Estados Unidos

La república que se pensó excepcional

Fundada tras la Declaración de Independencia de 1776 y organizada bajo la Constitución de Filadelfia de 1787, Estados Unidos emergió como una república federal cuyo modelo constitucional fascinó a los próceres de la independencia sudamericana. Los primeros ensayos constitucionales de las nacientes repúblicas latinoamericanas tomaron la carta de Filadelfia como referencia obligada, junto a los estímulos intelectuales que llegaban de Inglaterra y Francia. Ese magnetismo inicial —el de la primera república moderna de gran escala— fue temprano y ambivalente: modelo a imitar y, al mismo tiempo, potencia a temer.

Desde sus primeras décadas, la joven república combinó dos vocaciones difíciles de reconciliar: la doctrina interna del gobierno republicano y una política exterior expansiva que, ya en el siglo XIX, se manifestaría en la anexión de Texas, la guerra con México de 1846-1848 —que le arrebató a este país aproximadamente la mitad de su territorio— y, finalmente, la guerra hispano-estadounidense de 1898, que le entregó Puerto Rico, Guam y Filipinas, y le abrió a Cuba las puertas de una tutela que solo se cerraría formalmente con la Revolución de 1959. A esa expansión territorial y comercial le acompañó, casi como su gemela ideológica, la construcción de un discurso sobre América Latina que la definía como su periferia natural.

La Doctrina Monroe y la sombra fundacional

El 2 de diciembre de 1823, en su mensaje anual al Congreso, el presidente James Monroe pronunció el enunciado que se convertiría en la piedra angular —y en el pretexto perenne— de la política estadounidense hacia el hemisferio. En su origen, la Doctrina Monroe fue una advertencia dirigida a las potencias europeas para que no intentaran recolonizar las repúblicas latinoamericanas recién independizadas. Su alcance real —si implicaba una hegemonía estadounidense sobre el continente o solamente la exclusión de Europa— fue, desde el principio, objeto de disputa. Inglaterra la miró con recelo, algunas cortes europeas la desestimaron y Simón Bolívar, que por esos años buscaba articular su proyecto anfictiónico, la recibió con desconfianza.

Bolívar, cuyo pensamiento estaba impregnado por la lectura de Montesquieu y de Locke, admiraba y a la vez desconfiaba del modelo de Filadelfia: lo consideraba inaccesible para la América tropical, inaplicable a repúblicas que emergían de tres siglos de dominación colonial. Su ambivalencia frente a Estados Unidos se condensa en una carta de 1829 donde el Libertador escribió que "los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la Providencia a plagar la América toda de miserias en nombre de la libertad". En esa misma correspondencia llegó a afirmar que sería mejor para América adoptar el Corán antes que el gobierno estadounidense, aun reconociendo que este era, en teoría, el mejor del mundo. Bolívar soñó una confederación que uniera al menos a Perú, México, la Confederación Centroamericana, Bolivia y la Gran Colombia; nunca mostró entusiasmo por incluir en ella a Estados Unidos. Y cuando convocó el Congreso de Panamá de 1826 para intentar esa unificación, Washington ya se había posicionado en contra.

La República de la Gran Colombia, sin embargo, había buscado el reconocimiento diplomático estadounidense a través del enviado Manuel Torres, y lo obtuvo del propio presidente Monroe. Ese vaivén —solicitar reconocimiento con una mano, temer la tutela con la otra— definiría por dos siglos la relación colombiana con el país del norte.

Panamá: el despojo que fundó la desconfianza

Si hay un episodio que condensa la asimetría de la relación colombo-estadounidense, es la separación de Panamá en 1903. La historia comienza mucho antes, con el Tratado Mallarino-Bidlack de 1846, por el cual Colombia —entonces la Nueva Granada— garantizó a Estados Unidos derechos de tránsito sin gravámenes por el istmo, a cambio del compromiso estadounidense de garantizar la neutralidad y la soberanía colombiana sobre Panamá. Ese acuerdo, primer protectorado estadounidense en América Latina para algunos historiadores, sirvió durante medio siglo como marco de una relación ambigua: Estados Unidos intervenía militarmente en el istmo cada vez que un desorden amenazaba el tránsito, y Colombia lo toleraba porque, en teoría, esas intervenciones defendían su propia soberanía.

