letrados que habían leído a los liberales franceses y a los federalistas norteamericanos. Es también, por contraste, el reverso de la Regeneración que vendría después: sin Rionegro no se entiende Núñez, así como sin Núñez el proyecto de Rionegro no habría cerrado su ciclo.

La huella: Regeneración, olvido y metrópoli

El desenlace del ciclo abierto en 1863 llegó por vía política y no por revolución armada. En 1878, Rafael Núñez, presidente del Senado de Plenipotenciarios, pronunció en la posesión del presidente Julián Trujillo la frase que quedaría como acta de defunción del radicalismo: "hemos llegado a un punto en que estamos confrontando este preciso dilema: regeneración administrativa fundamental o catástrofe". El Diario Oficial del 1 de abril de 1878 la consignó para la posteridad. El propio Núñez declararía más tarde que en ese momento no tenía en mente sustituir el sistema federal ni alterar los fundamentos estructurales del ordenamiento de 1863, sino apenas una regeneración administrativa. La lógica política haría lo demás.

Durante los años ochenta, un sector de liberales independientes, aliado con los conservadores, impulsó el programa que la frase de Núñez había bautizado. La Regeneración estableció una centralización política, administrativa y económica, restableció relaciones más armónicas entre la Iglesia y el Estado, y culminó con la Constitución de 1886, que enterró definitivamente el modelo de Rionegro. La abolición de la pena de muerte fue revertida. La soberanía de los estados desapareció, sustituida por departamentos con gobernadores designados por el poder central. La invocación a Dios volvió al preámbulo. El nombre de Estados Unidos de Colombia dio paso a República de Colombia.

Que la Regeneración fuera hija directa del malestar acumulado bajo la carta de Rionegro es evidente. Que fuera su liquidación total, también. Los factores que la hicieron posible se acumulan en un balance ineludible: el debilitamiento estructural del Estado por la propia arquitectura federal, la estrechez económica agravada por las guerras civiles recurrentes, el conflicto crónico con la Iglesia en una sociedad mayoritariamente católica, y la sensación pública de un desorden administrativo que las cuarenta y dos revueltas contadas por Samper resumían con crudeza. La conclusión política —que ese cuadro exigía un orden más centralizado— no era la única lectura posible, pero fue la que se impuso.

La huella de Rionegro en la historia colombiana quedó, así, doblemente marcada. Por un lado, como referente de un liberalismo avanzado en derechos individuales que el país tardaría casi un siglo en recuperar: la abolición de la pena de muerte reaparecería solo con la Constitución de 1910, las libertades individuales amplias con la reforma de 1936, el laicismo estatal con la Constitución de 1991. Por otro lado, como advertencia sobre los riesgos de un federalismo llevado al extremo, argumento que la tradición centralista colombiana esgrimiría hasta bien entrado el siglo XX.

En el propio municipio, la memoria de la Convención se conservó con orgullo pero sin la centralidad que le habría correspondido si el proyecto radical hubiera perdurado. La Regeneración era, por definición, un régimen incómodo con Rionegro como símbolo. Solo con el resurgimiento del pensamiento liberal en el siglo XX, y sobre todo con la revalorización del federalismo y de los derechos individuales que trajo la Constitución de 1991, Rionegro empezó a ser reivindicada como capítulo mayor de la historia constitucional del país.

Entre tanto, el municipio siguió su curso material. La economía minera del oro, que había sido el gran motor exportador de la Nueva Granada durante el siglo XIX, cedió terreno hacia finales de esa centuria ante el tabaco, la quina y sobre todo el café. Antioquia se reorientó hacia la caficultura y la industrialización, con Medellín como epicentro. Rionegro participó de esa transformación desde su condición de despensa agrícola y ganadera del área metropolitana en formación. La construcción del aeropuerto internacional José María Córdova en su jurisdicción, inaugurado en la segunda mitad del siglo XX, marcó el inicio de una nueva etapa: Rionegro dejó de ser una localidad tributaria de Medellín para convertirse en pieza estructural del sistema urbano antioqueño.

En las últimas décadas, esa integración se ha profundizado hasta niveles que redefinen el municipio. Llanogrande se ha convertido en el suburbio residencial de la élite paisa, con parcelaciones campestres, clubes y centros comerciales que replican en el altiplano el modelo de vida de El Poblado. El casco urbano tradicional sostiene un crecimiento poblacional acelerado, con presiones sobre el suelo, el agua y la infraestructura vial. Los polígonos industriales del oriente antioqueño —articulados por la autopista Medellín-Bogotá— hacen del municipio uno de los principales nodos manufactureros del departamento. La Rionegro campesina y comerciante del siglo XIX es hoy, al mismo tiempo, ciudad histórica con catedral colonial, aeropuerto internacional, corredor industrial y suburbio de lujo.

En esa condición contemporánea reaparecen, con nuevos rostros, las tensiones que atravesaron su historia. El municipio que en el siglo XVIII expulsó familias por escasez de tierras enfrenta hoy la especulación inmobiliaria que expulsa a sus habitantes tradicionales hacia veredas cada vez más periféricas. La ciudad que en 1863 albergó el debate sobre el grado de autonomía de los estados asiste hoy al debate sobre la autonomía municipal frente al Área Metropolitana del Valle de Aburrá y frente a los intereses de Medellín. El altiplano que fue laboratorio del federalismo se ha convertido en laboratorio de la conurbación.

La Catedral de San Nicolás el Magno preside todavía la Plaza de la Libertad, en cuya casa consistorial funcionó la Convención. Es uno de los pocos lugares del país donde el visitante puede, sin mediación de museo, pisar el mismo suelo donde se firmó una constitución colombiana. Rionegro conserva así algo raro en la geografía histórica del país: la contigüidad física entre la memoria y el presente, entre el pueblo antioqueño y el nombre propio del experimento republicano que allí se ensayó, brevemente, hace algo más de siglo y medio.