A comienzos del siglo XX, con la Guerra de los Mil Días desangrando al país y el gobierno de José Manuel Marroquín absorbido por el conflicto interno, Colombia negoció con Washington la construcción del canal interoceánico en condiciones de extrema debilidad. El 13 de enero de 1903 se firmó en Washington el Tratado Herrán-Hay, entre el representante colombiano Tomás Herrán y el secretario de Estado John Hay. El acuerdo cedía a Estados Unidos una franja de territorio a lado y lado del canal proyectado. El Congreso colombiano lo rechazó por considerarlo lesivo a los intereses nacionales.

La respuesta de Washington fue quirúrgica. El 3 de noviembre de 1903, una junta revolucionaria proclamó la independencia de Panamá. Tropas norteamericanas respaldaron a los separatistas e impidieron el avance del ejército colombiano hacia el istmo; Estados Unidos, además, "aconsejó" que no era oportuno que Colombia desembarcara tropas para sofocar el levantamiento. Días después, el promotor francés Philippe Bunau-Varilla —ligado a los intereses de la Compañía del Canal— fue acreditado como ministro oficial de la flamante Panamá ante Washington y firmó el tratado que, ratificado a principios de 1904, entregó a Estados Unidos el control de la zona canalera.

La herida tardó dos décadas en cicatrizar diplomáticamente. El Tratado Urrutia-Thompson, firmado en Bogotá el 6 de abril de 1914 y ratificado el 1 de marzo de 1922, sirvió para que Colombia reconociera la soberanía panameña y para arreglar las diferencias derivadas de los sucesos de 1903. El proceso fue políticamente tóxico: la sola idea de normalizar relaciones con Estados Unidos bastó para forzar la salida del poder de más de un presidente colombiano. Pero la firma del tratado abrió un ciclo de estabilidad económica que se extendería, con crédito estadounidense y confianza inversionista, hasta la crisis de 1929.

La caricatura de Harper's Weekly de 1903, titulada Held up the wrong man, condensa el momento: un Roosevelt fuerte y autoritario frente a una Colombia representada como un personaje descalzo y desaliñado. La imagen no era anecdótica; era pedagogía visual.

Bananeras: el capital como aparato de coerción

Mientras el trauma de Panamá se procesaba diplomáticamente, Estados Unidos avanzaba en América Latina por otra vía: la del capital. La United Fruit Company, fundada a fines del siglo XIX, había extendido sus enclaves bananeros por Centroamérica y el Caribe, y hacia principios del siglo XX operaba en la región del Magdalena colombiano con una lógica de dominación integral. La compañía obtenía del Estado colombiano exenciones fiscales generosas —el presidente Rafael Reyes concedió al Ferrocarril de Santa Marta, controlado por la UFCO, liberalidades que provocaron la protesta indignada de los caficultores nacionales—, y en sus plantaciones instauró un régimen de enclave donde los trabajadores vivían en cobertizos, bebían agua contaminada, ganaban menos de un dólar diario y perdían ese salario en las tiendas de la compañía, donde eran estafados con pesas desniveladas.

En noviembre y diciembre de 1928, los trabajadores bananeros del Magdalena entraron en huelga. Exigían lo que la propia legislación colombiana ya reconocía: compensación por accidentes de trabajo, salarios más altos, vivienda subsidiada y el fin del pago en vales. La respuesta fue el 6 de diciembre de 1928: el general Carlos Cortés Vargas ordenó al Ejército disparar contra una multitud reunida en la plaza de Ciénaga. La Masacre de las Bananeras. El propio Cortés Vargas reconoció 47 muertos; un corresponsal de El Espectador calculó, hacia el 13 de diciembre, un centenar de muertos y 238 heridos; el organizador laboral Raúl Mahecha habló de mil víctimas. La cifra exacta sigue disputada, pero la escena quedó fijada en la memoria política colombiana.

Jorge Eliécer Gaitán, entonces representante liberal, denunció en el Congreso que los militares habían actuado dentro de las instalaciones de la United Fruit Company. La imagen es demoledora: el Ejército colombiano operando en propiedad de una corporación extranjera, disparando contra ciudadanos colombianos que reclamaban derechos reconocidos por la ley colombiana. Ese solapamiento entre orden público estatal y protección del capital foráneo no era un accidente. Los gobiernos latinoamericanos de la época concebían su rol primario como proveedores de orden social, y ese rol resultaba estructuralmente compatible con los intereses de las compañías bananeras que, entre 1928 y 1932, vieron a los ejércitos nacionales reprimir huelgas en sus enclaves con una regularidad monótona.

La compañía sobrevivió, se fusionó con AMK Corporation en 1970 bajo el nombre de United Brands, y en 1990 fue rebautizada Chiquita Brands International Inc., con sede en Fort Lauderdale. Décadas más tarde volvería a Colombia en escándalos vinculados con pagos a grupos armados. Pero el patrón de fondo —capital estadounidense que sobornaba a prefectos y alcaldes, pagaba agentes del orden para enfrentarlos a campesinos y se burlaba de compromisos con comunidades, como ocurrió en la región de Loba— estaba inscrito en la lógica de la relación.

De la Buena Vecindad a la arquitectura hemisférica

La política estadounidense hacia la región no fue una línea recta. En 1933, en la Séptima Conferencia Panamericana de Montevideo, se aprobó la Convención sobre Derechos y Deberes de los Estados, que consagraba el principio de no intervención. Fue la prueba de fuego para la política del Buen Vecino de Franklin D. Roosevelt, un giro retórico que buscaba distanciarse de las intervenciones militares directas del big stick rooseveltiano —el de Theodore— y del dollar diplomacy de las décadas anteriores.

La Segunda Guerra Mundial precipitó una arquitectura hemisférica de seguridad. En la Primera Reunión de Consulta de 1939, los países americanos crearon la llamada Zona de Seguridad, que se extendía desde Alaska hasta la Patagonia. En la Conferencia de La Habana de 1940 se adoptó la Resolución XV, que fortaleció el principio de asistencia recíproca frente a agresiones. En 1942, en Río de Janeiro, la mayoría de los países del continente rompió relaciones con las potencias del Eje —varios les declararon la guerra— y se creó la Junta Interamericana de Defensa. La lógica era clara: el hemisferio se organizaba bajo liderazgo estadounidense frente a la amenaza extracontinental.

Terminada la guerra, esa arquitectura se institucionalizó. El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), firmado en 1947 y todavía vigente, estableció en su artículo sexto que los gobiernos confrontarían cualquier hecho o situación que pusiera en peligro la paz de América, sin especificar enemigo. La Organización de los Estados Americanos, fundada en 1948, coronó el edificio. Pero desde su origen, la OEA cargó con la sospecha —fundada— de operar bajo la asimetría de poder entre Washington y el resto del continente. Muchos la vieron entonces, y siguen viéndola, como un instrumento de política exterior estadounidense revestido de multilateralismo.

Esa arquitectura había sido diseñada para enfrentar la amenaza soviética extracontinental. La Revolución Cubana la desbordó.

Cuba, el enemigo interno y la doctrina contrainsurgente

El 1 de enero de 1959, cuando las columnas del Movimiento 26 de Julio entraron en La Habana, la relación hemisférica cambió de eje. La Revolución Cubana triunfó sin apoyo extracontinental: no era la Unión Soviética invadiendo el hemisferio, era una insurrección interna que derrocaba a un dictador —Fulgencio Batista— sostenido durante años por Washington. El TIAR, diseñado para agresiones externas, quedó revelado como un instrumento inadecuado para lo que ahora se llamaba subversión interna.

El triunfo cubano fue un campanazo de alerta para la política estadounidense, para las clases dominantes latinoamericanas y para los militares del continente. En cuestión de días —el 7 de enero de 1959, según algunas cronologías— surgieron en varios países grupos que buscaban imitar el modelo cubano. En Colombia, el MOEC fue una de las primeras expresiones de esa primera ola guerrillera. La reacción de Washington fue doble: por una parte, una ofensiva reformista; por otra, una reorganización doctrinal.

La ofensiva reformista se llamó Alianza para el Progreso. Lanzada por John F. Kennedy en 1961, buscaba ofrecer una alternativa democrático-burguesa a la revolución cubana, promoviendo reformas agrarias, tributarias y de administración pública en América Latina, con un papel más activo del Estado. Su marco intelectual lo aportó Walt W. Rostow, profesor del MIT y asesor de Seguridad Nacional de Kennedy, quien había establecido en Las etapas del crecimiento económico (1960) el nexo entre modernización y contrainsurgencia: todos los países atravesaban etapas sucesivas de desarrollo, y la del "despegue" era la más vulnerable al ataque subversivo comunista. La modernización, en esa lógica, era también profilaxis. Desde La Habana, la Segunda Declaración cuestionó la Alianza como cobertura para la intervención en cualquier país de América Latina.

La reorganización doctrinal fue más duradera. Durante el gobierno de Kennedy, y con creciente intensidad en los años siguientes, la doctrina contrainsurgente ganó centralidad en la política de seguridad estadounidense hacia la región. Se nutrió de principios extraídos de la experiencia colonialista francesa en Vietnam y Argelia, y fue actualizada por estrategas militares norteamericanos con base en Vietnam, Filipinas y las experiencias británicas en Malasia y Kenia. Su efecto sobre los ejércitos latinoamericanos fue una reorientación estructural: la misión ya no era la defensa del hemisferio contra agresión exterior, sino la atención a la subversión y a la seguridad interna. El Plan LASO, entre 1962 y 1966, articuló esa reorientación en Colombia mediante la acción cívico-militar y una combinación de desarrollismo y contrainsurgencia. Con todo, la doctrina del enemigo interno ya se había practicado antes de su formalización hemisférica, en los Llanos entre 1952 y 1953 y en las guerras de Villarrica.

El Comando Sur, con sede en Florida, se convirtió en la agencia articuladora de esas estrategias en el continente. Las misiones militares norteamericanas, distribuidas por casi todas las capitales latinoamericanas, funcionaron —según denuncias cubanas y de otros sectores críticos— como aparatos de espionaje permanente vinculados a la CIA, con el objetivo de inculcar sentimientos reaccionarios en los oficiales y convertir a los ejércitos latinoamericanos en instrumentos de los intereses políticos y económicos estadounidenses. La Junta Interamericana de Defensa, en esa misma lectura, formó oficiales latinoamericanos pro-estadounidenses que luego actuaron como instrumentos golpistas al servicio de intereses monopolistas.

Los años sesenta y setenta darían la razón a esas denuncias con brutalidad: Estados Unidos apoyó, toleró o promovió el ascenso de dictaduras militares en República Dominicana (Trujillo), Haití (Duvalier), Nicaragua (Somoza), Cuba antes de 1959 (Batista), Chile (Pinochet), Uruguay, Brasil y Argentina. El discurso público de defensa de la libertad y la democracia coexistió, sin dificultades aparentes, con el respaldo activo a regímenes autoritarios cuando la geopolítica lo requería.

Respice Polum: Colombia mirando al norte

Colombia, en ese ajedrez, no fue una pieza pasiva. Ya a comienzos del siglo XX el presidente Marco Fidel Suárez había formulado la doctrina Respice Polum —"mirar al polo", al norte—, reconociendo el liderazgo económico y político que Estados Unidos estaba adquiriendo en el hemisferio occidental y orientando la política exterior colombiana hacia el alineamiento sistemático con Washington. Esa doctrina, con matices y turbulencias, se convertiría en el eje fundamental de la política exterior colombiana durante buena parte del siglo XX.

El alineamiento tuvo hitos visibles. Colombia fue el único país latinoamericano que envió tropas a la Guerra de Corea (1950-1953). Sus élites políticas —tanto liberales como conservadoras— buscaron durante décadas la validación de Washington como fuente de legitimidad interna. Y sus fuerzas armadas absorbieron con entusiasmo la doctrina contrainsurgente estadounidense, adaptándola al conflicto interno que se desarrollaba en paralelo con el ascenso de las guerrillas.

La guerra contra las drogas

En los años ochenta, la relación se reorganizó bajo un nuevo marco: la guerra contra las drogas. Desde mediados de la década, la política antidrogas estadounidense definió el narcotráfico como problema de seguridad nacional y adoptó el llamado supply-side approach, el enfoque de oferta: la premisa era que la oferta crea la demanda, y que la solución debía comenzar atacando la producción en los países de origen. Colombia, principal productora de cocaína, se volvió el epicentro geográfico de esa estrategia.

El embajador Lewis Tambs acuñó el concepto de "narcoguerrilla", que fusionaba en una sola amenaza los problemas del conflicto armado y del narcotráfico. La conveniencia analítica era enorme: permitía militarizar la lucha antidrogas y, al mismo tiempo, redefinir la contrainsurgencia bajo un ropaje que ya no era anticomunista —el argumento había perdido tracción con el fin de la Guerra Fría— sino antinarcótico.

La Ley contra el Abuso de Drogas de 1986 estableció el Proceso de Certificación, que obligaba al presidente estadounidense a calificar anualmente la cooperación antinarcóticos de los países productores o de tránsito. Los países no certificados enfrentaban sanciones bilaterales, financieras y comerciales. Este mecanismo operó hasta 2002 y funcionó como un instrumento de disciplinamiento hemisférico: la certificación se convirtió en una forma de tutela anual sobre las políticas nacionales.

Colombia lo vivió en carne propia. Durante la administración de Ernesto Samper (1994-1998), las denuncias sobre financiación de su campaña presidencial con recursos del Cartel de Cali generaron una crisis con Washington que se saldó con la descertificación del país. La respuesta del gobierno Samper fue tratar de recuperar la gracia mediante intensificación de las fumigaciones aéreas con glifosato: 516 hectáreas en Puerto Guzmán en 1997, 3.950 hectáreas en todo el Putumayo en 1998. La política antidrogas se aplicaba, en efecto, con más agresividad para satisfacer a Washington que para resolver problemas locales.

El resultado de décadas de guerra antidrogas fue desalentador. Los grandes carteles colombianos —Medellín, Cali— fueron desarticulados, pero el negocio no desapareció: organizaciones mexicanas y otras estructuras ocuparon las posiciones dominantes que quedaron vacantes. La cadena de producción y tráfico se reconfiguró en el territorio y se articuló con guerrillas, paramilitares y bandas emergentes en una cruenta lucha interna que ningún actor lograba controlar por completo.

El Plan Colombia y la intervención por invitación

El 8 de junio de 1998, el presidente colombiano Andrés Pastrana presentó, como parte de su Plan de Desarrollo, la iniciativa que sería conocida internacionalmente como Plan Colombia. En diciembre de ese mismo año, Bill Clinton respaldó la propuesta con la promesa de mayor ayuda militar para combatir las drogas y fortalecer la democracia. El diseño original incluía componentes de paz, desarrollo institucional y antinarcóticos. Su implementación, sin embargo, quedaría marcada por una lógica predominantemente militar y contrainsurgente.

La analista Arlene Tickner ha caracterizado esa fase de la relación bilateral con un concepto preciso: "intervención por invitación". Fue Colombia la que solicitó activamente la implicación estadounidense en su conflicto armado interno. Y Washington, con Clinton primero y con George W. Bush después, respondió con recursos, tecnología, inteligencia militar y capacidad de interdicción aérea, todo coordinado por el Comando Sur a través de un grupo militar específico para Colombia, encargado de acompañar, formar, asesorar y fortalecer a las Fuerzas Armadas colombianas.

La inversión total del Plan Colombia rondó los 10.000 millones de dólares. El Putumayo se convirtió en la región-laboratorio desde la que se expandirían las políticas: presencia de las FARC, economía cocalera, comunidades campesinas que no fueron consultadas sobre las fumigaciones. Las aeronaves esparcieron glifosato sobre plantaciones y sobre lo que hubiera cerca —cultivos de pancoger, viviendas, fuentes de agua— en un ejercicio que trasladó a la Amazonía colombiana los costos ecológicos, sanitarios y sociales de una política diseñada en Washington.

Los atentados del 11 de septiembre de 2001 transformaron el marco. La cooperación de inteligencia estadounidense con Colombia se intensificó notablemente bajo el paraguas de la nueva guerra global contra el terrorismo. Un oficial de inteligencia militar colombiano reconoció que la ayuda fue "decisiva en muchas cosas". El Plan Colombia fue rebautizado, unos cuatro años después de su lanzamiento, como Plan Patriota, en un cambio de nombre que buscaba resultados más contundentes en la guerra antisubversiva. La alianza con Álvaro Uribe Vélez, elegido presidente en 2002, consolidó ese giro: Colombia se convirtió en el principal aliado estratégico de Washington en Sudamérica, y su gobierno articuló la política de seguridad democrática sobre el sustento —militar, financiero, de inteligencia— del apoyo estadounidense.

Los marcos que se reciclan

La sucesión de doctrinas y misiones —Monroe, buena vecindad, anticomunismo, guerra antidrogas, guerra contra el terrorismo— no fue el despliegue de un proyecto coherente y planeado desde el origen. Fue, más bien, una cadena de racionalizaciones que reciclaban los instrumentos preexistentes bajo nuevos nombres cada vez que el anterior perdía legitimidad. El Comando Sur, las misiones militares, los mecanismos de certificación, la Junta Interamericana de Defensa, la OEA: todos ellos, creados en algún momento del siglo XX bajo una justificación específica, fueron sucesivamente readaptados a las nuevas amenazas.

Ese reciclaje se sostuvo, en buena parte, sobre un imaginario. La imagen de América Latina como bárbara y opuesta a la civilización se construyó primero desde el discurso colonial europeo y fue luego reproducida y ampliada por Estados Unidos. En las caricaturas políticas de finales del siglo XIX y comienzos del XX, los personajes latinoamericanos aparecían denigrados, empequeñecidos, racializados, mientras figuras como Theodore Roosevelt eran representadas como padres autoritarios o policías corpulentos. Cuando un gobierno latinoamericano imponía el orden y protegía el capital estadounidense, los caricaturistas tendían a blanquear a sus personajes; cuando un país se tornaba inestable o antinorteamericano, la representación se ennegrecía.

El determinismo climático fue otro ingrediente del andamiaje discursivo. El historiador diplomático Samuel Flagg Bemis abrió su historia de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina con un capítulo dedicado al concepto de "energía climática". La idea de que los trópicos producían pueblos indolentes, sensuales y violentos —y que por tanto requerían tutela— permeó tanto el pensamiento académico como el sentido común popular. En debates sobre deudas internacionales, la caracterización de América Latina como parte de un "mundo tropical y anárquico", incapaz de cumplir normas financieras, sirvió para justificar categorías diferenciadas de deuda favorables a las potencias acreedoras. La representación del otro latinoamericano se articuló en torno a dos ejes: exceso de sensualidad y violencia innata, atributos que justificaban la incapacidad de autogobernarse y, por extensión, la tutela imperial.

Coacción y consentimiento: cómo se ejerció la hegemonía

Ninguna de las historias anteriores se sostiene si se lee como pura imposición unilateral. La hegemonía estadounidense sobre Colombia y sobre América Latina operó, sí, mediante la asimetría estructural del poder —militar, económico, doctrinal—, pero también encontró socios locales dispuestos. Élites, gobiernos, militares, empresarios: la relación funcionó porque hubo quienes, desde el sur, invitaron, facilitaron o negociaron esa presencia a cambio de estabilidad interna, legitimidad política y recursos concretos.

El Tratado Mallarino-Bidlack fue firmado por la Nueva Granada, no impuesto por invasión. La represión de las bananeras la ejecutó el Ejército colombiano bajo orden de un gobierno colombiano. La doctrina Respice Polum la formuló un presidente colombiano. El Plan Colombia lo concibió Pastrana antes de que Clinton lo respaldara. Uribe convocó al Comando Sur, no al revés. Hablar de una imposición unilateral, sin nombrar la agencia de las élites locales, es una simplificación que exonera a quienes tomaron decisiones deliberadas.

Pero esa agencia local operó dentro de un marco de asimetría tan extrema que llamarla "libre" sería igualmente engañoso. Cuando Colombia rechazó el Herrán-Hay, Washington apoyó la secesión de Panamá. Cuando Samper gobernó sin la venia estadounidense, fue descertificado y aislado. Cuando la Revolución Cubana desafió el orden hemisférico, la respuesta fue el bloqueo, los intentos de asesinato contra Fidel Castro, la invasión de Bahía de Cochinos y sesenta años de asfixia económica. La arquitectura hemisférica —OEA, TIAR, JID, Comando Sur, certificación, misiones militares— fue diseñada para que el margen soberano de maniobra fuera estrecho y los costos del disenso fueran severos y predecibles. El consentimiento se produjo bajo coacción estructural.

La huella

Estados Unidos no es, para Colombia, un capítulo cerrado. Sigue siendo el principal socio comercial, el principal aliado militar, el principal destino de las exportaciones de cocaína y de migrantes, el principal referente cultural para las élites urbanas, el principal proveedor de tecnología militar y de inteligencia. La embajada estadounidense en Bogotá continúa siendo uno de los edificios diplomáticos más grandes del mundo, y su fortaleza física traduce con literalidad la densidad institucional de la relación.

Pero la hegemonía del siglo XX se está transformando. El ascenso de China como socio comercial y prestamista de países latinoamericanos, el fin del Proceso de Certificación en 2002, el cuestionamiento creciente del modelo antidrogas —incluso dentro de Estados Unidos, donde varios estados han legalizado la marihuana y donde el consumo interno nunca fue atacado con la agresividad que se exigió a los países productores—, el debilitamiento relativo del multilateralismo interamericano y la aparición de bloques alternativos como UNASUR o la CELAC señalan un desplazamiento tectónico cuyos contornos definitivos aún no se distinguen con claridad.

Lo que permanece es la estructura de una relación que cumple dos siglos en 2023, contados desde la Doctrina Monroe. Una relación en la que Estados Unidos ha sido, sucesivamente, modelo republicano, potencia expansiva, socio comercial, mecenas militar, tutor doctrinal, aliado en guerras internas y sombra permanente. Y en la que Colombia ha sido, sucesivamente, imitadora constitucional, víctima de despojo territorial, escenario de intervención económica, socio subordinado de la Guerra Fría, campo de aplicación de la guerra antidrogas y laboratorio de la guerra contra el terrorismo.

Bolívar, en 1829, imaginó una América plagada de miserias en nombre de la libertad. La historia posterior no le dio la razón por completo, pero tampoco lo desmintió. La relación entre Estados Unidos y Colombia sigue siendo, dos siglos después, la conversación asimétrica más importante que este país sostiene con el mundo.